VENEZUELA: ELECCIONES CON OLOR A TRANSICIÓN

Roberto Mansilla Blanco*

Los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela abren la posibilidad de una transición política tras 25 años de «chavismo» en el poder. Por otro lado estas elecciones no escapan al pulso geopolítico hemisférico entre fuerzas de izquierdas y derechas con la mira igualmente puesta en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.

 

Se respira un clima de eventual transición política en Venezuela. Independientemente del resultado electoral, las elecciones presidenciales a celebrarse este 28 de julio (28J) estarían abriendo el compás de un «antes y después» tanto para el «chavismo-madurismo» como para la oposición. Tanto los actores políticos venezolanos como la comunidad internacional parecen coincidir, esta vez, en una necesidad imperante: la normalización política e institucional venezolana tras más de dos décadas de incesante polarización y crisis socioeconómica.

Por otro lado, las elecciones no escapan al contexto hemisférico determinado por la renovación del pulso geopolítico que viene registrándose entre derecha e izquierda en los últimos procesos electorales, tal y como vimos recientemente con la continuidad de la izquierda progresista en México y el vuelco hacia la derecha en Panamá.

El contexto venezolano es estratégico tomando en cuenta su posición geopolítica y sus riquezas naturales, en especial petróleo y gas natural, así como ante la posibilidad de observar un cambio político por la vía electoral tras 25 años de «chavismo» en el poder.

Venezuela ha tenido cierto grado de incidencia en la política hemisférica en estas últimas dos décadas. Una vía lo fue por el activismo político del ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) vía expansión de alianzas exteriores para expandir su modelo de «socialismo bolivariano» así como la procreación de esquemas propios de integración regional (ALBA, PETROCARIBE).

La otra vertiente de incidencia venezolana es radicalmente contraria y tiene que ver con las secuelas causadas en los países vecinos por la crisis económica y la represión política que desde 2014 derivó en una masiva emigración de más de siete millones de venezolanos. Esta crisis coincidió con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, lo cual dio paso a un régimen de sanciones internacionales contra su gobierno desde EEUU y la Unión Europea (UE).

Ambos factores, la geopolítica «chavista» (actualmente con menor influencia) y la crisis humanitaria (un problema cada vez más hemisférico) siguen teniendo eco en las agendas públicas de los gobiernos latinoamericanos. Por tanto, Venezuela es una pieza estratégica a la hora de analizar los posibles cambios en los péndulos políticos derivados de los procesos electorales a nivel hemisférico.

Las candidaturas de una campaña no exenta de tensiones

Las principales candidaturas de las elecciones venezolanas son, en primer lugar, la del actual presidente Nicolás Maduro como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y abanderado de la plataforma oficialista Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPPSB)

Su contrincante es una remodelada coalición opositora (Plataforma Unitaria Democrática, PUD) encabezada electoralmente por el ex diplomático Edmundo González Urrutia pero apuntalada por el liderazgo y la popularidad de María Corina Machado, inhabilitada por las autoridades venezolanas para presentar su candidatura a pesar de haber sido la ganadora de las elecciones primarias de la oposición realizadas en octubre pasado. Algunas encuestas le otorgan a Maduro una baja intención de voto.

Otras candidaturas con menores posibilidades electorales, de acuerdo con las encuestas, son las de Antonio Ecarri Angola (Lápiz); Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática, AD); José Brito (Primero Venezuela, PV); Daniel Ceballos (AREPA); Enrique Márquez (Centrados en la Gente); Javier Bertucci (El Cambio); Benjamín Rausseo (CONDE); y Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela)

No obstante, la campaña electoral no ha estado exenta de tensiones y confrontaciones dialécticas. Fiel al estilo «chavista», Maduro adopta la táctica del «palo y la zanahoria». En un acto militar con motivo de la conmemoración del 213 aniversario de la Firma de la Declaración de la Independencia (5 de julio de 1811) y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro aseguró a los altos mandos militares que «no entregará el bastón presidencial a ningún oligarca o títere», en clara referencia al candidato opositor González Urrutia. La FANB es la encargada de poner en marcha el Plan República para garantizar la normalidad del proceso electoral del 28J.

Posteriormente, Maduro advirtió que una derrota electoral daría paso a «un baño de sangre» y una «guerra civil» en Venezuela. Esta amenazante declaración pareciera, por otro lado, ejercer una aleccionadora influencia dentro de su electorado para alentarlo y propiciar una movilización masiva a las urnas con la finalidad de garantizar un nuevo período presidencial «chavista-madurista». Por otro lado se ha observado una leve renovación de la tensión diplomática y militar de Caracas con la vecina República Cooperativa de Guyana por la soberanía en el Esequibo, lo cual indica una estrategia por parte de Maduro para atizar el nacionalismo venezolano en clave electoral y, al mismo tiempo, asegurar el apoyo del estamento militar.

Esta declaración de Maduro fue inmediatamente contestada por uno de sus teóricos aliados, el presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó a reconocer que le había «asustado» esta declaración no sin antes reprender al propio Maduro advirtiéndole que «debe aprender a perder y reconocer una derrota electoral». Con la intención de rebajar las tensiones pero sin abandonar el tono desafiante, Maduro contestó a sus críticos que si estaban «asustados» por su declaración los invitaba «a tomar una manzanilla».

Esta posición de Lula llevó a que Brasil, al igual que Argentina, suspendieran el envío de observadores electorales a Venezuela. Por otro lado, China, uno de los principales aliados de Maduro, envió su propia misión electoral. Por otro lado, varios países latinoamericanos pidieron a Maduro y la oposición sellar un compromiso institucional en lo relativo a aceptar los resultados electorales.

De acuerdo a fuentes del gobierno de Maduro, más de 700 veedores internacionales ya han sido confirmados como observadores electorales para los comicios presidenciales del 28J provenientes de la ONU, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, la Unión Africana y otros organismos electorales e nivel mundial.

No se debe pasar por alto la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de acoger una misión de observadores electorales de la Unión Europea. Brasil y Colombia, este último también gobernado por un líder izquierda, Gustavo Petro, han intentado persuadir a Maduro de aceptar la misión europea de observadores electorales bajo el argumento de que así se permitiría legitimar la normalidad y transparencia del proceso electoral.

Al margen de las expectativas generadas por las encuestas, la tensión también ha sido palpable durante la campaña electoral. El equipo electoral de Machado ha denunciado detenciones de activistas y hostigamiento por parte de los organismos policiales y de inteligencia del gobierno venezolano con la presunta intención de intimidar a la candidatura opositora.

¿Hacia una transición pactada?

A comienzos de julio, Maduro anunció la reapertura del diálogo con EEUU tras unas conversaciones previas realizadas en Qatar. Países vecinos con influencia en la política venezolana como Brasil y Colombia han auspiciado estas negociaciones.

Este anuncio de Maduro podría interpretarse en clave electoral particularmente con el objetivo de intentar «limar asperezas» con EEUU y la UE, especialmente a la hora de reducir las tensiones diplomáticas y terminar progresivamente con el esquema de sanciones.

Vía diálogo, Maduro podría estar abriendo preventivamente un escenario de mayor apertura política ante la posibilidad de retorno a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, uno de sus detractores más inquisitivos así como de aliados regionales de Maduro como Cuba y Nicaragua. Una posibilidad cada vez más real ante el reforzamiento del candidato republicano y la crisis interna dentro del gobernante Partido Demócrata ante el anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura, abriendo las posibilidades de su vicepresidenta Kamala Harris.

Otro factor detrás de este anuncio podría táctico: Maduro estaría intentando ganar tiempo y «lavar su imagen» a nivel internacional, en particular ante las sospechas de que presuntamente no aceptaría una eventual derrota electoral. Dicho anuncio de reapertura del diálogo ha generado igualmente expectativas ante la posibilidad de que el propio Maduro esté iniciando sigilosamente un proceso de transición pactada con las principales fuerzas opositoras.

Por otro lado existe también la percepción de que Maduro y la oposición estarían pactando una especie de transición política vía cohabitación. La estructura de poder «madurista» ha venido estableciendo sinergias con las elites económicas (tradicionalmente opositoras) y otros sectores productivos y económicos a nivel nacional que ansían un clima de normalización, alejado de la polarización sociopolítica de las últimas décadas. Esto le ha permitido a Maduro neutralizar muy levemente sus niveles de impopularidad.

De manera táctica, el «madurismo» ha intentado distanciarse de la clásica retórica «anticapitalista» del ex presidente Chávez con la finalidad de generar un clima de mayor confianza para los inversores internacionales. Al mismo tiempo se estaría consolidando una nueva «oligarquía» económica y financiera que, a diferencia de antaño, se muestre aparentemente apolítica pero con capacidad para generar espacios de entendimiento entre gobierno y oposición.

Desde la oposición también se ha ensayado una estrategia de dilatación de las tensiones. El liderazgo de Machado, tradicionalmente una radical «antichavista» que ha ganado popularidad en diversos sectores sociales, se compatibiliza con el perfil más modesto y la imagen más sosegada del candidato González Urrutia, quien reitera en su programa electoral iniciativas como la «reconciliación», la «transición pacífica y democrática», el «gobierno para todos sin exclusiones» y la recuperación de la institucionalidad alejada de intereses personalistas e ideológicos.

Venezuela y el péndulo político hemisférico

El reciente ciclo electoral y la dinámica política a nivel continental muestran una cierta paridad en cuanto a gobiernos de izquierdas y de derechas, con el péndulo más decantado hacia una izquierda que gobierna en doce países: México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Honduras, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia.

Por su parte, la derecha, sea de cariz liberal, centrista o conservadora, está en el poder en ocho países: El Salvador, Argentina, Perú (tras la destitución parlamentaria del izquierdista Pablo Castillo), Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Paraguay. De este modo, el desenlace electoral venezolano alteraría ese equilibro hemisférico entre izquierdas y derechas.

En este sentido, la victoria de la izquierdista Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México; las elecciones presidenciales de noviembre próximo en EEUU; y el avance regional de nuevas tendencias derechistas como las de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina son factores que gravitan, con diversos grados de intensidad, en torno a las elecciones presidenciales venezolanas.

Con Sheinbaum se observa una revitalización de las izquierdas progresistas de cariz más moderado a nivel latinoamericano, lo cual implica igualmente un «freno de mano» ante el ascenso de tendencias más derechistas, ultraliberales, e incluso de ultraderecha, radicalmente opuestas a esas agendas progresistas e imbuidos en una perspectiva de «batalla cultural» contra las izquierdas.

Esta radiografía está retomando el nivel de polarización ideológica y política regional encauzada por niveles de malestar ciudadano con la oferta política tradicional. Esta percepción es más palpable ante la aparición de nuevos modelos «derechistas» (los mencionados Milei y Bukele; el «pinochetista» José Antonio Kast en Chile; el «bolsonarismo» en Brasil) y las expectativas de las izquierdas hemisféricas por no perder terreno.

Esa tendencia derechista implica observar una sintonía política entre Milei y Bukele que podría tener incidencia en otros países latinoamericanos como Venezuela, especialmente en temas sensibles como la crisis económica y la seguridad ciudadana. Tanto Milei como VOX en España (con una agenda iberoamericana específica) han elogiado la figura de Machado como alternativa al «chavismo».

El presidente argentino ha tenido recientes tensiones diplomáticas con Maduro, lo que ha alentado igualmente a críticas contra el mandatario venezolano por parte de una especie de «eje conservador», entre los que podríamos incluir a los gobiernos de Patricia Boluarte en Perú y Luis Lacalle Pou en Uruguay, así como los del recientemente electo José Mulino en Panamá y de Daniel Noboa en Ecuador. Estos gobiernos estarán igualmente atentos a lo que ocurra en las elecciones venezolanas tomando en cuenta que estos países albergan una numerosa inmigración y de exiliados políticos venezolanos.

Por su parte, el talante multilateral que se prevé por parte del gobierno de Sheinbaum podría determinar esfuerzos en aras de propiciar la normalización de la vida política venezolana por la vía del diálogo y la apertura. En este apartado, la nueva presidenta mexicana podría entablar sintonía con mandatarios afines como Lula, Petro y el chileno Gabriel Boric, países que como México igualmente cuentan con una numerosa presencia de emigrantes y exiliados políticos venezolanos.

Pero tampoco se deben descartar los intereses de aliados estratégicos regionales de Maduro como son los casos de Cuba, Nicaragua y Bolivia, que viene de experimentar una tentativa golpista de insurrección militar contra el presidente Luis Arce.

Estos tres países, junto con Venezuela miembros del denominado «eje del ALBA», observan con atención las elecciones venezolanas ante la posibilidad de derrota electoral de una pieza clave como es el «chavismo-madurismo», socio energético de importancia. Una derrota de Maduro y la posibilidad de cambio político por la vía electoral dejarían a este eje geopolítico sin su principal fundador, Venezuela.

Otros actores externos también tienen sus intereses

Obviamente con menor importancia estratégica, las elecciones venezolanas también deben examinarse en cuanto a los intereses de actores exteriores aliados de Maduro (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros detractores (EEUU, UE, Israel) con peso geopolítico en el contexto latinoamericano.

Maduro ha sido una pieza estratégica para apuntalar los intereses económicos, militares, geopolíticos y energéticos de Beijing, Moscú y Teherán en un permanente contexto de tensión con EEUU. Con ello, estos actores han decidido, vía «eje del ALBA», apostar  por jugar sus cartas en la tradicional esfera de influencia hemisférica de Washington y contrarrestar así las presiones y sanciones estadounidenses y europeas. El mantenimiento de Maduro en el poder es la garantía de continuidad de estos intereses geopolíticos principalmente chinos, rusos e iraníes.

Por su parte, la posición de Chávez y Maduro a favor del reconocimiento estatal de Palestina, de apoyos al régimen sirio de Bashar al Asad y al derecho iraní a desarrollar su programa nuclear, entre otros aspectos, ha generado fuertes enfrentamientos con Israel hasta el punto de ruptura de facto de las relaciones diplomáticas. Los movimientos islamistas palestino Hamás y libanés Hizbulá han tenido en Caracas un aliado igualmente estratégico.

Dentro del contexto hemisférico, Israel ha ganado en Milei a un aliado estratégico de elevada importancia, aspecto que pulsará una vertiente de mayores apoyos para los intereses israelíes a nivel iberoamericano vía aliados como VOX, Bolsonaro y muy seguramente Trump en caso de ganar las elecciones estadounidenses. La oposición venezolana también es una expresión de esta tendencia manifestando una posición más claramente pro-israelí, tal y como se ha observado con la reciente guerra de Gaza.

Por todo ello, las elecciones venezolanas son claramente estratégicas para decantar hacia dónde se dirige el péndulo político hemisférico y sus respectivas alianzas exteriores.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

©2024-saeeg®

LA CANCILLERÍA ARGENTINA TIENE UN INQUILINO EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

     Imagen: Cba24 

No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.

No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.

Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».   

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).

En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».

Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.

Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.

Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.

La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.

El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

LOS APÁTRIDAS Y EL MAR

César Augusto Lerena*

«En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos».

 

La “forma apátrida” con la que la política nacional desprecia la soberanía argentina en el Atlántico Suroccidental tiene muy pocos precedentes desde la Argentina independiente que conmemoramos el pasado 9 de julio con la firma del llamado “Pacto de Mayo”, en cuyos puntos, no hay una sola línea referida a la soberanía nacional y, muy particularmente, sobre la única política de Estado, plasmada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Mientras que la Declaración de Independencia de la Argentina del 9 de julio de 1816 ampliada declaró formalmente “la ruptura de los vínculos de dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y con toda otra dominación extranjera”, el citado Pacto de Mayo, no refiere nada respecto a una política de recuperación de los 1,6 millones de km2 de la jurisdicción marítima argentina y los archipiélagos argentinos ocupados por el Reino Unido; tampoco tiene en cuenta la disputa de ese Reino de más 1,4 millones de km2 de la plataforma continental argentina, la Antártida y las aguas correspondientes. Mucho menos refiere nada con los buques españoles y de otras nacionales que extraen nuestros recursos en Malvinas. La Argentina, sin hipótesis de conflicto.

Ya sufrimos la política de Cavallo ―uno de los principales referentes de este gobierno― para congraciarse con los británicos con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid (1989/90) donde se consolidaron los permisos de pesca ilegales en Malvinas que constituyen ―hasta hoy― el principal recurso económico de los isleños que ahora da lugar a los joint venture con empresas gallegas que facilitan el acceso de los productos pesqueros a la Unión Europea sin pago de aranceles pese al Brexit. El mismo Cavallo que acordaría con el Reino Unido la protección de la explotación de los recursos al este de Malvinas y las investigaciones pesqueras conjuntas en el Atlántico Sur; todos hechos que fortalecieron la posición británica en las islas (John Barton, director de Pesca inglés en Malvinas, 2012). También el dictado de la ley 23.968 promovida por la Cancillería facilitó la delimitación de los archipiélagos ocupados por el Reino Unido, además de reducir en 1991 nuestra soberanía plena a 12 millas; aún antes de ratificar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en 1995. En 2016 se firmaría el Pacto de Foradori-Duncan ratificatorio de los Acuerdos de Madrid bajo la consigna de “eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas”. Vergonzante. Aun así, la Argentina, no dejó en todos estos años, de reclamar la ocupación prepotente británica y los derechos sobre los archipiélagos invadidos, como ocurre en la actualidad.

Sin embargo, lo peor está por venir, porque no solo se resignan ―a través de hechos aislados― derechos argentinos sino que bajo pretexto de una política “anarcocapitalista”, distintos “apátridas” desde el gobierno y fuera de él, llevan adelante un plan de sesión de los espacios territoriales argentinos y de enajenación de nuestros recursos naturales. En algunos casos, mediante el mero pago de algún canon desindustrializador y, en otros, por anomia geopolítica y desinterés de administrar el Estado, sus bienes patrimoniales y culturales e incluso “destruirlo desde adentro”, como manifestara el propio Milei.

El presidente que admira a Margaret Thatcher, la misma que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano y con ello provocó la muerte de 323 argentinos. La Canciller Mondino que sostiene que el tema Malvinas es una cuestión más en la relación argentina con el Reino Unido y ante el periódico inglés “The Telegraph” anuncia “los derechos de los isleños serán respetados”, dando por tierra la defensa de integridad territorial plasmada en la Constitución Nacional y termina agradeciendo, la visita del Canciller inglés David Cameron a Malvinas, como si su presencia no fuera una nueva manifestación inglesa de autoridad.

La política economicista monotemática es lamentable; hasta el propio presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados José Espert consideró que “Las Malvinas no son argentinas, porque las perdimos en la guerra”, ignorando todas las Resoluciones de la ONU, en especial la 37/9 del 9 de noviembre de 1982 que “le pidió a Argentina y al Reino Unido la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas”. Igual opinión tiene la Diputada Sabrina Ajmechet o quienes consideran ―como el presidente Macri― que la recuperación de las islas significaría un déficit económico, desconociendo que el producto bruto per cápita de Malvinas es de noventa mil dólares; cuatro veces superior al de la ciudad de Buenos Aires y 50 veces al de La Quiaca (ambas ubicadas a 1.800 km de Buenos Aires); además de la invalorable importancia geopolítica de las islas en la parte meridional del Atlántico Sur y en relación con la Antártida, el océano Pacífico e Índico, como ya sabían los españoles en el siglo XVIII.

En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos. No es posible con este marco moral esperar idénticas políticas a las sostenidas por los independentistas de 1816; razón por la cual, el Pacto de Mayo es letra muerta. El ministro español de ultramar y académico Adelardo López de Ayala (1828-1879) hubiese dicho en la oportunidad: “cuando la estafa es enorme toma nombre decente”.

Decenas de hechos muestran la alineación colonial de este gobierno en las cuestiones relativas al Atlántico Sur, sus archipiélagos y recursos, aunque nos limitaremos a indicar algunas para no agobiar al lector.

En la cumbre del MERCOSUR y con la ausencia del presidente de nuestro país, en un hecho inédito en treinta años, el gobierno argentino no reclamó la soberanía de Malvinas. Precisamente un ámbito central donde la Argentina debería profundizar sus vínculos ante las relaciones amistosas y comerciales crecientes de los isleños en Uruguay, Chile y Brasil. Pero esto se ha transformado en una constante, porque todas las acciones militares británicas en Malvinas y de otro tipo son ignoradas por la Cancillería argentina, como los recientes ejercicios militares de las Fuerzas de Defensa de las islas, la Royal Navy y la Real Fuerza Área británica. Un debilitamiento de Argentina en los reclamos y un enfrentamiento diverso con los países que apoyan la posición argentina, que estarían demostrando la pérdida de apoyo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Días antes la Canciller Mondino, al firmar en la ONU el “Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar” (BBNJ) con una ignorancia supina, se refirió a “proteger nuestras aguas” y a “ser inflexible en la defensa de nuestro territorio” desconociendo que se tratan de aguas internacionales donde la Argentina no tiene jurisdicción y que de ninguna manera ese Acuerdo resuelve la pesca ilegal como manifiesta sino que, por el contrario, a la ya presencia de una flota pesquera de más de 500 buques pesqueros extranjeros, a través de la creación que prevé este Acuerdo de “organizaciones regionales de integración económica” y su incorporación por parte del Reino Unido, se le habrá dado estatus de “Estado ribereño” a los isleños ocupantes de Malvinas, contrario a lo reglado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Mientras firma Acuerdos contrarios al interés nacional y en forma ignara, los pondera, tolera la pesca ilegal anual de 250 mil toneladas de recursos pesqueros en Malvinas sin aplicar la legislación argentina y la Res. 31/49 de la ONU, con un comportamiento que se tipificaría -al menos- de incumplimiento de los deberes de funcionario, ya que se trata de la pesca ilegal más importante del mundo de un Estado a otro, ignorando, lo que ya en el siglo XVIII Manuel Belgrano sabía: “un Estado sin la pesca nada puede sobre la mar”.

La economista-canciller desconoce que las Áreas Marinas Protegidas (AMP) que ese Acuerdo promueve; las utiliza el Reino Unido desde el 2017 para controlar los territorios de ultramar. Es el caso de Malvinas del denominado “Blue belt” donde el proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación Wildlife Conservation Society (WCS) completaría el cinturón azul al NORESTE de Malvinas facilitando la llegada de los recursos pesqueros a las islas. Igual, al SUR de Malvinas con la declaración unilateral británica de “santuario ecológico” de un millón de km― alrededor de las islas Georgias y Sándwich; al ESTE con el citado Acuerdo de Cavallo y al NOROESTE con el GAP de 1.400 Km2 de calamares.

Se agrega el proyecto 1258-D-2024 del Diputado Manes que pretende que el Congreso declare AMPs por 595.000 km2, sin mencionar que el Reino Unido ―como indicamos― ya declaró un AMP de 1.070.000 Km2, es decir una reducción de las áreas de captura mucho mayor que la exigida en el acuerdo de biodiversidad. Un ejemplo patético de colonización y una asombrosa mutación de la “neurología” a “oceanografia”.

La macro o microeconomía no sirve para elaborar una estrategia marítima: «El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur que, del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones; motivo por el cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental y, por lo tanto, hay que trabajar sobre esos países responsables del desequilibrio de los ecosistemas, juntos capturan 26 millones de toneladas de un total 84 millones/año (2019), el 31% de las capturas sobre «221 Estados que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, 2020) y agregamos: el Reino Unido que se lleva el equivalente al 30% de nuestros desembarcos. Nada de ello hace la Cancillería Argentina y no se trata solo de ineptitud ―que la hay― sino una política de desmalvinización, que es la apunta del iceberg de la sumisión y dependencia nacional, con la consecuente desatención de la soberanía territorial y de los recursos naturales argentinos. De otro modo, no se podría entender el proyecto de reforma de pesca en la Ley de Bases sobre la extranjerización de la explotación del mar argentino; la permanencia de un radar británico en Tierra del Fuego; la designación de los embajadores Jorge Faurie en Chile ―el socio estratégico británico― y de Carlos Foradori en Ginebra, ambos responsables del Pacto Foradori-Duncan que promovía “el desarrollo de Malvinas” en poder de los isleños; la desatención de los estratégicos Puertos de Ushuaia y Río Grande, mientras que en Malvinas se licita un nuevo puerto destinado a dar logística a los buques de transporte, militares, de turismo y ciencia vinculada a la Antártida.

El enfrentamiento con los presidentes de nuestros tres principales compradores de pescado: Brasil, China y España y por supuesto la pelea con todos nuestros aliados naturales que “amenazan con hacer perder en la ONU de los apoyos históricos en la Causa Malvinas” (Taglioni, Augusto, LPO, 11/7/24); la tolerancia de que empresas de Israel exploten los recursos petrolíferos en Malvinas mientras se promueve el traslado a Jerusalén de la embajada argentina, etc., a lo que hay que sumar la paralización de todas las obras estratégicas, entre ellas la etapa norte del Gasoducto NK.

Y lo peor, no se trata de una simple asignación de prioridades, no es posible esperar de apátridas, proyectos destinados a fortalecer la soberanía política, territorial y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).