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AGUA POTABLE Y SEGURIDAD NACIONAL: POR QUÉ LA PLANTA GENERAL BELGRANO ES ESTRATÉGICA PARA ARGENTINA

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Basado en: Trabajo Final Integrador de Especialización. Titulado «Evaluación del sistema de agua de consumo humano como un recurso estratégico argentino, de la Planta Gral. Belgrano» por Gabriel Francisco Urquidi Roldan.

  

En tiempos donde las guerras ya no se libran únicamente con ejércitos y fronteras[1] [2], sino también con información, tecnología y ataques invisibles, el agua potable se convierte en un recurso estratégico de primer orden. En Argentina, esa realidad tiene un nombre concreto: la Planta Potabilizadora General Belgrano, operada por Agua y Saneamientos Argentinos[3].

Ubicada en Bernal, partido de Quilmes, esta infraestructura abastece a más de 10 millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero su importancia excede ampliamente la dimensión técnica: se trata de una infraestructura crítica cuyo funcionamiento impacta directamente en la salud pública, la estabilidad económica y la seguridad nacional.

¿Qué es una infraestructura crítica?

El concepto de infraestructura crítica (IC) se define en Argentina como aquellos sistemas cuya interrupción impactaría significativamente en la seguridad, la salud, la economía o el funcionamiento del Estado.

Según la definición adoptada en Argentina (Expediente EX-2018-55001386-APN-DGDA#JGM), las infraestructuras críticas[4] son aquellas indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, cuya interrupción generaría un impacto significativo en la seguridad, la economía o el bienestar.

 En términos comparados:

    • El U.S. Department of Homeland Security[5] define la infraestructura crítica como los sistemas y activos esenciales para la seguridad y la economía nacional.
    • La Comisión Europea[6] sostiene que su perturbación afectaría gravemente al menos a un Estado miembro o a varios en forma interdependiente.

Esta convergencia conceptual demuestra que el agua potable se encuentra universalmente reconocida como sector estratégico.

Marco normativo argentino

El reconocimiento del agua como recurso estratégico se apoya en:

    • Constitución Nacional Argentina, art. 41[7].
    • Ley 23.554 de Defensa Nacional[8].
    • Ley 24.059 de Seguridad Interior[9].
    • Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas [10], que reconoce el acceso al agua como derecho humano.

Desde esta base normativa, la Planta General Belgrano constituye una infraestructura crítica esencial para la defensa indirecta y la seguridad interior del país.

El agua como recurso estratégico

La Asamblea General de la ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental (Resolución 64/292). En Argentina, el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano y la responsabilidad estatal sobre los recursos naturales esenciales.

Desde el punto de vista estratégico, el agua cumple múltiples funciones:

    • Sanitaria: sin agua potable, colapsan hospitales, escuelas y hogares.
    • Económica: industrias y comercios dependen de su provisión constante.
    • Social: su interrupción puede generar crisis humanitarias y conflictos urbanos.
    • Geopolítica: en un mundo atravesado por el cambio climático y tensiones internacionales, el agua es cada vez más disputada.

La Planta General Belgrano concentra todas estas dimensiones.

Nuevas amenazas en un escenario híbrido

Los estudios sobre conflictos modernos ―desde las teorías de guerra de cuarta generación hasta los enfoques sobre amenazas híbridas― señalan que las infraestructuras esenciales se han convertido en objetivos estratégicos.

Hoy los riesgos no se limitan a sabotajes físicos. Existen tres amenazas principales:

    1. Ciberataques: los sistemas de control industrial (SCADA) pueden ser vulnerables a intrusiones que alteren procesos críticos.
    2. Sabotaje o terrorismo: ataques directos a instalaciones o redes de distribución.
    3. Guerra de información: campañas de desinformación que busquen generar pánico o desconfianza sobre la calidad del agua.

En este contexto, proteger el sistema hídrico es también proteger la estabilidad del Estado.

Fortalezas y debilidades del sistema

El análisis organizacional muestra que la Planta General Belgrano posee importantes fortalezas:

    • Capacidad tecnológica avanzada.
    • Personal altamente especializado.
    • Marco normativo que reconoce el agua como recurso esencial.
    • Apoyo estatal y estructura institucional consolidada.

Sin embargo, también existen desafíos:

    • Necesidad de reforzar la ciberseguridad.
    • Actualización normativa frente a amenazas digitales.
    • Coordinación interinstitucional más robusta.
    • Inversión sostenida en resiliencia y modernización.
Seguridad y resiliencia: la agenda pendiente

Fortalecer la seguridad de la infraestructura hídrica implica un enfoque integral:

    • Auditorías permanentes en ciberseguridad.
    • Sistemas de monitoreo en tiempo real.
    • Protocolos de contingencia ante desastres naturales.
    • Coordinación entre Defensa, Seguridad, Ambiente y organismos técnicos.
    • Participación ciudadana y transparencia informativa.

La resiliencia -es decir, la capacidad de resistir y recuperarse ante crisis- es hoy tan importante como la protección preventiva.

Una cuestión de interés nacional

El Preámbulo de la Constitución Nacional habla de «promover el bienestar general» y «proveer a la defensa común». En el siglo XXI, esas expresiones incluyen la protección de infraestructuras críticas como el sistema de agua potable.

Considerar el agua como recurso estratégico no es una exageración académica: es una necesidad política y técnica frente a un entorno global inestable.

La Planta General Belgrano no es simplemente una instalación industrial. Es un pilar silencioso de la seguridad humana y del funcionamiento cotidiano del país. Su protección no debe entenderse solo como una cuestión técnica, sino como una prioridad de Estado.

Porque cuando el agua deja de fluir, no solo se interrumpe un servicio: se pone en riesgo la estabilidad de toda una sociedad.

La Planta General Belgrano como activo estratégico

Inaugurada en 1951 y ampliada progresivamente, la planta abastece a más de 10 millones de personas del AMBA. Su valor estratégico se manifiesta en cinco dimensiones:

    1. Sanitaria: garantía del derecho humano al agua.
    2. Económica: soporte a la principal región productiva del país.
    3. Social: prevención de crisis humanitarias.
    4. Política: activo soberano en un recurso globalmente disputado.
    5. Tecnológica: integración de sistemas automatizados de control.

Desde una perspectiva de política pública, considerar el agua potable como recurso estratégico implica fortalecer la resiliencia física y digital del sistema.

Implicancias para la política pública

Conforme al análisis documental desarrollado, se desprenden tres líneas prioritarias:

    1. Actualización normativa en ciberseguridad aplicada a infraestructuras críticas.
    2. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional (Defensa, Seguridad, Ambiente, Obras Públicas).
    3. Implementación de modelos de evaluación de riesgo multidimensional.

La hipótesis planteada ―que evaluar el agua como recurso estratégico fortalece las políticas de protección― encuentra respaldo en la literatura revisada y en el marco jurídico nacional.

Vulnerabilidad jurídica, expansión de Mekorot y soberanía de la infraestructura crítica

El análisis precedente permite sostener una conclusión crítica respecto del grado de protección jurídica efectiva del sistema de agua potable como infraestructura crítica (IC) estratégica en Argentina. Si bien el marco normativo reconoce la centralidad del recurso hídrico ―Constitución Nacional (1994), Ley 23.554 de Defensa Nacional (1988) y Ley 24.059 de Seguridad Interior (1992)―, persiste una fragmentación regulatoria que impide consolidar un blindaje jurídico integral frente a actores con capacidad de incidencia estructural sobre el sistema.

A esta vulnerabilidad normativa se suma un factor geopolítico contemporáneo: la creciente participación de la empresa estatal israelí Mekorot en acuerdos técnicos con provincias argentinas.

En febrero de 2023, el entonces ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro encabezó la firma de un acuerdo técnico entre cinco provincias y Mekorot para la planificación y gestión de recursos hídricos[11]. Posteriormente, distintos medios periodísticos señalaron la expansión territorial de la empresa en el país y su proyección estratégica en el mapa hídrico argentino[12]. Asimismo, investigaciones críticas han cuestionado el accionar internacional de la compañía en relación con el conflicto israelí-palestino, calificando su modelo de gestión como parte de una política de «apartheid del agua»[13].

Desde una perspectiva jurídica y estratégica, la incorporación de una empresa estatal extranjera en procesos de planificación, diagnóstico y eventual intervención técnica en recursos hídricos provinciales introduce tres dimensiones problemáticas para la soberanía de la infraestructura crítica:

Dependencia técnica y transferencia de conocimiento sensible

La elaboración de estudios maestros y diagnósticos estratégicos implica acceso a información detallada sobre disponibilidad, reservas, vulnerabilidades estructurales y proyecciones de demanda. En ausencia de una normativa específica de protección de datos estratégicos de IC, dicha transferencia puede generar asimetrías de información con impacto geopolítico.

Riesgo de captura regulatoria indirecta

Cuando la planificación hídrica se externaliza en actores con intereses de expansión global, el diseño de políticas públicas puede verse condicionado por modelos de gestión que prioricen eficiencia económica o escalabilidad tecnológica por sobre criterios de soberanía y control público.

Tensión entre cooperación técnica y autonomía estratégica

Si bien los acuerdos suscriptos se presentan formalmente como asistencia técnica, el carácter estratégico del recurso agua transforma cualquier intervención estructural en una cuestión de seguridad nacional ampliada. La falta de una ley nacional específica de protección de infraestructuras críticas agrava esta tensión.

En este marco, la vulnerabilidad jurídica no reside únicamente en la posible privatización formal del servicio, sino en la ausencia de un régimen legal que delimite con precisión el alcance, los límites y los mecanismos de supervisión soberana en acuerdos con actores estatales extranjeros sobre recursos estratégicos.

El agua constituye un activo geopolítico central en el siglo XXI. La inserción de empresas con proyección global en la planificación hídrica nacional, sin un marco normativo integral que articule defensa, seguridad interior, ambiente y regulación económica bajo el paradigma de infraestructura crítica, puede debilitar la autonomía decisional del Estado argentino.

En consecuencia, la convergencia entre vacíos regulatorios internos y expansión de actores internacionales en la gestión técnica del recurso hídrico configura un escenario de debilitamiento potencial de la soberanía sobre la infraestructura crítica. Mientras no se consolide un blindaje jurídico específico para la protección integral del sistema de agua potable, la exposición estratégica persistirá como un factor estructural de riesgo para la seguridad nacional ampliada.

Conclusión

Esta fragmentación normativa genera una vulnerabilidad jurídica estructural, entendida como la falta de instrumentos regulatorios coherentes, protocolos interjurisdiccionales consolidados y estándares obligatorios unificados en materia de ciberseguridad, protección física y control estratégico de activos esenciales. La consecuencia directa es un sistema cuya defensa depende más de decisiones administrativas coyunturales que de una política de Estado jurídicamente blindada.

En paralelo, el creciente interés geopolítico del sector privado ―particularmente en contextos de reconfiguración del mercado global del agua como recurso estratégico― introduce tensiones adicionales. La eventual participación ampliada de capitales privados, especialmente en esquemas de concesión, tercerización tecnológica o financiamiento condicionado, puede generar asimetrías regulatorias que debiliten la soberanía decisional del Estado sobre un servicio esencial para la seguridad humana y nacional.

En términos estratégicos, el agua ya no es únicamente un bien sanitario, sino un activo geopolítico cuya gestión incide en la estabilidad social, la gobernabilidad y la autonomía estatal. La ausencia de un marco jurídico robusto que limite de manera explícita la captura regulatoria o el control indirecto de infraestructura crítica por actores con intereses transnacionales profundiza la exposición del sistema.

En consecuencia, mientras no se consolide una arquitectura normativa integral que articule defensa, seguridad interior, ambiente y regulación económica bajo un enfoque de infraestructura crítica estratégica, el sistema continuará exhibiendo una debilidad estructural frente a presiones externas, dinámicas de mercado y escenarios de conflictividad híbrida.

La protección efectiva del recurso hídrico exige no solo capacidad técnica y operativa, sino también un blindaje jurídico soberano, condición que, en el estado actual, resulta insuficientemente desarrollada.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] Lind, W. S. «The Changing Face of War: Into the Fourth Generation». Marine Corps Gazette, 1989, p. 22 – 26.

[2] Van Creveld, M. «The Transformation of War». Free Press.

[3] Urquidi Roldan, G. F. «Evaluación del sistema de agua de consumo humano como un recurso estratégico argentino, de la Planta Gral. Belgrano», 2025.

[4] Jefatura de Gabinete de Ministros. (2018). Definición de Infraestructuras Críticas (Expediente EX-2018-55001386-APN-DGDA#JGM).

[5] U.S. Department of Homeland Security. (2013). National Infrastructure Protection Plan.

[6] Comisión Europea. (2008). Directiva 2008/114/CE del Consejo relativa a la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas.

[7] Constitución de la Nación Argentina. (1994).

[8] Ley 23.554. (1988). Ley de Defensa Nacional.

[9] Ley 24.059. (1992). Ley de Seguridad Interior.

[10] Organización de las Naciones Unidas. (2010). Resolución 64/292: El derecho humano al agua y al saneamiento.

[11] «Wado de Pedro encabezó la firma de un acuerdo técnico entre cinco provincias y la estatal israelí Mekorot para mejorar el manejo del agua».  Página oficial del gobierno de la Argentina, 13/02/2023, https://www.argentina.gob.ar/noticias/wado-de-pedro-encabezo-la-firma-de-un-acuerdo-tecnico-entre-cinco-provincias-y-la-estatal.

[12] «El mapa de Mekorot en Argentina». La tinta, 11/09/2025, https://latinta.com.ar/2025/09/11/el-mapa-de-mekorot-en-argentina/.

[13] «Mekorot, el apartheid del agua y Argentina. La empresa israelí Mekorot, acusada de violar el derecho al acceso al agua de la comunidad palestina, se instala en Argentina y afianza sus planes de expansión mundial». El Salto Diario, 01/06/2023, https://www.elsaltodiario.com/agua/israel-palestina-mekorot-apartheid-agua-argentina.

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EL DEBATE SOBRE LA PESCA ILEGAL DEL GOBIERNO DEL CHUBUT

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil, 18 de febrero de 2026

 

El pasado 02/02/2026 en la página del Gobierno del Chubut leímos que el Gobernador Nacho Torres «encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, confirmando que elevará a Nación propuestas para eliminar las retenciones y proteger el recurso en la Milla 201».

Celebramos su conformación con una amplia participación de la industria y el comercio de Chubut que, entre sus objetivos, estaría el de “reforzar el combate de la pesca ilegal en la milla 201”; en especial, porque hasta el año pasado el gobierno del Chubut promovía publicitados acuerdos para obtener inversiones en el ámbito portuario y naval por parte de Estados que son los principales responsables de la pesca ilegal en alta mar. Es un cambio importante, a la par de convocar a la comunidad beneficiaria del desarrollo que la pesca genera en la Provincia; cuestión, que el Gobernador dejó en claro, al referirse a «tuvimos la grata noticia que en 2025 la provincia alcanzó el récord de exportaciones de los últimos veinte años, en gran medida por el crecimiento de un sector estratégico como la pesca, que es el que más empleo generó y el que mayor potencial tiene para seguir generando trabajo en tierra».

Ahora bien, tenemos algunos interrogantes derivados de las afirmaciones del gobernador que, en su vocación de escuchar opiniones, sería muy interesante que nos precisara con mayor detalle, para dar nuestras opiniones definitivas.

Por ejemplo, ¿Cómo entiende su gobierno que va a proteger los recursos en la milla 201?, en atención a que la jurisdicción de la Provincia alcanza a las 12 millas y, a nuestro juicio, tampoco se administra adecuadamente los recursos migratorios originarios de la jurisdicción de Chubut, lo que implica la pérdida de millones de dólares por año.

Dado que el gobernador en su portal indica que en la Zona Económica Exclusiva la pesca ilegal provoca una pérdida millonaria, resulta muy importante precisar ¿a quién atribuye la pesca ilegal que “asegura” que en «la Zona Económica Exclusiva genera pérdidas para Chubut y para el país de entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada» (sic)?

Del mismo modo, es necesario preguntar ¿Por qué indica el señor gobernador que «la figura del Estado Rector del Puerto, garantiza la trazabilidad de quienes hacen las cosas bien?» (sic) ya que la Argentina no ha aprobado esta figura en atención a que éste permitiría la injerencia de terceros Estados en el ámbito del mar territorial; además que ese “Estado Rector” no garantiza la trazabilidad de las capturas y en todo caso las “blanquea”.

También ¿Por qué el señor gobernador refiere a que «Chubut, es la provincia más perjudicada, porque la Milla 201 se encuentra frente a nuestras costas e impacta directamente en la jurisdicción de las aguas provinciales (sic)?; ya que la referida milla 201, linda con toda la Zona Económica Exclusiva Argentina y ésta, se encuentra directamente vinculada al mar territorial de todas las provincias del litoral marítimo por igual; además, que el principal recurso desembarcado en Puerto Madryn y Rawson es el langostino, que no se captura más allá de las 200 millas.

Sería muy interesante conocer ¿cuál sería «la batería de propuestas que presentará ante las autoridades nacionales»? ya que siendo el secretario de Pesca el representante de la Provincia del Chubut en el Consejo Federal Pesquero, es de suponer que ya ha presentado propuestas en estos dos últimos años, aunque no consta información alguna en las Actas de ese cuerpo.

Siendo conocido el bajo valor agregado de las exportaciones pesqueras procedentes del Chubut, sería importante conocer ¿Cuáles serían las acciones de la Provincia para «agregarle valor a nuestro recurso y poder generar más trabajo»? (sic); teniendo en cuenta que la falta de valor agregado de las capturas ―en especial el langostino― es, en sí mismo, una mala administración de este recurso concesionado, limitando la ocupación de mano de obra argentina y transfiriendo el trabajo a los países importadores; además de la pérdida de un mayor desarrollo regional.

Entendemos, también, que limitar la pesca ilegal a los “poteros” minimiza la más importante y menos selectiva captura que realizan los buques extranjeros con redes de arrastre.

Por supuesto que aprobamos toda iniciativa destinada a eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, ya que es la forma más arbitraria con que el gobierno de la Nación se queda con los recursos de las Provincias del litoral marítimo y con ello con el desarrollo de los pueblos y la generación de empleo y, en ese sentido; resulta llamativo que no se instrumenten acciones coordinadas con todas las provincias del litoral marítimo.

El recurso pesquero es de todos los argentinos, cuya explotación la otorgan en concesión la Nación y las Provincias dentro de su jurisdicción. Su correcta administración es un imperativo que no puede postergarse, por los recursos que aporta a la Argentina; pero también, porque es necesario proveer de esta excelente proteína a los consumidores nacionales.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar.

OBSOLESCENCIA SOCIAL PROGRAMADA Y PENSAMIENTO MÁGICO

Daniel Alberto Symcha*

Las empresas productoras de bienes de uso doméstico han elaborado una estrategia de negocios que implica diseñar productos con una vida útil intencionalmente limitada, programando que dejen de funcionar o se vuelvan obsoletos en un tiempo programado utilizando para ello materiales frágiles, baterías integradas imposibles de cambiar, falta de actualizaciones de software, incompatibilidad tecnológica, perjuicio económico para el usuario por incremento de consumos y costos de reparación, campañas de marketing que generan la sensación de antigüedad o falta de efectividad del producto.

Esta planificación tiene como objetivo obligar a los consumidores a reemplazar los productos fomentando el consumo excesivo, generando un grave impacto ambiental pero manteniendo la capacidad de producción y ventas a las grandes empresas o corporaciones. Es decir, se establece el final de la vida útil de un producto desde antes del momento de su fabricación.

Existe una relación simbiótica entre productores, grandes corporaciones internacionales y banca financiera ambas identificadas al decir del Dr. Marcelo Gullo como Unidades Políticas Sin Asiento Territorial (UPSAT), basada en el financiamiento y la dependencia donde las UPSAT, tienen una relación jerárquica con los productores ejerciendo poder sobre la producción, competitividad, estructura de mercado, control de tecnología, cambios normativos y de desregulación, creación de opinión pública y nuevos mercados.

El huevo de la serpiente

El concepto de obsolescencia programada se originó como una propuesta para salir de la gran depresión de 1930 en EEUU y la autoría corresponde a Bernard London, la propuesta que quedó plasmada en una publicación: «Poner fin a la Depresión mediante la obsolescencia programada» (Ending the Depression Through Planned Obsolescence).

London fue un corredor inmobiliario ruso-estadounidense que afirmaba que el gobierno debía definirle a las empresas establecer la obsolescencia de los bienes de consumo al momento de producirlos. Esto iba a forzar a los ciudadanos a reemplazar productos funcionales pero «viejos» por nuevos lo que implicaba mantener las fábricas en funcionamiento y sostener el empleo de trabajadoras y trabajadores, aún a costa del descarte deliberado de productos funcionales.

La propuesta de London no tuvo éxito en lo que a políticas públicas del Estado estadounidense se refiere porque era una injerencia directa y control sobre las iniciativas privadas, pero sí anticipó y legitimó una lógica económica: la producción sistemática de obsolescencia como motor del consumo que se adoptó como práctica empresarial a partir del año 1940 y las empresas comenzaron a reducir deliberadamente la durabilidad de los productos principalmente mediante cambios de diseño constantes y campañas de márketing.

En el concepto de London: «Los muebles, la ropa y otros bienes deben tener una vida útil, al igual que los seres humanos. Una vez utilizados durante su vida útil, deben retirarse y reemplazarse por mercancías nuevas» y al igual que su plan respecto de la producción y el consumo, las UPSAT siguieron al pie de la letra el concepto del neoyorkino pero aplicado a las sociedades proveedoras de materias primas de los países hegemónicos desde la periferia del poder.

Argentina como un riesgo regional

La República Argentina en 1974 tenía un índice de crecimiento del 7% anual, la industria manufacturera crecía al 6,5%; la industria metálica básica crecía al 8,4% siendo la producción de acero otro de los pilares con un crecimiento al mismo porcentaje. Existía una industria automotriz que crecía al 3,5%. La industria de la construcción con su alto impacto en mano de obra crecía al 12,5%. La demanda de servicios crecía a un 7,4% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecía al 6,4%. La producción de electricidad, gas y agua crecía al 7% anual.

La pobreza en los hogares era del 4,6%, la tasa de desempleo era del 2,7%, el nivel de la deuda externa pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 10%, la inversión bruta tuvo su mayor índice 24% del PBI.

Argentina tenía una sólida estructura estatal, producía buques mercantes y de guerra, aviones, equipamiento militar para las tres Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad, tenía una sólida estructura educativa y sanitaria, un desarrollo industrial de primer nivel, una fuerte participación gremial, desarrollo científico tecnológico propio y un pilar fundamental para el desarrollo nacional, energía nuclear. Argentina pasó a ser un riesgo para la hegemonía angloestadounidense en Latinoamérica.

La decadencia de estas capacidades comenzó con el golpe de Estado cívico militar de 1976, se profundizó posteriormente con los dos primeros gobiernos democráticos y el desguace de las capacidades del Estado llegando a un estallido social en el tercer gobierno democrático que derrocó al presidente De la Rúa quien le había solicitado a las FFAA que intervinieran para controlar el estallido pero las mismas se negaron por no formar parte de sus misiones y funciones.

La organización política argentina permitió sortear la crisis y mantener la continuidad democrática alcanzando en el año 2015, de acuerdo con las palabras del presidente de la Unión Industrial de la República Argentina, Héctor Méndez, recuperar el nivel de producción per cápita industrial de 1974.

Danzando en las ruinas

En la actualidad todos esos índices nuevamente cayeron de forma abrupta en tan sólo diez años, sumiendo a la población en la pobreza alcanzando en 2023 al 40,1% en los centros urbanos, es decir más de 11.756.000 personas. En 2026 los índices oficiales no demuestran confiabilidad ya que la asistencia social económica se elevó 30 veces a la brindada por el Estado en el año 2015, a diciembre de 2025: la Asignación Universal por Hijo alcanzó en enero de 2026 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4.500.000 millones de niños.

A mediados de 2025 de acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), de los 18.000.000 millones de argentinos en zonas urbanas en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa de las zonas urbanas.

De un total de 21.000.000 de personas en edad productiva, la cantidad de desocupados en el segundo trimestre de 2025 fue de 2,3 millones. El número de puestos de trabajo informales comúnmente denominado «trabajo en negro», abarcó al 43,2% del total de puestos de trabajo en tanto que el número de trabajadores subocupados (personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias) fue del 11,6%.

Obsolescencia social programada

Al igual que con los electrodomésticos, existe un criterio de obsolescencia social programada sobre nuestra población resultado de las políticas públicas direccionadas desde organismos internacionales que tiene un impacto directo y sedimentario sobre nuestras capacidades como Nación.

Degradar la calidad y las condiciones de vida mediante un conjunto de acciones económicas programadas, da por resultado inexorable la destrucción del ecosistema productivo, la inestabilidad e incertidumbre laboral de la población, la destrucción del tejido social, la baja de las capacidades de progreso y la denigración de las condiciones de vida de nuestra gente que se refugia en una economía de sustento diario mediante la venta de productos en sus hogares, ferias americanas, producción de panificados, parrillas al paso.

Esta denigración en la calidad de vida implica una limitación en las condiciones de supervivencia y crecimiento mediante la superación en la población joven lo que va a implicar un fuerte deterioro cognitivo por falta de nutrientes, una ausencia del sentido de orden y autoridad por la destrucción del núcleo familiar lo que deriva en procesos de violencia, de tensión y desintegración social.

La vigencia de Umberto Eco

«La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana, y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros», afirmaba Umberto Eco en una de sus columnas en L’Expresso en el año 2015.

La ingeniería multimedial mediante el uso de las tecnologías persuasivas, que estudian como los dispositivos, apps y plataformas pueden diseñarse para influir en nuestros comportamientos y la red de sectas religiosas esparcidas por los grandes centros urbanos favorecen la aparición en la población de un criterio de pensamiento mágico en dónde la realidad es simplemente un obstáculo del espacio tiempo sin importancia. En ambos casos, lo multimedial y las sectas, a partir del pensamiento mágico tienen una función anestésica, es decir bloquear temporalmente la sensibilidad y la conciencia para permitir la realización de acciones invasivas con seguridad y comodidad.

El bombardeo de estímulos, la necesidad de pertenencia a algo y la creencia en que existirá una solución a los problemas a su debido tiempo, actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la conectividad cerebral o adormeciendo zonas específicas, nos distrae del dolor, de la formación de recuerdos o la respuesta motora que podría impedir la continuidad de las acciones que degradan nuestra calidad de vida.

La obsolescencia social programada es la cosecha de una siembra realizada mediante el desconcierto económico continuo, sistemático y sostenido, el desarrollo multimedial a partir de las tecnologías persuasivas y el trabajo territorial de miles de sectas con un discurso de salvación adaptable a cada angustia para generar sentido de pertenencia y empatía que impide el quiebre de un ciclo de opresión.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

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