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PUTIN Y LA MULTIPOLARIDAD: «ASIANIZACIÓN» Y «SUR GLOBAL» COMO EJES GEOPOLÍTICOS CONTRA EL «OCCIDENTE COLECTIVO»

Roberto Mansilla Blanco*

«Rusia está sola frente al Occidente Colectivo». Con estas palabras pronunciadas el pasado 12 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin definió el estado de las relaciones ruso-occidentales al mismo tiempo que profundizaba en un nuevo concepto, el del «Occidente Colectivo».

El término «Occidente Colectivo» ha generado cierto interés mediático precisamente en Occidente por las reiteradas ocasiones en las que ha sido utilizado por el presidente ruso. En realidad, su autoría se le atribuye a Ilya S. Fabrichnikov, profesor del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) y miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa, un influyente grupo de expertos a cuyas reuniones asiste regularmente el propio Putin.

No obstante, y más allá del «Occidente Colectivo», Fabrichnikov más bien se refirió a la «Europa Colectiva» en un artículo escrito para la revista Russia in Global Affairs en febrero de 2025 intitulado «El Saqueo de Europa». Su tesis se basaba en el fracaso de las elites europeas en la guerra de Ucrania, subordinadas a los imperativos geopolíticos de EEUU, toda vez estimaba que Rusia debía redefinir el equilibrio de fuerzas en Europa.

Las ideas de Fabrichnikov y su aparente influencia en Putin en cuanto al imaginario del «Occidente Colectivo» como principal rival para Rusia aparecen en un contexto determinado por la proliferación, principalmente en Europa, de informaciones sobre supuestas luchas intestinas en el Kremlin y del aparente aumento del malestar social ante el estancamiento de la guerra en Ucrania y su elevado costo socioeconómico para la sociedad rusa.

Este 2026, Rusia se prepara para elecciones, en este caso elecciones parlamentarias para la Duma Estatal que Putin anunció se realizarán el próximo 20 de septiembre. Con ello, el presidente ruso afirma su pretensión de mantener la iniciativa política y convertirse en una especie de moderador del clima político, buscando con ello equilibrar los intereses de las diversas elites rusas ante cualquier síntoma de descontento social, blandiendo la idea de los intereses nacionales para profundizar la cohesión social y la necesidad de contrarrestar la presión desde Occidente. El Kremlin calcula que la actual coyuntura se prevé conflictiva con Europa y la OTAN, cuyas actuaciones cobran cada vez mayor intensidad militar operativa dentro del territorio ruso, utilizando a Ucrania como teatro de operaciones.

Esta presión occidental contra Rusia vía sanciones y medidas de aislamiento se evidenciaron en la reciente cumbre del G-7 realizada en Evián (Francia), que reforzó el apoyo militar a Ucrania. La presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, instó a acelerar la admisión en la Unión Europea de Ucrania indicando que «la marea está cambiando» en la guerra ruso-ucraniana, con especial referencia al ataque con drones realizado el pasado 18 de junio contra una refinería en Moscú.

Tres días antes, Bruselas había aprobado el inicio formal de negociaciones de admisión a la Unión Europea para Ucrania y Moldavia. Paralelamente se mantienen ciertos canales de negociación entre la UE y Rusia, así confirmados por fuentes del Consejo Europeo.

Dos escenarios clave: el «Davos ruso» y el Foro Rusia- ASEAN

Bajo este clima de tensiones ruso-occidentales, Putin definió sus prioridades geopolíticas en dos escenarios estratégicos: el Foro Económico de San Petersburgo celebrado entre el 3 y el 6 de junio, coloquialmente denominado como «el Davos ruso»; y el primer Foro Rusia-ASEAN en Kazán el 17 de junio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, está conformada por Filipinas, Singapur, Camboya, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Brunéi, Laos, Birmania y Timor Oriental.

En el Foro de San Petersburgo, en el que participaron representaciones de 130 países destacando la presencia de delegaciones africanas, del espacio euroasiático y de América Latina, Putin enfatizó en la soberanía nacional, la autonomía estratégica en materia económica y tecnológica y en «la transición gradual de un modelo jerárquico vertical a un modelo más complejo, distribuido y multipolar».

El leitmotiv de las nuevas prioridades geopolíticas y geoeconómicas para Putin se concentra en reducir la dependencia económica y tecnológica con Occidente y acelerar la conexión de Rusia hacia un mundo multipolar, con Asia y el denominado «Sur Global» como ejes vertebradores. Como herramientas clave anunció la intención de aumentar la capacidad de los puertos marítimos rusos, lo que se podría interpretar como la intención por aumentar el control del mar Negro y el impulso al corredor de transporte transártico, al que Putin espera convertir en una «una verdadera arteria mundial».

En San Petersburgo, Putin anunció el «deterioro acelerado de la posición de Europa en la economía mundial» y cómo «el sistema comercial mundial deja de estar centrado en Occidente». Informó sobre la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y el Foro de Tecnologías del Futuro, argumentando que suponen las herramientas que Rusia impulsa para garantizar la autonomía estratégica en materia tecnológica.

Finalmente, explicó el modelo de «plataformización» del ecosistema digital con el que Rusia se relaciona con sus socios económicos vía plataformas como Yandex, Ozon, VKontakte, Wildberries o los sistemas de pago de Sberbank. Una realidad no menos contradictoria tomando en cuenta las cada vez mayores restricciones al uso de Internet dentro de Rusia, oficialmente bajo el argumento de la seguridad nacional, así como la dependencia tecnológica de China.

La declaración final del primer Foro Rusia-ASEAN subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación en energía, transporte y logística, seguridad alimentaria, agricultura, digitalización, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, turismo y producción innovadora. 

Las tensiones geopolíticas y geoeconómicas derivadas de las guerras de Ucrania e Irán, en este último caso particularmente por el cierre del estrecho de Ormuz, colocaron al factor energético como un tema clave en este Foro, aspecto que el anfitrión Putin logró manejar a su favor. Rusia ve a los países asiáticos, en especial China e India, como la alternativa a una Europa que suspendió las importaciones energéticas rusas casi en su totalidad tras la guerra en Ucrania.

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, informó sobre el interés del organismo por incrementar las importaciones de hidrocarburos de Rusia, pese a las nuevas amenazas de sanciones contra el petróleo y el gas rusos por parte del G7. «Las necesidades energéticas de la ASEAN siguen aumentando. Rusia dispone de una gran experiencia en la producción de energía eléctrica y el suministro de recursos energéticos», indicó Kim durante la apertura del foro.

En este sentido, y mientras EEUU e Irán negocian la apertura del estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades, Filipinas compró 2,4 millones de barriles de crudo ruso para ampliar sus reservas, tras declarar el estado de emergencia energética en el archipiélago. Asimismo, Vietnam y Laos firmaron acuerdos con Moscú para construir centrales nucleares.  

En clave geopolítica, la puesta en escena por parte de Putin de los Foros de San Petersburgo y de la ASEAN pueden levemente interpretarse como un émulo de su famoso discurso contra la unilateralidad hegemónica occidental realizado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007.

El Kremlin observa la multipolaridad como una herramienta estratégica para fortalecer el poder de Rusia en el mundo tomando en cuenta que, a diferencia de lo que constituyó la URSS, Moscú actualmente no tiene la misma capacidad para ocupar ese lugar como poder global.

Por tanto, el «nuevo orden multipolar» de Putin parece implicar dos estrategias:

    1. La «des-occidentalización» geopolítica rusa para contrarrestar y reducir la presión del «Occidente Colectivo»;
    2. La «asianización». El viraje asiático de las relaciones exteriores rusas y la apuesta por el «Sur Global», con el foco en fortalecer y profundizar la asociación estratégica con China, su principal socio.

África y América Latina entran también en esta ecuación de ampliación de esferas de influencia por parte de Moscú. En el caso africano predominan la cooperación económica en materia energética y de alimentos así como la geopolítica «anti-occidental» (Malí, Burkina Faso), retrotrayendo la estrategia soviética de captación de alianzas en el denominado Tercer Mundo tras la descolonización posterior a la II Guerra Mundial.

Menos incidencia tiene el espacio latinoamericano, donde Moscú ha visto retroceder su presencia particularmente tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado y las actuales presiones de Washington por un cambio de régimen en Cuba. Sólo Nicaragua se mantiene como aliado firme para Rusia mientras otras potencias emergentes (México y Brasil) apuestan igualmente por esa visión multipolar. Por otro lado, los recientes cambios de gobierno hacia la derecha en Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Panamá, a la espera de lo que pueda suceder en Colombia este 21 de junio, han condicionado la capacidad de influencia de Moscú.

«Des-occidentalización» para contrarrestar al «Occidente Colectivo»

Los primeros indicios de «des-occidentalización» geopolítica por parte de Putin se dieron en la ya anteriormente mencionada  participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde arremetió contra la «unilateral hegemonía occidental», particularmente en el caso de EEUU y el expansionismo de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Posteriormente, la breve guerra ruso-georgiana de agosto de 2008, que permitió la independencia de facto de las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, y la reintegración de Crimea a la Federación rusa (marzo de 2014), no reconocida por Occidente, marcó el punto de inflexión en esa orientación «des-occidentalizadora» de la política exterior rusa. La invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022) completó este proceso que actualmente entra en la fase de mayor tensión en las relaciones ruso-occidentales.

La popularización dentro de la opinión pública rusa del término «Occidente Colectivo» para referirse principalmente a EEUU, Europa y la OTAN, presentándolos como un bloque hegemónico hostil, supone otra variable de legitimación que complementa el proceso «des-occidentalizador» de Putin.

El Kremlin acusa a este bloque de presuntamente intentar frenar el desarrollo de Rusia como potencia global, aplicando al mismo tiempo una inherencia mayor en sus esferas de influencia euroasiáticas, desde Ucrania hasta Asia Central, bajo la perspectiva de acosar e incluso propiciar tensiones separatistas internas para eventualmente desintegrar al Estado ruso, buscando con ello neutralizarla hacia una situación de cierto vasallaje similar a lo acontecido en los primeros años de la Rusia post-soviética.

A finales de mayo, Moscú organizó el Foro Internacional de Seguridad, que fue interpretado en Occidente como un “desafío directo”. Ante el aislamiento exterior a Rusia por parte de las principales conferencias occidentales, el Kremlin anunció que este Foro se convertiría en la alternativa rusa a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El foro reunió a 4.500 invitados de 120 países, entre ellos jefes de agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad, procedentes en su mayoría de África, América Latina, Asia y Oriente Medio. A ojos occidentales, la magnitud internacional de esta convocatoria determinaría la capacidad de los servicios de inteligencia rusos para influir en sus operaciones de influencia en el extranjero.

Moscú decidió emular en este Foro la experiencia del Consejo de Seguridad ruso, bajo cuyos auspicios se han celebrado durante quince años reuniones de jefes de inteligencia de países afines al Kremlin. Además del Consejo de Seguridad, el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) también participó activamente en la organización del Foro.

El secretario del Consejo de Seguridad, el ex ministro de Defensa Serguéi Shoigú, aseguró durante la apertura del foro que «la estructura unipolar se desmorona ante nuestros ojos». Así mismo, Serguéi Naryshkin, jefe del SVR, lanzó directamente sus críticas hacia el Reino Unido incluso advirtiendo a Francia y Alemania, el histórico eje geopolítico dentro de la Unión Europea, que se «alejaran de Londres». El Kremlin interpreta que Reino Unido mantiene una activa participación vía OTAN en la guerra de Ucrania.

Posteriormente, el Foro Económico de San Petersburgo permitió ampliar la perspectiva multipolar y «des-occidentalizadora» de Putin afirmando valores como la soberanía estratégica para reducir la dependencia tecnológica y económica occidentales. Las críticas occidentales hacia el sistema político ruso, especialmente en materia de calidad democrática y defensa de los derechos humanos, es otro factor de irritación para el Kremlin. Un tratamiento visiblemente distinto del que recibe de sus socios asiáticos, africanos e incluso latinoamericanos.

Rusia aprovechó igualmente la dimensión del Foro de San Petersburgo para jugar sus cartas políticas dentro de Europa. La presencia de una importante delegación del partido Alternativa por Alemania (AfD) suscitó polémica en Occidente. Estuvieron presentes el vicepresidente de AfD en el Parlamento alemán y portavoz de Asuntos Exteriores, Markus Frohnmaier, quien aparentemente mostró en San Petersburgo su sintonía con las élites rusas y los círculos económicos, especialmente en el caso de Kirill Dmtriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, así como altos cargos de la multinacional energética Gazprom. También fue notoria la presencia de una representación estadounidense en el Foro.

Con la incertidumbre sobre la posibilidad de negociaciones en Ucrania y la intensidad de los recientes ataques contra instalaciones energéticas rusas, Putin busca igualmente aprovechar la crisis transatlántica entre EEUU y la Unión Europea así como el evidente fracaso político y militar del presidente estadounidense Donald Trump en Irán para avanzar en sus imperativos estratégicos.

Mientras se celebraba la cumbre del G-7 en Evián y el Foro Rusia-ASEAN en Kazán, los ministros de Defensa de la OTAN se reunían en Bruselas para abordar el nuevo reparto de capacidades militares y el fortalecimiento de la industria militar europea ante los nuevos desafíos trazados por los intereses de Washington.

Peter Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, anunció en Bruselas la pretensión estadounidense de que la OTAN vuelva a ser «una alianza militar de línea dura», anunciando que EEUU gastará 1,5 billones de dólares en Defensa en 2027 con la intención de «construir el arsenal de la libertad». Durante el último semestre de 2026, Washington realizará una revisión profunda de sus efectivos y bases militares en territorio europeo.

Rusia como «potencia asiática»; China como aliado estratégico y el viraje geopolítico hacia el «Sur Global»

 Tal y como afirmó el historiador ruso Sergey Medveded, tras la invasión de Ucrania, «Rusia comenzó a convertirse en una potencia asiática» iniciando «un rumbo decisivo hacia la des-europeización en la economía, la ciencia y la educación» rompiendo «todos los vínculos institucionales y culturales con Europa».

Las tensiones con Occidente y el proceso de «des-occidentalización» acercan a Rusia hacia su principal aliado estratégico, China, en una especie de «asianización exprés» de la geopolítica rusa, alterando con ello sus históricos equilibrios con Occidente.

Rusia y China comparten más de 4.000 kilómetros de frontera terrestre, una de las más extensas del mundo. Tras breves confrontaciones por su delimitación, con la desintegración de la URSS se firmaron nuevos tratados legitimando el trazado actual de la frontera. Este reconocimiento de fronteras entre Moscú y Beijing es un factor determinante en la evolución de sus relaciones bilaterales y en el alcance de la alianza estratégica ya que, al menos a priori, evitaría cualquier controversia en cuanto a reclamaciones y disputas territoriales.

En el Foro de San Petersburgo, Putin señaló a China como «nuestro socio estratégico», elogiando la capacidad china de ostentar «el récord de patentes en el ámbito de la inteligencia artificial, un campo en el que la propia Rusia tiene perspectivas muy alentadoras». Esta declaración de intenciones acerca las prioridades rusas de aliarse con la potencia tecnológica china, capacitada para desafiar la hegemonía estadounidense en ese ámbito. India fue otro objeto de elogios por parte de Putin al considerarla como «uno de los principales actores de la industria informática, con una cuota considerable del mercado mundial de software».

El comercio bilateral entre China y Rusia mantiene su nivel de consistencia, aunque también se observan disparidades. Para octubre de 2025, China exportó US$8,51MM e importó US$11MM desde Rusia, resultando un balance comercial negativo para Beijing de $2,49MM.

Si bien esta relación muestra aspectos estratégicos para ambos países, es igualmente notoria la asimetría: China es dependiente de materias primas como el petróleo y gas natural ruso, cuyos precios son más baratos ante la pérdida de mercados por las sanciones occidentales. Toda vez que Rusia depende de la tecnología, las inversiones y el esquema financiero chino que precisamente le ha resultado vital para sortear esas sanciones occidentales.

La sintonía sino-rusa tiene igualmente una implicación euroasiática. Bajo la denominada «Perspectiva hacia Oriente» impulsada por el influyente think tank Club Valdai, Rusia también juega sus cartas con determinación en Eurasia, consciente de que esta región se encamina a concentrar la atención geopolítica del siglo XXI.

En este apartado también entran en juego lo que el Kremlin denomina como la «diplomacia tecnológica», una estrategia que le permite tener influencia cultural en el espacio euroasiático, así como otras herramientas de soft power tomando en cuenta que el ruso ha sido una especie de «lingua franca» en este espacio euroasiático post-soviético.

Un caso específico es Uzbekistán. En el Foro de San Petersburgo, Putin elogió el «papel esencial» de ese país «como enlace entre Rusia, Asia Central y Meridional, China y Medio Oriente». Las relaciones ruso-uzbecas abordan igualmente otro apartado: el de la seguridad, específicamente en el caso nuclear.

Durante una reciente visita a Tashkent, la capital uzbeca, Putin y su homólogo Shavkat Mirziyoyev anunciaron que, con apoyo ruso, Uzbekistán creará la primera central nuclear en Asia Central. Esta declaración no sólo retrotrae la importancia de la industria nuclear ante las actuales tensiones globales sino que implicaría para Moscú asegurar su primacía militar y de seguridad en sus esferas de influencia para evitar la interferencia occidental. Mientras EEUU e Israel iniciaban la guerra contra Irán a finales de febrero, el presidente estadounidense visitaba Uzbekistán. Por otro lado, las recientes elecciones parlamentarias en Armenia verificaron el giro prooccidental de Ereván, histórico aliado ruso.

Este súbito viraje geopolítico asiático ha evitado el aislamiento y la condición de paria internacional de una Rusia hoy fortalecida por un papel cada vez más activo en el «Sur Global». 

Moscú lo ejerce vía BRICS, jugando sus intereses en Oriente Próximo (Palestina, Irán, Siria, mar Rojo), con acuerdos comerciales y militares con países asiáticos (principalmente China y Corea del Norte) pero también a través de una nueva relación con África en materia geoeconómica.

Así mismo, la «asianización» rusa puede intuir una estrategia geoeconómica orientada a buscar socios que le permita reducir cierta dependencia económica y tecnológica de Occidente. Esta iniciativa permite anclar esas alianzas hacia potencias económicas (China, India) que definirán la nueva fisonomía del poder global en este siglo, todo ello sin olvidar tampoco la sintonía con potencias energéticas (Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos) y otras con capacidad militar (Turquía, Irán, Corea del Norte) que le permitan a Putin mantener a flote la estrategia de «economía de guerra» en Ucrania y, preventivamente, disponer de aliados clave ante cualquier escalada de confrontación con Occidente. 

En este «Sur Global», África también ocupa un lugar estratégico para la multipolaridad rusa. La presencia en el Foro de San Petersburgo de la presidente de Tanzania fue elogiada por Putin, quien aseguró que este país «desempeña un papel clave en África Oriental». 

 En África, Moscú acelera su presencia económica, geopolítica y militar en la región del Sahel, especialmente en Malí, Burkina Faso y Níger. También fortalece vínculos con Egipto, Libia, Guinea Ecuatorial y Sudán. Este contexto representa una especie de «retorno» de Moscú al continente africano. Se trata de un espacio geopolítico e ideológico estratégico en tiempos de la URSS, que hoy recupera importancia con la crisis ruso-occidental por Ucrania.

El nivel de relación se ha fortalecido con la creación del Foro de Asociación Rusia-África, que celebró su segunda conferencia los días 19 y 20 de diciembre en Egipto. Este foro resaltó igualmente el compromiso adoptado entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y Rusia para fortalecer la cooperación en materia política, electoral y de lucha contra el terrorismo.

Las sanciones occidentales contra Rusia iniciadas en 2014 han fortalecido el nivel de relación de Moscú con sus socios africanos. En este sentido, Rusia observa con atención el apoyo de África, particularmente por sus 54 votos en la Asamblea General de la ONU, que le han permitido legitimar sus intereses tras la invasión militar a Ucrania. El desarrollo de vínculos políticos, económicos y militares con África le permite a Rusia alcanzar mercados alternativos vitales para amortiguar las sanciones occidentales.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG. 

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EL NUEVO DOMINIO ESTRATÉGICO: EL CIBERESPACIO REDEFINE EL PODER GLOBAL

Martín Rafael López*

Imagen de geralt en Pixabay

Artículo publicado el 15 de diciembre en La Nación**

 

Durante siglos, el espacio estratégico fue concebido esencialmente como una superficie plana y terrestre. Con el progreso de las tecnologías de navegación marítima y aérea y el consecuente paso de la era agrícola a la era industrial, se convirtió en un espacio tridimensional.

En la década de 1950, este proceso sempiterno incorporó el espacio exterior como una cuarta dimensión. Tras la conquista de esa «alta frontera», comenzó una nueva transformación impulsada por las tecnologías de redes de información, que delinearon una quinta dimensión, de carácter intangible, en la que hoy operan tanto los actores tradicionales ―como los Estados― como los nuevos actores transnacionales ―como las empresas multinacionales o el terrorismo internacional―.

Por lo tanto, la concepción tradicional del espacio estratégico como una mera superficie terrestre hoy resulta obsoleta. En un mundo regido por datos y algoritmos, un análisis pertinente debe dar paso a una nueva visión del espacio estratégico que combine no solo lo local con lo global sino también lo visible con lo virtual. Este enfoque integral debe contemplar la proyección del poder y la protección de los intereses estratégicos de todas las dimensiones en las que hoy se disputa la influencia: desde la tierra y el mar hasta el aire y el espacio exterior, y desde las infraestructuras físicas (como cables submarinos, centros de datos o satélites) hasta aquellas arquitecturas intangibles que sostienen el funcionamiento de internet (como los estándares, los protocolos, los sistemas de nombres de dominio y los regímenes normativos).

En este escenario, la gobernanza del ciberespacio aparece no sólo como un asunto técnico, sino como un componente central de la actual competencia estratégica global en el segmento tecnológico.

Si en el pasado una nación debía proteger su territorio hasta donde lo permitieran sus barreras naturales, hoy está obligada a proyectar su poder mucho más allá de esos límites, extendiéndose hacia dominios físicos y virtuales que trascienden cualquier frontera tradicional.

El desafío es claro: ampliar la profundidad estratégica, resguardar la infraestructura crítica y participar activamente en la gobernanza de los bienes comunes globales en todas sus dimensiones, físicas y digitales.

En efecto, estos bienes ―el espacio, las profundidades marinas, las regiones polares y las redes cibernéticas― ya no son «espacios vacíos», sino que son los nuevos «puntos calientes» de la competencia global. Allí, las grandes potencias tecnológicas proyectan sus capacidades para marcar límites, imponer reglas y, las más de las veces, dificultar el acceso a quienes llegan tarde.

Con el desarrollo acelerado de una nueva revolución científica y tecnológica, y con la globalización como telón de fondo, el ciberespacio se ha convertido en un nuevo espacio de poder propenso a generar tensiones y desacuerdos.

El término «ciberespacio» ―acuñado por William Gibson en Neuromante (1984)― hoy es sinónimo de internet, pero lo excede. Abarca las infraestructuras físicas, los sistemas de información y los espacios sociales donde interactúan usuarios, empresas y Estados. Es un entorno donde lo humano ocupa un lugar central: cada clic, cada transacción y cada intercambio contribuyen a dar forma al ecosistema digital.

En esta nueva territorialidad emergen múltiples flujos ―informativos, económicos, financieros, culturales― que redefinen la interacción global. Pero este escenario, además de generar oportunidades, abre la puerta a nuevas dinámicas de competencia y conflicto.

Por su enorme valor económico, militar y político, el ciberespacio se ha convertido en un campo de disputa global que atrae a cada vez más países y organizaciones internacionales a intervenir en la definición de un orden cibernético global.

En este marco, la gobernanza del ciberespacio deja de ser una tarea exclusivamente institucional y se convierte en un componente central de la gobernanza global y de la seguridad nacional.

Los problemas de seguridad en el ciberespacio mundial se entrelazan con las disputas por soberanía, competencia tecnológica y la lucha por la llamada «ciberhegemonía». Estos procesos impactan en los límites tradicionales de la política internacional, tensionan sus marcos regulatorios y plantean nuevos desafíos inéditos para los Estados, que deben proteger tanto su infraestructura crítica física como sus intereses estratégicos en el ecosistema digital.

Las cifras son elocuentes. Según la medición del desarrollo digital realizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a comienzos de la presente década, alrededor de 2.900 millones de personas permanecían sin conexión a internet.

En América Latina, la brecha digital sigue siendo profunda: mientras en áreas urbanas el 78% de la población cuenta con acceso estable, en zonas rurales esa cifra desciende al 42%. El acceso ―o la falta de acceso― redefine hoy el mapa del poder global: quien controle la conectividad influirá decisivamente en el desarrollo de cualquier comunidad.

En este tablero, las propuestas de modelos de gobernanza se enfrentan. Algunos defienden un internet abierto y descentralizado y gestionado por actores privados y organismos multilaterales. Otros promueven un enfoque soberanista, donde los Estados asumen un rol central en la administración de sus espacios digitales.

China, por ejemplo, impulsa la idea de una «Comunidad de Futuro Compartido en el Ciberespacio», centrada en la cooperación internacional, la soberanía digital y el respeto mutuo entre Estados. Occidente, en cambio, privilegia la libre circulación de datos y marcos regulatorios que apuntan a proteger y resguardar la información: la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como estándar global de privacidad, y Estados Unidos con normas como la Ley CLOUD, que otorga autoridad al gobierno para acceder a datos almacenados en servidores de compañías estadounidenses incluso cuando se encuentran en otros países, lo que refleja su intención de asegurar alcance extraterritorial en el dominio digital.

América Latina no puede permanecer al margen de esta discusión. La región necesita construir una posición propia que combine inclusión digital, desarrollo tecnológico y soberanía informativa. Porque en la arquitectura del poder del siglo XXI, la gobernanza del ciberespacio ya no es un asunto técnico: es una decisión política, estratégica y civilizatoria.

 

* Lic. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCALP). Profesor de Relaciones Internacionales (UCALP). Especialista en Estudios Chinos (IRI-UNLP). Diplomado en Estudios Estratégicos Chinos (UNDEF). Coordinador Estudios Internacionales (IAPE-UCALP). Miembro Investigador del Centro de Estudios Chinos (IRI-UNLP).

** https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-nuevo-dominio-estrategico-el-ciberespacio-redefine-el-poder-global-nid15122025/

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Y LA PESCA ILEGAL DE SUS RECURSOS PESQUEROS[1]

César Augusto Lerena*

El 85% de la pesca a distancia la realizan 5 Estados: China, España, Taiwán, Corea del Sur y Japón, quienes ocupan 25 millones de horas de pesca del total mundial de 37 millones horas; por el cual, es altamente probable que el mayor daño no lo ocasionen los 216 Estados restantes, sino estos cinco países que operan ―salvo Japón en los últimos años― tanto en el océano Pacifico como en el Atlántico Sur y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración y el cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y los migratorios en alta mar tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco Estados responsables de la PESCA ILEGAL y del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unos 30 millones de toneladas del total 92 millones/año, es decir, el 33% del total de las capturas sobre «221 Estados y territorios que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p. 18, 2020). En el Atlántico Suroccidental hay que agregar las licencias ilegales que otorga el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas donde buques extranjeros extraen unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros.

La Unión Europea se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias y a acrecentar la pesca fuera de su jurisdicción, lo que hace suponer que la situación habrá de empeorar.

La pesca es un recurso esencial para permitir el desarrollo de los pueblos que, dentro de sus actividades, tienen en la pesca un elemento de generación de empleo, alimentación, sustento de las empresas y desarrollo regional; por lo cual, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe debieran unirse para llevar adelante una política común destinada a erradicar la PESCA ILEGAL.

Se entiende por PESCA ILEGAL a aquella en que se capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional, nacional y/o de origen y/o sin control oficial o independiente habilitado y/o si se captura sin control del Estado de pabellón o con buques que, no obstante utilizar pabellones de terceros están sujetos a las regulaciones de sus países de origen y/o en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible y/o dañando intereses de terceros Estados por realizar las operaciones pesqueras sin acuerdo previo con los Estados ribereños sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a la ZEE; o cuando la pesca se realiza en territorios de terceros Estados invadidos (caso Malvinas) y/o en disputa o donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y/o las fuentes de trabajo y/o la economía de los Estados, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o realizando evasión fiscal por falta de pago de impuestos, derechos de captura o de importación o exportación y/o no declaren las mercaderías que importen o exporten evadiendo los impuestos aduaneros y/o con sus actos afecten la reputación de los países o comunidades a las que pertenecen, contribuyendo a quebrar las normativas legales que aseguran las buenas prácticas de pesca acordadas en las Convenciones Internacionales y de las Comunidades para asegurar explotaciones empresarias sustentables, biológicamente sostenibles y comercialmente equitativas.

Más allá del tecnicismo de Pesca INDNR, no hay faltas leves frente a la PESCA ILEGAL, ya que la depredación de los recursos pesqueros y la contaminación del medio marino son hechos graves que atentan contra el ecosistema y la disponibilidad de proteínas de la humanidad. Por ejemplo, no declarar una captura al desembarque podría considerarse una mera infracción; sin embargo, cuando la pesca está cuotificada este comportamiento lleva a la sobre-explotación o la falta de disponibilidad del recurso de otras empresas que tiene igualmente un cupo otorgado. Y entre otros cientos de ejemplos, también podríamos tipificar de PESCA ILEGAL cuando se captura, sin determinar previamente las “Capturas Máximas Permisibles”, cualquiera fuese el ámbito; etc. la mayoría de las veces mediante “pesca olímpica”. 

La producción pesquera mundial ha alcanzado los 223 millones de toneladas, de los cuales, 92 millones son recursos de la pesca marítima y 131 millones de toneladas proceden de la Acuicultura o Maricultura. Sin embargo, entre 16 y 24 millones de toneladas provienen de la pesca ilegal y, ello, representa de 36 a 54 mil millones de dólares (FAO, 2016, p 05-06) en favor de los países que pescan a distancia, quienes se apropian de los recursos pesqueros de las ZEE de los Estados ribereños o en alta mar cuando capturan los recursos migratorios originarios de las ZEE y/o asociados éstas; ello, sin tener en cuenta los descartes que se producen por la pesca con bajo o ningún control presencial, que los expertos y organismos especializados como la FAO estiman en un 30%, lo que aumenta las pérdidas a casi 28 millones de toneladas anuales.

Deberíamos también ponderar a las empresas de capital extranjero autorizadas a pescar en las ZEE de los países hacen transbordos con embarcaciones generalmente de la misma nacionalidad que operan ilegalmente en alta mar.

Por cierto, los Estados ribereños de Latinoamérica y el Caribe son afectados por la pesca ilegal subsidiada de los buques que pescan a distancia en el océano Pacífico y Atlántico, violando todas las normas internacionales (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; Resoluciones de las Naciones Unidas (ONU); Resoluciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC); el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992); el Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado en la Conferencia de la FAO del 28º período de sesiones del 31/10/1995; el Plan de Acción Internacional (PAI) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal de las Naciones Unidas para la FAO, 2001; el Codex Alimentarius FAO-WHO; las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI); el Acuerdo de la ONU relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Nueva York); los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos; las leyes de Pesca y Medio Ambientales de los Estados ribereños de Latinoamérica y El Caribe; los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea en materia pesquera, aduanera, impositiva, de origen, de defensa del consumidor, sanitaria, etc.

A ello se agregan los informes de la FAO que indican que en el Área 31 (Atlántico occidental central) el 37% de las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles; en el Área 41 (Atlántico Suroeste) el 40%; en el Área 77 (Pacífico Oriental central) el 14,3% y en el Área 87 (Pacífico Sureste) el 66,7% (Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019), lo que agrava la PESCA ILEGAL, cuyos principales responsables son los Estados mencionados.

En este escenario, las distintas Convenciones, Acuerdos, Códigos y Planes aprobados por los Estados y los organismos multilaterales con el objeto de erradicar o minimizar los efectos negativos de la PESCA ILEGAL han resultado insuficientes e ineficaces y después de más de 30 años de aprobados esta actividad ilegal persiste y crece, atentando contra la soberanía de los Estados, la sostenibilidad de las especies y la sustentabilidad de los pueblos menos desarrollados, su economía, trabajo, alimentación y ambiente. Tampoco han resuelto la PESCA ILEGAL en las áreas en disputa de soberanía, atentando contra la seguridad en las áreas en conflicto, el ordenamiento pesquero regional y el ecosistema.

Además de ello, los citados institutos nacionales e internacionales relativos al mar y a la pesca, no han definido con precisión la terminología utilizada de “pesca ilegal”, “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociadas”, “transfronterizas”,  “poblaciones”, etc., a partir de lo cual, resulta imposible establecer marcos normativos destinados a ordenar y conservar los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados; entendiendo, que previo a los acuerdos respecto a la limitación de los espacios, derechos y obligaciones, debería establecerse el “qué”, para finalmente abordar el “cómo” y “quiénes”.

Observamos que mientras las obligaciones son laxas en alta mar, hay mayores exigencias en las ZEE, pese a que el ecosistema es uno e indivisible y, por lo tanto, la depredación pesquera o la contaminación marina en alta mar afecta a la ZEE y viceversa, razón por la que entendemos necesario armonizar las obligaciones relativas a la investigación, conservación y distribución integral y conjunta de los recursos en ambas zonas.

Analizamos también que el Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar indica solo una reducida cantidad de especies “altamente migratorias”, dejando sin tipificar en esta categoría, a cientos de especies y, con ello, resulta muy difícil llevar adelante Acuerdos sobre la captura de especies migratorias originarias de la ZEE a alta mar y de esta a la ZEE. Cuestión que el informe de la FAO (4. La conservación y ordenación de poblaciones de peces altamente migratorias y transzonales) ya refería; al igual que los biólogos Hilborn y Sibert (1988, p. 36; FAO, 1994).

Adherimos a la opinión de Hernán Salinas Burgos (Chile): «La jurisdicción es una expresión de la soberanía del Estado», por lo tanto, carece de todo rigor biológico y jurídico que el Estado ribereño pierda “el dominio” de sus especies originarias de la ZEE en alta mar, por solo transponer la línea imaginaria de las 200 millas.

Por otra parte, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros considerados producto de la PESCA ILEGAL, por cuanto se han capturado sin Acuerdos con los Estados ribereños y/o se han capturado sin controles a bordo de los Estados de pabellón y, por lo tanto, debe entenderse que no está garantizada la sostenibilidad y/o puede haberse realizado depredación y descarte y/o no se disponen de registros y/o se carece del origen y la trazabilidad certificada. Del mismo modo, parece poco probable, que el auto control resuelva la pesca ilegal, como no lo ha resuelto hasta la fecha.

Unos 10 mil barcos chinos superan su jurisdicción y pescan subsidiados a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, Japón, Corea; Taiwán, España. También el Reino Unido asociado a este último país en Malvinas y se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias por exigencia de la Unión Europea, lo que hace suponer que la situación empeoraría.

Entendemos, a su vez, que no son suficientes las sanciones administrativas para desalentar la PESCA ILEGAL y que es necesario aplicar sanciones penales a quienes realizan esta práctica e implementar metodologías desburocratizadas que permitan la aplicación de sistemas ágiles y efectivos.

Evaluamos también que la PESCA ILEGAL encuentra fundamento en la evasión fiscal, ya que pescar sin control ni acuerdos la facilita. 

Consideramos que el descarte al mar de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial es una práctica depredadora que atenta contra la sostenibilidad de las especies y las necesidades proteicas de las naciones, en particular, las menos desarrolladas, habiendo ello quedado de manifiesto con la prohibición de esta práctica en la Unión Europea desde 2004 e implementando desde 2019 y en la Argentina desde 1998, al igual que en otros Estados, pese a lo cual, debido a los controles insuficientes en las ZEE e inexistentes en la pesca en alta mar los resultados son exiguos.

Valoramos el Informe III de Reglamentación de la FAO de la pesca de especies migratorias en alta mar, fuera de la jurisdicción nacional, donde se indica que «de acuerdo con el derecho internacional, un Estado puede condicionar el acceso a la pesca dentro de su jurisdicción exclusiva y, fuera de ésta, tomar determinadas medidas cuando se realicen actos que puedan influir en su zona de jurisdicción»; es decir que tanto el Estado ribereño, como el Estado de pabellón, estarían obligados a acordar.

Verificamos que, frente a acciones de PESCA ILEGAL por parte de buques pesqueros de Estados de pabellón, resulta insuficiente que los Estados ribereños vigilen hasta el límite exterior de las ZEE para evitar el ingreso de las flotas extranjeras que pescan ilegalmente (sin control y sin acuerdo), ya que la pesca de recursos migratorios en alta mar originarios de la ZEE afecta al conjunto de los recursos del ecosistema, provocando daños biológicos, sociales y económicos que afectan a los Estados ribereños menos desarrollados, con más necesidades nutricionales y con altos índices de pobreza y desempleo. Una conducta dolosa que causa un grave daño al ambiente y afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Reconocemos también que la PESCA ILEGAL es un delito ambiental y que, para que haya imputabilidad «los requisitos básicos son conocimiento y voluntad» (María Pazmiño; Ecuador); implica «la capacidad de conocer el alcance de los actos que realiza y, la posibilidad de acomodar su conducta a las exigencias del ordenamiento jurídico» (Allan Arburola Valverde; Costa Rica) y «la capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento…» (Juan Bustos Ramírez; Chile) y que los peces, crustáceos y moluscos son parte del ambiente, forman parte del ecosistema y, su explotación no sostenible; depredadora; de descarte; etc., en suma, la PESCA ILEGAL rompe el equilibrio biológico y compromete los derechos de la tercera generación.

Entendemos que, frente al aumento de la población y las necesidades crecientes de proteínas, a la modificación de las políticas por parte de los Estados de pabellón para hacerse de los recursos naturales, la creciente desigualdad entre las grandes potencias y los Estados en desarrollo, los cambios en las economías de las empresas pesqueras, los mercados y los avances tecnológicos, etc., es necesario perfeccionar las herramientas disponibles, para que sirvan con una mayor eficiencia y eficacia a la protección integral de los recursos, tanto en las ZEE como en alta mar y una explotación con mayor equidad entre los Estados.

Hemos analizado, por su parte, toda la legislación de Latinoamérica y El Caribe referida a la PESCA ILEGAL, donde apreciamos ―más allá de perfeccionar algunas normas― la voluntad de los Estados de proteger los derechos preferentes de los Estados ribereños, en especial en materia de protección de los recursos migratorios, como es el caso del Estado Bolivariano de Venezuela, que refiere a “propender a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios con los países de la región, en particular en lo referido al manejo de los organismos altamente migratorios y los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella”.

Tenemos presente también que la PESCA ILEGAL debe considerarse contaminante y que esta contaminación debe presumirse intencional y grave, ya que los volúmenes de captura ilegal son muy importantes, a lo que se suman los descartes, incluso los descartes de los productos desembarcados; a lo que hay que sumar lo sostenido por la FAO (“El Estado Mundial de la Pesca…”, La Sostenibilidad en Acción, FAO, 2020) de que «las especies marinas explotadas en forma biológicamente sostenible alcanzan al 65,8%, mientras que las explotadas en forma biológicamente insostenible al 34,2% en todo el mundo».

En atención a todo ello, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe, de conformidad con los principios internacionales y legislaciones nacionales de protección de los recursos naturales y del medio ambiente deberían llevar adelante una serie de acciones destinadas a erradicar la PESCA ILEGAL. Entre otras, definir terminológica y científicamente las siguientes expresiones: “pesca ilegal”, los recursos pesqueros “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociados”, “transfronterizos”; las “poblaciones” y otras definiciones biológicas y operativas, a partir de lo cual, establecer los marcos normativos destinados a investigar, conservar, distribuir los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados. Una vez definida la terminología correspondiente, integrar una única lista de especies migratorias, asociadas, transzonales, etc. a propuesta de los Estados y con el debido respaldo científico, de acuerdo con la distribución regional y las características biológicas de las especies.

Teniendo en cuenta el daño ecológico intencional y grave que provoca la PESCA ILEGAL y el ataque a la soberanía política y alimentaria de los Estados, establecer con criterio de Precaución una serie de medidas de urgencia, que incluyan ―al menos― la prohibición de la pesca de los recursos migratorios originarios de las ZEE en alta mar y desde ésta a la ZEE, sin acuerdo con los Estados ribereños; la pesca y transbordos en alta mar sin control de observadores independientes y exigir a los buques que pescan fuera de sus jurisdicciones la certificación de origen y la trazabilidad por parte de los Estados ribereños en las áreas no sujetas a la jurisdicción de los Estados, que permitan garantizar la pesca sostenible y ambiental segura.

Jerarquizar las estructuras oficiales de los Estados ribereños, responsables de ejecutar una política relativa al cuidado del ambiente marino y los recursos vivos del mar, de modo de poder interactuar con los demás poderes del Estado y llevar adelante las relaciones exteriores con capacidad de acordar con los Estados de pabellón la explotación de los recursos en alta mar y, la comercialización de los productos. Al mismo tiempo apoyar técnica y económicamente a los Estados ribereños para que sus Autoridades de Aplicación a través de los correspondientes Institutos de Investigación, establezcan las Capturas Máximas Sostenibles en alta mar con el objetivo de que los Estados de pabellón puedan conocer la información relativa a los recursos disponibles y, su condición migratoria.

Instrumentar los mecanismos necesarios para facilitar los Acuerdos directos entre los Estados destinados a asegurar la titularidad de los recursos migratorios originarios en la ZEE más allá de las 200 millas y, promover un reparto equitativo, sustentable, sostenible y gratuito de éstos recursos al igual que el de las especies asociadas, con los Estados de pabellón en alta mar, de modo de armonizar el interés económico, con el desarrollo de los Estados menos favorecidos, basado en una sustentabilidad económica y sostenibilidad biológica con mayor equidad.

Establecer nuevas herramientas y profundizar las acciones técnicas, operativas y de control para erradicar el descarte al mar y posterior al desembarco de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial, frente a las necesidades proteicas de los Estados, en particular los menos desarrollados.

Instrumentar las sanciones penales adecuadas a quienes realizan PESCA ILEGAL, ya que las sanciones administrativas han resultado insuficientes para desalentar este flagelo que depreda el recurso y pone a esta práctica delictiva «al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad» (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte “Documento de Estrategia de Seguridad Marítima”, 2014) y las bajas penas impuestas para estos delitos, hace a la PESCA ILEGAL muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08) y, se utilizan estos buques que pescan ilegalmente para el transporte de drogas, armas y la utilización de trabajo esclavo y, mientras se armoniza sobre la aplicación de las sanciones penales, propiciar multas a la PESCA ILEGAL cuyo monto supere el valor del buque y el de las materias primas incautadas, ya que no se trata solo de una extracción ilegal de recursos, sino una violación de la soberanía y de la seguridad de los Estados ribereños.

Promover la aplicación efectiva de las sanciones a los Estados, los propietarios, armadores, capitanes y oficiales responsables de los buques que realizan PESCA ILEGAL en lugar de a las embarcaciones, que son bienes que, en todo caso, debieran comisarse o establecerse el desguace.

Establecer los mecanismos para asegurar que, conforme el artículo 88º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, alta mar se use exclusivamente con fines pacíficos, y no debería considerarse uso pacífico utilizar alta mar para capturar sin control ni acuerdo con los Estados ribereños los recursos que migran desde la ZEE, ni tampoco podría entenderse que depredar recursos de tercera generación pueda tipificarse como un fin pacífico que se realiza en alta mar. Del mismo modo, infringir las leyes internacionales; pescar sin acuerdos de conservación; sin declarar las operaciones o haciéndolo en forma inexacta; sin control de las capturas y los transbordos en alta mar; sin observadores e inspectores inobjetables; recibiendo subsidios; utilizando redes con mallas que no liberen juveniles; descartando en el mar; sobreexplotando; usando pabellones de conveniencia para evadir penalidades; capturando recursos migratorios sin tener en cuenta las necesidades de los Estados menos desarrollados y/o afectando las economías de los Estados ribereños; contaminando el mar; realizando actividades con trabajo esclavo o sin aplicar las leyes laborales de la OIT y la Convención de Derechos Humanos; capturando sin establecer las Capturas Máximas Sostenibles; pescando recursos interceptando e impidiendo el ciclo migratorio de las especies; realizando prácticas que atenten contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, etc. Del mismo modo, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros que deben considerarse producto de la PESCA ILEGAL, careciendo de registros, origen y la trazabilidad certificada;

Propiciar la formulación de Acuerdos entre los Estados para favorecer el agregado de valor a las capturas por parte de los Estados ribereños menos desarrollados, reduciendo la comercialización internacional por parte de estos de especies enteras o con escaso procesamiento, de modo de mejorar su administración, generar trabajo local y asegurar menos riesgos de pérdida de calidad por reprocesamiento indirecto.

Contribuir a precisar la tipificación de actos de “Piratería” por parte de los buques que realizan PESCA ILEGAL, ya que al realizar esta práctica se transfigura lo regulado por el artículo 87º 2 de la Convención del Mar: «serán ejercidas por todos los Estados teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar», por cuanto el apoderamiento en alta mar por parte de buques extranjeros de especies (semovientes) migratorias originarias de la ZEE, interfiriendo en su migración «en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado» o mediante actos «de depredación voluntaria, cometido con un propósito económico» o por la apropiación de los recursos mediante la ocupación de territorios marítimos de otros Estados, en todos los casos deberían tipificarse como actos de piratería.

Actuar sobre aquellos Estados que ejercen ocupación en forma prepotente de espacios continentales, insulares y marítimos o explotan áreas en disputa de soberanía capturando poblaciones de especies pesqueras; atentando contra el ecosistema; el ordenamiento pesquero regional y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y la seguridad en las áreas en conflicto.

Fortalecer a los Estados ribereños en sus políticas portuarias a través del asesoramiento, la financiación para la construcción de muelles, su modernización y la aplicación de las tecnologías y medios operativos y de control indispensables, para que sus autoridades nacionales, dentro de su jurisdicción, apliquen todas las medidas necesarias para ejercer el poder de policía que les compete, con el objeto de determinar el origen y la trazabilidad de las capturas; dificultando en lo posible, el comercio de la PESCA ILEGAL.

Instar a los organismos multilaterales con la cooperación consensuada de todos los Estados a perfeccionar los sistemas de certificación de origen y los relativos a los controles de captura, en los puertos, los transportes, los procesos industriales, el almacenamiento y el comercio en general, para asegurar la procedencia y todos los procesos, de forma de reducir el comercio de productos de la PESCA ILEGAL.

Actuar en favor de la normatización efectiva y consensuada, para que los Estados más desarrollados contribuyan con los menos desarrollados, a que la pesca pueda ser un sustento de estos últimos, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con los artículos 24º a 26º del Acuerdo de Nueva York: «Los Estados reconocerán plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en relación con la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios y el desarrollo de pesquerías para tales especies» y, entendiendo, que la pesca no debe ser de subsistencia sino que debe asegurar una “Unidad Económica Pesquera” que les permita a los pescadores -por pequeños que sean- una actividad económicamente sustentable y, que, mediante una administración adecuada, los Estados menos desarrollados puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos y ciudades del litoral marítimo.

Finalmente, la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos desde 2014 consideran a la pesca ilegal como una cuestión de Seguridad Nacional. China y Rusia, sin declararlo operan en ese sentido.

Latinoamérica y El Caribe deberían llevar adelante un proyecto común para terminar con la PESCA ILEGAL en la ZEE y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.  

 

* Dr. César Augusto Lerena[2]. Experto en Atlántico Sur y Pesca. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. www.cesarlerena.com.ar

 

1 de agosto de 2025 (1° de agosto de 1816 nace el Ejército de los Andes que da libertad a los pueblos de Chile y Perú).

 

Referencias

[1] Lerena, César Augusto. Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Fundación Agustina Lerena “Pesca Ilegal y Expoliación de los Recursos Pesqueros de Latinoamérica y El Caribe”, 227 páginas, ISBN 978-987-29323-9-8 Copyright © 2022. Puede ser descargado gratuitamente de: https://saeeg.org/wp-content/uploads/2023/01/pesca_ilegal_y_expoliacion_de_los_rec_pesq_latinoam_y_el_caribe.pdf

[2] El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada el 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana CESPEL (fundado el 2/4/1989); Experto en Atlántico Sur y Pesca; ex Secretario de Estado; ex Asesor en el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados de la Nación; ex Prof. de Universidades FASTA y UNNE.  Autor entre otros de los libros “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2009); “Pesca. Apropiación y depredación” (2014); “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” (2019) y “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la Moneda de Cambio” (2022) y “El Saqueo. La apropiación de la nación de los recursos pesqurros de Buenos Aires (2024). Autor de la Ley de Pesca de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.477; Autor del Proyecto de Ley Nacional de Pesca Marítima (Expte. S-2259/14). Coautor de la Ley Nacional de Marina Mercante y Fluvial Nº 27.419 y de la Ley Nacional de Industria Naval Pesquera Nº 27.418 entre otras leyes y artículos (www.cesarlerena.com.ar).