En artículos recientes (César Lerena “Capaciten al Subsecretario de Pesca”, 10/04/2023 y “El modelo pesquero atrasa 50 años”, 22/04/2023) mostramos con la más absoluta crudeza las pésimas políticas pesqueras y relativas a Malvinas que se llevan a cabo en la Argentina. Ahora, cuando se trata de erradicar o minimizar la pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental no podemos dejar de hablar de las igualmente reprochables políticas que lleva adelante los responsables de la Pesca en la República hermana del Uruguay.
Me referiré a ello en mi doble condición de heredero de la sangre oriental y preocupado por la sostenibilidad de las especies en el Atlántico Suroccidental, algo que debería preocuparle a argentinos y uruguayos por igual.
Desde hace muchos años que escribimos artículos relativos a la necesidad de que los rioplatenses elaboren acuerdos destinados a mejorar la administración del Atlántico Suroccidental y combatir le pesca ilegal (INDNR); práctica que atenta contra la soberanía de ambos países, sus economías y la sostenibilidad del ecosistema. La falta de interés del gobierno argentino —el principal responsable— y lo que entendemos una errónea política en esta materia del Canciller Francisco Bustillo y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos, nos llevó el pasado 20 de febrero de 2023 a escribir “Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas”.
Aquí dijimos que en la reunión informada por la Cancillería (IP 067/23) se habían reunido los ministros Bustillo y Cafiero sin que se hablase de las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay Lacalle Pou que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas. Tampoco se refirieron los Cancilleres a que cuatro diputados de la coalición de gobierno trataron en Malvinas con los isleños cuestiones relativas a su autodeterminación, la pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones relativas a la soberanía Argentina. El diputado Felipe Schipani propuso en esa ocasión: “incrementar el intercambio comercial con las Falklands” (Penguin, 10/02/2023) refiriéndose así a las Malvinas Argentinas como ningún otro país de habla hispana.
También denunciamos que más de 700 buques extranjeros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente (INDNR) recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa, violando —Uruguay— las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, etc., que inicialmente el ex presidente Pepe Mujica había cumplido. Lo que ocurre en el citado puerto viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO relativas a la pesca ilegal (INDNR) y, los artículos 74º, 80º y 82º del Tratado del Río de la Plata. Las declaraciones uruguayas en favor de la soberanía argentina, se han convertido en una retórica sin ningún efecto cierto.
En esa misma ocasión dijimos, que por la Res. de la UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, los Cancilleres rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas.
Uruguay ha mostrado su intención de quebrar la unidad comercial del MERCOSUR y Brasil y Argentina han debido intervenir para oponerse al intento del presidente del Uruguay de establecer un Acuerdo de libre comercio con China (La Nación, 15/07/2022); cuestión que en estos últimos días el Canciller Bustillo declaró que existen avances significativos en este sentido, cuyas consecuencias, entendemos, serían gravísimas para ambos países, ya que se provocaría una invasión comercial de China en la región y la consolidación de la más importante flota pesquera del mundo que hoy pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental y Pacífico Sur. Para que esté ocurriendo ésto, no se avanzó en la integración rioplatense, cuando en 1960 en Montevideo se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI y tampoco, el MERCOSUR.
Por cierto, las políticas llevadas por la Argentina respecto a Malvinas han sido claudicantes y muchas veces los uruguayos le han enrostrado al gobierno nacional ser los primeros que no defienden sus intereses, tal es el caso de la actual Secretaría de Malvinas que no ha hecho otra cosa de intentar promover el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros, sin llevar adelante ninguna política activa para dar cumplimiento a la Constitución Nacional. Ahora mismo, “el buque reefer Nova Florida de bandera de conveniencia de Bahamas que levanta el calamar illex que pescan los chinos fuera de la milla 200 carga víveres e insumos en Mar del Plata” y “esta flota que opera a 10 mil millas de sus puertos, es sustentable debido al apoyo logístico que tanto el Reino Unido como Uruguay le prestan”, denunció Pescare (24/04/2023). Una lamentable ineptitud e irresponsabilidad de los secretarios de Malvinas, Pesca y Puertos de Argentina.
En 2018 dijimos (César Lerena “El Atlántico Sur enajenado”, 14/07/2018) que desde hace años pueden verse cientos de buques con licencia ilegal de los británicos para pescar en Malvinas o barcos que capturan especies migratorias o asociadas de la ZEE Argentina, a punto tal, que en 2015 operaron en Montevideo 359 buques extranjeros y, un año después, se creó la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE), constituyéndose este puerto en el apoyo logístico más importante del Atlántico Sur de los buques que depredan el mar Argentino, que se efectiviza en recambio de combustible; reemplazo de tripulaciones; transbordo de las capturas; armado y reposición de alimentos; incorporación de insumos y, reparación de los buques, etc.; representando para ese país un ingreso de 300 millones dólares anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/2011), que debería ser tenido en cuenta a la hora de los eventuales acuerdos entre Uruguay y Argentina.
También recordamos (César Lerena “El Atlántico Sur. Una Zona de Paz y Cooperación en conflicto”, 04/11/2020) que los tres Estados ribereños de América del sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” y que ésta es el ámbito adecuado para tratar también, cuestiones relativas al narcotráfico, trabajo esclavo, contrabando y crimen organizado. Temas en que la Argentina debiera acordar muy especialmente con el Uruguay, respecto al apoyo a buques pesqueros asiáticos (chinos, coreanos y taiwaneses) que llegan a sus puertos; pero, también los casos de buques españoles que capturan ilegalmente en Malvinas, porque tanto España como Uruguay han reconocido la soberanía argentina de Malvinas y están en conocimiento de la resolución de no innovar de las Naciones Unidas 31/49 de 1976. En Luanda y Montevideo se abordaron algunos temas centrales, tales como la cuestión de Malvinas, el Derecho del Mar y, la pesca ilegal (INDNR); cuestiones que no parece prestarle atención el gobierno de Uruguay.
Todo transcurre con un alto grado de autismo de ambos gobiernos, en un contexto donde la voracidad de los países desarrollados no tiene en cuenta la estupidez, ya que vienen por nuestros recursos sin contemplación.
En este escenario, días pasados, el Director del DINARA Jaime Coronel (Radio Sarandí, 29/03/2023) refiriéndose a la seguridad del puerto de Montevideo y de la pesca ilegal manifestó que, a él como a los veterinarios, les gusta “cortar y separar” y más allá de que ello no sea cierto, porque la función principal de esa profesión en cualquiera de sus campos (sanidad, producción, salud pública) es preventiva y no de cirugía, en las cuestiones relativas al control de la pesca ilegal (INDNR) hay que aplicar enérgicamente las políticas internacionales, regionales y nacionales destinadas a erradicar un flagelo que le extrae a Latinoamérica y el Caribe recursos naturales del orden de los 20 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos y quitándoles competitividad a las empresas de los Estados ribereños.
El citado director no puede manifestar que “el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal (INDNR) porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales”. La revisión de las bodegas no es una forma suficiente e idónea para determinar el origen y trazabilidad, en especial cuando las capturas no están controladas. No hay trazabilidad posible, a los efectos de certificar la pesca legal, sin control presencial en el origen. Así y todo, todos los buques que pescan en Malvinas hacen pesca ilegal porque, como he dicho y seguramente el Coronel sabe, las islas Malvinas son un territorio argentino y sus recursos argentinos. Por lo tanto, cada vez que se desembarcan en Montevideo u otro puerto uruguayo productos originados en Malvinas se está desembarcando o transbordando productos de la pesca ilegal apropiado a la Argentina.
Respecto a la captura en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE argentina (y también uruguaya) es ilegal (INDNR) por más de 40 causales, pero básicamente por tres cuestiones previstas en la CONVEMAR que quienes capturan en alta mar no cumplen:
El Estado de pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca (Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss., CONVEMAR) y, si solo lo hace mediante sistemas satelitales, estos no son suficientes para precisar si el buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si este aplica la legislación del país de origen (descartes, etc.); si el personal trabaja en forma esclava y/o trafica droga, etc.;
La sostenibilidad en la integridad que refiere la CONVEMAR no se puede obtener sino se efectúan en alta mar (y en relación a la ZEE) los estudios e investigaciones pertinentes para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º, 197º, 200º, 201º, 255º, 257º y ss., CONVEMAR); lo que provoca, que no solo la pesca en alta mar insostenible sino también la ZEE. Aquí aplica el principio precautorio, porque la pesca en alta mar, sin estos parámetros básicos, no se puede realizar sin depredar, menos aún, cuando no hay control del Estado de pabellón como hemos indicado y,
Los Estados Miembros deben tener presente que su pesca en alta mar y la ZEE no afecte los intereses de terceros Estados (Preámbulo y Art. 59º, 87º, 116º a 118º, CONVEMAR); por lo tanto, si no hay acuerdos entre los Estados, cuando en alta mar se pesca sin control, sin conocer los stocks y sin acuerdos con los Estados ribereños, la pesca es ilegal (INDNR).
Manifestar, como dice Coronel, “que la ciudad flotante no va toda a Montevideo” (sic) es un sincericidio, donde este funcionario reconoce, que gran parte de esa flota desembarca en Montevideo y nosotros agregamos: y otra parte de la flota hace transbordo en alta mar, que es una de las formas más habituales para realizar pesca ilegal, reconocida por los expertos y las organizaciones relativas al mar y la pesca. Además de omitir este funcionario, que por la CONVEMAR la Argentina y en su caso Uruguay, tiene derechos sobre la plataforma continental extendida hasta las 350 millas marinas, de modo que utilizar redes de arrastre de fondo sin permiso del Estado ribereño constituye igualmente pesca ilegal.
Respecto a la seguridad del puerto de Montevideo, el experto oceanográfico Milko Schvartzman acaba de denunciar que “Uruguay encubre los casos de denuncias de abusos a Derechos Humanos y muerte a bordo en pesqueros extranjeros. Desde enero de 2023 la Administración Nacional de Puertos no registra los incidentes a bordo y el Registro de Arribos de acceso público fue alterado para encubrir estos casos. Uruguay es el único puerto de Suramérica en recibir masivamente embarcaciones extranjeras de pesca ilegal y abuso a los Derechos Humanos” (Twitter, 24/04/2023) y de tener hasta diciembre de 2022 todos los registros históricos, ahora solo estarían disponibles a terceros los últimos noventa días.
Tres cuestiones indicadas por el director en la entrevista que le realizara la radio citada son altamente preocupantes. La primera, es el Tratado de Libre Comercio con China, por las razones ya apuntadas. La segunda, que este agente entiende que una herramienta idónea para resolver el problema es la creación de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), lo que podría interpretarse como un apoyo a la injerencia de terceros países, entre ellos el Reino Unido, en el Atlántico Suroccidental, ya que estas organizaciones se integran con todo Estado que tenga interés en pescar en la región los recursos que son mayoritariamente originarios de las ZEE de los Estados ribereños, en este caso de Argentina, Brasil y Uruguay. La tercera, es que en Uruguay se estaría estudiando un proyecto que destinaría la anchoíta para la fabricación de harinas, lo que sería una pésima política de aprovechamiento de los recursos proteicos, contrario a lo establecido en los artículos 74º, 80º y 82º del Tratado del Río de la Plata y absolutamente antagónico a lo resuelto por la Provincia de Buenos Aires (Res. 9/04 SSAP) —con quien Uruguay comparte la Zona Común de Pesca— que prohíbe la reducción a harina de la anchoíta y dispone su industrialización en forma exclusiva para consumo humano y, de hecho, al margen del mercado interno, la Argentina exporta este producto a España; Estados Unidos; Francia; China, etc. Es obvio, que tratándose de un recurso transzonal y, existiendo un extraordinario Tratado, que ha permitido a ambos países realizar las investigaciones pertinentes, compartir y conservar sus recursos, en un proceso de consulta e interacción entre los gobiernos y los empresarios, Uruguay no podría hacer otra cosa que aprovechar debidamente este recurso y trabajar en conjunto con la Argentina, en la política de darle el mayor valor económico y nutricional a esta importante especie, que Uruguay no ha logrado aprovechar adecuadamente.
Respetuosamente entiendo, que las Autoridades pesqueras de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo prescripto en la Ley 19.175/13 que en el artículo 1º «reconoce que la pesca es una actividad que fortalecen la soberanía territorial y alimentaria de la nación»; el 3º donde expresa su interés «en las áreas adyacentes de jurisdicción nacional»; el 16º que refiere a la aplicación de criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen» y, muy especialmente, los artículos 76º a 79º que califica como grave la pesca ilegal (INDNR), que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las especies.
Nosotros entendemos que es necesario trabajar para llegar a una política común rioplatense con los acuerdos económicos adecuados entre ambos países para ampliar el Tratado del Río de la Plata y, en forma inmediata, Uruguay debería cancelar todo el apoyo logístico a los buques extranjeros que realizan pesca ilegal (INDNR) en alta mar y Malvinas y, al mismo tiempo, ambos Estados realizar las negociaciones necesarias para facilitar las operaciones de los grandes buques, el comercio, el control aduanero, la reducción de costos, el resguardo del acceso al Río de la Plata y el transporte en el Atlántico Sudoccidental. Ya es conocido, que nosotros propiciamos un protocolo complementario del MERCOSUR que permita llevar adelante un Mercado Común Pesquero (MERCOPES) integrado por Argentina, Brasil y Uruguay para buscar la eliminación o reducción de la pesca ilegal (INDNR) en la FAO 41.
«No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G. Artigas).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
Si a una persona calificada de “pobre”, porque sus ingresos no le permiten acceder a la Canasta Básica Total o, de “indigente”, porque sus ingresos no le alcanzan para adquirir los productos de la Canasta Básica Alimentaria, como condición para otorgarle un Plan Social se le exige realizar determinadas tareas y/o capacitarse; cuánto más debería estar capacitado un funcionario de alta jerarquía dentro del Estado Nacional para ejercer la función que se le asigna. Este es el caso del Subsecretario de Pesca Carlos Liberman quien declaró, que «no hay pesca ilegal en Atlántico Sur y la pesca en alta mar es legal», que debería capacitarse para seguir ocupando la función asignada, ya quesi no sabe que en el Atlántico Suroccidental HAY PESCA ILEGAL (INDNR), nunca podrá elaborar una estrategia destinada a terminar con un flagelo que afecta a la Argentina —desde hace al menos 47 años— en su soberanía política, económica, biológica, alimentaria y en su desarrollo territorial. ES MUY GRAVE LA FALTA DE APTITUD Y ACTITUD.
En marzo de 2023 (Urgente 24, 30/03/2023) este Subsecretario «negó las denuncias de pesca ilegal en el Mar Argentino y afirmó que desde 2020 no se capturan buques extranjeros»; negó, dice este medio «las denuncias de supuesta pesca ilegal y depredación en el mar argentino. Declaró que no existe tal depredación y pesca ilegal en el Atlántico Sur… el funcionario nacional puntualizó que si bien más allá de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) hay habitualmente una gran cantidad de buques de diversas nacionalidades… ocurre que el Estado Argentino violaría el Derecho Internacional y su propia Ley Nacional de Pesca si sale a capturar buques más allá de la milla 200…enfatizando que no se capturan buques extranjeros dentro de las 200 millas de aguas argentinas desde el año 2020, donde se capturaron tres buques (y) también, se modificó la Ley de Pesca para incrementar las sanciones para cualquier buque que se anime a ingresar ilegalmente a nuestras aguas…”
Cualquier lector o escucha desprevenido podría admirar la “encomiable tarea” de este funcionario para evitar la pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur. Lo malo,es que se le han “animado” varios y que son erróneas sus declaraciones, tendenciosas y altamente perjudiciales para el reconocimiento de la soberanía argentina en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), la Antártida y las aguas argentinas correspondientes y, para la discusión de los derechos argentinos (y de todos los Estados ribereños) sobre la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE y viceversa. Además, que la pesca ilegal (INDNR) también ocurre dentro de la ZEE cuando se descarta pescados al mar, violando —entre otros— el artículo 21º inc. m) de la Ley 24.922 que rige desde 1998 en Argentina.
Declarar, como declara este agente del Estado que, por delegación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca ejerce la Autoridad de Aplicación y preside el Consejo Federal Pesquero (quién debe fijar las políticas pesqueras), que «no existe tal depredación y pesca ilegal en el Atlántico Sur» es una demostración acabada de la ignorancia supina e irresponsabilidad funcional inaceptable del subsecretario. Contrariamente a lo que manifiesta SI EXISTE PESCA ILEGAL (INDNR) EN EL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL. Aun así, “la ignorancia de las leyes no lo excusa de su cumplimiento”.
Que además declare que «desde 2020 no se capturan buques extranjeros en la ZEE» no evidencia una virtud, sino más bien un defecto, que pone de manifiesto aún más su desconocimiento en la materia.
La cuestión tiene dos lecturas. La primera: gravísima, estaría dando a entender que este “Servidor Público” (no un ciudadano de la calle) desconoce que Malvinas y sus aguas están ubicadas dentro del “mar argentino” y dentro del Atlántico Sur y, donde todos los años, los británicos a través de licencias ilegales extraen 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por un valor de unos mil millones de dólares y, unos 6 mil en el valor final de comercialización. No considerar ilegal esta pesca es desconocer la Ley 24.922, los derechos argentinos sobre esos territorios insulares y marinos (con la gravedad que ello significa); la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la Resolución de la ONU 31/49 que, desde el año 1976 precisó que el Reino Unido de Gran Bretaña no debía innovar en los territorios ocupados, cuestión que ocurre, no solo por la explotación de los recursos naturales y la militarización de las islas, sino también por el avance territorial marino que, desde los 11.410 km2 ocupados en 1982, hoy alcanza a 1.650.900 km2 de territorio insular y marino; sin computar la disputa sobre la plataforma continental extendida y la Antártida, que llevarían estos km2 a unos 5.497.178. SI EXISTE PESCA ILEGAL (INDNR) EN EL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL y no reconocerlo un funcionario jerárquico implica debilitar los derechos sobre Malvinas; violar la Constitución e incumplir sus obligaciones como funcionario público, por la no ejecución de las leyes 24.543; 24.922; 26.386 y 27.564, ya que no aplicó sanción alguna a los buques que pescan en esa área sin las habilitaciones previstas en la legislación vigente; donde, España, por ejemplo, aun reconociendo la soberanía argentina en Malvinas, pesca con bandera española o asociada a isleños británicos con bandera ilegal, facilitando el ingreso de sus capturas a la Unión Europea sin abonar aranceles, pese al Brexit que significó la salida del Reino Unido de la Unión. Algo que habría que analizar si no ocurre también con las empresas radicadas en la Argentina.
La segunda: Sus declaraciones respecto a la pesca en alta mar, a la que considera legal, parten del error que, siendo la pesca en alta mar librepuede ser depredadora, y dice: que nada tendría que hacer él porque no tiene jurisdicción y no podría apresar buques más allá de las 200 millas. Ignora que a la libertad de pesca en alta mar se le establecen condiciones en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Este error, no es solo de este agente público, sino de varios otros, como el secretario de Malvinas Guillermo Carmona y distintos jefes de las fuerzas armadas y seguridad, encargados del control del mar argentino e, incluso, legisladores nacionales originarios de las provincias del litoral marítimo, cuyos representantes integran el Consejo Federal Pesquero y son, quienes deberían elaborar una estrategia en esta materia.
Para ayudar a entender al Subsecretario qué es la pesca ilegal (INDNR) deberíamos indicarle primero qué es una especie migratoria y para ello podría leer a los científicos del INIDEP Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche (“La ruta de migración del langostino patagónico” Informe Técnico Oficial 7/12 del 03/04/12), que definen: «El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…» cuyo ciclo biológico no se cierra si hay depredación en alta mar. Para entender un poco más sobre la pesca ilegal (INDNR) en alta mar podríamos recomendarle nuestro trabajo (“Pesca ilegal y expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe, 237 pág. 2023) aunque, para evitarle este “rollo”, nos referiremos sucintamente a la pesca ilegal (INDNR) en alta mar de las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina o viceversa.
Habría que empezar por decir, que la CONVEMAR está destinada a dar sostenibilidad a las especies marinas (“la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la conservación de sus recursos vivos”, dice la Convención) a través de un tratamiento integral del recurso (“Conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”, dice la Convención) y, ejercer prácticas equitativas que cuiden los intereses de los Estados emergentes (“un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo”, dice la Convención). Estas cuestiones quienes las ponen en duda, cuando, a pesar de que muchas especies son migratorias, en la ZEE se regula la pesca con rigurosidad; pero, una vez que transpone la línea jurídica de las 200 millas “la pesca en alta mar es libre”. Si así fuese, la CONVEMAR habría privilegiado la delimitación territorial por sobre el cuidado biológico de las especies. Sería un absurdo biológico, una interpretación jurídica con “cero rigor biológico”, que atacaría la sostenibilidad y omitiría reglas que la Convención destina a quienes pescan en alta mar: se podrá pescar libremente, pero sin afectar el recurso y, en especial, los intereses de terceros, que se podrían agotar —tratándose de un único ecosistema (Alta mar-ZEE)— sino se regula integralmente, con equidad y responsabilidad social empresaria.
El Anexo I de la CONVEMAR refiere a las especies “altamente migratorias”, y no a las “migratorias” y sobre ambas no hay una sola definición en este cuerpo regulatorio, tampoco en el llamado “Acuerdo de Nueva York” que Argentina no ratificó, ni en las normas de la FAO. El Anexo incluye en su mayoría a atunes y a ninguna de las principales especies argentinas. Ello no puede ser casual, porque, bien sabe el Reino Unido, que numerosas especies del mar continental argentino migran al área de Malvinas y son capturadas en esta. Ni siquiera está el “Bonito”, tipificado “Atún Argentino”, aunque los desembarques locales sean insignificantes (15 toneladas, 2021). La CONVEMAR, tuvo que ser aprobada por consenso (todo o nada), pese a lo cual, la Argentina en el Art. 2º de la Ley 24.543 consideró insuficiente el tratamiento dado en ésta a los recursos “altamente migratorios”. Ya el autor intelectual argentino de esa observación tuvo en claro que, entre otras cosas, no se podía regular sobre los “recursos altamente migratorios” y/o “migratorios”, sin proceder previamente a definir su alcance terminológico. El hecho de estar en el Anexo I no define ello y, además, muchos autores entienden, que hay un importantísimo número de especies que no han sido incluidas en ella, muchas de las cuales, sostienen estos, transitan más distancia en sus ciclos migratorios que varias de las especies incluidas.
También sostenemos, que el Subsecretario a partir de desconocer que hay pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur, no habría dado un solo paso para cumplir con lo prescripto en el Artículo 2º de la Ley 24.543 que reza: «El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin». Han transcurrido 28 años desde la sanción de esta ley sin acción alguna. Además sostenemos que, EN LAS CONDICIONES QUE SE REALIZA LA CAPTURA EN ALTA MAR EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL LA PESCA ES ILEGAL (INDNR) y, aunque haya más de 40 razones para calificarla de esta manera, bastaría solo con tener en cuenta tres cuestiones básicas: 1) el Estado de pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca (Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss, CONVEMAR) y, si solo lo hiciese mediante sistemas satelitales, estos no son suficientes para precisar si el buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si este aplica la legislación del país de origen (descartes, etc.); si el personal trabaja en forma esclava y/o trafica droga, etc.; 2) la sostenibilidad en esa integridad que refiere la CONVEMAR no se puede obtener sino se efectúan en alta mar los estudios e investigaciones para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º, 197º, 200º, 201º, 255º, 257º y ss., CONVEMAR); lo que hace, que no solo la pesca en alta mar sea insustentable e insostenible sino también la ZEE. Aquí el principio precautorio aplica, porque en la actualidad la pesca en alta mar, sin estos parámetros básicos, no se puede realizar sin depredar, menos aún cuando no hay control del Estado de pabellón como hemos indicado; 3) los Estados Miembros deben tener presente que su pesca en alta mar y la ZEE no afecte los intereses de terceros Estados (Preámbulo y Art. 59º, 87º, 116º a 118º, CONVEMAR); por lo tanto, si no hay acuerdos entre los Estados, cuando en alta mar se pesca sin control, sin conocer los stocks y sin acuerdos con los Estados ribereños, la pesca es ilegal (INDNR). En alta mar se depreda y eso tiene implicancias en la ZEE y el ecosistema.
Antes de finalizar, no podemos admitir (y menos las autoridades) que en las áreas recomendadas por los técnicos de la ONU de la plataforma continental más allá de las 200 millas, se tolere la pesca ilegal (INDNR) que ocurre y donde el Subsecretario no ha tomado nota alguna. Para ratificar mi opinión, ya expresada en distintas oportunidades, me apoyo en la reciente entrevista (Revista Puerto, 05/04/2023) al ex director del INIDEP Otto Wohler, donde refiere que en la plataforma extendida: «Es una pesca no regulada, no sabemos hasta qué punto no declarada y en parte también es ilegal, cuando se pesca con arrastreros en las zonas reconocidas a Argentina por la ONU. Nuestra opinión es que la pesca es ilegal cuando se opera sobre los fondos marinos, porque se requiere un permiso de pesca que esa flota no tiene, porque esos fondos son propiedad del Estado y cuando se opera con arrastre de fondo se vulnera la fauna bentónica sésil… En esa zona se pescan aproximadamente 50 mil toneladas de merluza, 4 mil toneladas de abadejo, que es más que lo que pesca Argentina dentro de la ZEE y la captura de merluza negra también es muy significativa». Aquí tampoco el Subsecretario recuerda que HAY PESCA ILEGAL (INDNR) EN EL ATLÁNTICO SUR. La plataforma extendida es un territorio de jurisdicción argentina.
Además de lo dicho y para finalizar, Liberman ha sido de los peores subsecretarios desde el desarrollo industrial. Recordando que además de “Pesca” el subsecretario es responsable de la “Acuicultura” y, mientras en el mundo el 50% de la producción comercializable se obtiene de mariculturas y acuiculturas, en la Argentina no supera el 1%. Ello solo hubiera significado -al menos duplicar las exportaciones y, aumentar el consumo interno que es, el más bajo de Latinoamérica. La exportación pesquera en dólares está en uno de los niveles más bajos del último quinquenio; se ha producido la concentración y desnacionalización más importante empresaria de la actividad pesquera de todos sus tiempos, donde el 70% de las exportaciones está en manos de 20 empresas y de ese 70% el 70% son empresas extranjeras. Además de exportarse un 60% de las materias primas sin valor agregado y reducirse notablemente el empleo registrado; etc. Pero esta cuestión merecerá un artículo aparte.
La ignorancia, somete a los pueblos a la colonización y a la expoliación sus recursos esenciales.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
Artículo publicado en la Revista Puerto, 10/04/2023.
En la actualidad, en este año de 2023, el mundo se encuentra ante una peligrosa confrontación que ha demostrado que la Guerra Fría no ha terminado a pesar del derrumbe del Muro de Berlín en 1989 y de la implosión de la URSS en 1991.
La desintegración de la URSS implicó la inmediata disolución del Pacto de Varsovia, organización militar creada en 1955 para contrarrestar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) instituida por las potencias occidentales, específicamente por Estados Unidos y el Reino Unido, en 1949.
Respecto de estos dos Estados, cabe mencionar que durante la II Guerra Mundial ya habían celebrado acuerdos para el desarrollo tecnológico y de inteligencia con la intención de descifrar el «Código Enigma» utilizado por Alemania, en el que trabajó Alan Turing aunque había sido también descifrado por criptoanalistas polacos. Este trabajo en conjunto dio origen, en 1946, al tratado UKUSA (UK + USA) cuyo propósito era —y sigue siendo— recolectar información de inteligencia. Este tratado luego se amplió con la adhesión de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, dando paso a un acuerdo sumamente secreto de recolección de información global denominado Five Eyes («Cinco Ojos») por los cinco miembros de países angloparlantes. Esto luego dio origen a la red de espionaje global conocida como Red Echelon (1972), utilizada también para favorecer a empresas estadounidenses frente a las europeas en la competencia económica y comercial global. La red fue denunciada por un agente en sus orígenes y en 1998 por un periodista, dando lugar a la intervención del Parlamento Europeo en 2000.
Esta estructura conformada por satélites y bases de recolección terrestre diseminadas por todo el mundo cubre todo el planeta y si bien tiene acuerdos con otros países, se mantiene hermética: solo pertenecen a ella los cinco países anglófonos mencionados. Esto es lo que hoy se denomina «angloesfera», la cual intenta predominar hegemónicamente sobre el resto de la comunidad internacional.
A diferencia del Pacto de Varsovia, la OTAN no se ha disuelto tras la implosión de la URSS. Por el contrario continúa ampliándose.
Al abordar los conflictos de los principales escenarios regionales nos permite, de alguna manera, armar el escenario global, determinar los actores y comprender el entramado que hay tras ellos. De tal modo que, como si se tratara de piezas de un rompecabezas, podremos comprender cómo juegan los actores en el escenario global.
Escenarios regionales
Escenario de Europa del este
En 1991 se le había prometido a Mijail Gorbachov que la OTAN no se expandiría sobre el espacio postsoviético. Vladimir Putin siempre mantuvo que la Alianza no estaba cumpliendo con dicha promesa. En 2007, en la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich, Putin arremetió contra Estados Unidos y advirtió del «peligro» de sus «acciones unilaterales». En una entrevista que la ex canciller de Alemania Angela Merkel le brindó al medio alemán Zeit dijo que en su momento pensó que el inicio de la adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN, discutido en 2008, no era apropiado ya que «los países no tenían los requisitos previos necesarios para esto, ni se pensó completamente qué consecuencias habría tenido tal decisión, tanto en lo que respecta a las acciones de Rusia contra Georgia y Ucrania como a la OTAN y sus reglas de asistencia. Y el acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de darle tiempo a Ucrania»[1]. Esto último de «darle tiempo a Ucrania» es lo que ha llevado a que algunos analistas consideren que se le otorgó tiempo para que se prepare militarmente y fue una expresión que no ha caído bien en Rusia. Quizás se haya referido a darle tiempo a que se presentaran las condiciones para el ingreso de Ucrania a la OTAN pero lo cierto es que Occidente venía interviniendo en Ucrania desde la denominada «Revolución Naranja» (2004-2005), injerencia que se incrementó en 2014 mediante el «Maidán» (2013-2014), nombre asignado a un conjunto de manifestaciones y disturbios pro occidentales que derivaron en el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich.
La realidad es que no se dio cumplimiento a los Acuerdos de Minsk, dos pactos que se firmaron en 2014 y 2015 para poner fin a la guerra en el Donbass, en el este de Ucrania, país que siguió bombardeando a sus provincias separatistas. Es por esto que, desde esta perspectiva, es un error considerar que la guerra de Ucrania comenzó con la denominada por Rusia «Operación Militar Especial» el día 24 de febrero de 2022. En verdad, el conflicto comenzó antes.
Con respecto a la promesa que se le había formulado a Gorbachov, el actual secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que una promesa de este tipo «nunca se hizo», lo cual ha sido desmentido por la revista alemana Der Spiegel que desveló un documento que confirma que la OTAN prometió en 1991 no expandirse hacia el este[2]. El artículo publicado el 18 de febrero de 2022 bajo el título «La OTAN no se extenderá ni formal ni informalmente hacia el Este», cita el documento con las palabras del representante de Estados Unidos, Raymond Seitz, en esa ocasión. Ese documento es al que durante décadas se ha aferrado Rusia para afirmar que «la expansión de la OTAN hacia el este violó los compromisos de Occidente tras la caída del Muro de Berlín. Ahora ha aparecido un documento notable».
Como puede apreciarse, este documento fue desvelado por Der Spiegel antes de que Rusia diera inicio a la que denominó «Operación Militar Especial», cuyo objetivo es «defender los intereses y la seguridad de la población de Donbass y la integridad territorial de la Federación de Rusia».
Podrá argumentarse que ese documento secreto no implicó ningún acuerdo o tratado escrito pero no es ajeno a nosotros que tanto Estados Unidos como el Reino Unido son propensos a no cumplir lo que firman (o prometen).
Putin advirtió en numerosas ocasiones que evitaran la expansión de la OTAN pero la angloesfera, la que estuvo detrás de las denominadas «revoluciones de colores» y de la «Primavera Árabe», impulsó la mencionada «Revolución Naranja» y luego la crisis del Maidán, que incrementó la violencia en marzo de 2014 con la determinación de Rusia de anexar Crimea y que luego se profundizó con el levantamiento de rebeldes pro rusos en las regiones de Donetsk y Luhansk, parte del Donbass. Esta crisis tuvo su origen cuando el presidente de Ucrania, el pro ruso Victor Yanukóvich, suspendió la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) a causa de las presiones de Rusia. Cabe aclarar que, por su parte, los Estados Unidos y la UE alentaron la crisis y provocaron el derrocamiento del presidente ucraniano.
Con respecto a Crimea, allí se encuentra la base naval rusa en Sebastopol y su población es mayoritariamente rusa. En marzo de 2014 se celebró un referéndum en Crimea en el que el 96,77% de los votantes apoyaron la adhesión de la península a Rusia y luego el Consejo Supremo de Crimea solicitó formalmente su adhesión.
Estos son los antecedentes que llevaron a la actual situación tras el ascenso al gobierno de Ucrania del actor cómico Volodímir Zelensky, quien se manifestó en favor de que su país ingresara a la OTAN sin medir las consecuencias de su acción.
¿Cuál sería el desenlace del actual conflicto? Se sabe cómo y cuándo se inicia un conflicto pero no cómo ni cuándo termina. A pesar de no pertenecer a la OTAN —por lo cual los aliados no se habrían involucrado directamente, aunque se ha confirmado que habría «mercenarios» de la Alianza y de Israel combatiendo del lado ucraniano[3]—, los países de la OTAN están suministrando armamento y provocando un fuerte endeudamiento de Ucrania.
Cabe recordar que en junio de 2021 el destructor británico HMS Defender navegó frente a las costas de Crimea, en el mar Negro, en una abierta provocación a Rusia. En esa ocasión, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que uno de sus buques había disparado «fuego de advertencia» contra el destructor británico para que saliese de las que considera sus aguas territoriales, frente a la península de Crimea y que, como «advertencia adicional» un avión de combate Su-24 «llevó a cabo un bombardeo de precaución» a lo largo del trayecto del HMS Defender.
Es probable que el destino de Ucrania, al no tener un gobierno que haya optado por la neutralidad, termine en su partición, dado que en el oeste su población es pro occidental y en el este es mayoritariamente pro rusa, lo que también implica diferencias en las confesiones cristianas, católicos y ortodoxos, idiomas, así como intención de voto en los comicios.
La ocupación rusa está llevando a que Ucrania pierda su litoral sobre el mar Negro y termine siendo un país mediterráneo, sin acceso al mar. Es evidente que Putin no retrocederá y que la angloesfera continúa favoreciendo el conflicto, ya que desde el principio no buscó la paz sino que contribuyó al actual desenlace de una confrontación fratricida entre dos pueblos eslavos.
La situación en el mar Negro se ha visto complicada a partir de que, el 14 de marzo de 2023, un caza ruso Su-27 arrojó combustible sobre un dron de inteligencia MQ-9 Reaper de Estados Unidos, provocando su derribo sobre aguas internacionales. El incidente ha incrementado las ya tensas relaciones entre Moscú y Washington.
La posibilidad de que derive en un conflicto nuclear —aunque poco probable— no debe ser descartada, más aún cuando la angloesfera está jugando agresiva y peligrosamente en otros escenarios. En el marco de la visita de tres días del presidente de China, Xi Jinping, a Moscú —que se inició el día 20 de marzo de 2023—, el gobierno de Rusia ha manifestado que se incrementan los riesgos de una colisión nuclear, sobre todo luego de que el ministerio de Defensa del Reino Unido anunciara que ha decidido enviar proyectiles con uranio empobrecido a Ucrania.
Al presente, se han podido sortear las trabas impuestas por Turquía para el ingreso de Finlandia a la OTAN pero no con respecto de Suecia. La objeción del gobierno turco, miembro de la alianza desde hace setenta años, es que responsabiliza a esos países de tolerar e incluso apoyar a grupos terroristas, incluido el YPG/PKK (Unidades de Protección Popular, en kurdo Yekîneyên Parastina Gel, YPG; Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en kurdo Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) y la denominada Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ). El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido claro en que su país no puede dejar que Suecia se sume a la OTAN mientras permita que se celebren protestas en las que se profana el libro sagrado de los musulmanes. El gobierno ha expresado su indignación por una serie de manifestaciones en Estocolmo, en particular en una en que un activista anti islámico quemó el Corán frente a la embajada turca, mientras que en otra protesta, se colgó una efigie de Erdogan. No obstante, el gobierno de Ankara ya había fijado su posición antes de estos hechos[4].
Escenario China – Taiwán o Indo-Pacífico
La visita de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán —el 2 de agosto de 2022— ha significado una provocación para el gobierno de la República Popular China. Pelosi tiene un historial de desafíos contra el gobierno de China y la visita a la que el gobierno considera una «provincia rebelde», Taiwán, solo ha encendido la llama que derivó en los ejercicios militares chinos que aislaron la isla[5].
Las provocaciones a China no son nuevas ya que a fines de julio de 2021 el mar de la China Meridional fue escenario de una actividad naval de la que participaron un portaaviones del Reino Unido y un grupo de acción de superficie de Estados Unidos, ejecutando ejercicios en la disputada zona marítima. El portaaviones británico HMS Queen Elizabeth integró la fuerza naval angloestadounidense y, por su parte, los medios de comunicación estatales y diplomáticos de China acusaron al Reino Unido de avivar tensiones en las aguas en disputa a instancias de Estados Unidos.
Debe recordarse que tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, inmediatamente se creó la alianza militar AUKUS (Australia, Reino Unido, Estados Unidos) en un abierto desafío a China. Esta alianza generó también un conflicto con Francia ya que este país tenía celebrado un acuerdo para suministrar submarinos convencionales a la Marina australiana, acuerdo que quedó sin efecto tras el nuevo compromiso por el cual Estados Unidos le vendería submarinos nucleares.
Del mismo modo debe considerarse la creación en 2007 del Grupo QUAD, que reúne a Estados Unidos, India, Australia y Japón con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en la región Asia-Pacífico. Este grupo ha tomado mayor fuerza en los últimos años.
Antes de avanzar con este punto, debe considerarse la existencia de los conflictos que involucran a India con Pakistán y con China. Con respecto al primero, se remonta a la independencia del Imperio británico, en 1947, momento en que la India y Pakistán se constituyen como Estados tras una partición traumática del territorio. En el mismo influyeron tanto diferencias religiosas como ideológicas pero ha perdurado el conflicto por el control de Cachemira que ha llevado a que ambos países se enfrentaran militarmente, incluso en 1971 cuando la India combatió contra Pakistán, para apoyar la independencia de Bangladesh.
Del mismo modo, la India mantiene una disputa territorial con China en la zona montañosa del norte de la región de Cachemira, a lo que se agrega otro de unos 60.000 km2 en el estado de Arunachal Pradesh. Actualmente la línea divisoria que separa a ambos países pasa por la región de Ladakh, escenario de una guerra en 1962. A principios de diciembre de 2022 se produjo un nuevo incidente entre India y China; el anterior tuvo lugar en 2020.
Cabe destacar que se trata de tres potencias con capacidad nuclear con disputas territoriales.
Con respecto al conflicto de Taiwán, la visita de Nancy Pelosi parece haber favorecido la intención de China de recuperar por la fuerza ese territorio. Además Pelosi había estado en Singapur y Malasia para luego ir a Taiwán, Corea del Sur y Japón. Haber visitado Corea del Sur también fue considerado como una actitud hostil por el gobierno de Corea del Norte.
El 14 de agosto de 2022, una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por el senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey, también visitó Taipei, Taiwán, en una visita no anunciada de dos días. Este hecho suma mayor tensión tras la visita de Pelosi.
Es probable que el gobierno de Beijing sea más cauto que el de Putin pero no cabe duda que actúe en consecuencia si este tipo de provocaciones continúa. Informalmente se consideraba que China intentaría recuperar la isla por la fuerza en el corto plazo.
Uno de los hechos que ha agravado la relación entre China y los Estados Unidos —ya muy tensa por disputas comerciales y tecnológicas, como las cuestiones del 5G y las derivadas a partir de que a fines de noviembre de 2022 la estadounidense Comisión Federal de Comunicaciones haya anunciado un veto a productos y equipos de telecomunicaciones de fabricantes chinos, incluidos los gigantes Huawei y ZTE, alegando «un riesgo inaceptable para la seguridad nacional» las que involucran directamente a Huawei— fue, en el mes de febrero de 2023, con la aparición y posterior derribo del globo chino que el gobierno de Washington ha considerado como un elemento de espionaje.
La situación se torna más tensa en la medida que se potencia la colaboración entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia con respecto a los submarinos nucleares. Australia parecería ser empujada por los dos primeros hacia un choque con China, mientras que el gobierno de Beijing advierte que este movimiento es un grave error. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Wang Wenbin se refirió a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respaldando que la posición de Rusia es que la cooperación en submarinos nucleares de AUKUS es una apuesta grave y riesgosa en la región[6]. Wang también señaló que AUKUS está formando una «camarilla anglosajona» y, de ese modo, dando origen a la llamada asociación de seguridad para impulsar la cooperación en submarinos nucleares, además de otra colaboración adicional en tecnología militar de vanguardia[7].
Según Wang, «esta es la típica mentalidad de Guerra Fría y una medida que abre la caja de Pandora. Esto afectará gravemente a la paz y la seguridad regionales y mundiales»[8].
El gran escenario: Mediterráneo – Medio Oriente – Cáucaso Meridional
Se trata de un escenario que es menos observado pero en el que hay una creciente conflictividad. La situación comenzó a agravarse cuando los Estados Unidos, el Reino Unido y miembros de la OTAN justificaron la necesidad de poner fin al régimen libio en 2011, en el marco de la doctrina «Responsabilidad para Proteger» («R2P») —que a decir verdad encubre la injerencia en los asuntos internos de otros estados—, luego de haber sido acusado de estar preparando una «masacre» contra su propia población, claramente un pretexto para proceder a la intervención en Libia.
El gobierno libio de Muammar el Gadafi cayó y abrió paso a una guerra civil, a la destrucción del país y a una nueva ola de migrantes hacia Europa. Diferentes actores han participado y siguen participando de este conflicto: Francia, Turquía, etc.
Los conflictos se han multiplicado desde entonces en un marco geográfico donde hay una gran puja de intereses geopolíticos, energéticos y donde la inteligencia está muy activa.
La cuestión energética ha cobrado relevancia a partir del enfrentamiento de la UE con Rusia. Argelia es un gran productor de hidrocarburos que abastece a Europa, fundamentalmente a España. Sin embargo, aquí juegan otros intereses debido a los diversos conflictos y alianzas de los actores con influencia en la región. La decisión de España de terminar de abandonar a su suerte el Sahara Occidental en favor de Marruecos ha avivado las tensiones. Marruecos, a su vez, es un gran aliado de Israel en el norte de África y en el Mediterráneo, donde Israel también tiene influencia en Chipre y presencia en ese mar por sus propios intereses en materia de energía. Los servicios de inteligencia marroquíes e israelíes trabajan estrechamente en perjuicio de otros actores, como por ejemplo Argelia.
Las relaciones entre España y Marruecos no pasan por su mejor momento y se ha detectado actividad de espionaje por parte de los servicios marroquíes. Se habría comprobado que Marruecos infiltró agentes de inteligencia en Canarias y en la península para espiar y actuar contra los intereses de España.
En octubre de 2021 se tomó conocimiento de que se estaba llevando actividad de espionaje militar por parte de Israel cuando la Armada de Argelia se encontraba llevando a cabo ejercicios. Un incidente entre un submarino israelí y submarinos y buques de superficie argelinos se produjo cuando un submarino de Israel clase Dolphin fue detectado por medios pasivos, luego rastreado por las fuerzas de Argelia y obligado a salir a la superficie en aguas internacionales a los efectos de impedir que fuera atacado[9].
Las respectivas rivalidades entre Turquía y Grecia y entre Turquía e Israel también deben ser tenidas en cuenta. A ellas debe sumarse el juego ambiguo del gobierno de Ergodan que por un lado es miembro de la OTAN —aunque con características propias ya que no solo condicionó a la alianza acerca de la incorporación de Suecia y Finlandia sino que también ha desafiado a Estados Unidos con la compra de los sistemas ruso de defensa aérea S-400 y ha tenido divergencias respecto de los aviones F-35 ya que Washington suspendió a Turquía en ese proyecto— y, por otro, se acerca a Putin en momentos en que se enfrenta a la OTAN.
La presencia británica tampoco debe ser soslayada. La base de Gibraltar y otras en el Mediterráneo, como en Chipre (bases de inteligencia), siempre se mantienen muy activas.
En este marco no puede desestimarse la proximidad de Medio Oriente y un incremento de la tensión entre Israel e Irán, además de la inestabilidad en Siria, El Líbano y los enclaves palestinos de Gaza y Cisjordania, que recientemente tuvieron nuevos enfrentamientos con Israel. A ello se suma el conflicto de Yemen, detrás del cual están Arabia Saudí e Irán. Aquí es necesario destacar que por una mediación de China, el 10 de marzo de 2023 los gobiernos de Riad y Teherán anunciaron que habían llevado a cabo negociaciones que permitirían el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, algo que no ha caído bien en Washington ni en Tel-Aviv.
Del mismo modo, debe considerarse la reactivación del conflicto en Georgia con manifestaciones en contra del gobierno por su decisión de controlar los aportes a las ONGs a partir de una ley sobre «agentes extranjeros» que, según Bruselas, era incompatible con los valores europeos. En realidad, se trata de un escenario similar al de Ucrania en su intento de incorporarse a la UE. Nuevamente cobra protagonismo quien fuera líder de la «Revolución de las Rosas» en noviembre de 2003, que llevó a la dimisión de Eduard Shevardnadze: Mijail Saakashvili. Presidente de Georgia por dos períodos tras la caída de Shevardnadze, luego establecido en Ucrania cuando se le impidió acceder a un tercer mandato presidencial, colaborador en la campaña presidencial de Petró Poroshenko —quien le otorgó la ciudadanía ucraniana y lo nombró gobernador del oblast de Odessa, hasta que renunció y denunció por corrupción a Poroshenko, quien luego le quitó la ciudadanía y fue enjuiciado y absuelto por un tribunal de Kiev—, profesor invitado en una universidad de Estados Unidos, luego gran impulsor durante la campaña del actual presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien le ha restituido la ciudadanía ucraniania, regresó a Georgia —país que le retiró la ciudadanía cuando obtuvo la de Ucrania y le abrió una serie de causas por corrupción y asesinato— donde actualmente está encarcelado, supuestamente con una delicada situación de salud, por lo que fue enviado de la cárcel a un hospital. Desde la prisión y desde el nosocomio no solo incentiva las protestas sino que también manifiesta que la victoria de Ucrania sobre Rusia es «inevitable». Cabe recordar que durante su gobierno, Georgia perdió una guerra contra Rusia en 2008.
Nuevamente las aguas se agitan en el Cáucaso meridional, pues además de Georgia, Armenia toma distancia de Rusia. Luego de la breve guerra con Azerbaiyán por el control del enclave de Nagorno-Karabaj, en 2020, Armenia recurrió a su aliado ruso para frenar las pretensiones azeríes y turcas de expulsar a los militares armenios del enclave. Recientemente las tropas rusas, que obran de garantes del alto el fuego, no cumplieron con las expectativas del gobierno de Ereván debido a que no lograron impedir que los azeríes cortaran el único paso que une Nagorno-Karabaj con Armenia, lo que ha sometido al enclave a un bloqueo y casi provocado una crisis humanitaria. El gobierno armenio se autopercibe defraudado ante la débil respuesta de Rusia. La situación se ha agravado en marzo de 2023 debido a las presiones que Azerbaiyán está ejerciendo sobre Armenia, incluso desplazando unidades militares hacia la frontera, lo que ha llevado a que Irán hiciera lo propio desplazando material militar pesado hacia la frontera con Azerbaiyán y advirtiendo que Irán podría respaldar a Armenia frente a una posible agresión de Azerbaiyán. Por su parte, el gobierno azerí mantiene excelentes relaciones con Turquía e Israel, país este último que le provee de armamentos.
Escenario Ártico
En gran medida este escenario cobra relevancia a partir del cambio climático y la desaparición del hielo en el Polo Norte, lo que hace que el océano Ártico devenga en un mar navegable, poniendo sobre la mesa las disputas territoriales y la mira de los diversos actores sobre los recursos naturales y energéticos de ese gran espacio: la pesca, el petróleo, el gas y los minerales.
Los principales actores en este escenario son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Rusia. La apertura de nuevas rutas de navegación ha dado lugar al establecimiento de más puertos en Siberia, acorta las travesías y evita la necesidad de utilizar otros pasos, como los canales de Panamá y Suez.
Escenario regional: América del Sur
La región se encuentra, desde lo ideológico, con una fuerte inclinación hacia la izquierda y al autoritarismo. Siguiendo la tendencia mundial, pero siempre con una mayor profundización, la democracia va perdiendo fuerza en nuestros países.
A los Estados bajo gobiernos de izquierda en 2022 se han sumado Chile, a cuya presidencia llegó Gabriel Boric, y Colombia, con la asunción de Gustavo Francisco Petro Urrego, político y economista colombiano con un pasado guerrillero en el M19. Es fundador del partido político Colombia Humana y líder de la coalición política Pacto Histórico.
El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, anunció el 12 de agosto de 2022 desde La Habana que su país dará los pasos necesarios para reiniciar los diálogos de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Petro muestra una buena sintonía con Cuba y Venezuela. El nuevo presidente ha decidido normalizar la relación de Colombia con Venezuela y ambos gobiernos han nombrado embajadores. Maduro designó como nuevo embajador ante Colombia a Félix Plasencia, quien fue canciller de Venezuela y embajador de ese país en China. Plasencia dejó el cargo el 14 de diciembre de 2022, cuando se convirtió en el nuevo secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TC). En su lugar ha sido designado el general retirado Carlos Eduardo Martínez[10]. Por su parte, Petro nombró al ex senador Armando Benedetti como embajador de su país en Venezuela.
Oportunamente, Petro recibió el apoyo de los partidos miembros del Foro de São Paulo (FSP), los que en mayo de 2022 rechazaron las amenazas contra su vida en momentos en que había tenido que suspender su agenda de campaña ante la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política en ese país.
Para los miembros del FSP, Gustavo Petro constituía «una esperanza para un cambio democrático en Colombia, que instalaría un gobierno popular, para la defensa de la paz y las transformaciones en favor del pueblo colombiano. Ante su llegada al gobierno los lazos entre Petro y el FSP se han fortalecido, radicalizando las posiciones de la izquierda en nuestros países.
Uruguay y Paraguay son los países que aún se encuentran ideológicamente al margen de la tendencia izquierdista, al que se ha sumado Perú con la asunción —el 7 de diciembre— de Dina Boluarte a la presidencia tras una traumática situación que se produjo a partir de la salida del gobierno del izquierdista Pedro Castillo, situación que mantiene en vilo al país y que ha ocasionado numerosas muertes en enfrentamientos.
Las elecciones llevadas a cabo en Brasil el 2 de octubre de 2022 llevaron nuevamente al gobierno al izquierdista Inácio «Lula» da Silva, lo que ocasionó fuertes tensiones debido a que los partidarios del anterior presidente Jair Bolsonaro consideraron que hubo fraude. En enero, tras su asunción en Brasilia, una enorme protesta de la oposición puso en evidencia la gran polaridad que atraviesa la sociedad brasilera.
A este escenario en el que predomina la izquierda debe añadirse Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega y su enfrentamiento con los miembros de la Iglesia Católica, el retiro de la ciudadanía a sus opositores —que fueron enviados a Estados Unidos— y el cierre de medios de comunicación e instituciones.
El avance de la izquierda no solo está favoreciendo el incremento del narcotráfico y del crimen organizado en la región sino que también está profundizando los procesos de fragmentación en ciertos países como Bolivia (Santa Cruz), Chile y Argentina.
Algunas consideraciones y la repercusión de estos escenarios en Argentina
El sistema internacional atraviesa un delicado equilibrio pues se encuentra en un «momento bisagra» en el que los actores del juego geopolítico forcejean y se miden a los efectos de estudiar las reacciones de los adversarios.
A diferencia de otros «nuevos órdenes mundiales» de la historia, en el que los protagonistas en general eran los mismos actores menos o más alguno que perdía o ganaba en este juego, este «nuevo orden mundial» promete ser diferente pero sin duda será traumático. Quiérase o no, el mundo se encuentra atravesando una Tercera Guerra Mundial en el que la guerra híbrida y la guerra proxy están sobre la mesa. El conflicto de Ucrania claramente es una guerra proxy, es decir una guerra subsidiaria o guerra por delegación mediante la cual un Estado combate a otro Estado, pero en lugar de usar sus propias fuerzas militares emplea las fuerzas de otro Estado o incluso una fuerza inorgánica en vez de enfrentarse directamente. En este caso puntual pueden considerarse tanto el Batallón de Azov como el Grupo Wagner. No obstante, algunos no la reconocen como guerra proxy.
La angloesfera y más precisamente el gobierno de Estados Unidos expresa en todo momento que puede que Rusia y China estén poniendo en peligro el orden mundial, pero en realidad se trata de «su orden mundial», del orden mundial que han venido construyendo durante el siglo XX. Inexplicablemente, los líderes europeos continúan alineados con la angloesfera perjudicando económicamente y socialmente a sus respectivos pueblos y países. El conflicto con Ucrania, que como he mencionado no se originó el 24 de febrero de 2022 sino en 2014 con la guerra civil ucraniana entre el gobierno central y las provincias separatistas, fue agudizándose ante la mirada hacia otro ángulo por parte de los miembros de la Unión Europea. Lejos de haber intentado evitar la confrontación, primero pecaron por omisión y luego alimentaron el conflicto con Rusia, siguiendo a pies juntillas las directivas que emanaban desde Washington y Londres. Luego de la ocupación de los territorios por parte de Rusia, avanzaron suministrando armas pero nunca procurando un proceso de paz. Las industrias de armas y las empresas energéticas que no abastecían —al menos en un alto porcentaje— a Europa encontraron un gran negocio. La angloesfera, como ya lo he expuesto anteriormente en otros artículos, maneja a Europa desde la Primera Guerra Mundial[11] y la puso bajo un mayor control a partir de la Segunda Guerra Mundial[12].
La dependencia europea del petróleo y del gas ruso tenía sus beneficios para los europeos por su bajo costo, un proveedor cercano y el tendido de gasoductos. Rusia es parte de Europa aunque los europeos no lo hayan comprendido, pero siguieron las directivas de quienes no forman parte de Europa, Estados Unidos y el Reino Unido, país éste que nunca se sintió parte del continente y procedió oportunamente a implementar el Brexit para continuar «su juego» desde fuera. La UE, entonces, debió buscar alternativas para proveerse de energía, a un mayor precio de otros proveedores y adquiriendo gas natural licuado (GNL) de los Estados Unidos.
La UE ha dejado de lado a su vecino europeo, Rusia, y desde la implosión de la Unión Soviética en 1991 no ha sabido manejar independientemente de Washington y Londres su relación con Moscú. El equilibrio y la confianza que se estaban creando se quebraron con la expansión de la OTAN.
De este modo, acorralaron a Rusia y procedieron a hacer todo lo contrario que Estados Unidos hizo durante la Guerra Fría, es decir, mantener alejadas entre sí a Rusia y China mientras Washington mantenía relaciones con ambas. Ahora han empujado a Rusia hacia China y en esta visita de Xi Jinping a Moscú el líder chino manifestó que China y Rusia son «grandes potencias vecinas» y «socios estratégicos», además de invitar a Putin a visitar Beijing[13].
Por tanto, estamos asistiendo, como mencione ut supra, a un nuevo orden mundial en el que Occidente está perdiendo el liderazgo que se está desplazando hacia el Indo-Pacífico bajo el liderazgo de Rusia y China, al que otros países se irán sumando, como por ejemplo la India, obviamente Irán, y a partir de este rol mediador que asumió China, es probable que Arabia Saudí y otros países árabes hagan su opción. Ni hablar de los países africanos que recientemente han dado claras respuestas a los europeos, como el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, a Emmanuel Macron, o como el presidente de Namibia, Hage Gaeingob, al embajador de Alemania ante su gobierno, Herbert Beck, quien se quejó por la presencia de ciudadanos chinos en el territorio namibio. Otros varios casos pueden mencionarse en África, como la expulsión del embajador francés de Malí.
La gravedad de la actual situación radica en que cuando un «imperio» peligra hará lo imposible por evitar su caída y si no lo logra arrastrará a otros en su derrumbamiento. Occidente, que ya no es un patrimonio exclusivo de Europa como bien plantea Giancarlo Elia Valori[14], y mucho menos ha resguardado los valores de la civilización cristiana ya que la angloesfera en realidad no ha compartido los valores cristianos que tenían los tradicionales países europeos, está perdiendo el protagonismo a escala global pero se encuentra manipulando hilos peligrosos para toda la humanidad en todos los escenarios mencionados.
Respecto de la Argentina, la situación es por demás crítica. La mediocridad de su dirigencia, gobierno y supuesta oposición, no comprenden la política internacional y solo se limitan a mantener o conquistar un espacio de poder en un país que transita hacia su disolución. Ni siquiera son capaces de obtener beneficios para el país de esta «situación bisagra» y un presidente que le ha dicho a Putin que la Argentina era la «puerta de entrada» a América Latina en vísperas de que el conflicto de Ucrania tomara otro rumbo, luego le entornó la puerta. Tampoco obtienen beneficio de China. Ponen en riesgo la soberanía nacional sin más. Mientras tanto desde Estados Unidos nos envían las instrucciones de qué pasos debemos —o no— dar.
Ni el gobierno argentino de entonces, ni los que le siguieron, ni los responsables de inteligencia comprendieron por qué en 2008 los Estados Unidos reactivaron la Cuarta Flota, dependiente del Comando Sur, para iniciar nuevamente el patrullaje en nuestros espacios marítimos circundantes. Tampoco comprendieron porque la angloesfera y la OTAN recuperaban la base de las Azores, prácticamente una década después. Supuestamente, a instancias del gobierno de Portugal. La intención es controlar el océano Atlántico, en lo que respecta —entre otros temas— a la piratería en ambos litorales y a la pesca ilegal, algo que claramente se encuentra presente en el Atlántico Sudoccidental.
Ante estos escenarios y movimientos, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sostiene que nuestro país está inmerso en una región de paz y sigue la línea de las últimas décadas de la democracia: no hay hipótesis de conflicto, a pesar de que tenemos nuestras islas del Atlántico Sur ocupadas por el Reino Unido —donde entrenan las fuerzas de la OTAN— proyectándose sobre nuestro sector antártico, boicoteando la provisión de equipamiento militar para nuestras Fuerzas Armadas pero abasteciendo de equipamiento a Chile. Una guerra proxy podría darse en la región, en la que sin duda nuestros países no se beneficiarán, porque en una confrontación armada nadie gana.
En este sentido, la situación es de una profunda gravedad en la Argentina, a saber:
el avance del narcotráfico sobre el territorio nacional, con la connivencia de los políticos (legisladores, intendentes, gobernadores), miembros de la justicia y de las Fuerzas de Seguridad y de las policías provinciales y locales, es decir que más que de narcotráfico debemos hablar de «narcopolítica»;
el conflicto de los autodenominados «mapuches», que cuenta con apoyo del gobierno nacional, de sectores de la justicia, del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) —cuyo vicepresidente es Luis Pilquiman, quien favorece a los grupos separatistas por ser miembro de ellos— pero que también recibe respaldo desde el exterior. Cabe mencionar que Mapuche Nation tiene sede en Bristol, Reino Unido y que un francés —descendiente del autoproclamado «rey de la Patagonia», Orllie Antoine de Tounens, quien creó una monarquía constitucional en territorio de Argentina y Chile— reclama derecho sobre estas tierras;
como ya se ha mencionado, tenemos un territorio usurpado por el Reino Unido y con su expansión sobre el mar Argentino llega hoy a 1,7 millones de km2. Cabe mencionar que la ocupación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur permite al Reino Unido proyectarse sobre la Antártida y que han establecido en las islas la infraestructura necesaria para fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, que junto a otras posesiones le otorga un «collar de perlas británico» sobre este océano[15];
recientemente, dos países africanos, Gabón y Togo, se han sumado a la Mancomunidad Británica (Commonwealth), lo que es paradójico ya que ambos países fueron colonias francesas y además son integrantes de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), conformada por Argentina, Brasil y Uruguay por el litoral sudamericano y veintiún países del litoral africano. En julio de 2021 la Cancillería Argentina informó acerca de la reactivación de la ZPCAS[16] pero no actúa eficazmente en ese proceso.
En este marco es importante señalar el estado de indefensión de la Argentina y su incapacidad para proteger su Soberanía Nacional, sobre un territorio que corresponde a la octava extensión a escala mundial, con una superficie marítima extremadamente extensa e incapaz de controlarla por falta de recursos. Aún más grave es que los cuatro OPV —patrulleros oceánicos, Offshore Patrol Vessels— que se han comprado a Francia durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, más aptas para la Prefectura Naval que para la Armada Argentina, suelen estar amarradas en la base de Mar del Plata en lugar de patrullando nuestro mar territorial. La realidad es que no navegan por motivos presupuestarios pero si navegaran el Estado Nacional evitaría el robo de miles de millones de dólares anuales debido a la pesca ilegal.
Por otro lado, se ha detectado un número creciente de vuelos entre el Reino Unido y las Malvinas, en general vía Dakar (Senegal), y entre las Malvinas y el sur de Chile, Punta Arenas. Muchos de estos vuelos apagan sus transponder cuando sobrevuelan territorio argentino o en proximidades del mismo. Recientemente se ha informado acerca de cinco violaciones del espacio aéreo argentino por parte de aviones de Chile pero el número de estos hechos es muy superior.
Todos estos antecedentes deben ser tenidos en cuenta para comprender los actuales movimientos en el sur del continente, con aviones de la RAF que llegan a Malvinas, se desplazan entre las islas, el sur de Chile y la Antártida.
En resumen, el escenario global es de alta volatilidad debido a que la angloesfera se encuentra operando claramente en estos escenarios regionales:
en el este de Europa, Ucrania;
en el Lejano Oriente, llevando a cabo provocaciones sobre China tanto realizando maniobras en el mar del sur de China como visitas de altos funcionarios estadounidenses a Taiwán;
llevando a cabo un cerco de Rusia con el establecimiento de fronteras inestables (Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, mar Negro);
generando una creciente inestabilidad en el Mediterráneo y en Medio Oriente;
en el Atlántico Sur, fortaleciendo la presencia militar británica pero también la de submarinos nucleares de Estados Unidos, a lo que se suma la depredación de nuestra riqueza ictícola favorecida por los británicos aunque en paralelo, Estados Unidos manifieste preocupación por esta depredación;
En este marco, debe tenerse en cuenta que de escalar un conflicto entre Rusia y/o China con la angloesfera, es altamente probable que se proyecte sobre el Atlántico Sur. En el caso de un conflicto en el que participe China, las posibilidades serían mayores, dado los pasos bioceánicos que comunican al Atlántico Sur con el Pacífico pero principalmente con el Índico. Asimismo debe tenerse en cuenta que en la provincia de Neuquén se encuentra la Estación China del Espacio Lejano[17]. Por otro lado, cualquier conflicto de gravedad en el hemisferio norte implicará, al menos, un desplazamiento de migraciones hacia el hemisferio sur.
Sin duda que el fortalecimiento de la presencia británica en el Atlántico Sur está orientada a:
su proyección antártica
el control de los pasos bioceánicos y, no menos importante,
mantener la conflictividad en el Atlántico Sudoccidental.
En este sentido, el Conflicto del Atlántico Sur o Guerra de Malvinas (1982) puede considerarse la primera guerra por la Antártida y debe recordarse que el Tratado Antártico prescribe en 2048. Los tiempos se acortan y la dirigencia argentina no toma conciencia de lo que ello implica al seguir debilitando a las Fuerzas Armadas inspiradas por un odio visceral basado en lo ideológico.
La Argentina ante este estado de indefensión, debe considerar que es altamente probable que le impongan un conflicto armado que lleve a la pérdida de la Patagonia además de las ya usurpadas islas del Atlántico Sur.
En función de ello, urge tomar las medidas correspondientes para revertir la actual situación, lo que implica:
equipar a las Fuerzas Armadas (carecemos de Fuerza Aérea, de Fuerza de Submarinos, en general de una Armada y desarrollar seriamente el Comando de Ciberdefensa) así como refundar nuestra industria de Defensa;
reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, ya que en la actualidad la Argentina está sometida a una «guerra de inteligencia» y carece de las capacidades para enfrentarla; las fallas de la contrainteligencia están a la vista;
sanear la economía nacional;
articular el territorio nacional (desarrollo ferroviario, aéreo, naval y de comunicaciones);
profesionalizar nuevamente nuestra Cancillería.
Las «buenas intenciones» de reabrir la X Brigada en Río Gallegos y asignarle aviones Pampa III como dotación permanente a esa unidad, de crear la base Antártica en Ushuaia, una nueva unidad del Ejército en Tierra del Fuego y la instalación de un radar en esa provincia, son decisiones tardías que deben implementarse pero, de todos modos, son absolutamente insuficientes si no se procede a dotar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de los recursos necesarios para obrar en consecuencia, es decir, del material de guerra necesario para enfrentar potenciales agresiones o conflictos.
Un radar podrá ser importante pero si no hay poder de respuesta de nada sirve.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
[5] «Marcelo de los Reyes: “No es el primer incidente de Pelosi con China, y los chinos la conocen bien”». Entrevista realizada por Mauro Senesi para Conectando Fronteras por LU3 AM 1080, Bahía Blanca, https://www.youtube.com/watch?v=nswN0-cxH08&t=5s
[15] Marcelo Javier de los Reyes. «El collar de perlas británico en el Atlántico Sur. Una amenaza a la seguridad regional». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 16/04/2016, https://saeeg.org/index.php/2016/04/
