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EL SER, EL DEBER SER Y LA PROGRAMACIÓN COGNITIVA DE LOS MILITARES

Gabriel Francisco Urquidi Roldan*

 
«¿Juráis a la Patria defender a la Constitución Nacional, hasta perder la vida?»
El ser y el deber ser de los militares

En cada ceremonia de juramento, cuando un soldado argentino pronuncia esas palabras, no solo asume una obligación legal, sino un compromiso moral que trasciende gobiernos, partidos y coyunturas. Ese juramento —establecido por la Ley N° 23.463 (1)— no es hacia una persona ni hacia un poder político, sino hacia la Constitución Nacional y, por extensión, hacia el pueblo soberano de la Nación Argentina.

El ser militar no se define por la obediencia ciega, sino por la disciplina con conciencia. Su esencia reside en servir a la Nación, no al gobernante de turno. Así lo consagra la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 (2), que en su artículo 2° establece que la Defensa tiene por finalidad «garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes».

En consecuencia, las Fuerzas Armadas no son —ni deben ser jamás— un instrumento del poder político, sino una institución del Estado, sostenida por el principio de legalidad y subordinada al orden constitucional. Su lealtad no pertenece al presidente, sino a la República.

El deber ser: obediencia legítima y ética del servicio

El deber ser militar implica actuar dentro del marco de la Constitución, obedeciendo solo aquellas órdenes que sean legítimas y legales.

El militar argentino jura «defender a la Constitución hasta perder la vida», no «obedecer sin pensar». La obediencia, en su sentido más alto, es racional y moral, no automática ni política.

Autores como Samuel Huntington (3) ya advertían en «El soldado y el Estado» que la profesionalidad militar exige una subordinación objetiva al Estado de Derecho, y no una subordinación subjetiva al poder político. Lo contrario —decía— convierte al ejército en una herramienta partidaria, destruyendo su función republicana y su dignidad profesional.

Un marco legal que reafirma la lealtad institucional

La Ley N° 19.101 (4) del Personal Militar y la Ley N° 26.394 (5), que reformó el Código de Justicia Militar, consolidaron el principio de responsabilidad ética y respeto a los derechos humanos en el accionar castrense.

Más recientemente, el Decreto N° 1112/2024 (6), reglamentario de la Ley 23.554 (2), reafirmó la necesidad de una Defensa Nacional integrada y moderna, ajustando las estructuras operativas de las Fuerzas Armadas a los desafíos contemporáneos, pero sin alterar su esencia: la defensa del pueblo argentino y la soberanía nacional frente a toda amenaza externa.

En su articulado, el decreto sostiene que «las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento esencial del Estado Nacional para la defensa de su soberanía, integridad territorial e independencia política, y actuarán conforme a los principios y valores establecidos por la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten».

Este texto reafirma con claridad que el poder político no es dueño de las Fuerzas Armadas, sino su administrador temporal dentro de los límites del derecho. 

El relato post-democrático y la programación cognitiva

Desde el retorno de la democracia, el discurso oficial ha insistido en la idea de que «las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil». Esa afirmación, en su formulación simplificada, se transformó en una suerte de programación cognitiva que asoció «subordinación» con «sumisión política».

Se olvidó que la subordinación constitucional no significa obediencia partidaria, sino obediencia institucional: al pueblo, a la Nación y a la ley.

Esa narrativa, nacida del temor a los excesos del pasado, terminó diluyendo la identidad profesional del soldado y deformando su misión esencial.

El resultado es una contradicción: se exige al militar defender la soberanía nacional, pero se le niega su autonomía ética y su rol como garante de los valores constitucionales. 

El equilibrio entre el ser y el deber ser

El militar argentino es, ante todo, un servidor del Estado y custodio de la Nación. Su ser se forja en el honor, la disciplina y la vocación de servicio; su deber ser lo orienta a proteger la vida, la libertad y la independencia del pueblo argentino, incluso frente a la posibilidad de que el poder político las vulnere.

Si algún día un gobernante —cualquiera sea su signo o ideología— atentara contra la Constitución o contra los más vulnerables (jubilados, enfermos, indigentes, discapacitados), la obligación moral del militar no sería la de callar, sino la de proteger, como lo ordena la ley y lo dicta su juramento.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no son del presidente: son de la Nación.

Y mientras exista un soldado dispuesto a defender la Constitución hasta perder la vida, la Argentina seguirá siendo libre.

 

Referencias

  1. (s.f.). Ley N° 23.463: Juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional.

  2. (s.f.). Ley N° 23.554: Ley de Defensa Nacional.

  3. (s.f.). Huntington, S. (1957). El soldado y el Estado: La teoría y la política de las relaciones cívico-militares. Harvard University Press.

  4. (s.f.). Ley N° 19.101: Régimen del personal militar.

  5. (s.f.). Ley N° 26.394: Código de Disciplina Militar.

  6. (s.f.). Decreto N° 1112/2024: Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

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DE LA DOLARIZACIÓN DE ARGENTINA A LA PESIFICACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Gaby Weber*

Milei con Trump en febrero de 2025. Foto: Weißes Haus

 

Trump quiere «hacer grande a Milei de nuevo» con 20.000 millones de dólares. Hace dos años, Javier Milei quería «dolarizar» Argentina; ahora el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado lo contrario. Scott Bessent quiere gastar 20.000 millones de dólares para salvar el peso «subvaluado». ¿Un gasto de última hora para evitar una inminente derrota electoral?

El martes, Milei se reunirá con Donald Trump, y ambos anunciarán grandes cosas: hacer grande a Argentina y Estados Unidos de nuevo, que el país del Río de la Plata se convierta en un socio estratégico de Washington y que una lluvia de dólares llueve sobre los gauchos, con una condición: expulsar a China. En concreto, se trata del swap de 18.000 millones que el segundo mayor socio comercial del país (después de Brasil) ha depositado en el Banco Central de Buenos Aires. Las opiniones en el país están divididas. La izquierda habla de neocolonialismo y los conservadores temen ser estafados por sus competidores en el mercado global. ¿Se trata de un simple espectáculo para chantajear a los votantes?

El 26 de octubre se celebrarán elecciones de medio término en Argentina y todo apunta a una aplastante derrota para el ultra derechista Milei. La economía está en ruinas, las fábricas cierran, el turismo se ha desplomado debido a la sobrevaluación del peso y los ciudadanos y el Estado están muy endeudados. Ninguna de sus promesas, como el fin de la corrupción, se ha cumplido. Por eso, los peronistas ganaron las elecciones regionales a principios de septiembre por una aplastante mayoría. El poder judicial investiga a Milei y a su todopoderosa hermana Karina por sobornos, por publicidad fraudulenta de la criptomoneda $Libra y por la ANDIS, la agencia estatal para personas con discapacidad.

El peso lleva semanas depreciándose y el banco central ha sacrificado sus reservas para mantener el tipo de cambio. Una devaluación antes de las elecciones sería catastrófica, trayendo consigo inflación, pérdida de poder adquisitivo y revueltas. Por lo tanto, Milei prácticamente le rogó a Donald Trump que lo escuchara y evitara la inminente devaluación. Y aunque Trump había prometido lo contrario durante la campaña electoral, recibió a su colega en bancarrota al margen de la Asamblea General de la ONU. Y la simple foto de los dos jefes de Estado tranquilizó a los mercados. El peso se estabilizó, al menos por unos días.

El candidato principal de Milei, financiado por el narcotráfico

Trump no se dejó disuadir de su encuentro en Nueva York por la información que el Departamento de Estado recibe diariamente desde Buenos Aires sobre el candidato principal de Milei para las próximas elecciones. Se trata de José Luis Espert, miembro del círculo íntimo de los hermanos Milei. Según documentos judiciales en Texas, Espert recibió 200.000 dólares de su socio Fred Machado, quien le había proporcionado su avión privado para la campaña al menos en 37 ocasiones. Está siendo investigado en Texas por lavado de dinero y tráfico de cocaína para el Cártel de Sinaloa. Durante cuatro años, la justicia estadounidense ha solicitado su extradición. Sin embargo, hasta ahora, por razones misteriosas, la Corte Suprema argentina ha denegado esta solicitud y, en su lugar, lo ha puesto bajo arresto domiciliario. Hace apenas unos días se allanaron sus bienes y se incautaron pruebas, incluyendo documentos que detallan su prolongada colaboración con Espert y su financiación.

La Iglesia Católica lleva un año advirtiendo que Milei ha abierto la puerta a los narcos, en parte mediante el desmantelamiento de los controles estatales en los puertos y también mediante su «ley de lavado de dinero», que legalizó inversiones de fuentes desconocidas y, por lo tanto, inyectó 23.000 millones de dólares al país.

El creciente poder de los narcotraficantes en los suburbios se hizo evidente a más tardar el 19 de septiembre, cuando tres jóvenes fueron asesinadas en un barrio pobre de la capital. Según han revelado las investigaciones hasta el momento, un líder de una pandilla peruana secuestró a las tres jóvenes y las torturó frente a cámaras en vivo; les cortaron partes de los cuerpos y las imágenes se compartieron en Instagram como medida disuasoria bajo el lema: «Si me robas cocaína, te la darán». Los cuerpos mutilados fueron recuperados y miles salieron a las calles; una brutalidad sin precedentes. Hasta ahora, el narcotráfico estaba en manos de unas pocas familias, traficantes conocidos, pero nada comparable al crimen organizado en México, Colombia o Brasil.

Y en medio de los reportajes televisivos sobre esta masacre, surgieron nuevas pruebas de la colaboración de Espert con Machado, como si los narcos ya hubieran tomado el gobierno. ¡El candidato de Milei, Espert, encabezaba la lista electoral para la provincia de Buenos Aires! Desde entonces se retiró, pero aún queda por decidir si se publicarán nuevas listas electorales con su sucesor a última hora.

Es sorprendente que Donald Trump nunca haya utilizado su buena relación con Milei para impulsar la extradición de Machado. ¿Acaso no afirma estar combatiendo el narcotráfico en todo el mundo, por ejemplo, cuando ordena a la Marina estadounidense bombardear barcos venezolanos en el Caribe? Que estos barcos transporten cocaína aún no se ha probado, pero en el caso de Machado, las pruebas están en el tribunal de Texas.

Rescate para el fondo de cobertura

Sin embargo, Trump estrechó cordialmente la mano de su homólogo, «El Loco» (como se le conoce en su país), y anunció ayuda. Se negó a dar detalles, pero poco después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció liberar 20.000 millones de dólares. Se avecina una devaluación en el Río de la Plata, lo que ocasionaría pérdidas significativas a sus antiguos socios. En concreto, esto afecta a Robert Citrone y a su fondo de cobertura, Discovery Capital Management, al que Bessent conoce por su experiencia trabajando para George Soros. Citrone aún posee valores argentinos de los que desea deshacerse desesperadamente. Pero ¿cómo debería Bessent lograr este rescate? ¿Con un nuevo préstamo?

Dada su deuda astronómica y sus pésimas calificaciones crediticias, Argentina es candidata a la quiebra. Además, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son responsables de esto, no el contribuyente estadounidense. Por lo tanto, Bessent planteó la idea de un canje en sus publicaciones y entrevistas. Los swaps se utilizan en el comercio bilateral cuando un comprador deposita una suma de dinero en la moneda del país donante en el banco central del vendedor. Por ejemplo, un swap de la República Popular China por valor equivalente a 18.000 millones de dólares se almacena en el banco central de Buenos Aires. De esta manera, Pekín pretende eludir el dólar como unidad de pago internacional. Y el gobierno estadounidense lleva tiempo cuestionando este swap.

Milei se encontraba bajo una enorme presión. Para obtener divisas frescas a corto plazo, que pretendía utilizar para apuntalar el peso sobrevaluado, otorgó a sus exportadores de granos una importante exención fiscal si depositaban el producto de sus ventas en el banco central antes del 26 de octubre. Esto resultó en una pérdida de 7.000 millones de dólares en impuestos para el Tesoro argentino. Los importadores chinos aprovecharon la situación y comenzaron a comprar soja más barata de la Pampa en lugar de Estados Unidos. Esto, como era de esperar, enfureció a los exportadores de granos estadounidenses, que compiten con los argentinos en el mercado global. Se quejaron ante el gobierno estadounidense.

Así, la idea del canje de Bessent se desvaneció y, en cambio, con expresión sombría, anunció que no prestaría los 20.000 millones de dólares prometidos, sino que los invertiría comprando pesos argentinos. «El peso está subvaluado», afirmó el ministro de Hacienda, pero ocultó más información sobre esta «inversión». Sin embargo, anunció que Milei le había prometido a cambio que finalmente «eliminaría» el canje chino. Esto no se confirmó en Buenos Aires porque no está del todo claro cómo, técnicamente, sucedería esto. Incluso el conservador La Nación no tuvo más que burlas ante esta sugerencia:

«La superpotencia más importante del mundo no está interesada en el euro, el yen, el yuan ni las criptomonedas, sino en nuestro peso. Así es como nuestra humilde moneda se ha transformado de la noche a la mañana en una moneda estrella. ¡Javier, esto es increíble! Has convertido cinco panes y dos peces en 20.000 millones de dólares. Una estatua para ti se quedaría pequeña; te mereces un altar».

El New York Times también cuestionó el plan. El Partido Demócrata ya había presentado un proyecto de ley para bloquear el rescate de los especuladores. Trump, argumentó, solo quería ayudar a los «inversores adinerados que especularon en Argentina y ahora temen pérdidas significativas».

Estos incluyen a las gestoras de activos BlackRock, Fidelity y Pimco, así como a Stanley Druckenmiller y Robert Citrone.

¿Aire caliente o hacer que Argentina vuelva a ser grande?

Desde las elecciones de septiembre, los peronistas han mantenido la mayoría en ambas cámaras y la están utilizando para implementar sus propias leyes y revocar los decretos de Milei. Y si las elecciones del 26 de octubre resultan en nuevas derrotas, el modelo de Milei, elogiado mundialmente en círculos neoliberales, parece estar llegando a su fin.

Argentina es rica en recursos naturales; posee petróleo, uranio, tierras raras y litio, y China es, como se mencionó, su segundo socio comercial más importante. Actualmente se está construyendo una base militar en el extremo sur del continente, donde la Armada de Estados Unidos pretende establecerse si Milei y Trump se salen con la suya. Tierra del Fuego es de importancia estratégica en caso de conflicto, ya que mantiene libres los flujos comerciales y las rutas para los buques de guerra. Pero para eso, el gobierno necesita una resolución parlamentaria. Y no son solo los peronistas quienes se oponen a ellos; los conservadores tampoco quieren poner en peligro las relaciones con la República Popular, y su grano compite con el de los agricultores estadounidenses. Se trata de intereses contrapuestos, por lo que la prensa de derecha, como el influyente La Nación, también informa críticamente sobre la intervención planeada por Estados Unidos en asuntos internos.

«Washington no puede exigir que Argentina deje de comprar productos chinos ni de vender nuestros productos. Pekín es uno de nuestros socios más importantes. Competimos en la agroindustria (con Estados Unidos) y nos negamos a permitir un veto».

La resistencia también está creciendo en Estados Unidos., y no solo entre los agricultores. El congresista Chuck Schumer instó a Trump a centrarse en su propio presupuesto y el cierre en lugar de «salvar» a Argentina.

La senadora Elizabeth Warren publicó un video que mostraba a Milei en el escenario, furioso, gritando y chillando como un loco en estado de euforia. «¿Debería salvarse a un hombre así con el dinero de nuestros contribuyentes?», preguntó la demócrata.

Warren solicitó a la Asociación de Fondos Administrados detalles sobre la inyección de efectivo prevista: «Puede que 20.000 millones de dólares no sean suficientes para detener el colapso de la economía argentina, pero en el mejor de los casos darán tiempo a los fondos de cobertura para deshacerse de sus inversiones sin grandes pérdidas».

Y el economista Paul Krugman vinculó la cancelación de la ayuda humanitaria para millones de niños hambrientos en África con el apoyo a un gobierno de derecha «con un largo historial de corrupción, inestabilidad política, despilfarro fiscal y crisis financieras, que ha incumplido su deuda nueve veces, tres veces desde 2001».

Hasta el momento, el Tesoro de Estados Unidos no ha comentado si pretende utilizar sus 20.000 millones de dólares para comprar pesos, bonos o pagarés del Banco Central argentino, o simplemente para rescatar a sus propios especuladores y adquirir sus valores sin valor. En cualquier caso, las confusas promesas de Bessent hicieron que los precios de las acciones en Buenos Aires volvieran a subir. Y el martes, Trump probablemente le prometa a Milei, frente a cámaras en directo, inversiones doradas, nuevas fábricas estadounidenses y dólares hasta donde alcanza la vista. Es dudoso que esto convenza a los votantes argentinos para el 26 de octubre, ya que la indignación de la población se siente en cada rincón, no solo en los barrios marginales.

Una cosa es segura: el hecho de que personas como Trump y Bessent estén dispuestas y sean capaces de gastar decenas de miles de millones de dólares en papel moneda sin valor —pesos— volverá a avivar el debate internacional sobre la necesidad de una moneda global seria. Y esta nueva moneda global no será el dólar pesificado.

 

* Estudió Lenguas Románicas y Periodismo en la Universidad Libre de Berlín y se doctoró en el Instituto Latinoamérica en 1982. Ha trabajado como periodista desde 1978 y como corresponsal independiente desde 1986, primero desde Montevideo y, desde 2002, desde Buenos Aires. También ha publicado varios informes y una extensa investigación sobre la historia de las actividades de inteligencia. Su libro Eichmann wurde noch gebraucht se publicó en 2012.

 

Artículo publicado en alemán, „Von der Dollarisierung Argentiniens zur Pesifizierung des US-Dollars“, 13/10/2025, en Overton Magazin, https://overton-magazin.de/top-story/von-der-dollarisierung-argentiniens-zur-pesifizierung-des-us-dollars/.

EN LA CUESTIÓN MALVINAS EL GOBIERNO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

César Augusto Lerena*

Islas Malvinas | Cedoc

Artículo publicado en «Perfil»**.

 

El gobierno del Presidente Milei ha realizado diversas acciones que reiteradamente incumplen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; violando el artículo 93° que indica que el Presidente debe “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina” y, según se trate, podrían también quebrantarse varios incisos del artículo 75° y el 99°.

Por los artículos 2 y 3 de la Ley 24.309 sancionada en 1993 aprobó, que la Convención Constituyente incorpore a la Constitución las disposiciones transitorias que fueran necesarias y ello dio lugar a la Disposición que prescribe: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». Fue el resultado de un consenso multipartidario en Argentina, liderado por el Movimiento Justicialista y la Unión Cívica Radical, atendiendo un sentimiento popular profundamente arraigado y, de carácter transversal sobre los derechos territoriales y marítimos de Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, cuyo objeto fue “constitucionalizar” el reclamo histórico de Malvinas y darle entidad de “política de Estado”.

El aporte de varios juristas destacados, entre ellos el Dr. Alberto García Lema -un abogado cercano al peronismo- y con el aporte -y la presión- de combatientes de Malvinas; permitieron obtener un texto final muy ajustado a la defensa de la soberanía nacional en el marco de la tradición diplomática argentina y el el derecho internacional. la Disposición debe interpretarse como el resultado del consenso y en el contexto post-1982. Fue unánime entre peronistas, radicales y otros partidos respecto a “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía”, la “reafirmación legítima; permanente; irrenunciable e imprescriptible de Malvinas”.

Por cierto, al momento de redactarse pareciera que no se ha querido enfrentar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya que entendemos que esta Disposición debería haber contemplado una posición argentina más activa, por ejemplo, estableciendo la prohibición de llevar adelante cualquier acto favorable a los británicos mientras dure la invasión.

Tampoco se establece un mecanismo relativo a las eventuales violaciones del Reino Unido respecto a lo previsto en el inciso 4 de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que «Insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado (de negociación) de las resoluciones de la ONU».

Estaría faltando una Ley del Congreso que precise los alcances de esta Disposición; porque este gobierno (y anteriores) no parece haber entendido que esta Disposición Constitucional, como se dijo, contó con el apoyo de todo el arco político para institucionalizar como “Política de Estado” los derechos inalienables de la Argentina sobre las Malvinas, los archipiélagos del Atlántico Sur y las aguas correspondientes. Motivo suficiente para que ningún Presidente, Ministro, Legislador, etc. realice acciones que -directa o indirectamente- atenten contra recuperación de la soberanía plena argentina sobre los espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña.

Son varias las trasgresiones a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional:

a) Falta de acciones y/o declaraciones oficiales y/o renuncia u omisión del reclamo de soberanía -que es legítima, imprescriptible, irrenunciable y permanente- frente a todos los hechos del Reino Unido que impliquen modificar el estatus de 1976 (Res. 31/49 ONU), entre otras, la invasión de 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos; la militarización de las islas (OTAN); la explotación de los recursos naturales; la violación de los espacios aéreos argentinos; la construcción de puertos, entre otros.

b) Aprobar los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que establecieron restricciones a la soberanía nacional y, entre otras cosas, facilitaron la apropiación de los recursos naturales y la depredación del ecosistema.

c) Sancionar la Ley 23.968 que permitió la delimitación británica de las líneas de costa de las islas Malvinas.

d) Sancionar la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas que otorga privilegios a al Reino Unido a pesar de su invasión territorial y explotación de los recursos argentinos.

e) Aprobar Declaraciones Conjuntas contrarias a la soberanía argentina, tales como el Pacto Di Tella-Rifkind de 1995, permitiendo al Reino Unido la explotación petrolera en áreas en disputa; el Pacto Foradori-Duncan de 2016 que ratificó la cooperación en pesca, la ciencia y petróleo en el Atlántico Sur, y “promoviendo eliminar todos los obstáculos para desarrollo de Malvinas”, en obvia referencia a la Disposición Constitucional. Luego el Pacto Mondino-Lammy en 2025, sobre pesca, vuelos y medio ambiente. Todos ratificatorios de los Acuerdos de Madrid, debilitando la posición argentina. La aprobación de los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas y/o con San Pablo -el mayor centro comercial latinoamericano- que sobrevuelan los espacios aéreos argentinos -incluso entre Malvinas y el continente- tiene un evidente beneficio económico y de integración de los isleños, sin reconocimiento de la soberanía plena de argentina.

f) No aplicar sanciones legales –pese a las leyes 24.922; 26.386 y 27.564- a la explotación pesquera por parte de los buques extranjeros en los espacios marítimos argentinos de Malvinas sin licencia argentina.

g) Efectuar declaraciones apartadas de la posición diplomática argentina de sostener la “integridad territorial argentina” de los espacios invadidos por el Reino Unido, como las que manifestó en septiembre de 2023 y junio de 2024 la ex Canciller Mondino y el Presidente Milei el 2 de abril de 2025.

h) Tratar a las autoridades ilegítimas de las Malvinas como un gobierno soberano legítimo como, por ejemplo, cuando en febrero de 2024 el Presidente Milei manifestó que “estando las Islas en manos del Reino Unido” el Canciller británico David Cameron tenía “todo el derecho” de visitar las Islas.

i) Apoyar a Estados -como Israel- cuya empresa Navitas explota los recursos petroleros argentinos en el área de Malvinas o adoptar posiciones contrarias a los países que tradicionalmente apoyan a Argentina en la cuestión Malvinas (caso de Palestina-Israel). Del mismo modo, tener contacto con la Presidente de Kosovo Vjosa Osmani en septiembre de 2025, cuya posición se contrapone a la de Argentina en Malvinas.

j) Falta de acciones activas diplomáticas, culturales o económicas destinadas promover la cuestión Malvinas o no incluirla en la agenda bilateral con el Reino Unido. Tolerar que la Embajada del Reino Unido promueva becas a estudiantes para “conocer a sus vecinos” de las Islas, como si fuese un Estado independiente.

k) Impulsar en el Congreso un Área Marina Protegida «Agujero Azul», a propuesta de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), propietaria de las islas Sebaldinas en Malvinas, estableciendo un área de protección de los intereses pesqueros del Reino Unido en Malvinas, violando la Disposición Constitucional. No hay acciones del P.E.N. contra esta ONG por inmiscuirse en asuntos del Estado Argentino.

l) Admisión y falta de desactivación de la instalación de la antena-radar de la empresa de capitales británicos LeoLabs en la localidad de Tolhuin de Tierra del Fuego con capacidad de rastreo orbital (satélites militares), pese a informes militares argentinos negativos. Decreto del P.E.N. permitiendo en Tierra del Fuego ejercicios militares de tropas estadounidenses -socios de los británicos invasores de Malvinas- y chilenas -país colaborador de los ingleses en 1982- sin autorización del Congreso Nacional (Art. 78° inc. 28 CN), violando la Disposición por su relación con Malvinas, la Antártida y las aguas de soberanía argentina.

m) No declarar en Estado de Sitio en acuerdo con la Provincia de Tierra del Fuego en el territorio invadido por el Reino Unido conforme el Art. 23° de la Constitución Nacional.

n) No ejecutar las acciones necesarias ante la República del Uruguay para concluir el apoyo logístico que ese país le presta en Montevideo a los buques relacionados con las actividades en las Islas Malvinas, entre otras, pesca ilegal, violando las leyes argentinas 24.922, 26.386 y 26.659 y las resoluciones de la ONU, como la 31/49 de 1976, que condena la explotación unilateral del Reino Unido. Además, que aviones militares británicos (RAF) han hecho escalas en Carrasco, contrario a las obligaciones de Uruguay, como las suscriptas en la CELAC de 2011/2014 y la Resolución UNASUR 2012.

o) Endeudarse debilitando la posición negociadora argentina y dificultando seriamente el cumplimiento de la Disposición Constitucional y, limitando severamente las herramientas diplomáticas, jurídicas y las relacionadas con la capacidad militar y defensa de la soberanía.

p) No promover una infraestructura estratégica en la Provincia de Tierra del Fuego (puertos, radares, bases, etc.) para reforzar la presencia argentina en la parte meridional del Atlántico Sur.

Cualquier acto de gobierno que contravenga la Disposición Transitoria Primera podría ser objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que la disposición tiene rango constitucional y, su incumplimiento directo o indirecto supone una “renuncia de facto” al no cumplir “el objetivo legítimo permanente; irrenunciable e imprescriptible de la soberanía plena de Malvinas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado.

** https://www.perfil.com/noticias/columnistas/en-la-cuestion-malvinas-el-gobierno-viola-la-constitucion.phtml