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ARGENTINA

DESPILFARRO Y POBREZA

27 noviembre, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

Foto: José Luis Santana.

Las autoridades nacionales, de puño y letra, reconocen que la inflación daña a la población.

Como todos los años, miramos el proyecto de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo envía al Congreso.

Al leerlo, tengo presente una nota mía del año 2019, EQUILIBRIO INESTABLE, en la cual trato de argumentar (no sé si exitosa o infructuosamente) que la situación de permanente inestabilidad económica, social y emocional es generada, promovida y sostenida por los miembros de la élite que gobiernan a la Argentina con dos fines: a) inmovilizarnos (porque estamos abrumados o desesperanzados o tristes o simplemente ocupados en mantener la nariz por encima del nivel del agua mientras hacemos equilibrio sobre la punta de los pies), b) hacerse aún más ricos y reproducir el sistema que les permite hacerlo.

Va a ser un análisis más cualitativo que cuantitativo, a diferencia de otras veces.

¿Por qué la diferencia?

Por varias razones. La primera es porque ni quienes lo elaboraron ni quienes lo van a tratar en el Congreso creen en el mismo. Para ellos es una formalidad que ninguna de las partes piensa cumplir o hacer cumplir. El segundo porque tiene enormes contradicciones en el mismo cuerpo principal del texto. En una parte dicen que van a seguir con las alícuotas reducidas de cargas sociales para las provincias del Norte del país (pág. 14; [1]) y más adelante sostienen que van a eliminar la reducción con fines recaudatorios (págs. 71 y 74; [2]). Es un presupuesto intrínsecamente contradictorio. Es ser y no ser en un solo documento. No es una cosa que uno vea todos los días.

El Mensaje al Congreso se inicia con un repaso de las variables económicas, las cuales son…tristes. Podría decir desesperanzadoras, o preocupantes o cualquier otro adjetivo. Pero que en un país tan rico, luego de haber disfrutado por más de veinte años, de los mejores términos de intercambio en el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, tener al pueblo empobrecido, indigente y con más de un tercio con trabajo fuera de la protección de la ley, sólo puede producir tristeza. O impotencia. O mucha bronca.

Para cualquiera que no sea un psicópata redomado, claro.

Razonablemente los burócratas que han escrito el Mensaje comparan los indicadores con los anteriores (cuarentena) que son levemente peores. No se los puede culpar. Intentan proteger discursivamente al gobierno. Pero ya sean los indicadores del 2020, 2021 ó 2022, son, en todos los casos, desoladores.

Página 23, Mensaje al Congreso Presupuesto 2024: «La tasa de pobreza cerró el año 2022 en 37,9% de la población, por debajo de 2021 (39,0%) y de 2020 (41,5%),…».

Efectivamente, la pobreza bajó. Pero son índices horribles.

Página 23, ídem: «…la tasa de indigencia cerró 2022 con una tasa del 8,5% de las personas, reduciéndose también respecto al año 2021 (9,5%) y al año 2020 (10,5%)».

En la misma página, reconocen que el año 2022 terminó peor para millones de compatriotas: «los registros de pobreza fueron mejores durante el primer semestre del año, con una tasa de 36,5% de la población (-4,1 p.p. interanual) ya que, en el segundo semestre de 2022, con la aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de los ingresos reales, la tasa de pobreza se incrementó hasta el 39,2% de la población».

Terminamos 2022 con 39,2% de pobres. Con una población de 46.234.830 (según el INDEC), hablamos de 18.124.053 de compatriotas que viven en la pobreza.

Me detengo un poco en este punto. En el Mensaje, las autoridades reconocen que la inflación daña a la población. Que la inflación, en sólo seis meses, extendió la pobreza de 36,5% a 39,2% de la población. Por lo cual, traduzco, en el primer semestre del 2022 había 16.875.713 compatriotas que vivían en la pobreza. En el segundo semestre del 2022, a consecuencia de “la aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de los ingresos reales” (pág. 23, “Mensaje…”) llevó a 18.124.053 compatriotas a vivir en esa situación. Dicho de otra manera ―perdón de ser tan densa pero quiero demostrar algo― 1.248.340 compatriotas adicionales se vieron perjudicados por las políticas monetarias del BCRA.

Este perjuicio efectuado por el gobierno contra el Pueblo de la Nación presenta el agravante de que gran parte de este casi 1,25 millones de nuevos pobres son en su gran mayoría niños o ciudadanos muy ancianos; personas vulnerables a las acciones dañinas del Estado.

El mecanismo lo describí con lujos de detalles en SEIS LATITAS DE ATÚN.

Según la reforma constitucional de 1994 es el Congreso el responsable y quien debe instruir al BCRA sobre qué política monetaria y cambiaria adoptar. Cito:

«CAPITULO CUARTO. Atribuciones del Congreso. Artículo 75.- Corresponde al Congreso: …

1. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.

…

1. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras;

…

1. Proveer lo conducente…, a la defensa del valor de la moneda, …».

Entonces, fue una acción concreta del Estado, decidida por sus gobernantes, la que llevó a la pobreza en solo seis meses a más de un millón de personas.

Esto sucede por acción del poder ejecutivo, tanto el Ministro de Economía, como las autoridades del BCRA, como por la omisión de Diputados y Senadores, responsables constitucionales de cuidar que esto no suceda. Son los custodios constitucionales de la “Defensa del valor de la moneda” tarea en la que fallaron miserablemente.

Y acá es donde quiero ir. Una acción concreta de funcionarios del gobierno genera un perjuicio concreto y mensurado a más de un millón de argentinos.

Los miembros de la Corte Superman opinan sobre casi todo ―aunque no debieran― y el presidente de la CSJN habló sobre la moneda hace pocas semanas, pero del art. 75. incs. 19, hacen mutis por el foro.

¿Qué correspondería hacer? Por lo pronto, cualquiera de los 1.248.340 de argentinos que se vio perjudicado y lo pueda demostrar, por ejemplo que tuvo ingresos fijos en un contexto inflacionario y que eso lo llevó de no cubrir la cota de “pobreza” definida por el INDEC, esto es, pasó de no-pobre a pobre, puede demandar a:

- ministro de Economía, por generarle un perjuicio concreto,
- directores del BCRA, por lo mismo,
- diputados y senadores por no cumplir con su responsabilidad constitucional de defender “el valor de la moneda”.

Y, por lo tanto, podría pedir un resarcimiento civil (dinerario), más allá de las penas por abuso de autoridad o incumplimiento de deberes que la justicia determine. Claramente puede pedir que le compensen por el daño causado. Y puede ir contra su patrimonio personal.

Se puede ir contra ellos porque son las autoridades las que dicen que la causa de la caída de más de un millón de personas en la pobreza es la inflación y son las autoridades las responsables de la inflación. Por lo tanto son las autoridades las responsables de condenar más de un millón de personas a la pobreza en un solo semestre. Dichas personas pueden reclamarles daños y perjuicios.

Desde 1983 hemos soportado un eterno refrito judicial, donde el Estado Argentino resarció económicamente a miles de personas porque el Estado les perjudicó. Por someterlos a secuestros, tormentos o por asesinar a sus familiares; a lo que se le suma la ignominia de ocultar sus cuerpos. Fue un tema vivo 7×24 desde 1983 a la fecha, película de Darín incluida. Pero a lo que voy es que el Estado gastó miles de horas-hombre de magistrados para determinar quiénes fueron perjudicados, cómo fueron perjudicados y de qué manera había que compensar a las víctimas. Es lo que @Lohengrin82 llama EL MITO FUNDACIONAL. La insistencia discursiva tuvo por objeto justificar su permanencia en la administración pública y, por sobre todo, servir de excusa para desarmar a las FFAA, tarea para la cual fueron contratados. Pero todo eso es otra historia. Volvamos a la parte dineraria del asunto.

Es hora de que apliquemos la misma energía y rigor en determinar qué daño ejerció el BCRA contra todos nosotros en general y contra los más vulnerables en particular. Que la Justicia determine quiénes fueron perjudicados, en cuánto lo fueron, quiénes perpetraron los crímenes contra el Pueblo Argentino, en cuánto hay que resarcir a las víctimas y si la indemnización la va a pagar el Estado Argentino o los funcionarios responsables del daño. Ya que estamos podríamos determinar quiénes se beneficiaron, si no es mucho pedir.

La película de Darín la podemos pasar por alto.

Veremos si después de los juicios siguen tan felices bailando en la cubierta del Titanic.

Existen numerosos temas relevantes en el Presupuesto 2024, por lo que analizaré algunos de ellos en futuras entregas.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Fuente

Mensaje al Congreso, Proyecto de Presupuesto 2024.

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2024/mensaje/mensaje2024.pdf

Notas

[1] Página 14 de “Mensaje al Congreso”, Proyecto de Presupuesto 2024:

“El Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande, orientado a compensar las inequidades territoriales respecto al agregado nacional que presentan las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, a través del refuerzo de la estructura productiva de la región, ofrece una reducción de las contribuciones patronales vigentes para empleadores/as del sector privado que contraten nuevas trabajadoras/es, por tiempo indeterminado, con mayores reducciones en el caso de que sean mujeres o población trans”.

[2] Página 71, op. cit.:

“CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,…6. Norte Grande. Decreto 191/2021…”.

Página 74, op. cit.:

“CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, Regímenes de reducción de contribuciones…”.

Lecturas relacionadas

El mito fundacional (Por @Lohengrin82)

https://restaurarg.blogspot.com/2018/08/el-mito-fundacional.html

Equilibrio inestable

https://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

Decime cuánto me querés

https://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html

Seis latitas de atún

https://restaurarg.blogspot.com/2022/04/seis-latitas-de-atun.html

Artículo publicado el 18/11/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/11/despilfarro-pobreza-y-tristeza.html.

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ARGENTINA

IMPUESTAZO

22 noviembre, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

Por más psicópata que sea un gobernante, siempre se les escapan sus intenciones.

Hace unos días, el gobierno envió al Congreso el Presupuesto 2024 para su consideración.

Firman el presupuesto el Ministro de Economía Sergio Massa y el Jefe de Gabinete Agustín Rossi.

Si bien el Presupuesto es una especie de ley muerta, que ningún poder ejecutivo respeta desde hace décadas ―recordemos a Marcos Peña burlándose del mismo al día siguiente de su aprobación― es interesante siempre por lo que dice y por lo no que no dice.

Porque, por más psicópata que sea un gobernante, siempre se les escapan sus intenciones, algunas de las cuales se cuidan de verbalizar.

Dentro del presupuesto 2024 hay mucha tela para cortar. Por ejemplo, manifiestan la intención de prolongar el gasoducto desde Vaca Muerta (bien). Esto debería significar más oferta de gas en la Argentina, el cual se necesita, y mucho, para los hogares, para incrementar la cantidad y potencia de usinas termoeléctricas a gas ―energía limpia― y deberíamos producir más fertilizantes, para nosotros y para exportar. A medida de que uno continúa la lectura, se encuentra que no, que el gas es para Brasil.

Los gastos fueron presupuestados como si fuéramos Suiza y acá anduviera todo sobre ruedas. Da lugar para una nota per se.

El presupuesto 2024 presentado da un déficit del 1,6% del PBI. La élite gobernante vive en Narnia.

Presupuesto de Ingresos Tributarios

Hace un par de años se incorporó un concepto rebuscado: el de “gastos impositivos”.

Burócratas de escritorio se tomaron el trabajo de calcular cuánto dinero la AFIP deja de recaudar (según ellos) por las exenciones impositivas y los diferenciales de alícuotas. En realidad, es una ficción burocrática, porque la sanción de cualquier impuesto incluye la definición de la base imponible y las alícuotas a aplicar. Que un burócrata diga que es un “gasto”, que se cobre 8% y no 9%, es un abuso de parte de los tecnócratas. El tema de fondo, creo, es que ellos consideran que todo es de ellos y que si cobraron 8% y no 9%, entonces sacaron 1% de su bolsillo para entregárselo al contribuyente y por lo tanto es un “costo” o “gasto”. Es un razonamiento propio de un psicópata, que es lo que son.

Trataré de explicar de qué se trata el “gasto impositivo”. No es fácil.

Ejemplo IVA: hay, según la ley, diferentes alícuotas de IVA, las cuales se aplican según cada caso.

La mayoría de los bienes cargan una alícuota de 21%. Sin embargo, para el consumidor final de electricidad, la alícuota es 27%. Por el contrario, la leche y la carne, cargan un 10,5%. Todas las empresas, ya sea SA o SRL o familiar o un profesional, cargan IVA a sus ventas (por lo general 21%), pero el Estado, las asociaciones civiles como los clubes o las fundaciones, no cargan IVA (alícuota 0%).

Los burócratas se dedicaron a calcular cuánto menos recaudan, por ejemplo con la leche, por cargar 10,5% en lugar de 21%. Me los imaginé como el avaro de Dickens, lamentando lo que no entra en el saco, mientras está sentado en una pila de dinero.

Dan muchos ejemplos, doy otro más. Las Obras Sociales Sindicales (que son entidades sin fines de lucro) no pagan IVA sobre las facturas de médicos, estudios de laboratorio y todas las prestaciones que contratan en general. Los tecnócratas consideran que el estado “se pierde” de recaudar el IVA sobre las facturaciones de privados a las OOSSSS.

Es la codicia por la codicia en sí.

A páginas 60-66 del mensaje al Congreso, enumeran lo que ellos creen que son “gastos tributarios” que no es otra cosa que lo que podrían recaudar si aumentaran las alícuotas, o extendieran la base tributaria o eliminaran reintegros.

A página 168 vuelven sobre el tema y proponen al Congreso un aumento generalizado de impuestos.

En forma ladina, lo que sostienen es que hay que eliminar exenciones y subir alícuotas especiales.

Las excusas son dos. La primera es que dado que el presupuesto presentado conlleva un déficit de 1,6% del PBI, la única solución propuesta es subir los impuestos (o recortar exenciones); la segunda es que las exenciones impositivas favorecen a los privilegiados. El objetivo, por lo tanto, es (pág. 168) reducir exenciones que “…favorecen particularmente, a grandes firmas y corporaciones…”.

Ahora bien, a continuación (págs. 169/172), lista la totalidad de lo que consideran “gastos tributarios”, impuesto por impuesto y separan lo que corresponde por exenciones de lo que es por alícuota reducida.

Por ejemplo, a página 172, enuncian que la exención de la actividad minera le privará de recaudar 55.560,1 millones de pesos durante 2024.

Luego a páginas 173 proponen al Congreso cuáles alícuotas modificar y cuáles exenciones eliminar.

Y ahí la gran sorpresa: ¡no tocan a ninguna “gran firma” ni ninguna “corporación”.

En efecto, las propuestas, por el contrario son:

Llevar el IVA de 10,5% a 21% de alimentos como leche y carne.
Cargar el impuesto a las ganancias a los clubes, otras asociaciones civiles, a las cooperativas, fundaciones y mutuales.
Eliminar la reducción de alícuotas de los aportes patronales sobre los salarios para las provincias del Norte y de la Patagonia.
Eliminar las exenciones del “Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa” (PyMes).
Ampliar la base imponible de ganancias para la ganadería (cobrar sobre la tenencia de terneritos, a pesar de no tener valor económico).
Ampliar la base imponible de bienes personales para incluir las propiedades rurales (como si los productores no pagaran suficientes impuestos).
Ampliar la base imponible de bienes personales para incluir depósitos en entidades bancarias.
Eliminar las exenciones de ganancias de magistrados y la totalidad de poder judicial.

Como verán, van a aumentar los impuestos a los más pobres, los consumidores (al comprar leche con IVA 10,5% que subirá a 21%), a las pymes, a las cooperativas, a las cuotas sociales de los clubes, al productor agropecuario (*) y al ahorrista.

De “grandes firmas y corporaciones”, nada.

Así que ya sabemos, la élite que nos gobierna tiene toda la intención de continuar abusando de nosotros. Y lo dice.

Nota

“Bienes personales” sólo es abonado por personas físicas. Ninguna empresa paga bienes personales. Por lo tanto en el caso de las propiedades rurales, pagarían las familias que explotan campos, pero no las Sociedades Anónimas que realizan la misma actividad.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Fuente

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2024/mensaje/mensaje2024.pdf

Artículo publicado el 15/11/2023 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2023/11/impuestazo.html

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UNIVERSIDADES, VENEZUELA

¿POR QUÉ PRETENDEN ACABAR CON NUESTRAS UNIVERSIDADES?

18 octubre, 2021 SAEEG 1 comentario

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Abraham Gómez R.

De todos es conocido que la Universidad nace, como institución, en la Edad Media. Surge formalmente en tanto una entidad donde, para entonces —como aún hoy—concurren los maestros y discípulos en la búsqueda de la verdad.

Aunque sea una “verdad relativa” y con múltiples aristas. Tal vez lleguemos a compartir, que, en tal hecho disímil o de universalización del pensamiento, queda arraigado lo más hermoso de las ideas y las posiciones.

En el presente tramo epocal contemporáneo las ilimitadas conexiones tecnológicas han transformado los modos de generar el conocimiento, de preservarlo, de rehacerlo y transmitirlo con otros principios y valores; así entonces, esos elementos constituyentes de los saberes los docentes universitarios están obligados a incorporarlos en su caja de herramientas intelectuales.

Nos agrada recordar que en el año 1958 se sancionó y promulgó, en nuestro país, una nueva Ley de Universidades que vino a sustituir la que para entonces estaba en vigencia desde 1953. El mencionado acontecimiento no fue, de ninguna manera, un hecho fortuito o desprevenido; sino, debemos decirlo, honestamente, a partir de ese hito socio histórico quedó contextualizada la universidad venezolana, a la par de las autonomías orgánicas, funcionales, administrativas y académicas, de las que gozan las demás universidades en el mundo.

Reconocemos, sin embargo, que en 1970 se produjeron serias y sustantivas reformas en el citado texto legal, hasta obtener una norma para el Sistema Universitario Venezolano (mayúsculas adrede) que nos rige ahora.

Nuestras Universidades habían venido resistiendo embates —algunas veces sibilinos, otros tantos develados—, pero nunca con el ensañamiento como se le perpetran los daños de todo tipo, en la actualidad.

Citemos, a manera de ejemplo: el nombramiento fraudulento e írrito de algunas autoridades, completamente desarraigadas de las realidades de las universidades que pretenden dirigir; el asfixiamiento inmisericorde de las asignaciones presupuestarias y financieras; el desestimulo y deterioro progresivo de la calidad de vida del personal; el abandono de la infraestructura física y de los equipos; la centralización descarada de las nóminas en la “plataforma patria”, la inseguridad en los campus y un largo etcétera.

Apenas asomamos un ápice de la inmensa crisis que estamos atravesando. Lamentamos también —hay que decirlo— que un reducido número de Instituciones de educación Superior (muy pocas afortunadamente) y una minúscula facción de docentes universitarios, contaminados ideológicamente, han adoptado una respuesta mimética y vergonzosamente adaptativa al descalabro de nuestras universidades. Allí los vemos, medrando y rumiando pesares; cómplices de las directrices de sus órganos superiores, sin proponer significativos cambios, para deslastrarnos de las calamidades

Honrosamente, la excepción la constituyen las Universidades en cuyo seno se respeta el disenso y la pluralidad de las ideas. Las Universidades caracterizadas por permanecer libres y siempre irreverentes, aparejadas a los docentes que han asumido los desafíos para desarrollar alternativas académicas y gerenciales con perspectivas hacia las sociedades que han sido emprendedoras.

Sobran los ejemplos de los desmanes inocultables del oficialismo hacia nuestras universidades: el cometido contra la emblemática Universidad Simón Bolívar, al designar, mediante acto inconstitucional e ilegal a un rector, vicerrectores y secretario, en una sesión amañada del Consejo Nacional de Universidades. El constreñimiento sin justificación de las asignaciones de los recursos para el funcionamiento de las universidades de Carabobo, del Zulia, de Oriente, Nacional Experimental Politécnica, de la Unillez y muchas otras más.

Jamás se había visto tanta desidia y atropellos ocurridos contra, nuestra insigne y reconocida ante el mundo, Universidad Central de Venezuela.

Los numerosos actos de terrorismo perpetrados para intentar arrodillar a la “Casa que Vence las Sombras” son tropelías cohonestadas y promovidas desde el gobierno.

Se le quiere “pegar la mano” a nuestra Alma Mater a como dé lugar o como sea. Sin medir las consecuencias en sus desmanes; en violación flagrante del Estado de Derecho y por ende de nuestra constitucionalidad.

Pretenden someter a nuestras universidades, hacerlas sumisas.

Los estudios universitarios en el presente siglo XXI deben asumir el cambio para el futuro, como consustanciales de su ser y quehacer. Dicha transformación exige de las instituciones de Educación Superior una predisposición a las reformas y cambios constantes de sus estructuras y métodos de trabajo.

Esto implica asumir la flexibilidad epistemológica. Digamos, admitir que hay muchas y hasta contradictorias visiones del mundo y la vida, y las diversas propuestas teóricas para comprenderla, en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables que imponen los regímenes totalitarios.

En nuestro país invocamos la incorporación y participación —para la transformación— del docente universitario en su labor diaria; que diga y aporte soluciones.

El profesor-docente debe asumir la obligación de participar, de hacerse activo en la elaboración de los proyectos futuros de la sociedad que queremos y necesitamos; inspirados en la solidaridad, en la superación de las desigualdades y el respeto a los fines democráticos, a la meritocracia y a la pluralidad del pensamiento conforme a nuestros preceptos constitucionales.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/