A 20 AÑOS DEL SUICIDIO DEL DOCTOR RENÉ FAVALORO. SU CARTA.

Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina (después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular) se debió a mi eterno compromiso con mi patria.

Nunca perdí mis raíces.

Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes, demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de post grado a todos los niveles.

Le dimos importancia también a la investigación clínica en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales.

El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces.

La relación con el sanatorio fue muy clara: los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros; la internación, del sanatorio (sin duda la mayor tajada).

Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente.

Nunca permití que se tocara un solo peso de los que no nos correspondía.

A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo.

Este era nuestro único contacto.

A mediados de la década del 70, comenzamos a organizar la Fundación. Primero con la ayuda de la Sedra, creamos el departamento de investigación básica que tanta satisfacción nos ha dado y luego la construcción del Instituto de Cardiología y cirugía cardiovascular.

Cuando entró en funciones, redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado.

La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina (parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza). Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto.

¡Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno!

Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica.

Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país.

Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían (como es lógico no a mí directamente).

Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema (que se ha ido incrementando en estos últimos años) deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda.

El que quiera negar que todo esto es cierto que acepte que rija en la Argentina, el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno.

Lo mismo ocurre con los pacientes privados (incluyendo los de la medicina prepaga) el médico que envía a estos pacientes por el famoso ana-ana, sabe, espera, recibir una jugosa participación del cirujano.

Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más! ¿De dónde proviene este infundio? Muy simple: el paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. ‘Pero cómo, usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo?’. ‘Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe’.

El cirujano ‘de real valor’ además de su capacidad profesional retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios!

Varios de esos pacientes han venido a mi consulta no obstante las ‘indicaciones’ de su cardiólogo. ‘¿Doctor, usted sigue operando?’ y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre.

Muchos de estos cardiólogos, son de prestigio nacional e internacional. Concurren a los Congresos del American College o de la American Heart y entonces sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna ‘lecture’ de significación. Así ocurrió cuando la de Paul D. White lecture en Dallas, decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos.

Pero aquí, vuelven a insertarse en el ‘sistema’ y el dinero es lo que más les interesa.

La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo (Holter eco, cámara y etc, etc.) los cateterismos, las angioplastias, etc. etc., están incluidos.

No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado, visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle ‘la operación económica’ y entregará el sobre correspondiente!.

La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir ‘no hay camas disponibles’.

Nuestro juramento médico lo impide.

Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ello se agregan deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento del ICYCC, los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atrasos de varios meses..Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica.

En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas, pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben.

Las cinco facultades médicas más trascendentes reciben más de 100 millones de dólares cada una! Aquí, ni soñando.

Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros!. Envié cuatro cartas a Enrique Iglesias, solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica!) todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta.

¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente?

Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar.

La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la C. Clinic, le decía al Dr. Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español!

Sin duda la lucha ha sido muy desigual.

El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a resquebrajarse.

Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debemos incorporarnos al  ́sistema’. Sí al retorno, sí al ana-ana.

‘Pondremos gente a organizar todo’. Hay ‘especialistas’ que saben cómo hacerlo. ‘Debes dar un paso al costado.

Aclararemos que vos no sabes nada, que no estás enterado’. ‘Debes comprenderlo si querés salvar a la Fundación’

¡Quién va a creer que yo no estoy enterado!

En este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer.

Joaquín V. González, escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos: ‘a mí no me ha derrotado nadie’.

Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular.

El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo.

‘¡La leyenda, la leyenda!’

Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga.

Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz.

Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento como decía Don Ata.

No puedo cambiar.

No ha sido una decisión fácil pero sí meditada.

No se hable de debilidad o valentía.

El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, hable de debilidad o valentía.

El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano.

Sólo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad.

Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en USA se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así.

En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta.

En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara.

A mi familia en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco.

Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa.

Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles.

Un abrazo a todos

René Favaloro

 

EL PEZ POR LA BOCA MUERE Y EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO. DOS AXIOMAS QUE NOS HABLAN DE EMPRESAS Y CÁMARAS PESQUERAS.

César Augusto Lerena*

Imagen de Ann en Pixabay

Días pasados nos llegó un folleto de una llamada Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) que estaría integrada por solo seis empresas (o grupos) que dicen exportar el 70% de los productos pesqueros argentinos. Si bien este porcentual no está claro, de ser cierto, podría estar arrojando algunas conclusiones iniciales.

En primer lugar, llama la atención, que en estos últimos meses hayan aparecido ya dos organizaciones sin fines de lucro, integrados mayoritariamente por empresas extranjeras, preocupados por el cuidado ambiental y que lo hagan cuando hay un esfuerzo de internacionalizar el Atlántico Sur promoviendo la instalación de organizaciones regionales (OROP), bajo el pretexto de la creciente pesca ilegal y estemos a poco tiempo de vencerse las cuotas de captura en la Argentina.

En segundo lugar, el alto porcentual de las exportaciones (70%) en manos de tan pocas empresas, en principio, sería una concentración inaceptable de la actividad, que se agrava, porque se trata de concesiones del Estado Nacional y de las Provincias, contraria al espíritu y a la letra de la legislación vigente. Al mismo tiempo, esta Asociación avanzaría sobre una representación que debiera ejercerla el conjunto de la actividad, agrupada en distintas Cámaras y este folleto de promoción, además de cometer algunos errores formales y de diseño (La Pampa no es una provincia ribereña y se omiten espacios territoriales marítimos e insulares y la Antártida Argentina), no avanza en forma concreta en qué podría consistir su aporte al sector pesquero y a los poderes públicos.

Empezaré por decir que este grupo de empresas tiene propios o en locación un 77% de buques congeladores y un 23% de buques fresqueros y, ello solo, contraría el modelo industrial de generación de valor y empleo, previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922): “…el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos (…) favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”, ya, que estos cuatro puntos solo se logran, si se utilizan buques fresqueros y los procesos se realizan en plantas industriales en tierra, ya que aquí se aprovecha el 100% de la materia prima (incluso los residuos), es decir se hace un aprovechamiento más racional, con mayor cuidado del ambiente marino, agregando valor y mayor mano de obra intensiva.

Cuando en 1998 en el art. 2º de la ley se plasmó el reclamo sectorial de que se la considerara una actividad industrial y no meramente productiva. Esta argumentó que la pesca cumplía con los cuatro parámetros descriptos en el artículo citado y, ello, no era una cuestión semántica, ya que esa tipificación significó beneficios económicos por la producción de bienes que generaban valor y mayor empleo y no solo actividades extractivas y/o de bajo proceso y/u ocupación. Se podrá discutir la eficiencia, pero no el modelo, donde el Estado —el propietario del recurso— debe, además de asegurar la sostenibilidad, garantizar el mayor rendimiento económico y social a partir de una misma materia prima y no exportar commodities con bajo empleo, beneficiándose a los importadores y procesadores de los países de destino.

Otra cuestión son las cuotas —y por analogía las autorizaciones— que tendrían asignados los buques de este grupo, ya que, por ejemplo, una de estas empresas, a pesar de tener muy pocos buques propios, está entre los principales exportadores del país. Es decir, se podría estar desvirtuando lo previsto en el art. 27º de la ley que indica: “…Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el Consejo Federal Pesquero (CFP) sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”, por lo que habrá que analizar este y otros innumerables casos donde el límite máximo de cuotas podría estarse evadiendo a través de operaciones inmobiliarias de locación, cesión o acuerdos de pesca y compra-venta de materias primas que, en realidad, podrían estar encubriendo de hecho una transferencia de cuotas o autorizaciones que superaría los límites de captura asignados a la empresa o grupo empresario.

Es evidente, que las demás condiciones que debe establecer el CFP, como refiere tanto el art. 27º de la ley como en el art. 12º de Decreto 748/99, deberán replantearse, ya que, si bien es conocido y lo hemos expresado reiteradamente de la lectura del folleto de esta Asociación se desprende la concentración monopólica indeseada que sufre la pesca y, es fácil imaginar la presión, que sobre las pequeñas y medianas empresas se puede ejercer en una actividad netamente exportadora —el folleto refiere a la exportación del 90% de la producción— (sic), donde estas empresas dicen tener presencia en más de ochenta mercados (sic).

Esta cuestión está ratificada con mucha claridad en el Acta CFP 48 del 6 de diciembre de 2007, donde refiere a la política de administración del recurso pesquero y reitera que “…no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el CFP (…) a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas” y la Ley 24.922, en este sentido, guarda analogía con la Ley 25.156 (de Defensa de la Competencia) y la Res. 164/2001 de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, que contiene los lineamientos para el control de las concentraciones económicas.

Es obvio, que estas concentraciones no pueden referirse solamente a las especies cuotificadas, sino también, a aquellas que requieren autorización para su captura en el Atlántico Sur, dándole de esta forma oportunidad de disponer del recurso del Estado no solo a las grandes empresas, sino también, a las medianas y pequeñas e, incluso, a aquellas que no teniendo buques, necesitan de la materia prima para su industrialización, dándose cumplimiento al objetivo previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922).

A la luz de los hechos, los parámetros que utilizó el CFP en el Acta 49 del 11 de noviembre de 2009 para adjudicar las cuotas, fueron erróneos y vinieron a confirmar lo que ya se conocía de otros países: que este tipo de cuotificación y su transferibilidad genera concentración. Según nos dice, esta Asociación, 6 empresas (o grupos de), exportan el 70% de lo que produce el país y, si aceptamos como válido ese porcentual, podríamos concluir que realizándose ello con unos 96 buques propios o alquilados, más mercaderías adquiridas a terceros o capturadas por estos, mediante distintos tipos de convenios, incluso financiando las operaciones, es decir, una suerte de trabajo a fasón, quedarían afuera unas 300 plantas industriales y unos 430 buques pesqueros que solo acceden al 30% de las exportaciones.

De los textos del folleto de esta Asociación se desprende que, si computásemos las exportaciones de 2018, seis empresas se llevaron 1.500 millones de dólares, es decir un promedio 250 millones de dólares cada una, mientras que los 430 buques restantes y/o las 300 plantas industriales de Argentina se repartieron solo 643 millones de dólares. Una pésima administración, distribución y concesión del recurso pesquero de dominio del Estado Nacional y los Estados Provinciales, que no asegura —al menos— a quienes les otorga cuotas y autorizaciones una Unidad Económica Pesquera, por lo que muchas empresas terminan siendo rehenes de las grandes empresas concesionarias.

La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Las especies por capturar viven en un sistema biológico complejo que debe ser sustentable a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también asegurar una “Unidad Económica Pesquera”, para que también los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse en esta actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar de hecho o derecho transfiriendo sus cuotas y autorizaciones.

La presentación en sociedad de esta Asociación puso al descubierto el origen de las principales empresas (si bien ya estaban detalladas en todas las revistas especializadas) que explotan y exportan nuestros recursos, indicándonos, en primera persona, que ya no queda nada o muy poco, de aquellas empresas nacionales pesqueras del 70. ¿Esto en sí mismo es un problema? No. Todas las inversiones debieran ser bienvenidas en la Argentina, en tanto y en cuanto lleven adelante un modelo industrial, de exportación de alto valor agregado y ocupación de mano de obra, como establece la ley argentina. Cuestión que este modelo —que impera desde hace décadas en nuestro país— no tiene en cuenta, por lo cual se extraen nuestros recursos, se regala la mano de obra a terceros países y se coloca en situación de insustentabilidad a medianas y pequeñas empresas que procesan en industrias en tierra.

Frente a este panorama el Subsecretario de Pesca y los miembros del Consejo Federal Pesquero y, con motivo del próximo vencimiento de las cuotas entregadas en concesión, debieran producir un cambio substancial en la política pesquera, una de ellas es la referida al otorgamiento de cuotas.

Las especies cuotificadas son cinco (merluza común, merluza negra, merluza de cola, polaca y vieira) y otras solo requieren autorización (langostino, calamar, etc.). Analizaremos las empresas en relación con la merluza y el langostino, ya que juntas, representan el 72% de las exportaciones.

En el caso de la merluza, la Res. CFP 23/2009, en su art. 3º se estableció con qué parámetros se ponderaría a cada empresa a la hora de otorgarles las cuotas, aunque no se ajustaron al orden y cuantificación de las prioridades de los artículos 1º y 27º de la ley 24.922. Ello debería revisarse si se quiere hacer una distribución que promueva un desarrollo más equitativo de la actividad. A su vez en su art. 4º se fijó el “Porcentaje Máximo de Concentración por empresa o grupo empresario en el 10% de la Captura Máxima Permisible (CMP)”, es decir, este porcentual podría permitir que diez empresas se queden con la totalidad del recurso disponible en perjuicio del conjunto de las empresas, produciendo una concentración indeseable. Este porcentual durante el gobierno de Macri por Acta CFP 34/2018 y Res. 15/2018 se aumentó al 15%, es decir, ya no 10 sino 6,7 empresas podrían quedarse con toda la merluza. En 2018 las cinco primeras exportadoras de merluza pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es de esperar un cambio? Sería sorprendente, ya que uno de los miembros del Consejo Federal Pesquero que aprobó sin fundamento alguno el aumento porcentual de la cuota (ver Acta 34/18) durante el gobierno de Macri, es hoy el Subsecretario Pesca Carlos Liberman. Un Modelo Concentrador no es igual a otro de Distribución, como indica, el más elemental modelo de administración pesquera.

En el caso del langostino, esta especie representó en 2018 el 61% de los dólares exportados pesqueros y, pese a ello, el Subsecretario y el CFP parecieran carecer de la decisión para administrarlo, representando el interés del conjunto de la actividad y, asegurar su racional uso como fija la ley. El CFP dictó las Res. 7/2018 y 4/2019 de “Medidas de Administración del Langostino” que sintetiza las contradictorias y depredadoras políticas iniciadas en 1988. Mediante estas normas se produjo las transferencias de capturas de buques fresqueros y costeros a congeladores y, junto a ello, la depredación del recurso; la exportación de enteros; la pérdida de mano de obra nacional y, el procesamiento en el exterior. Pérdida de mano de obra que se entiende fácilmente si se analiza la falta de proceso y la relación entre fresqueros-congeladores que en 1976 era de 92% a 8% y en 2018 de 48% y 52% respectivamente. A ello se agrega la auditoría de la UBA y AGN y las distintas transferencias y reformulaciones aprobadas, que deberían analizarse si cumplieron con las exigencias legales y se ajustan a la exigencia de no aumentar esfuerzo, según lo previsto en el art. 30º de la Ley 24.922. En 2018 la Certificadora Seafood Wath colocó tarjeta roja al langostino argentino, recomendando a los consumidores: “No compre, están sobreexplotados o capturados de manera que dañan a otras especies marinas o al medio ambiente” (sic); además de accesoriamente de calificar negativamente a la merluza (incidental del langostino) y concluyó: “sólo a veces (la administración) sigue el consejo científico y hay una falta de políticas de largo plazo, falta de experiencia en temas de gestión, y una fuerte influencia de la política o economía sobre decisiones técnicas”, cuestión, que los científicos argentinos ya dejaron en claro: “la evolución no se explica solo como el resultado de la estrategia actual”. Así es, las recomendaciones de los investigadores han sido desestimadas por la Autoridad de Aplicación, en especial, en lo relativo a los descartes y a la pesca incidental, lo cual resulta absolutamente grave. Otras cuestiones, deben regularizarse: buques de más de 40 metros de eslora pescan (ya prohibido en Art. 1º Res. SAGyP 1113/88); capturas de más de dos mil toneladas y una concentración excesiva por grupo empresario (18 buques congeladores o fresqueros, siempre que no se supere el número total de 26 buques congeladores y fresqueros), que puede incrementarse por vía de contratos entre empresas. En 2018 entre las seis primeras exportadoras cinco pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es posible alcanzar una administración más equitativa del recurso? En la administración de 2018 y en esta, de 2020, hay tres cuestiones en común, la primera, el entonces Secretario de Pesca de Santa Cruz Carlos Liberman era miembro del CFP que aprobó la Res. 7/2018 y hoy es el Subsecretario de la Nación; la segunda, que no obstante la presencia de este funcionario las grandes perjudicadas fueron las Provincias de Santa Cruz y Chubut (en cuyas aguas se origina este recurso) y las empresas de mayor generación de empleo; la tercera, que, habiendo reducido el valor agregado y empleo, la pobreza y la desocupación crecerán, donde la Patagonia tiene el más bajo desarrollo industrial (13,9%).

Por más importancia que tengan estas seis empresas de esta Asociación sin fines de lucro, su folleto promocional bajo el título “Visión para el desarrollo del sector pesquero argentino”, parece un tanto pretencioso y excluyente, frente a un conglomerado de un total de 530 buques y 300 plantas industriales. Digamos que sería más adecuado, “Visión para el desarrollo de la actividad concentrada en el sector pesquero argentino”. Es evidente que su mirada deja en evidencia, un modelo concentrador que ha primado en el país desde -al menos, la década del 90 y el dictado de la Ley 24.922.

Esta Asociación, sin fines de lucro (¿?), nacida ayer, pero en gestación desde hace un tiempo atrás, está integrada, como dicen, por “las principales empresas del sector pesquero argentino” (sic), que, vienen a blanquear un procedimiento existente en el sector desde su nacimiento: ejercer, por fuera de las organizaciones el verdadero poder empresario frente al poder político de turno: “asegurar que su voz sea parte integral de las principales decisiones y espacios vinculados a la actividad”. Las Cámaras Empresarias (CAPECA, CAABPA, CIPA, CAPIP, CALAPA, AEPC, etc.); sus empresas integrantes, sus gerentes y hasta sus oficinas parecieran estar quedando —frente a esta irrupción como de cartón pintado y hasta de un gasto innecesario. ¿Quién tendrá la representación empresaria pesquera? ¿Seis grandes empresas o quiénes poseen más de 400 buques y 300 plantas industriales?

Ahora, mientras esto ocurre, el sector pesquero argentino es un receptor de amenazas internas (impuestos, costos internos, pobreza) y externas: con un producto netamente destinado a la exportación se enfrenta a economías más proteccionistas; caída de precios; capturas extranjeras subsidiadas; debilidad del MERCOSUR; organismos internacionales cuestionados y, países que, con restricciones ambientales o derivadas del Brexit (caso la UE) o necesitados de proteínas (caso China) van en busca a distancia de los recursos de los países ribereños. Andrés Malamud y Esteban Actis, post-pandemia, dirían: “Las riquezas de América Latina la tornan vulnerable, no poderosa. Los países como el nuestro son cola de ratón”.

En este escenario, ¿quién será el que conduzca la política nacional sectorial? ¿Los gerentes que deben rendir cuentas a sus accionistas extranjeros o los empresarios que toman decisiones para sostener su estructura productiva y el pago de salarios todos los meses? ¿Los seis empresarios o todo el sector empresario, laboral y gubernamental pesquero atrás de un plan?

Una batalla perdida es una batalla que se cree perdida (Mariscal de Saxe)

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

Copyright ©2020