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LA FEDERALIZACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y PESQUERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

La Argentina tiene un territorio continental americano de 2.791.810 de Km2, una de ZEE de 3.146.345 Km2, una plataforma continental extendida de 1.782.000 Km2, un continente antártico de 965.314 Km2, un troncal fluvial Paraguay-Paraná de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira y un Río de la Plata de 30.212 Km2 de superficie y 290 km hasta el acceso al Atlántico Suroccidental. Dentro de éste la Provincia de Buenos Aires tiene una jurisdicción marítima (mar territorial, ZEE y Plataforma Continental extendida) de 338.848 Km2 y el resto de las provincias del litoral marítimo un mar territorial de 12 millas marinas. No obstante, el Reino Unido de Gran Bretaña tiene invadidos y explota los recursos naturales argentinos en 1.639.900 Km2 de archipiélagos argentinos (Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y otros); disputa con nuestro país 1.430.367 Km2 de la plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 de la Antártida Argentina y sus aguas correspondientes. Espacios marítimos en los que anualmente extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos y ha iniciado exploraciones petroleras al norte de Malvinas que se estiman del orden de los 791 millones de barriles de crudo de petróleo.

Amén de ello y como consecuencia de la ocupación británica que atrajo el interés de las flotas extranjeras por la pesca en el Atlántico Suroccidental entre 350 y 500 buques chinos, coreanos, taiwaneses, españoles y otros pescan unas 750.000 toneladas anuales de recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina. Todo ello causa un daño territorial, económico, biológico, social, ambiental y a la soberanía nacional de enormes proporciones (para más detalles recurrir a publicaciones que obran en www.cesarlerena.com.ar).

En atención a ello, entre otras, se propone llevar adelante las siguientes acciones que en forma sintética se enuncian:

  1. Fortalecer el control naval disuasivo en la ZEE y fuera ella, con el objeto de asegurar la pesca de la flota pesquera argentina más allá de las 200 millas marinas de los recursos migratorios y asociados en alta mar.
  2. Reformar la Ley de Pesca 24.922 con el objeto principal de federalizar la administración de los recursos pesqueros; reformular el Consejo Federal Pesquero; establecer la “Unidad Económica Pesquera”; ampliar la distribución pesquera; triplicar la producción nacional; desarrollar la acuicultura y maricultura; eliminar el costo del Estado en las tareas de administración; investigación y control naval y terrestre.
  3. Acordar con la Provincia de Buenos Aires la explotación por parte de ésta de los recursos naturales en la jurisdicción marítima provincial (Mar Territorial y ZEE) conforme la Constitución Nacional (art. 31º, 121º y 124º); Pactos Especiales (San José de Flores); Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 28º); Ley Nacional de Espacios Marítimos y Líneas de Base (23.968/91 art. 5º); Ley de Pesca de la Provincia de B.A. (11.447/93 art. 1º y 2º); Ley de ratificación de la CONVEMAR (ley 24.543/95 art. 2º); Ley Nacional de Pesca (24.922/98 art. 3º, 4º, 5º, 21º a 23º); Ley de adhesión a Ley Nacional de Pesca 24.922 (12.558/00 art. 4º) (ver César Lerena “El Saqueo. La Apropiación de la Nación de los Recursos Pesqueros de la Provincia de Buenos Aires” Ed. Fundación Agustina Lerena, 249 pág. 2024).
  4. Establecer Acuerdos bilaterales para la Captura en Alta Mar (ver César Lerena “Los Acuerdos Pesqueros en Altar Mar en el Atlántico Suroccidental”, 2024) con el objeto de erradicar la pesca ilegal de los recursos migratorios originarios de la ZEE y asociados en alta mar y consolidar una administración de los recursos en esa Zona, desalentando la pesca extranjera en Malvinas; a la par de generar recursos económicos, comerciales y proteicos derivados de los acuerdos, asegurando la sostenibilidad del ecosistema marino.
  5. Iniciar acciones legales civiles y penales a los buques extranjeros que pescan sin habilitación argentina en las aguas correspondientes de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur por aplicación de las Leyes 22.415; 24.922 y 27.564 y la Resolución de la ONU 31/49.
  6. Establecer los Acuerdos pertinentes de administración de la red troncal fluvial Paraguay-Paraná y del Rio de la Plata entre las provincias del litoral; a la par de llevar adelante las obras del Canal Magdalena. Todo ello con el objeto de promover el desarrollo regional y de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; reducir el costo del transporte y comercio de las citadas Provincias y nacional; devolver a estas provincias los recursos de sus territorios fluviales y terminar con la dependencia del comercio argentino con el Puerto de Montevideo.
  7. Educar a la población sobre el mar y sus recursos naturales; el hábito en el consumo de productos pesqueros, la formación de oficios; a partir de la estructura existente en la Escuela Nacional de Pesca y otras que se creen en el país con el objeto de promover la cultura marítima y pesquera en un país donde el mar es el 64% del territorio nacional, aumentando el consumo de 4,8 Kg per cápita a 9,8 Kg. y triplicando la mano de obra directa en todo el territorio nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

IDEAS SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

Julio Ferrari Freyre*

La Política Exterior es la cara de la Argentina que el gobierno presenta al mundo en su accionar fuera de las fronteras del país como actor efectivo y responsable en el ámbito bilateral y como integrante de organismos multilaterales y debe en todo momento y en toda circunstancia promover los intereses nacionales tales como la recuperación de nuestras Islas Malvinas (actualmente ocupadas por una potencia extranjera), la defensa de nuestro legítimo reclamo del Sector Antártico que forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, la salvaguardia de nuestras fronteras, el desarrollo económico-social de nuestro país, el progreso de la Patria y de sus ciudadanos así como otras cuestiones que conforman la realidad nacional.

Simultáneamente, la Política Exterior debe sostener permanentemente los valores de nuestro país que involucran entre ellos el sistema democrático representativo, el federalismo, el respeto de los derechos humanos, políticos y sociales, la libertad de cultos, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, el respeto a la convivencia y al derecho internacional, el fomento de la fraternidad y de la cooperación con otros países, así como el acatamiento de la neutralidad frente a conflictos entre terceros países. Del mismo modo, la Política Exterior se despliega ante los organismos regionales e internacionales, en los cuales participa a través de sus iniciativas o de las que nuestro país pueda presentar ante los mismos.

Es también su tarea sostener los logros de nuestros ciudadanos en diversos campos, tales como la literatura, las investigaciones aeroespaciales y satelitales, los estudios e investigaciones en la Antártida, los desarrollos nucleares, los avances en las ciencias médicas y en la producción agropecuaria entre otros. Recordemos que de los cinco Premios Nobel que han recibido nuestros conciudadanos, tres han sido en las ciencias médicas. Argentina lidera la región latinoamericana en relación a estos galardones.

Nuestra Política Exterior NO debe ser una continuación de la política interna, partidaria, clasista o ideologizada, por el contrario, debe reflejar un equilibrio entre el marco conformado por los intereses y valores nacionales y las circunstancias y tendencias mundiales ―dinámicas, anárquicas y desordenadas― donde estará presente nuestro país.

Muchos políticos de los más variados niveles de responsabilidad han aprovechado sus cargos para verter nociones de la política exterior de nuestro país pensando principalmente en el pueblo consumidor de sus discursos y no en las posibles repercusiones que puedan tener sus palabras en otros Estados. En general, en sus discursos, no consideran como prioritarios los intereses y valores nacionales, nuestras políticas permanentes, nuestras tradiciones y los logros de nuestro país en diversas áreas.

Algunos de ellos aprovechan sus viajes al exterior para hacer denuncias contra el gobierno de turno o para atacar a las autoridades de alguna etapa anterior, a la oposición o a los adversarios sin advertir que a los circunstanciales auditorios extranjeros no les interesan los trapos sucios de la política interna argentina sino sólo los asuntos que afectan a sus países o a la situación internacional, razón por la cual criticar al gobierno o hablar mal de sus opositores no tiene mayor sentido para las personas que no conozcan o entiendan nuestras dificultades domésticas y sólo empaña la visión que tienen de la Argentina.

Al mismo tiempo, la Política Exterior debe reflejar y coordinar las visiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial como así también los enfoques y las necesidades de las Provincias que conforman nuestra República, ya que puede ocurrir que una provincia o municipio pueda realizar acciones o incluso firmar acuerdos con otro gobierno sin tener en cuenta la posición del gobierno argentino, pudiendo esto repercutir negativamente en nuestra política exterior, nuestros reclamos e incluso en el respeto a nuestra Constitución Nacional. Un buen ejemplo es el acuerdo firmado entre las autoridades de Tierra del Fuego y con la empresa Leolabs que directamente afecta nuestra posición en muy diversas y contundentes cuestiones. Otro claro ejemplo son los acuerdos sobre enseñanza de lenguas extranjeras rubricados por varias provincias con entidades de otros países. En este mismo orden se inscribe la creación de los Institutos Confucio de dudoso valor y naturaleza y otros acuerdos aparentemente inocentes que pueden influir o tener efectos negativos en el país.

Situaciones como las descriptas ponen de manifiesto la importancia de tener un buen servicio de Inteligencia que pueda obtener datos y analizar situaciones holísticamente, aportando información a los decisores para orientarlos adecuadamente acerca de los caminos a seguir. Está muy extendida la idea errónea de que hacer inteligencia es cuestión de espías cuando en realidad consiste en la obtención de información de muy diversas fuentes, generalmente públicas, y el posterior análisis de los datos para poder tomar una decisión mejor elaborada y más equilibrada[1].

Tampoco pueden estar ausentes de nuestra Política Exterior las actividades del mundo empresarial, académico, sindical, científico-tecnológico, cultural, institucional y social coordinando siempre su accionar en un conjunto estratégico que vincule la política estatal, el sector privado y las expresiones culturales y sociales argentinas. Tokatlian lo explica muy bien cuando dice que «la élite argentina tiene un desafío monumental: o entiende cuáles son los intereses nacionales que defender en medio de estos cambios profundos, o vamos a seguir tomando decisiones erráticas, mal informadas, inconsistentes, anacrónicas, confusas»[2].

El conglomerado de valores, intereses nacionales y visiones parciales públicas y privadas, nacionales y provinciales, políticas y económicas formará la estrategia que debemos seguir internacionalmente.

En este sentido, el impulso del comercio exterior, o sea, la promoción de las exportaciones argentinas a otros mercados, debe ser parte integral de la Política Exterior, con lo cual se incrementaría el bienestar tanto de los empresarios como de los obreros del país. Mucho se podría decir de las inversiones extranjeras que siempre llegarán como una gran lluvia, ¡y que aún estamos esperando!, razón por la cual los únicos «fondos frescos» limpios de toda atadura vendrán de las exportaciones.

La situación ideal para el comercio exterior sería que éste estuviera balanceado entre distintas regiones (MERCOSUR, América, Europa, África, Asia y Medio Oriente). Este «equilibrio» permitiría reducir los cambios abruptos en el consumo, problemas financieros, dificultades geoestratégicas y otros escollos que pudieran surgir, garantizando así el flujo de exportaciones, o sea, la llegada de «fondos frescos» del exterior.

Es lamentable que los gobiernos argentinos no hayan promovido la formación de empresas conjuntas o «joint ventures». Estas pueden, por ejemplo, incorporar capital y tecnología del exterior para incrementar la producción y ampliar mercados tanto dentro como fuera del país en beneficio de los socios. Asimismo, entes nacionales, provinciales y municipales podrían ser partícipes de estos esquemas, creando empleo y riqueza y eventualmente participando de las ganancias. Esta metodología ha sido adoptada exitosamente por muchos países en vías de desarrollo con amplios beneficios para todos los involucrados, entre ellos, la República Popular China.

Un buen ejemplo de un joint venture es la planta de gasificación a construirse en la provincia de Río Negro por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Petronas, ambas petroleras estatales de la Argentina y Malasia respectivamente.

Otro aspecto que debe incluir la Política Exterior es el de la información. Mucho se puede hacer en materia de innovación, tecnología, cultura y otras áreas, pero poco efecto tendrá si no se difunden estos logros fuera de nuestras fronteras, cuestión ésta que los distintos gobiernos de turno no pudieron o no supieron llevar a cabo. En otros momentos históricos a este recurso se lo designaba con el nombre de «propaganda», sin embargo, hoy bien podemos denominarlo «marketing», un arma que trae muchos beneficios para informar y que es utilizada ad nauseam por algunos países siendo los Estados Unidos, los países europeos y China los campeones en este aspecto. La implementación adecuada del marketing ayuda a fomentar el poder blando (soft power), que refuerza el prestigio nacional con los múltiples beneficios que brinda a las distintas facetas de la Política Exterior (políticos, económico-comerciales, técnico-científicos, culturales, etc.).

En cuanto al poder duro (hard power), es decir, el poder económico y el estratégico-militar, es claro que ambos aspectos son importantes y deben ser cuidados. El primero se desarrolla por medio de la activa participación del país en el mercado internacional, en los organismos y agrupaciones regionales e internacionales y con una moneda estable bien respaldada. Y el estratégico-militar se lleva a cabo con la participación en las alianzas regionales de las cuales formamos parte y en misiones específicas de mantenimiento de la paz y del orden, para lo cual las Fuerzas Armadas deben estar adecuadamente preparadas y equipadas, situación que se ha descuidado terriblemente en las últimas décadas.

Para lograr que la Argentina muestre su dimensión como actor efectivo y responsable ante el resto de países deberá tener un Cuerpo Diplomático profesional y capacitado, con adecuados conocimientos y suficiente experiencia en un mundo que poca similitud tiene con la política interna. Juan Domingo Perón nos enseñó que «La verdadera política es la política internacional», sencillamente porque no podemos controlar el entorno y menos aún conocer todos los pormenores que motivan a nuestro interlocutor y/u oponente. A esto debemos sumar la pluralidad de lenguas y el relativo caos, para no llamarlo anarquía, reinante en el mundo. Afortunadamente, hace más de medio siglo que la Argentina cuenta con una Academia Diplomática (el Instituto del Servicio Exterior de la Nación – ISEN), escuela de posgrado que ha logrado su prestigio internacionalmente.

En síntesis, la Política Exterior argentina debe formar parte de una visión estratégica del país en un mundo dinámico donde actúan otros Estados, organismos regionales e internacionales, grandes firmas multinacionales, organismos no gubernamentales y otros agentes, algunos de los cuales tienen una notable influencia y en los que nuestro país debe estar presente

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophía (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (1984) y como diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao (1989-1994), en la Embajada Argentina en la República Popular China (1997-2003) y como Cónsul General en Cantón (2011-2016). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representa Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] de los Reyes, Marcelo Javier. «La creciente vigencia de la Inteligencia en un mundo Incierto». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, 03/12/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/12/03/la-creciente-vigencia-de-la-inteligencia-en-un-mundo-incierto/.

[2] «Juan Gabriel Tokatlian e Hinde Pomeraniec dialogan sobre la pantalla del mundo nuevo». Infobae, (Buenos Aires), 06/07/2024. https://www.infobae.com/cultura/2024/07/06/juan-gabriel-tokatlian-e-hinde-pomeraniec-dialogan-sobre-la-pantalla-del-mundo-nuevo/.

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PESCA: SUMISIÓN Y/O CORRUPCIÓN

César Augusto Lerena*

El día 12 de marzo de 2024 el periodista neozelandés Pete Mackenzie del Proyecto The Outlaw Ocean me entrevistó para conocer mi opinión sobre cuestiones relativas a la industria pesquera argentina, la radicación extranjera y la pesca ilegal en el Atlántico Sur, junto a distintas entrevistas a distintos interlocutores del país. Sin embargo, las publicaciones locales que derivan de esas entrevistas tienen una mirada sesgada que no responde al menos a lo que relaté al citado periodista durante más de una hora: la responsabilidad de lo que ocurre en el Atlántico Sur no la tienen solo los chinos, sino principalmente el gobierno nacional y también los británicos, españoles, coreanos y taiwaneses.

El pasado 6 de agosto TN publicó un artículo relacionado al «informe de Outlaw Ocean que muestra cómo el gigante asiático no solo está detrás de la pesca no declarada y no reglamentada fuera de la milla 200, sino también dentro del caladero local». Este artículo refiere al caso del buque chino Jing Yuan 626 propiedad de la estatal china National Fisheries Company (CNFC) hundido en aguas argentinas por la Prefectura Naval; pero que «pese a ello el Consejo Federal Pesquero otorgó «licencias para faenar en aguas argentinas a dos buques extranjeros que, usando como fachada a una empresa local navegaría bajo bandera argentina, aunque el propietario sería la citada CNFC … mediante un proceso conocido como de “abanderamiento”, China pasó los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales en países de América del Sur, África y el Pacífico … Las empresas chinas controlan ahora un mínimo de 62 buques de pesca industrial de calamar bajo pabellón argentino. Es decir, más de la mitad de la flota de calamar del país», a quienes el informe les atribuye distintos delitos como descartes, desactivación del sistema satelital, evasión y fraude fiscal e indica que «en un artículo académico publicado en 2023, autoridades del sector pesquero chino explicaron cómo habían recurrido a empresas chinas para penetrar en aguas argentinas, usando métodos de arrendamiento y transferencia, formando parte de una política global». Es decir ―precisamos nosotros― que, mediante la compra o arrendamiento de empresas y/o permisos de pesca en la Argentina, los chinos están haciéndose de los recursos pesqueros en forma legal, pese a pescar en forma ilegal los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar.

Por su parte INFOBAE, el 11 de agosto, amplía diciendo que «la empresa china Dalian Huafeng Acquatic Products Co cuenta con 21 buques de pesca bajo tres empresas: Arbumasa, Ardapez y Dalian Huafeng Acquatic Products SA. Shanghai Fisheries cuenta con 15 buques “abanderados” pescando en el Mar Argentino; Wanxing Sannong Group con 12 y Shangdong Bodelon Group con 7, todas empresas legalmente registradas en el país, pero de propietario o “beneficiario final” chino», precisando que 41 de esos buques son poteros de pesca de calamar; aclarando, que fuentes del sector pesquero indican que, «se trata de empresas privadas, no del Estado chino. Sin embargo, el estudio señala que ocho buques abanderados de las empresas legales Ilex Fishing, Dossuarez SRA y COFC Argentina SA, cuyo beneficiario final es la citada CNFC que, según la investigación sí es propiedad del estado chino».

Si bien compartimos los múltiples argumentos relativos a la pesca ilegal y los relativos al trabajo esclavo detectado en embarcaciones chinas y las afirmaciones de Dyhia Belhabib, respecto a que «las autoridades pesqueras chinas explicaron cómo habían recurrido a empresas de su país para penetrar en aguas territoriales argentinas» o las de Isaac Kardon que «hay una transferencia neta (de recursos) desde los países más pobres, sin capacidad para proteger sus caladeros…», la principal responsabilidad es del gobierno nacional que ha permitido todo tipo de prácticas pesqueras ilegales por parte de buques extranjeros y nacionales. A modo de ejemplo, en los últimos 40 años, solo se han detenido dos buques por año, a pesar de la presencia en el Atlántico Sur de 350 a 500 buques extranjeros que anualmente pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos; los buques nacionales operan sin observadores e inspectores a bordo o son patrones de pesca chinos los que en la práctica conducen la actividad de los buques, etc., etc.

Por otra parte, contrariamente a lo que se manifiesta en el artículo, la Ley Federal de Pesca no prohíbe otorgar permisos a empresas con antecedentes de pesca ilegal ya que, la ley promulgada en 1998, no menciona ni una sola vez la palabra “ilegal”, aunque el Consejo Federal Pesquero podría no otorgar permisos por los artículos 21º y 27º de la Ley; pero es evidente la falta de políticas que, entre otras cosas, requieren de una reforma de la ley, del combate a la pesca ilegal y el rediseño del otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura, en especial.

Cuando el artículo se refiere a que el “cese de bandera de origen” es central, no es porque se haya pescado o no en forma ilegal, sino porque de no cesar la bandera de origen se tendrá una ventaja arancelaria en los países originales del buque y éste es otro de los temas pendientes de regularización por parte de las autoridades de Argentina.

Se cuestiona también en el artículo de que «no hay calamar para que entren más barcos»; pero la cuestión no se trata si es un buque chino o no, sino que las capturas máximas establecidas por el Consejo Federal Pesquero, en base a las determinaciones del INIDEP, no se superen. Y agrega un comentario del directivo de una pesquera que “pidió reserva de su nombre”. Por suerte … porque afirmar que «Es preferible que (los buques chinos) pesquen legalmente adentro en vez de estar en la Milla 201 o ilegalmente en la ZEE. ¿Qué diferencia hace si el dueño final es de capital chino, noruego o español?». Este directivo se imagina que habilitar un buque que pesca ilegalmente, evitaría que otro buque extranjero se agregue para pescar ilegalmente los recursos migratorios argentinos. Ignora que la colonización de América iniciada a fines del siglo XV sigue vigente; las “leyes de la materia” respecto a la ocupación de los espacios y las políticas internacionales de apropiación de los recursos naturales. Es de una ignorancia supina creer que habilitar en la ZEE un buque que pesca ilegalmente terminará con la pesca ilegal. Además, no es una determinación que puede tomar una empresa, sino que debe surgir de Acuerdos entre Estados.

Estos artículos parecieran un refrito que “no separa la paja del trigo” desinformando al lector y contribuyendo a la confusión general. Es muy probable que haya buques del Estado chino y buques de origen chino comprados por empresas nacionales de capital chino u otras (muchos de los poteros originales modificados por empresas nacionales eran extranjeros) y también que empresas nacionales de capital extranjero construyan buques en astilleros argentinos. Deberíamos tener en cuenta que no son los barcos los que realizan la pesca ilegal por sí: son los propietarios, armadores y/o capitanes. De forma tal que si el buque con el que se ha realizado pesca ilegal se vende a terceras empresas que puedan demostrar que no tienen ninguna relación societaria con la anterior empresa, podría ser habilitado nuevamente para la pesca. Pero esta no es la cuestión. Lo que no debería hacerse es otorgar permisos de pesca a ninguna empresa nacional de capital extranjero cuando buques del mismo país pesquen ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar o en Malvinas. Los Estados de pabellón deben desalentar a sus nacionales la pesca ilegal si quieren obtener permisos por parte de los Estados ribereños y las empresas nacionales de capital extranjero radicadas en la Argentina deben presionar a sus gobiernos para terminar con la pesca ilegal. No es admisible, por ejemplo, que habiendo reconocido España la soberanía argentina de Malvinas, sus buques pesquen ilegalmente en las aguas de esos archipiélagos y la Autoridad otorgue permisos en el continente como si nada pasara. El problema no son solo los chinos. El problema es que la Argentina tiene los recursos y los mercados y no es posible regalarle esto a los países que operan subsidiados para hacerse de las proteínas y mucho menos perder la autonomía de la política pesquera y la administración del Atlántico Sur; aunque a juzgar por los hechos, ello está ausente en el gobierno nacional. El problema no son solo los chinos, también es el enclave británico en el mar argentino.

Por su parte, chartear un buque es simplemente alquilarlo y ello, de por sí, tampoco significa actuar ilegalmente; por ejemplo, podría chartearse una embarcación mientras se construye un buque en un astillero local para cumplir con las capturas autorizadas, aunque muchas veces también puedan enmascararse sociedades con empresas extranjeras no autorizadas o establecerse aparentes sociedades mixtas que encubren el ingreso de buques al caladero mediante el pago de una comisión a una empresa nacional. Estas son cuestiones que también deben calificarse de ilegales y donde la Autoridad de Aplicación ha sido y es responsable a la hora de autorizarlas. Del mismo modo, cuando a través del alquiler de buques nacionales con cuotas, una empresa se excede de la concentración de cuotas de captura.

En la citada entrevista le manifesté al periodista cuestiones sobre las que yo vengo escribiendo desde la década del 90, cuando se inicia la gran radicación extranjera en el ámbito de la pesca; primero, a través de sociedades mixtas y luego mediante la adquisición de permisos pesqueros a empresas nacionales; de tal manera, que en la actualidad siete de las diez más importantes empresas exportadoras de productos pesqueros en la Argentina son nacionales de capital extranjero. En el país hay empresas nacionales de capital chino, español, estadounidense, noruego, etc., mientras buques del Estado chino pescan en alta mar recursos migratorios originarios de la ZEE y buques españoles ―mayoritariamente gallegos― como dijimos, pescan asociados a capitales británicos los recursos argentinos en las aguas de Malvinas. Y de esto nada refiere el informe del Proyecto The Outlaw Ocean de lo que me ocupé de resaltar en la citada entrevista.

No debería registrarse ni otorgarse autorizaciones o cuotas a aquellas empresas nacionales de capitales extranjeros, cuando buques extranjeros del mismo Estado al de estas empresas realicen pesca ilegal en alta mar o Malvinas.

Que “el cuco” no nos haga perder de vista al “hombre de la bolsa”. Vamos a tener que tomar la sopa.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).