EL MERCADO DE LAS DROGAS ENTRE LAS SOCIEDADES ADINERADAS Y LA DESESPERACIÓN SOCIAL

Giancarlo Elia Valori*

Hace unos meses se publicó el Informe Mundial sobre Drogas 2020, que evaluó las tendencias de desarrollo del mercado mundial de drogas en los últimos diez años, y destacó específicamente el impacto del Covid-19 en el mercado de drogas.

El patrón de crecimiento de la población puede explicar en parte las razones de la expansión del mercado. El abuso de drogas ha aumentado en todo el mundo, tanto en términos de número global como de proporción de consumidores de drogas en la población mundial.

En 2009, se estimó que había 210 millones de consumidores de drogas, lo que representa el 4,8% de la población mundial de 15 a 64 años, en comparación con 269 millones en 2018, lo que representa el 5,3% de la población.

En las últimas dos décadas, el abuso de drogas en los países en desarrollo ha crecido mucho más rápido que en los países desarrollados. En cierta medida, esto refleja la diferencia en el crecimiento general de la población durante este período —7% en los países desarrollados y 28% en los países en desarrollo—, pero también pone de relieve el rápido crecimiento de la población joven en los países en desarrollo.

Los adolescentes y adultos jóvenes representan la mayor proporción de consumidores de drogas. Durante el período 2000-2018, en los países en desarrollo la población de este grupo de edad aumentó un 16%, mientras que la población de este grupo de edad disminuyó en un 10% en los países desarrollados.

La urbanización se ha convertido en un factor impulsor para el mercado actual y futuro de las drogas. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, hay más consumidores de drogas en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Parte de la razón del aumento general del consumo de drogas es la migración a gran escala de personas de zonas rurales a urbanas: más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, frente al 34% en 1960. La urbanización puede ser un factor clave en la futura dinámica del mercado de drogas, especialmente en los países en desarrollo donde las tendencias de urbanización son más evidentes.

El aumento de la riqueza se asocia con un mayor consumo de drogas, pero las personas pobres soportan la mayor carga de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas. En todo el mundo, el abuso de drogas es más común en los países desarrollados que en los en desarrollo. Las drogas como la cocaína están más estrechamente asociadas con las regiones más ricas del mundo. Del mismo modo, dentro de los países, la prevalencia del abuso de drogas entre los segmentos ricos de la sociedad es relativamente alta. Sin embargo, las personas con un estatus socioeconómico más bajo son más propensas a verse afectadas por trastornos relacionados con el abuso de drogas.

Los datos de algunos países muestran que existe una conexión entre los patrones de consumo nocivo de drogas y las enfermedades típicas de los grupos de bajos ingresos. Estos patrones parecen ser menos comunes en las clases sociales más ricas.

Es probable que las limitaciones económicas impuestas por la crisis mundial del Covid-19 exacerben los riesgos para los grupos más vulnerables, incluidos los consumidores de drogas. Por ejemplo, los cambios en el mercado laboral, como el aumento del desempleo, se han relacionado con el aumento posterior del consumo de drogas y, a favor de la epidemia, ha obligado a decenas de millones de personas en todo el mundo a perder su empleo mientras buscan refugio en sustancias peligrosas a precios bajos, pero con consecuencias muy fatales.

El Covid-19 podría conducir a una mayor expansión del mercado de drogas. La pandemia puede inducir a más agricultores y recolectores a aumentar o participar en el cultivo ilegal, tanto debido a la menor capacidad de control de las autoridades nacionales como porque más personas pueden decidir asumir el riesgo de participar en actividades ilegales durante la crisis económica.

Las restricciones relacionadas con la pandemia han llevado a una reducción del tráfico aéreo y terrestre, por lo que el tráfico marítimo ha aumentado. El riesgo de interceptación en el mar es bajo y el número de mercancías de contrabando es mayor que por aire o tierra. Recientemente se ha informado que la cocaína está siendo enviada directamente de Sudamérica a Europa por mar.

La aparición de sustancias no controladas internacionalmente es estable, pero nuevos tipos de opioides potencialmente dañinos están aumentando. El mercado de drogas se está volviendo cada vez más complejo. Además de sustancias tradicionales como la marihuana, la cocaína y la heroína, se han añadido cientos de drogas sintéticas, muchas de las cuales no están bajo control internacional. El uso no profesional de drogas también está aumentando rápidamente. Cada año hay alrededor de 500 nuevas sustancias activas en los mercados nacionales de los Estados.

En la actualidad, la mayoría de ellos son estimulantes, seguidos por agonistas de receptores cannabinoides sintéticos y una pequeña cantidad de opioides. Aunque el número total de nuevas sustancias psicoactivas se ha estabilizado, la proporción ha cambiado. Del total de nuevas sustancias psicoactivas identificadas en 2014, las nuevas sustancias psicoactivas opioides representaron sólo el 2%, pero en 2018 su número había aumentado al 9%. Muchas de las nuevas sustancias psicoactivas opioides son análogas del fentanilo, cuya eficacia y daño se han demostrado, causando muertes por sobredosis en América del Norte y otras regiones, pero en menor medida.

En América del Norte, el fentanilo se utiliza como una droga euforizante para la heroína y otras drogas (incluyendo cocaína y metanfetamina), y algunas sustancias se utilizan para producir opioides medicinales falsificados. Algunas pruebas muestran que también circulan en Europa nuevas inyecciones de estimulantes psicoactivos: un estudio de residuos de jeringas desechadas en seis ciudades europeas encontró que muchas jeringas están manchadas con nuevas sustancias psicoactivas que producen efectos aún más devastadores.

El uso de nuevas sustancias psicoactivas puede establecerse gradualmente entre los grupos más desfavorecidos. Un solo tipo de nuevas sustancias psicoactivas apenas ha formado un gran mercado. Sin embargo, las pruebas de Europa muestran que los cannabinoides sintéticos son un grave problema entre los grupos marginados, como las personas sin hogar y los presos. Hay veintidós países reportados por el uso de nuevas sustancias psicoactivas en las cárceles, la mayoría de ellas con cannabinoides sintéticos identificados como muy peligrosos.

El control de los precursores químicos obliga a los fabricantes de medicamentos a innovar. Muchos de los productos químicos más utilizados como precursores para sintetizar drogas como la anfetamina, metanfetamina y éxtasis han sido objeto de escrutinio internacional. Los narcotraficantes han buscado alternativas —y no sólo sustancias apenas reguladas—, sino también productos químicos diseñados específicamente para eludir las regulaciones, los llamados “precursores especiales”.

Diseñado para prevenir medidas restrictivas, es probable que -con la propagación de Covid-19, la producción de fármacos dependa de una mayor compresión de esos precursores químicos. Las pruebas encontradas incluso en México muestran que esto se ha convertido en una realidad: los informes sugieren que en 2020 la escasez de precursores de metanfetamina importados de Asia oriental causó un aumento en el precio de la metanfetamina en México y Estados Unidos.

La tasa de cambio en el mercado de drogas se ha acelerado dramáticamente. Las drogas sintéticas están reemplazando opiáceos en Asia Central y en la Federación de Rusia. Los mercados de opioides en estas dos regiones parecen haber cambiado entre 2008 y 2018.

El número de opiáceos interceptados por las autoridades de la Federación de Rusia ha disminuido en un 80% aproximadamente, mientras que el número de personas que reciben tratamiento para el uso de opioides ha disminuido drásticamente. El mercado de estimulantes, sin embargo, parece estar expandiéndose día a día. Hay evidencia de que la metanfetamina y varias cateinonas, incluyendo mefedrona y α-pirrolidinyl-fenilpentanal, están ahora en todas partes en el mercado ruso de drogas. Las autoridades rusas han informado de que recientemente el número de laboratorios clandestinos para la producción de diversas drogas ilegales ha aumentado significativamente, y se ha más que duplicado en dos años, aumentando a 152 laboratorios ya en 2018.

También hay un crecimiento del mercado de metanfetaminas en Afganistán e Irak. Ya en 2012, las encuestas realizadas al personal de hospitales, prisiones y otras instituciones revelaron la importancia de la metanfetamina en Irak. La metanfetamina de cristal se ha convertido en otra droga importante de preocupación, además del fentanilo y el tramadol. Un estudio ha confirmado además estos hallazgos, con los consumidores de drogas afirmando que el cannabis es más difícil de obtener que el fentanilo o la metanfetamina. Recientemente, las autoridades iraquíes han descubierto varios laboratorios de metanfetaminas y se ha expresado preocupación por las grandes importaciones de preparados de pseudoefedrina: los laboratorios de metanfetaminas utilizan estos preparados como precursores.

En Afganistán, la producción de metanfetaminas parece haber comenzado en 2014. Desde entonces, las incautaciones de metanfetaminas han aumentado constantemente. Sin embargo, en el primer semestre de 2019, las incautaciones aumentaron significativamente en comparación con el año anterior. Las grandes incautaciones de metanfetamina —que se cree que se originaron en Afganistán— en otras naciones también muestran que la producción en ese país está aumentando rápidamente.

Como podemos ver, las drogas han pasado de los medios de distracción para el aburrido mundo europeo a una alternativa para las personas desesperadas sin posibilidades de conseguir trabajo.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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EL SABOTAJE EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DE LA INTELIGENCIA CORPORATIVA

Pablo Ariel Rodríguez*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay


Las acciones, que de una manera u otra, pueden afectar el normal desenvolvimiento de la actividad interna empresarial pueden producirse tanto por cuestiones meramente individuales y aisladas o por operaciones anteriormente estudiadas y planificadas con objetivos predeterminados.

En el primer caso, la actitud individual puede verse influenciada por el perfil psicológico de algún miembro de la empresa (en cualquiera de sus niveles), quien por una decisión que considera injusta o contraria a sus intereses y sentir personal decide realizar una acción que perjudique a la organización a manera de resarcimiento o venganza. Desde la transmisión de malestar por medio del contacto interpersonal con otros miembros hasta pasar a la acción concreta de provocar algún tipo de daño material.

En el segundo caso, producido por intereses mayores, sea de un Estado, una organización criminal o una empresa competidora, requerirá previamente una actividad de reunión de información ya sea por medio del ciberespacio (espionaje informático) o por el elemento humano (HUMINT), pudiendo usar para este último a una persona resentida, sobornada, extorsionada o hasta un personal propio infiltrado.

Más allá de las acciones directas sobre instalaciones, bienes, materias primas, etc. mediante el uso de “saboteadores”, el conflicto moderno concentra otro ámbito de desarrollo, el ciberespacio, donde podríamos considerar al sabotaje informático como las acciones conscientes tendientes a suprimir, modificar o inutilizar sin autorización datos del sistema informático, programas o documentos electrónicos almacenados en el primero, con la intención de causar un daño a esos datos contenidos en las computadoras o en sistemas de redes destinados a prestar un servicio público, privado o militar. Los daños pueden ser causados tanto a la parte física del ordenador (hardware) como a la parte lógica del mismo (software). Entre las técnicas más comunes tenemos la inoculación de virus, gusanos y bomba lógica o cronológica.

El sabotaje informático se diferencia en este sentido del espionaje informático que busca la copia y distribución no autorizada de información o documentos archivados como por ejemplo el robo de la propiedad intelectual, auto atribuyéndose luego los derechos de autor con el material obtenido.

La detección de las acciones de sabotaje surge generalmente de la evaluación en el desempeño empresarial y de los detalles del funcionamiento interno de la organización que permiten descubrir y valorar situaciones no justificadas tales como: daños en equipamiento de producción, rotura de embalajes en productos de venta, maltrato de clientes, faltantes de dinero o falsos movimientos del mismo, daño en materias primas, descomposición de vehículos, retraso no justificado en desarrollos y proyectos, estudios incompletos o fuera de término hasta incluso, daños informáticos o robo de documentación clasificada o vital perteneciente a la empresa.

Dentro de la extensa variedad de hechos posibles también se debe tener en cuenta al personal que comete un hecho pero que su autoría resulta difícil de probar. Su despido, sin justa causa evidente, genera luego la obligatoriedad de una “negociación” sobre ese despido o el riesgo de un reclamo indemnizatorio por despido injustificado vía acción judicial, causando otra pérdida económica adicional.

Hay infinidad de casos de sabotaje, sin entrar en las acciones producidas por las fuerzas armadas de distintos países en conflicto (o no); aquí unos ejemplos reales, desde lo sencillo hasta lo complejo:

    • Relatado por sus propios autores, durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros franceses vinculados al movimiento de Resistencia que eran obligados a trabajar para las tropas alemanas en minas de carbón, aceleraban el funcionamiento de los taladros mecánicos contra la roca para quebrar las puntas y tener que suspender la operación. Conseguir los repuestos podía tardar hasta un par de semanas, retrasando y disminuyendo así la extracción del mineral. En el mismo sentido, prisioneros destinados al trabajo de la plaza ferroviaria intercambiaban el etiquetamiento de los vagones férreos ya sellados consignando ropa de abrigo y equipamiento de invierno al frente africano (con veranos de más de 40°C), y ropa de verano al frente ruso (entre -15°C y -30°C en la Rusia europea).
    • En los años 2000/2001, se produjo en Argentina una epidemia de aftosa, enfermedad que ya había sido prácticamente erradicada por diversas acciones del Estado y mediante la vacunación del ganado. La situación económica y social y la falta de perseverancia en los controles produjo un nuevo rebrote epidémico. Esto implicó cierres temporales de mercados (Estados Unidos, Canadá, Chile, Unión Europea), grandes pérdidas en la balanza comercial por cierre de exportaciones, aplicación del “rifle sanitario” sobre millones de animales infectados y sospechosos de estarlo, crisis en la industria frigorífica, con quiebras, convocatorias de acreedores, suspensiones y despidos de personal.

Durante 2020, el gobierno argentino anunció un acuerdo entre los laboratorios AstraZeneca y mAbxience, propiedad del empresario Hugo Sigman, para adquirir y producir la vacuna contra el coronavirus en el país. A partir de allí se viralizó en las redes un video anónimo, que entre otras cosas, señalaba al empresario como responsable de introducir animales infectados con aftosa en el año 2000 para poder vender un importantísimo volumen de su vacuna en depósito y con riesgo de próximo vencimiento, a través de su laboratorio Biogénesis (propiedad de Sigman y que producía la vacuna desde 1990).

Chequeado (sitio web argentino creado en el año 2010 que se ocupa de la verificación del discurso público, promueve el acceso a la información y a la apertura de datos) se comunicó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, desde donde informaron: “Nunca se pudo comprobar el origen del reingreso de la fiebre aftosa a la Argentina en el año 2000. No se ha podido comprobar si el origen del foco fue por el contrabando de animales de un país vecino o por otra irregularidad”.

Ahora bien, sin entrar en la búsqueda de inocencias o responsabilidades, que no es el objeto de este escrito. Si tomamos el hecho de introducir ganado infectado en el país para contagiar la hacienda local, es una operación relativamente sencilla en 2000, de bajo costo y riesgo, y luego, difícil de probar. En tal sentido, podríamos decir tanto que proviene desde una actitud irresponsable en busca del beneficio económico particular hasta, por qué no, de una acción de sabotaje para eliminar al país temporalmente de varios mercados cárnicos del mundo mientras otros competidores ocupan su espacio, algo que implica pérdida para uno y ganancia para otros de inmensas sumas de dinero.

Pero al pararnos desde otro punto de vista y no registrándose pruebas ni acciones judiciales contra el laboratorio y su dueño, podríamos también incluir a las variables de análisis que el mismo video que levanta esta acusación y que es de características anónimas, pueda ser una operación de sabotaje, tratando de afectar negativamente el perfil empresarial causando daño en su imagen pública y descalificándolo ante otros laboratorios competidores.

La falta de pruebas concretas transforma a todas las hipótesis como posibles.

    • El 6 y 7 de mayo de 2021, un grupo de piratas informáticos desconectó por completo y robó más de 100 GB de información del Oleoducto Colonial Pipeline, que transporta más de 2,5 millones de barriles por día, el 45% del suministro de diésel, gasolina y combustible que consumen los aviones de la costa este. El presidente de Estados Unidos estableció el estado de emergencia energética el 9 de mayo.

Analistas del mercado petrolero indican que, como consecuencia, los precios del combustible podrían aumentar entre un 2% y un 3%, pero el impacto sería mucho más grave si se mantiene el “apagón” del oleoducto por más tiempo. La falta de suministro afectaría inicialmente a Atlanta y Tennessee y luego el efecto dominó llegará hasta Nueva York.

Según Digital Shadows, una empresa de ciberseguridad con sede en Londres que se encarga de rastrear a ciberdelincuentes globales, señaló que el ciberataque se produjo porque los hackers encontraron cómo filtrarse al sistema por el alto número de ingenieros que acceden de forma remota a los sistemas de control del oleoducto. El ataque habría sido llevado a cabo por DarkSide, banda criminal rusa que cultiva una imagen de Robin Hood de robar a las corporaciones y dar una parte a la caridad. El método utilizado fue el de ransomware, inoculación de un programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

Según la agencia Bloomberg, Colonial Pipeline pagó dicho rescate consistente en cinco millones de dólares en criptomonedas, por ser más difíciles de rastrear y el sistema volvió a ponerse en funcionamiento.

Los ejemplos mencionados, abarcando desde la década de 1940 al presente, son solo un pequeño compendio que va desde lo más artesanal y sencillo a lo más sofisticado, pero en todos ellos se puede apreciar la gran magnitud de daño, afectando operaciones militares, el comercio y producción de un país o la distribución de recursos energéticos con sus consecuencias derivadas.

De una u otra manera, la ejecución de los mismos demandó una actividad inicial de selección de los objetivos a lograr, reunión de información y su procesamiento para realizar la acción con éxito. Esta actividad requirió también la determinación de vulnerabilidades del otro, en definitiva, inteligencia aplicada para el logro de resultados mediante acciones de sabotaje.

En cualquier caso, siempre la mejor herramienta es la prevención, estudiar y establecer controles y medidas adecuadas tendientes a eliminar la posibilidad de un sabotaje empresarial, o al menos, minimizar sus costos.

Como expresó Neil Chatterjee, Presidente de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) hasta 2020 en el caso de Colonial Pipeline: “…Nuestros adversarios son sofisticados y están evolucionando constante y continuamente sus tácticas, métodos y enfoques…”. “…Y tenemos que hacer lo mismo…”.

 

* Licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Formación de Analista y Diseño de Escenarios Estratégicos en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros efectuados en la entonces Escuela de Guerra de Ejército y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) sobre Terrorismo Internacional para Analistas de Inteligencia. 

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AFGANISTÁN: EL FIN DE LA “GUERRA ETERNA” DE ESTADOS UNIDOS

Marco Crabu*

Fonte: khaama.com

La retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, sin embargo, ha dejado un sabor amargo en las bocas del pueblo afgano y los estados vecinos.

 

En Afganistán ha llegado el momento de la “retirada”. Después de 20 largos años, comenzó formalmente la fase final de la “guerra eterna” estadounidense (y de la OTAN).

El sábado 1º de mayo —y hasta el final del verano— comenzarán las maniobras que sacarán del país, que algunos llaman “la Puerta de Asia Central”, a unos 2.500/3.500 soldados estadounidenses y casi 7.000 soldados de la OTAN.

De hecho, la misión en Afganistán comenzó oficialmente el 7 de octubre de 2001, tras la tragedia de las Torres Gemelas, con el objetivo de expulsar a Osama Bin Laden (que fue asesinado el 2 de mayo de 2011 durante la Operación Neptuno Spear, una acción militar llevada a cabo por el Navy SEAL como parte de la guerra contra el terrorismo), que desde entonces había huido al país asiático bajo la protección del gobierno talibán. Dos meses más tarde, el régimen talibán en el poder sufrió el intenso bombardeo de la fuerza aérea estadounidense que borró —ilusoriamente— la impronta del Emirato Islámico de Afganistán, llevando a la capital Kabul de vuelta a manos de las milicias “Shura-i-Nazar” (antes conocida como la Alianza del Norte) y empujando a los militantes de Al-Qaeda a huir. Desde entonces, Al-Qaeda se ha reducido, mientras que la amenaza terrorista se ha extendido como un cáncer global y en múltiples ramificaciones.

Pero la guerra en Afganistán demostró ser una oportunidad perdida para que Estados Unidos pusiera fin a las ambiciones de los talibanes y lanzara un serio plan de estabilización y pacificación, gracias a una estrategia a corto plazo de la política democrática estadounidense, que luego fue absorbida por los eventos de la Guerra del Golfo que se convirtieron en la prioridad en la agenda de Washington, pero también una pobre preparación cultural de la clase gobernante militar estadounidense que no apuntó a los colaboradores locales adecuados, entre otras cosas.

Todo ello condujo inexorablemente a un estancamiento, casi inmanejable a nivel militar, que unido a los exorbitantes costos de la misión han vaciado definitivamente el sentido de por qué seguir en el país. El proyecto Costos de guerra de la Universidad Brown estimó que la misión estadounidense en Afganistán ha costado unos 822.000 millones de dólares. El proyecto de la Universidad Brown documentó que unos 47.000 civiles han perdido la vida desde 2001 y millones han sido desplazados dentro de Afganistán o han huido a Pakistán, Irán y Europa. El ejército afgano también ha sufrido bajas significativas: unos 70.000 soldados han muerto en los enfrentamientos, mientras que el Departamento de Defensa de Washington dijo que desde 2001, unos 2.500 soldados estadounidenses han perdido la vida y hubo más de 21.000 heridos. Se estima que 3.800 contratistas estadounidenses de seguridad privada también han sido asesinados. En el conflicto hubo también 1.200 víctimas entre el personal de la OTAN en el país.

Además, como prueba del despilfarro de costos de la operación Afganistán, parece que los aliados necesitaban no menos de 4.000 millones de dólares al año para mantener la seguridad en el país y apoyar a las fuerzas regulares del gobierno local.

La razón de estos costos exorbitantes se debió principalmente al hecho de que los Estados Unidos tenían uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente y modernos del mundo, aunque en última instancia el gasto militar general en Afganistán nunca ha sido más transparente. Aunque se conocen muchos de los costos directos, los miles de millones de dólares asignados a la CIA y las operaciones especiales permanecieron encubiertos por el secreto. Además, los costos indirectos de la guerra, tales como: pago militar regular, amortización de equipos, desgaste, costos de salud a largo plazo, costos de apoyo del Pentágono dentro de los Estados Unidos, costos de transporte USTRANSCOM, costos de “hub” de transporte como la base aérea de Manas, costos por el préstamos de fondos, etc., no han sido cuidadosamente cuantificados.

Por no hablar de la corrupción que ha comenzado a extenderse por todas las filas del ejército de Kabul a lo largo de todos estos años. De hecho, aunque hay unos 300.000 soldados asalariados, parece que están empezando a surgir rumores de que el número real de unidades era mucho menor y que algunos comandantes afganos siempre han ampliado personalmente las líneas de los llamados “soldados fantasma”. Los talibanes, por su parte, han seguido manteniendo una posición de fuerza.

Desde su derrocamiento en 2001, los talibanes tuvieron tiempo de reagruparse y recuperar terreno y hoy, aunque no es tan fácil mapear los territorios en los que restablecieron su hegemonía, se cree que, con al menos 85.000 combatientes, tienen el control total sobre más de una quinta parte de Afganistán.

Fonte: southfront.org

Pero después de más de veinte años de conflicto, todos los actores involucrados —el gobierno afgano, los Estados Unidos y los talibanes— han dado la impresión de que quieren converger hacia un objetivo común, la paz. En virtud del histórico acuerdo firmado en Doha por las delegaciones talibán y estadounidense el 29 de febrero de 2020, bajo la administración del ex presidente Trump, Estados Unidos (y países de la OTAN) se comprometieron a retirar por completo las bases militares y Afganistán a partir del 15 de enero y el 1º de mayo de 2021. El acuerdo denominado “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan” también incluyó: la liberación de prisioneros de ambos lados, el compromiso de los talibanes de renunciar a todos los lazos y relaciones con Al-Qaeda y los grupos yihadistas sobre el terreno, la promesa de una mesa de negociación con el gobierno afgano y la discusión de un alto el fuego común y prolongado.

Sin embargo, a pesar de haber logrado un resultado sin precedentes en los Estados Unidos que aseguró el fin de las hostilidades, el todavía fragmentado y frágil gobierno afgano seguía debilitado por las negociaciones, mientras que los talibanes, por el contrario, estaban vigorizados por las promesas estadounidenses y asumieron una posición de fuerza cada vez mayor. Teniendo en cuenta todo, el tema principal a resolver era y seguía siendo la difícil confrontación de los talibanes con la política afgana y la sociedad civil, y aunque no querían (aparentemente) un monopolio de poder para sí mismos, todavía estarían dispuestos a compartirlo con otras facciones, pero de una forma diferente del gobierno actual y la Constitución actual. Por otro lado, el actual gobierno debería haber sido capaz de satisfacer las demandas de los talibanes, demostrando que puede aspirar a una sociedad plural unida en sus objetivos comunes.

Las negociaciones continuaron en Qatar en septiembre de 2020, pero aquí surgieron grietas demasiado profundas en la delegación del gobierno afgano, tal vez todavía dividida por el resultado en disputa de las elecciones presidenciales de septiembre de 2019.

Pero las cosas no resultaron como se esperaba y los conflictos internos resurgieron abiertamente con violencia. Los talibanes pronto demostraron que la “desconexión” estadounidense era sólo un pretexto para obtener una ventaja militar sobre las fuerzas gubernamentales. De hecho, desde que se alcanzó el acuerdo sobre la retirada estadounidense, los talibanes rara vez han contratado tropas aliadas, más bien han seguido atacando sin piedad a las fuerzas gubernamentales en las provincias rurales y han emprendido una campaña de terror en las zonas urbanas. En otras palabras, los talibanes siempre han acusado a Washington de violar los Acuerdos de Qatar con Trump y de no cumplir con el calendario para la retirada de las tropas de Afganistán y, hasta ahora, los Estados Unidos nunca han estado seguros de que no serían atacados por rebeldes fundamentalistas durante las operaciones de repatriación.

En una declaración reciente, el portavoz militar talibán Zabihullah Mujahid dijo que el hecho de que Estados Unidos no cumpliera con los plazos previamente establecidos para una retirada completa de sus tropas “allanó el camino para que el muyahidín (Emirato Islámico de Afganistán) adoptara cualquier contramanifestación que considere apropiada contra las fuerzas de ocupación”. Sin embargo, la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN ha dejado un sabor amargo en las bocas del pueblo afgano y sus vecinos. En la capital afgana y en todo el país existe un creciente temor de que la salida de las últimas tropas extranjeras sea seguida por el caos.

Los recuerdos de la época en que el gobierno fundamentalista talibán interrumpió a la sociedad afgana borrando las instituciones democráticas y los derechos de los ciudadanos, en particular los de las mujeres que se vieron obligadas a usar la burka (o chadri) de la cabeza a los dedos de los pies, siguen siendo vívidos. Los analistas advierten que la violencia podría aumentar dramáticamente en 2021 y que el proceso de paz podría colapsar, aumentando la probabilidad de una guerra civil prolongada, con miles de víctimas y el activismo simultáneo de grupos terroristas, en particular EIIL y Al-Qaeda.

Después de miles de millones de dólares gastados y décadas de guerra, muchos afganos se preguntan si realmente valió la pena retirar las fuerzas aliadas, y especialmente ahora.

 

* Licenciado en Ciencias Sociológicas, Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Especialista en Seguridad, Geopolítica y Defensa.

Artículo publicado originalmente el 07/05/2021 en OFCS.Report – Osservatorio – Focus per la Cultura della Sicurezza, Roma, Italia, https://www.ofcs.it/internazionale/afghanistan-la-fine-della-guerra-eterna-americana/#gsc.tab=0

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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