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ACTIVIDAD PESQUERA

HAY CERTIFICADORAS DE CALIDAD DE PESCA ILEGAL Y HAY FUNCIONARIOS EN ESTADO DE HIBERNACIÓN

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César Augusto Lerena*

Días pasados la representante argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) le solicitó al subdirector de la Organización Panamericana de Salud (OPS), el brasileño Jarbás Barbosa, que corrigiera su informe respecto al Coronavirus, donde a la hora de referirse a nuestros archipiélagos australes habría usado la denominación Falkland/Malvinas en lugar de Malvinas. Es muy interesante que los funcionarios argentinos se preocupen por visibilizar nuestras reivindicaciones e intentar corregir informaciones erróneas sobre nuestro país, pero ello, habla más de nuestra pésima política respecto a Malvinas, que de la simple desinformación de un burócrata o de los comportamientos diplomáticos de las organizaciones.

Está muy bien que todos los años nos ocupemos de reclamar nuestros derechos ante los organismos multilaterales; que busquemos nuevos apoyos a nuestros derechos; que les recordemos a los argentinos las fechas alusivas a nuestras luchas soberanas y que resaltemos aquellos hechos que, aún ajenos a nuestras acciones, pueden servirnos para mantener viva la llama de la nacionalidad y para abroquelarnos atrás de una causa justa; PERO, NO ALCANZA. A la espera del diálogo que propicia la Resolución de las Naciones Unidas 2065/65 y con el peso de los Acuerdos de Madrid y otros actos fallidos o contrarios al interés nacional, hemos perdido el control de importantes espacios marítimos, recursos pesqueros y económicos, etc. y, muy especialmente, se ha favorecido la consolidación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y la Antártida.

Yo pregunto, qué hacen el secretario de Malvinas Daniel Filmus que coordina el Consejo Nacional de Malvinas y el subsecretario de Pesca Carlos Liberman que preside el Consejo Federal Pesquero (y que hicieron todos los funcionarios de los anteriores gobiernos), para desactivar todos los obstáculos que impiden el desarrollo argentino (no de Malvinas, como refiere el denominado acuerdo Foradori-Duncan que se mantiene vigente); qué hacen cuando el Atlántico Sudoccidental está internacionalizado; cuando todos los años los buques pesqueros extranjeros se llevan ilegalmente un millón de toneladas de pescados por valor de cuatro mil millones de dólares; cuando desde Malvinas se exportan 250 mil toneladas anuales que no pagan derechos aduaneros (contrabando); cuando los puertos de Uruguay sirven de apoyo necesario para sostener la pesca ilegal en el Atlántico sudoccidental; cuando toda la flota mercante es extranjera; cuando no se realizan las acciones necesarias para proteger los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE); cuando se mantiene desarticulada la red fluvial-marítima; cuando España (habiendo reconocido la soberanía en Malvinas), es el principal socio de los británicos en las islas y el destinatario del 95% de las extracciones que allí se realizan.

El Consejo Federal Pesquero durante el 2020 y en lo que va de 2021 (32 reuniones virtuales) NUNCA trató ninguno de los temas precedentemente citados, al igual que el Consejo Nacional de Malvinas (3 reuniones virtuales) que se limitó a efectuar algunas enunciaciones diagnósticas de algunos de sus miembros. Me respondo, no han hecho NADA. Y sería NADA aun haciendo algo y es NADA, como ocurre administrando el statu quo. No basta la enunciación de derechos, se requieren acciones.

Ahora bien, esta “hibernación de los funcionarios” que, por lo que vimos, es fácil entender que no es inocua, en algún caso, han alcanzado niveles de grotesco, tal es el caso de la publicación en el portal de fis.com (fuente: el medio probritánico MercoPress) del día 28 de enero pasado: «Tras su evaluación quinquenal (NdA: ¿cada cinco años?) del Marine Stwardship Council (MSC), la pesquería de palangre de merluza negra (Dissostichus eleginoides) de Georgias del Sur ha sido certificada por tercera vez como una pesquería sostenible y bien gestionada, según el boletín del gobierno de Georgias del Sur y el Islas Sándwich del Sur. La pesquería está gestionada por GSGSSI con el asesoramiento científico y el apoyo del British Antarctic Survey (BAS) y el Centro de Ciencias de la Pesca y la Acuicultura del Medio Ambiente (CEFASs). El Dr. Mark Belchier de BAS dijo: “…La recertificación del MSC es un fuerte respaldo al valor de la investigación científica a largo plazo para sustentar políticas y decisiones que conducen a una gestión responsable de la pesca (…) Esta es una señal muy bienvenida del compromiso continuo con la conservación de la vida marina en uno de los ecosistemas naturales más valorados del mundo”». (la negrita es mía).

Es evidente que la política expansionista del Reino Unido a través del gobierno ilegal en Malvinas no tiene límites, llevando desde acciones militares y de ocupación marítima, hasta el armado de diversas infraestructuras (puertos, etc.) destinadas a consolidarse en el territorio. Ahora bien, que Marine Stwardship Council (en delante MSC) certifique las pesquerías en Georgias del Sur (no sabemos si lo hizo también en Malvinas), está demostrando el interés netamente comercial de esta empresa certificadora, porque resulta absolutamente llamativo que MSC certifique pesquerías donde se realiza pesca INDNR. Y es ilegal esta pesquería desde la usurpación británica en 1833 de este territorio argentino, a tal punto que la ONU debió dictar las Res. 2065/65 y 31/49 donde quedó clara la situación de disputa y la prohibición de innovar respecto al territorio ocupado. Y ello solo le da el carácter ilegal —internacionalmente observable— a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga a barcos propios o de terceros para pescar en el área de Malvinas. El Reino Unido no lo desconoce y el MSC no lo puede desconocer. No es posible que MSC ignore lo prescripto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) respecto al análisis en conjunto e integral del recurso, ya que no se puede analizar una pesquería sin evaluar el ecosistema y cómo influye en el resto de las pesquerías argentinas —biológica, económica y socialmente— como bien refiere la CONVEMAR. Tampoco el artículo 2º de la Ley 24.543 con la que Argentina ratificó la CONVEMAR y dejó claras las “observaciones” sobre Malvinas y los recursos migratorios originarios de su ZEE. Del mismo modo, las Partes de esta Convención relativas a la pesca por parte de Estados de Bandera en la ZEE de los Estados ribereños (tal es el caso de Argentina).

La violación por parte del Reino Unido y la ocupación de facto del territorio, hace que la Autoridad Argentina no pueda controlar los procesos, las artes de pesca, los eventuales descartes, la registración de las capturas y desembarcos, no disponga de observadores, etc., haciendo netamente ilegal la pesca en Georgias del Sur certificada por MSC. El Reino Unido no es el titular de ese dominio y de los semovientes (los peces) y ello debería ser suficiente argumento para que no pueda acceder a la certificación de MSC que convalidaría en el mundo productos de origen ilegal, con un sello que supone lo contrario.

Esto nos lleva a la reflexión final de que no solo los funcionarios argentinos están “hibernando” frente a la apropiación de los territorios marítimos y sus recursos, sino que estas certificadoras deben ser reguladas nacional e internacionalmente ya que de otro modo se van a constituir en la intermediación y selección del comercio de los recursos pesqueros. Un ejemplo de ello lo da Peter Pahl, presidente de la Asociación de Pescadores de Merluza de Namibia, a propósito de la certificación de MSC en el pasado noviembre (EuropaAzul, 17/11/2020: “Obtener la certificación MSC servirá para que la industria de la merluza de Namibia siga siendo competitiva y para que, además de satisfacer la demanda de nuestros mercados actuales, pueda expandirse hacia nuevos mercados en donde los distribuidores y las marcas se surten principalmente de pescado con certificación MSC para poder satisfacer las expectativas de sus consumidores. Ahora que ya tenemos la certificación esperamos ver crecer nuestras cifras en beneficio de nuestras gentes y comunidades, de la economía y, por supuesto, de los océanos”. Lo que deja en claro que se están privatizando los organismos de Calidad de los Estados, quienes definirán a dónde, cómo y cuándo los países podrán exportar. Estamos frente a una nueva barrera parancelaria y de control del comercio.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

©2021-saeeg®

 

 

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VENEZUELA

GUAYANA ESEQUIBA SOLIDEZ POR ENCIMA DE SOSPECHAS

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Abraham Gómez R.

Cuando estamos esperando otra decisión sentencial de la Corte Internacional de Justicia, esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899, aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios que ha habido para encarar esta lucha. Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.

Sospechamos que dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte en el pleito, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y —quizás para los próximos días— de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan —sobre todo— en la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.

Los delegados de la excolonia británica andan envalentonados y soberbios, porque presumen que la decisión les será favorable, aun en ausencia de la representación venezolana. Además, manejan la intención de proceder de inmediato a delimitar áreas marinas y submarinas en la proyección atlántica que genera la costa del área en cuestión; con lo cual estrangularían la salida de Venezuela al mar.

Sospechamos que acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU para que coopere en la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal de La haya que, conforme a lo que calculan, el juicio los va a favorecer. Son, entre otras, las falaces presunciones que ellos tienen “entre pecho y espalda”.

No me atrevería a sospechar de la probidad de los jueces o cuestionar la honestidad del jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia; a pesar del forzado autoconferimiento de jurisdicción que se atribuyeron, en diciembre pasado, para conocer forma y fondo del litigio, inclusive a contravención de su propio Estatuto.

En estricto derecho, en lo inmediato Guyana no tiene nada que buscar, salvo regresar a la negociación directa con Venezuela, en apego absoluto al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Por lo pronto, tengamos presente que en el actual tramo epocal, tal vez como en ningún otro, los venezolanos estamos “condenados” a compartir. Com-partir para reencontrarnos en un crisol, a pesar de las especificidades de cada quien, lo que en realidad sabemos con anticipación es diverso.

Ya lo he dicho en otras ocasiones “el pleito chiquito” interno queda para después.

Debemos compartir espacios societales y de Políticas de Estado; y en este caso concreto: compartir criterios sobre el álgido asunto contencioso que dirime la CIJ. Unanimidad discursiva.

Del mismo modo, a propósito de la situación litigiosa, en que devino el citado reclamo por la extensión geográfica que se nos arrebató, ha aflorado con suma pertinencia el vocablo con-vivir; el cual calza a la perfección con lo que ha sido nuestra práctica tradicional como país, en relación con nuestros vecinos.

Bastantes veces recibimos contundentes críticas por ser demasiados lerdos, pacientes y pasivos por las tropelías que se comenten en las zonas limítrofes.

Insistimos en reconocer que los nexos vecinales de carácter humano no son ni serán nunca territoriales para que impliquen diferenciaciones sociales; por eso, reivindicaremos, con seguridad, a los Esequibanos y a la Guayana Esequiba. Ellos lo saben.

Mientras que a muchas naciones les resulta complicado con-vivir; cuya más amplia acepción vendría a significar, algo así como tejerse a la piel del país amigo, con el cual compartimos pared demográfica; Venezuela continúa enarbolando ante el mundo sus banderas de amistad y solidaridad, indistintamente de parcelamientos ideológicos o de cualquier otro tipo.

Nosotros, que llevamos acendrado, por heredad histórica, la solución pacífica que originan circunstanciales conflictos por espacios fronterizos, prevalecemos la categoría humana Con-vivir; cuya significación va mucho más allá que llenar de personas un espacio territorial o asentar a una considerable porción de gente (traída de varias partes del mundo) en un lugar determinado para que busque manera de satisfacer —según puedan— sus necesidades existenciales; que fue lo que hizo el Imperio Inglés, ocupar ese espacio una vez que se suscribió el Acuerdo Anglo-holandés de 1814.

Apreciamos hoy cuánta sabiduría contenida en el aleccionador discurso del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau: “Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos”.

Por la importancia y trascendencia de lo que reclamamos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados a “hablar el mismo idioma”. Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito internacional se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.

No podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.

No es el momento de escrutar, resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.

Alabamos —sin mezquindades— el trabajo suficientemente soportado con documentos de las ONG´s que han cumplido, por encima de las limitaciones pandémicas, bastantes actividades con el propósito de sensibilizar y concienciar a la población nacional del despojo hecho a nuestra geografía, mediante la aludida tratativa tramposa.

Dentro de este mismo orden y sentido, deseamos expresar otro elemento, no menos importante, me refiero al recato y la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias que el caso demanda. Inclusive ha abierto un amplio abanico de consultas a múltiples sectores de la sociedad venezolana; haciendo buena y propia la diplomacia abierta.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

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Atlántico Sur

CON ESTA POLITICA LA ARGENTINA NO RECUPERARÁ LA SOBERANÍA EN MALVINAS Y EL ATLÁNTICO SUR

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César Augusto Lerena*

 

Algunos argentinos se vieron sorprendidos estos días con la comunicación de que pescadores gallegos, se aprestaban a partir con destino a Malvinas para capturar unas 45 mil toneladas de calamar. Seguramente, la Cancillería Argentina “indignada”, habrá hecho lo que hace (copia y pega) todos los años: “reclamar airadamente por esta pesca en nuestro territorio”. Y el gobierno ilegal británico en Malvinas “muy preocupado” reacciona anunciando el otorgamiento de licencias pesqueras por 25 años. Lo cierto que mientras nosotros seguimos contando cuentos de gallegos, ellos desde 1982 a la fecha, se llevan, asociados a los británicos y junto a coreanos y taiwaneses unas 250 mil toneladas anuales de pescados y calamares de Malvinas por un valor anual estimado en los mil millones de dólares, es decir unos 38 mil millones de dólares en los últimos 38 años.

Y, me pregunto: ¿Algún argentino duda que las Malvinas son argentinas y por tanto parte de su territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que mientras en 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 Km2 hoy ocupe 1,6 millones de km2 de un territorio marítimo argentino inmensamente más rico que los archipiélagos?

¿Quiénes son los responsables que desde 1982 a la fecha ninguna empresa de las que pescan en Malvinas haya pagado multa alguna, pese hacerlo sin cumplir con la legislación vigente argentina, cuando debería penalizarse a quién captura sin la habilitación en todo el territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que todos los productos extraídos desde 1982 del área de Malvinas con destino a la Unión Europea y otros países no hayan pagado derechos aduaneros de exportación con la consiguiente tipificación de contrabando de esas operaciones?

¿Quiénes son los responsables de la falta de Acuerdos con Uruguay para terminar con el refugio de la pesca ilegal del Atlántico Sur en sus puertos?

¿Quiénes son los responsables de que el Estado Argentino no haya reclamado a los empresarios pesqueros el resarcimiento económico por la extracción ilegal en Malvinas de recursos pesqueros desde 1982 a la fecha en el orden de los 38 mil millones de dólares, sin computar intereses, perdida de chance y pago de derechos?

Deberían rendir cuenta de ello, desde 1982 a la fecha los sucesivos Ministros de Relaciones Exteriores, los Ministros de Agricultura y Ganadería, los secretarios de Malvinas, los subsecretarios de Pesca, los Administradores de AFIP y de Aduana, entre otros, por la apropiación territorial y de los recursos pesqueros por parte de los británicos en Malvinas y sus socios los empresarios pesqueros españoles, sus joint venture con británicos, etc. Los funcionarios citados por su inacción o su acción manifiestamente contraria a los intereses nacionales han impedido el crecimiento nacional, generando pobreza, indigencia, pérdida de salud, educación, vivienda y desigualdad entre los argentinos y, por cierto, aún en 2021 estamos tan desmalvinizados como en 1983 y, a casi 39 años de la guerra de Malvinas, con una gravísima pérdida de soberanía nacional en el Atlántico Sur y los territorios del litoral marítimo patagónico, con sus implicancias en el Río de la Plata y la hidrovía Paraná-Paraguay.

A pocos días de cumplir 39 años de la recuperación de Malvinas, están los argentinos que dieron la vida, los heridos y los que lucharon por recuperar esta importante parte de nuestro territorio nacional; los funcionarios que se esconden detrás de los visillos y los que creemos que es otro el camino a seguir.

Entonces, fue por el aislamiento del mundo, la dependencia económica, las Convenciones, Acuerdos y Tratados que ataron al gobierno de pies y manos y, ahora, junto a todo ello, con el pretexto del coronavirus (vaya casualidad la denominación) los funcionarios no pueden pensar en otra cosa que no sea en esta pandemia y están impedidos de juntarse y elaborar una estrategia, a la que llaman pomposamente “Políticas de Estado”, pero que para elaborarlas (¿?) utilizan un Zoom. Me imagino a los servicios de espionaje británicos viendo a nuestros aburridos personajes, subidos al caballo de San Martín, luchando por su conectividad doméstica y con una austera cámara que, por suerte, los filma de la cintura para arriba. Tres reuniones desde la creación del “Consejo Nacional de Malvinas” parecen pocas para semejantes acciones de Estado, que deberían estar en cesión permanente. Señores tenemos ocupado el 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus archipiélagos australes, un territorio dos veces más extenso que la República de Francia, que mantuvo en vilo a Charles de Gaulle y los aliados. Si el procedimiento y la dinámica puesta por los gobiernos argentinos en esta materia se hubiesen aplicado durante la segunda guerra mundial, por temor a las bombas entonces y hoy al COVID, en otras manos estaría el poder hegemónico mundial. No se les paga a los funcionarios para dirigir simposios ni para resaltar las efemérides nacionales, sino para que con inteligencia, imaginación, coraje y contracción al trabajo cambien el destino de una Nación de rodillas.

Quién podría imaginarse recuperar Malvinas cuando no se tiene otra idea que promover el diálogo y desempolvar la gastada Res. 2065/65 de la Naciones Unidas en procura de que los británicos se sienten a negociar, con o sin el apoyo de la mayoría de los países del mundo. El diálogo en estos 55 años de espera, como Penélope, con o sin relaciones carnales, fue absolutamente contrario a los intereses territoriales, económicos y sociales argentinos, como hemos enumerado sintéticamente al inicio de estas líneas. Los tiempos están todos agotados, a no ser que el mensaje de cambiar sea para que nada cambie.

Desde 1982 a la fecha podemos considerar acciones positivas la creación de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (1986); la incorporación de la Disposición Transitoria Primera en la Constitución de la Nación Argentina (1994) que estableció: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; la suspensión de las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido (2005); la ratificación de los derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina (2007); la sanción de la Ley 26.386 que restringe las acciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas (2008); la identificación o localización de los argentinos caídos en Malvinas (2008/2013/2016); el requerimiento por Decreto 256/10 del permiso de Tránsito a Malvinas (2010); las restricciones por la Ley Solanas (26.659) a las empresas petroleras que operan en Malvinas (2011); la recomendación de 351.633 km2 sobre 1.782.000 km2 reclamados ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (2016); la jerarquización de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina (2020); la suspensión de las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña (2020); la creación del Consejo Nacional de Malvinas (2020) y la decisión de la Unión Europea de dejar afuera del Acuerdo del Brexit a todos los archipiélagos de ultramar (no solo Malvinas).

Con todo lo enunciado precedentemente no alcanzó ni alcanza. Denunciar todos los Acuerdos es el inicio de una lista de acciones proactivas económicas, operativas, de sur-americanización del Atlántico Sur y de ocupación de los espacios marítimos en la ZEE y alta mar, al margen de las acciones diplomáticas en todos los fueros para ratificar nuestros derechos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

©2021-saeeg®

 

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