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LA FEDERALIZACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y PESQUERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

La Argentina tiene un territorio continental americano de 2.791.810 de Km2, una de ZEE de 3.146.345 Km2, una plataforma continental extendida de 1.782.000 Km2, un continente antártico de 965.314 Km2, un troncal fluvial Paraguay-Paraná de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira y un Río de la Plata de 30.212 Km2 de superficie y 290 km hasta el acceso al Atlántico Suroccidental. Dentro de éste la Provincia de Buenos Aires tiene una jurisdicción marítima (mar territorial, ZEE y Plataforma Continental extendida) de 338.848 Km2 y el resto de las provincias del litoral marítimo un mar territorial de 12 millas marinas. No obstante, el Reino Unido de Gran Bretaña tiene invadidos y explota los recursos naturales argentinos en 1.639.900 Km2 de archipiélagos argentinos (Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y otros); disputa con nuestro país 1.430.367 Km2 de la plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 de la Antártida Argentina y sus aguas correspondientes. Espacios marítimos en los que anualmente extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos y ha iniciado exploraciones petroleras al norte de Malvinas que se estiman del orden de los 791 millones de barriles de crudo de petróleo.

Amén de ello y como consecuencia de la ocupación británica que atrajo el interés de las flotas extranjeras por la pesca en el Atlántico Suroccidental entre 350 y 500 buques chinos, coreanos, taiwaneses, españoles y otros pescan unas 750.000 toneladas anuales de recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina. Todo ello causa un daño territorial, económico, biológico, social, ambiental y a la soberanía nacional de enormes proporciones (para más detalles recurrir a publicaciones que obran en www.cesarlerena.com.ar).

En atención a ello, entre otras, se propone llevar adelante las siguientes acciones que en forma sintética se enuncian:

  1. Fortalecer el control naval disuasivo en la ZEE y fuera ella, con el objeto de asegurar la pesca de la flota pesquera argentina más allá de las 200 millas marinas de los recursos migratorios y asociados en alta mar.
  2. Reformar la Ley de Pesca 24.922 con el objeto principal de federalizar la administración de los recursos pesqueros; reformular el Consejo Federal Pesquero; establecer la “Unidad Económica Pesquera”; ampliar la distribución pesquera; triplicar la producción nacional; desarrollar la acuicultura y maricultura; eliminar el costo del Estado en las tareas de administración; investigación y control naval y terrestre.
  3. Acordar con la Provincia de Buenos Aires la explotación por parte de ésta de los recursos naturales en la jurisdicción marítima provincial (Mar Territorial y ZEE) conforme la Constitución Nacional (art. 31º, 121º y 124º); Pactos Especiales (San José de Flores); Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 28º); Ley Nacional de Espacios Marítimos y Líneas de Base (23.968/91 art. 5º); Ley de Pesca de la Provincia de B.A. (11.447/93 art. 1º y 2º); Ley de ratificación de la CONVEMAR (ley 24.543/95 art. 2º); Ley Nacional de Pesca (24.922/98 art. 3º, 4º, 5º, 21º a 23º); Ley de adhesión a Ley Nacional de Pesca 24.922 (12.558/00 art. 4º) (ver César Lerena “El Saqueo. La Apropiación de la Nación de los Recursos Pesqueros de la Provincia de Buenos Aires” Ed. Fundación Agustina Lerena, 249 pág. 2024).
  4. Establecer Acuerdos bilaterales para la Captura en Alta Mar (ver César Lerena “Los Acuerdos Pesqueros en Altar Mar en el Atlántico Suroccidental”, 2024) con el objeto de erradicar la pesca ilegal de los recursos migratorios originarios de la ZEE y asociados en alta mar y consolidar una administración de los recursos en esa Zona, desalentando la pesca extranjera en Malvinas; a la par de generar recursos económicos, comerciales y proteicos derivados de los acuerdos, asegurando la sostenibilidad del ecosistema marino.
  5. Iniciar acciones legales civiles y penales a los buques extranjeros que pescan sin habilitación argentina en las aguas correspondientes de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur por aplicación de las Leyes 22.415; 24.922 y 27.564 y la Resolución de la ONU 31/49.
  6. Establecer los Acuerdos pertinentes de administración de la red troncal fluvial Paraguay-Paraná y del Rio de la Plata entre las provincias del litoral; a la par de llevar adelante las obras del Canal Magdalena. Todo ello con el objeto de promover el desarrollo regional y de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; reducir el costo del transporte y comercio de las citadas Provincias y nacional; devolver a estas provincias los recursos de sus territorios fluviales y terminar con la dependencia del comercio argentino con el Puerto de Montevideo.
  7. Educar a la población sobre el mar y sus recursos naturales; el hábito en el consumo de productos pesqueros, la formación de oficios; a partir de la estructura existente en la Escuela Nacional de Pesca y otras que se creen en el país con el objeto de promover la cultura marítima y pesquera en un país donde el mar es el 64% del territorio nacional, aumentando el consumo de 4,8 Kg per cápita a 9,8 Kg. y triplicando la mano de obra directa en todo el territorio nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

EL PACTO MONDINO-LAMMY LA REEDICIÓN DE PACTO FORADORI-DUNCAN

César Augusto Lerena*

El martes 13 de septiembre de 2016 la Cancillería Argentina informó (IP 304/16) que «El Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica Sir Alan Duncan realizó una visita a la Argentina manteniendo reuniones con autoridades nacionales y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado por Argentina».

La entonces la Canciller Susana Malcorra «concedió una audiencia a Sir Duncan, reflejando el mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido y, durante su visita, ambas partes se comprometieron a poner énfasis en la agenda positiva de las relaciones con el objetivo de estrechar aún más los vínculos bilaterales, desarrollar lazos más cercanos y una sólida cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países».

«El Vicecanciller Foradori y el Ministro Duncan mantuvieron una reunión de trabajo donde se pasó revista a los principales temas de la agenda bilateral y la reunión bilateral sirvió para que ambos funcionarios pudieran continuar impulsando una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial, basada en la complementariedad entre ambas naciones, orientada al fortalecimiento de la relación bilateral… Se acordó trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de colaboración y se resolvió buscar ampliar la relación bilateral en torno a una agenda positiva que aborde los desafíos globales, en áreas como democracia, derechos humanos, cooperación en paz y seguridad internacional, no-proliferación, medio ambiente y cambio climático, energías limpias, comercio e inversión, ciencia, tecnología e innovación, turismo y deporte».

«Se evaluaron las áreas de posible cooperación en materia antártica, incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino (IAA) y el British Antarctic Survey (BAS), así como también el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)».

«En un espíritu positivo, ambas Partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos Gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

«De conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo por Canje de Notas, ambas Partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos».

«Ambas Partes expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja, complementada por las conversaciones bilaterales que sean necesarias. Ambas Partes acordaron que los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia».

Nosotros, luego de varios artículos críticos sobre este Acuerdo, el 7 de mayo de 2022 publicamos Ni ebrios ni dormidos, pactando con el enemigo referido al Pacto de Foradori-Duncan con motivo de que el Ministro Alan Duncan escribió en sus memorias que, al momento de concretarse el referido Pacto, el vicecanciller argentino «Carlos Foradori estaba tan borracho que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento» (Télam, 26/04/2022) y dijimos, que hace más de 40 años que los británicos avanzan sobre nuestros territorios insulares y marinos. En 1982 ocupaban 11.410 km2 y desde hace muchos años tienen invadidos 1.639.900 km2 equivalentes al 50% de la Zona Económica Exclusiva Argentina; ello sin evaluar los más 1,4 millones de Km2 que nos disputan de la Plataforma Continental y los más de 1 millón de km2 de la Antártida y sus aguas correspondientes.

En esa ocasión indicábamos que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) «El uso nocivo del alcohol desafía al desarrollo social y económico de muchos países, incluidos los de las Américas, donde el consumo es de aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial. En general esta población consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud, así como para la violencia doméstica, la pérdida de productividad, y muchos costos ocultos» (www.paho.org/es/temas/alcohol). Tal vez, dentro de estos costos ocultos, la OPS pudo haber ponderado los probables efectos negativos del alcohol en las decisiones de los altos diplomáticos; pero nosotros no creemos que esta sea —al menos la única causa—, sino la reiterada vocación de acordar sin ninguna contrapartida.

Para descartar la cuestión del alcohol de una vez por todas, tengamos en cuenta que el pacto habría sido muy trabajoso, ya que el vicecanciller Foradori habría entrado a la bodega de la Embajada británica el día 12 de septiembre y selló el pacto, el fatídico martes 13 por la madrugada.

En realidad, nadie en su sano juicio o que no tuviese el mandato de favorecer los intereses británicos en Malvinas podría acordar «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Una verdadera cesión incondicional; una entrega definitiva del ejercicio de la soberanía plena de Malvinas y una clara violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución.

Se omite decir que este Pacto, enmascarado en un llamado “Comunicado Conjunto”, es un Acuerdo ya que refiere en su texto siete veces a la palabra “acordar” y es la ratificación “de hecho” de los Acuerdos de Madrid y la fórmula del Paraguas, pudiendo interpretarse que el reiterado pedido de diálogo que la Cancillería Argentina demanda está siendo llevado a cabo por el Reino Unido, a punto tal, que la Argentina promete quitarle todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas.

Del mismo modo, el Reino Unido sigue otorgando licencias pesqueras ilegales a terceros países en violación a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas sin que la Argentina inicie acciones legales a las empresas licenciadas, por violación a las leyes 24.922 (1998) y 27.564 (2020) y en algunos casos de la Ley 26.386 que impide a las empresas radicadas en el continente argentino operar en Malvinas y ello significa la extracción anual de recursos pesqueros argentinos del orden de las 250.000 toneladas, valuadas sin proceso alguno en unos mil millones de dólares.

Por otra parte, la Cancillería Argentina autorizó vuelos a San Pablo desde las islas, lo que le abriría las puertas a un mercado de más de 30 millones de habitantes de gran poder adquisitivo, además de la distribución al mundo de todos los productos desde este importante Estado brasileño, agregando nuevos vuelos a los que ya lleva Latam desde Malvinas a Chile y viceversa.

Igualmente sigue vigente el otorgamiento (2019) de un área con más de 100 mil km2 para la explotación hidrocarburífera offshore en la Cuenca de Malvinas, entre los archipiélagos y el continente argentino, a empresas petroleras de origen británico y/o que han intervenido en explotaciones en Malvinas, en abierta violación a la Ley 26.659 (Ley Solanas), tales como Shell, BP Exploration Operating Company Ltd; Tullow Oil y Equinor; al igual que esta última frente a las costas de Mar del Plata.

El acuerdo de cooperación antártica constituye además un acto de reconocimiento a la posición británica inadmisible. Es interesante transcribir al respecto lo dicho por el catedrático Armando Abruza: respecto a estos acuerdos «en materia de investigación científica en aguas subantárticas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en lugar de hacerlo en el marco multilateral de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que constituye el único régimen jurídico válidamente aplicable en esa región. En esta materia, corresponde igualmente poner de relieve la técnica empleada en la redacción del texto del Comunicado Conjunto, el cual, como se ha expresado, deja traslucir la autoría británica del documento, verificable en este caso específico a partir de su diseño… Cualquier concesión que el Gobierno argentino pudiera realizar en las materias precedentemente señaladas, sin que se reanudaran prontamente las negociaciones sobre la soberanía y sin ninguna contraprestación sustantiva a cambio, tal como indiscutiblemente ocurrió a lo largo de la década de los 90 y hasta entrado el siglo actual, serían incompatibles con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y lesivas para los intereses de la Nación». (“El Comunicado Conjunto argentino-británico…”, p. 89:116 Anuario Argentino de Derecho Internacional, 2016).

El Pacto de Foradori-Duncan fue suspendido en el gobierno agónico de Alberto Fernández; cuestión que criticamos, porque dejó numerosas cuestiones pendientes además de los Acuerdo de Madrid I y II.

Ahora bien, la Canciller Diana Mondino desde su asunción viene dando reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas; asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la Cuestión Malvinas, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, además de no efectuar los correspondientes reclamos ante los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de británicos y sus fuerzas armadas.

Si algo le faltaba a la ministra Mondino fue la designación del Embajador Carlos Foradori en Ginebra, efectuando con ello su aval a lo actuado por el gobierno argentino en 2016 y ratificando en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/09/2024 (IP 470/24) la voluntad de mantener vivo el Pacto Foradori-Duncan, a través de este nuevo Pacto Mondino-Lammy, que en sus partes más salientes indica: «En el marco de una renovada etapa de la relación bilateral, caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza, la Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24 de septiembre avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda y a sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989».

Las Partes han acordado retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan».

También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba. Estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía, tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las Islas y el continente». Este último párrafo no es otro de aquel que la Argentina «adopte las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

¿Y nos preguntamos cuál es el aporte del Reino Unido? Como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina.

Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia». No podemos seguir admitiendo, que este nuevo Pacto indigno Mondino-Lammy, que lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional, se firme dejando nuevamente de lado al Congreso Nacional y a la voluntad mayoritaria de los argentinos que no le han dado mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

César Augusto Lerena*

Disculpen si somos algo escatológicos en este escrito. Se dice que la corrupción mata; pero en la pesca también da olor putrefacto; afecta la imagen de la actividad, a las ciudades y pueblos productores; daña a toda la gente que trabaja en el rubro y a todos los empresarios por igual, aun a aquellos que se esfuerzan por comercializar productos de calidad y se ajustan a los procedimientos legales. La corrupción desalienta los hábitos de los consumidores ya que, con una baja cultura alimentaria, asocian este producto altamente perecedero con los cuestionables métodos que algunos utilizarían para hacerse de él. Finalmente, el silencio de los funcionarios ante denuncias de coimas, termina confirmando que si el río suena agua trae y ésta es un gran lodazal.        

Suele considerarse a la pesca como un sector mafioso y los últimos hechos referidos a supuestas coimas para renovar las cuotas de captura no hacen más que acrecentar esta idea, tirándole un balde de materia fecal a toda la actividad sin excepción.   

El retrato original es de vieja data. Tiene su inicio en el pésimo concepto que tenían todas las actividades portuarias y las que usaban cuchillo para sus labores: los cuchilleros, la faena clandestina, la matanza y cuereado en catres en mataderos, las tareas a bordo donde hay casos donde realizan tareas de trabajo esclavo, los oficios portuarios y el fileteado en ambientes clandestinos y deplorables. Además, la gente recuerda el origen siciliano de la mafia italiana; la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa y en la pesca los inmigrantes provinieron de estas regiones: aunque muchos respetables, pagan por pecadores.     

También los gallegos, que agregaron lo suyo, al robarse los recursos argentinos en Malvinas y duele.

Ahora, desde hace 50 años la responsabilidad de mantener una execrable imagen es exclusiva de las empresas y empresarios argentinos o extranjeros radicados en la Argentina. Los alcanza a todos por igual. ¿Es cierto entonces que la pesca es mafiosa? Es de las preguntas referidas al sector que más hemos recibido en casi cincuenta años de vínculo con la actividad.

Cuando escuchamos hablar de coimas, no podemos ser hipócritas; era vox pópuli que los permisos de pesca se vendían en escribanías cuando la pesca era «olímpica» y luego esta situación se blanqueó con la sanción de la Ley 24.922 al establecerse el otorgamiento de las «Cuotas Individuales Transferibles de Captura» (CITC) y, aunque «Los negocios» con plata negra no son una cuestión nueva, lo difícil es probarlos.

Nosotros colaboramos con la redacción del artículo 1º de la ley 24.922, pero los demás artículos fueron elaborados por varios empresarios pesqueros y un dirigente gremial, desnaturalizando el referido artículo 1º. Un recurso del Estado no debería ser transferido y mucho menos alquilarse los buques a terceros para que estos hagan uso de cuotas y/o autorizaciones. Se ha transformado una actividad productiva en inmobiliaria.

Parece una concesión pero en los hechos es una privatización transitoria ―de bajo costo― de los recursos del Estado y ahora, frente al vencimiento de las cuotas otorgadas, mantener las mismas condiciones para el período 2025-2040 con las que se les adjudicó la concesión por quince (15) años de 2009 a 2024 resulta insólito. ¿Cuál sería el nuevo aporte, aparte del pago de los derechos de captura, para hacerse acreedor de este nuevo período? Gran parte del crecimiento de las empresas deriva de la concesión a vencer en 2024.

Lo hemos dicho, las cuotas y autorizaciones de pesca tienen más valor que el mejor buque. Frente a la duda que se instala a partir del plan original de Sturzenegger de extranjerizar la pesca y la posterior denuncia concreta de los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias. ¿Porque no habría que creer que frente a la renovación por 15 años de las cuotas de pesca no haya existido un intento de coima de algún intermediario oficioso? Más aún cuando los funcionarios y el gobierno guardan silencio.

Suponiendo que las cuotas estaban siendo manejadas por «carmelitas descalzas» y toda la cuestión de la cometa de 15 millones de dólares la habrían inventado un ex subsecretario de pesca empleado de una tradicional pesquera y un gerente de una empresa de capital extranjero, ambos marplatenses ―como se dice en los ambientes portuarios― para lograr que todo siga como está, cuestión que todas las cámaras y gremios corrieron presurosos a solicitar (ver Actas del CFP 10, 12 y 14/24) y luego respaldar públicamente los buenos oficios del Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de Pesca.

Ambos hechos resultan cuestionables: la existencia de un eventual pedido de coima que no ha quedado debidamente aclarado y el cierre en pocos meses del proceso de adjudicación de las cuotas.

Un proceso racional y cristalino de adjudicación de nuevas cuotas ―no de renovación como se pretende instalar― debería haber hecho un llamado público a eventuales interesados y la conformación de una comisión ad-hoc de profesionales y técnicos de distintas disciplinas (pesqueras, navieras, económicas, industriales, jurídicas, etc.) que tengan en cuenta lo siguiente:

1) Dictamen previo si las cuotas y/o autorizaciones que la empresa tienen validez suficiente, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Pesca confrontados con la auditoría de la Universidad de Buenos Aires (2002, Expte. S01 N° 0178755/2002 e informe del 21/8/2003).

2) Dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en los art. 7º, 9º, 26º y 27º de la Ley 24.922.

3) Garantizar que el otorgamiento de cuotas no se considere una «concentración indeseable» en relación con las especies que se cuotifican y el resto de las empresas pesqueras interesadas.

4) Se establezca una «Unidad Económica Pesquera» de modo que la cuota a otorgar garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas, de modo de evitar la posterior transferencia de cuotas por imposibilidad de sostener la actividad o solicitar cuota al solo efecto de transferir luego las cuotas a terceros.

5) Se incorporen buques con alta tecnología relativa a la eficiencia pesquera; reducción de la huella de carbono; que cuenten con sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco y que apliquen sistemas de pesca selectiva.

6) Que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; que se realice un mayor aprovechamiento de los residuos y no produzcan descartes en el mar.

7) Nuevas inversiones en acuicultura y/o maricultura; la industrialización del producto en tierra, emprendimientos portuarios, mejora tecnológica, desarrollo logístico destinado al mercado interno, etc.

8) Presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresas.

9) Guarden relación con las descargas en los puertos y su industrialización en los territorios provinciales.

10) El tiempo de vencimiento de la concesión determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica.

Complementariamente, se establezca un porcentual de capturas a los nuevos emprendimientos e inversiones de empresas nacionales que deseen incorporarse a la actividad que no tengan relación de ninguna naturaleza con empresas actualmente concesionarias.

Al mismo, cabe aclarar que las cuotas de captura están referidas exclusivamente a las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra, polaca y vieira. Pero las concesiones deberían alcanzar también al langostino, calamar y otras especies que son de igual o mayor importancia que las citadas.

Volviendo a las denuncias de corrupción a la hora de adjudicarse las cuotas de captura de varias especies por parte del Consejo Federal Pesquero. El gobierno y los mencionados deben dar las suficientes explicaciones y le recordamos a la Justicia algunas de las empresas y personas mencionados por los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias (08/09/2024) se cite a declarar a todos los funcionarios del Consejo Federal Pesquero; al Subsecretario de Pesca López Cazorla; a las empresas «Iberconsa» (Platinum Equity/Juan P Basavilbaso), «Moscuzza», «Solimeno» (Antonio Solimeno), «Argenova», «Arbumasa», «San Isidro», «Newsan» y «Estrella Patagónica»; a Santiago Caputo (Asesor del Presidente); Lule Menem; Karina Milei; Juan Pazo (delegado de Ministro Caputo); Sergio Iraeta (Secretario de AGyp); Federico Sturzenegger; Marcelo González (ex Gerente de Estremar), Miguel Bustamante; Eduardo Boiero (CAPECA); Fernando Rivera (CAIPA); Lisandro Belarmini (Moscuzza); Agustín Ocampo (Glaciar Pesquera); Jorge Frías (Capitanes de Pesca); Cristina Ledesma (SOIP) y la Embajada de Estados Unidos.

Hubiese o no solicitud o pago de coimas, participar en reuniones fuera del ámbito oficial de parte de empresarios pesqueros o la discusión del monto, así fuese U$S 1, 100 o U$S 1.000, todo parece muy irregular. Los cálculos los efectúa la Revista Puerto y la sensación del sector empresario la indica Punto Noticias: «Otra vez estamos en el ojo de la tormenta», lamentó un empresario. «No sé para que se prestan a estas maniobras si siempre terminal mal». De estos comentarios podría inferirse que no ha sido la primera vez y tal vez no sea la última. Tal vez fue desproporcionado el monto, los valores exigidos podrían haber estado por encima de los valores habituales del mercado (en negro). Es una hipótesis probable.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar