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EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

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LA GUERRA QUE NO SE DECLARA. CÓMO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS REDEFINE EL HEMISFERIO Y EMPUJA A LA ARGENTINA AL BORDE DE LA SUBORDINACIÓN ESTRATÉGICA.

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Mientras no hay bombas ni ultimátums, la guerra ya empezó. No con misiles, sino con documentos.

 

En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó la National Security Strategy (NSS) de los Estados Unidos. Presentada como un documento técnico de planificación estratégica, la NSS 2025 constituye, en términos doctrinarios, una declaración de guerra indirecta, al redefinir jerarquías, áreas de influencia y prioridades estratégicas globales[1].

Lejos de limitarse a una orientación defensiva, el documento legitima la securitización de regiones completas, economías, infraestructuras críticas y decisiones políticas de terceros Estados bajo el argumento de la «seguridad nacional estadounidense», desplazando los principios clásicos de soberanía y autodeterminación[2].

Una doctrina Monroe del siglo XXI

La NSS 2025 ubica al Hemisferio Occidental como prioridad estratégica, reeditando una versión funcional y contemporánea de la doctrina Monroe: América como espacio exclusivo de influencia estadounidense.

Bajo conceptos como regional stability, supply chain security y countering malign influence, el documento habilita:

    • presión diplomática estructural,
    • condicionamiento económico,
    • influencia doctrinaria sobre fuerzas armadas aliadas,
    • dominio informativo,
    • intervención indirecta en políticas de defensa y seguridad.

Tal como advierte Brzezinski[3], este tipo de arquitectura no busca cooperación entre iguales, sino administración geopolítica de periferias estratégicas.

Argentina: socio… o subordinado

En la planificación estratégica del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la Argentina aparece caracterizada como:

    • plataforma logística regional,
    • proveedor de recursos estratégicos (alimentos, energía, minerales críticos),
    • espacio geográfico sensible (Atlántico Sur, Antártida),
    • territorio en disputa de influencia entre Estados Unidos y China[4].

La consecuencia es clara:

Argentina no define amenazas ni prioridades; ejecuta diagnósticos ajenos.

Desde la perspectiva de la teoría realista, esto implica una pérdida de autonomía estratégica, condición central para la supervivencia estatal[5].

Alineación automática y erosión del interés nacional

La alineación casi total del gobierno argentino con la agenda estratégica estadounidense se produce sin debate parlamentario profundo ni planificación estratégica propia, debilitando el principio republicano de control civil y deliberación democrática[6].

Aceptar amenazas definidas externamente implica:

    • desnaturalizar la defensa nacional,
    • confundir seguridad interior con defensa,
    • orientar inteligencia hacia intereses exógenos,
    • subordinar la política exterior a la competencia Estados Unidos – China.

Desde una perspectiva sistémica, el Estado deja de cumplir su función estratégica básica: planificar su propia supervivencia[7].

La guerra híbrida como forma dominante

La NSS 2025 consolida el uso de guerra híbrida y multidominio, caracterizada por la combinación de medios militares, económicos, informativos, jurídicos y tecnológicos[8].

Las herramientas centrales incluyen:

    • control narrativo,
    • guerra jurídica (lawfare),
    • ciberoperaciones,
    • presión financiera,
    • formación doctrinaria de cuadros militares,
    • cooperación condicionada.

  Esto confirma que la guerra contemporánea ya no requiere ocupación militar directa, sino control funcional del Estado objetivo[9].

Subordinación estratégica y riesgo de desintegración

  El principal riesgo para la Argentina no es militar, sino estructural.

La aceptación acrítica de esta arquitectura implica:

    • cesión de control sobre infraestructura crítica,
    • pérdida de doctrina militar propia,
    • dependencia tecnológica irreversible,
    • debilitamiento del control territorial efectivo.

Tal como advierte Clausewitz, cuando el Estado pierde la capacidad de definir el propósito político de la guerra —o de la defensa—, pierde la guerra antes de combatirla[10].

Malvinas, Atlántico Sur y Antártida: la omisión estratégica

Un dato central es el silencio de la NSS 2025 respecto a los intereses argentinos en Malvinas, mientras se consolida la cooperación estratégica con el Reino Unido, potencia ocupante y miembro pleno de la OTAN[11].

Esta omisión no es neutral:

Licúa el reclamo soberano argentino y normaliza la militarización británica del Atlántico Sur.

Desde el derecho internacional, la falta de respaldo explícito debilita la posición diplomática argentina y consolida el statu quo colonial[12].

Conclusión: la guerra que no se nombra

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos prioriza su supervivencia y su hegemonía. Eso es coherente con su lógica de poder.

Lo crítico es que la Argentina renuncie a pensar su propio interés nacional, aceptando una arquitectura estratégica que la transforma en objeto de planificación ajena.

La guerra ya comenzó.

No con bombas.

Con documentos, decretos y silencios.

Y el mayor riesgo no es perder una batalla, sino dejar de ser un Estado capaz de decidir qué, cómo y por qué defender.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] White House. (2025). National Security Strategy of the United States of America. Executive Office of the President, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.

[2] Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. Security: A New Framework for Analysis. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1998.

[3] Brzezinski, Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1997.

[4] U.S. Southern Command. (2023). Posture Statement before the United States Congress. Department of Defense, 2023, https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/2023%20SOUTHCOM%20Posture%20Statement%20FINAL.pdf?ver=rxp7ePMgfX1aZVKA6dl3ww%3D%3D.

[5] Waltz, K. N. Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979.

[6] Guillermo O’Donnell. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobe autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. 1997, 360 p.

[7] Bunge, M. Epistemología: Curso de actualización. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2002.

[8] Hoffman, F. G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac. Arlington, Virginia: Institute for Policy Studies, 2007.

[9] Clausewitz, C. von. (2004). De la guerra (Obra original publicada en 1832). Editorial La Esfera de los Libros.

[10] Ídem.

[11] Dodds, K. (2018). The Falkland Islands, Antarctica and British Geopolitics in the South Atlantic. Polar Record, 54(3), 1–15.

[12] Naciones Unidas. Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General. Cuestión de las Islas Malvinas. Nueva York, 16 de diciembre de 1965.

 

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CON LA DOCTRINA MONROE EL GOBIERNO DECLINA LA SOBERANÍA EN EL MAR

César A. Lerena*

Publicado en Perfil, 5 de enero de 2026

 

La intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica con motivo de la pesca ilegal o, bajo argumento de una supuesta administración inadecuada de los recursos pesqueros dentro de la jurisdicción de los Estados ribereños o respecto a los migratorios, es una verdadera intromisión a través de mecanismos de acción directa o métodos sofisticados, como exigir a los países certificaciones internacionales al momento de exportar sus productos; a la par, de firmar un Acuerdo con Estados Unidos que es francamente desfavorable a la Argentina (cesarlerena.com.ar “El Acuerdo con Estados Unidos es una Rendición Incondicional”, Perfil, 16/11/25), abriendo de par en par la puerta de ingreso a nuestro territorio a los productos americanos.   

La “Doctrina Monroe” fue anunciada por el presidente de Estados Unidos James Monroe en 1823 sobre la base de terminar con la colonización europea en América, la que sería vista como una agresión a Estados Unidos. En la teoría, una suerte de mensaje de “América para los americanos”; pero, en la práctica, debería leerse como “Las Américas bajo el dominio hemisférico de Estados Unidos” y, si bien en esos años, ese país no tenía suficiente poderío naval, contó con el apoyo implícito de la Royal Navy británica; que, como sabemos, ya venía haciendo grandes esfuerzos para sacar a España de América. De modo tal, que las intervenciones de Estados Unidos deben entenderse acompañadas por el Reino Unido y viceversa.   

Por su parte, la “Doctrina Drago” propuesta por Luis María Drago en 1902, está en las antítesis, aunque no siempre se aplicó universalmente, sentó un precedente para la no intervención y el respeto a la soberanía, influyendo en el derecho internacional y la creación de instituciones para gestionar las crisis.

La Argentina, probablemente, haya tenido su primera intervención por parte de Estados Unidos en 1831 con la participación naval de la fragata Lexington que destruyó el fuerte argentino de Malvinas, arrestó a los funcionarios y “declaró a las islas libre de todo gobierno” (¿Y la América para los americanos?). Todo ello motivado por la captura del gobernador Luis Vernet de tres barcos estadounidenses por cazar ilegalmente focas. Esta misma acción ilegal, 200 años después la utiliza como argumento para poner condiciones a los países de Latinoamérica en materia de pesca. Aquella acción que en el mejor de los casos debió limitarse a una actuación diplomática resultó desproporcionada por parte de Estados Unidos debilitando la presencia argentina en Malvinas y facilitando la invasión de las islas por parte del Reino Unido en 1833, pese a que éste había firmado en 1825 con las Provincias Unidas del Río de la Plata el Tratado de Paz, Comercio y Navegación. ¡Son tal para cual!

Cuando el representante del gobierno radical argentino Lucio García del Solar en 1989 negoció con el representante británico Sir Crispin Tickell la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) no habría de imaginarse que la pesca -que consideró sin importancia- sería el sostén económico de los isleños británicos en Malvinas, al decir del director británico de pesca en las islas en 2012 el inglés John Barton.

Lo que parece limitarse a una cuestión relativa a la autonomía en la administración de los recursos naturales de los Estados ribereños ha adquirido una relevancia que pone en riesgo la soberanía política y alimentaria de los pueblos. Por eso entendemos, que hay que asignarle al tema la importancia geopolítica que tiene.     

Las reiteradas intervenciones de Estados Unidos en las aguas jurisdiccionales de terceros o en alta mar se fundan en el uso de redes inapropiadas; mercaderías no certificadas o genéricamente a pesca ilegal e, incluyen, acciones diplomáticas, económicas, prohibiciones y hasta la presencia de patrullas marítimas y, más allá, de que muchas acciones directas de Estados Unidos se fundan en observaciones a la pesca deben tenerse en cuenta para evitar capturas incidentales, descartes, sobrepesca, etc. lo que llama la atención es la “posición rectora” que asume ese país; que, en lugar de acordar con la comunidad pesquera internacional y los organismos multilaterales, asume medidas directas de protección unilaterales sin el consenso debido.

Recordemos, las llamadas «Guerras del Atún» motivadas en conflictos por los derechos de pesca y el uso de redes de cerco en las aguas reclamadas como Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Ecuador, Chile y Perú y, que Estados Unidos no reconocía como propias de esos Estados ribereños, dando lugar a la captura por parte de éstos de unos 100 barcos atuneros norteamericanos en la década 60/70, que este país consideró un proceso ilegal y, por tal razón, reclamó diplomáticamente, efectuando recortes de ayuda.

También Estados Unidos desde 1980 a la fecha se han impuesto restricciones comerciales (por ej. prohibición de importación) basando en las leyes de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) por no utilizar pescas selectivas, forzando a terceros Estados a aplicar estándares relativos a la pesca incidental con una legislación cuyo alcance no puede ir más allá de la jurisdicción de Estados Unidos y, que, en todo caso, deberían tratarse ante los organismos competentes de las Naciones Unidas.

De igual modo con México en 1990/1 que llevó su disputa al GATT/WTO en 1991, donde el panel falló en contra de Estados Unidos, aunque luego se resolviera en forma bilateral. La WTO también falló contra Estados Unidos en 1998 ajustándose las reglas; mientras tanto, se afectaron países como México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela desde 1989 al presente; donde Estados Unidos restringirá desde 2026 la importación de perico y otras especies de Perú capturadas con redes de enmalle. Todo bajo presión y no con políticas de compensación para facilitar los cambios en países en desarrollo.

En operaciones marítimas (US Coast Guard, 2020) Estados Unidos despliega buques y aviones para patrullas contra la pesca ilegal (IUU) enfocadas a flotas extranjeras y muy especialmente chinas. ¿Porque no hace lo también con los buques españoles, taiwaneses y coreanos en alta mar y Malvinas, aplicando la doctrina Monroe? Obvio, porque ésta y el TIAR no aplican cuando se trata del Reino Unido.

En octubre de 1858, Estados Unidos envió su mayor flota naval hasta entonces (19 buques) al Río Paraguay en la conocida «Expedición Paraguay», con el objetivo de forzar la apertura de la navegación fluvial y resolver la disputa, entre otros motivos, el incidente con el buque USS Water Witch en 1855. La intervención culminó en un tratado que aseguró derechos de navegación para EEUU; estableciendo un precedente histórico de la libre navegación en el Río Paraná-Paraguay. Este antecedente habría facilitado al gobierno de Javier Milei la firma de un Acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército americano (Res. Ministerio Seguridad Argentino 1307/2025) para realizar diversos estudios en el Paraná-Paraguay. En la práctica este acuerdo se presenta como un intento de limitar la influencia china en el sector agroexportador y, suena a una «tercerización de la soberanía», ya que permite a Estados Unidos mayor control sobre la vía navegable, alineándose con su Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU e incluyendo cooperación con la DEA.

En 2024 el guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos James (WMSL 754) en una iniciativa apoyada por el Departamento de Estado y el Comando Sur (SOUTHCOM) de este país y, como parte de la Operación Southern Cross (Cruz del Sur) para combatir la pesca ilegal, navegó en las aguas argentinas y en alta mar; que, con “un carácter disuasivo se tercerizó la soberanía” realizando patrullajes en alta mar, en cuyas aguas los recursos pesqueros argentinos migran.

La capacidad y objetivo de estos cutters en el Atlántico Sur superan ampliamente cualquier control de la pesca y, lo que llama la atención, no son las prácticas conjuntas de entrenamiento que las fuerzas navales argentinas podrían recibir con estos buques oceánicos en alta mar, sino en el hecho, de que el objetivo principal de Estados Unidos sea desalentar la pesca china en alta mar, dejando al gobierno nacional en una evidente subordinación a la posición de disputa entre Estados Unidos y China; al extremo, de participar en acciones militares contra buques pesqueros de nuestro principal socio comercial.

La posición de las Autoridades argentinas son de una flagrante contradicción ya que, erróneamente sostienen que la pesca en alta mar es legal, contrario a lo que fundamos (cesarlerena.com.ar “La Pesca Ilegal empobrece a la Argentina”, Perfil, 12/12/2025). Pónganse de acuerdo: Si la pesca en alta mar fuese legal      -como dicen algunos funcionarios- ¿por qué la Prefectura interviene con buques americanos para combatir la pesca china en alta mar? Y si es ilegal, ¿porque acuerda con Estados Unidos en lugar llevar acciones nacionales autónomas, para acordar esta pesca de nuestros recursos pesqueros con los buques chinos y otros? Tampoco parecieran entender que, tratándose de recursos migratorios originarios de la ZEE, es la Argentina y no Estados Unidos quien tiene que intervenir; ya que la Argentina no puede perder el dominio de sus recursos solo porque éstos transpongan la línea imaginaria de las 200 millas.  

Mientras el gobierno argentino delega en Estados Unidos parte de la administración de nuestros recursos del mar, las Fuerzas Armadas Británicas realizan la Operación “Southern Sovereignty” (Soberanía Austral), un ejercicio militar conjunto de las fuerzas navales (patrullero HMS – P222), terrestres y aéreos de Malvinas y, desde Georgias del Sur hasta la Isla Ascensión, con “el objetivo de evaluar la capacidad británica de proyectar fuerzas simultáneas en los dominios marítimos, terrestres y aéreos” (Zona Militar, 19/12/2025); en total contradicción con lo acordado por los países africanos y sudamericanos en el Tratado de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (1986, Res. ONU 41/11); pero, sobre todo, resignando la soberanía territorial y política, en abierta violación a la Declaración de Independencia de 1816 y en especial a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Al comparar ambas acciones; por un lado la delegación en Estados Unidos del control de la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos y, por otro, el Reino Unido cuidando la “soberanía austral” no podemos menos que lamentar la inacción del gobierno; pero, si agregamos a ello la pesca ilegal en alta mar por parte de 350/500 buques extranjeros y la presencia militar británica en Malvinas, garantizando el otorgamiento de licencias pesqueras ilegales, con el apoyo de la OTAN y, teniendo en cuenta la demostrada inutilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya anunciada por Perón durante la Conferencia de Río de Janeiro (Bramuglia, 1947) con una posición crítica hacia Estados Unidos, defendiendo la no alineación con este país o la URSS, ya que consideraba a este instrumento ineficaz para la defensa de América Latina y subordinado a la hegemonía norteamericana. Cuestión, que luego se demostraría en la guerra de Malvinas de 1982, donde Estados Unidos y Chile –al menos- apoyaron al Reino Unido.

Podríamos concluir que la Argentina, no está resguardando su soberanía marítima y con ello sus recursos y, a nuestra información objetiva le agregamos, que el presupuesto en defensa para 2026 será con 0,28% del PBI el más bajo en cuatro años (Zona Militar, 25/12/2025) y los sueldos promedios en dólares de los militares se redujeron de 900/1300 U$S en 2015 a 500/700 U$S en 2025, contribuyendo también a “aceptar” operativamente entre las fuerzas, la colonización de la Defensa y las ya colonizadas Relaciones Exteriores. Como ya ocurría con Domingo Cavallo Canciller: “pensar distinto es de cabotaje”, aunque Trump piense todo lo contrario.

Está tan desnaturalizada la obligación argentina de garantizar su soberanía que, en diciembre de 2023, el gobernador de la Provincia del Chubut Ignacio Torres se reunió con el embajador Marc Stanley para explorar una posible cooperación, para que los buques estadounidenses patrullen las costas patagónicas para controlar la pesca ilegal, principalmente China; demostrando la ignorancia de este gobernador respecto de sus facultades y las del Congreso Nacional; pero también, que no hay pesca ilegal China dentro de su jurisdicción de 12 millas y, que en todo caso, su obligación es controlar las capturas nacionales ilegales en éste ámbito; durante los desembarcos, etc. o coordinar con el gobierno nacional el control de las capturas en la ZEE de las especies migratorias, por ej. el langostino. Tal vez lo hayan nublado las luces de Washington.

Y llegó al final un alineamiento irrestricto del gobierno nacional con Estados Unidos, mediante el DNU 697/2025 del 29/09/2025 donde el presidente Milei aprobó la “Operación Tridente”. Un ejercicio entre las Fuerzas Armadas argentinas y de Estados Unidos, realizado entre el 20/10 y el 15/11/2025, sin aprobación del Congreso Nacional (Art. 75° CN), en las bases navales de Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia. Mientras tanto, cualquiera fuese la opinión que se tenga sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la invasión de espacios y luego la captura del Presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos con el argumento inconsistente de “narcotráfico” trasgrede largamente el objeto original de la “Doctrina Monroe” y debilita la soberanía de todos los países de Latinoamérica, ya que bajo cualquier pretexto una potencia podría intervenir en una Nación independiente y, es el caso de Estados Unidos, que además de capturar a un Presidente ha reafirmado “la decisión de ampliar la presencia militar y su influencia en la región…” (Ayelen Oliva, BBC News, 03/01/2026). Mañana, bajo pretexto de que la pesca ilegal de China, Taiwán, Corea, España y el Reino Unido en el Atlántico Sur viola su “estrategia de Seguridad Nacional” podría invadir Argentina para remediar esta situación ilegal, ante la falta de acciones concretas del gobierno nacional. Y, por su parte, el Presidente Milei, primero, promoviendo la intervención en la economía argentina y, ahora, avalando la acción norteamericana ante Venezuela está abriendo la puerta para ello.    

Por si algo faltaba, el Canciller Pablo Quirno anunció (Infobae, 20/12/2025) que el Acuerdo con Estados Unidos “está prácticamente cerradova a traer muchísimos beneficios a todos”. Nosotros pensamos todo lo contrario (Ob. Cit. cesarlerena.com.ar), ya que se reiteran acciones referidas a pesca sostenible y prácticas no mercantiles de terceros países, implícitamente dirigidas a China, olvidando aquella frase que se atribuye al Gral. José de San Martín: “La Soberanía no se negocia se defiende”. Esperamos que el Congreso reaccione, no puede seguir en silencio frente a los extravíos de Trump y Milei.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar