Sabido es que el mundo avanza inexorablemente hacia una aguda crisis de alimentos y de energía motivada entre otras cosas por la superpoblación y la devastación de los recursos naturales. Un niño nacido hoy, que viva 70 años, conocerá un mundo de 15.000 millones de seres humanos, su nieto compartirá el planeta con 60.000 millones y dentro de seis siglos y medio (el mismo lapso que nos separa de Dante), habría una persona por cada metro cuadrado de tierra. Un cuadro de horror que ni el infierno podría igualar.
Una verdadera catástrofe demográfica. Por estos motivos, muchos gobiernos advirtieron la necesidad de reforzar el control de sus fronteras no sólo por seguridad nacional, sino para dar prioridad a sus propios ciudadanos nativos. No hacerlo sería irresponsable.
La política migratoria de los EE. UU está en las antípodas con la de Argentina
Aquellos países que tienen mucho que perder con la inmigración descontrolada, se protegen no sólo con leyes adecuadas, sino también con organismos específicos. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cuenta con unos 20.000 agentes en 47 países y es considerada la segunda mayor agencia de investigación criminal en Estados Unidos, apenas detrás del FBI y está en vías de crecimiento.
Por orden del gobierno van a la “caza” de extranjeros indocumentados y los deportan aunque carezcan de antecedentes policiales. Las leyes permiten encarcelar a los inmigrantes clandestinos hasta la expulsión de los Estados Unidos. Son sumamente estrictos; en Los Ángeles detuvieron a un hombre que acababa de dejar en la escuela a una de sus hijas, en presencia de otra que filmó llorando cómo se lo llevaban.
Con las nuevas directivas, ICE puede ir a iglesias, hospitales, escuelas y adonde les dé la gana. A tal punto que arrestaron y luego liberaron al congresista demócrata Luis Gutiérrez… El Gobierno sabe que prácticamente es imposible expulsar a los 11 millones de indocumentados que se calculan existen, pero al menos se les infunde miedo para que abandonen el país.
La Ley ahora establece que cualquiera que reingresa a Estados Unidos tras ser deportado comete un delito grave, punible con hasta 20 años de cárcel.
Nuestro país hace décadas que viene sufriendo una inmigración que en algunos casos deja mucho que desear y aquí se les debe solucionar su pobreza y las carencias de todo tipo. Mientras sin ninguna regulación sigan viniendo extranjeros sin capacitación alguna, implica se gasten recursos que no tenemos. Un tema aparte es cuando estudiantes extranjeros vienen a nuestras universidades a estudiar gratis. También cuando enfermos de otras naciones se atienden en hospitales públicos argentinos, para luego volver a sus países.
La experiencia europea
Todos los países de Europa están pagando caro el error el llamado “multiculturalismo”. Actualmente, Londres, París y Bruselas, entre otras capitales, cuentan con barrios que son verdaderas ciudades dentro de otra, con sus propias costumbres, generalmente musulmanas y el rechazo generalizado hacia la policía y otras instituciones que son vistas como ajenas. En Berlín tenemos el distrito de Kreuzberg, que viene a ser desde hace varias generaciones un enclave turco. Guetos en ciudades con inmigrantes de culturas muy diferentes y hasta antinacionales, podrían instalarse en Argentina y una vez afincados el problema no tiene solución. La proclamada multicultural fracasó en Europa y es irracional ignorar los peligros.
Las fronteras de una nación es lo primero que hay que resguardar, no corresponde hablar de xenofobia sino de seguridad y hasta de supervivencia. No hacerlo sería irresponsable.
* Artículo publicado originariamente en la Revista Tiempo GNA 76.
«…Una vez alguien me dijo que los peces no tienen memoria, que en apenas unos segundos olvidan lo que han vivido momentos antes. La memoria de hombres y mujeres me recuerda a menudo a la de los peces, hombres y mujeres que olvidan su historia, lo que han sentido; hombres y mujeres con amnesia abocados a repetir los mismos errores…» Ismael Serrano[1]
La mañana del viernes 15 de abril de 2022 podría ser una pacífica jornada festiva, si no fuera que aparece en todos los periódicos el discurso que ayer dio el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson en la localidad de Lydd en el sureste de Inglaterra declarando que, “a partir de ahora quienes crucen el canal de la Mancha para solicitar asilo en territorio británico serán deportados a 6.500km de donde arribó, en territorio de Ruanda”[2].
El controvertido proyecto del Primer Ministro Británico, que aún debe ser tratado en el Parlamento Británico, llega en medio de una ola de críticas por su mal manejo post brexit con la cuestión migratoria, debido a que los índices de arribos en el Canal de la Mancha son cada vez más altos. En lo que va del año, han llegado 4.578 migrantes a través del mar, representando lo que será un nuevo récord este año si tenemos en cuenta que el anterior cerró con 28.526 arribos[3].
A través del polémico anuncio, se daba a conocer el acuerdo establecido por la cuestionada Ministra de Interior británica Priti Patel quien se encontraba en Kigali para firmar el acuerdo que establecerán ambos estados para la deportación de migrantes durante los próximos cinco (5) años hacia territorio ruandés.
Según este acuerdo, las autoridades de Ruanda esperan recibir un paquete inicial de 125 millones de libras (150 millones de euros) a cambio de lo que su Ministra de Interior aseguró será un proceso de reasentamiento en el que “recibirán apoyo durante un máximo de cinco años, cubriendo capacitación, alojamiento y atención médica, para que puedan “prosperar” en ese país”[4].
Por su parte, el gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”. Según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Vicent Biruta este proceso lleva tiempo y “Hemos estado invirtiendo en infraestructuras capaces de recibir a los migrantes y acogerlos. (…) Estamos preparados para recibirlos”[5].
No obstante, quedan importantes incógnitas sobre la legalidad del esquema, principalmente por el cuestionamiento que Naciones Unidas viene haciendo al gobierno ruandés sobre el respeto a los derechos y libertades humanas de su población que ha realizado innumerables denuncias en distintas ONG internacionales (Amnistía, Human Rights Watch) sobre detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas a quienes se pronuncian contrarios al gobierno del Presidente Paul Kagame. Incluso, en el año 2021, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “contínuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa» en Ruanda, pidiendo investigaciones independientes sobre «acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura«[6].
El Proyecto de Boris Johnson, incluye también a la Marina británica (Royal Navy) quien asumirá el control de las aguas británicas del canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, para impedir que botes con solicitantes de asilo puedan llegar hasta la costa del sureste inglés extremando la vigilancia en sus aguas.
Esta medida pareciera formar parte de la batería de proyectos que impulsa el Ejecutivo Británico para reformar el sistema de inmigración y recuperar el control de las fronteras del Reino Unido tras el Brexit.
La aprobación de este proyecto se daría dentro de la cuestionada reforma sobre la Ley de Nacionalidad y Fronteras, que ha despertado críticas por su falta de visión humanitaria manifestadas por el opositor Partido Laborista inglés y también por Partido Nacional Escocés a través de Ian Blackford, quien describió el plan como «absolutamente escalofriante”[7].
La organización internacional Human Right Watch junto al Refugee Council han denunciado este proyecto por incumplimiento de dos tratados internacionales claves firmados por Reino Unido que garantizan los derechos de los refugiados:
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
El proyecto, de ser aprobado, se aplicará en un principio sólo a migrantes hombres solteros quienes serán los únicos en ser deportados a Ruanda según el convenio debido a las altas tasas de masculinización migratoria que poseen los arribos a Reino Unido. Nueve de cada diez de los que completaron la travesía en el 2021 eran hombres, gran parte de ellos kurdos de origen iraní e iraquí, sirios, afganos y centroafricanos[8].
No obstante, si hubiera mujeres o niños en las balsas serán confinados en “centro de recepción” al estilo griego en North Yorkshire. Para quién no tenga presente que significa ello, refiere al sistema por el cual solamente durante el año 2020 se confinaron 60.000 refugiados en distintos centros de recepción enclavados en islas griegas, en un sistema cerrado de encarcelamiento donde solo se permite la salida una vez al día, rodeados de alambre de púas en condiciones de hacinamiento absoluta.
El más famoso de estos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en las islas griegas cercanas a Turquía, es el tristemente célebre Campo de Moria de la Isla de Lesbos que albergó a más de 20.000 personas en condiciones de abandono donde el hambre, la insalubridad y la violencia descontrolada (la policía no entraba en la zona de las tiendas de campaña) causó estragos y enfermedades en sus habitantes obligados a vivir allí durante meses o años que es el tiempo que supuestamente demora el “tratamiento de su expediente de asilo” en el campo de refugiados más grande de Europa.
No obstante, la tragedia se hizo presente en este emplazamiento, sumando desgracias a sus habitantes, quienes sufrieron dos incendios el 8 y 9 de septiembre de 2020 dejando a casi 13.000 solicitantes de asilo a la intemperie. En plena pandemia COVID-19, se trasladó a los refugiados a nuevos centros de internamiento en otras áreas de la isla. El nuevo “Moria” ahora se llama Kara Tepe, y aunque cambió su nombre, nada ha cambiado por dentro. Rodeado por impresionantes muros (que le eviten ver a los turistas desde afuera el olvido en el que se vive dentro) se suma a las alambradas de concertinas y los controles policiales, que incluyen la seguridad privada, por si alguno de los que allí adentro esperan… desespera e intenta escapar.
Boris Johnson no es el único. Hemos visto con perplejidad las medidas tomadas el último año por el Ministro de Extranjería de Dinamarca quién intentó concretar su plan de deportar a un tercer país a sus solicitantes de asilo eligiendo en su momento al estado ruandés sin tener éxito en la firma de un tratado conjunto, pero obligando a Copenhague a buscar nuevos lugares de emplazamiento para su proyecto: Eritrea, Etiopía y Egipto.
Estos proyectos, basados en modelos cada vez más cerrados en la postura de no flexibilizar su sistema de acogida se replican por todo el globo. Y en tanto vemos como la guerra entre Rusia y Ucrania es recibida en Europa con una mirada solidaria de acogida a sus habitantes, en otros lugares se aumenta el presupuesto para seguir levantando “Centros de Internamiento” en las islas griegas de Samos, Chios, Kos y Leros, mostrándonos la solidaridad selectiva que existe y que reproduce un sistema donde la ausencia de justicia es real.
Mientras el mundo adopta estos modelos, aun quedan voces que reclaman. Durante la rueda de prensa semanal de la OMS en Ginebra este miércoles 13 de abril 2022, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró:
“Toda la atención que se está prestando al conflicto en Ucrania es muy importante, por supuesto, porque tiene consecuencias en todo el mundo. Pero no se presta ni una fracción de esa atención a la situación que se vive en Tigray, Yemen, Afganistán, Siria y otros países. Ni una fracción. Francamente creo que el mundo no trata a todas las razas humanas de la misma manera”[9]
Reino Unido se ha pronunciado entonces, replicando modelos que distan enormemente del cumplimiento sobre pactos y convenios humanitarios erigidos en un siglo donde el horror de las guerras mundiales nos mostró imágenes hasta el cansancio de campos de concentración y alambres de púas que ocultaban la miseria más oscura de la humanidad dando sobradas lecciones ante una crueldad sin precedentes en la historia.
“Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra…” (Proverbio Español)
* Geógrafa (UNLP) y Becaria Doctoral del Programa Argentino Alemán de Intercambio Académico en Estudios Culturales Interdisciplinarios de Europa y América Latina CUAA; Ibero-Amerikanisches Institut von Berlín, Universität Rostock y UNLP. Consultora Externa en Migraciones Internacionales para África, Europa y América en la Organización Internacional para las Migraciones – OIM/ONU. Especialista en Contenidos sobre Derechos Humanos y Defensores del Medio Ambiente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH en Costa Rica. Miembro de la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior – RAICES y la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA)
Referencias
[1] Referencia realizada en el álbum La Memoria De Los Peces por su autor Ismael Serrano. 1998. Universal Music.
Esta frase es pronunciada por el personaje de “Marcelo” al propio Hamlet en la obra dramática de William Shakespeare que transcurre en el Castillo de Helsingør en el norte de Copenhague. En la famosa obra del año 1600, esta frase se utiliza para escenificar la decadencia moral del Reino de Dinamarca, y aunque este pasaje pertenece a la esfera de los clásicos de la literatura, en la actualidad estas palabras aparecen pintadas en algunos muros de la capital danesa como una señal de alarma.
Dinamarca ha sido tapa de noticias en los últimos tres meses debido a que su gobierno socialdemócrata ha aprobado con fecha 3 de junio de 2021 una polémica ley para endurecer, aún más, el asilo de refugiados en su territorio.
Esta nueva ley tiene como finalidad reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la Unión Europea, donde deberán esperar hasta que sus casos sean resueltos, permitiendo según sea el caso, que se les conceda el asilo en ese tercer país. La norma fue aprobada con una amplia mayoría de 70 votos a favor y solamente 24 en contra, hecho festejado por el gobierno danés quién realizó declaraciones muy controversiales a través de su portavoz Rasmus Stoklund: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca” [1].
A su vez, el ministro de Integración y Extranjería danés, Mattias Tesfaye, ha asegurado que “la reforma es legal y que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán «las obligaciones internacionales» de su país”[2].
No obstante, las autoridades danesas están en tratativas con varios estados que según expresan los periódicos daneses podrían ser Egipto, Eritrea y Etiopía como posibles países que quieran acoger a sus solicitantes de refugio. En abril, Dinamarca anunció un supuesto acuerdo con Ruanda que resultó ser un fracaso[3]. Tesfaye viajó a Kigali en abril y firmó un convenio que luego vendió al público como un acuerdo sobre campos para solicitantes de asilo. Pero Ruanda negó haberse prestado a ello, lo que supuso para el gobierno de Copenhague un gran traspié en la implementación de esta Ley.
Esta legislación danesa es criticada por la ONU, la Comisión Europea y distintas ONG de ayuda humanitaria que no comprenden cómo un Estado como Dinamarca, que fuera uno de los países del mundo que más apoyó la causa de los refugiados siendo la primera nación en firmar la Convención de la ONU que establece los mecanismos para protegerles en 1951, hoy se encuentre en una posición radicalmente opuesta.
Regionalmente, Dinamarca no forma parte de la política común de la Unión Europea (UE) en materia de justicia e inmigración, y pese a tener una alternancia política entre partidos de derecha e izquierda en el poder, ha impulsado una línea cada vez más dura respecto a la migración e integración desde las últimas dos décadas con una clara postura “euroescepticista”[4].
Hay varios puntos importantes a la hora de analizar el caso danés que podrían generar un efecto dominó en la comunidad internacional. El primero, es el precedente. Podemos mencionar gran cantidad de ejemplos de políticas “desalentadoras”, “restrictivas”, “exclusivas”, pero pocas hasta ahora han ido tan lejos al punto de delegar la responsabilidad de su protección a un tercer país mediante un “tratado”.
Hasta ahora, existe sólo un precedente de un Estado soberano que establece un acuerdo con otro Estado para el tratamiento de la población que reside, o quiere residir, en su territorio: el caso de Australia con Papua Nueva Guinea y la Isla de Nauru.
El 19 de julio de 2013 el Parlamento australiano estableció un decreto[5] mediante el cual todos los solicitantes de asilo y refugiados que arribaran a territorio australiano serían trasladados a campos de retención denominados “centros de procesamiento” en la isla Manus (Papúa Nueva Guinea) o al pequeño Estado de Nauru en Micronesia, que ya recibía migrantes provenientes de Australia desde el año 2008.
Esta legislación prohibía expresamente la posibilidad de habitar suelo australiano para todos los que se encontraban en los centros, dejándoles como opción quedarse en las islas o migrar a otros territorios una vez finalizado el proceso de revisión de la solicitud de asilo. Esto creaba permanentes condiciones de vulnerabilidad a las personas solicitantes de asilo, permaneciendo detenidas hasta 8 años en completa ausencia de respuestas.
Luego de intensos reclamos de la comunidad internacional, que incluyeron la viralización de informes médicos con índices de depresión e intentos de suicidio nunca vistos en menores en condición de encierro[6] y un creciente sentimiento anticolonialista de movimientos sociales en Papúa Nueva Guinea, el Estado australiano aceptó normalizar la condición de los migrantes allí detenidos aduciendo razones económicas y no humanitarias en palabras del ministro del Interior Peter Dutton[7], quién declaró respecto a los solicitantes de asilo “que resultaba más barato dejarlos en libertad que mantenerlos detenidos en las Islas de Nauru y Papúa Nueva Guinea por tiempo indeterminado”.
No obstante, los números que reflejan estas políticas como resultado no son nada alentadores. Según datos del Consejo de Refugiados de Australia, desde su aprobación, esta ley ha afectado a 3.127 solicitantes de asilo. De ellos, 1.200 se encuentran en Australia. Para cerca de otros 1.000 se encontró una solución duradera, en la mayor parte de los casos reasentándolos en Estados Unidos. 750 fueron devueltos a sus países de origen, voluntariamente o a la fuerza. 233 se encuentran retenidos en las islas de Papúa Nueva Guinea, y 132 fueron evacuados a Australia por razones médicas, pero se encuentran en centros de detención. Finalmente 14 murieron. Entre ellos seis por suicidio y otro como consecuencia de la violencia ejercida por los guardias del centro de detención[8].
Este caso, emblemático si se quiere para el estudio de políticas migratorias modernas de tinte xenófobo, no representa un hecho aislado. En la actualidad se encuentran en pleno punto de ebullición posturas políticas, que antes parecían más cautelosas a la hora de manifestarse, enarbolando proyectos de abierto tinte anti migratorio.
Un ejemplo de ello es la postura del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quién ha puesto como modelo de política migratoria a Australia declarando públicamente que “contempla ‘deslocalizar’ a los solicitantes de asilo planteando enviarlos lo más lejos posible”. Las opciones que maneja el gobierno británico empezaron por la isla de Ascensión (a 6.800 kilómetros de distancia) y la de Tristán da Cunha (casi 10.000 kilómetros) que forman parte del imperio británico en el medio del Atlántico; pero las complicaciones logísticas inclinaron la balanza por opciones más realistas como Gibraltar, las Hébridas y la isla de Man que es una dependencia de la corona pero no es parte del Reino Unido sino “posesión” de la reina Isabel y cuyos ciudadanos son británicos pero tienen su propio pasaporte[9].
Como consecuencia del Brexit, todas las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha no pueden ser devueltas a Francia, tal como sucedía cuando formaba parte del bloque europeo, por lo que las solicitudes de asilo aumentaron exponencialmente en lo que va del año 2021 obligando a las autoridades a cumplir sus compromisos internacionales procesando tales solicitudes en su propio territorio.
Como respuesta, la administración británica aduce que solo serían enviados a la Isla de Man, Gibraltar o las Hébridas escocesas los demandantes de asilo que lleguen por “rutas ilegales” (es decir, el mar, o como polizontes en un barco, o escondidos entre las ruedas de un camión), y no los que lo hacen por “rutas convencionales”, es decir, a un aeropuerto[10].
Esto ha generado algunos roces diplomáticos, en primer lugar, con el primer ministro de Gibraltar quien aduce que luego de haber estabilizado las responsabilidades sobre el área en conflicto, y siendo que ahora el Reino Unido no forma parte de la UE, esta actitud de trasladar a los migrantes “a las puertas” de Europa podría ser tomada como una provocación por la región.
También, el primer ministro de la Isla de Man ha presentado su queja en público frente Boris Johnson, lo que nos muestra que la posibilidad de que los Estados Poderosos puedan utilizar directamente sus posesiones territoriales para la deslocalización migracional plantea un conflicto en puerta para las relaciones internacionales y el balance de poder, dejando como opción más factible el establecer tratados de compensación económica con estados en vías de desarrollo que se hagan responsable del problema en cuestión.
Esta situación, nos permite inferir cómo esta ley danesa de deslocalización migracional generará a cortísimo plazo un efecto político dominó en diversos estados con tinte más xenófobo. El hecho de garantizar bajo el paraguas de un “Tratado o Acuerdo” la asistencia de población no deseada, en este caso refugiados y migrantes, en un tercer territorio a cambio de transferencias económicas, tecnológicas, defensivas o de cooperación puede presentarse como la solución estratégica, por un lado, para los estados poderosos cuyo problema no es económico, y por otro, para muchos estados empobrecidos que verían en esta opción una posibilidad de mejorar su posición en la escena global.
Esta acción encubierta de derivar la responsabilidad sobre cuestiones que no quieren absorberse políticamente no es nueva para los países europeos, quienes recurren a un manejo sutil en las formas de “cooperación” con algunas regiones a través de transferencia de capital a cambio de mayor vigilancia fronteriza o contención migratoria. Hasta ahora, sólo se había planteado este escenario desde la esfera de la “cooperación para el desarrollo” o a través de ayudas puntuales referidas al manejo de la crisis de refugiados en las fronteras de la UE como lo fue el acuerdo con Turquía durante 2016[11].
Si se realiza un análisis de la última década, las políticas disuasorias europeas se basan en una serie de iniciativas de diálogos y de marcos políticos relativos al desarrollo en donde se incluyen los ítems migracionales bajo la rúbrica de un Planteamiento Global de la UE sobre la Movilidad. En estos marcos de acción: se crean alianzas de movilidad con terceros países; se induce al diálogo a largo plazo con la región euro-mediterránea mediante el denominado “Proceso de Rabat” y se establece un considerable gasto de capital político en el desarrollo de acuerdos de readmisión de la UE con los principales países de tránsito que envían migrantes, realizando un verdadero esfuerzo diplomático, pero con alcance global limitado a la ayuda financiera. Estas relaciones con terceros países siempre han tendido a centrarse más en la migración y en la vigilancia fronteriza, exceptuando algunas iniciativas específicas como el diálogo con países del Cuerno de África (Proceso de Jartum); los mecanismos de financiación basados en el Fondo Fiduciario de Emergencia para África o una serie de Programas Regionales de Desarrollo y Protección en Oriente Medio, norte y este de África[12].
El análisis del caso danés desde una perspectiva social y acorde con los derechos humanos resulta imperioso a la hora de analizar detalladamente los puntos de esta legislación cuyo contenido no se limita exclusivamente a la terciarización del asilo. El número de complejos habitacionales con residentes extranjeros también está en la mira de esta legislación que pretende acabar con los guetos de migrantes en Copenhague hacia el 2030. El anterior gobierno liberal-conservador de Lars Løkke Rasmussen impulsó un plan para acabar con lo que ellos denominan “sociedades paralelas” en vez del término gueto, que incluía una veintena de medidas: la imposición de penas el doble de altas a los crímenes cometidos en estas áreas, prohibir enviar a los hijos al país de origen de sus padres durante las vacaciones y derribar cientos de edificios de vivienda social para dispersar y reubicar a los residentes. Para ello, todos los años se publica una lista donde aparecen las áreas consideradas “guetos duros” para la administración gubernamental. Por ello, a partir de ahora, los guetos duros que llevan más de cinco años en la lista deberán tener como máximo un 40% de vivienda pública en 10 años[13].
Esta situación deja al complejo Mjølnerparken del área urbana norte de la capital danesa en un crítico escenario, puesto que el 100% de su población lo constituye la vivienda pública que será vendida a empresas privadas para demolición. Este proyecto, incluye la reevaluación de una sesentena de áreas potencialmente vulnerables por su elevada proporción de inmigrantes (aunque menor que en los guetos), donde también se deberán llevar a cabo medidas para fomentar que se conviertan en áreas residenciales ‘mixtas’. El objetivo es que en 2030 ninguna área residencial de Dinamarca tenga más de un 30% de vecinos no occidentales. Un elemento clave para modificar la composición de vecinos en estas zonas identificadas como vulnerables o potencialmente vulnerables será la introducción de criterios en las normas de alquiler que den prioridad a los solicitantes que tengan empleo o estén estudiando; y no se podrá aceptar como nuevos inquilinos a ciudadanos procedentes de países no europeos o a aquellos que reciban subsidios[14].
En este punto, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la sociedad danesa que propicia desde hace veinte años el apoyo indiscutido a políticas migratorias duras independientemente del partido que se encuentre en el gobierno? La respuesta difícilmente sea una, no obstante, la sociedad danesa manifiesta haberse visto incómoda con la postura europea frente a la crisis de refugiados del 2015, que generó fuertes incrementos de solicitudes de asilo y un cambio abrupto en los suburbios de los centros urbanos.
La simbolización social es muy fuerte a la hora de analizar el impacto que generó el reemplazo de sus tradicionales pautas de vida por otras foráneas. Y así, la proliferación de negocios gastronómicos de kebab en detrimento de las tradicionales Pølser danesas, o la mera presencia de mujeres con nicab, representa una amenaza en su construcción identitaria y cultural.
La imagen es un símbolo; y parece ser fundamental a la hora de poder conciliar diferencias intra y entre sociedades disímiles. De la disposición de éstas, depende la conformación identitaria y el entramado social que resignifique constantemente la figura “del otro” y la propia identidad de una manera permeable y más flexible a la época.
En este marco, las representaciones sociales aparecen como verdaderos sistemas de significación con categorías que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales. Esta construcción simbólica juega un papel predominante en la manifestación de conflictos, pero resulta fundamental a la hora de repensar las bases de la construcción que se está dando dentro de la sociedad a través de la adopción de estas políticas cada vez más duras que pueden generar cambios permanentes en la sociedad danesa con efectos inciertos a nivel internacional.
* Geógrafa (UNLP) y Becaria Doctoral del Programa Argentino Alemán de Intercambio Académico en Estudios Culturales Interdisciplinarios de Europa y América Latina CUAA; Ibero-Amerikanisches Institut von Berlín, Universität Rostock y UNLP. Consultora Externa en Migraciones Internacionales para África, Europa y América en la Organización Internacional para las Migraciones – OIM/ONU. Especialista en Contenidos sobre Derechos Humanos y Defensores del Medio Ambiente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH en Costa Rica. Miembro de la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior – RAICES y la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA). Miembro de la SAEEG.
