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„QUADRATISCH. PRAKTISCH. SCHLECHT“ (“CUADRADO. PRÁCTICO. MALO”). LOS POLÍTICOS ARGENTINOS NO SON COMO EL FAMOSO CHOCOLATE ALEMÁN.

Marcelo Javier de los Reyes*

Bolsa de la compra de Ritter Sport. Origen/derechos: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart [CC BY-SA]. https://bawue.museum-digital.de/object/56427

La fórmula publicitaria de los famosos chocolates alemanes Ritter Sport es „Quadratisch. Praktisch. Gut“, «Cuadrado. Práctico. Bueno», el cual llegó a ser incorporado como un dicho por los propios alemanes. La empresa tuvo su origen en 1912 pero el chocolate no siempre fue cuadrado y respetaba el peso habitual de 100 gramos que tenían los chocolates. Recién en 1932 adoptó ese formato cuando Clara Ritter se dio cuenta que a los fanáticos del club de fútbol de Waldenbuch —donde se reinstaló la empresa en 1930— les gustaba meterse uno de los chocolates de Ritter en los bolsillos de sus chaquetas deportivas camino al campo de deportes, donde se rompía fácilmente. Entonces Clara Ritter pensó: «Hagamos un chocolate que quepa en cualquier bolsillo de una chaqueta deportiva sin romperse y que tenga el mismo peso que una barra larga normal»[1]. Este sencillo razonamiento marcó el éxito de la empresa.

Se preguntará el lector: «¿Qué tiene que ver eso con los políticos argentinos?». Bien, creo que los políticos argentinos tienen dos de esas cualidades de ese slogan pero no en su versión positiva. Lo digo claramente: los políticos argentinos son «cuadrados y prácticos». Obviamente tomo a los dos términos con una connotación peyorativa. Entiendo que el diccionario de la Real Academia Española no da la acepción de «cuadrado» que a veces le damos comúnmente los argentinos al referirnos a alguien poco inteligente o de pocas luces. En líneas generales, tienen un denominador común que es la ignorancia; la ignorancia acerca de cuestiones culturales, de política internacional, ni hablar de geopolítica o de estrategia nacional e incluso a veces hasta de cosas triviales. En el peor de los casos apenas si conocen su barrio y lo más grave es que algunos intendentes del conurbano bonaerense ni siquiera viven dentro del distrito que gobiernan, lo cual habla de su escaso o ningún interés por las cuestiones básicas que aquejan a los ciudadanos de sus respectivos municipios: seguridad, salud, educación, etc.

El desconocimiento de la política internacional, del escenario global y del escenario regional, les impide diseñar una política estratégica para la Argentina. Sólo se limitan a mirarse el ombligo. Y esto nos lleva al segundo término: «práctico».

Son «prácticos» pero de un pragmatismo burdo mediante el cual, despojándose de todo principio o valor, intentan conservar su poder aun en el más miserable de los espacios que puedan abarcar. No tienen valores ni principios, porque si los tienen, los tienen con la misma flexibilidad de una sentencia que se le atribuye incorrectamente a Groucho Marx: «Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros». En realidad, esta expresión fue publicada por un periódico de Nueva Zelanda el 18 de octubre de 1873. Textualmente decía «Estos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio» y con ello se describía al político que al instante acomodaba su discurso a la oportunidad del momento o para no desentonar con la mayoría ocasional[2].

Si esa expresión la hubiera dicho Groucho Marx podríamos considerarlos a casi todos de «marxistas» pero la realidad es que no tienen ideología. Cruzan de vereda y cambian sus camisetas partidarias con una sorprendente frecuencia.

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Julio Bárbaro ha expresado que «en el país fue más la corrupción que la ideología». Claramente fue así y este no es sólo un sayo que se puede poner el kirchnerismo sino también a los que se exhiben como diferentes que, cuando tuvieron la oportunidad de diferenciarse no lo hicieron. No creo que sea necesario aclarar que con esto no defiendo a los kirhneristas que —como decía un embajador amigo— son como los bárbaros que bajan desde la montaña para arrasar al pueblo. Los de enfrente no son mejores, sólo que hay que informarse, leer, conocer sus perfiles, ser un buen observador o haber trabajado en el Estado para conocer sus pecados.

La política y el sindicalismo ha enriquecido a unos cuantos y ni hablar si además esos personajes se han involucrado en las direcciones de los clubes de fútbol; quizás una cosa haya llevado a la otra. Como decía Mafalda: «Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás». En nuestro país se ha hecho «harina» a un 50% de los argentinos que hoy viven en la pobreza o al día, en un país empobrecido por los mismos que en esta campaña —como en anteriores— vienen con las soluciones a nuestros problemas. ¡Paso! Quienes nos trajeron a esta situación no nos pueden ofrecer las soluciones: son los protagonistas de nuestros fracasos republicano, económico y por sobre todo ético.

Si uno observa al oficialismo y a la oposición, todos abrevan en la maquiavélica Agenda 2030, revestida de buenas intenciones pero que quiere que no tengamos nada y seamos felices, que quiere que comamos insectos en lugar de proteínas de origen animal, la que promueve el control de población, etc. Para eso se impone el aborto, la eutanasia, la homosexualización inducida en los niños y adolescentes, las operaciones de cambio de sexo, nada menos que a menores que por ley no pueden votar o no pueden conducir un auto. En el ámbito de la sexualidad pueden lograr su emancipación. Los kirchneristas la ejecutan desde el gobierno, pero no hay que olvidar que Macri adhirió abiertamente a la Agenda 2030, quien también impuso infelizmente el tema del aborto durante su gobierno; Patricia Bullrich también adhiere y está claro en su discurso, coherente con esa perversa agenda. Ni hablar de Horacio Rodríguez Larreta, personaje blindado ante los medios gracias a la pauta publicitaria que pagan los porteños.

Cualquiera de los posibles ganadores de la próxima elección, me refiero a los de la oposición, responden a los intereses atlantistas, globalistas. Milei y Bullrich lo expresan abiertamente; nuestros socios deben ser Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, Israel. En una entrevista dijo Bullrich:

Nosotros a los BRICS no vamos. Creemos que el mundo tiene dos dimensiones. Una, que tiene que ver con la democracia, con los valores, en la que la democracia es parte de la vida de las sociedades, como Estados Unidos, Europa, Israel, una parte importante de América Latina y otro mundo que tiene una mirada más autocrática. Nosotros vamos a ser claros en los principios y abiertos en el comercio. Es decir, podemos comerciar con todos los países del mundo, pero nuestra idea está siempre en lo que se llama tradicionalmente el mundo occidental.[3]

Es una visión perimida de aquel mundo occidental, con sus valores cristianos sostenidos por Europa en otra época hasta que Estados Unidos le arrebató el concepto de «Occidente» a los europeos. Occidente ya no es un patrimonio exclusivo de Europa como bien plantea Giancarlo Elia Valori[4] y mucho menos ha resguardado los valores de la civilización cristiana ya que la angloesfera en realidad no ha compartido los valores cristianos que tenían los tradicionales países europeos; ese Occidente «ampliado», está perdiendo el protagonismo a escala global pero se encuentra manipulando hilos peligrosos para toda la humanidad en todos los escenarios mencionados como lo he afirmado anteriormente en otro artículo en el que analizo los escenarios global y regionales[5].

Quizás Bullrich desconozca que entre ese mundo que calificó de «autocrático» y que conforman los BRICS se encuentran Brasil, la India y Sudáfrica, países que tienen una democracia como la que supuestamente tiene la Argentina. Por su población la India es una democracia mucho más potente que la de Estados Unidos, país que no se encuentra al margen de las dudas al momento de contar los sufragios como nos recuerda el polémico recuento que dio a Bush la victoria en el año 2000 o incluso las dudas que dejó en algunos sectores del electorado la elección de 2020.

Milei, por su parte, ha manifestado, además del mercado de órganos y otras propuestas insólitas, que si llega a la presidencia su primer viaje será a Israel y que su primera medida de gobierno será trasladar la embajada argentina a Jerusalén, metiendo de lleno a una Argentina absolutamente vulnerable, con atentados terroristas no esclarecidos, en uno de los peores conflictos internacionales. Por otro lado, ¿en qué medida «tan relevantes» acciones de gobierno contribuirían a solucionar los problemas de los argentinos?

Palmariamente, todas esas expresiones obedecen no sólo a un desconocimiento de los cambios que se están produciendo en el gran tablero mundial sino de la propia historia argentina, pasada y reciente.

Si la Argentina es el único país de América que tiene una parte de una de sus provincias y de su mar territorial ocupados por una potencia colonialista y atlantista, miembro importante de la OTAN, mal puede un argentino —patriota— estar a favor de esa alianza imperialista.

Ya en diciembre de 1831 Estados Unidos dejó el camino expedito para que el Reino Unido usurpara las islas Malvinas en 1833 y ciento cincuenta y un años después contribuyó con el usurpador en la guerra del Atlántico Sur, a la que puede considerarse la primera guerra por la Antártida. Esto hoy se aprecia claramente.

Cuando en 1820 las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron al capitán estadounidense David Jewitt al mando de la fragata Heroína a tomar posesión de las islas Malvinas como herederas de los territorios del Imperio español, lo hizo además considerando regular la depredación que los barcos de las potencias, particularmente de Estados Unidos y del Reino Unido, estaban llevando a cabo en el Atlántico Sudoccidental[6]. Así puede leerse en la transcripción de la circular de Jewitt realizada por el capitán James Wedell del buque Jane . Los intereses de Estados Unidos no aceptaron esa autoridad en el Atlántico Sur y envió a la fragata USS Lexington a atacar Puerto Soledad y destruir las instalaciones de las Provincias Unidas en las islas. De ese modo se abrió la puerta a los usurpadores británicos.

El resto de la historia es conocida pero bien vale recordar que el día 10 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la promulgación del Decreto que creaba la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, firmado en 1829 por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez.

Decreto manuscrito de creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, firmado en 1829 por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez.

En la actualidad el gobierno estadounidense manifiesta su preocupación por la pesca ilegal y envía su guardacostas al Atlántico Sur[7], para proteger lo que sus aliados, el gobierno de Londres y el gobierno ilegal de las islas permiten otorgando licencias de pesca o impidiendo el control soberano de nuestro mar territorial por parte de nuestra casi inexistente Armada Argentina.

¿Cómo puede un político argentino estar a favor de los «atlantistas»? ¿Cómo puede estar a favor de la OTAN que ha sido nuestro enemigo en 1982? ¿Desconocen nuestros políticos «atlantistas», «globalistas», que soldados kosovares vinieron a entrenar a nuestras islas usurpadas?

La presencia de los militares kosovares como de otros pertenecientes a la OTAN son una violación a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a la Argentina y al Reino Unido a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea y de la Resolución 41/11 de la Asamblea General que dio origen a la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur.

Nuestros políticos están llevando a la Argentina a un punto sin retorno. En la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a la que fui invitado como expositor por la Editorial Almaluz, que ha publicado mi libro Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones, hice público por primera algo que expresé en el año 2000 en el marco de una reunión académica realizada en la Escuela Nacional de Inteligencia, de la que era docente: «Argentina primero va a pasar por Colombia y luego va a terminar como Yugoslavia». Cuando se me solicitó una mayor precisión me referí al crecimiento del narcotráfico en la Argentina y a una potencial disolución territorial de la Nación. Obviamente, quienes no compartían mi visión alegaban que nuestro país no tenía divisiones étnicas como la ex Yugoslavia, a lo que respondí que ya las iban a crear. Miremos hoy como el indigenismo es financiado desde el exterior, como han potenciado un conflicto con los autodenominados «mapuches», tema sobre el que no me explayaré aquí porque ya he escrito bastante en otros artículos.

El país se encuentra en una situación aún más grave que el del narcotráfico: el de la «narcopolítica». Éste es hoy el término más apropiado que debe emplearse para nuestro país, es decir, la connivencia del narcotráfico con sectores de la política, de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Ninguno de los políticos que amenaza con enfrentar esta realidad lo ha hecho ni lo hará, tanto de uno como de otro espacio político.

Respecto a mi referencia a la ex Yugoslavia, ¿no recuerdan, al menos los radicales, que el entonces presidente Alfonsín se refirió al peligro de la «libanización» de la Argentina en 1984? Dijo textualmente:

«…estamos afrontando una circunstancia difícil, tal vez la crisis más dura de la historia argentina. Hay que asumir el compromiso de reconstruir la nación con sentido moral, con fuerza y con las mismas convicciones con que hace 100 años lo hicieron los pioneros que vinieron a construir nuestra patria. […] Yo pienso que o levantamos las banderas nacionales u otros levantarán en nuestra nación banderas que no son las nuestras, como ha pasado en Líbano”.[8]

Lo que Alfonsín denominó «libanización» los historiadores solemos conocerlo como «balcanización». No entraré en cuestiones semánticas porque el ejemplo de El Líbano no es el más adecuado para la Argentina y los casos de estudio podrán demostrar similitudes pero cada proceso es particular. Del mismo modo deseo aclarar que la alusión a Alfonsín no significa una apología de su gobierno y agrego que tampoco lo considero el «padre de la democracia».

Aun peor, fue un radical, don Alfredo Cornejo, quien advirtió: «Mendoza puede ser un país independiente»[9]. Las expresiones de este defensor de la ley de eutanasia, que se abstuvo cuando se trató la ley del aborto en la Cámara de Diputados, lejos de haber dado lugar a un procesamiento judicial por el delito de secesión, dieron origen a la expresión «Mendoexit» y a paneles de la que participaron expositores extranjeros, más precisamente cónsules para debatir sobre la potencial secesión. Estas expresiones fueron de una gravedad inusitada pero don Cornejo sigue jugando en primera en la liga política nacional. No fue el único que hizo esa amenaza, pues bien vale recordar que en 2016 Alberto Rodríguez Saa hizo lo propio desde San Luis[10]. Cabe recordar que en 2001 el otro señor feudal de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa, denunció el convenio para que la Gendarmería Nacional actuara en la provincia y los efectivos y puestos de la fuerza tuvieron que retirarse y desmantelar sus unidades del territorio puntano[11].

Cuánta razón tuvo el humorista Luis Landriscina cuando propuso evaluar a los diputados y senadores en la mesa de Mirtha Legrand en 2017:

Un tipo que quiere ser diputado o senador tiene que saber por lo menos antecedentes de cómo se hizo la patria. Entonces le dije el otro día a mi amigo Felipe Solá (67): «Se me ocurrió algo, poner un curso para que el que quiera ser diputado o senador. Un curso de seis meses de historia, de rigor histórico, con cuatro o seis profesores de la universidad que tomen examen».

Necesitamos tipos que estén involucrados con el sentimiento de la patria, no con el sentimiento del partido. Hay gente que va (al Congreso) a pelear cosas para que se prestigie el partido. A mí me importa el país. Y si va para que estemos mejor tiene que olvidarse a qué partido pertenece. Los que somos de a pie, como se dice comúnmente, nos molesta mucho cuando hablan de política. Sentimos como que estamos en el país para pagar impuestos. [12]

De la mesa participó el incombustible Sergio Massa, quien respondió: «La orquesta suena mal», a lo que Landriscina le retrucó: «Eso pasa en el Congreso, a mi manera de ver. ¿Saben por qué? Porque algunos no saben música»[13].

De tal manera que al desconocimiento de los políticos al que me referí al comienzo de este artículo podemos agregar la música, como dijo metafóricamente Landriscina.

La situación de la Argentina es de una gravedad extrema y disponemos de poco tiempo para revertir la situación. En este contexto la dirigencia de Juntos por el Cambio agudiza su interna encarnizada y cada candidato sólo mira cómo incrementar su poder para enfrentar y vencer al otro mientras la Patria se diluye ante nuestros ojos.

Con esta clase dirigente no necesitamos enemigos externos. Ellos por sí solos son un ejército de ocupación que destruye las instituciones, como han destruido a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a la Justicia, así como a la educación y a la salud, de la que en otra época los argentinos estábamos orgullosos.

No me cabe duda que desde afuera los dejan «trabajar», o les acercan alguna fundación o alguna ONG con alguna idea genial, como hicieron con la propuesta de creación del Área Marina Protegida Bentónica «Agujero Azul» que presentó la diputada Graciela Camaño.

En 2023 volveremos a optar por el mal menor entre Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo.

Mezquindad e ignorancia son los atributos de nuestra dirigencia política.

Ninguno parece tener la creatividad —al menos en un sentido positivo— de Clara Ritter. Por eso, a diferencia del chocolate alemán, el slogan para un político argentino sería „Quadratisch. Praktisch. Schlecht“ («Cuadrado. Práctico. Malo»).

Es urgente para la Argentina desterrar del escenario político a los que han hecho de la política un negocio para vivir y reemplazarlos por una nueva dirigencia, figuras nuevas, personas maduras y jóvenes, pero por sobre todo idóneos, creativos y con amor a la Patria.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] „Warum ist die Ritter Sport quadratisch?‟ Michael Heitkötter. Ideen, Strategien, Umsetzung, https://www.michaelheitkoetter.de/warum-ist-ritter-sport-quadratisch/ [consulta: 07/06/2023].

[2] «Estos son mis principios». El Periódico de Aragón, 10/03/2018, https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2018/03/10/son-principios-46809323.html, [consulta: 10/10/2019].

[3] «AMCHAM Summit. Bullrich dijo cuál será su política exterior, qué requisitos debe tener su vice y cuántos ministerios eliminará». El Economista, 09/05/2023,  https://eleconomista.com.ar/politica/bullrich-dijo-sera-su-politica-exterior-requisitos-debe-tener-su-vice-cuantos-ministerios-eliminara-n62259, [consulta: 10/05/2023].

[4] Giancarlo Elia Valori. «El concepto de occidentalización». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 17/03/2023, https://saeeg.org/index.php/2023/03/17/el-concepto-de-occidentalizacion/ .

[5] Marcelo Javier de los Reyes. «2023: Escenarios regionales, escenario global. Repersuciones de los mismos en Argentina.». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 30/03/2023, https://saeeg.org/index.php/2023/03/30/2023-escenarios-regionales-escenario-global-repersuciones-de-los-mismos-en-argentina/.

[6] Marcelo Javier de los Reyes. «A doscientos años de la toma de posesión de las-Malvinas por las Provincias-Unidas. Ayer-y hoy». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG,  04/04/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/04/04/doscientos-anos-de-la-toma-de-posesion-de-las-malvinas-por-las-provincias-unidas-ayer-hoy/.

[7] Marcelo Javier de los Reyes. «Atlántico Sur: un nuevo aniversario de la usurpación británica  y el envío de un guardacostas estadounidense». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/01/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/01/03/atlantico-sur-un-nuevo-aniversario-de-la-usurpacion-britanica-y-el-envio-de-un-guardacostas-estadounidense/ .

[8] Martín Prieto. «Alfonsín teme una posible libanización de Argentina». El País (España), 25/04/1984, https://elpais.com/diario/1984/04/26/internacional/451778406_850215.html, [consulta: 12/04/2000].

[9] «Alfredo Cornejo advirtió: “Mendoza puede ser un país independiente”». Infobae, 30/06/2020, https://www.infobae.com/politica/2020/06/30/alfredo-cornejo-advirtio-mendoza-puede-ser-un-pais-independiente/, [02/07/2020].

[10] «¿San Luis se independiza? La curiosa propuesta de Alberto Rodríguez Saá». La Nación, 05/11/2016, https://www.lanacion.com.ar/politica/san-luis-se-independiza-la-curiosa-propuesta-de-alberto-rodriguez-saa-nid1953721/, [02/07/2020].

[11] «Por enojo del gobierno, Gendarmería nacional ya no actuará en provincia». Ámbito, 09/04/2001, https://www.ambito.com/portada-principal/por-enojo-del-gobierno-gendarmeria-nacional-ya-no-actuara-provincia-n3115696, [06/06/2016].

[12] «La propuesta de Luis Landriscina para evaluar a los diputados y senadores». Infobae, 31/07/2017, https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2017/07/30/la-propuesta-de-luis-landriscina-para-evaluar-a-los-diputados-y-senadores/, [consulta: 02/07/2020].

[13] Ídem.

 

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DESARROLLAR TIERRA DEL FUEGO PARA ASEGURAR LA SOBERANÍA NACIONAL

César Augusto Lerena*

En distintos períodos, algunos teóricos economistas, se encargan de distorsionar los objetivos que llevaron a provincializar y fomentar la radicación poblacional, industrial y estratégica de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur, la Antártida y las aguas correspondientes (en adelante Tierra del Fuego) y, es probable, que no alcancen a entender la importancia geopolítica, económica y para la soberanía nacional que tiene esta Provincia, frente a la ocupación prepotente o en disputa, por parte del Reino Unido de un territorio continental, insular, marítimo y de la plataforma continental extendida del orden de los 5.497.178 Km2; además de la extracción de recursos pesqueros y petroleros, centrales para el desarrollo patagónico. Les bastaría mirar el plano de ocupación o disputa británica para darse cuenta de la importancia de Tierra del Fuego, no para sus intereses, sino para los de la Nación toda.

La Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución Nacional prescribe: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». A nuestro entender esto no se habrá de conseguir si no se ratifica el alcance territorial de la Provincia y, sino se transforma a Tierra del Fuego en el epicentro del desarrollo nacional, en lugar de ser el fin del mundo.

Con una visión federal e integradora del territorio nacional y la necesidad imperiosa de poblar esa desatendida región austral, Tierra del Fuego se provincializó el 15 de junio de 1955 por Ley 14.408 (art. 1º inc. c); pero, los decretos-leyes 21.178 del 22/8/1956 y 2.191 del 28/02/1957 transformaron nuevamente a la Patagonia y Tierra del Fuego en un territorio nacional. Treinta y cinco años después, por Ley 23.775 (26/04/1990) se provincializó nuevamente Tierra del Fuego, aunque al hacerlo, en su artículo 2º se estableció que “En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial”. Es decir que el gobierno central le cercenó —a nuestro juicio— inconstitucionalmente la soberanía a la Provincia, diciéndole a sus autoridades y pobladores fueguinos “la provincia de ustedes llega hasta allí o más o menos, según quiera el poder central”, dejando de manifiesto, además, una lamentable claudicación ante el Reino Unido, respecto a los archipiélagos, la Antártida y sus aguas correspondientes, al dar a entender que el Estado argentino estaría dispuesto a ceder parte del territorio provincial o llevar adelante, quién sabe con qué fórmula, eventuales acuerdos, que más allá de la cesión, dejan en un limbo al Estado provincial que desalienta toda política de desarrollo, en contradicción con los artículos 124º y 125º de la CN y, con la gravedad que significa tener en su propio territorio provincial insular y marino instalados a los invasores británicos; al oeste a los chilenos y a ambos disputando la Antártida, al margen de la presencia permanente por el estrecho de Magallanes y la parte meridional del Atlántico Suroccidental a chinos, rusos, coreanos, taiwaneses, etc. pescando los recursos pesqueros de los Estados ribereños.

Y tan incorporada esta idea que Marcelo Kohen, actual miembro del Consejo Nacional de Malvinas y por lo tanto Asesor del actual presidente de la Nación y del Canciller, en 2018 (en coincidencia con la vigencia del Pacto de Foradori-Duncan) efectuó propuso —en base al citado artículo 2º de la Ley 23.775— a los isleños —algunas absolutamente contrarias a la DTP de la Constitución Nacional— sin la intervención necesaria de los fueguinos, su legislatura y el P.E. de Tierra del Fuego.

No se puede hablar de integridad territorial nacional, sino se comienza por asegurar la integridad de Tierra del Fuego. Al sancionarse la Constitución provincial, se alineó a lo que ya regía en la Constitución Nacional, ya que mientras el Artículo 13º de ésta se indica: «Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso», en el Artículo 2º de la Constitución Provincial se prescribe: «La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular».

A ello se agregan los Art. 81º y 87º de la Constitución Provincial que refieren «al dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia (de) los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción (y) los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán sujetos a un régimen de protección especial» en concordancia con lo previsto en el Artículo 124º de la Constitución Nacional y, ello, es muy importante, cuando se aplica a los recursos que se explotan en las aguas correspondientes de Malvinas, donde el Reino Unido a través de licencias pesqueras a buques extranjeros extrae más de 250 mil toneladas anuales por un valor estimado del orden de los mil millones dólares y un valor comercial final de seis mil millones de dólares anuales.

Sucesivas leyes han debilitado la soberanía nacional y la sustentabilidad de las provincias patagónicas, entre otras Tierra del Fuego. La llamada Ley de la “Soberanía del Mar” (Nº 17.094) ya refería a la “importancia de limitar con precisión la extensión del territorio nacional” y que las naves extranjeras extractivas en aguas argentinas constituían un hecho grave (1966); situación que después de 60 años es muchísimo más grave, afectando a todas las poblaciones del litoral patagónico y muy especialmente a Tierra del Fuego, donde están siendo explotadas las aguas correspondientes a sus archipiélagos y se usan sus puertos para las operaciones pesqueras. Esta Ley en dos de sus artículos establecía que «La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas (…) y, asimismo, al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas». Y, en sus fundamentos, finalizaba diciendo “la soberanía debe ser una e indivisible” y esto aplica centralmente a la necesidad de fortalecer a Tierra del Fuego para fortalecer la soberanía nacional si queremos efectivamente ser un país bicontinental y evaluamos con seriedad la ocupación extranjera de gran parte de nuestro territorio insular y marítimo, y la disputa de la plataforma continental extendida y la Antártida.

En un camino de ablandamiento de los intereses de los Estados ribereños (y los Estados del litoral marítimo) el 5/12/1991 se aprobó la Ley de “Líneas de Base de los Estados Marítimos” (Nº 23.968); es decir, cinco años antes (¿?) que la Argentina ratificara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 24.543 del 17/10/1995) que redujo el Mar Territorial y limitó la soberanía plena a las 12 millas, creó una zona contigua hasta las 24 millas donde “la Argentina podía en esta zona prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos que se cometan en su territorio o en su mar territorial” y estableció la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) hasta las 200 millas, donde “la Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales…(y) la conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 200 millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la ZEE argentina”; aunque esta última cuestión el gobierno nacional nunca ejerció, con grave perjuicio para las economías del litoral marítimo patagónico.

Por su parte, el artículo 1º de la ley 23.775 referido a los límites de la Provincia fue vetado por el Decreto 905/90 del 10/05/1990 y posteriormente modificados por la Ley 26.552 del 18/11/2009, indicando que: «la Provincia de Tierra del Fuego comprende la parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas Georgias del Sur, las islas Sándwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur, las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur». Reducir al mar territorial el límite de la Provincia —a nuestro juicio— le quita sustentabilidad a los archipiélagos de Tierra del Fuego; porque a los efectos de asegurar la disponibilidad de todos los recursos de Malvinas, etc. el dominio y la jurisdicción debería alcanzar la ZEE y no limitarse al mar territorial, condición que es esencial para garantizar la sustentabilidad económica de las islas y equipar el área de explotación ilegal de los recursos de los británicos en Malvinas. La Argentina debe asegurarle a Tierra del Fuego que, en el caso de recuperarse Malvinas, no se modificarán las condiciones económicas y sociales de quienes pueblen esos archipiélagos y para ello, el dominio y la jurisdicción de la Provincia debe llegar a las 200 millas, de otro modo será inviable.

Finalmente, pensar en derogar la Ley 19.640 es desconocer la trascendencia que tiene Tierra del Fuego en la reserva de la soberanía nacional en el área más austral, más expuesta y sensible de la Nación.

La Ley 19.640 exime del pago de todo impuesto nacional a los hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (es decir, incluye incluso a los territorios ocupados y a las operaciones pesqueras que las empresas nacionales realicen en las aguas correspondientes a los territorios insulares); un régimen especial y fiscal que estuvo fundado en una serie de razones explicitadas en la ley que aún permanecen vigentes; pero también, en otras implícitas que visibilizadas tienen una importancia superlativa: la ocupación británica de 1.639.000 Km2 de territorio insular y marino argentino que con las áreas en disputada alcanzan a las 5.497.178 Km2 ya citadas; la baja densidad poblacional; la gran distancia de los grandes centros mundiales y nacionales de consumo que encarecen el comercio de bienes y servicios; la limitada conectividad directa con el continente; la necesidad de promover el desarrollo y/o los avances tecnológicos en materia portuaria, logística, del transporte y la producción, que faciliten y hagan competitiva a ésta, a la industria, el almacenamiento y el comercio, entre otras, las actividades petroleras, pesqueras, tecnológicas, etc.; la dificultad de los pobladores ante la rigurosidad del clima; la necesidad de una actividad económica diversificada para asegurar el abastecimiento local de mercados concentradores; el autoabastecimiento alimentario de los fueguinos y la atención gastronómica, turística regional e internacional; la actividad científica, marítima y naval, para atender todas las necesidades de los buques pesqueros nacionales, los grandes transportes navieros de carga y las estaciones argentinas y extranjeras en la Antártida.
Producción provincial de calidad y precios competitivos, para reducir en forma progresiva la utilización de insumos y materias primas importadas o el uso de servicios de operadores extraños. Y ello alcanza, no solo a la Isla Grande de Tierra del Fuego, sino el resto de los archipiélagos que la integran, cuyo apoyo forma parte de una estrategia de ocupación insular y del mar que resulta central, para contribuir a la explotación de los recursos y una presencia soberana argentina en el área meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida.

Por cierto, ello debe permitir el libre acceso de la producción nacional a la Provincia y ésta debe llevar adelante un plan destinado a eliminar las asimetrías que aún imperan, para asegurar que Tierra del Fuego sea sustentable, siendo muy rigurosa, en la regulación del tráfico comercial para evitar distorsiones.

La soberanía no se declama. Se ejerce.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

LOS ESTADOS CHINO, ESPAÑOL Y BRITÁNICO SE HACEN DE LA PESCA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

En el siglo XXI los Estados que necesitan los recursos naturales no siempre invaden los territorios o los adquieren a quienes los tienen; muchas veces, se apropian de estos recursos de los países en desarrollo, mediante su explotación ilegal o mediante la compra de sociedades que son concesionarias de permisos de explotación o captura.

Teniendo en cuenta los porcentuales indicados por la FAO, estimamos (César Lerena, CESPEL, Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, 2022) que en Suramérica y El Caribe los Estados de pabellón que capturan a distancia los recursos migratorios originarios de las ZEE o viceversa, realizan una pesca ilegal (INDNR) del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos 11.770 millones de dólares. Sin contabilizar los descartes de pesca incidental y/o especies no comerciales realizados por los Estados ribereños en las ZEE. Sea Around Us, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y la Universidad de Australia Occidental (Paloma Fidalgo, El Plural, 29/06/2017) informó que: «Las flotas pesqueras industriales arrojan anualmente casi 10 millones de toneladas de pescado potencialmente utilizable, pero ya muerto, a mares y océanos de todo el planeta»; que, además de la inmensa pérdida de proteínas que necesita el mundo, provoca una contaminación orgánica inconmensurable de los océanos.

Según la FAO (Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019) en el Área 41 (Atlántico Suroccidental) el 40% de las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles y, como refiere el citado informe, los principales responsables son los Estados de pabellón; indicándose, en el muy elocuente mensaje del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992); que «la ordenación debe hacerse en la pesca de altura, en la que se plantean los problemas de la pesca incontrolada», y donde el 85% de las capturas la realizan cinco países: CHINA, ESPAÑA, TAIWÁN, JAPÓN Y COREA DEL SUR, quienes del total mundial de 37 millones de horas de pesca sus buques ocupan unas 25 millones de horas; motivo por el cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 países restantes que pescan en el mundo, sino que lo generan solo cinco Estados de pabellón y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración de los recursos en la ZEE de los Estados ribereños (por ejemplo, Argentina) tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos países que son responsables de las capturas en alta mar e, igualmente responsables, del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unas 26 millones de toneladas del total 84 millones/año (2019); es decir, el 31% de las capturas sobre «221 Estados que notificaron algún tipo de actividad de comercial pesquera» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p: 18, 2020);

A las flotas mencionadas, debemos agregar que en el Atlántico Suroccidental, los buques españoles arriaron su bandera y colocaron la bandera ilegal de la “Unión Jack y Unión Flag” para pescar en el área de Malvinas con las empresas asociadas españolas-británicas que, insólitamente, operan subsidiadas, en perjuicio de las propias empresas nacionales y españolas radicadas en el país, pese a la separación del Reino Unido de la Unión Europea.

En este estado de cosas, en la Argentina, del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2022 (uno de los valores más bajos del quinquenio, fueron 434.00 toneladas por valor de US$ 1.800 millones) procedentes de la captura en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, un 70% está en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles.

No estamos en contra de las inversiones extranjeras, sí en desacuerdo con la concentración empresarial; más aún con la exportación por parte de éstas de materias primas sin valor agregado que transfieren la manufactura y mano de obra argentina a terceros países (Guatemala, Perú, Tailandia, Vietnam), quienes le agregan valor y reexportan los productos o, bien, la exportación a los países desarrollados que los transforman las materias primas argentinas para su consumo o reexportación. Y, nos asombra (¡!), que mientras embarcaciones chinas y españolas depredan nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar y Malvinas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo Federal Pesquero integrado por todas las provincias del litoral marítimo y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina no establecen ninguna estrategia respecto a las empresas del Estado chino a las que se les otorga o transfiere permisos de pesca en la Argentina y, otro tanto, a las españolas, donde el Estado español admite la pesca de sus buques violando los artículos 91º, 92º, 216º, 217º y otros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y, en su caso, las leyes 24.922, 26.386 y 27.564.

Sobre los buques chinos radicados o no en la Argentina no hay duda que, salvando alguna honrosa excepción, las empresas pertenecen al Estado chino; pero, respecto a los españoles no radicados en la Argentina: ¿Dónde está “la relación auténtica entre el Estado y el buque” que les ha permitido enarbolar el pabellón a los buques españoles que pescan ilegalmente en Malvinas y los recursos migratorios originarios de la ZEE? ¿Qué requisitos les han exigido las Autoridades españolas a la hora de concederles la nacionalidad a los buques que realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental? ¿Olvida España que los buques bajo su pabellón están sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado?

¿Qué hacen las empresas chinas y españolas radicadas en la Argentina al respecto?

Por si algo faltaba, algunas de estas empresas, con unas irrelevantes empresas argentinas, reeditan la llamada OPRAS (Organización de Protección de los Recursos del Atlántico Sur). ¿Alguien podría imaginar que empresas del Estado chino radicadas en la Argentina —el mismo Estado que con cientos de buques pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental— podrían “proteger” los recursos pesqueros en este Atlántico o que empresas españolas igualmente radicadas en la Argentina podrían proteger nuestros recursos, cuando 16 buques arrastreros gallegos del Estado Español —a pesar de que éste ha reconocido la soberanía Argentina de Malvinas— asociados a los británicos radicados en este archipiélago, extraen todos los años cientos de miles de toneladas de recursos pesqueros argentinos?

En este escenario, Juan Redini que, pese a contar con un solo buque (¿?), es el presidente de CAPA (Cámara de Armadores Poteros Argentinos) y de la citada OPRAS, reconociendo que «habla periódicamente con el Subsecretario de Pesca (Carlos Liberman)» manifiesta «que la flota extranjera se aprovecha de nuestro recurso y hay poca voluntad diplomática de Argentina por ponerle coto (…) que, pescó mucho más que nosotros; (por ejemplo) en Malvinas hay informes que detallan que 110 barcos capturaron 170 mil toneladas (y) la flota china sobre la milla 201 capturó entre 280 y 300 mil toneladas (y) nuestro negocio no depende de nosotros sino de lo que pescan otros nuestros recursos (…) en función de lo que pescan ellos, nos va mejor o peor a nosotros (…) no hay manera de competir con los costos de esa flota» (Roberto Garrone, La Nación, 17/06/2021) y detalla en la Revista Industrias Pesqueras (España, 11/05/2022) las claves del nuevo proyecto de mejora de la pesquería (FIP) en el Atlántico Sur con participación de las empresas españolas como la filial argentina Argenova de Nueva Pescanova, el Grupo Profand e Iberconsa en el que se incorpora el calamar Illex de la ZEE de Argentina, en el que CAPA lideraría la iniciativa y el proyecto de “level playing field” —igualdad de condiciones— (¿?), «donde todos los años hay un ingente número de buques, la mayoría de bandera asiática, ante la falta de una OROP en las aguas del Atlántico sudoccidental», buscando satisfacer las necesidades de “origen responsable” del calamar Illex destinado a Europa y Estados Unidos, e incentivar —manifiesta Redini— «que quienes operan fuera de la milla 200 se interesen por hacer una gestión más responsable del recurso que compartimos» y «diferenciar las capturas que CAPA realiza en su ZEE de aquella procedente de la milla 201».

En fin, al margen el ingenuo comentario de “incentivar a la pesca responsable a quienes capturan más allá de las 200 millas” y las erróneas afirmaciones de “igualdad de condiciones”, cuestión de cumplimiento imposible, en el marco de las atrasadas políticas pesqueras argentinas y la abismal diferencia económica-financiera y de disponibilidad de los mercados de la flota china y española que pesca a distancia o, cuando refiere a “recursos que compartimos”, cuando se tratan mayoritariamente de recursos que migran de la ZEE Argentina y cuya distribución debe, como refiere la CONVEMAR, tener en cuenta al Estado ribereño en desarrollo y los efectos negativos de la pesca sin control.

No sabemos de qué habla el Presidente de CAPA y OPRAS con el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman y esperamos que éste no comparta su estrategia de poner en manos de chinos y españoles la política pesquera del Atlántico Suroccidental o que acompañe la opiniones de esta Revista española: “que lo que ocurre en estos mares se debe a la falta de una OROP”; cuya integración, debilitaría aún más la posición de Argentina como Estado ribereño y violaría la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, ante la ocupación prepotente del Reino Unido de 1.639.900 Km2 de mar argentino y la explotación de los recursos; aunque, el propio subsecretario no nos sepa decir qué hacer respecto a las OROP, sugiriendo al Editor dirigirse a la Cancillería para que ésta dé su opinión (ver Revista Industrias Pesqueras, España, 17/03/2023)

Son muy llamativas las declaraciones del marplatense Redini a ambos medios y, humildemente le sugerimos tener mucho cuidado en “no encandilarse con las luces de la ciudad”. En los caminos que pareciera querer transitar debería tener muy en cuenta que la referida CAPA está integrada por un 68% de buques de empresas asiáticas (mayoritariamente chinas); 18% españolas y 14% argentinas; igualmente, que OPRAS, se integra mayoritariamente con empresas chinas y españolas y dos pequeñas empresas argentinas que, en el Ranking argentino de exportación de productos pesqueros de Argentina (2019) no tienen ningún rol protagónico: Pesquera Buena Vista (posición 81º) y Pesquera del Este (126º); mientras que las extranjeras: Iberconsa (posición 1º); Argenova (4º); Arbumasa (6º) y, el Grupo Profand (29º). Conocemos como se manejan, desde adentro y desde afuera, las Cámaras.

En estas condiciones, darle a estas Organizaciones el cuidado de nuestros recursos sería desconocer lo ya dicho sobre el rol chino y español más allá de las 200 millas y en Malvinas. Respetuosamente sería como “poner al zorro a cuidar el gallinero” o reciclaremos el dicho: “poner a chinos y españoles a cuidar el calamar argentino”.

Es evidente que el Estado argentino para pensar en cambiar la matriz de la explotación del calamar y combatir la pesca ilegal (INDNR) de esta especie por parte de extranjeros y, competir y/o acordar con la flota que pesca en alta mar y Malvinas (fuera de esta área ocupada), debe reformularse la política de permisos, cuotas y autorizaciones, más aún, en el caso puntual de la especie estratégica calamar Illex, que sí, —como es vox pópuli en los ámbitos portuarios— los permisos de pesca sin plazo ni reproceso tendrían un costo del orden de los US$ 3,5 millones y los con reproceso US$ 1,5 millones, sacando de competencia para hacerse de ellos a las empresas nacionales, que es, a las que se les debería dar libre acceso a estos permisos y todas las facilidades e incentivos para hacerse de esta especie argentina, estratégica y productiva.   

Un montón de piedras no es una casa”, Jules Henri Poincaré (1854-1912). 

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).