Martín Rafael López*
Artículo publicado el 15 de diciembre en La Nación**
Durante siglos, el espacio estratégico fue concebido esencialmente como una superficie plana y terrestre. Con el progreso de las tecnologías de navegación marítima y aérea y el consecuente paso de la era agrícola a la era industrial, se convirtió en un espacio tridimensional.
En la década de 1950, este proceso sempiterno incorporó el espacio exterior como una cuarta dimensión. Tras la conquista de esa «alta frontera», comenzó una nueva transformación impulsada por las tecnologías de redes de información, que delinearon una quinta dimensión, de carácter intangible, en la que hoy operan tanto los actores tradicionales ―como los Estados― como los nuevos actores transnacionales ―como las empresas multinacionales o el terrorismo internacional―.
Por lo tanto, la concepción tradicional del espacio estratégico como una mera superficie terrestre hoy resulta obsoleta. En un mundo regido por datos y algoritmos, un análisis pertinente debe dar paso a una nueva visión del espacio estratégico que combine no solo lo local con lo global sino también lo visible con lo virtual. Este enfoque integral debe contemplar la proyección del poder y la protección de los intereses estratégicos de todas las dimensiones en las que hoy se disputa la influencia: desde la tierra y el mar hasta el aire y el espacio exterior, y desde las infraestructuras físicas (como cables submarinos, centros de datos o satélites) hasta aquellas arquitecturas intangibles que sostienen el funcionamiento de internet (como los estándares, los protocolos, los sistemas de nombres de dominio y los regímenes normativos).
En este escenario, la gobernanza del ciberespacio aparece no sólo como un asunto técnico, sino como un componente central de la actual competencia estratégica global en el segmento tecnológico.
Si en el pasado una nación debía proteger su territorio hasta donde lo permitieran sus barreras naturales, hoy está obligada a proyectar su poder mucho más allá de esos límites, extendiéndose hacia dominios físicos y virtuales que trascienden cualquier frontera tradicional.
El desafío es claro: ampliar la profundidad estratégica, resguardar la infraestructura crítica y participar activamente en la gobernanza de los bienes comunes globales en todas sus dimensiones, físicas y digitales.
En efecto, estos bienes ―el espacio, las profundidades marinas, las regiones polares y las redes cibernéticas― ya no son «espacios vacíos», sino que son los nuevos «puntos calientes» de la competencia global. Allí, las grandes potencias tecnológicas proyectan sus capacidades para marcar límites, imponer reglas y, las más de las veces, dificultar el acceso a quienes llegan tarde.
Con el desarrollo acelerado de una nueva revolución científica y tecnológica, y con la globalización como telón de fondo, el ciberespacio se ha convertido en un nuevo espacio de poder propenso a generar tensiones y desacuerdos.
El término «ciberespacio» ―acuñado por William Gibson en Neuromante (1984)― hoy es sinónimo de internet, pero lo excede. Abarca las infraestructuras físicas, los sistemas de información y los espacios sociales donde interactúan usuarios, empresas y Estados. Es un entorno donde lo humano ocupa un lugar central: cada clic, cada transacción y cada intercambio contribuyen a dar forma al ecosistema digital.
En esta nueva territorialidad emergen múltiples flujos ―informativos, económicos, financieros, culturales― que redefinen la interacción global. Pero este escenario, además de generar oportunidades, abre la puerta a nuevas dinámicas de competencia y conflicto.
Por su enorme valor económico, militar y político, el ciberespacio se ha convertido en un campo de disputa global que atrae a cada vez más países y organizaciones internacionales a intervenir en la definición de un orden cibernético global.
En este marco, la gobernanza del ciberespacio deja de ser una tarea exclusivamente institucional y se convierte en un componente central de la gobernanza global y de la seguridad nacional.
Los problemas de seguridad en el ciberespacio mundial se entrelazan con las disputas por soberanía, competencia tecnológica y la lucha por la llamada «ciberhegemonía». Estos procesos impactan en los límites tradicionales de la política internacional, tensionan sus marcos regulatorios y plantean nuevos desafíos inéditos para los Estados, que deben proteger tanto su infraestructura crítica física como sus intereses estratégicos en el ecosistema digital.
Las cifras son elocuentes. Según la medición del desarrollo digital realizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a comienzos de la presente década, alrededor de 2.900 millones de personas permanecían sin conexión a internet.
En América Latina, la brecha digital sigue siendo profunda: mientras en áreas urbanas el 78% de la población cuenta con acceso estable, en zonas rurales esa cifra desciende al 42%. El acceso ―o la falta de acceso― redefine hoy el mapa del poder global: quien controle la conectividad influirá decisivamente en el desarrollo de cualquier comunidad.
En este tablero, las propuestas de modelos de gobernanza se enfrentan. Algunos defienden un internet abierto y descentralizado y gestionado por actores privados y organismos multilaterales. Otros promueven un enfoque soberanista, donde los Estados asumen un rol central en la administración de sus espacios digitales.
China, por ejemplo, impulsa la idea de una «Comunidad de Futuro Compartido en el Ciberespacio», centrada en la cooperación internacional, la soberanía digital y el respeto mutuo entre Estados. Occidente, en cambio, privilegia la libre circulación de datos y marcos regulatorios que apuntan a proteger y resguardar la información: la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como estándar global de privacidad, y Estados Unidos con normas como la Ley CLOUD, que otorga autoridad al gobierno para acceder a datos almacenados en servidores de compañías estadounidenses incluso cuando se encuentran en otros países, lo que refleja su intención de asegurar alcance extraterritorial en el dominio digital.
América Latina no puede permanecer al margen de esta discusión. La región necesita construir una posición propia que combine inclusión digital, desarrollo tecnológico y soberanía informativa. Porque en la arquitectura del poder del siglo XXI, la gobernanza del ciberespacio ya no es un asunto técnico: es una decisión política, estratégica y civilizatoria.
* Lic. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCALP). Profesor de Relaciones Internacionales (UCALP). Especialista en Estudios Chinos (IRI-UNLP). Diplomado en Estudios Estratégicos Chinos (UNDEF). Coordinador Estudios Internacionales (IAPE-UCALP). Miembro Investigador del Centro de Estudios Chinos (IRI-UNLP).
