AVISOS A NAVEGANTES

F. Javier Blasco*

Por fin se pudieron celebrar las elecciones regionales en Galicia y el País Vasco; dos comunidades completamente distintas, nada o poco extrapolables al resto de España y que se mueven bajo la hegemonía de dos partidos fuertes, bien engrasados y estupendamente apoyados; el PNV en una, que en realidad, es el partido del empresariado vasco y el PP en la otra, que se basa en la tradición, el apego al terruño y en no marear a una población —que personalmente conozco bastante bien— de la que se dice mucho y hasta peyorativamente, pero que aunque es difícil de penetrar, una vez alcanzado su corazón y mente, y siempre que no se les mienta o prometa imposibles ni se les agite en demasía, su fidelidad y acompañamiento están garantizados por mucho tiempo y casi a eternidad.

Se han tenido que superar los inconvenientes de la pandemia que obligaron al retraso electoral y que han seguido dando la lata hasta el último día, sirviendo de excusa de aquellos que, al saber que perdían, buscaban que se aplazaran de nuevo o quisieron presentarlas como forzadas, injustas y poco reales. Las medidas tomadas en general y en particular en los lugares más castigados y los apabullantes resultados dejan por tierra todo aquel mamoneo y mentiras más propias del mejor trilero por ser falsas en sí y en sus mezquinos razonamientos.

Una vez superado todos los inconvenientes y celebradas con seguridad y tranquilamente, los resultados saltaron ayer noche sobre la mesa exponiendo, de nuevo, que no es fácil acertar de pleno en las muchas encuestas previas realizadas por diversas empresas; sobre todo, por las más manipuladas, las del CIS de Tezanos; un organismo público al servicio espurio y fétido de un gobierno que, sabiendo que todo lo que aquel dice y fabrica es mentira y que justifica tan costoso halago prefabricado —que pagamos religiosamente los ciudadanos— porque le viene bien para regalarse el oído y seguir engañando a sus adormilados y desnortados seguidores y votantes.

Los vencedores en ambos comicios estaban cantados, aunque no en tanta proporción de buenos resultados. Nadie pronosticaba el total descalabro de Unidas Podemos (UP) y sus muchas marcas en Galicia y el bajón a la mitad en el País Vasco cuando venían de haber ganado allí las votaciones en unas elecciones generales recientes. En Galicia la debacle ha sido total al perder la totalidad de los 14 escaños que ostentaban durante el último mandato y a pesar del esfuerzo personal del líder del partido y de la actual ministra de trabajo, presumiendo ambos por doquier durante la campaña de lo logrado en España con sus medidas sociales y de protección al trabajador. Medidas, que no han servido para evitar que desapareciera del mapa gallego un partido polémico y lleno de rencillas, que basa su política en el amor y casi adoración personal entorno al líder en Madrid y su cohorte que le acompaña por sus dominios en Galapagar y que le cubre y disculpa de sus escarceos y problemas de todo tipo con asesoras, abogados, subvenciones, chivatazos así como, de las exigencias derivadas de arcanas ideologías comunistas bolivarianas que cada vez entienden menos personas y de las que él y su entorno cercano quedan exentos.

Iglesias, en un alarde de aparentar autocrítica, aunque escondiéndose de salir a la palestra, en un tweet corto quiso hacer ver su fracaso pero, y no por casualidad, no usó la primera persona del singular en ningún caso. Debe ser por aquello de la socialización de la derrota y por abrir el camino para la caza de las brujas que se convertirán en las auténticas responsables de esta innombrable derrota que, en un partido decente y con arraigo le llegaría a costar la coleta. Pero, estoy seguro, que sus letras y pagos derivados de su arcadia particular le llevarán a echar hoy mismo, tierra por encima, dejar algún muerto en la cuneta y pasar rápidamente a otra cosa porque aún queda mucha hipoteca por delante y también lo que le resta por medrar y estropear desde su puesto y sillón en el gobierno de España.

Si a alguien se le hubiera ocurrido pensar o argumentar que el descalabro de UP es una mera consecuencia del desgaste en el poder nacional tras una nefasta gestión de la pandemia y ante las previsiones nada halagüeñas de lo que ya vemos y nos espera a partir de este otoño en materia económica, que lo deje aparcado en el cajón. El PSOE en ambas regiones, a pesar de todo lo malo dicho y hecho en lo que lleva de legislatura, no ha sido afectado para nada en sus resultados que inclusive, en algo mejoran.

Eso sí, con ciertos matices que conviene resaltar; en Galicia no ha recogido gran parte de los muchos despojos de UP y sus confluencias; votantes, que en su día partieron de las filas socialistas y sin embargo, ahora se han ido al Bloque Nacionalista Gallego (BNG) o a la abstención en su mayoría. Además, el PSOE ha perdido su influencia y dominio en las zonas industriales gallegas azotadas ya por los efectos de la pandemia y sus derivadas económicas. En cualquier caso, su maquinaria de propaganda y marketing bien manejada por un experto embaucador desde Moncloa, sigue siendo efectiva y no les hace perder resultados aunque si cambia de determinados tipos de apoyos.

El PP se siente muy satisfecho y respira tras haber pasado días de gran duda y zozobra ya que hasta el mismo Feijóo pensaba que esta vez, su necesaria mayoría se le iba a escapar y un triunvirato le podría retirar de un gobierno tranquilo y sin sobresaltos por otros cuatro años más en un terreno que conoce a la perfección y manteniendo (anoche lo dejó bien claro) ese estilo muy gallego de no saber nunca si sube o baja y ni si viene o se va.

El líder gallego hizo una apuesta muy arriesgada al no hacer las maletas y venirse para Madrid tras la defenestración de Rajoy. Ayer, el mismo lo mencionaba en su discurso de agradecimiento y se le vio y sintió muy aliviado por haber acertado al tomar aquella decisión. Acierto, que le da un margen grande de confianza, le hace indiscutible en muchas cosas y decisiones dentro del partido y hasta puede que su forma de hacer política llegue a ser una rémora o punto de comparación con la que práctica el propio Casado. Ya hoy varios diarios empiezan a insistir en que la oposición debe estar basada en la moderación y en lo perjudicial de los pactos con fuerzas que no llevan a ningún lugar más que a la pérdida de escaños para el partido, traiciones por la espalda y con nocturnidad a altas horas de la madrugada o a la confrontación guerra civilista y abrupta que asusta a la mayor parte de la población.

Por el contrario, los resultados en el País Vasco han sido más bien discretos, por no decir decepcionantes, aunque mejor de lo augurado en todas las encuestas. Los cambios en la dirección y de candidato del partido en dicha Comunidad realizados a última hora y los bandazos de los últimos años en sus políticas, visiones regionales y modo de enfrentarse a sus oponentes políticos en una sociedad, que por fin respira sin el olor de la pólvora de las armas ni de la sangre de los muertos en sus calles y plazas, no han sido los adecuados, por lo que se desprende que necesitan de una gran adaptación y reflexión para evitar que hasta Vox, que en estas elecciones ha conseguido un escaño, algún día les sobrepase con su discurso deslenguado lleno de retos y desplantes.

Ciudadanos (Cs) ha sacado tajada (un escaño en el País Vasco) a base de insistir en ir en coalición con el PP; de lo contrario no lo hubiera conseguido al igual que en Galicia donde Feijóo se negó a ceder ni un solo escaño de su lista compensada y contrastada. Inés Arrimadas, su lideresa, cambiante como su predecesor, juega a todas las cartas posibles con tal de conseguir una bocanada de oxígeno para seguir respirando y por un poco de visibilidad personal; va en ello su propia supervivencia y la de un partido hoy casi residual, que juega con acierto sus pocos escaños a base de ceder y arrimarse al poder por todos los lados aunque les engañen y les llamen de todo en su propia cara; cosas, que sin duda les han pasado factura en ambos procesos. Un partido que nunca tuvo nada que hacer en estos dos lares y que jamás llegará a algo significativo antes de su desaparición definitiva, como parece que ese será su sino y destino final.

El BNG se ha mostrado como el Ave Fénix, resurgiendo de nuevo de sus cenizas y con un buen plantel de candidatos y programas, que alegran los oídos de los que quieren escucharlos, han dado un sorprendente zarpazo al PSOE gallego, que con un mensaje antiguo y frentista, cuasi cavernario, se ha mantenido a duras penas aunque, como ya se ha dicho antes, a base de perder caladeros de votos de los trabajadores de la no muy importante industria del metal gallega.

El BNG ha atraído a su campo y recaudo los votos de los desalentados votantes de Podemos y sus Mareas quienes tras mucho movimiento y giro extraño en Galicia, han quedado cansados de tanta mentira y mamoneo y muy mareados de esa política de carácter caudillista y dictatorial. Un partido que, al igual que sucede con Bildu en el País Vasco, se constituye en segunda fuerza en Galicia y el referente de una oposición nacionalista de profundo calado. Ambos partidos, sin duda alguna, constituirán un gran hándicap y se convertirán en un constante dolor de cabeza y un desvelo para los socialistas.

Es el PNV el partido que más ha rentabilizado su política saprofita y de aprovechamiento de toda oportunidad, soporte o cambio, ha ido modulando sus apoyos al gobierno central a la vez que este le compensaba sus aspiraciones y deseos, con lo que sus votantes han visto cierto provecho en dichos pasos aunque fueran poco serios y nada honrados. 

A pesar de que su gestión con el COVID no ha sido muy ejemplar, que se esperan fuertes problemas en la crisis económica que ya está instalada en toda España y que desde el pasado 6 de febrero permanecen sepultados dos trabajadores en el vertedero de Zaldibar sin que el gobierno haya solucionado el tema por incapacidad material, no han sido lo suficientemente importantes para que sus apoyos populares disminuyeran; aunque si bien es cierto que una tan alta abstención (la mayor en unos comicios regionales) si debe achacarse a la gestión del gobierno regional. Abstención, que a su vez, ha podido propiciar que el resultado final electoral no haya sido un fiel reflejo de lo que la ciudadanía vasca quiere de verdad.

En dicha región, el caso de Bildu es similar a lo sucedido con el BNG gallego, pero su crecimiento es tan grande e inesperado que hace incomprensible que los sucesores de ETA, que hasta hace pocos años han llenado el País Vasco de sangre, miedo y terror, sean ahora la segunda fuerza política a gran diferencia con el tercero que es el PSE, salvo que hayan sabido rentabilizar y mucho los apoyos selectivos al gobierno central en temas muy recurrentes como la derogación de la famosa reforma laboral pactada con nocturnidad en Madrid a espaldas de los responsables económicos como Nadia Calviño, lo que le llevó a poner sobre la mesa su posible dimisión. Dimisión, que, en breve, podrá llegar a ser efectiva por su traspié con la dirección del Eurogrupo, porque en realidad, aquel acuerdo tan solo ha sido aparcado y no derogado, así como, se espera que Iglesias haga algo impactante, si es quiere recuperar parte de su perdido prestigio.

Lo que sí que queda bien claro y escrito en negro sobre blanco, es que la política del gobierno social-comunista de ceder en todo, a base de alimentar las aspiraciones de los partidos regionalistas, nacionalistas y de otros pelajes, a cambio de sus manchados, ventajosos y escorados votos, no sólo está siendo nefasta para España, sino que en unos casos (UP) les hace perder votos porque el electorado prefiere buscar y votar al original y no a la copia o no recuperar el espacio perdido (PSOE) cuando quedan antiguos votos propios, libres en el aire y sin saber a quién votar. Por el contrario, lo que si hacen es engordar y mucho los caladeros y escaños de dichos partidos nacionalistas, separatistas y filoterroristas en sus regiones respectivas (PNV, Bildu, BNG, Compromís y todos los catalanes).

Como novedoso y más que posible mayor peligro para España, nos encontramos con que la actual composición del Parlamento Vasco posibilita la confección de un nuevo estatuto para la región que se redacte sin límite o freno alguno por parte de los partidos que oficialmente deben defender la Constitución. Estatuto que, aunque deberá pasar el filtro de las Cortes Generales, sin duda acarreará muchos problemas de interpretación y muchos más para su justificación por un gobierno social-comunista que necesita de los apoyos del PNV y en ocasiones de Bildu para sobrevivir.

Sánchez resiste pero no tanto porque en un proceso normal debería haber aprovechado la gran caída de Podemos y no lo ha hecho. Iglesias empieza a dejar bien claro que su flor y estrella personal ha dejado de lucir y la gente, que le seguía a pies juntillas y sin rechistar, le ha abandonado ya; lo que muy posiblemente, hará que hasta se pueda reconsiderar el pacto del abrazo. Casado puede tener un problema con una estrella en su partido que brille más que él y le pueda seguir marcando el ritmo y hasta el paso. Arrimadas, no tiene nada que hacer y le será difícil convencer a Casado para que le regale algún que otro escaño más. Abascal, seguirá vociferando, exagerando y celebrando tener algún escaño aunque no le sirva para nada salvo para fastidiar al PP y los separatistas y nacionalistas, seguirán con sus políticas de apoyos selectivos porque Sánchez es el mayor chollo y no para de ceder y otorgar lo que sea necesario para poder seguir ocupando el sillón y el colchón de la Moncloa, aunque sepa que es el peor presidente de la historia de España (incluido Zapatero) y que en Europa se ríen de él por su poca mano izquierda, nefasta habilidad para negociar y por regalarlo todo en busca de un puesto que al final se queda en el limbo y sin lograr.

Muchos pensaban que estas elecciones tan solo eran un paso, que todo estaba escrito y que nada importante podía pasar; pero como vemos, las cosas ni son tan sencillas como parecen y tienen sus consecuencias que surgen cuando menos lo piensas. Malos tiempos se avecinan para España con una grave y enorme crisis económica a la vuelta del verano; con una economía quebrada, parada y sin ganas de arrancar; con muchos conflictos laborales a la vista y por arribar; con un paro desproporcionado y una pobreza sin igual; finalmente, llegaremos a tal punto y en las manos de un gobierno que solo hace que prometer lo que no tiene; siempre nos engaña; llega tarde, con poco dinero y mal y ya veremos como acaba el tema del tan esperado y deseado maná europeo que no termina de concretarse ni de llegar.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas.

Miembro de la SAEEG.

 

Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/avisos-a-navegantes

LA PESCA ILEGAL AFECTA A LA SEGURIDAD Y DEBE TIPIFICARSE COMO UN DELITO PENAL

César Augusto Lerena*

Vista aérea. Las luces de los buques pesqueros en el Atlántico Sur. Foto: Armada Argentina

 

Nada más evidente que la PESCA ILEGAL que realiza el Reino Unido en Malvinas, donde otorga licencias de pesca, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y la propia indicación de no innovar de la Res. ONU 31/49. Fuera de ello, cientos de buques extranjeros también depredan los recursos migratorios argentinos el Atlántico Sudoccidental.

En distintos foros desde la década del 90 se promueve el combate de la pesca ilegal y, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR) con el fin de erradicar la PESCA ILEGAL; pero, después de casi 30 años, CASI TODOS LOS PAÍSES QUE PESCAN A DISTANCIA siguen efectuando pesca ilegal.

La Argentina, desde hace 50 años, sufre esta captura por parte de buques extranjeros en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y de las especies que migran desde ésta hasta la Alta Mar, causándole un perjuicio gravísimo al ecosistema, ya que con licencia o no británica se extraen del Atlántico Sudoccidental unas 950 mil de toneladas anuales, por un valor estimado a los 2.470 millones de dólares, pero también impidiendo el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente, al litoral bonaerense y patagónico, constituyéndose en un atentado a la seguridad.

Sintéticamente se entiende como Pesca INDNR (en adelante ilegal) a aquella pesca que infringe las leyes nacionales, regionales e internacionales; la no declaración o la declaración inexacta de información sobre las operaciones, las actividades de pesca que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o no pueden controlar capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en Alta Mar; las que reciben subvenciones facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.

¿Qué ha hecho al respecto la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero hasta hoy? NADA. Se dictó en 2008 un “Plan de Acción Nacional”, que es un enunciado teórico de obligaciones que ya se encuentran en las leyes y los manuales de las reparticiones públicas, sin ningún efecto práctico. Un inservible texto que, a la luz de los hechos, ya ha demostrado su inutilidad para eliminar o reducir la pesca ilegal, ya que no contiene, ni una sola acción concreta destinada a modificar la depredación brutal que realizan los buques extranjeros en la ZEE Argentina y donde tampoco se mencionan a las especies que migran hacia la Alta Mar. Un PLAN NO VINCULANTE que, al referirse al área adyacente, dice: “En lo esencial, las medidas de conservación, cuyo acatamiento se busca, consisten en el cese de las operaciones pesqueras de dichos buques en el momento en que la autoridad de aplicación argentina disponga el cierre de la temporada” (sic). ¿Alguien podría imaginarse que con esta suerte de “Antón Pirulero”, los chinos, españoles, coreanos, etc. que extraen miles de millones de dólares del Atlántico Sur, mediante este inconsistente plan “acatarían” el cierre del caladero y que, con solo ello, se evitaría la depredación de nuestros recursos?

Continuando con el área adyacente, dice que el gobierno inició gestiones en 2004 ante los Estados de Bandera (extranjeros) y “ha comenzado a procurar el acatamiento voluntario en medidas de conservación” y con este “comenzar a procurar” está hace 16 años, tiempo en que se llevaron 15 millones de toneladas, por valor de 39 mil millones de dólares. Un voluntarismo total, sin la política diplomática, de negociación y persuasión que se requiere e, incumpliendo con la obligación prevista en los art. 4º, 5º d y 22º de la Ley 24.922 y, en el art. 2º de la Ley 24.543. ¿Quién se hace cargo?

Este seudo plan remite a los espacios sometidos a la jurisdicción argentina poniendo acento en el control a la flota nacional (¿?) y, notablemente, no asigna ninguna acción a la captura extranjera en la ZEE y en la Alta Mar donde se produce la mayor pesca ilegal. Insólitamente, el plan tiene previsto su evaluación cada cuatro años, como si la depredación pudiese esperar. A su vez, subordina al Estado ribereño a las Organizaciones regionales (OROP), las cuales no están aprobadas por la Argentina, por cuanto el Congreso Nacional —en buena hora— no ratificó el Acuerdo de Nueva York (1995) que crea esas organizaciones, absolutamente favorables a los Estados de bandera (extranjeros) y que le darían más injerencia aun al Reino Unido en la administración en el Atlántico Sur. Luego de una detallada lista de observaciones al Tratado de Nueva York y las OROP que Ariel Manzi realiza en su trabajo “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar” (al que sugerimos ir para profundizar) concluye que “el Acuerdo de Nueva York, exhibido como instrumento apropiado para combatir la pesca ilegal, consolida el acceso a los recursos pesqueros a los Estados industrializados presentes en las OROP, con la consiguiente formación de redes de OROPs, a través de las cuales, se afianza la hegemonía de los “países líderes” sobre los recursos vivos de los océanos. En lo que respecta a nuestro país, las consecuencias negativas de la aplicación del concepto jurídico “pesca no reglamentada”, al haberse promovido su ilegalización equiparándolo a la pesca ilegal y a la pesca no declarada, sin fundamento jurídico alguno, sugieren que se mantenga la posición contraria a la ratificación del Acuerdo de Nueva York, por ser incompatible con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Por las mismas razones, debería asumirse una posición análoga respecto del AERP y al ICCAT…”.

La CONVEMAR, ya en su Preámbulo manifiesta que los Estados Parte están “…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto” y deben tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…”. En sus art. 55º y 56º se indica la jurisdicción del Estado ribereño donde éste deberá tener en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y, a su vez, en el art. 58º inc. 3 se indica que “…los Estados tendrán en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño…”. A su vez, el art. 61º indica que “el Estado ribereño determinará la captura permisible en su ZEE” y “…asegurará (…) que no (haya) un exceso de explotación” y, “…tendrá la finalidad de preservar las especies (…) las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas, las especiales de los Estados en desarrollo y, la interdependencia de las poblaciones…”. Por su parte, en el art. 62º se determina que el Estado Ribereño procurará “…la utilización óptima de los recursos en la ZEE (…) y los Estados de Bandera que pesquen en la ZEE deben observar (…) las leyes del Estado ribereño…”. Es decir, que la CONVEMAR, establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible, entendiendo que la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran o están asociados a estos en la Alta Mar, tanto, como la sobrepesca en la Alta Mar afectará los recursos de la ZEE, razón por la cual los Estados de Bandera en la Alta Mar están obligados a acordar la captura con los Estados Ribereños.

Cuando por imperio del art. 23º de la Ley 24.922 se otorga permisos de pesca de gran altura a buques de bandera nacional para pescar en la Alta Mar se está cumpliendo con la CONVEMAR, cuestión a la que deberían ajustarse también, los buques extranjeros, conforme el art. 63º inc. 2 de la Convención al indicar, que “cuando —tanto en la ZEE como en un área más allá de ésta y adyacente a ella— se encuentre la misma población o poblaciones asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente (…) acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones…”. Ello se reitera también, en el art. 64º para las especies altamente migratorias y, en este sentido, debiera tenerse en cuenta que, aun no estando descriptos el calamar, la merluza, etc. en la CONVEMAR como especies “altamente migratorias”, deben tenérselas como tales, porque cumplen con todos los requisitos de las especies migratorias, ya que estos recursos, originarios de la ZEE Argentina migran a la Alta Mar y regresan luego a la ZEE. Sería ilógico —y jurídicamente cuestionable— que un recurso migratorio de dominio del Estado Ribereño, por el solo hecho de transponer una línea imaginaria (200 millas), sin barreras, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema.

La Argentina en los art. 4°, 5º y 22º de la Ley 24.922 estableció el dominio de esos recursos y la protección de sus derechos preferentes en su condición de Estado Ribereño y su voluntad de organizar y mantener un sistema de regulación de los recursos migratorios en la zona adyacente a la ZEE Argentina, todo ello, ya dicho en 1995 en el art. 2º inc. c) al ratificar la CONVEMAR, donde se reserva la facultad de adoptar todas las medidas necesarias para tal fin.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), no es una libertad absoluta, ya que ésta debe acotarse a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y, “ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…” y que, entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran “el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117º, 118º); la determinación de las capturas permisibles y de conservación, teniendo en cuenta —entre otras— la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º). Al respecto, el apoderamiento por parte de buques extranjeros de especies (semovientes) de dominio de Argentina, migratorias originarias de la ZEE, es un acto de piratería, según la CONVEMAR (art. 88º, 100º y 101º inc. ii).

Independientemente de lo previsto en el art. 89º de la CONVEMAR y en el Acuerdo de Nueva York que Argentina no ratificó, es necesario destacar la preeminencia en la administración de los recursos migratorios en la Alta Mar por parte de los Estados Ribereños por sobre los Estados de Bandera, porque no podría garantizarse la sostenibilidad del recurso en la ZEE ni en la Alta Mar. No hay sostenibilidad posible si el Estado Ribereño no se constituye en administrador del Ecosistema (en la ZEE y la Alta Mar), de otro modo ¿qué sentido tiene establecer la Captura Máxima Sostenible (RMS) en la ZEE y no en la Alta Mar, cuando es conocida la migración y la existencia de especies asociadas en ésta? De igual modo, ¿qué sentido tienen vedas, reservas, etc. en la ZEE, si la especie que se preserva en sus etapas de desarrollo vital, luego, en su migración a la Alta Mar es depredada sin control?

Si los Estados sin litoral, por los art. 69º y 70º de la CONVEMAR tienen derecho a participar sobre los excedentes de la ZEE, se entiende que, dentro de la libertad de pesca “responsable” que tienen en Altar Mar los Estados de Bandera; estos y los Ribereños están obligados a acuerdos en procura de una pesca sostenible, aplicando por analogía, lo previsto en el inc. a) de los art. citados: “La necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño”.

Al respecto la FAO es esclarecedora: “las poblaciones transzonales son fundamentalmente ‘residentes’ de las ZEE y desbordan hacia alta mar” y, amplía: “observamos la tendencia a firmar acuerdos entre países costeros y los que pescan en aguas distantes, donde éstos se comprometen a pagar el acceso al recurso y, el Estado ribereño fija el número de licencias, por ejemplo, en el Pacífico Sur, Seychelles, Mauricio, Marruecos, Senegal, etc. lo cual se interpreta como un reconocimiento de facto de un derecho privilegiado del Estado ribereño (Munro, 1993)” y, también la FAO entiende, que “los ecosistemas marinos, de los que depende la pesca, van desde las zonas costeras hasta el mar abierto…”, por lo tanto, la ZEE y la Alta Mar deben tratarse como un todo y no es posible que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema.

Así las cosas ¿por qué los funcionarios argentinos, en una renuncia vergonzosa de nuestros derechos, no reclaman la captura de los recursos migratorios originarios de Argentina y no hacen cumplir la legislación argentina y el Art. 2º de la Ley 24.543 (CONVEMAR)?, mientras, que la propia directora de Recursos Naturales impuesta por los británicos en Malvinas la Dra. Andrea Clausen, entrevistada por Penguin News, dice: “generalmente hay unos 400 poteros y arrastreros de origen chino operando en el Atlántico sur…todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…”. En palabras británicas, toda una confesión, por cuanto ratifica que los recursos de Malvinas son los que migran del continente argentino.

Continúa el informe de la subsecretaría de pesca: “El patrullaje es permanente, encontrándose siempre uno o dos buques de ambas fuerzas operando en la zona con distintos tipos de estrategias, apoyado por las unidades aéreas, de acuerdo con los requerimientos de los comandantes que se encuentran operando en el área. De esta manera, cuando un buque extranjero está operando de manera ilegal en la ZEE argentina, se está en capacidad de proceder a su apresamiento y traslado a puerto para iniciar las actuaciones sumariales correspondientes”. Bueno… este informe es poco creíble, ya que ni la Armada ni la Prefectura tienen los medios suficientes para hacer ese patrullaje permanente y, la prueba de ello es que en los últimos 40 años solo apresaron 2 buques extranjeros por año, en una invasión de 300 a 500 buques extranjeros en la zona, con el agravante que, en estos días, se dejó sin efecto la compra a Estados Unidos de cuatro aviones P3 destinados al control de la pesca ilegal por parte de la Armada.

Todo se agrava porque la Pesca ilegal afecta la seguridad. La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo, al aumentar las capturas para satisfacer la demanda (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. en el Atlántico Sur.

Se estima que al menos el 30% de las capturas es ilegal, generando unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06), lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía al Estado o a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de “la seguridad humana” y los estudios de seguridad ya no se centran solo en los Estados, sino que alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas (Paris, 2001, p. 88), que se degrada en forma drástica (Ullman, 1983, p. 129). El Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano de 1994 examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2005 se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y afirma que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere que las marinas nacionales tomen medidas agresivas» (Luciano Vaz Ferreira).

En 2014 el Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima “expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad”. Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. En 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU) y lo define como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

Otros autores indican que la sobreexplotación de los recursos provoca cambios irreversibles en el medio ambiente, que se traducen en conflictos violentos y amenazas a la existencia y la dignidad humana (Myers, 1986, p. 251; Matthew, 2010, p. 08); el control de la pesca ilegal lo relaciona con la delincuencia organizada transnacional (ONU, A/RES/64/72); la inmensidad del mar, la dificultad para hacer cumplir la ley y las bajas penas impuestas por estos delitos hace a la pesca ilegal muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08) y, se utilizan estos buques de pesca ilegal para el transporte de drogas y armas, donde se utiliza el trabajo esclavo (Shaver; Yozell, 2018, pág. 16).

En este escenario resulta central acordar tareas de cooperación de seguridad en el mar y en los puertos con los países vecinos de Brasil y Uruguay para evitar su internacionalización (Ej. OROP).

En este estado de cosas, el gobierno nacional se limitó a enviar un proyecto al Congreso para aumentar las multas, pero, no pareciera que esto pueda causar un gran efecto si no se disponen de mayores medios de control y, además, de verificarse buques extranjeros realizando pesca ilegal —tratándose de una falta gravísima que afecta al ecosistema— debiera decomisarse el buque y las materias primas, conforme lo prevé la Ley 24.922 en sus artículos 43º f y 51º d y f. Aunque tampoco esto solo alcanzaría si se quiere penalizar la pesca ilegal extranjera en la ZEE Argentina (incluso en el área Malvinas) y de los recursos originarios de Argentina que migran a la Alta Mar, para lo cual el gobierno debería declarar esta práctica un delito penal, promoviendo ante el Congreso de la Nación la modificación del Código Penal de la Nación, para lo cual sugiero el siguiente proyecto:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

Capítulo I

Incendios y otros estragos y/o depredaciones

ARTICULO 186. – El que causare incendio, explosión, inundación o depredación, será reprimido:

“…6º Con reclusión o prisión de tres a quince años a quién afectara el ecosistema pesquero y marítimo y, la sostenibilidad de las especies en la Zona Económica Exclusiva Argentina o sobre los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas por cualquiera de los siguientes medios:

  1. Pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR) y/o pesca que no se encuentre habilitada por la Autoridad de Aplicación, con permisos, autorizaciones o cuotas de captura;
  2. Transportar explosivos o sustancias tóxicas y/o usar explosivos, equipos acústicos y/o sustancias nocivas de cualquier naturaleza como métodos de extracción o pesca;
  3. Llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.
  4. Descartar pescados, crustáceos o moluscos y/ deshechos al mar y/o arrojar a las aguas sustancias o detritos que puedan causar daño a la flora y fauna acuáticas;
  5. Impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales;
  6. Capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda y/o toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos pesqueros, inclusive el falseamiento de la especie capturada y/o capturar por encima del volumen de la cuota o autorización de captura otorgada por la Autoridad de Aplicación;
  7. Realizar toda práctica que atente contra la sostenibilidad del recurso pesquero.

Ello, junto a la denuncia del Gobierno Nacional ante los organismos internacionales y los bloques comerciales, de que el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA REALIZA PESCA ILEGAL en Malvinas, contribuirá a defender de mejor manera nuestra soberanía política, económica, social y alimentaria.

 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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