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GUAYANA ESEQUIBA: ¿POR QUÉ EL LAUDO ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA?

Abraham Gómez R.*

De entrada, deseo precisar algunas breves observaciones.

Caeríamos en un gravísimo error —imperdonable— si pretendiéramos manipular a la opinión pública en provecho de una determinada organización partidista; así también, coartar y dividir a la gente entre patriotas o desleales; peor aún, impregnar de politiquería la presente contención —ya devenida en demanda que nos hizo Guyana— la cual se encuentra en sus fases inescurribles de juicio, por ante la Corte Internacional de Justicia.

Diré un poco más, en el mismo sentido. Perjudicaríamos, severamente, la necesaria concitación nacional en la lucha de restitución, si ligamos los problemas internos (que no los ignoramos) o embadurnamos el trabajo de reivindicación interesantemente adelantado al sesgar este asunto litigioso con una particular ideología porque a alguien se le ocurriría o cree que con tal maniobra saldría supuestamente favorecido.

Un pobre favor se le estaría haciendo a la Patria.

Nos resulta alentador e importante cuando compartimos con quienes sostienen que la cuestión reclamativa por la Guayana Esequiba debe tratarse como Política de Estado.

Ciertamente, por eso se hace inaplazable insistir en las jornadas de sensibilización y concienciación en los más recónditos lugares de la nación, con la finalidad de que nuestros compatriotas asuman con entereza el compromiso de juntar voluntades, inteligencias y soluciones.

Aspiramos a que todo el país utilice idénticas claves narrativas de justo reclamo.

Un llamado a quienes utilizan las redes para que eviten publicar (algunas veces) mensajes imprudentes o inmoderados que no cooperan con nuestra causa común.

Tampoco nos conformamos con la adhesión ciega y automática de quienes aún desconocen lo que ha venido sucediendo con el citado asunto; por el contrario, requerimos que haya un consenso generalizado, producto de conocimientos sostenidos y densamente constituidos, tanto en Caracas, como en Tucupita, Barcelona, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz, Mérida, Margarita; en fin, toda la Patria hablando el mismo idioma.

La expresión que hemos venido divulgando en las distintas conferencias y plataformas digitales “no hay nada que temer”, de ningún modo comporta un exagerado optimismo o una lúdica como placebo.

Lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos traslaticios que respaldan nuestro acervo de probanza que pronto mostraremos y demostraremos —aportación de Parte— ante el Alto Tribunal de La Haya.

No nos sorprenden ni atemorizan los ardides que el gobierno guyanés, las empresas trasnacionales y sus aliados internacionales puedan complotar; impulsadas por y con prebendas dinerarias, en el presente conflicto interestatal.

Sabemos en Venezuela que como consecuencia de la indisimulada debilidad jurídica que exhibe la excolonia británica para encarar un proceso jurisdiccional de este talante, no le ha quedado otra estrategia que promover vergonzosos pronunciamientos, comunicados y declaraciones de entidades y personalidades, en una especie de efecto envolvente.

Nada de eso cuenta para la Sala Jurisdicente, por cuanto se dirime, escruta y sentencia conforme al derecho aplicable.

Sabemos del juego de inmensos e ilimitados intereses del gobierno guyanés y las grandes corporaciones que operan, ilegalmente, en la Zona en Reclamación y en su respectiva proyección marítima.

En el pasado, el Imperio Inglés acometió con descaro —en nuestra contra— actos de abominación.

En un intento ominoso, hizo de todo para persuadir a España para que no procediera al reconocimiento de nuestra Independencia.

Agreguemos que no satisfecho con lo anteriormente descrito, Inglaterra propuso al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el 23 de marzo de 1869, repartirse, precisamente por la mitad todo el territorio de Venezuela, con la finalidad de que EE.UU. reubicara en el occidente de nuestra nación a la población negra procedente de África que había participado en la Guerra de Secesión. Además, en ese “arreglo perverso” el Reino Unido se quedaría con el resto: desde el centro hacia oriente, incluyendo la Guayana Esequiba.

¿Qué adujeron, entonces, para atreverse a la mencionada propuesta? Según los ingleses, porque «ese país llamado Venezuela, que actualmente, se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas ´minor authorities, no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional».

Muestras evidentes de los embates que hemos resistido, ayer y hoy como Nación, Estado y República, de quienes se han creído poderosos e invencibles en el mundo.

Por eso señalamos, con suficiente certidumbre, que la lucha que ahora libramos, en el Alto Tribunal de La Haya, no será una excepción en la búsqueda de nuestra reivindicación en justicia

Si ayer nos consolidamos frente a tamaña voracidad de la Pérfida Albión, en la época actual —con nuestros compatriotas densamente formados— saldremos victoriosos frente a las acechanzas de quienes asumieron la condición de causahabientes de los ingleses y sus aliados insaciables, que están esquilmando nuestros recursos.

A propósito, aquí cabe desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en el Derecho Internacional Público: “Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo”.

Sostenemos que si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho; y que si el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre 1899, en efecto es el objeto de fondo (en la causa de pedir de la contraparte) en la segunda etapa del Proceso (abril 2024), se le  presenta a Venezuela la mejor ocasión para desenmascarar y denunciar la tropelía jurídica de la cual fuimos víctima hace 124 años y que la Parte guyanesa no ha hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e inocultable realidad histórica para sus propios intereses y en comparsa con insaciables empresas transnacionales.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué; y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

Nosotros, que sabemos que esa mencionada tratativa es perfectamente desmontable y develable su perversión, nos permitimos exponer —en síntesis— lo que en ese adefesio se tejió, que lo hace írrito y nulo de nulidad absoluta; por lo que quedó desterrado, una vez firmado el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, documento con pleno vigor que causó estado en la ONU y con el que participaremos, como sustento de juicio en la CIJ. El Acuerdo de Ginebra permanentemente es nuestro basamento para solucionar.

Señalamos, entre muchos otros argumentos, por qué el laudo resultó nulo. Veamos: no hubo participación directa de Venezuela (nos asistieron dos abogados estadounidenses) en las escasas discusiones; por cuanto la representación inglesa cuestionó la delegación nuestra por considerarnos “ignorantes, incivilizados y hediondos”.

Aparte de que no hubo motivación para la decisión arbitral, la misma además excedió los límites trazados en el compromiso, previamente suscrito el 2 de febrero de 1897 (Tratado de Washington).

Incurrieron en incongruencia sentencial dado que la resolución produjo ultra petita y ultra vires; es decir, fueron mucho más allá de lo que se les estaba pidiendo y abarcaron con su determinación, asuntos ajenos que no venía al caso tratarlos, según acuerdo contraído.

No hubo investigación de los estudios y orígenes cartográficos a partir de 1775, que intentó presentar la delegación nuestra y nunca fueron considerados. La delegación inglesa presentó los mapas adulterados con las tramposas Líneas Schomburgk, con los cuales nos arrebataron los 159.500 km2.

Jamás hubo una confrontación (proceso de compulsa) de los Títulos Traslaticios que nuestros abogados consignaron: La Real Cédula de Carlos III del 8 de septiembre de 1777 y el Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela, del 30 de marzo de 1845. Que compendian nuestras irrebatibles pruebas documentales directas, de pleno derecho, que estarán en nuestro enjundioso portafolio en la fase probatoria, el próximo año.

Entendemos que ese jurado arbitral no procedió a los análisis de los documentos históricos de las partes, dado que, en una confrontación de esa naturaleza, la delegación del Imperio Inglés no saldría en nada favorecida; y allí se iba a develar la trama urdida contra nuestro país. Hubo vicios de colusión (componenda político-diplomática de las potencias de entonces).

El prusiano DeMartens, quien fungía como presidente del jurado arbitral, resultó ser un vulgar prevaricador que extorsionó y chantajeó a los demás integrantes del cuerpo sentenciador.

Se omitió adrede el Principio del Utis possidetis Iuris; no obstante, habiéndose acordado con anticipación para la discusión y la  sentencia arbitral.

Estamos racionalmente optimistas; porque, hasta hoy Guyana no tiene el más mínimo documento —de cesión histórica de derechos de nadie—, que puedan oponer en la Corte. En lo único que asientan su demanda es en el inválido, ineficaz y nulo Laudo de París, de ingrata recordación.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

UNA NUEVA ERA DE CONFRONTACIÓN INFORMACIONAL EN AMÉRICA LATINA

François Soulard*

Imagen: geralt en pixabay

Las batallas político-económicas en el hemisferio sudamericano, particularmente intensas desde el comienzo del milenio con el despertar de la ola «progresista», han abrazado decididamente el terreno informacional. Al igual que en otras partes del mundo, la información está percibida ahora como una fuerza capaz de alterar las relaciones geoeconómicas, políticas e incluso culturales, en formas que no son totalmente nuevas desde una perspectiva histórica, pero cuyo alcance, articulación y profundidad sí han configurado una nueva realidad conflictiva. Las potencias tutelares, encabezadas por los Estados Unidos, Europa y China, pero también Irán, Rusia e incluso Israel, están en la primera línea de este conflicto. Sin embargo, otros actores, menos fuertes en apariencia pero igual de potentes, también han aprendido a posicionar sus cartas en este partido. El ensayo[1] Una nueva era de confrontación informacional en América Latina, recientemente publicado en español por Ciccus (Argentina), ofrece una visión general de la cuestión y plantea la hipótesis de una renovación estratégica.

Dicha renovación radica en una serie de observaciones.

El fracaso de una revolución de colores en Venezuela

A partir de 1999 y a lo largo de aproximadamente veinte años, Venezuela ha logrado desbaratar las fases sucesivas de una revolución de color, orquestada desde los Estados Unidos en connivencia con los opositores al chavismo. Mestizo y militar formado en la escuela bolivariana y castro-comunista, Hugo Chávez fracasó inicialmente en su intento de golpe de Estado con el Movimiento Revolucionario Bolivariano en 1992. Tras convertirse en líder de un nuevo movimiento político (MVR) mediante el cual llega a la jefatura del Estado en 1999, es víctima de una tentativa de golpe de Estado en su contra diez años después (2002). Tiene que luchar contra una ofensiva de múltiples niveles y dimensiones apuntada a derrocarlo, fragmentar a sus bases y someter al país a la voluntad de Washington. Con la generosa ayuda de las agencias norteamericanas, el arco opositor construye una modalidad híbrida de combate: demonización del chavismo mediante un periodismo militante, provocaciones violentas en ámbito urbano (guarimbas), soporte a candidatos y «plataformización» de la oposición, acompañadas por diversas presiones internacionales y sanciones económicas.

El régimen venezolano consigue derrotar a este embate, desarrollando una estrategia creativa que combina acción subversiva, organización social y territorial, ingeniería sociopolítica, guerra informacional y control militar y económico (recurriendo inclusive a la violencia y a la arbitrariedad), estrategia que será continuada por su sucesor Nicolás Maduro. El adversario es el imperium norteamericano, designado como potencia neocolonial e intervencionista. Cuba, China y Rusia son sus aliados. Gracias a su cultura combativa y a la renta petrolera, Venezuela ha sido el artífice de una verdadera contrainfluencia norteamericana en el continente y el pivote de consolidación del movimiento neomarxista. El altísimo precio de esta confrontación (estado fallido, emigraciones, retroceso económico) es similar a la de un enfrentamiento armado.

Guerra del gas y autogolpe de Estado en Bolivia

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) es una fuerza contestataria, también de cepa revolucionaria, que inicia su conquista del poder en 2003 a partir de un foco de conflicto cristalizado en torno a la «guerra del gas». La venta de gas boliviano, transitando por Chile (adversario histórico) con destino a los Estados Unidos, es utilizada como un pretexto moral para enardecer la fibra nacionalista, movilizar a los sectores sociales combativos y alimentar una serie de enfrentamientos territoriales que acabaron provocando la caída de dos gobiernos (el de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego el de Carlos Mesa). El movimiento es apoyado en la sombra por Venezuela y por el ala globalista de los demócratas estadounidenses, en particular la estructura de George Soros. Una vez electo en la cima del ejecutivo (2005), el MAS emprende un ambicioso proceso de reconfiguración sociopolítica: asamblea constituyente, despliegue socialista como contrapunto a un sistema liberal debilitado, promoción del indigenismo y del anti-occidentalismo, unificación de los tres poderes republicanos, aprovechamiento de las fallas del sistema liberal-democrático y creciente connivencia con el narcotráfico.

En octubre de 2019, tras quince años en el poder, el presidente Evo Morales teatraliza hábilmente un autogolpe de Estado con el objetivo de eludir la responsabilidad del fraude electoral que acaba de cometer y volcar la ilegitimidad del poder sobre sus opositores. La maniobra pivotea en torno a muchos movimientos comunicacionales (demonización de los adversarios, exposición de sus contradicciones, trampa y provocación, negación de la realidad, red de influencia regional, etc.). Al final, el MAS vuelve al poder en octubre de 2020 pese a importantes fracturas internas y al deterioro del Estado de derecho. Logró mantener su ventaja, cueste lo que cueste, sobre una oposición política y unas potencias regionales menos preparadas estratégicamente.

La cruzada anticorrupción en el «Reino del Medio» sudamericano

En 2012 Brasil sufre una grave crisis económica, con una caída de 4% del PIB, un aumento del desempleo y una devaluación monetaria del 40%. El Partido de los Trabajadores (PT), al frente de la coalición gobernante desde 2002 y eje del movimiento progresista latinoamericano, esquiva las reformas económicas mientras mantiene el control de una extensa red de depredación de los recursos nacionales (desviando entre un 10% y 20% del PIB). Un grupo de jóvenes abogados brasileños elabora entonces un plan de investigación judicial conocido como el «Lava Jato», comparable al «Mani pulite» italiano de los años 1990. Formados y apoyados de forma remota por los Estados Unidos, estos juristas están decididos a enderezar la moral de las élites brasileñas y luchar contra la corrupción endémica («fisiologismo») que asola el país. Desde el punto de vista geopolítico, el año 2014 aparece como un momento oportuno para desestabilizar a los gobiernos de izquierda más articulados regionalmente y recalcitrantes a Washington.

La operación «Lava Jato» va durar siete años, de marzo de 2014 a febrero de 2021. Se convierte inmediatamente en una cruzada política e informacional que desencadena una verdadera sangría en toda la esfera económica y política, incluida extramuros en la medida en que el capitalismo de connivencia se extiende a nivel regional y mundial. En complicidad con los grandes medios de comunicación, se filtran regularmente informaciones confidenciales del sistema judicial para generar escándalos en los ámbitos políticos y mediáticos. Este vínculo íntimo entre las dos esferas permite que el centro de gravedad de la emoción y la opinión pública sea directamente afectado, el impacto informacional superando ampliamente el de la acción judicial.

A mediados de 2016, la presidenta Dilma Rousseff es destituida legalmente por el Congreso, con el respaldo simbólico de los medios. Luiz Lula da Silva, líder indiscutible del PT, es declarado inelegible por la justicia en abril de 2018 y luego detenido. El outsider liberal Jair Bolsonaro, anecdótico al principio en el ecosistema de la prensa brasileña, logra agujerar el espacio informacional con muy pocos recursos y gana las elecciones a finales del mismo año. Su cooperación temporaria con el juez principal del Lava Jato, Sergio Moro, lo va a asociar de entrada a un plan conspirativo contra el PT y se vuelve rápidamente el blanco de varias campañas a nivel global que exacerbarán su gestualidad brutal y ácida (homofóbico, anti-indígena, ultra-derecha, etc.).

En junio de 2019 todo cambia cuando un pirata informático (Walter Delgatti Neto) filtra las comunicaciones de uno de los principales fiscales del «Lava Jato». El portal online de periodismo militante The Intercept ―cofundado por Glenn Greenwald y apoyado por los agentes financieros de los demócratas norteamericanos― transforma este contenido en una auténtica contraofensiva, rigurosamente secuenciada en el tiempo, que llevará al punto de fisurar la credibilidad de la investigación judicial. A primera vista aislado, el hacker será posteriormente defendido ante los tribunales por un abogado simpatizante del PT. En agosto de 2023 declara que Jair Bolsonaro le pidió manipular el sistema de voto electrónico para las elecciones de octubre de 2022. Este giro inesperado libera el camino para la victoria electoral de Luiz Lula da Silva en octubre 2022, en el telón de fondo del apoyo de los medios de comunicación occidentales y de la diplomacia norteamericana al candidato petista.

En paralelo a los escándalos políticos, los grupos energéticos y agroalimentarios norteamericanos (General Electric, Halliburton, Cargill) aprovechan el reflujo brasileño para adquirir partes de las empresas nacionales, mientras se usan selectivamente las pruebas de corrupción para alejar a los competidores europeos (Techint, Skanska, Siemens, etc.). Por otra parte, Washington posiciona sus cartas en la Amazonia bajo el pretexto de avanzar en los objetivos de seguridad y de protección ambiental.

Insurrección fomentada en Chile y guerra por el ámbito social en Argentina

Además de estos tres casos (recorrido en detalle en el libro mencionado en la introducción), prácticamente todos los demás países latinoamericanos transitan por secuencias similares.

En Chile, el masivo levantamiento estudiantil de principios de octubre de 2019 pone en el banquillo de los acusados ciertos puntos ciegos del modelo chileno. La protesta va girando hacia un movimiento urbano insurreccional gracias, entre otros factores, al empuje de un contingente de unos 2.500 agentes irregulares, despachados por las formaciones neomarxistas de países vecinos, en pos de disparar las acciones de desestabilización y la violencia. El objetivo es intensificar la confrontación, empujar a las autoridades políticas a un punto de ruptura y obligarlas a negociar. La comunicación guerrillera practicada por los insurgentes expone a las fuerzas militares y policiales en pleno acto de represión, mientras las imágenes se difunden en todas las pantallas del mundo. En noviembre del mismo año, se logra pactar la organización de un referéndum constitucional. En diciembre, el candidato del movimiento estudiantil, Gabriel Boric, vence en las elecciones generales.

Por último, Argentina ilustra una dinámica de conflicto en la intersección entre modelaje cognitivo, guerra económica e ingeniería político-informacional. Más atrás en el tiempo, el enfrentamiento militar del Atlántico Sur (1982) dio al Reino Unido la ventaja para orientar el proceso de pacificación posterior a la guerra civil[2] y la dictadura militar (1976-1983). Las élites argentinas aceptan la premisa de confiar al derecho penal y al poder judicial el papel de inquisidor del brazo armado de la nación, mientras las facciones de la lucha armada contornan a la justicia y se reconstituirán gradualmente en los partidos políticos tradicionales. En el frente económico, el país abraza la promesa de prosperidad económica propuesta en la creación del Mercosur en 1991. El nuevo bloque económico regional, cuyo proyecto viene discretamente inspirado por los centros de influencia anglosajona (Comisión trilateral[3]), encubre en realidad la transferencia de sectores enteros de la industria argentina a Brasil y la erosión del tejido sindical argentino. Mientras tanto, Argentina delega contratos con actores privados al ámbito del Banco Mundial (CIADI).

Por un lado, Londres y Washington, junto con la socialdemocracia europea, se aseguran a largo plazo del control del Atlántico Sur, mientras que por otro lado trabajan para crear un entorno propicio a la desintegración del Estado argentino: jerarquización del conocimiento en materia de derechos humanos, defensa, polemología, economía y ciencias de la gestión; desindustrialización y agenda de las instituciones financieras y de las Naciones Unidas para la aplicación de una agenda que favorece la permeabilidad del Estado y su dependencia exterior («globalismo»), subversión cultural a través de la influencia de corrientes revisionistas e indigenistas, apoyo de fundaciones europeas al cuestionamiento de las políticas industriales en el Cono Sur en nombre del humanismo y del ambientalismo, apoyo indirecto de agencias británicas y norteamericanas a grupos neomarxistas locales que trabajan para marginar el brazo armado de la nación y el poder judicial.

En 2003 este movimiento aprovecha las turbulencias provocadas por la crisis política y económica de 2001 para conquistar el poder. Desde entonces, el proyecto llevado a cabo se basa estrechamente en una doble lógica, operando en el doble terreno del espacio informativo y de la ingeniería social. Por un lado, se dibuja un horizonte progresista y pseudo-patriótico, favorable a la justicia social y hostil a las voracidades del neoliberalismo experimentado durante el periodo político anterior. Por otro, una facción política minoritaria organiza la concentración discrecional del poder, la fragmentación selectiva de la sociedad y la captura de alrededor de una quinta parte de la riqueza nacional (más o menos como en el caso de Brasil, pero paralizando las dinámicas de crecimiento). La construcción de una «realidad paralela» mediante un fuerte activismo informacional facilitó el ocultamiento de todas las maniobras en los demás sectores estructurales.

Consideraciones estratégicas

Este breve recorrido general abre sobre una serie de consideraciones estratégicas. El énfasis puesto en el ángulo informacional enriquece la reflexión de una dimensión teleológica, es decir de una lectura de los objetivos perseguidos en las maniobras realizadas en el terreno comunicacional, susceptible de completar el análisis geopolítico y polemológico tradicional.

Reflujo de la hegemonía norteamericana

En primer lugar, estos itinerarios confirman que la hegemonía del orden liberal, tal como lo propagó los Estados Unidos desde el triunfalismo posterior a la Guerra Fría, ya no tiene suficiente influencia para homogeneizar su hemisferio sur e imponerse frente a proyectos contestatarios o alternativos. La debilidad ideológica de la democracia liberal norteamericana, su duplicidad (en la medida en que la mayoría de las sociedades latinoamericanas ha sufrido sus ofensivas encubiertas) y su monolitismo ―es decir su incapacidad para responder a la dialéctica unidad-diversidad de las sociedades― son patentes. Los recursos informacionales para mantener esta hegemonía ―los conglomerados mediáticos, los repetidores intelectuales, las universidades y los partidos tradicionales― se enfrentan ahora con sistemas competidores.

De hecho, China es el principal rival geopolítico que aprovecha este reflujo de influencia con una estrategia de desborde basada en factores económicos y en parte en factores informacionales. Su objetivo consiste también en establecer dependencias estructurales. Por necesidad, por afinidad ideológica, pero también por inadvertencia estratégica, estas dependencias están siendo buscadas por gobiernos reacios al predominio estadounidense (aumento generalizado de los acuerdos estratégicos con Pekín que se ha convertido en el principal inversor en el continente desde 2015).

Dependencia y equilibrio estacionario

El otro indicador de este reflujo es el hecho de que Washington esté jugando la carta de una connivencia paradójica con los regímenes contestatarios, en particular los que están conducidos por las formaciones que han reciclado el marxismo-leninismo apoyado anteriormente por la URSS y combatido durante la Guerra Fría. Excepto para algunos aliados clave, el objetivo ya no es alinear ideológicamente a los regímenes políticos locales con el modelo de democracia liberal. Esta connivencia objetiva resalta que la prioridad se ha inclinado hacia su vertiente realista, es decir hacia la búsqueda para reducir la potencia e instalar dependencias estratégicas, cualquiera sea la naturaleza del sistema político con el que haya que tratar y siempre que este vacío de potencia no sea ocupado por el rival chino o europeo.

Es cierto que el proselitismo democrático sigue siendo un escaparate universal para Washington. En la práctica, aparece cada vez más como una estratagema minimalista para encubrir una realpolitik de mantenimiento de regímenes porosos y dependientes. El escenario a evitar es el de la constitución de Estados latinoamericanos fuertes, asentados en niveles consistentes de soberanía, de recursos y nacionalismo. Es precisamente aquí donde China va alterando el equilibrio estratégico y obliga a su rival occidental a innovar en sus modos de influencia. Por el momento, los Estados Unidos necesitan mantener a los principales estados industriales (Argentina, Brasil, México y Venezuela) geoeconómicamente dependientes y en un estado lo suficientemente estacionario como para evitar que caigan en otras esferas de influencia o en la situación más aleatoria de zona gris.

Ampliación de la naturaleza de los enfrentamientos

En segundo lugar, el escenario latinoamericano demuestra que algunas minorías determinadas y organizadas han sido capaces de instrumentalizar las grietas (o las crisis cíclicas) de la arquitectura de la democracia liberal y subvertirla cultural, política y económicamente. El arma informacional ha sido una palanca decisiva. Como lo hemos visto, ha permitido traspasar umbrales de intensidad conflictiva, volver interoperables los distintos terrenos de confrontación, revertir la correlación de fuerzas, exponer a plena luz las contradicciones de un adversario, multiplicar el impacto en la opinión pública, o ocultar toda una serie de maniobras, inclusive partes enteras de la realidad detrás de una fachada moral virtuosa.

En este sentido, todo ocurre como si la geografía de la política tendiera a ampliarse y solaparse con la de la guerra multiforme de la información. Esta evolución hace eco a la perspectiva clausewitziana de la guerra en la medida en que el uso ofensivo de la información se inscribe como continuidad de la política. Sin embargo, en el terreno político, así como también en lo económico, mediático o judicial, no recubre los mismos objetivos de aplastar, aniquilar o subyugar al adversario, que serían las metas más específicas a una confrontación convencional. El combate informacional remite a un registro diferente de la dialéctica entre fines y medios. En otras palabras, se trata menos de una cuestión de ganador y perdedor en términos absolutos que de dinámica de modificación de correlación de fuerza, de movimientos de cercamiento y neutralización, etc. La propia naturaleza de la confrontación y el entorno estratégico se han ampliado.

Un nuevo arte ofensivo en continuidad con el pasado

De hecho, los contextos latinoamericanos antes resumidos distan mucho de reducirse al funcionamiento pacífico de la mediación política y a los métodos clásicos de propaganda o persuasión de masas de los aparatos tradicionales. La arena política se ha enriquecido con una gramática ofensiva, nueva en su intensidad y grados de combinación. La practican tanto los actores débiles como los fuertes, con el objetivo de influir en la fisiología, la potencia, la legitimidad o la estructura cognitiva de un sistema político adverso, desde dentro o desde fuera, según las oportunidades y las circunstancias. No es una casualidad que este arte de combate haya sido practicado por excelencia por los herederos de las antiguas formaciones revolucionarias, por los gobiernos contestatarios y por las potencias anglosajonas.

En la misma línea, podemos ver que el terreno geoeconómico se ha enriquecido de un arte del combate basado en la combinación de la acción informacional y la depredación económica. Históricamente, las sociedades latinoamericanas han sufrido con frecuencia los artilugios comunicacionales utilizados para cubrir el flanco de la violencia económica. Esta violencia parece estar adquiriendo ahora nuevos artificios con metas similares de ocultación de su proyecto depredador. El ecologismo (agenda climática y transición energética), la lucha contra la corrupción, la ayuda humanitaria, la cooperación humanista, la apertura económica o la comunidad mundial de destino (China) figuran entre los principales frentes de una guerra económica practicada en simbiosis en ambos terrenos. El establecimiento de dependencias duraderas (tecnologías, conocimientos, normas) amplía este abanico ofensivo. Su impacto real o potencial en términos de destrucción del tejido social e industrial es indiscutible. Valdría la pena compararlo con el de los conflictos armados.

Una batalla cognitiva con frente inverso

El hecho de que ciertos tipos de ofensiva hayan sido totalmente interiorizados por las propias élites de los países blancos apunta a otra realidad profunda de este ensayo polemológico. ¿Sigue siendo pertinente la idea de guerra cuando ya no existen fronteras claramente establecidas entre enemigo y aliado, entre tiempo de paz y confrontación, o entre terrenos de batalla? Conviene recordar de paso que, cualesquiera sean las hostilidades expresadas, la situación de las sociedades latinoamericanas no puede separarse de una falta de profundidad estratégica y de una dificultad para adaptarse al equilibrio de poder recurriendo a su propio sustrato cultural. Tal vez el «extremo occidente» sudamericano se haya quedado demasiado ligado a la órbita occidental para poder salir de su corsé estratégico.

Esta observación lleva a otra conclusión evidente. Los casos analizados muestran cómo una modalidad aún más indolora y sigilosa ha ampliado el alcance de la guerra informacional. Sin ninguna declaración de guerra, ni distinción clara entre interior y exterior, ella consistió en moldear la estructura cognitiva de un rival con el fin de hacerlo actuar según la voluntad del beligerante, sin resistencia ni reflejo defensivo. Esta maniobra tomó la forma de una batalla a frente inverso entre competidores. El conocimiento y la percepción han sido sus blancos principales. Si bien se ha abordado una noción similar en los trabajos epistemológicos sobre el occidentalismo (a través por ejemplo de la idea de la «colonialidad del saber»), aún queda por establecer un pleno vínculo con la polemología.

* Autor de «Una nueva era de la confrontación informacional en América Latina» (edición Ciccus, septiembre de 2023). Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] Redactado por François Soulard con la contribución de Véronique Avril, Vincent Cassard, Jean-Rémy Dubois, Lucile Federeci y Mathieu Meyer (estudiantes de la Escuela de guerra económica (EGE) en Francia).

[2] Algunos analistas prefieren hablar de guerra «molecular» en el sentido propuesto por Hans-Magnus Enzensberger.

[3] Henry Kissinger decía en el 1985: «O la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización». Citado en Marcelo Javier de los Reyes, «La apremiante necesidad de recuperar la industria de la defensa». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 12/12/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/.

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GUAYANA ESEQUIBA: REFERENDO CON PLENA SOLIDARIDAD PARA DEFENDER LO NUESTRO

Abraham Gómez R.*

Habíamos venido sugiriendo en varios artículos ―hace ya algunos años― a quienes tienen la responsabilidad en nuestra Cancillería de estudiar, analizar y llevar el delicado caso litigioso de la Guayana Esequiba, exactamente lo que exponíamos como materia esencial en nuestras conferencias en las universidades, por todo el país.

Lo expongo una vez más. Estamos, hoy como ayer, convencidos de que a través de un referendo consultivo se abre una vía expedita de participación ciudadana y nos solidifica en la lucha patriótica que encaramos frente a las pretensiones de la excolonia británica, en comparsa con las transnacionales y otros sujetos internacionales.

Además, creemos que la consulta abarcativa ―en el marco de una Política de Estado― con los mecanismos establecidos para tales fines, comporta un instrumento expedito que nos compacta y alienta para consignar (abril 2024) la contestación de la demanda interpuesta por Guyana contra nosotros, ante la Corte Internacional de Justicia.

Estamos obligados a consustanciarnos patrióticamente sin mezquindades y sin diferenciaciones porque nos necesitamos todos, expresándonos con los mismos códigos unitarios en el presente litigio internacional.

Este reclamo de restitución trasciende otros pleitos internos, que no ignoramos.

El referendo no es de ningún modo, una idea peregrina o caprichosa para salir del paso.

Tal recurso constitucional se hace valedero como un extraordinario instrumento de participación democrática y de involucramiento concitado de toda la población venezolana en defensa de la extensión territorial que nos desgajaron con vileza.

Clarificada y despejada cualquier injustificada duda y sin menoscabo de la cualidad jurídica del artículo 74, de nuestra Norma Suprema, admitimos el referendo consultivo, en los términos consagrados en el artículo 71 y parcialmente en el 73 de nuestra Carta Magna, (citados los dos últimos en el mismo orden a continuación) en tanto en cuanto una estrategia plena de eficacia para alcanzar la necesaria solidaridad en el presente asunto que confrontamos por ante la Entidad Jurisdicente:

“Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal…” (Omissis)

“…Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral”.

A partir de un referendo consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente, y dará su positiva reafirmación para que la delegación nuestra comparezca por ante la Corte Internacional de Justicia, con todos los efectos y consecuencias jurídicas; asimismo,  pida, con suficiente acervo de probanza, a ese Alto Tribunal la reivindicación y restitución de la séptima parte de nuestra geografía nacional; inclusive, tenemos el derecho y elementos de convicción para intentar un juicio de reconvención (contrademanda); al propio tiempo, introducir las oportunas medidas cautelares para que se proceda a paralizar las ilegítimas operaciones de explotación y comercialización que han venido haciendo el enjambre de empresas trasnacionales que recibieron concesiones ilegales de los gobiernos guyaneses, en flagrante y descarada violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, único documento (suficientemente ratificado por nosotros) en el que basemantamos el Proceso que cursa en la Corte, y en el cual se restringe la unilateral disposición de Guyana para arrogarse soberanía en la zona en contención. Veamos:

Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución per parte de Venezuela, el Reine Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cuales quiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecto su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclame o base de reclame por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial.

Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios”. (Artículo V- Acuerdo de Ginebra).

Ante el panorama amenazador desde diversos frentes (obvian los referentes) que nos acechan hay que actuar con inteligencia.

Nuestra sensible fibra venezolanista nos impone que no debemos quedarnos ni de brazos cruzados ni bocas cerradas frente a este desafío.

Por eso celebramos la iniciativa de la Asamblea Nacional de aprobar un referendo consultivo.

Corresponderá, entonces a partir de ahora, al Consejo Nacional Electoral desarrollar todos los procedimientos conducentes a tales fines: fecha de realización, redacción de la pregunta (lo más clara, precisa y directa en su objetivo), los mecanismos promocionales y de concienciación, entre muchos otros.

Si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Sala Juzgadora le confirió, qué nos queda entonces sino apertrecharnos con nuestros recursos históricos, cartográficos y fundamentalmente con los Justos Títulos que poseemos que son absolutamente irrebatibles, que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure) para exponerlos y defenderlos con justeza en la debida ocasión ante la Entidad Juzgadora y saber que contamos con un respaldo abrumador de la Nación venezolana entera, dispuesta a defender ―en el citado escenario― lo que siempre ha sido de nuestra propiedad.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.