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UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA ADMINISTRAR EL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

Tras la derrota oficial comenzó el pase de facturas. En general, los dardos se tiraron a quienes condujeron la campaña electoral, en lugar de hacerlo, a quienes ocupando distintas áreas de responsabilidad en el gobierno saliente fueron incapaces de cumplir con las consignas previstas en el preámbulo de la Constitución Nacional: “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad…” Razón por la cual, el pueblo no les renovó su confianza. Nunca más justa la frase del General: “Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

No siempre se pierde el gobierno en manos de nuevas ofertas electorales, es frecuente que se deba al agotamiento de las expectativas de los ciudadanos que, pese a la advertencia de Maquiavelo de “que nada genera más resistencia que el cambio del orden vigente”, rompieron la inercia e hicieron tronar el escarmiento. De reinstaurarse el “juicio de residencia” muchos funcionarios que se van a sus casas “sin pena ni gloria” estarían en serios problemas.

Nosotros nos limitaremos ―como siempre― a opinar sobre aquellas cuestiones relativas a la administración del Atlántico Sur, Malvinas y Pesca al final de este ciclo, como lo hemos venido haciendo desde 1976.

Sabemos que los espacios marítimos e insulares representan el 68% del total de la Argentina bicontinental y marítima y que gran parte de esos territorios se encuentran invadidos y disputados por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), por lo que nos adelantamos a decir que los responsables de la Cancillería (y su Secretaría y Consejo de Malvinas), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (y su Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero) y el Ministerio de Defensa, no han prestado un servicio acorde a las necesidades del interés nacional. Otro tanto ha pasado con el rol de las provincias del litoral marítimo. Dándose incluso la incongruencia de que Tierra del Fuego, aun siendo un territorio directamente afectado por el conflicto (Malvinas, etc., son parte de esa Provincia) no ha tenido ningún protagonismo destacable frente a las reiteradas e inconducentes políticas de la Cancillería e, insólitamente, sus habitantes votaron mayoritariamente al nuevo presidente que, de eliminar el régimen de eximición de impuestos previsto en la ley 19.640, su sustentabilidad se verá seriamente comprometida, lo que dificultaría aún más la defensa de los intereses nacionales en la región, ante la presencia del RUGB y otros Estados.

Todo ello en un escenario internacional muy propicio para llevar adelante una Estrategia Nacional e Internacional en estas materias. El Brexit que separó al RUGB y a sus autoproclamados territorios de ultramar de la Unión Europea (2021); la tensión entre Estados Unidos y China y su interés en el Atlántico Sur y la Antártida; la guerra Rusa-Ucrania con la consiguiente necesidad de alimentos y gas; la demanda contra la pesca ilegal por parte de las organizaciones multilaterales; la ampliación de las plataformas continentales más allá de las 200 millas en la Argentina y Chile; el pre Acuerdo de la Unión Europea y el MERCOSUR; la asimetría de Uruguay en relación con la Argentina y Brasil en este mercado; el clima propicio a nivel nacional con motivo de la conmemoración del 40º aniversario de la recuperación de Malvinas.

Dejando de lado algunos reconocimientos a los veteranos producidos con motivo del citado aniversario, los reiterados reclamos inconducentes de la Cancillería al RUGB para que negocie la soberanía de Malvinas y distintos seminarios destinados a incorporar al conocimiento de los argentinos la historia y los derechos sobre Malvinas, nada ha hecho el saliente gobierno para ocupar y administrar los territorios marinos y explotar los recursos del Atlántico Sur y sus archipiélagos. Ello implica no solo una cuestión de soberanía en el mar, los archipiélagos y la Antártida y su relación con los océanos pacífico e índico, sino también la ausencia de nuevos desarrollos poblacionales, industriales, logísticos y de generación de empleo en la Patagonia argentina, cuya densidad poblacional es la más baja de nuestro territorio, en una región de alta conflictividad internacional. Los funcionarios de Cancillería se enteran por los diarios de la instalación de un radar británico en territorio nacional.

Este gobierno está entre los peores de las últimas dos décadas, ya que si bien,no fue el gestor de los execrables acuerdos preexistentes, los mantuvo, como es el caso de los Acuerdos de Madrid I y II y los privilegios al RUGB conferidos por la Ley 24.184 que, aún vencida su vigencia, no se ha denunciado.

Pese a la creación del “Consejo de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, en el ámbito de Presidencia de la Nación, en 2020, este cuerpo no generó una sola estrategia destinada a recuperar en forma paulatina algunos de los asuntos que se le encomendaron. Ya nos hemos referido al rol cumplido por algunos de los integrantes desde 1976 a la fecha (ver cesarlerena.com.ar).

En nuestro anterior artículo (César Lerena “Capaciten al secretario de Malvinas”, 27/05/2023) pese a la interesante iniciativa de capacitar a los funcionarios públicos sobre la “Cuestión Malvinas” efectuamos oportunamente algunas objeciones a la Ley 27.671 por su limitada mirada de la temática ya que, “No se trata de una disputa, sino de la apropiación prepotente del RUGB de espacios insulares y marítimos que forman parte indivisible del territorio nacional y, de la explotación de sus recursos naturales, que cercena la soberanía nacional y empobrece al pueblo argentino. La capacitación, tampoco puede limitarse a detallar antecedentes y derechos como indica el Art. 6º de la Ley, sino en explicitar qué representa política, estratégica, económica, social y territorialmente la apropiación del RUGB de estos importantes espacios nacionales (más detalles en art. referido).

No deberíamos olvidar que el RUGB no ocupa solo los 11.410 km2 de Malvinas sino que hoy invade 1.639.900 Km2 de territorios marítimos e insulares y nos disputa 1.430.367 Km2 de la plataforma continental más allá de las 200 millas y 2.426.911 Km2 del continente antártico. La Cancillería nunca se refirió a esta gravísima ocupación y disputa de nuestros territorios.

Nada se ha hecho para favorecer la fabricación de una flota mercante, fluvial y pesquera y la construcción y modernización de los puertos y, una mayor presencia naval en las regiones estratégicas de la República, en especial en el área austral del Atlántico Sur y sus accesos a los océanos Pacífico e Índico y la Antártida Argentina.

En este período los británicos desde Malvinas avanzaron sobre nuestros territorios y se apropiaron de los recursos pesqueros, petroleros y gasíferos. Construyeron un puerto en Georgias y licitaron otro de 400 metros en Malvinas; mejoraron su logística y las pistas de aterrizaje; modernizaron el armamento militar; aumentaron las relaciones con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay; optimizaron sus relaciones societarias con España para favorecer el ingreso de los productos pesqueros sin arancel a la Unión Europea pese al Brexit; la embajada británica en la Argentina pretende culturizar a los argentinos invitando a nuestros jóvenes a “visitar sus vecinos los isleños” (sic) o enseñarle inglés a vecinos de las provincias, como si el Estado argentino no pudiera hacerlo.

Los responsables del área de Malvinas dentro de la Cancillería nunca entendieron el rol de la pesca en el Atlántico Sur y Malvinas, ni el efecto que podría provocar el ordenamiento pesquero en el Atlántico y la eliminación de la pesca ilegal en este ámbito; ello, pese al informe de Lord Shackleton del 21/07/1976 y las declaraciones del director ilegal de Pesca en Malvinas John Barton, que ya en 2012 declaró que “la pesca fue central para asegurar la permanencia británica en Malvinas”. En el año 2020 el gobierno sancionó la Ley 27.564 de incremento de sanciones a la flota que pesca ilegalmente en el territorio argentino, sin embargo, nunca sancionó a la flota española, coreana y taiwanesa que extrae desde 1976 a la fecha más de 250.000 toneladas anuales de pescados del área argentina de Malvinas, a pesar de toda la normativa nacional e internacional.

Como contrapartida, en la Argentina caen las ventas pesqueras y la Cámara de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicita la declaración de emergencia para las provincias de Chubut y Santa Cruz (Revista Pesca Puerto, 29/08/2023) agregándose a ello, que los responsables del modelo extractivo pesquero vigente (César Lerena “El modelo pesquero atrasa 50 años”, 2023) no promovió la administración y explotación integral y sostenible y, mucho menos, el combate de la pesca ilegal de todos los recursos y en particular los migratorios originarios en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, impidiendo un desarrollo industrial sustentable, generador de empleo y de soberanía territorial en la región patagónica y, muy especialmente, aislar al RUGB en la pesca que realiza en el área de Malvinas y su logística y transporte en la ZEE y, el posterior comercio en la Unión Europea; política, en la que también estuvo ausente la Cancillería y, por el contrario España, obtuvo una prórroga de tres años post brexit para ingresar sin aranceles a Europa las materias primas pesqueras capturadas en Malvinas y procesar en aquel continente, en perjuicio de todas las empresas productoras argentinas.

Tampoco los responsables nacionales pesqueros han analizado la particular situación de las empresas españolas pesqueras radicadas en Argentina, mientras buques de igual nacionalidad pescan asociados con los isleños en Malvinas. De igual modo, empresas pesqueras del Estado chino se habilitan en el país, mientras más de trescientos buques chinos todos los años pescan ilegalmente en el atlántico sudoccidental quitándole sostenibilidad a los recursos, dañando el ecosistema del mar argentino y, en ambos casos, quitándole competitividad a las empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país.

¿Cómo esconder un elefante? Rodeándolo de una enorme cantidad de elefantes. Lo mismo que ocurre con la pesca del RUGB en Malvinas, a la que se le agregan todos los años quinientos buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, etc. que extraen ilegalmente del Atlántico Sur otras 750.000 toneladas de recursos migratorios argentinos. La Argentina no administra el Atlántico Sur.

La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus funcionarios del área y la Cancillería y sus funcionarios afines no han sancionado a los buques extranjeros que pescan en Malvinas; por lo tanto, habrían incumplido con lo previsto en la Constitución Nacional y las leyes 24.543, 24.922, 26.386 y 27.564 (para mayor detalle ver los citados artículos y “Capaciten al Subsecretario de Pesca”, 10/04/2023) pudiendo estar incursos en incumplimiento de funcionarios públicos. Tanto el subsecretario de Pesca como el secretario de Malvinas y otros funcionarios han manifestado irresponsablemente que «no hay pesca ilegal en Atlántico Sur y la pesca en alta mar es legal» (Urgente 24, 30/03/2023 y otros) negando la citada legislación; pero también, la Resolución ONU 31/49 que en 1976 estableció que no se podía innovar en Malvinas, cuestión que fuera ratificada por la Res. ONU 37/9 del 04/11/1982. Y ello es una clara definición de desconocimiento; pero también, una grave confesión, ya que por un lado, no incluyen a Malvinas en el mar argentino, donde todos los años los británicos a través de licencias ilegales extraen 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por un valor de unos 6 mil millones de comercialización final y, por otro, no considerar ilegal a la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE es un lamentable reconocimiento de que estos funcionarios no han hecho nada para erradicar esta práctica depredadora que afecta la sostenibilidad del ecosistema y priva a la Argentina de importantísimos recursos económicos y del desarrollo de los pueblos del litoral marítimo.

La pesca en alta mar en las condiciones que se realiza es ilegal, al menos, por tres cuestiones básicas:

1) El Estado de pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca (Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss., CONVEMAR) y, si solo lo hace mediante sistemas satelitales, estos no son un instrumento suficiente para precisar si el buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si el buque aplica la legislación del país de origen (descartes, etc.); si el personal trabaja en forma esclava y/o trafica droga, etc.

2) La sostenibilidad en la integridad que refiere la CONVEMAR no se puede obtener sino se efectúan en alta mar y en relación a la ZEE, los estudios e investigaciones pertinentes para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º, 197º, 200º, 201º, 255º, 257º y ss., CONVEMAR); lo que provoca, que no solo la pesca en alta mar sea insostenible sino también la ZEE. Aquí aplica el principio precautorio, porque la pesca en alta mar, sin estos parámetros básicos, no se puede realizar sin depredar, menos aún, cuando no hay control del Estado de pabellón como hemos indicado y,

3) Los Estados Miembros deben tener presente que su pesca en alta mar y en la ZEE no afecta los intereses de terceros Estados (Preámbulo y Art. 59º, 87º, 116º a 118º, CONVEMAR); por lo tanto, si no hay acuerdos entre los Estados cuando en alta mar se pesca sin control, sin conocer los stocks y sin acuerdos con los Estados ribereños, la pesca es ilegal (INDNR). Este tipo de pesca alcanza también a la realizada por los buques extranjeros con redes de arrastre de fondo en la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, cuestión que la Subsecretaría de Pesca argentina y el CFP, llamativamente, no han prohibido.

Se depreda en alta mar en una magnitud incompatible con la sostenibilidad de las especies y, Latinoamérica y el Caribe pierden unos 20.000 millones de dólares anuales por pesca ilegal (INDNR) de recursos migratorios que tienen en los Estados ribereños (En el Atlántico Suroccidental Argentina, Brasil y Uruguay).

El gobierno nos ha puesto de espaldas al mar. El consumo per cápita mundial por año alcanza a 20.2 kg. En Europa 24 kg.; en África 10 kg y en Latinoamérica y el Caribe 9,8 Kg. Mientras que en la Argentina este consumo solo alcanza a 4,8 Kg. según el Consejo para el Cambio Estructural. El gobierno no ha llevado políticas de consumo de pescados y este es inaccesible a los argentinos y, ello, es muy grave porque esta especie provee grasas insaturadas y una proteína esencial solo comparable con la leche materna, motivo por el cual, su consumo, es vital para mejorar la dieta de los argentinos y para agregar valor en toda la cadena comercial.

La producción mundial de productos pesqueros fue de 177,8 millones de toneladas en 2020; de las cuales 87,5 millones provinieron de la Acuicultura continental y marina; es decir, un 49% del total producido. Brasil un 39%, Chile un 54%, Colombia un 51%, Ecuador un 49%, etc., y la Argentina el 0,31%, lo cual nos permite estimar que el país está perdiendo -al menos- unos 2 mil millones de dólares por año, además de mejorar la dieta y promover la radicación de emprendimientos productivos en distintas provincias del país, evitando el asentamiento en el conurbano bonaerense, donde habitan 14 millones de personas.

En materia de importación de buques, la actual política en esta materia nos remite al siglo XVIII. Somos proveedores de materias primas a España y las empresas españolas y otras que extraen nuestros recursos en la ZEE nos fabrican los buques en Vigo.

La ignorancia y la falta de políticas nacionales, somete a los pueblos a la colonización, a la expoliación sus recursos esenciales, a la falta de desarrollo industrial y poblacional de sus territorios y les roba el bienestar a todos los argentinos. Los funcionarios pasarán al olvido, destacaremos incluso sus fracasos, pero la Argentina habrá perdido cuatro años más, mientras el resto de los países y los que ocupan nuestro territorio avanzan inexorablemente.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

TIERRA DEL FUEGO Y LAS NEGOCIACIONES CON LOS CHINOS

Julio Ferrari Freyre*

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Profesor Gustavo Melella, y el presidente de la empresa Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co., Ltd (estatal), han firmado un acuerdo (Memorándum de Entendimiento), sobre la construcción de un puerto, una planta química (fertilizantes) y una usina eléctrica en la zona de la ciudad de Río Grande.

Bajo condiciones normales esta sería una interesante propuesta para Rio Grande y podría generar posibilidades para otros emplazamientos en la Isla Grande, tales como construcción de obras de infraestructura de relevancia, viviendas y otras que permitirían la apertura de nuevas comunidades y por tanto fomentaría la ocupación poblacional de la Isla Grande con importantes beneficios políticos, económicos y sociales.

La construcción de dicho puerto presupone el tráfico de naves mercantes costeras y de ultramar (se habla de buques de 20.000 toneladas de porte bruto), para llevar la producción a las zonas que más necesitan amoníaco sintético, urea y glifosato, este último objeto de amplias denuncias y controversias por sus efectos nocivos para la salud humana, animal y el medio ambiente. Teniendo en cuenta las cantidades mencionadas en el Memorándum de Entendimiento firmado, se podría proyectar la exportación de la producción a terceros países, lo cual ayudaría a la balanza comercial de nuestro país. El valor de estas inversiones suman US$ 1.250 millones, una cifra muy tentadora para concretar la industrialización de la provincia.

El documento firmado por el Gobernador fueguino también prevé la construcción de una usina termoeléctrica de 100 mega watts (MW), una potencia respetable comparada con los 370MW que produce Atucha I y el actual consumo de energía de Rio Grande.

La construcción de un puerto de las capacidades descriptas ha suscitado seria preocupación en ciertos sectores de la Argentina y en otros países. La existencia de fuerzas de ocupación extranjeras en nuestras islas del Atlántico Sur, las pretensiones de varios países sobre los recursos de nuestro territorio Antártico, la contínua pesca ilegal dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y en sus cercanías, la desaparición de nuestra marina mercante y otros elementos que deben tomarse en consideración, ponen a nuestro país en el centro de las aspiraciones políticas y económicas de las principales potencias mundiales. Debemos recordar que la Tierra de Fuego es la puerta de acceso a la Antártida y el cruce entre los océanos Atlántico y Pacífico y por estas razones está en la mira de esas potencias en pugna.

Ya que se ha firmado el Memorándum de Entendimiento con la provincia de Shaanxi, cabe preguntarse qué pasó con el proyecto de construcción de un puerto de la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A. También sería oportuna una explicación sobre el estado actual de las negociaciones con MMEX Resources Corporation de los Estados Unidos de Norteamérica que proyectaba construir una planta de «hidrógeno verde» e instalaciones portuarias por valor de US$ 500 millones. 

Volviendo al acuerdo entre el gobierno provincial fueguino y la firma industrial china y dirigiendo la mirada a un aspecto formal, lo interesante de la cuestión es que el Memorándum está redactado en chino (caracteres simplificados como los que se usan en China continental) y en castellano. Uno podría decir que esto es normal ya que son los idiomas que se usan en los respectivos países.

Pero ese es justamente el punto llamativo. El Profesor Melella, Gobernador de la provincia argentina más grande, firma un documento donde SU idioma parece ser secundario, dándole mayor importancia a la firma estatal de otro país, Shaanxi Chemical Group. Evidentemente sus subalternos olvidaron que un documento firmado por una autoridad argentina debe estar escrito en el idioma nacional antes que en un idioma extranjero o, mejor aún, deberían redactarse dos documentos, uno en cada uno de los idiomas.

El hecho de que la versión en chino precede a la versión en castellano demuestra que las autoridades provinciales parecen considerar ese orden apropiado, poniendo a la autoridad argentina en un segundo plano frente a la empresa estatal extranjera.

Quiero suponer que las autoridades fueguinas, siguiendo las prácticas normales en cualquier país del mundo, hicieron revisar el texto en idioma chino para asegurarse que su traducción al castellano fuera fidedigna y que por tanto no contiene términos inexactos o de múltiple interpretación. También quiero pensar que el texto fue consultado con las pertinentes autoridades nacionales (Cancillería, Ministerios de Economía y Producción) y, ante la eventualidad de que se logren firmar los acuerdos, con la Dirección Nacional de Migraciones, Aduana y otros.

Es muy posible que la parte china sugiera —o insista en— que los trabajadores, técnicos e ingenieros que intervengan en las distintas obras sean ciudadanos chinos, quitando la posibilidad de generar empleo para la población (obreros, técnicos e ingenieros) de nuestro país. Ya ha habido intentos de este tipo en el pasado reciente.

A modo de colaboración con los empresarios y funcionarios argentinos que participan en negociaciones con sus pares chinos, esbozo algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta dadas las diferencias culturales e idiomáticas con las que se encontrarán.

Negociar con los chinos no es un asunto fácil, por no decir que es un arte que requiere mucha paciencia y cierta especialización. Siempre intentando iluminar algunos de los pormenores que se presentarán en esta actividad propongo repasar sucintamente ciertos temas para un mejor desenvolvimiento en este cometido.

Formalidad

Es adecuado mantener un cierto grado de formalidad que incluye aspectos tales como: como la vestimenta (traje y corbata), la puntualidad (el chino suele presentarse antes de la hora indicada mostrando así su entusiasmo), y el estricto respeto por las jerarquías y la precedencia como así también la deferencia hacia los mayores.

El encuentro entre las más altas autoridades suele tener lugar después de que los subalternos hayan negociado los pormenores de un acuerdo y sólo se encontrarían para tratar los últimos detalles y la firma del documento. Sin embargo, esto debe tomarse como un mapa general de como continuarán las conversaciones (es decir, las negociaciones), dado que, seguramente surgirán muchas modificaciones y reinterpretaciones del acuerdo original.

China tiene una visión de largo plazo de los acuerdos. Quiere que el pacto tenga una larga vida, aún con las modificaciones que se vayan introduciendo y que la relación sea de largo plazo, lo que significa de veinte años o más. Prefieren una larga relación con modestas ganancias que un negocio rápido que no volverá a repetirse.

Hacerse amigo

Es conveniente investigar a la empresa china, tomar idea sobre sus necesidades comerciales, de insumos y políticas, entre estas, conocer su relación con el gobierno local y central y con el Partido Comunista Chino. Tener datos sobre la personalidad de los ejecutivos responsables, indagar sobre la jerarquía formal e informal de la firma y sus vínculos con el estado y el partido, así como hacer «lobby» con las personas que tengan influencia dentro de la empresa es también muy recomendable.

Resulta altamente facilitador mantener una actitud positiva en todo momento y nunca perder la compostura ni discutir; al contrario, mostrar paciencia, consideración y cooperación encauzan mejor la negociación. Decir que «no» directamente cerraría las posibilidades de entendimiento, en caso de tener que declinar una propuesta debe hacerse siempre con palabras amables.

Como puede observarse el apego a la jerarquía y al protocolo son resabios imperiales que aún están presentes en la conciencia colectiva china y se ponen de manifiesto en las relaciones públicas. Por tanto, estrategias tales como: sonreír y mostrar satisfacción al intercambiar con ellos; organizar una cena con sus contrapartes y/o con quienes puedan tener influencia sobre las negociaciones y relación con la firma china; hacer valer la amistad lograda con un alto ejecutivo frente a sus subalternos; tener preparados regalos para los integrantes del grupo chino, evitando artículos puntiagudos (por ejemplo un facón), relojes (sería como decir que se espera la muerte del interlocutor), de color blanco o con el número cuatro por estar relacionados con la muerte, son algunas de las más importantes.

Intercambio de visitas

Si bien las partes pueden intercambiar volúmenes de información por medios electrónicos, por carta o por señales de humo, y las entrevistas por medios electrónicos (Skype, Zoom y otros), pueden ser numerosas y extendidas, éstas nunca reemplazarán los encuentros cara a cara, o sea personales. No debe considerarse extraño que la parte china insista en que las negociaciones continúen en su país para lo cual se debe prever la formación de una delegación de varias personas ya que si viaja una sola esto sería interpretado como una falta de interés o un tratamiento superficial de la cuestión. Quienes se desplacen, deben estudiar muy bien los temas bajo consideración, estar preparados para responder a los requerimientos y poder analizar las situaciones que se presenten.

Intérprete

La traducción del chino al castellano otorga tiempo para interpretar lo dicho y pensar las respuestas. De cualquier manera, sería acertado revisar la traducción al español de los documentos en idioma chino para asegurarse acerca de la fidelidad del trabajo realizado y así evitar mal entendidos en el futuro, ya que no es extraño que la parte china se excuse «por no conocer bien el castellano».

Los textos de los acuerdos a firmar deben ser estudiados minuciosamente como así también sus traducciones ya que pueden aparecer frases o párrafos con sentidos vagos e imprecisos, promesas retóricas o «simples deseos» sin especificar que podrán ser aprovechados el día de mañana para exigir nuevas condiciones o interpretaciones sorpresivas. Una vez firmado el acuerdo, deben esperarse «pedidos especiales» por la parte china tales como terrenos más amplios, derechos especiales, privilegios o inmunidades para quienes trabajan en sus proyectos. No sería descabellado pensar que la parte argentina pudiera encontrarse sorpresivamente con una reinterpretación de los términos del documento firmado oportunamente e incluso descubrir cambios sustanciales el mismo acuerdo.

Finalmente, en este caso específico el negociador argentino debe tener un cabal conocimiento de los temas a negociar (puerto, productos químicos y generación eléctrica), de los posibles conflictos (situación impositiva, migraciones, etc.), y de su relación con otros intereses de nuestro país y la situación internacional (Mar Argentino, Chile, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur).

 

Bibliografía

BAÑEZ, Gonzalo. «Un puerto, millones de inversión y una tonelada de químicos: claves del acuerdo de China con Tierra del Fuego». Todo Noticias, 07/06/2023, https://tn.com.ar/politica/2023/06/07/documento-exclusivo-el-memorandum-que-firmo-china-para-construir-un-puerto-en-tierra-del-fuego/

DE VEDIA, Mariano. «Gustavo Melella firmó un memorándum con Shaanxi Chemical Industry Group para la construcción de una obra que demandaría una inversión de US$1250 millones». La Nación, Buenos Aires, 08/06/2023, https://www.lanacion.com.ar/politica/genera-alarma-un-acuerdo-del-gobernador-de-tierra-del-fuego-con-una-empresa-china-nid08062023/

DE MENTE, Boye. Chinese Etiquette and Ethics in Business. Lincolnwood, EE.UU.: NTC Business Books, 1994.

ELEISEGUI, Patricio. «China se agiganta en Argentina: acelera su proyecto en Tierra del Fuego mientras se asegura negocios estratégicos». IProfesional, 08/06/2023, https://www.iprofesional.com/negocios/383126-china-crece-en-argentina-acelera-su-proyecto-en-tierra-del-fuego

HERTZELL, Richard. Harmony in Conflict. Taipei, Taiwan: Caves Books, Ltd., 1989.

LERENA, César Augusto. «La Enajenación de la Administración Marítima, Fluvial y Portuaria». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 16/06/2023, https://saeeg.org/index.php/2023/06/14/la-enajenacion-de-la-administracion-maritima-fluvial-y-portuaria/

MORENO CALDERÓN, Luciano R. «Para terminar con el cepo logístico a Tierra del Fuego, hay que construir un puerto de aguas profundas en Río Grande». Palsur.com.ar, 11/05/2023, https://palsur.com.ar/nota/1332/———para-terminar-con-el-cepo-logistico-a-tierra-del-fuego–hay-que-construir-un-puerto-de-aguas-profundas-en-rio-grande

PERFIL. «Empresa norteamericana invertirá US$ 500 millones para producir hidrógeno verde». Editorial Perfil, 31/05/2022, https://www.perfil.com/noticias/economia/empresa-norteamericana-invertira-us-500-millones-para-instalar-una-planta-de-hidrogeno-verde.phtml

 

 

* Julio Ferrari Freyre estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ISEN (1984) y como Diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao (1989-94), en la Embajada Argentina en la República Popular de China (1997-2003) y como Cónsul General en Canton (2011-2016). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

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LA ENAJENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y PORTUARIA

César Augusto Lerena*

Ya nos referimos tiempo atrás al emplazamiento de un puerto en Río Grande que podría servir —según la ministra de Producción de Tierra del Fuego— de apoyo a la flota china que pesca ilegalmente los recursos pesqueros argentinos César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal…”, 26/11/2022). Ahora nos enteramos de un Memorando de Entendimiento para la construcción de un puerto multipropósito en Rio Grande por parte de la estatal china Shaanxi Chemical Group que retoma un viejo proyecto que transitó por los gobiernos de Fabiana Ríos (PSP, ex ARI, 2007-2015) y Rosana Bertone (PJ, 2015-2019) y también que China estaría presionando al gobierno nacional para abrir nuevamente la licitación para “controlar” la vía fluvial Paraná-Paraguay, el canal de navegación y comercio más importante de la Argentina, conocido erróneamente como “Hidrovía”.

Ya hemos dicho que la Argentina podría buscar financiamiento extranjero (de cualquier Estado, organización de crédito o empresa) para construir puertos, remodelarlos o llevar adelante instalaciones logísticas, depósitos o cámaras de conservación; instalar astilleros o mercados concentradores y de distribución, etc., pero el Estado argentino no puede delegar en terceros la administración ni el poder de policía y defensa y, en ningún caso, habilitar el uso de los espacios marinos y/o fluviales y sus puertos, a quienes no se ajusten a la legislación nacional, realicen pesca ilegal (incluso lleven adelante trabajo esclavo, tráfico de drogas o contrabando) y/o pongan en riesgo la soberanía nacional. Ello alcanza por igual a la Administración del Atlántico Suroccidental, como a la regulación de la navegación y el comercio a través del Río Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.

Es muy entendible que el Estado pueda conceder espacios u otros beneficios a quienes se deciden invertir y realizar actividades en áreas vinculadas a los puertos para facilitar sus operaciones, sus procesos comerciales e incluso industriales y de servicios. Son comunes, por ejemplo, las concesiones destinadas a la utilización de tierras para el emplazamiento de astilleros, oficinas de control de SENASA, Aduana o despachantes, incluso las de Prefectura; silos o depósitos de todo tipo y la mayoría de la actividad industrial pesquera (incluso extranjera) se instaló originalmente en el ámbito portuario. Y, por cierto, otorgar permisos, autorizaciones y/o cuotas a empresas nacionales para la explotación de los recursos naturales.

Reitero. Todo lo que sea necesario para facilitar la producción, industria, almacenamiento, tránsito, comercio y servicios de la actividad privada es posible y hasta necesario; pero, la administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir el aprovechamiento de sus mares y ríos y por supuesto sus puertos y otras instalaciones para debilitar la soberanía nacional.

Según el portal Argentina.gob.ar (13/06/23) «a excepción de Buenos Aires, todos los puertos estatales fueron transferidos, a partir del año 1992, a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que, por vía fluvial o marítima, las une con el resto del mundo. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y municipios donde esté ubicado». Pero aún, en el espíritu privatizador del gobierno de Menem que llevó al dictado de la Ley 24.093, ésta dejó en claro (Art. 4º) que “requieren habilitación del Estado nacional todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial”; (Art. 5º) “La habilitación de todos los puertos debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo” y, tener en cuenta (Art. 6º) entre otras, la ubicación del puerto; los aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; la incidencia en el medio ambiente y afectación del puerto al comercio interprovincial y/o internacional; el control aduanero y de migraciones y, la policía de la navegación y seguridad portuaria. Es decir, en la situación de disputa e invasión territorial argentino de un total de 5.497.178 km2 por parte del Reino Unido de Gran Bretaña del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE e insular, sería un despropósito otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo —no solo de Tierra del Fuego— al Estado chino o de cualquier otra nacional, o a sociedades del Estado (como es el caso chino) o con capitales extranjeros e incluso nacionales. Esto alcanzaría, por supuesto a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas.

Dicho esto, hay que concluir que el Puerto de Río Grande como el de Ushuaia son estratégicos, por lo tanto, el gobierno nacional que se ha desentendido de los puertos al sancionar la referida Ley 24.093, debería, dentro de su Plan de Desarrollo y Soberanía Nacional (¿?) destinar los fondos adecuados para su construcción y modernización y, en todo caso, el gobierno provincial, en lugar de autorizar la explotación de los puertos a extranjeros (cualquiera sea su origen, figura jurídica o participación) podría mejorarlos con el aporte privado, en tanto y en cuanto ello no signifique delegar su administración, el control y la seguridad.

Entonces, tres cuestiones básicas deben definirse. La primera, cuáles son los fundamentos de China o cualquier otro país, para pretender administrar directa o a través de empresas vinculadas, los puertos o espacios marinos o fluviales, ya que el Estado argentino puede y tiene capacidad técnica y humana suficiente para garantizar que todas las empresas radicadas en su territorio, tengan el soporte y el debido control para que las importaciones o exportaciones se realicen en forma eficiente y eficaz y, dentro del marco de la legislación vigente. La Administración no puede ser negociable, cuando están en juego intereses superiores de la nación. La segunda, es que el Estado debe facilitar el esfuerzo económico de quien se trate y acordar claramente las condiciones de inversión o financiación y, no con la generalidad que se indican en el citado Memorando. Es decir, precisar en forma concreta la inversión y los plazos para hacerla efectiva y los beneficios directos o indirectos que recibirá la Provincia, teniendo muy en cuenta, que las condiciones que puedan establecerse entre los inversores y el gobierno, no afecten la soberanía nacional o los intereses del conjunto de los actores de la comunidad. La tercera, es que se entiende como inadmisible y es -tal cual se ventila- que terceros países u organismos puedan fijar la política del Estado Nacional en materia de inversiones, adjudicación de licitaciones o concesiones y/o administración de los negocios en Argentina. Los argumentos que se utilizan en el Memorando que la cesión podría aumentar las exportaciones nacionales, es extorsivo y, si bien, cualquier negocio suele ir acompañado de presiones, es gobierno argentino, quien debe establecer el límite, teniendo la balanza comercial, pero, sobre todo, la soberanía política nacional.

Por ejemplo, en el caso de la administración del Río Paraná, es un argumento poco serio que se requiera contar con el control de esa vía para asegurar que “el dragado sea lo suficientemente amplio para los buques”. Eso lo debe garantizar el Estado argentino y, por cierto, si no lo hiciese, estaría dificultando el comercio; pero, más allá de asegurar la navegación y el tránsito de mercaderías, la vía debe administrarse para favorecer el desarrollo regional. Una cosa es adjudicar a terceros el dragado, donde en lugar de resolver una supuesta falencia del Estado se regalan recursos económicos a empresas extranjeras y, otra cosa, es ceder la administración general de la vía; el poder de policía y la política de desarrollo de las provincias del litoral.    

Sobre el Memorando de Entendimiento firmado el 16/8/22, ratificado el 7/12/2022 por el gobierno de Tierra del Fuego con la Provincia Shaanxi de China recientemente ingresado (5/6/23) a la legislatura provincial, el secretario de Asuntos Internacionales de la Provincia Andrés Dachary manifestó (Youtube, 2/6/23, 2.07m): «China propuso la construcción de un puerto, pero esto no se aceptó. Nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con los puertos y la infraestructura estratégica, primero deben asignarse al sector público y en el caso del sector privado a empresas nacionales»; sin embargo, de la lectura del Memorando surgiría «la construcción de un puerto multipropósito, junto a una planta química y una central eléctrica», una inversión estimada en 1.250 millones de dólares por parte de empresa de la citada china. Un proyecto de “cooperación” para la producción de un millón de toneladas de químicos en la Provincia y, la construcción en el área de Río Grande de una central eléctrica de 100 MW; una planta de producción de 900 toneladas de urea; 100 mil toneladas de glifosato y 600 mil toneladas de amoníaco sintético y una “terminal portuaria multipropósito con recinto interno con una capacidad para atender buques de unas 20 mil toneladas”, lo que estaría demostrando, la importancia de la obra.

Este puerto, al igual que cualquier iniciativa de este tipo en Ushuaia, debería ser rechazada sin más, ya que dejaría al acceso de China la Antártida y el control de los pasos al Pacífico y el Indico. Las propias declaraciones del propio gobernador Gustavo Melella, al rubricar un convenio estratégico junto al representante legal de Powerchina, Tu Shuipin, para el desarrollo de proyectos energéticos en Tierra del Fuego, lo ratifican: «Tenemos varios desafíos, y se debe a nuestro posicionamiento estratégico, porque somos la puerta de entrada a la Antártida» (Ushuaia24.com, 19/9/2022). El espejo de lo que piensa China que; además, tiene interés en esta región marítima, no solo porque el control de Canal de Panamá se encuentra en manos de Estados Unidos, sino también por la importante presencia de buques chinos que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental y requieren de apoyo logístico.

En el Memorando, se observan una serie de promesas imprecisas: «impulsar activamente a las empresas chinas a invertir en Tierra del Fuego, sumar a la fortaleza en materia científica y tecnológica, esforzase por aumentar el valor agregado a los recursos energéticos locales, contribuir al desarrollo económico de Tierra del Fuego (…) generar tantos puestos de trabajo como sean posibles (…) intercambios tangibles entre ambas provincias (…) implementar la nueva filosofía corporativa de protección ambiental». Chan-chan. Expresiones de voluntad que no precisan absolutamente nada. Habría que comenzar por decirles a los chinos que sus empresas pesqueras radicadas en la Argentina agreguen valor y mano de obra argentina a los productos pesqueros que exportan y dejen de pescar los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur, con ello solo la Argentina dispondría de varios miles de millones de dólares por año para producir el más importante desarrollo de Tierra del Fuego.

En el Capítulo 3 del Memorando, las partes se comprometen a “resolver adecuadamente los problemas remanentes de la Inversión original, con el fin de desarrollar nuevos proyectos” y en este tema, que no se detalla, deberían dar precisiones, además del Gobernador Melella, las ex gobernadoras Ríos y Bertone y, la propia legislatura provincial, porque -según se ventila- estarían en danza 30 millones de dólares que ya habrían sido adelantados por la empresa estatal china al gobierno fueguino en concepto de pago de regalías de gas (Ley 774, 23/12/2008. “Acuerdo de gas entre la provincia de Tierra del Fuego y la Empresa Tierra del Fuego Energía y Química”). El gobierno además se comprometería a actuar de “gestor del proyecto”, el que estaría alcanzado por los beneficios fiscales de la Provincia y, ambas partes se comprometen a “seguir” colaborando en la “cooperación pragmática” (¿?).

La revista británica “The Economist” publicó que «China invirtió en los últimos 20 años más de 20 mil millones de dólares en comprar o ampliar más de 100 puertos en 50 países». Que lo digan los ingleses, es una confesión de parte, ya que los británicos a través de la “Comunidad de las Naciones” tienen puertos estratégicos en todo el mundo, entre ellos en Malvinas y Georgias del Sur y, van por más, ya que bajo el pretexto de cuidar los mares y sus recursos, extendieron “el cinturón azul” a 50 Áreas de Conservación Marinas bajo su control (FIS, SeafoodMediaGroup, 9/1/2016) con lo que alcanzaron un control de millones de km2 y recursos muy superiores a los de la pequeña isla del Reino Unido de escasos 243.610 Km2.

No se conoce, si una eventual construcción de un puerto en Río Grande por parte de empresa estatal china dejaría sin efecto el otro que en la misma región promovía la ministra de Producción Castiglioni, quién refirió (RevistaPuerto, 24/11/2022) que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…» quien a pesar de manifestar que no había capitales reconoció que «una de las empresas inversoras es de Hong Kong, además del ANSES y que, la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales (…) el puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar» y, remató, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos, porque Tierra del Fuego carece de capacidad cierta de control en el mar.  

Muchas veces la falta de una política nacional clara y la desesperación por hacer una Provincia sustentable, menos dependiente de los beneficios fiscales, no es la mejor consejera. Entregar la administración del puerto de Río Grande a extranjeros atentará contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego. El Río Paraná, por su parte, debe transformarse en un instrumento de desarrollo del litoral, cuya estrategia debe estar en manos de los argentinos.   

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).