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VENEZUELA 2021: LA SEGUNDA MUERTE DE CHÁVEZ

Roberto Mansilla Blanco*

Venezuela sigue instalada en una espiral interminable de crisis política e institucional, con complejos escenarios para este 2021 que permitan vislumbrar algún tipo de solución de consensos, al menos a corto plazo.

El pulso político iniciado en enero de 2019 por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro no ha logrado alcanzar sus puntos más importantes, establecidos en el slogan: “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. Muy por el contrario, el diagnóstico actual deja entrever fisuras en la plataforma opositora venezolana sobre las estrategias a seguir para salir de Maduro.

Con todo, Guaidó ha logrado un amplio reconocimiento internacional de cerca de 60 países, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, una baza política considerable pero con cada vez menos incidencia en el plano interno venezolano.

Por otro lado, Maduro y su régimen han logrado no sólo mantenerse en el poder sino dar cuenta de una notable resiliencia ante la presión internacional, en particular amparados por el apoyo de potencias globales como Rusia y China con decisión de veto en la ONU, actores emergentes como Turquía e Irán y la alianza estratégica con Cuba, cuyo peso en la política venezolana es decisivo.

Mientras la vacuna contra la COVID 19 ocupará la mayor parte de la atención mundial, al menos durante este 2021, los escenarios que se presentan para Venezuela en este nuevo año han dado un giro significativo. Esto supone un factor que colateralmente favorece los intereses de Maduro, ya que la solución de la pandemia tangencialmente desvía la atención internacional hacia Venezuela y le permite a su régimen mantener el control sobre la población, a través de las medidas sanitarias.

Paralelamente, una perspectiva parece ir cobrando forma en el horizonte: se aprecia una especie de “final de época” del “chavismo”, toda vez en Venezuela comienza a imponer su ritmo una nueva estructura de poder, con Maduro como epicentro.

¿Cambio de ciclo? Del chavismo al madurismo

Más allá de la controversia causada por la legitimidad de las elecciones legislativas realizadas en diciembre de 2020, de la elevada abstención (69%) y del mayoritario desconocimiento internacional a esos resultados, este 5 de enero el “madurismo” recuperó los espacios del poder legislativo para el próximo período 2021-2026.

Con ello, se completa el proceso de concentración de todos los poderes públicos en manos de Nicolás Maduro, afianzando un poder absoluto, desprovisto de equilibrios institucionales que fiscalicen su gestión. A diferencia de la oposición, y a pesar de su elevada impopularidad, el “madurismo” y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar, no han observado fisuras significativas que pongan en peligro su hegemonía política.

El contexto es significativo. La nueva ecuación de poder da a entender que el “madurismo” refuerza su poder incluso dentro del propio espacio político de representación “chavista”. La presidencia de esta nueva y controvertida Asamblea Nacional en manos de Jorge Rodríguez y el notorio desplazamiento del poder de Diosdado Cabello, hasta ahora presidente de la igualmente polémica y ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), definen este rumbo político.

Así, el “madurismo”, salvo cuando la propaganda en clave legitimación así lo requiera, ya no se exhibe necesariamente como el heredero del “chavismo” sino que, más bien, ha “pasado página», cooptando e incluso degradando a miembros del “chavismo originario”, especialmente del sector militar “febrerista” (rebelión de Chávez del 4F de 1992), como es el caso del propio Diosdado pero también de cualquier vestigio de poder de la familia Chávez.

En 2013, poco tiempo antes de la muerte de Chávez, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, el sociólogo Heinz Dieterich, vaticinó que Diosdado era “el Stalin de la Revolución Bolivariana” y que Maduro representaba la genuina continuidad del chavismo. Pero el contexto 2021 parece dirimir otra expectativa: el “Stalin” de la revolución más bien parece ser el propio Maduro, quien en sus inicios en la presidencia se presentaba como el “hijo de Chávez”.

La etapa inicial “post-Chávez” definió una especie de reacomodo de poder entre Maduro y Diosdado determinado en gran medida por la necesidad imperiosa de unidad ante la presión internacional. Pero en el contexto actual, esta ecuación parece ir perfilándose calculadamente a favor del primero.

El pasado 4 de febrero, durante los actos por el 29º aniversario del intento de golpe de Chávez de 1992, Diosdado recuperó las esencias propias del “chavismo originario” militar, portando en un acto conmemorativo el uniforme del regimiento de paracaidistas al que pertenecía Chávez. La imagen puede ser alegórica de un posible reacomodo de fichas en el “chavismo-madurismo”, donde Diosdado parece negarse a perder protagonismo.

Por su parte, Maduro ha fortalecido una “oligarquía” financiera y económica, una nueva nomenklatura de poder que dista mucho de los ideales chavistas. La incesante crisis económica venezolana, que sigue provocando la peor crisis humanitaria a nivel hemisférico, con oleadas de venezolanos huyendo a países vecinos, parece estar definiendo al mismo tiempo las bases de una especie de “capitalismo salvaje” vía dolarización, que beneficia claramente a esa denominada “boliburguesía” que inició su andadura con Chávez en el poder pero que definitivamente se ha acomodado con Maduro. El control de la industria petrolera y principalmente la rapaz explotación en el Arco Minero al sur del país, con graves acusaciones de desastre ecológico, son otros de los factores que enriquecen a la “casta madurista”.

En este sentido, Maduro pareciera haber tomado nota en la concreción de una especie de “oligocracia” en el poder, un sistema parecido al de la Rusia de Putin. La crisis de legitimidad de su régimen no parece ser un impedimento tan estratégico como se cree. Los resortes del poder del “madurismo” llevan a concretar síntomas de lo que se ha venido considerando como “autoritarismo competitivo”, pero cada vez más fortalecido por el apoyo militar, la represión de la disidencia (aún existen unos 200 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos estudiantes universitarios) y un sistema “hecho a su medida”, especialmente en materia electoral.

Por otro lado, abundan las denuncias de que, dentro de esta estructura de poder, conviven incluso mafias y redes criminales, así como núcleos de apoyo de la guerrilla colombiana y de movimientos islamistas como el Hizbuláh, y que han pasado a controlar incluso porciones territoriales del país como auténticos “feudos”, especialmente en el Arco Minero.

Del mismo modo, la inclusión como parlamentario de Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario, simboliza esa preeminencia “familiar” dentro del nuevo establishment del poder en Caracas. A este núcleo “madurista” debe unirse igualmente el poder de Tarek el Aissami, actual ministro de Petróleo y principal vínculo del “madurismo” con Irán, actual surtidor de gasolina a la maltrecha economía venezolana.

Con una economía “dolarizada” de facto, Maduro parece persuadido a propiciar una incipiente apertura económica, menos agresiva con el sector privado pero que permita el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente de sus aliados Rusia, Irán, Turquía y China, entre otros, y que son vitales para mantener la actual nomenklatura de poder “madurista”.

No obstante, ya confirmado su poder prácticamente absoluto, Maduro no desdeñará continuar con el programa “socialista”, con menor interés ideológico pero sí como herramienta de poder. Surgen así expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio.

El objetivo de la eventual apertura económica es sortear las sanciones internacionales de EE.UU. y Unión Europea, a la espera de observar cuál será la óptica hacia Venezuela que tendrá el próximo presidente estadounidense Joseph Biden, y si con ello se entierra definitivamente con la “Doctrina Trump” que ha favorecido la transición vía Guaidó.

De este modo, Maduro observa con beneplácito la posición de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris de recuperar la “Doctrina Obama” de apertura gradual con Cuba, lo cual implicaría directamente a Venezuela, tomando en cuenta la asociación estratégica total entre ambos países.

También está el contexto regional. Como sucediera con la vuelta al poder del MAS en Bolivia en octubre pasado y anteriormente del “post-kirchnerismo” en la Argentina de Alberto Fernández, el “madurismo” observaba con interés la posibilidad de un vuelco político en las elecciones presidenciales ecuatorianas de febrero próximo, así como en las presidenciales peruanas de abril, que le permitan recuperar alianzas regionales.

Así, en Ecuador, la atención está fijada en fuerzas de izquierda “post-correistas” como Andrés Arauz, vencedor en la primera vuelta presidencial del pasado 7 de febrero, e indigenistas como Yaku Pérez. En noviembre, Nicaragua irá a elecciones presidenciales, donde se da por descontado otro nuevo período para Daniel Ortega, aliado de Maduro y en el poder desde 2006.

El ex presidente Chávez rememoraba constantemente en sus discursos una fecha: 2021. Es el año que celebra el Bicentenario de la Batalla de Carabobo (1821) que selló la independencia venezolana. Pero en este 2021 de la pandemia, el “madurismo” parece identificar el simbolismo de esa fecha histórica hacia otra vertiente: el de su consolidación en el poder, incluso por encima del propio “chavismo”. En perspectiva, un final de ciclo que ni el mismo Chávez imaginaba.

Los dilemas de Guaidó y la oposición

La eventual consolidación del “madurismo” lleva a otro nombre: Juan Guaidó. Dos años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto que acrecienta la precariedad de su posición política.

Mientras Maduro lanzaba sus controvertidas elecciones legislativas en diciembre, Guaidó apostó sus cada vez menos efectivas cartas a una consulta popular “anti-Maduro” de resultados inciertos desde el punto de vista político. Debe igualmente observarse que, a pesar de la posición oficial, existen fisuras internas y críticas dentro de la oposición hacia el liderazgo de Guaidó, al que califican de “ineficaz”.

Ya entrado el 2021, la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 (las últimas reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional) renovó a Guaidó en la presidencia por un año más. Pero la situación de Guaidó es sumamente compleja tomando en cuenta que el poder político de facto lo tiene el “madurismo” y que el régimen, a pesar de sus elevados índices de impopularidad, ha tenido éxito en desgastar e incluso desacreditar la imagen de Guaidó.

Guaidó sigue teniendo el apoyo y el reconocimiento de 60 países, pero la realpolitik venezolana y los posibles cambios en el contexto internacional (nuevo gobierno en EE.UU., atención mundial a las vacunas del coronavirus) pueden alterar esta situación.

De hecho, su figura como “presidente interino” pierde gradualmente fuerza en el contexto exterior, así como su “mantra” de hoja de ruta lanzado en 2019 de “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. De hecho, la Unión Europea lo sigue reconociendo, pero ahora como “interlocutor privilegiado”, un enfoque que denota obviamente un nivel de degradación en cuanto a la posición política e, incluso, del propio liderazgo de Guaidó.

Su “mentor” político, Leopoldo López, logró escapar a España, donde se concentra gran parte del exilio opositor venezolano, con figuras como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Tampoco está Trump en la Casa Blanca, y si bien Biden parece convencido de mantener el apoyo bipartito entre republicanos y demócratas en EE.UU. hacia la causa democrática que impulsa Guaidó, nada parece completamente seguro.

Con la Asamblea “madurista” en funcionamiento, persisten las incógnitas sobre qué sucederá con Guaidó. Muchos sectores “maduristas” buscan revancha y lo quieren ver preso, pero la posibilidad de un audaz exilio es otra alternativa.

Con ello, podríamos observar cómo la oposición venezolana se vería eventualmente persuadida a ensayar una especie de gobierno en el exilio, algo similar al ejemplo de la oposición política al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que mantiene un precario gobierno en el exilio precisamente en España, desde 2003 en manos de Severo Moto. El ejemplo del exilio cubano, particularmente en EE.UU., también es una posibilidad que refleje lo que puede suceder con Guaidó y la oposición venezolana.

Con o sin exilio a la vista, otra expectativa puede anunciarse en este incierto 2021: la posibilidad de un nuevo cambio de dirección dentro de la oposición venezolana, con nuevas figuras que podrían traducir una etapa “post-Guaidó” y “post-Leopoldo López”.

En la órbita de este posible cambio de dirección en las filas opositoras surgen dos líderes ya conocidos: María Corina Machado y el ex candidato Henrique Capriles Radonski. En los últimos meses, ambos han sido fuertes detractores de la estrategia de Guaidó y nunca ocultaron sus intenciones para eventualmente sucederlo. Pero está por ver si sus estrategias serán de aggiornamiento pragmático con el “madurismo” o de apostar por acciones más radicales.

Machado defiende la radicalización en la calle sin negociación con un régimen que califica “usurpador y criminal». Por su parte, Capriles Radonski ya abrió con anterioridad algunas líneas de diálogo con el “madurismo” y parece ser el líder opositor elegido por figuras internacionales, como el Alto Comisionado de Política exterior, Josep Borrell, y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a la hora de iniciar una negociación pactada con Maduro.

Toda vez, la dirigencia opositora venezolana se ve igualmente fragmentada al tener a varios de sus representantes en la cárcel como presos políticos del régimen.

A comienzos de 2021, Maduro lanzó una especie de oferta política y electoral en clave de negociación internacional: celebrar unas elecciones regionales “libres y transparentes” para final de año, bajo el formato que exige la comunidad internacional, con tal de obtener el reconocimiento a su mandato hasta 2025. En las filas opositoras, fue precisamente Capriles Radonski el que se lanzó al ruedo prácticamente avalando esta táctica “madurista”.

Toda vez, la posibilidad de ensayo de un gobierno en el exilio, con López y eventualmente Guaidó como principales operadores, repercutirá en el seno interno de la oposición dentro de Venezuela. Está por ver si la unidad opositora seguirá inquebrantable o, más bien, se produciría una posible ruptura entre sectores opositores, tanto en el exilio como en Venezuela, sobre las estrategias a adoptar para salir de Maduro.

Mientras aparecen informaciones sobre presuntas tramas de corrupción en el entorno de Guaidó, la incertidumbre sobre esta nueva etapa gravita en el entorno opositor venezolano. Con un Guaidó visiblemente debilitado, la oposición se expone en este incierto 2021 a perpetuar sus dilemas en cuanto a la posibilidad de un nuevo cambio de liderazgo y de estrategias.

El contexto exterior: esperando a Biden

Finalmente, está la negociación internacional para una salida electoral, pacífica y de consenso en Venezuela. Es el escenario deseado por la mayor parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, el Grupo de Lima y muy posiblemente por la próxima administración Biden.

Pero sus posibilidades son escasas, incluso inciertas, toda vez los canales de diálogo entre el “madurismo” y la oposición son prácticamente nulos o, como mucho, testimoniales y se prevé una mayor radicalización del poder absoluto de Maduro.

De hecho, en diciembre pasado, antes de la reciente oferta de elecciones regionales libres a cambio de permanecer en el poder hasta 2025, Maduro reafirmó un reto electoral y político a la oposición: la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio en su contra para 2022, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana, cuando se cumpla la mitad de su mandato, iniciado en enero de 2019 pero no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional.

Maduro no parece, por tanto, persuadido a seguir cualquier recomendación de solución electoral alternativa a la crisis política e institucional venezolana que venga desde el exterior. El apoyo de Rusia, Irán y especialmente de Cuba le ha servido a Maduro para sortear el aislamiento internacional sin perder capital político ni realizar concesiones democráticas audaces.

Del mismo modo, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora, y el poder de facto en manos del “madurismo”. La presión internacional puede ser intensa, tomando en cuenta la posibilidad de una ampliación de la represión política contra dirigentes opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen “madurista”. Pero mucho dependerá también de la debida atención que la administración Biden tenga hacia el dossier venezolano, y cuál será finalmente su estrategia más elaborada.

Pero mucho también dependerá de qué tan relevante seguirá siendo la crisis venezolana para la atención de las principales potencias mundiales, especialmente en un 2021 signado por las vacunas de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma.

Sea como sea, la crisis venezolana dista mucho de albergar alguna solución satisfactoria y de consensos en el plano interno. Dependerá, en gran medida, de la presión internacional ante un régimen “madurista” desacreditado en el exterior pero afianzado de facto en el plano interno.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE.UU. y América Latina.

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GUAYANA ESEQUIBA: NUESTRA CARTOGRAFÍA COMO ARGUMENTO COGENTE

Abraham Gómez R.*

La séptima parte de nuestra extensión territorial, 159.500 km2, la que nos arrebataron con vileza, no es poca cosa. Puede corresponderse, en amplitud, a mucho más que todo el occidente de Venezuela y parte de algunos estados del centro del país.

La hemos venido reclamando porque siempre ha sido nuestra, por justicia.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico, histórico; y la fortaleza de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Sin embargo, también he expuesto, en bastantes ocasiones como autocrítica, que siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba, pero muy pocas veces aluden y defienden —que también constituye un referente valioso— a la apreciable población que vive en ese inmenso territorio, donde se acumulan recursos de todo tipo; precisamente los que están siendo esquilmados por la voracidad de las empresas transnacionales.

En la Guayana Esequiba, de norte a sur, conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varias clases sociales; cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa los 300.000 compatriotas; donde quedan incluidas las personas originarias de las etnias Waraos, Waiwai, Makushi, Arawaks, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi.

Además, una imbricación bastante considerable de afro e indo descendientes, amerindios, asiáticos, portugueses etc. Una amalgama humana interesante.

Por muy estricta o difusa que pueda presentarse la delimitación o demarcación, jamás alcanzará a escindir los lazos consanguíneos tradicionales, los nexos culturales, las sensibilidades y, mucho menos, a la separación de los arraigados afectos que conseguimos interconectados a ambos lados de la “raya”. Digamos, los vínculos entre comunidades y personales que percibimos, en cada uno de nuestros recorridos por esos lugares.

Al visitar, las hermosas comunidades de la parte del estado Delta Amacuro, las más próximas a la línea de facto: San José de Amacuro, Guasa, Cangrejito, Las Margaritas, Jobure, Curiapo analizamos y valoramos que se tejen con comunidades muy cercanas dentro de la Zona en Reclamación, como Mabaruma, Santa Rosa, Coriabo, Caituna, Baramani y lo que apenas queda de Morajuana.

La mencionada geografía humana, que convive en esa poligonal debe llamar la atención y la preocupación de quienes ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado venezolano, con la finalidad de corresponderles como se merecen, en todas las áreas pertinentes a su subsistencia.

Cedulación, salud, educación, servicios públicos, turismo, deportes, cultura, apoyo a la producción; en fin, todo cuanto sea necesario para vincularlos con nuestra venezolanidad que así mismo les corresponde a ellos.

Estamos obligados a enlazarnos como compatriotas con esos grupos humanos, tan venezolanos como cualquiera de nosotros.

No debe importarnos únicamente reclamar la extensión territorial y su proyección marítima; por cuanto, la gente que allí convive debe ser tarea prioritaria para que obtengan desde nosotros sentido de pertenencia e identidad con el resto de Venezuela.

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

El concepto de efectividades ha sido discutido en relación al título sobre un territorio, donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un título jurídico preexistente (como nuestro caso con la Cédula Real de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

Una expresión clara de esta afirmación, lo ha dicho el Alto Tribunal en el pleito entre Camerún y Nigeria. Como también, cuando la CIJ falló —aunque discutida la sentencia— en la controversia fronteriza territorial, insular y marítima entre El Salvador y Honduras.

Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen —apenas— elementos auxiliares en una controversia interestatal.

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

Esta conclusión fue expuesta en la sentencia de la CIJ en el asunto Burkina Faso/Mali; donde se planteó el valor de los mapas y su relación con el título sobre un territorio.

En este caso, por ejemplo, se dictaminó que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.

A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba. Conforme a la Corte, los mapas no poseen —eo ipso— fuerza probatoria en un litigio.

No obstante, en el caso que nos ocupa, en la actualidad, en la Corte Internacional de Justicia nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestra enjundiosa cartografía.

Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismas, premisas de certificación histórica. Los mapas han hecho veracidad en su conclusión: la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana.

La cogencia puede ser considerada análoga a la lógica inductiva; como la solidez en la lógica deductiva.

Si todos los mapas inductivamente dicen que sí, entonces la conclusión deductiva es sí.

Vamos por parte. Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775. Un mural realizado con ocho planchas de cobre; valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.

Otra inducción: hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.

Más argumentación al respecto. El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado un elemento de cogencia (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana).

Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.

Nuestra delegación, si aceptamos hacernos parte del Juicio en La Corte, tendría la solidez como prueba auxiliar extrínseca —elemento de cogencia al momento de elaborar el Memorial de contestación de la demanda— de una fortaleza cartográfica auténtica.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

 

GUAYANA ESEQUIBA: ¿DE QUÉ LADO ESTARÁ LA JUSTICIA?

Abraham Gómez R.*

Pareciera, según la apreciación de algunas personas, que es inmenso el plazo de dos años concedido por la Corte a nuestro país, para que consignemos por escrito el memorial de contestación a la demanda que nos interpuso la excolonia británica.

La experiencia nos señala que los tiempos para los arreglos de pleitos internacionales conllevan implícitos sus propios ritmos y dinámicas; y lo que llegamos a calificar de rápido en ese ámbito, por lo menos viene arrastrando varias décadas. Hay demasiados ejemplos que, con holgura, determinan la aseveración antes expuesta. De modo que, no tenemos mucho tiempo para desperdiciar.

A mi modo de ver, lo que debe preocuparnos, seriamente, apunta en otro sentido. ¿Saben qué?, que cunda el enfriamiento de nuestro justo reclamo entre los entes competentes administradores de la política exterior en nuestro país, así como otros similares del sector público. Añádase esta otra inquietud: resultaría desconcertante que las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades caigan en la dejadez y la displicencia; cuando, contrariamente, lo que debemos hacer es sentirnos obligados al absoluto aprovechamiento del lapso temporal que se nos ha dado; además, fijarnos como tarea concitar el inmenso talento humano diseminado por toda la nación; nuestro objetivo, sin mezquindades, apunta a convocar a los intelectuales y estudiosos densamente formados y conocedores a fondo de la citada controversia.

Con seguridad, bastante gente compartirá lo que diré de seguidas: que nos encontramos en otra oportunidad de suma importancia para prepararnos, de manera total, para encarar la confrontación ante la Corte Internacional de Justicia; donde nos haríamos Parte del juicio; respetando que —asistir o no— es una expresa decisión del jefe de Estado, conforme a sus atribuciones constitucionales. Hemos planteado un referendo consultivo; sin embargo, la última palabra de hacernos presente en la CIJ la toma el jefe de Estado.

Por lo pronto se han desatado en toda Venezuela discusiones dilemáticas que —aunque algunas son de relativo agrado, porque mantiene vivo el aspecto contencioso— debemos prestarle el mayor interés para hacerle nuestras propias observaciones y conjeturas.

Todavía conseguimos a quienes opinan y se inclinan por la tendencia de que Venezuela no se haga presente en ninguna de las etapas del Proceso jurídico que lleva adelante la Alta Sala sentenciadora de la ONU. Aducen que nuestra personación en el juicio, para cumplir con los actos concluyentes y manifestar consentimientos de obligar, equivale a seguirle el juego a la contraparte, y caer en su estrategia. Para este grupo de venezolanos nuestra ausencia debe ser total.

Nos luce una posición respetada, pero no la comparto en lo más mínimo. Diré mis razones. Primero: con la presencia o ausencia de la delegación diplomática de Venezuela (y sus coagentes) el juicio seguirá su curso. El proceso en ningún momento se paralizará. Segundo: si no vamos, el jurado tendrá la oportunidad de escuchar “una sola campana”, el 8 de marzo del próximo año; porque a nuestra entera voluntad le dejaríamos a Guyana el escenario a su regusto para que insista, con sus falaces alegaciones, en que el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 constituye Cosa Juzgada.

Tercero: tal vez el más protuberante, la Corte está dispuesta a resolver este pleito, inclusive así nosotros estemos ausentes. Ya lo decidió —como para que abramos los ojos— en la fase previa, el 18 de diciembre del 2020, cuando se autoconfirió jurisdicción y competencia y de inmediato pasó a conocer el fondo de la causa.

Mi indeclinable e invariable opinión sigue siendo que debemos hacernos Parte del Juicio, aunque sea bajo protesta. Tal hecho constituirá una valiosa ocasión para esgrimir nuestros elementos probatorios de la vileza con la que actuó ese jurado arbitral, con vergonzosa prevaricación.

Idénticas manifestaciones percibimos por la Red y en bastantes lugares; esta vez referentes a la disyunción —muy delicada por lo demás— entre si tenemos que cumplir o no los acuerdos suscritos, cuando miramos cómo la contraparte los vulnera a diestra y siniestra.

Venezuela siempre ha sido respetuosa de los convenimientos y pactos suscritos, adheridos y ratificados.

Nuestra historia está signada en reconocer que el Derecho Internacional está fundamentado en el acatamiento de las decisiones arbitrales y judiciales; no obstante, las tropelías que en nuestra contra se han perpetrado.

Somos y hemos sido siempre partidarios de la solución pacífica de las controversias; sobre todo entre países vecinos, unidos por vínculos geográficos o históricos. Si no logramos —en este litigio con Guyana—soluciones racionales, sería tanto como someter a nuestra región, por los próximos siglos a tensiones y conflictos que enajenarían el futuro de ambas naciones, como también cercenar las posibilidades de necesaria cooperación para nuestros pueblos.

Nos consta que la invitación de todos los gobiernos democráticos venezolanos ha sido permanentemente al diálogo constructivo y al mejor espíritu amistoso de vecindad.

Hay quienes sostienen la tesis maximalista en la reivindicación que enarbolamos en el caso de la Guayana Esequiba. Es decir, recuperar totalmente los 159.500 km2 que nos despojaron. Otros opinan, en vía contraria, que debemos buscar un arreglo honorable para Venezuela; una especie de solución práctica que a su vez sea políticamente aceptable; que sea viable, y que no implique la desaparición del Estado de Guyana, ni lo lesione irreversiblemente. Difícil de asimilar una u otra alternativa de solución.

Precisemos las ubicaciones de las dos corrientes: conseguir, mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia la totalidad de la extensión geográfica que nos despojaron o convenir en aceptar una considerable porción territorial, con amplia salida hacia el atlántico. No es nada fácil metabolizarlas. Sospecho que nos llevaremos meses en discusiones por el país. Vale la pena.

La Corte tiene la opción de resolver el litigio mediante el principio “ex aequo et bono” (por lo bueno, justo y equitativo), que sería totalmente diferente a las clásicas decisiones judiciales sujetas, en estricto sentido, a los aspectos de carácter jurídico.

Nosotros estamos esperanzados que la Corte, en la oportunidad cuando conozca nuestros respectivos elementos de probanza, resolverá con solución satisfactoria para los dos países. Por lo pronto, solo nos queda una incertidumbre, dicha en estos términos: quizás la contraparte guyanesa desempolvará aquella temeraria (y pendenciera) amenaza proferida por el expresidente Forbes Burnham, el 4 de abril de 1982, cuando señaló: “A mí me parece que hay una concepción errónea acerca de lo que es la reclamación venezolana del Esequibo. Venezuela se equivoca en seguir considerando nulo el Laudo de 1899. Y así ese Laudo, llevando al extremo la cosa, si ese Laudo es reconocido como nulo; entonces todo este asunto tendrá que devolverse al Tratado de Washington de 1897”. Esa infeliz declaración nunca fue respondida, como se merecía.

Intelectuales venezolanos de ayer y de hoy han venido sugiriendo que debemos apuntar la artillería jurídica, siempre en la misma dirección, pero con dos objetivos en nuestra mira. Denunciar y terminar de desmontar el Tratado de Washington de 1897, porque al parecer no quedó “ni caduco ni muerto” y según, en los últimos días en la opinión pública guyanesa se ha despertado la sensación de que a través del mencionado documento ellos formularían el último hálito de alternativa en esta contención.

Dos tesis contrapuestas conseguimos, desde 1960, frente a lo que acabo de asomar.

Guyana abriga la esperanza, si se ve perdida, de pedir a la Corte Internacional de Justicia, que reponga el proceso de litigación con Venezuela a sus etapas originarias; porque, de acuerdo a sus asesores, el Tratado de Washington tiene perfecta vigencia. No creemos que sea exactamente así.

Hay una corriente bastante apreciable en Venezuela que recomienda no gastar tiempo ni recursos procesales para solicitar la anulación del citado escrito; por cuanto, el mismo fue un instrumento consumado en su finalidad y consecuencia. Algo así como un cartucho disparado o un envase vacío del cual se extrajo todo su contenido. Con este documento, subrayan, solo resta arrojarlo a la cesta de desperdicios de la historia.

Lo cierto es que ambos documentos que nos ocupan: el Tratado de Washington de 1899 y el Laudo Arbitral de París de 1899 están afectados de vicios insubsanables que comportan graves causales de nulidad. Nunca será válido ni admitido lo que se obtuvo mediante el dolo, el error y la coacción.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/