César Augusto Lerena*
La administración por parte del gobierno nacional se origina con una legislación pesquera nacional inconstitucional, a cuyo amparo el Subsecretario de Pesca y Presidente del Consejo Federal Pesquero regula la actividad en forma central, en lugar de representar los intereses proporcionales de las provincias del litoral marítimo y, distorsionando la aplicación de las normas nacionales y provinciales referidas a la actividad pesquera, la sustentabilidad del recurso y el desarrollo previsible y sostenido de los pueblos y ciudades que debieran vivir de esta actividad.
Las facultades y derechos de estas provincias quedaron conculcados a partir de 1998 cuando se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca (Nº 24.922), a través de la cual, la Nación mal administra los recursos pesqueros, se apropia de aranceles y derechos económicos derivados de la explotación de los recursos provinciales, ocasionándoles un daño gravísimo al impedirles un desarrollo planificado y, la aplicación de políticas industriales que den sustentabilidad económica y social a sus comunidades.
Resulta inadmisible, en especial para las provincias patagónicas —donde la pesca, debiera ser un recurso sustancial en sus economías— que estas se vean limitadas en sus desarrollos y sufriendo dificultades económicas por las políticas centrales que, gastando ingentes sumas de dinero para sostener la burocracia nacional, no solo se apropian de las autonomías regionales —además de encarecer la actividad productiva— sino que las dejan a merced de una voluntad autocrática carente de imaginación y de un proyecto federal.
Como ejemplo, podemos decir que la Provincia de Chubut, por estas políticas, desde 1998 a la fecha ha tenido un perjuicio económico del orden de los $ 21 mil millones, suma derivada de la imposibilidad de percibir derechos, de pérdidas industriales por depredación, menor producción y falta de radicación industrial y su consecuente falta de percepción de ingresos brutos, a la par de una pérdida de unos 9,2 millones de horas de mano de obra local, es decir unas 462 mil horas anuales. Todo ello, sin discutir una posible coparticipación (caso soja) de los derechos de las exportaciones de los productos originarios de la Provincia que podrían ascender a unos $ 687 millones anuales.
Nada puede esperarse de este modelo pesquero de administración central que lleva ya 50 años, profundizado con la sanción de la Ley 24.922 que concentró la decisión y los recursos en pocas manos e impiden una mayor distribución y un crecimiento exponencial de la actividad.
Accesoriamente a ello, el Subsecretario de Pesca de la Nación y sus antecesores, han sido pésimos administradores, a la par de utilizar nuevas formas de concentrar la pesca y reducir el valor agregado, a contramano de las necesidades de empleo de Argentina.
Mientras que la ilegal Dirección de Pesca de Malvinas administra la captura de unas 200/250.000 toneladas anuales desde dos contenedores, nuestro Subsecretario recauda un promedio de 200 millones de pesos anuales provenientes del aporte de las empresas y, en el período 2016-2019 recaudó $ 868.901.268, es decir, que desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 a los valores actuales se recaudaron $ 6,2 mil millones que, obviamente, la Nación se los quitó a la industria pesquera, sin aportarle un beneficio proporcional a sus contribuyentes ni a las provincias donde se originan los recursos.
La Ley 24.922, en su artículo 44º indica, en qué proporción debe distribuirse el Fondo Nacional Pesquero que se conforma con el cobro de derechos, permisos, multas, etc. y, si bien la misma ley faculta al Consejo Federal Pesquero a modificar esa distribución, es evidente, que más allá de que habría que devolverle a las provincias sus recursos, los parámetros indicados respecto a la investigación y el control marítimo, no debieran ser disminuidos, sino por el contrario, aumentados, si es que queremos asegurar una sustentabilidad biológica e impedir la pesca ilegal por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental.
No entiendo por qué motivo la Nación debe coparticipar con las provincias el 50% de la recaudación, cuando ya tiene asignado fondos destinados al funcionamiento de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero. Y, habría que preguntarse por qué se derivan fondos del FONAPE a la Fundación Argentina, con motivo de Cartas de Acuerdo, cuando todos los fondos del Estado deben estar sujetos al control previsto en la Ley de Contabilidad Pública y, sufrir los procesos licitatorios pertinentes a la hora de adjudicar importantísimos fondos para la prestación de servicios, etc. No quiere decir que esta deba ser una metodología destinada a evadir controles o licitaciones, pero parece muy similar a las conocidas y judicializadas entregas de fondos del entonces Ministerio de Planificación a las Universidades. Sería interesante conocer al respecto la opinión de los organismos de control del Estado.
El gobierno de la Nación, en la figura del subsecretario y presidente del CFP, en el período del año 2016 a julio de 2019, más allá de las reiteradas demoras en transferir los fondos pertinentes, afectó para sostener a la burocracia nacional la friolera de $ 270 millones, es decir, que en lugar del 3% previsto en los incisos c) y d) del Artículo 44º de la Ley 24.922 la Nación se quedó con un 31% de la recaudación total. Es decir, un monto equivalente al 16% del promedio del total de las exportaciones pesqueras de los últimos cuatro años. Esto bien podríamos denominarlo: “como hacer lo posible desde la burocracia nacional para quitarle competitividad al sector productivo nacional”. Por supuesto, no nos olvidamos los costos derivados de tasas, ganancias, IVA, rentas, seguridad social, etc. que son parte de los costos impositivos que sufre toda la empresa nacional.
Puede observarse rápidamente esta desproporcionada recaudación cuando observamos que, mientras la burocracia nacional se lleva el 31% de lo recaudado, cinco provincias solo acceden al 43%, cuando es sabido que los recursos más valiosos tienen origen en sus jurisdicciones.
A valores actuales desde la sanción de la Ley 24.922 a la fecha la Nación se ha llevado una suma del orden de los $ 2 mil millones.
Poco hay que esperar de esta gestión para recuperar el millón de toneladas anuales que los buques extranjeros se llevan del Atlántico Sur, en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas y los migratorios en la Alta Mar ya que no hay aplicadas al efecto —todo lo contrario— y, entre otras cosas, no se afectan la cantidad suficiente de fondos para sostener el funcionamiento de los buques de la Armada y la Prefectura Naval. En ese sentido la Ley en su artículo 44º inc. b) preveía afectar el 20% de los recursos a las tareas de patrullaje y en estos cuatro últimos años solo se les aportó un 11% con una cifra ligeramente superior a los $ 98 millones. De ello resulta, que las empresas argentinas estén limitadas en sus extracciones y que, a su vez, el escaso apresamiento de buques extranjeros derive en las bajas multas aplicadas, cuyos ingresos podrían ayudar, al menos, a sostener la actividad de control.
También, la misma ley en el artículo 44º inciso a) preveía la afectación del 25% del Fondo Nacional Pesquero para la investigación, sin embargo, habiéndole aportado en estos cuatro años poco más de 103 millones de pesos, por lo que el INIDEP habría accedido a una coparticipación de solo el 11,8%, siendo fácil entender, las dificultades que, en materia de investigación, relevamiento y control biológico en las capturas, ello puede implicar.
Finalmente, los fondos destinados a la capacitación previstos en la ley del orden del 2% de lo recaudado, en este período alcanzaron a los $ 21 millones resultando insuficientes a la luz de una actividad compleja y diversa que requiere de mano de obra calificada, no solo en las tareas de extracción e industrialización, sino también en los oficios que giran alrededor de la actividad.
Podemos optar entre un modelo centralizado y concentrado que beneficia a unos pocos funcionarios y empresarios, o proyectar un modelo participativo y distributivo que promueva en forma sinérgica las potencialidades de las provincias, las empresas y la fuerza del trabajo; preservando las autonomías y nuestra soberanía marítima y alimentaria.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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