César Augusto Lerena*

Las empresas pesqueras que exportan valor agregado y ocupan mano de obra argentina deben recibir las ayudas con las que son beneficiadas todas las empresas pesqueras del mundo.

Seguramente, como un resabio de nuestras épocas de gloria, los argentinos solemos ser más papistas que el papa y, aun así, creyéndonos muy creativos, tomamos al pie de la letra los mandatos de los países desarrollados que, en lo económico, productivo e industrial, tienen aviesos intereses en su favor.

Orgullosos de ser el “granero del mundo” adherimos a las consignas del libre mercado y, dejamos de lado —y hasta miramos como consignas de cabotaje— todo intento de proteger nuestra industria nacional y, así, terminamos vendiéndoles commodities al mundo, regalándoles nuestra mano de obra y comprándoles gatitos de la suerte “Maneki-neko” que, si levantan la pata derecha, traen dinero y fortuna ¡Somos vivísimos los argentinos!

El mundo pregonaba la economía de mercado, aunque la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (USA) subsidiasen desde siempre la producción agropecuaria y alimentaria y establecieran políticas proteccionistas a través de la imposición de barreras arancelarías y no arancelarias, preferencias, cupos, salvaguardias, precios de entrada y otras restricciones destinadas a impedir el ingreso de productos con alto valor agregado que compitieran con los de sus productores o industriales.

Inconsistentes argumentos sanitarios, bajo el formato de directivas, sirven de pretexto, para impedir el ingreso a sus mercados, aunque —en el caso de los alimentos y de los productos pesqueros argentinos— en la mayoría de las empresas industriales y exportadoras se elaboran en infraestructuras y con procedimientos de mejor calidad y sanidad que las de la UE y USA y las normativas sanitarias argentinas son absolutamente equiparables a las Directivas de la UE o a las reglas de USA y, de hecho, los productos pequeros ingresan a los mercados más exigentes del mundo, cosa que no ocurre con las carnes.

Paralelamente a ello, los excedentes subsidiados de la producción de la UE y USA se destinan a la exportación, en muchos casos con reembolsos, con los cuales, compiten en otros mercados con los mismos exportadores que se ven impedidos a ingresar a esos países sus productos terminados. Un verdadero cuento de la buena pipa. ¡Así cualquiera adhiere a la economía de mercado! Mientras ello ocurre, toda política en la Argentina que fuese destinada a proteger la industria nacional siempre es tildada de bananera, bajo el argumento de intentar sostener una industria poco competitiva y sin la calidad de lo importado. Es probable, que en algunos casos pueda ser cierto, aunque es necesario separar la paja del trigo y, en especial, poner al Estado, no como socio principal de la empresa por la altísima carga impositiva y burocrática que sufre la producción, sino como palanca de desarrollo, apoyo financiero y tecnológico. Es muy difícil competir en el mundo, cuando la inflación en la UE es del 1,45% y USA 2,44% anual y en la Argentina supera el 44%, además de que las exportaciones cargan con una carga impositiva insostenible.

¿Ahora, nadie refiere a la desglobalización y multilateralismo agonizante y, al avance de los nacionalismos de la mano de Trump? ¿La Subsecretaría de Pesca analiza lo que ocurre en el mundo?

Veamos cómo se maneja el sector pesquero español subsidiado por la Unión Europea y el gobierno español: por un lado, se oponen al Pacto Verde de la Unión Europea, que reduciría en un 30% las áreas de captura en aguas comunitarias y que restringiría en estas mismas aguas, las capturas con redes de arrastre de fondo. Pretenden, al mismo tiempo, seguir pescando en aguas británicas del Atlántico Nordeste y, en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ocupada en forma prepotente por el Reino Unido (RU), y que estas capturas ingresen a la UE sin arancel alguno.

Además de ello, están promoviendo que el gobierno español, induzca al consumidor a adquirir productos españoles, en perjuicio a los exportadores argentinos, descalificando las importaciones, sin evaluar, que por lo menos 2 Kg/per cápita anual del consumo español es de origen argentino, a lo que debiéramos sumar lo que nos roban en el Área de Malvinas y los migratorios argentinos en la Alta Mar.

Pero para las Entidades Europêche y CEPESCA y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros (EAPO) todo es poco, y con el argumento del COVID-19, nuestro conocido Javier “Paz y Bien” Garat le solicitó a la Directora General de la DG Mare, Charlina Vitcheva, “que haga la vida más fácil a los pescadores, que ya tienen que cumplir con demasiadas normativas y burocracia, de tal complejidad, que obstaculiza las operaciones diarias de pesca; rebajen el IVA a los productos pesqueros al 4%; les garantice igualdad de condiciones (¿?) para asegurar la competitividad de la flota de la UE; le expresan al mismo tiempo, la satisfacción del sector por las medidas paliativas adoptadas por la Comisión, abogando por un rápido desbloqueo de 500 millones de euros de fondos adicionales para la pesca y, le recordó también, a la citada directora, que solicitaron a la Comisión Europea que sea sensible y lo más flexible posible en la aplicación del plan plurianual recientemente adoptado para el Mediterráneo occidental, de manera que no se agraven las consecuencias socioeconómicas causadas por esta pandemia”. Adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades, diría el español Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y los nuestros? Arréglate como puedas.

Podríamos sintetizar de esta manera el accionar del empresario pesquero español: captura en forma subsidiada e ilegal nuestros recursos pesqueros; importa productos pesqueros de bajo valor agregado y se queda con nuestro empleo; industrializa en forma subsidiada; vende a los empresarios radicados en la Argentina buques financiados y a baja tasa fabricados en España y, se lleva los recursos argentinos de la ZEE Argentina o los migratorios y asociados en Alta Mar al menor costo posible. Recibe subsidios para fomentar el consumo interno. Todo sigue como en el siglo XIX, salvo que no nos traen esclavos de África para abaratar los costos de materia prima.

Ahora, veamos, que se hace en la Argentina y empecemos por los derechos y otros impuestos. ¿Está el subsecretario de Pesca abocado a resolver el problema de competitividad de la actividad?

¿Quién establece los derechos y demás impuestos en la Argentina? ¿El competidor extranjero?

A la captura se le cargan derechos y nuevamente se grava con derechos la exportación. Es decir, una doble imposición, sobre una misma materia prima. Es muy razonable que se cobren derechos a la captura porque el recurso es del Estado, pero, a la exportación, no hace más que desalentarla y quitar competitividad a las exportaciones, agregándole impuestos.

Se otorgan luego reintegros, que más que reembolsos parecen una suerte de devolución parcial de los derechos de exportación. Pero, mientras estos se pagan prácticamente al contado, los reintegros se acreditan más allá de los 180 días. Una fórmula imperfecta que no genera el valor agregado esperado (con el consecuente empleo) y, además, es —en muchos casos— de aplicación virtual, porque no resuelve la falta de competitividad de los productos argentinos para facilitar el ingreso a los mercados, ante el costo interno y la tremenda carga impositiva que acompaña a las exportaciones nacionales.

Por otra parte, en una actividad, donde sus productos se destinan en un 90% a la exportación, es un despropósito, que el combustible utilizado en los buques para las operaciones de extracción del recurso, se graven con impuestos.

Y los costos no terminan. El autocontrol de los establecimientos industriales en el mundo tiene al menos 25 años. En algunas recorridas a plantas industriales que realicé en Europa nunca encontré un inspector; precisamente, porque aplican sistemas de autocontrol; desde 1989 los planes HACCP en Estados Unidos. Aquí se implementaron, pero no eliminaron la burocracia y entonces conviven con controles relativos oficiales que encarecen la industria en forma cada vez más gravosa. Así la actividad sufre las tasas municipales por servicios que no se prestan y de SENASA y servicios aduaneros, a la que se le agregan a los altos costos de energía y agua. También, el costo de administración de la Subsecretaria de Pesca y del Consejo Federal Pesquero, que es notablemente más alto que el aplica Chile, que exporta en dólares 3,5 veces más que Argentina y del Perú que exporta en dólares 1,7 veces más que la Argentina.

A su vez, mientras el mundo tiene un consumo anual de productos pesqueros del orden de 21 kg per cápita, nuestro país, no llega a los 6 kg. Y, no solo es una cuestión económica, sino sanitaria, ya que el pescado junto a leche materna tiene una proteína de altísimo valor biológico. En España, se consumen 25,5kg per cápita y, sus empresarios solicitan la baja del IVA al 4% para favorecer el consumo.

En síntesis, un bajo consumo de pescados y una Argentina que exporta impuestos y, así, no puede esperarse, que compita en el mundo contra empresas subsidiadas, que disponen de crédito para financiar el capital de trabajo, la reinversión en desarrollo tecnológico, la construcción y la reparación de buques. Aun así, en esta situación desfavorable, la Argentina exporta productos pesqueros a la UE por un valor de 790 millones de dólares (37% del total de las exportaciones pesqueras), a China 475 M de dólares; a USA 150 M; a Japón 100 M; a varios países de Suramérica 190 M; a Tailandia 66 M, etc.

Frente a este escenario el gobierno argentino debería:

1. Encomendar el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) los estudios pertinentes para determinar científicamente el origen en Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina de las especies de dominio del Estado Nacional que migran al área de Malvinas de la ZEE Argentina y a la Alta Mar.
2. A través de la Cancillería y todo el cuerpo diplomático especializado tomar las medidas pertinentes para que todas las capturas que se realicen sobre especies de dominio de Argentina, incluyendo a las localizados en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas de la ZEE Argentina o aquellas migratorias en la Alta Mar sean tipificadas originarias de Argentina.
3. Eliminar de las exportaciones los impuestos (entre ellos los cargados al combustible que son centrales en la captura) y otorgar los reembolsos que fueran necesarios a las exportaciones de productos pesqueros, para equilibrar el cobro de aranceles a la importación y desalentar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Estas desgravaciones y reembolsos deberían estar directamente relacionadas al mayor valor agregado y a la mayor ocupación del personal afectado a la industria; regularizar el personal no registrado y, reducir los costos del Estado a través del otorgamiento de subsidios al desempleo o al empleo, como los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) y, muy especialmente, debe profundizarse en la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar. Todo ello, por cierto, podría interpretarse como una medida de excepción, pero no lo es, ya que, por ejemplo, las empresas petroleras que operan en Argentina en la extracción de petróleo y gas recibieron subsidios del Estado por U$S 24 mil millones entre 2008 y 2019 según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

“En su noche toda mañana estriba: de todo laberinto se sale por arriba” (Leopoldo Marechal).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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