ILUSIONES FRANCESAS DE GRANDEZA EN PRESENCIA DE CHINA

Giancarlo Elia Valori*

El 20 de octubre de 2020, la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, anunció que la marina francesa sufrirá la mayor modernización de los últimos treinta años. Parly señaló que el portaaviones de última generación de Francia ya está en construcción, entrará en servicio en 2038 y se convertirá en el sucesor del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle. El portaaviones estará equipado con aviones de combate de última generación desarrollados conjuntamente por Francia, Alemania y otros países —cazas SCAF—.

Parly no ha revelado ningún otro detalle del portaaviones de próxima generación ni si utilizará energía convencional o nuclear. Teniendo en cuenta que la Armada Francesa es la única fuerza armada marítima fuera de los EE.UU. que tiene un portaaviones de propulsión nuclear, la próxima generación de portaaviones diseñados independientemente de Francia es más probable que adopte dicho combustible.

Además, los franceses recibirán varios buques nuevos en un futuro próximo, incluyendo submarinos nucleares con misiles balísticos y fragatas adicionales.

Para aumentar su poder naval, Francia no midió gastos. Según el plan, hasta 2023 Francia habrá destinado 110.000 millones de euros para la compra de armas y equipos. La marina francesa ya ha comenzado la construcción de un misil balístico lanzado por submarinos de tercera generación (SLBMs) aunque no se han revelado detalles.

En cuanto a los buques de combate, las dos fragatas Alsacia y Lorena, serán entregadas a la Armada francesa en 2021 y 2022, respectivamente.

Más tarde, la Marina francesa cambió su enfoque a fragatas defensivas y de intervención. Francia planea construir cinco fragatas de este tipo: el primer barco está en construcción y se espera que sea entregado a la Marina en 2023. Reemplazarán gradualmente a las fragatas de la clase Lafayette, utilizan tecnología naval de última generación, tienen funciones de camuflaje y tienen una amplia gama de usos.

La Armada Francesa también comenzó en julio de 2020 la construcción de diez buques patrulla. Según los informes, estos buques patrulla de 2.000 toneladas pueden ser utilizados en la guerra antisubmarina y pueden llevar a cabo una serie de misiones marítimas. Entre ellos, los dos primeros buques serán entregados en 2025.

Para apoyar las operaciones militares francesas en el extranjero, la Marina francesa también ha ordenado seis patrulleras en el extranjero, vitales para la tarea de proteger la zona económica exclusiva de Francia y luchar contra el tráfico ilegal. Se ha informado que estos buques serán entregados de 2024 a 2025.

La mejora del submarino de ataque nuclear también está procediendo de acuerdo con el plan. Seis submarinos nucleares de la clase Barracuda reemplazarán a los submarinos de ataque nuclear activos de la clase Ruby y se convertirán en la principal fuerza submarina francesa. El 21 de octubre, el Ministerio de Defensa francés emitió un comunicado de prensa indicando que el primer submarino nuclear de la clase Barracuda, el Sufran, probó con éxito un misil de crucero por primera vez el día anterior. Y eso indica que la Marina francesa tiene una nueva capacidad de ataque estratégico.

Además, Francia ha reforzado constantemente su cooperación con las marinas de sus aliados europeos. Por ejemplo, el grupo naval francés y el grupo italiano Fincantieri están trabajando juntos para construir un buque de apoyo logístico, el primero de los cuales será entregado en 2025. Francia también integrará sistemas aéreos no tripulados con el Reino Unido.

Pero no hay escasez de la grandeza de los viejos tiempos. Parly anunció el 8 de febrero de 2021 que dos unidades de guerra patrullaban en el Mar de China Meridional: el submarino de ataque nuclear Émeraude y el buque de apoyo y asistencia metropolitana Seine.

Una señal de que Francia no le teme a la emergente Marina de la República Popular China y defiende sus intereses en esos mares. Sin embargo, es razonable suponer que las dos unidades fueron enviadas por órdenes directas del Quay d’Orsay, bajo órdenes indirectas de la Casa Blanca para probar el terreno.

De hecho, la Ministro Parly dijo que esta patrulla es un testimonio significativo de las capacidades de despliegue de larga distancia de la marina francesa junto con Australia, Estados Unidos, Japón, India y socios estratégicos.

Jean-Vincent Brisset, experto asiático en seguridad del Institut français des relations internationales dijo a France 24 que las misiones marítimas de Francia desde septiembre de 2020 incluyen patrullajes en la región indopacífico. El objetivo es demostrar que Francia siempre ha estado en la región en forma militar; compromiso ya establecido por el Ministro de Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian cuando fue Ministro de Defensa hasta 2017.

Francia incluso anunció oficialmente el principio de defensa de la región indopacífico en 2019, lo que demuestra que París le da gran importancia.

Brisset señaló que en el contexto geopolítico de la tensa relación entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional y la confrontación entre Australia y la propia China, Francia está tratando de recordar al mundo que defenderá sus intereses en aguas asiáticas.

Antoine Bondaz, investigador francés de la Fundación la Recherche Stratégique, reiteró que en términos de derecho internacional, es legal que la marina navegue y realice misiones por todo el mundo.

A Pekín, por supuesto, no le gustan las marinas extranjeras que pasan el rato en esta zona, pero no es la primera vez que Francia lo hace. Envió dos fragatas a través del estrecho de Taiwán en 2019 y Pekín más tarde protestó.

Sin embargo, Francia decidió regresar a las aguas y envió un submarino de ataque de propulsión nuclear. El corresponsal militar Jean-Dominique Merchet de L’Opinion señaló que la señal que se está liberando actualmente es mucho más fuerte que la de las fragatas.

Brisset cree que en el contexto global de las relaciones diplomáticas, esta es una manera de que Francia demuestre que no le teme a las relaciones de poder con China.

Bondaz dijo: “Esto es para mostrar a nuestros socios en Australia, India y Japón que no sólo somos buenos hablando. Francia debe demostrar que está dispuesta a actuar para defender nuestros principios. Sólo así tendremos presencia en esta región. Credibilidad”.

Además el gobierno francés, a través de Parly, dijo a France 24 que Francia debería patrullar la zona cada año y que en unas semanas París planea enviar una “flota anfibia terrestre y marítima” a Japón.

La razón por la que Pekín aún no ha protestado no es sólo porque un solo submarino de este tipo no representa una amenaza, sino también porque la respuesta oficial de China podría tener efectos vergonzosos: y de hecho son notables la diplomacia y la prudencia chinas.

Por un lado, el pueblo chino también tendrá la impresión de que el gobierno no puede controlar completamente las aguas; pero por otro lado, una reacción exagerada a un submarino haría que otros países entendieran que China realmente considera que el Mar de China Meridional es agua cercana. Sin embargo, a medida que se intensifica la rivalidad entre Estados Unidos y China, este último —al mismo tiempo— no desea despertar disgustos en el frente europeo.

Sin embargo, a medida que China reclama influencia sobre estas aguas en disputa, de todos modos París corre el riesgo de enojar a Pekín. La Ciudad Prohibida no es el Coliseo durante la crisis libia cuando —en palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores italiano Frattini— la Torre Eiffel y la Torre de Londres, amenazaron a nuestro país con bombardear por error las plataformas DEI frente a Libia, si intentamos cualquier acción en defensa del gobierno legítimo de Gaddafi.

Si China quisiera desayunar con los dos barcos, no lo pensaría tanto, y ciertamente el demandante tío Sam no correría en el coche de esos despiadados indígenas transalpinos.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Porhibida su reproducción.

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TIERRA NACIONAL. EL ALQUIMISTA Y LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Laura Brovedani*

Foto GCBA

El destino de la Tierra Nacional, es un motivo de desconcierto y angustia permanente para el ciudadano argentino. Esto ocurre porque existe una alquimia mediante la cual el Estado Nacional dispone de nuestra tierra y la transforma en las Joyas de la Corona para ciertos gestores inmobiliarios

La miríada de reparticiones públicas nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con variopintas metodologías modificadas continuamente por múltiples Decretos, Resoluciones y cuánta medida administrativa se conozca o se invente, con un Congreso Nacional complaciente y funcional a intereses que no son exactamente los de los ciudadanos que lo eligieron, han convertido en insondable la verdadera realidad de la tierra pública.

En lo que respecta a la tierra nacional, tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Ciudad, tienen un comportamiento camaleónico al que muchos le llaman “grieta” y que en realidad es una hermandad de obligada asociación entre Nación y Ciudad para la concreción de negocios inmobiliarios.

Este trabajo es sólo una breve síntesis sobre quien es el “el Alquimista” de la Tierra Nacional; y es nada más y nada menos que el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Debemos remontarnos a varias décadas atrás cuando el Brigadier Osvaldo Cacciatore sancionó un nuevo Código de Planeamiento Urbano para la Ciudad de Buenos Aires, que fuera derogado, sancionándose uno nuevo en el año 2000 por ley 449/2000, el que luego fuera derogado, sancionándose un nuevo código por Ley 6099/2018, llamado Código Urbanístico de la CABA.

Todos estos Códigos facultan al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires a proponer los usos y destinos de todas las tierras que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las tierras del Estado Nacional, quien a los efectos legales, es un propietario más. Propuestas que deberían ser tratadas acorde con las normativas vigentes y que, sin embargo, el Jefe la Ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora el “Alquimista”, por su tremenda influencia en la Legislatura Porteña, a través de reparticiones como la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) y de espaldas a la Constitución de la Ciudad, puede convertir una choza en un emprendimiento inmobiliario fabuloso.

Todo comenzó en el año 2007 cuando el Presidente Néstor Kirchner, firmó un convenio en “Materia de Transporte Ferroviario” con el entonces Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri, para solucionar los problemas de tránsito que generaba el ferrocarril en la CABA.

Allí se acordó que las inversiones y gastos que cada parte afronte podrían ser compensados entre ellas, previo acuerdo y documentación de costos, gastos e inversiones.

En el año 2012, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el Decreto 1382/12 mediante el cual se disuelve la Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) ente administrador y se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado: (AABE), ente descentralizado dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación, el cual debía preservar el patrimonio inmueble nacional, redefinir usos y funciones y podía enajenar, previa autorización.

Durante la misma gestión, la AABE, apenas inaugurada firmó un convenio con el Jefe de Gobierno de la CABA Mauricio Macri para que los inmuebles supuestamente innecesarios en el ámbito de transporte sean rezonificados y obtener un mayor valor en su venta para el pago de los convenios antes mencionados.

Dichos convenios fueron aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conjuntamente con todos estos pactos y convenios comenzó la mayor reestructuración del manejo de la tierra nacional que para muchos pasó desapercibida; y la más importante, fue la que mediante el Decreto 2670/2015 que modificó al Decreto 1382/12, y que ordenado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, le otorga a la AABE el poder de disposición de los bienes del Estado. Léase correctamente BIENES DEL ESTADO DE LA NACION ARGENTINA.

Se puede concluir que con el Decreto 2670/2015, los argentinos perdimos la patria potestad de nuestra tierra Nacional por los poderes casi absolutos otorgados a esta oculta repartición Administrativa, con domicilio en Ramos Mejía 1302 CABA. Una repartición a la que se le dio el control total para la administración, cesión y disposición de los bienes inmuebles del Estado Nacional, facultándola además, plenipotenciariamente.

Por ejemplo y retomando el Expediente 1050/21, cuya la carátula del es:

EXPTE. N° CAF 1050/2021, AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO c/ GCBA s/MEDIDA CAUTELAR Radicado en el Tribunal  Federal en lo Contencioso Administrativo N° 10 a cargo del Juez Walter LARA CORREA, Juez Federal

En este Recurso de Amparo, entre otras cosas y cito textual, Nación “// instruye a la AABE a revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10/12/15 y hasta el 10/12/19” Presidente Mauricio Macri – Jefe de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta.

Los inmuebles que la AABE reclama en este Recurso de Amparo son: Moldes 1480, Moldes 980, Moldes 1020, Roosevelt 5240, Virrey Olaguer y Feliú 2870, Brasil 16 /34 inmueble que  hoy es un Club de Tenis, y que ninguno de ellos corresponde ni al Viaducto San Martin ni al Viaducto Mitre, ni al ferrocarril Belgrano Sur ni a la Estación de Belgrano R como apareció en las noticias.

Por lo que es muy importante corregir la errada interpretación ocurrida a través de distintos medios de publicación masiva en lo que se informó lo siguiente:

“Se impidió la venta de tierras públicas que corren bajo el Ferrocarril Mitre”.

“La justicia frenó un negocio inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires”

https://www.pagina12.com.ar/329591-la-justicia-freno-un-negocio-inmobiliario-de-la-ciudad-de-bu

“El Gobierno logró que la Justicia bloquee los traspasos de terrenos a la Ciudad”

“Le ordenó al gobierno porteño “no alterar la situación de hecho” sobre las parcelas que ocupan los viaductos Mitre y San Martín”

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-logro-que-la-justicia-bloquee-los-traspasos-de-terrenos-a-la-ciudad-nid15032021/

“La justicia frena la venta de 8 predios y obliga a Larreta a negociar con Nación”

“Se trata de terrenos en Colegiales, La Boca, Belgrano y Villa Urquiza que Macri traspasó para costear las obras de los viaductos Mitre y San Martín.”

https://www.lapoliticaonline.com/nota/132702-la-justicia-frena-la-venta-de-8-predios-y-obliga-a-larreta-a-negociar-con-nacion/

“Un fallo judicial impide la venta o la modificación de los bajos del viaducto del tren Mitre”.

https://www.puraciudad.com.ar/un-fallo-judicial-impide-la-venta-o-la-modificacion-de-los-bajo-viaductos-del-tren-mitre/

Las notas periodísticas con entrevistas realizadas a vecinos y representantes de Asociaciones Vecinales, a los que se les preguntó acerca de la “venta del viaducto Mitre” y “ la Justicia obliga a Larreta negociar con Nación”, colaboró a la total confusión y tergiversación sobre un hecho real que fue/es un Recurso de Amparo de Nación contra Ciudad, Expediente 1050/21.

Es importante recalcar que ni el Presidente de la Nación Alberto Fernández, ni la AABE, han cuestionado y/o han solicitado investigación sobre la cesión, concesión, dación en pago, venta de otros bienes nacionales como: Viaducto Mitre, Viaducto San Martín, Belgrano Sur, Playón Colegiales, Tiro Federal, Estación de Belgrano R. etc.

Las fechas del reclamo de Nación y AABE que van “desde el 10/12/2015 y hasta el 10/12/19” indican que ponen en duda la entrega de los terrenos mencionados en el expediente y que se hiciera por el entonces Presidente Mauricio Macri, al “alquimista” Jefe de Gobierno de la CABA Horacio Rodriguez Larreta, entrega que supuestamente obedece al convenio antecedente firmado en el 2007 entre Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Terrenos que de prima facie y per se no tienen mucho valor por la capacidad de construcción de metros cuadrados y que estarán en distintos expedientes en las oficinas de Parque Patricios a la espera de que “el alquimista”, de la mano de la Dirección General de Interpretación Urbanística y apoyado por una Legislatura que tal como se refiere en el convenio de 2007 Néstor Kirchner-Mauricio Macri, puede hacer excepciones y permitir la construcción de varios cientos miles de metros cuadrados, comúnmente llamados “emprendimientos inmobiliarios”.

Es de conocimiento público que el controvertido actual Código Urbanístico Ley 6099/2018 ha sido varias veces modificado desde su sanción. Y es destacar que este Código tiene varios capítulos aparte dedicados exclusivamente a los usos y destinos de la tierra nacional como por ejemplo a los Viaductos Mitre, San Martín; Gral. Belgrano Sur, etc. Usos y destinos casi en su totalidad comercial.

Uno de ellos es un MEGASHOPPING de 4 km en el Viaducto Mitre y que atravesaría la Ciudad de Buenos Aires a través de Palermo, Bosques de Palermo, Rosedal, Barrio de Belgrano etc. usos y destinos fuertemente rechazados por todos los vecinos y Asociaciones Vecinales de la CABA y que sin embargo, el “alquimista” y la legislatura porteña  lo mismo aprobaron.

Para sorpresa de muchos y extrañeza de otros tantos, en esos últimos meses hizo su aparición un mail llamado tierrasferroviariasverdes@gmail.com que, encabezado por algunos ex legisladores que estuvieron en la gestión del nuevo Código Urbanístico Ley 6099/18, tiene una clara intención de dar un giro de 180° respecto a los capítulos de usos y destinos de los Viaductos Mitre, Viaducto San Martín y otras tierras nacionales, por lo que han decidido presentar al menos 5 (cinco) nuevos proyectos de Ley, sacándoles los usos y destinos comerciales a los Viaductos y tierras nacionales y reconvertirlos sólo en espacios verdes modificando nuevamente la Ley 6099/18, Código Urbanístico

Desentrañar quién o quiénes son los verdaderos dueños de nuestra tierra nacional, sería desatar un laberíntico nudo gordiano que ocuparía quizás 12 tomos de 1.000 páginas para arribar al punto de partida o quizás al fin, correr un velo que hoy nadie quiere correr por temor a las consecuencias.

Este desorden, el que además demuestra la debilidad de nuestras instituciones y leyes y que estas últimas se modifican como si fuera un menú a la carta del “comensal”, pone en duda la credibilidad o factibilidad de cualquier pacto o convenio inmobiliario.

Hay una nueva hipótesis que se está manejando, que dice que para “los emprendedores” no hay nada más seguro que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que deje en claro la situación de los inmuebles. Esta nueva metodología traería tranquilidad a la posible inversión de varios miles de millones de dólares para desarrollar emprendimientos en tierra Nacional, hipótesis que nos redirige al Recurso de Amparo, Expediente 1050/21.-

La pregunta que nadie contesta es ¿Cuál es la política urbana y territorial de nuestro país? Al parecer, es la que beneficia a unos pocos, con costos altísimos a pagar en el futuro, no sólo en términos sociales y económicos sino también culturales y ambientales.

 

* Licenciada en Geografía graduada en la Universidad Nacional de Cuyo. Presidente de la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano. Especialista en Medio Ambiente y Urbanismo.

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GUAYANA ESEQUIBA: ¿DE QUÉ LADO ESTARÁ LA JUSTICIA?

Abraham Gómez R.*

Pareciera, según la apreciación de algunas personas, que es inmenso el plazo de dos años concedido por la Corte a nuestro país, para que consignemos por escrito el memorial de contestación a la demanda que nos interpuso la excolonia británica.

La experiencia nos señala que los tiempos para los arreglos de pleitos internacionales conllevan implícitos sus propios ritmos y dinámicas; y lo que llegamos a calificar de rápido en ese ámbito, por lo menos viene arrastrando varias décadas. Hay demasiados ejemplos que, con holgura, determinan la aseveración antes expuesta. De modo que, no tenemos mucho tiempo para desperdiciar.

A mi modo de ver, lo que debe preocuparnos, seriamente, apunta en otro sentido. ¿Saben qué?, que cunda el enfriamiento de nuestro justo reclamo entre los entes competentes administradores de la política exterior en nuestro país, así como otros similares del sector público. Añádase esta otra inquietud: resultaría desconcertante que las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades caigan en la dejadez y la displicencia; cuando, contrariamente, lo que debemos hacer es sentirnos obligados al absoluto aprovechamiento del lapso temporal que se nos ha dado; además, fijarnos como tarea concitar el inmenso talento humano diseminado por toda la nación; nuestro objetivo, sin mezquindades, apunta a convocar a los intelectuales y estudiosos densamente formados y conocedores a fondo de la citada controversia.

Con seguridad, bastante gente compartirá lo que diré de seguidas: que nos encontramos en otra oportunidad de suma importancia para prepararnos, de manera total, para encarar la confrontación ante la Corte Internacional de Justicia; donde nos haríamos Parte del juicio; respetando que —asistir o no— es una expresa decisión del jefe de Estado, conforme a sus atribuciones constitucionales. Hemos planteado un referendo consultivo; sin embargo, la última palabra de hacernos presente en la CIJ la toma el jefe de Estado.

Por lo pronto se han desatado en toda Venezuela discusiones dilemáticas que —aunque algunas son de relativo agrado, porque mantiene vivo el aspecto contencioso— debemos prestarle el mayor interés para hacerle nuestras propias observaciones y conjeturas.

Todavía conseguimos a quienes opinan y se inclinan por la tendencia de que Venezuela no se haga presente en ninguna de las etapas del Proceso jurídico que lleva adelante la Alta Sala sentenciadora de la ONU. Aducen que nuestra personación en el juicio, para cumplir con los actos concluyentes y manifestar consentimientos de obligar, equivale a seguirle el juego a la contraparte, y caer en su estrategia. Para este grupo de venezolanos nuestra ausencia debe ser total.

Nos luce una posición respetada, pero no la comparto en lo más mínimo. Diré mis razones. Primero: con la presencia o ausencia de la delegación diplomática de Venezuela (y sus coagentes) el juicio seguirá su curso. El proceso en ningún momento se paralizará. Segundo: si no vamos, el jurado tendrá la oportunidad de escuchar “una sola campana”, el 8 de marzo del próximo año; porque a nuestra entera voluntad le dejaríamos a Guyana el escenario a su regusto para que insista, con sus falaces alegaciones, en que el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 constituye Cosa Juzgada.

Tercero: tal vez el más protuberante, la Corte está dispuesta a resolver este pleito, inclusive así nosotros estemos ausentes. Ya lo decidió —como para que abramos los ojos— en la fase previa, el 18 de diciembre del 2020, cuando se autoconfirió jurisdicción y competencia y de inmediato pasó a conocer el fondo de la causa.

Mi indeclinable e invariable opinión sigue siendo que debemos hacernos Parte del Juicio, aunque sea bajo protesta. Tal hecho constituirá una valiosa ocasión para esgrimir nuestros elementos probatorios de la vileza con la que actuó ese jurado arbitral, con vergonzosa prevaricación.

Idénticas manifestaciones percibimos por la Red y en bastantes lugares; esta vez referentes a la disyunción —muy delicada por lo demás— entre si tenemos que cumplir o no los acuerdos suscritos, cuando miramos cómo la contraparte los vulnera a diestra y siniestra.

Venezuela siempre ha sido respetuosa de los convenimientos y pactos suscritos, adheridos y ratificados.

Nuestra historia está signada en reconocer que el Derecho Internacional está fundamentado en el acatamiento de las decisiones arbitrales y judiciales; no obstante, las tropelías que en nuestra contra se han perpetrado.

Somos y hemos sido siempre partidarios de la solución pacífica de las controversias; sobre todo entre países vecinos, unidos por vínculos geográficos o históricos. Si no logramos —en este litigio con Guyana—soluciones racionales, sería tanto como someter a nuestra región, por los próximos siglos a tensiones y conflictos que enajenarían el futuro de ambas naciones, como también cercenar las posibilidades de necesaria cooperación para nuestros pueblos.

Nos consta que la invitación de todos los gobiernos democráticos venezolanos ha sido permanentemente al diálogo constructivo y al mejor espíritu amistoso de vecindad.

Hay quienes sostienen la tesis maximalista en la reivindicación que enarbolamos en el caso de la Guayana Esequiba. Es decir, recuperar totalmente los 159.500 km2 que nos despojaron. Otros opinan, en vía contraria, que debemos buscar un arreglo honorable para Venezuela; una especie de solución práctica que a su vez sea políticamente aceptable; que sea viable, y que no implique la desaparición del Estado de Guyana, ni lo lesione irreversiblemente. Difícil de asimilar una u otra alternativa de solución.

Precisemos las ubicaciones de las dos corrientes: conseguir, mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia la totalidad de la extensión geográfica que nos despojaron o convenir en aceptar una considerable porción territorial, con amplia salida hacia el atlántico. No es nada fácil metabolizarlas. Sospecho que nos llevaremos meses en discusiones por el país. Vale la pena.

La Corte tiene la opción de resolver el litigio mediante el principio “ex aequo et bono” (por lo bueno, justo y equitativo), que sería totalmente diferente a las clásicas decisiones judiciales sujetas, en estricto sentido, a los aspectos de carácter jurídico.

Nosotros estamos esperanzados que la Corte, en la oportunidad cuando conozca nuestros respectivos elementos de probanza, resolverá con solución satisfactoria para los dos países. Por lo pronto, solo nos queda una incertidumbre, dicha en estos términos: quizás la contraparte guyanesa desempolvará aquella temeraria (y pendenciera) amenaza proferida por el expresidente Forbes Burnham, el 4 de abril de 1982, cuando señaló: “A mí me parece que hay una concepción errónea acerca de lo que es la reclamación venezolana del Esequibo. Venezuela se equivoca en seguir considerando nulo el Laudo de 1899. Y así ese Laudo, llevando al extremo la cosa, si ese Laudo es reconocido como nulo; entonces todo este asunto tendrá que devolverse al Tratado de Washington de 1897”. Esa infeliz declaración nunca fue respondida, como se merecía.

Intelectuales venezolanos de ayer y de hoy han venido sugiriendo que debemos apuntar la artillería jurídica, siempre en la misma dirección, pero con dos objetivos en nuestra mira. Denunciar y terminar de desmontar el Tratado de Washington de 1897, porque al parecer no quedó “ni caduco ni muerto” y según, en los últimos días en la opinión pública guyanesa se ha despertado la sensación de que a través del mencionado documento ellos formularían el último hálito de alternativa en esta contención.

Dos tesis contrapuestas conseguimos, desde 1960, frente a lo que acabo de asomar.

Guyana abriga la esperanza, si se ve perdida, de pedir a la Corte Internacional de Justicia, que reponga el proceso de litigación con Venezuela a sus etapas originarias; porque, de acuerdo a sus asesores, el Tratado de Washington tiene perfecta vigencia. No creemos que sea exactamente así.

Hay una corriente bastante apreciable en Venezuela que recomienda no gastar tiempo ni recursos procesales para solicitar la anulación del citado escrito; por cuanto, el mismo fue un instrumento consumado en su finalidad y consecuencia. Algo así como un cartucho disparado o un envase vacío del cual se extrajo todo su contenido. Con este documento, subrayan, solo resta arrojarlo a la cesta de desperdicios de la historia.

Lo cierto es que ambos documentos que nos ocupan: el Tratado de Washington de 1899 y el Laudo Arbitral de París de 1899 están afectados de vicios insubsanables que comportan graves causales de nulidad. Nunca será válido ni admitido lo que se obtuvo mediante el dolo, el error y la coacción.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/