ENTRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD

Alejandro Olmos Gaona*

Debido a una denuncia efectuada por el diputado Palazzo, se conoció el envío de reservas de oro al Banco de Inglaterra, aunque también es posible que hayan partido al Banco de Pagos Internacionales de Basilea por parte del ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, todo lo cual fue realizado en el mayor secreto. Al conocerse la noticia Caputo trató de justificar el envío diciendo que era para «obtener rentabilidad», aunque es sabido que esos bancos no dan renta alguna por recibir reservas de oro. En este caso se enviaron las reservas, para obtener un préstamo en dólares y utilizarlas como garantía del pago o, eventualmente, liquidarlas al precio del mercado internacional y obtener el dinero para pagar deudas. Esto de enviar reservas de oro al exterior lo hizo Federico Sturzenegger durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández debió recomprar esas reservas, cuyo valor era de casi 460 millones de dólares. No cabe sorprenderse de estas acciones, ya que estos personajes están acostumbrados a negociar con los bienes públicos sin dar cuenta alguna de lo que hacen. Aunque Caputo debió blanquear el envío no aclaró en concepto de que se enviaron las reservas, qué tipo de rentabilidad se va a obtener, qué tiempo van a estar depositadas fuera del país, cual fue la urgencia en enviarlas y porqué se hizo sin que hubiera conocimiento público de la decisión.

Como en el gobierno se publicitan hasta las nimiedades y el vocero presidencial cuenta hasta los despidos de funcionarios y empleados comunes que son eyectados de la función pública, en este caso se prefirió el ocultamiento y eso generalmente ocurre cuando existe algo que esconder y la decisión no es transparente, ya que de lo contrario no había razón para no dar a conocer el envío del oro.

Estas acciones no deberían sorprendernos respecto a la dupla Caputo – Bausili, porque ya hicieron de las suyas durante la gestión de Macri, siendo Caputo Ministro de Economía y luego presidente del Banco Central, y Santiago Bausili Secretario de Finanzas de la Nación lo que llevó al Fiscal Federico Delgado a imputarlos penalmente por los negocios con bonos, pero la justicia determinó que las compras de bonos que hacían siendo funcionarios, no era susceptible de reproche penal, aunque era evidente que tenían información privilegiada y sabían que no corrían riesgo alguno, porque siempre iban a cobrar.

Como el presidente sostiene que el Estado es una organización criminal y que debe ser destruido y que solo los intereses privados deben ser beneficiados por las políticas públicas, porque solo ellos nos van a «salvar», no es extraño que se entreguen bienes públicos para garantizar operaciones oscuras. Lo que es inadmisible es que se pretenda justificar con argumentos insostenibles una decisión que compromete las reservas del país, sin mostrar las modalidades de la operación que siguen siendo materia de un silencio sepulcral. Además, existe el riesgo de que tales reservas sean embargadas, debido a litigios que tiene la Argentina en tribunales del exterior y en el CIADI, en caso de que hayan sido enviadas al Banco de Inglaterra.

Lamentablemente, en esto de negociar en secreto y entregar reservas de oro, sin dar a conocer las razones, hay un largo listado de gobiernos que lo han hecho, ya que son prácticas comunes que se esconden al conocimiento público. En muchos casos, porque darlos a publicidad rompería ciertas auras de progresismo y del carácter supuestamente revolucionario de ciertos gobiernos que, llegado el momento, negocian con las reservas y las comprometen imprudentemente. Lo hizo Correa en el Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, como un ejemplo de personajes que hablan contra el imperialismo pero siempre terminan negociando con él.

En este momento Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, tienen reservas de oro en el Banco de Inglaterra, que se ha negado a entregar a Venezuela sus reservas por pedido de los opositores al gobierno.

Pero como en la Argentina se cultiva la ficción y la realidad siempre es disimulada para sostener el relato, el presidente Milei ha enfatizado reiteradamente el logro del superávit financiero de los últimos seis meses. Los 518.000 millones de enero, los 338.112 de febrero, los 276.638 en marzo, los 154.990 millones de abril, 1.148.634 millones en mayo y 238.189 en el mes de junio, lo que totalizan la suma de $ 2.673.573 millones.

Milei se cuidó muy bien de mostrar los fundamentos del superávit y nada dijo de los recortes en subsidios, de la licuación de salarios y jubilaciones. Tampoco de las disminuciones de transferencias de capital a las provincias, los recortes a la obra pública, subsidios económicos, las prestaciones de la seguridad social. Cuando mes a mes se fueron conociendo estas cifras, desde los miembros del gabinete, hasta muchos comentadores complacientes de los medios, salieron a festejar estas cifras que no se conocían desde hace más de una década. Consideraron los números como un «éxito» del presidente, olvidándose de que se suprimió y a quienes se afectó para conseguirlas. Los mayores recortes fueron en enero, pero siguieron adelante los meses siguientes hasta la actualidad. Ahora bien ese superávit, es lo que quedó  después del pago de los intereses de la deuda, que siempre es la gran prioridad de los gobiernos de turno.

Otra de las cuestiones de las que no se habla, es del enorme crecimiento de la deuda pública en los últimos seis meses: 10.662 millones de dólares en enero, en febrero aumentó 5.259 millones de dólares, en marzo 16.501 millones en el mes de abril 11.019 millones y al 30 de mayo 21.606 millones de dólares, lo que hace un total en seis meses de 65.047 millones de dólares. El 48% está en moneda local indexada y el 52% de la deuda en moneda extranjera. Hay vencimiento de aquí a diciembre por 7.000 millones de dólares y en 2025 por más de 15.000 millones de dólares, no existiendo fondos para pagarlos, por lo cual resulta inevitable que deban realizarse nuevas negociaciones para ver de qué manera se cumple con los acreedores.

¿Cómo es posible que ante una deuda de semejante magnitud, que se está acrecentando al trasladar los pasivos del Banco Central, se guarde silencio y el locuaz presidente y sus ministros no digan una palabra, como tampoco el presidente del Banco Central? Siempre la negación es una forma de no tomar conciencia del problema y suponer que de algún modo podría resolverse, pero en este caso los compromisos contraídos con los acreedores suponen que en algún momento tendrán que sentarse a negociar nuevamente y ver cuáles son la exigencias que estos pretenden, ante esta nueva suspensión de pagos.

Solo se exhibe el superávit financiero de estos seis meses pero del crecimiento desmesurado de la deuda pública se guarda silencio. Tampoco hay referencias a su aumento indetenible, ni cómo se va a pagar, y así vamos, en un gobierno cuyas ficciones se van cayendo una a una.

El último informe del Ministerio de Economía muestra que la deuda pública al 30 de junio es de 442.605 millones de dólares, sin contar con los cupones atados al PBI, que importan 12.000 millones de dólares aproximadamente. Existen cuestiones pendientes con los holdouts, por 2.500 millones de dólares que se vienen arrastrando desde hace años y no hay información sobre el estado de esos reclamos.

Unas son las ficciones sobre los éxitos económicos proclamados por el presidente, que solo se traducen en haber bajado la inflación, pero más allá de esos índices, los problemas estructurales de la economía persisten y la deuda pública es el más grave de todos, por las enormes sumas que deben afrontarse para el pago de los intereses de la misma. A esa complicada situación debe sumarse el enorme aumento de la pobreza, de la indigencia, la baja cada vez más notable en el consumo, las pymes que van desapareciendo, el trabajo registrado que ha caído abruptamente, ya que el Banco Central hace dos semanas informó que se habían desactivado 330.000 cuentas sueldo, y el hecho comprobable de la falta de un plan económico que pueda hacer salir a la Argentina de la situación de crisis en la que se encuentra.

Mientras el fracaso del experimento mileista es cada vez más evidente la oposición está cada vez más fragmentada y los grupos llamados «dialoguistas» se ven en una encerrona de la que les cuesta salir. Si no se elaboran propuestas serias para enfrentar al gobierno y terminar con tantos desvaríos libertarios, la decadencia de la Argentina será cada vez más indetenible.

 

* Historiador, Investigador. Especialización en tratados internacionales, bilaterales y deuda pública. Profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos libros, entre los que se destacan: «la deuda odiosa. Una doctrina jurídica para solución política» (Ediciones Peña Lillo-Continente. Buenos Aires. 2005), «Deuda o soberanía. Verdades ocultas sobre la dependencia» (Ed. Peña Lillo-Continente, Buenos Aires, 2021), «El FMI y la deuda» (Editorial Peña Lillo- Continente. Buenos Aires, abril de 2022) y «El FMI y el derecho internacional» (Universidad de la Punta, San Luis, 2023).

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VENEZUELA: ELECCIONES CON OLOR A TRANSICIÓN

Roberto Mansilla Blanco*

Los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela abren la posibilidad de una transición política tras 25 años de «chavismo» en el poder. Por otro lado estas elecciones no escapan al pulso geopolítico hemisférico entre fuerzas de izquierdas y derechas con la mira igualmente puesta en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.

 

Se respira un clima de eventual transición política en Venezuela. Independientemente del resultado electoral, las elecciones presidenciales a celebrarse este 28 de julio (28J) estarían abriendo el compás de un «antes y después» tanto para el «chavismo-madurismo» como para la oposición. Tanto los actores políticos venezolanos como la comunidad internacional parecen coincidir, esta vez, en una necesidad imperante: la normalización política e institucional venezolana tras más de dos décadas de incesante polarización y crisis socioeconómica.

Por otro lado, las elecciones no escapan al contexto hemisférico determinado por la renovación del pulso geopolítico que viene registrándose entre derecha e izquierda en los últimos procesos electorales, tal y como vimos recientemente con la continuidad de la izquierda progresista en México y el vuelco hacia la derecha en Panamá.

El contexto venezolano es estratégico tomando en cuenta su posición geopolítica y sus riquezas naturales, en especial petróleo y gas natural, así como ante la posibilidad de observar un cambio político por la vía electoral tras 25 años de «chavismo» en el poder.

Venezuela ha tenido cierto grado de incidencia en la política hemisférica en estas últimas dos décadas. Una vía lo fue por el activismo político del ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) vía expansión de alianzas exteriores para expandir su modelo de «socialismo bolivariano» así como la procreación de esquemas propios de integración regional (ALBA, PETROCARIBE).

La otra vertiente de incidencia venezolana es radicalmente contraria y tiene que ver con las secuelas causadas en los países vecinos por la crisis económica y la represión política que desde 2014 derivó en una masiva emigración de más de siete millones de venezolanos. Esta crisis coincidió con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, lo cual dio paso a un régimen de sanciones internacionales contra su gobierno desde EEUU y la Unión Europea (UE).

Ambos factores, la geopolítica «chavista» (actualmente con menor influencia) y la crisis humanitaria (un problema cada vez más hemisférico) siguen teniendo eco en las agendas públicas de los gobiernos latinoamericanos. Por tanto, Venezuela es una pieza estratégica a la hora de analizar los posibles cambios en los péndulos políticos derivados de los procesos electorales a nivel hemisférico.

Las candidaturas de una campaña no exenta de tensiones

Las principales candidaturas de las elecciones venezolanas son, en primer lugar, la del actual presidente Nicolás Maduro como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y abanderado de la plataforma oficialista Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPPSB)

Su contrincante es una remodelada coalición opositora (Plataforma Unitaria Democrática, PUD) encabezada electoralmente por el ex diplomático Edmundo González Urrutia pero apuntalada por el liderazgo y la popularidad de María Corina Machado, inhabilitada por las autoridades venezolanas para presentar su candidatura a pesar de haber sido la ganadora de las elecciones primarias de la oposición realizadas en octubre pasado. Algunas encuestas le otorgan a Maduro una baja intención de voto.

Otras candidaturas con menores posibilidades electorales, de acuerdo con las encuestas, son las de Antonio Ecarri Angola (Lápiz); Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática, AD); José Brito (Primero Venezuela, PV); Daniel Ceballos (AREPA); Enrique Márquez (Centrados en la Gente); Javier Bertucci (El Cambio); Benjamín Rausseo (CONDE); y Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela)

No obstante, la campaña electoral no ha estado exenta de tensiones y confrontaciones dialécticas. Fiel al estilo «chavista», Maduro adopta la táctica del «palo y la zanahoria». En un acto militar con motivo de la conmemoración del 213 aniversario de la Firma de la Declaración de la Independencia (5 de julio de 1811) y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro aseguró a los altos mandos militares que «no entregará el bastón presidencial a ningún oligarca o títere», en clara referencia al candidato opositor González Urrutia. La FANB es la encargada de poner en marcha el Plan República para garantizar la normalidad del proceso electoral del 28J.

Posteriormente, Maduro advirtió que una derrota electoral daría paso a «un baño de sangre» y una «guerra civil» en Venezuela. Esta amenazante declaración pareciera, por otro lado, ejercer una aleccionadora influencia dentro de su electorado para alentarlo y propiciar una movilización masiva a las urnas con la finalidad de garantizar un nuevo período presidencial «chavista-madurista». Por otro lado se ha observado una leve renovación de la tensión diplomática y militar de Caracas con la vecina República Cooperativa de Guyana por la soberanía en el Esequibo, lo cual indica una estrategia por parte de Maduro para atizar el nacionalismo venezolano en clave electoral y, al mismo tiempo, asegurar el apoyo del estamento militar.

Esta declaración de Maduro fue inmediatamente contestada por uno de sus teóricos aliados, el presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó a reconocer que le había «asustado» esta declaración no sin antes reprender al propio Maduro advirtiéndole que «debe aprender a perder y reconocer una derrota electoral». Con la intención de rebajar las tensiones pero sin abandonar el tono desafiante, Maduro contestó a sus críticos que si estaban «asustados» por su declaración los invitaba «a tomar una manzanilla».

Esta posición de Lula llevó a que Brasil, al igual que Argentina, suspendieran el envío de observadores electorales a Venezuela. Por otro lado, China, uno de los principales aliados de Maduro, envió su propia misión electoral. Por otro lado, varios países latinoamericanos pidieron a Maduro y la oposición sellar un compromiso institucional en lo relativo a aceptar los resultados electorales.

De acuerdo a fuentes del gobierno de Maduro, más de 700 veedores internacionales ya han sido confirmados como observadores electorales para los comicios presidenciales del 28J provenientes de la ONU, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, la Unión Africana y otros organismos electorales e nivel mundial.

No se debe pasar por alto la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de acoger una misión de observadores electorales de la Unión Europea. Brasil y Colombia, este último también gobernado por un líder izquierda, Gustavo Petro, han intentado persuadir a Maduro de aceptar la misión europea de observadores electorales bajo el argumento de que así se permitiría legitimar la normalidad y transparencia del proceso electoral.

Al margen de las expectativas generadas por las encuestas, la tensión también ha sido palpable durante la campaña electoral. El equipo electoral de Machado ha denunciado detenciones de activistas y hostigamiento por parte de los organismos policiales y de inteligencia del gobierno venezolano con la presunta intención de intimidar a la candidatura opositora.

¿Hacia una transición pactada?

A comienzos de julio, Maduro anunció la reapertura del diálogo con EEUU tras unas conversaciones previas realizadas en Qatar. Países vecinos con influencia en la política venezolana como Brasil y Colombia han auspiciado estas negociaciones.

Este anuncio de Maduro podría interpretarse en clave electoral particularmente con el objetivo de intentar «limar asperezas» con EEUU y la UE, especialmente a la hora de reducir las tensiones diplomáticas y terminar progresivamente con el esquema de sanciones.

Vía diálogo, Maduro podría estar abriendo preventivamente un escenario de mayor apertura política ante la posibilidad de retorno a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, uno de sus detractores más inquisitivos así como de aliados regionales de Maduro como Cuba y Nicaragua. Una posibilidad cada vez más real ante el reforzamiento del candidato republicano y la crisis interna dentro del gobernante Partido Demócrata ante el anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura, abriendo las posibilidades de su vicepresidenta Kamala Harris.

Otro factor detrás de este anuncio podría táctico: Maduro estaría intentando ganar tiempo y «lavar su imagen» a nivel internacional, en particular ante las sospechas de que presuntamente no aceptaría una eventual derrota electoral. Dicho anuncio de reapertura del diálogo ha generado igualmente expectativas ante la posibilidad de que el propio Maduro esté iniciando sigilosamente un proceso de transición pactada con las principales fuerzas opositoras.

Por otro lado existe también la percepción de que Maduro y la oposición estarían pactando una especie de transición política vía cohabitación. La estructura de poder «madurista» ha venido estableciendo sinergias con las elites económicas (tradicionalmente opositoras) y otros sectores productivos y económicos a nivel nacional que ansían un clima de normalización, alejado de la polarización sociopolítica de las últimas décadas. Esto le ha permitido a Maduro neutralizar muy levemente sus niveles de impopularidad.

De manera táctica, el «madurismo» ha intentado distanciarse de la clásica retórica «anticapitalista» del ex presidente Chávez con la finalidad de generar un clima de mayor confianza para los inversores internacionales. Al mismo tiempo se estaría consolidando una nueva «oligarquía» económica y financiera que, a diferencia de antaño, se muestre aparentemente apolítica pero con capacidad para generar espacios de entendimiento entre gobierno y oposición.

Desde la oposición también se ha ensayado una estrategia de dilatación de las tensiones. El liderazgo de Machado, tradicionalmente una radical «antichavista» que ha ganado popularidad en diversos sectores sociales, se compatibiliza con el perfil más modesto y la imagen más sosegada del candidato González Urrutia, quien reitera en su programa electoral iniciativas como la «reconciliación», la «transición pacífica y democrática», el «gobierno para todos sin exclusiones» y la recuperación de la institucionalidad alejada de intereses personalistas e ideológicos.

Venezuela y el péndulo político hemisférico

El reciente ciclo electoral y la dinámica política a nivel continental muestran una cierta paridad en cuanto a gobiernos de izquierdas y de derechas, con el péndulo más decantado hacia una izquierda que gobierna en doce países: México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Honduras, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia.

Por su parte, la derecha, sea de cariz liberal, centrista o conservadora, está en el poder en ocho países: El Salvador, Argentina, Perú (tras la destitución parlamentaria del izquierdista Pablo Castillo), Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Paraguay. De este modo, el desenlace electoral venezolano alteraría ese equilibro hemisférico entre izquierdas y derechas.

En este sentido, la victoria de la izquierdista Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México; las elecciones presidenciales de noviembre próximo en EEUU; y el avance regional de nuevas tendencias derechistas como las de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina son factores que gravitan, con diversos grados de intensidad, en torno a las elecciones presidenciales venezolanas.

Con Sheinbaum se observa una revitalización de las izquierdas progresistas de cariz más moderado a nivel latinoamericano, lo cual implica igualmente un «freno de mano» ante el ascenso de tendencias más derechistas, ultraliberales, e incluso de ultraderecha, radicalmente opuestas a esas agendas progresistas e imbuidos en una perspectiva de «batalla cultural» contra las izquierdas.

Esta radiografía está retomando el nivel de polarización ideológica y política regional encauzada por niveles de malestar ciudadano con la oferta política tradicional. Esta percepción es más palpable ante la aparición de nuevos modelos «derechistas» (los mencionados Milei y Bukele; el «pinochetista» José Antonio Kast en Chile; el «bolsonarismo» en Brasil) y las expectativas de las izquierdas hemisféricas por no perder terreno.

Esa tendencia derechista implica observar una sintonía política entre Milei y Bukele que podría tener incidencia en otros países latinoamericanos como Venezuela, especialmente en temas sensibles como la crisis económica y la seguridad ciudadana. Tanto Milei como VOX en España (con una agenda iberoamericana específica) han elogiado la figura de Machado como alternativa al «chavismo».

El presidente argentino ha tenido recientes tensiones diplomáticas con Maduro, lo que ha alentado igualmente a críticas contra el mandatario venezolano por parte de una especie de «eje conservador», entre los que podríamos incluir a los gobiernos de Patricia Boluarte en Perú y Luis Lacalle Pou en Uruguay, así como los del recientemente electo José Mulino en Panamá y de Daniel Noboa en Ecuador. Estos gobiernos estarán igualmente atentos a lo que ocurra en las elecciones venezolanas tomando en cuenta que estos países albergan una numerosa inmigración y de exiliados políticos venezolanos.

Por su parte, el talante multilateral que se prevé por parte del gobierno de Sheinbaum podría determinar esfuerzos en aras de propiciar la normalización de la vida política venezolana por la vía del diálogo y la apertura. En este apartado, la nueva presidenta mexicana podría entablar sintonía con mandatarios afines como Lula, Petro y el chileno Gabriel Boric, países que como México igualmente cuentan con una numerosa presencia de emigrantes y exiliados políticos venezolanos.

Pero tampoco se deben descartar los intereses de aliados estratégicos regionales de Maduro como son los casos de Cuba, Nicaragua y Bolivia, que viene de experimentar una tentativa golpista de insurrección militar contra el presidente Luis Arce.

Estos tres países, junto con Venezuela miembros del denominado «eje del ALBA», observan con atención las elecciones venezolanas ante la posibilidad de derrota electoral de una pieza clave como es el «chavismo-madurismo», socio energético de importancia. Una derrota de Maduro y la posibilidad de cambio político por la vía electoral dejarían a este eje geopolítico sin su principal fundador, Venezuela.

Otros actores externos también tienen sus intereses

Obviamente con menor importancia estratégica, las elecciones venezolanas también deben examinarse en cuanto a los intereses de actores exteriores aliados de Maduro (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros detractores (EEUU, UE, Israel) con peso geopolítico en el contexto latinoamericano.

Maduro ha sido una pieza estratégica para apuntalar los intereses económicos, militares, geopolíticos y energéticos de Beijing, Moscú y Teherán en un permanente contexto de tensión con EEUU. Con ello, estos actores han decidido, vía «eje del ALBA», apostar  por jugar sus cartas en la tradicional esfera de influencia hemisférica de Washington y contrarrestar así las presiones y sanciones estadounidenses y europeas. El mantenimiento de Maduro en el poder es la garantía de continuidad de estos intereses geopolíticos principalmente chinos, rusos e iraníes.

Por su parte, la posición de Chávez y Maduro a favor del reconocimiento estatal de Palestina, de apoyos al régimen sirio de Bashar al Asad y al derecho iraní a desarrollar su programa nuclear, entre otros aspectos, ha generado fuertes enfrentamientos con Israel hasta el punto de ruptura de facto de las relaciones diplomáticas. Los movimientos islamistas palestino Hamás y libanés Hizbulá han tenido en Caracas un aliado igualmente estratégico.

Dentro del contexto hemisférico, Israel ha ganado en Milei a un aliado estratégico de elevada importancia, aspecto que pulsará una vertiente de mayores apoyos para los intereses israelíes a nivel iberoamericano vía aliados como VOX, Bolsonaro y muy seguramente Trump en caso de ganar las elecciones estadounidenses. La oposición venezolana también es una expresión de esta tendencia manifestando una posición más claramente pro-israelí, tal y como se ha observado con la reciente guerra de Gaza.

Por todo ello, las elecciones venezolanas son claramente estratégicas para decantar hacia dónde se dirige el péndulo político hemisférico y sus respectivas alianzas exteriores.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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LA CANCILLERÍA ARGENTINA TIENE UN INQUILINO EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

     Imagen: Cba24 

No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.

No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.

Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».   

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).

En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».

Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.

Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.

Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.

La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.

El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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