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MALVINAS HOY. MÁS LEJOS DE ARGENTINA QUE EN 1982, MÁS CERCA DEL REINO UNIDO QUE EN 2003.

César Augusto Lerena*

La afirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, las aguas correspondientes y la Antártida se sostiene vigente por esfuerzo de los héroes de Malvinas y de cada uno de los ciudadanos que combaten diariamente para mantener viva la llama de la soberanía nacional, la integridad territorial, los valores de nuestros próceres y la dignidad y resguardo de la Nación. Los derechos soberanos no se declaman, se ejercen y, hay muchos funcionarios que no han estado ni están a la altura de este deber patriótico.

A 40 años de la recuperación de Malvinas, la situación respecto a la reivindicación argentina de sus derechos sobre los archipiélagos es mucho peor a la existente en el año 1982. Ese año el Reino Unido ocupaba 14.100 km2 del Archipiélago y tres millas marinas a su alrededor; los isleños realizaban escasas actividades económicas que no eran sustentables y Malvinas tenía una reducida guarnición militar.

La política llevada a cabo por la Cancillería Argentina y, desde su creación, por la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas no ha sido inocua sino francamente favorable a los intereses británicos en el Atlántico Sur y Malvinas.

Desde la sanción de la resolución 2065 donde la Asamblea General de la ONU “invitó” a la Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña «a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial (…) a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposi­ciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)» la Cancillería de nuestro país se ha limitado a promover sin éxito el diálogo, obtener el apoyo de otros países para iniciar las negociaciones sobre la disputa y a llevar adelante actos unilaterales de cooperación con los isleños y ruinosos actos contrarios al interés nacional. Mientras ello ocurre, el Reino Unido en forma sostenida desde 1982 y creciente desde 2016 a la fecha, se consolida militar, económica y estratégicamente en la región.

¿Qué quedó de la Resolución 1514 (XV) del 14/12/1960?, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y qué del mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas (…) por ser parte integrante del territorio nacional” y donde “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

¿Y qué de la Res. 31/49 del 01/12/1976?, donde la Asamblea General, entre otras cosas «instó a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514, 2065 y 3160)».

Entre 1982 al 2002 ocurrieron cosas espantosas. Se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile (1984) donde este país aliado estratégico del Reino Unido obtuvo por primera vez acceso al Atlántico Sur; se inauguró un aeropuerto en Malvinas (1985) facilitando el traslado aéreo de los isleños y fuerzas militares; los ingleses establecieron un área de conservación de la pesquería alrededor de Malvinas (1986) impidiendo el acceso a la pesca de embarcaciones pesqueras nacionales; se iniciaron las negociaciones argentino-británicas (1987/88) que darían lugar luego a la “fórmula del paraguas” congelando nuestra soberanía en las islas; se concretaron luego los infames Acuerdos de Madrid (1989/90) que cedieron la pesca a los británicos en el área de Malvinas y limitaron las operaciones militares argentinas en el Atlántico Sur; se acordó la conservación e investigación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros (1990/95), facilitando a aquellos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques extranjeros que son el principal sustento económico de las Islas; se delimitaron las líneas de base del continente argentino (1991) dando lugar al Reino Unido a establecer sus propias delimitaciones en las Islas con la pretensión de acogerse al régimen de Estado ribereño previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); se aprobó el Convenio con el Reino Unido (1992) para la Promoción y Protección de sus inversiones en la Argentina que se consolidó con la Ley 24.184 y beneficia al Reino Unido sobre el resto de los países; los británicos amplían una ocupación de 200 millas alrededor de las Islas Georgias y Sándwich del Sur (1993); la Subsecretaría de Pesca Argentina veda en la ZEE la captura del calamar (1994) permitiendo a esta especie llegar a Malvinas para asegurar el sustento económico de los isleños; se firma el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea (1994) sin otorgarle cuota para la pesca del calamar patagónico para no interferir la llegada de esta especie a Malvinas; la Argentina ratifica la CONVEMAR (1995) —al igual que el Reino Unido— un instrumento que facilita las operaciones pesqueras en alta mar por parte de los Estados de bandera (extranjeros) en perjuicio de los Estados ribereños que, como la Argentina, pierde sus recursos migratorios en Malvinas en manos británicas y en alta mar por buques extranjeros; la Argentina acuerda en Londres (1996) normalizar sus relaciones con el Reino Unido sin discutir la limitación de los espacios territoriales y la explotación de los recursos y cooperar para evitar la sobreexplotación extranjera favoreciendo el otorgamiento de licencias pesqueras británicas; se firma un Convenio de Cooperación Militar (1998) que no reduce la presencia militar inglesa en el Atlántico Sur sino por el contrario el Reino Unido traslada a Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión; se sanciona la ley federal de pesca (1998) que favorece la concentración extranjera de una actividad que era 100% nacional; la Cancillería Argentina acuerda (1999) con el Reino Unido, entre otras cosas, “combatir a los buques pesqueros sin licencia inglesa”; la Argentina aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (2000) que transfiere la administración pesquera en el Atlántico Sur a Organizaciones Regionales Pesqueras (OROP) que permiten la injerencia de terceros países (y entre ellos el Reino Unido) en los recursos nacionales. Entre el año 2000 y el año 2003 los funcionarios argentinos durmieron la siesta.

Entre el 2003 y 2019 pasaron algunas pocas cosas buenas y en su mayoría horribles. Se firma el Tratado de Lisboa (2005) donde los ciudadanos de Europa (entre ellos españoles e italianos) acuerdan que Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida se transformen en territorios británicos de ultramar; se suspenden las investigaciones conjuntas (2005) para evitar suministrar información biológica confidencial a los británicos; se otorga la explotación petrolera (2007) hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a Pan American Energy de capital accionario británico; la Argentina ratifica sus derechos sobre la plataforma continental extendida (2007) ante la Comisión de límites ad-hoc de las Naciones Unidas; se legisla sobre la prohibición de pescar en el continente y Malvinas (2008) pero no se sancionaron hasta la fecha casos denunciados públicamente; se inicia la localización de los combatientes caídos en Malvinas (2008), permitiendo un alivio a familiares; se inician exploraciones petroleras en Malvinas (2010) lo que podría encaminar a consolidar económicamente a las islas; se dicta el Decreto 256 (2010) por el que se requiere permiso para trasladarse a Malvinas, no obstante, más de 700 buques por año operan en puertos uruguayos; por la Ley Solanas (2011) se restringen las operaciones petroleras en el continente a quienes operan en Malvinas, ello no impidió la licitación de 100.000 km2 y el otorgamiento de áreas a empresas británicas para la explotación offshore (2019) entre el continente y Malvinas; el gobierno británico declara una reserva ecológica de 1.070.000 km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur (2011) violando el Tratado Antártico, la soberanía argentina e impidiendo la explotación de recursos pesqueros a buques nacionales; se realiza un referéndum ilegal en Malvinas (2013) donde los isleños ratifican en un 99,83% seguir siendo una colonia británica; la Comisión de Límites de las Naciones Unidas se expide (2016/17) recomendando solo 350.000 km2 de los 1.782.000 km2 que reivindicaba Argentina, por entender que 1.430.367 km2 se encuentran en disputa con el Reino Unido. No se conoce manifestación de rechazo del gobierno argentino por esta limitación territorial de un grupo de técnicos; se acuerda el indigno “Pacto de Foradori-Duncan” (2016) que ratifica los Acuerdos de Madrid I y II donde se declara: «adoptar todas las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» en abierta violación a la Constitución Nacional; la Canciller Malcorra declara (2016) “las Malvinas no son más el tema principal en las relaciones entre Buenos Aires y Londres” en una nueva violación a la Carta Magna; Marcelo Kohen, actual consejero y asesor principal del Secretario de Malvinas, viaja a Malvinas (2018) y les ofrece a los Isleños quitarle a Tierra del Fuego las islas Malvinas y las aguas correspondientes, mantener vigente el régimen de migraciones en manos de los isleños y promover un referéndum para que los isleños definan si quieren seguir siendo británicos; se aprueban vuelos a Brasil (2019) desde Malvinas facilitando las operaciones y transporte desde las Islas.

Pero, veamos ahora, qué ha hecho el gobierno asumido en 2019, su Cancillería y muy particularmente la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona (2021) y el Consejo Nacional de Malvinas (2020) que, en estos casi tres años, ha ratificado las peores cesiones argentinas al Reino Unido de Gran Bretaña:

En primer lugar, mantiene vigente y, de hecho, avala todo lo ocurrido en estos 40 años respecto a la cuestión Malvinas, salvo la honrosa excepción de “suspender” las investigaciones pesqueras conjuntas y los vuelos a Brasil y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras que operen en Malvinas. No nos referiremos aquí a algunas acciones, de competencia del Ministerio de Defensa, como la incorporación de cuatro patrulleros multipropósitos para la Armada encargados por el gobierno anterior a Francia que a todas luces resultan insuficientes para la tarea estratégica que debe llevarse en el Atlántico Sur, los mares vinculados a los Océanos Pacífico e Indico y la Antártida.

  1. Las tres leyes sancionadas se transformaron en irrelevantes: La Ley 27.557 de plataforma continental que muestra un plano ampliado es un fiasco. Como vimos 1.430.367 km2 de la plataforma está disputada por el Reino Unido según la propia Naciones Unidas. La Ley 27.558 de creación de un Consejo Nacional de Malvinas se integra con numerosos responsables de los desaguisados de los últimos 40 años, entre ellos el citado Marcelo Kohen, Susana Ruiz Cerutti y otros. A dos años de su creación no se le conoce plan estratégico y, algunos de sus miembros dicen por los medios qué propondrían hacer como si no fueran parte y estar obligados a la debida confidencialidad y consenso que exige la ley. La Ley 27.564 de aumento de sanciones a las infracciones pesqueras, no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que bajo licencia inglesa pescan en el área argentina de Malvinas unas 250.000 toneladas anuales por un valor equivalente a todas las exportaciones pesqueras argentinas, lo que podría constituirse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por incumplir la ley citada y la 24.922.
  2. Mantienen en plena vigencia el Convenio de Cooperación con el Reino Unido (ley 24.184), los Acuerdos de Madrid I y II, el Pacto de Foradori-Duncan, donde estos dos últimos, al margen de violar el Artículo 29º de la Constitución Nacional (“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”) violan la citada Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y, muy grave: podría dar lugar a que el Reino Unido manifieste que mantiene un diálogo activo y fluido con Argentina respecto a Malvinas.
  3. En 1982 el Reino Unido tenía ocupado 11.410 km2, hoy tiene 1.639.900 Km2 de territorio insular y marítimo argentino militarizado (equivalente al 52% de la ZEE Argentina) y disputa con nuestro país 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida más las aguas correspondientes. El gobierno declara no tener hipótesis de conflicto, a pesar de haberlo tenido con Chile por espacios insulares y marinos de menor magnitud e importancia.
  4. Entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos extraen del Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros que duplican en dólares las exportaciones argentinas y, al igual que el embajador Lucio García del Solar que despreció la pesca en las negociaciones de 1989 con el Reino Unido, el Secretario Carmona no ha tomado una sola acción al respecto, permitiendo “la consolidación británica”, al decir del ex director de pesca inglés en las Islas John Barton. Esta internalización del Atlántico Sur genera, además de las pérdidas económicas y laborales de Argentina, un ambiente de tensión en el área con la intervención de potencias extrarregionales.
  5. Los españoles se han transformado en el principal socio extractivo, productivo y comercial de los británicos en Malvinas, quienes además facilitan el ingreso a la Unión Europea de los productos de Malvinas libres de arancel facilitando la sustentabilidad económica de los isleños.
  6. El Reino Unido instaló en Malvinas la base misilística y naval más moderna e importante de la región, absolutamente desproporcionada a la población de las islas, y la Argentina carece de todo poder disuasivo en el Atlántico Sur y de control de las operaciones que se realizan en la región austral, mientras el actual Embajador Argentino Javier Figueroa en Londres declara que: «el Reino Unido y Argentina “han disfrutado” (sic) de una relación diplomática desde 1823», seguramente olvidando los años 1833, 1845, 1933, 1982 y otras tantas fechas de agresión británica.
  7. El Reino Unido tiene hasta la fecha impuestas limitaciones a la compra argentina de armas y ello no impide a la Secretaría de Malvinas basar su estrategia en dialogar, ampliar la base de apoyos y cooperar unilateralmente.
  8. Pese a la presencia naval y misilística del Reino Unido en Malvinas, que supone la intervención de la OTAN en el Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas no ha convocado a las acciones correspondientes de todos los países de África occidental y América oriental de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” ratificada por la Resolución 41/11 de las Naciones Unidas, destinada a limitar la presencia de países extraños y la militarización de la región.
  9. No hay acciones argentinas que saquen de la posición de confort al Reino Unido en la región y el sostén económico de los isleños. Tampoco iniciativas diplomáticas suficientes destinadas a evitar el uso de los puertos de Uruguay y Chile para dar logística operativa y comercial de las islas. Por el contrario, ha promovido vuelos humanitarios y autorizado la operatividad de la Empresa LATAM desde las islas a Chile, donde los vuelos serían más caros a Río Gallegos ($ 81.450) que al destino más lejos de Punta Arenas ($ 55.344), según informa AgendaMalvinasOK (09/06/2022) lo que dificultaría —aún más— la presencia argentina en Malvinas, que el secretario Carmona califica de “hecho histórico el restablecimiento de los vuelos” (Telam, 8/6/2022).
  10. Contrario a lo que ocurrió con la construcción de un puerto en Georgias del Sur y la licitación de otro en Malvinas, la Argentina solo efectúa anuncios; pero, a la fecha no ha aumentado, modernizado ni tecnificado los puertos de Tierra del Fuego para facilitar el control del área, el acceso a la Antártida y otras cuestiones relativas a la población; radicación industrial, profundización de la investigación en la Patagonia, etc. Las declaraciones por twitter (10/06/2022) del Gobernador Gustavo Melella sobre la responsabilidad de la Cancillería en el manejo de la cuestión Malvinas es elocuente.
  11. Se mantiene la vigencia del Artículo 2º de la Ley 23.775 que establece En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial, lo que debilita la posición negociadora argentina y agravia a los habitantes de Tierra del Fuego, dando lugar a proyectos secesionistas como el de Kohen.
  12. El secretario de Malvinas avala la postulación a la Corte Internacional de Justicia de Marcelo Kohen quien, como hemos dicho, proponía la separación de Malvinas de Tierra del Fuego, la continuidad del control de migraciones de los isleños y un referéndum para que los isleños indiquen qué nacionalidad deseaban (En 2013 arrojó que el 99,83% deseaba seguir bajo la corona británica).
  13. Los isleños incrementan al nivel más alto en estos últimos 40 años las relaciones con Brasil, Chile y Uruguay y, estos países contribuyen en la logística, intercambio comercial y de tripulantes etc. con las empresas que operan en Malvinas.

De persistir estas políticas nacionales e internacionales argentinas y el escenario mundial, no parece que vaya a cambiar la tendencia de fortalecimiento británico en el área. La política argentina debería modificarse sustancialmente si se pretende acercar a nuestro país al ejercicio de la soberanía plena, no solo de Malvinas, sino del Atlántico Sudoccidental. Malvinas es una cuestión de identidad nacional. Uno de los tantos proyectos inconclusos argentinos; pero, con un fuerte compromiso afectivo que puede encolumnarnos en un proyecto de interés geopolítico, económico, de soberanía nacional y, una deuda, que todos los argentinos tenemos con los 649 combatientes caídos en Malvinas en 1982.

La afirmación de los derechos soberanos no se declama, se ejerce.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

 

NI EBRIOS NI DORMIDOS, PACTANDO CON EL ENEMIGO

César Augusto Lerena*

El Ministro para las Américas del Reino Unido Alan Duncan escribió en sus memorias que, al momento de concretarse el llamado Pacto de Foradori-Duncan, el vicecanciller argentino «Carlos Foradori estaba tan borracho que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento» (Télam, 26/04/2022). Si esto fuera verdad, estaríamos en graves problemas, ya que nuestra Cancillería viene tomando decisiones muy favorables a los intereses del Reino Unido y, si ello lo atribuyésemos al alcohol, se trataría de una epidemia que no podríamos imputarla a la Pandemia del Coronavirus COVID-19, porque hace más de 40 años que los británicos avanzan sobre nuestros territorios insulares y marinos. En 1982 ocupaban 11.410 km2 y desde hace muchos años tienen invadido 1.639.900 km2 equivalentes al 50% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) «El uso nocivo del alcohol desafía al desarrollo social y económico de muchos países, incluidos los de las Américas, donde el consumo es de aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial. En general esta población consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud, así como para la violencia doméstica, la pérdida de productividad, y muchos costos ocultos» (www.paho.org/es/temas/alcohol). Tal vez, dentro de estos costos ocultos, la OPS pudo haber ponderado los probables efectos negativos del alcohol en las decisiones de los altos diplomáticos; pero, nosotros no creemos que esta sea la causa, aunque ya ello lo mantenía preocupado Mariano Moreno cuando decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia.

Pensar que Foradori, sobrio o beodo, tomó solo la decisión de semejante cesión intenta quitar de responsabilidad al Presidente y Ministro de entonces y, por cierto a la Cancillería Argentina y a un personaje con gran poder dentro del Ministerio de Relaciones Exterior: el Director General de la Consejería Legal Internacional, en su momento la influyente Susana Ruiz Cerutti y el intermitente Subdirector y ahora Director, su ahijado Holger Federico Martinsen.

Para descartar la cuestión del alcohol de una vez por todas, tengamos en cuenta que el entonces embajador Mark Kent era afecto al buen whisky escocés y, sin embargo, ello no dio motivo a que este odioso pacto termine siendo una decisión desfavorable a los británicos, sino todo lo contrario. A esta altura, si fuésemos tolerantes, podríamos pensar que Foradori al menos estaba dormido, y preguntarnos ¿cómo se le pudo haber ocurrido a un diplomático de carrera cerrar semejante acuerdo en “una fabulosa bodega, con las paredes llenas de botellas de Merlot” y que ésta se encuentre —precisamente— en la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Arrancamos mal, “firmando” la cesión en territorio británico, en un ámbito que parece más propicio para trasnochadas libaciones que para el tratamiento de cuestiones relativas a la soberanía argentina. Sí sabemos, que fue trabajoso el pacto, Foradori entró a la bodega el día 12 de septiembre y selló el pacto, el fatídico martes 13 por la madrugada.

En realidad, nadie en su sano juicio o que no tuviese el mandato de favorecer los intereses británicos en Malvinas podría acordar «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Una verdadera cesión incondicional; una entrega definitiva del ejercicio de la soberanía plena de Malvinas y una clara violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución.

Deberíamos descartar entonces que para “cerrar” el Pacto el vicecanciller Foradori estuviese borracho. Porque si fuese así, ¿cuál sería el tenor etílico de los funcionarios posteriores que habiendo pasado ya seis años del Pacto, aún lo mantienen vigente?

Refiere el secretario de Malvinas de la Cancillería Argentina Guillermo Carmona, que el «Gobierno del presidente Alberto Fernández llevó a cabo una serie de acciones para dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores derivados del comunicado conjunto emitido en septiembre de 2016».

Aquí el secretario, con intencionalidad o erróneamente, manifiesta que el Gobierno llevó a cabo acciones para limitar los acuerdos posteriores que derivaron del Pacto en cuestión y, omite decir que el más grave daño que provoca este acuerdo —de eso se trata cuando el llamado “comunicado conjunto” refiere en su texto siete veces a la palabra “acordar”— es la ratificación “de hecho” de los Acuerdos de Madrid y la fórmula del Paraguas, pudiéndose interpretar que el diálogo que reiteradamente la Cancillería Argentina demanda, está siendo llevado a cabo por el Reino Unido, a punto tal, que la Argentina promete quitarle todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas y la continuidad de los citados Acuerdos de Madrid.

Del mismo modo, el Reino Unido sigue otorgando licencias pesqueras ilegales a terceros países en violación a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas sin iniciar acciones a las empresas licenciadas, por violación a las leyes 24.922 (1998) y 27.564 (2020) y en algunos casos la Ley 26.386 que impide a las empresas radicadas en el continente argentino operar en Malvinas y, ello significa, la extracción anual de recursos pesqueros argentinos del orden de las 250.000 toneladas, valuadas sin proceso en unos mil millones de dólares.

De igual forma las autoridades argentinas no han cancelado la autorización a los vuelos de Latam de Malvinas a Chile y viceversa y la Secretaría de Malvinas, a instancias del autopostulado Marcelo Kohen, le propuso en diciembre de 2021 al Reino Unido, efectuar “vuelos humanitarios” con la compañía Aerolíneas Argentinas para que los isleños puedan salir de las islas a reunirse con sus familiares, constituyéndose en el hecho inédito que el país invadido ofrezca vuelos humanitarios al invasor, encuadrándose en una política reiterada e inconducente argentina de cooperación unilateral.

Igualmente sigue vigente el otorgamiento por licitación en 2019 de un área con más de 100 mil km2 para la explotación hidrocarburífera offshore en la Cuenca de Malvinas, entre los archipiélagos y el continente argentino a empresas petroleras de origen británico y/o que han intervenido en explotaciones en Malvinas, en abierta violación a la Ley 26.659 (Ley Solanas), tales como Shell, BP Exploration Operating Company Ltd; Tullow Oil y Equinor; al igual que esta última frente a las costas de Mar del Plata. Todas sin análisis de impacto ambiental previo e independiente.

No se ha dejado sin efecto tampoco dentro del Pacto el acuerdo de cooperación antártica lo que constituye un acto de reconocimiento a la posición británica inadmisible. Es interesante transcribir al respecto lo dicho por el catedrático Armando Abruza: «Una reflexión aparte debe hacerse respecto a los acuerdos de cooperación con el Reino Unido en materia de investigación científica en aguas subantárticas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en lugar de hacerlo en el marco multilateral de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que constituye el único régimen jurídico válidamente aplicable en esa región. En esta materia, corresponde igualmente poner de relieve la técnica empleada en la redacción del texto del Comunicado Conjunto, el cual, como se ha expresado, deja traslucir la autoría británica del documento, verificable en este caso específico a partir de su diseño. Curiosamente, la temática aquí abordada no fue incluida junto a los demás asuntos mencionados en el capítulo diez “Atlántico Sur”, sino que se encuentra referida en el último párrafo del capítulo tres “Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos y Cuestiones de Género”. La situación así descripta sugiere la intención británica de dividir el objeto jurídico de la controversia, separando a los citados archipiélagos que, por ser islas subantárticas, se encuentran comprendidas en el área de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de las Islas Malvinas, que se encuentran fuera del área de dicha Convención. Los dos aspectos precedentemente examinados parecen confirmar la recepción en el texto del Comunicado Conjunto de desarrollos jurídicos favorables al Reino Unido, necesariamente contrarios a la posición sostenida por nuestro país en la controversia de soberanía sobre los tres archipiélagos australes. Cualquier concesión que el Gobierno argentino pudiera realizar en las materias precedentemente señaladas, sin que se reanudaran prontamente las negociaciones sobre la soberanía y sin ninguna contraprestación sustantiva a cambio, tal como indiscutiblemente ocurrió a lo largo de la década de los ‘90 y hasta entrado el siglo actual, serían incompatibles con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y lesivas para los intereses de la Nación». (“El Comunicado Conjunto argentino-británico…” p. 89:116 Anuario Arg de Derecho Internacional, 2016).

Por cierto, sigue vigente la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas que creó un régimen de privilegio por sobre los demás países y tampoco derogó la Ley 25.290 que aprobó el Acuerdo de Nueva York, que podría dar lugar a fortalecer la posición británica en Malvinas e intervenir en la administración de los recursos pesqueros en todo el Atlántico Sur. Amén de ello, la Secretaría de Malvinas en estos dos años y medio de gobierno no ha promovido la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (1986) refrendada por la Res. 41/11 de la ONU, para que todos los países de África occidental y América oriental se pronuncien enérgicamente y realicen acciones contra de la presencia militar del Reino Unido en Malvinas.

La consigna de que Argentina «adopte las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» sigue vigente y nos preguntamos entonces con qué fundamentos se invita al diálogo al Reino Unido y a la cooperación. Si el Pacto de Foradori-Duncan se hubiese firmado ebrio o dormido ¿Cuál de estas condiciones u otras justifican mantener vigente un Acuerdo indigno que lesiona la soberanía nacional?

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

POLÍTICAS DE ESTADO Y FUNCIONARIOS CIENTÍFICOS

César Augusto Lerena*

Por Decreto 85 del 28 de diciembre de 2019 se designó al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Se suponía que se pondría al frente de esta secretaría a un hombre idóneo en la materia, suficientemente compenetrado con la Causa Malvinas y, seguramente, en pleno conocimiento de que se ponía en sus manos la responsabilidad de recuperar uno de los territorios más grandes ocupados por la fuerza por una potencia extranjera, ya que el Reino Unido invade más de 1,6 millones de km2 del mar argentino junto a los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; le disputa a la Argentina más de 1,4 millones de km2 de la plataforma continental argentina y otros casi millón de km2 de la Antártida y los mares correspondientes.

Seguramente, evaluando semejante responsabilidad, se eligió el secretario.

Luego, con el objeto de «constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo, conformado de manera multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática y, procurando fortalecer los consensos políticos y sociales que garanticen la continuidad de las políticas que sustenten la legítima e imprescriptible soberanía argentina» respecto a Malvinas, el 4 de agosto de 2020, por ley 27.558 se creó el Consejo Nacional de Malvinas, Georgias del sur, Sándwich del sur para consolidar una Política de Estado que trascienda los gobiernos y las perspectivas partidarias o sectoriales, garantizando una continuidad en las estrategias para alcanzar los objetivos de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El secretario Daniel Filmus integró finalmente en el citado Consejo a los miembros seleccionados y, un año después, sin que este ni el Consejo diseñaran estrategia alguna, este secretario fue ascendido a ministro de Ciencia y Técnica, vaya uno a saber por qué. De Sociólogo especializado en educación conduciendo las políticas internacionales relativas a la ocupación territorial argentina, con rango de embajador, a mandamás en la política de ciencia y técnica e innovación.

Ahora, este Sociólogo habrá de reemplazar en esta también estratégica cartera a Roberto Salvarezza, un Científico, Investigador Superior del área de nanociencia y nanotecnología del CONICET y expresidente del citado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, entre el 2012 y 2015 y, si bien Filmus, se manifestó “el más sorprendido” por la designación, le pareció “una oportunidad enorme para pelear por un tema que dice que le apasiona, que es la ciencia y la tecnología” (Infobae, 19/09/21), aunque hasta ayer todos pensásemos que su pasión se centraba en la Cuestión Malvinas.

Cavallo mandó a “lavar los platos a los científicos” y este gobierno de “científicos” “cambia un científico de excelencia por un sociólogo educador”. El rigor científico, el conocimiento y la imaginación, son centrales para conducir un área vital que nos colocará en el centro o en la marginalidad de los países del mundo. Los gobiernos -nuestros administradores- deberían terminar con esta troupe de saltimbanquis y torpetis. En el Estado deben acceder los más capaces. No hay forma de encaminarnos hacia un futuro mejor, en medio de tanta improvisación e incompetencia.

La Argentina está terminando el año 2021 con 150 veces más territorio ocupado por el Reino Unido que en 1982 y, si bien hay un plan de aumento progresivo del Presupuesto para la Investigación y Desarrollo, en 2021 es del 0,28% del PBI, por debajo de 2015 con 0,35% y de todos los países desarrollados, Brasil, Chile, Uruguay, etc.

La técnica tiene que estar al servicio de la política; pero, no es posible que políticos sin experiencia ni conocimiento temático, puedan diseñar y conducir la política en temas que se requiere algo más que entusiasmo y plasticidad burocrática. En la actividad empresarial el ascenso se corresponde con el resultado de la gestión y el Estado debería seguir este mismo camino que se ha perdido hace muchos, en especial, cuando se trata de establecer y conducir dos de las tres políticas centrales de un país: la soberanía política y la independencia económica, donde esta última, cada día, será más dependiente de los avances en materia ciencia y tecnología.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

Publicado en El Economista 28/09/2021 https://eleconomista.com.ar/2021-09-politicas-de-estado-y-funcionarios-cientificos/