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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS. PARTE 1.

César Augusto Lerena*

El 6 de noviembre de 2020 el presidente Alberto Fernández, en oportunidad de conmemorarse el 200° aniversario del izamiento de la Bandera Argentina en Malvinas, participó de la primera reunión del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes. Foto: Cancillería Argentina.

 

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas.

 

Para que podamos imaginarnos qué política puede diseñar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones), trataré de analizar el perfil de sus integrantes. Iniciaré la saga con el experto en derecho internacional público Dr. Marcelo Kohen, y tendré en cuenta para ello, sus declaraciones a Infobae, del 22/03/2018, que adquieren hoy especial significación como miembro del Consejo Nacional de Malvinas.

Coincido con Kohen que es necesario tener un plan a la hora de llevar adelante un hipotético encuentro para negociar, no ya sobre la soberanía, que es innegociable por lo prescripto en la Constitución Nacional, sino, sobre la forma en que el Reino Unido cesaría su ocupación en Malvinas; aunque, no deja de llamarme la atención la ventilación que hace de los pormenores. La pregunta que uno debería hacerle —al ahora miembro del Consejo Nacional— es, si esta propuesta —que incluso explicitó ante los isleños— sigue estando vigente, porque en toda negociación, como en el juego de truco, uno no debe mostrar todas sus cartas y él ya ha dicho a los cuatro vientos, cuánto estaría dispuesto a ceder y, por cierto, en varias de sus concesiones estoy en total desacuerdo.

Por cierto, que una cosa es ser un libre pensador frente a una cátedra (como Kohen) y otra un negociador del gobierno. Los especialistas o expertos no necesariamente deben ser los que fijan las políticas, sino que son aquellos que dan sustento técnico a aquellas tácticas destinadas a cumplir con la estrategia ya explicitada en la Constitución. Vemos entonces que, contrariamente a lo que manifiesta Kohen, en la Argentina sí hay una “Política de Estado” y es la que se indica en la Disposición Transitoria Primera de nuestra Carta Magna: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. El problema, en todo caso, es que en varios de los gobiernos desde 1994 a la fecha, se han apartado de este objetivo.

A esta altura, la pregunta que se hace Kohen de ¿qué pasaría si mañana el Reino Unido accediera al pedido argentino de “negociar” que se repite desde hace 36 años? parece extemporánea, ya que, para formulársela, el gobierno argentino debiera transitar previamente varias cuestiones, de modo de no llegar a ese momento en la situación de extrema y creciente debilidad en la que se encuentra: no podemos olvidar que el Reino Unido violenta la Res. 2065 (XX) ONU del 16/12/1965, donde la Asamblea invitó “a los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido (…) a proseguir sin demora las negociaciones…”; la Res. 1514 (XV) ONU del 14/12/1960, en especial los párrafos 1ro. y 6to. donde la Asamblea General declara que: “1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales (…) 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”; y también, la Res. 31/49 ONU del 01/12/ 1976 donde la Asamblea General declara que: “4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”.

Es en la elaboración de las tácticas previas, donde el Consejo de Malvinas debiera trabajar. “La carencia argentina de una propuesta concreta hace que el vacío se llene con las ideas más recalcitrantes” dice Kohen, aunque, mostrar a los isleños británicos, en este estado de cosas, una posición absolutamente concedente, me permite imaginar que las eventuales contraofertas significarían una cesión aún mayor a la que ya se propicia, a mi juicio inaceptable.

Respecto a la propuesta de Kohen de escindir las Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, fundado en lo dispuesto en el art. 2º de la Ley 23.775 (provincialización del 26/04/1990) parece incompatible con lo prescripto en el art. 13º de la Constitución Nacional y los art. 1º, 2º, 81º y 87º de la Constitución Provincial de Tierra del Fuego y su Disposición Transitoria Décimo Segunda donde “La Provincia reivindica la plenitud de sus derechos jurisdiccionales, económicos, políticos y sociales y denunciará los pactos, tratados, contratos y convenios firmados con anterioridad a la asunción de las primeras autoridades provinciales constitucionales, en tanto no se ajusten a los principios de esta Constitución o afecten sus intereses” y, el art. 14º de la propia Ley 23.775 que establece: “Las normas del territorio nacional de la Tierra del Fuego vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, mantendrán su validez en el nuevo estado, mientras no fueren derogadas o modificadas por la Constitución de la nueva provincia, la presente ley, o la Legislatura provincial, en cuanto sean compatibles con su autonomía”.

Además de ello, ¿no escuchar la voluntad de los fueguinos respecto a separar de la Provincia de Tierra del Fuego a Malvinas? y, también, habría que preguntarse, ¿en qué estado quedarían las Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida? Por otra parte, juntar esta iniciativa de Kohen de escindir la Provincia con la que a la vez postula, de que transcurridos treinta años “organizar un referéndum para decidir si se mantiene la situación acordada o si los isleños pueden asumir una soberanía plena” es verdaderamente —con todo respeto— propia de un novato o una propuesta probritánica (aunque no haya sido su intención) porque dada a los isleños la autonomía territorial y económica; todos los beneficios relativos al modo de vida y reconociéndoles a los 30 años los derechos a su libre determinación y siendo las autoridades locales (su propuesta) quienes aceptarían la radicación o no de argentinos continentales en la isla, es obvio esperar que la mayoría de británicos radicados en Malvinas opten por su soberanía plena. La unión de estas dos iniciativas de Kohen, es lisa y llanamente la entrega de las islas a los británicos, quienes, por aplicación de la CONVEMAR, al día siguiente reivindicarán las 200 millas, la plataforma continental e insistirán con la proyección antártica. Un suicidio.

En la idea que propicia Kohen, de crear una nueva Provincia, debería aprobarse una Constitución; aprobar y/o ratificar las leyes existentes y designar o dar continuidad de los jueces naturales, por lo cual, prever “un mecanismo de solución de controversias en caso de conflictos sobre la interpretación del acuerdo, que prevea la participación de los países garantes y a la Corte Internacional de Justicia como tribunal de alzada”, carecería de sentido y debilitaría la posición soberana de Argentina. Ya me he manifestado, por ejemplo, sobre mi posición contraria a “ir a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para plantear nuestro caso, que, en este escenario, podría tener los mismos efectos nefastos que invadir Malvinas y ciertamente irreversibles”.

Ahora, la propuesta de escisión de Kohen no es novedosa ya que el 24 de agosto de 2017 por Resolución 250/17 la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego había “procedido a rechazar (Art.1º) categóricamente el proyecto ‘Provincia de Malvinas, Provincia 24’ llevado a cabo por un grupo de periodistas egresados de la Universidad Nacional de la Plata, encabezados por el Licenciado en Comunicación Social, Marcelo Constanzo y el Prof. Santiago Albarracín, ganador del concurso nacional “Malvinas en la Universidad” organizado por el Ministerio de Educación de la Nación junto con la Secretaria de Asuntos Relativos a Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en el año 2015, en lo que respecta a promover que las Islas Malvinas se constituyan en una nueva Provincia resultando contrario al principio de integridad de nuestro Territorio provincial”.

Además de ello, el rechazo del citado audiovisual lo efectuaron todos los partidos políticos de Tierra de Fuego y entre ellos el FPV y PJ y, lo notable, que —como refiere la Resolución— este proyecto fue premiado en el Programa de Investigación “Malvinas en la Universidad” organizado junto al Ministerio de Educación por la Secretaria de Asuntos Relativos a Malvinas, entonces presidida por el actual secretario de Malvinas Daniel Filmus. Rara decisión (¿o no?), de Filmus de convocar al Prof. Kohen al “Consejo Nacional de Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”, a sabiendas, de las ideas que promueve y que tanto rechazo causaron en los fueguinos y —conocidos sus proyectos a nivel nacional— en muchos argentinos que trabajan para que la Argentina alcance el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas y, ello queda de manifiesto en el reciente artículo de Luciano Moreno Calderón “Una propuesta a medida del deseo kelper y los intereses británicos en el seno del Consejo Nacional de Malvinas”, donde en forma muy fundada deja de manifiesto su indignación sobre el proyecto del Dr. Marcelo Kohen.

Por otra parte, el eslogan “soberanía argentina, autonomía isleña” con el que presenta Kohen el Plan parece muy atractivo; pero, como he dicho, a poco de andar se distorsiona totalmente la cuestión soberana, cuando les da a los isleños la posibilidad de “a los treinta años, organizar un referéndum”. Ello se agrava, cuando al referirse al régimen migratorio precisa que “La autoridad de la provincia decidirá quién puede residir ahí y quién no”. Además de contrario a la Constitución Nacional (Preámbulo, artículos 14º, 20º, 22º, 25º), con este mecanismo, todo será irreversible en treinta años.

“Respetar” el modo de vida de sus habitantes no puede implicar —de ningún modo— impedir los derechos del resto de los argentinos a transitar, radicarse, invertir, etc. en Malvinas, de otro modo se trataría de una soberanía quimérica. Kohen, apoyando la idea de que las autoridades de la Provincia sean quienes autoricen o no a residir en las islas, manifiesta que “es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes”; pero, no se trata de “preservar” (conservar en su estado) sino de “respetar” las prácticas y costumbres habituales, es lógico suponer que con el correr de los años esos modos de vida se transfiguren, aunque conservando ciertos hábitos culturales, alimenticios, etc. como ha ocurrido con las distintas colectividades (galesas, irlandesas, inglesas, alemanas, italianas, españolas, etc.) radicadas en el continente argentino. Hay muchas formas de “respetar” el modo de vida; entre otras, manteniendo el idioma inglés (junto al castellano, ambos deberían ser obligatorios en la educación). Nadie duda que Suiza es un país que mantiene sus costumbres, aunque los idiomas oficiales sean el alemán; el francés; el italiano y, el retorrománico. También, otra forma de “respetar” el modo de vida, es mantener vigente toda la legislación respecto a la convivencia en los ámbitos urbanos y rurales, sin que ello implique no actualizarla conforme la evolución de la sociedad. Una forma de “no respetar” los hábitos fue cambiar en 1982 la circulación obligatoria de los vehículos por la derecha en lugar de por la izquierda como era la costumbre inglesa en Malvinas, lo que provocó gran confusión entre los isleños. Respecto a los nombres de los lugares, calles etc. es evidente que ello también pertenece al legado cultural; pero, todo tiene un límite, seguramente un monumento, calle o plaza con el nombre de Margaret Thatcher sería inaceptable. Por naturaleza las personas suelen adoptarse a las comunidades en las que se radican y ello puede observarse perfectamente en los pueblos del interior respecto a los grandes conglomerados urbanos.

Finalmente, estoy absolutamente en contra de promover las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que propicia Kohen, ya que son un instrumento destinado a que los Estados de Bandera se apropien de la administración de los recursos de los Estados ribereños y por cierto de fortalecer la posición británica en Malvinas.

Por supuesto, que la idea de avanzar en las negociaciones desde el Estado con los isleños que promueve este experto va en contra de todo lo sostenido hasta hoy por Argentina y lo que me pareció una idea imprudente en 2018, hoy adquiere una especial significación ya que el referido Marcelo Kohen, como sabemos, es uno de los principales asesores del secretario de Malvinas Daniel Filmus en el Consejo Nacional de Malvinas.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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HAY CERTIFICADORAS DE CALIDAD DE PESCA ILEGAL Y HAY FUNCIONARIOS EN ESTADO DE HIBERNACIÓN

César Augusto Lerena*

Días pasados la representante argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) le solicitó al subdirector de la Organización Panamericana de Salud (OPS), el brasileño Jarbás Barbosa, que corrigiera su informe respecto al Coronavirus, donde a la hora de referirse a nuestros archipiélagos australes habría usado la denominación Falkland/Malvinas en lugar de Malvinas. Es muy interesante que los funcionarios argentinos se preocupen por visibilizar nuestras reivindicaciones e intentar corregir informaciones erróneas sobre nuestro país, pero ello, habla más de nuestra pésima política respecto a Malvinas, que de la simple desinformación de un burócrata o de los comportamientos diplomáticos de las organizaciones.

Está muy bien que todos los años nos ocupemos de reclamar nuestros derechos ante los organismos multilaterales; que busquemos nuevos apoyos a nuestros derechos; que les recordemos a los argentinos las fechas alusivas a nuestras luchas soberanas y que resaltemos aquellos hechos que, aún ajenos a nuestras acciones, pueden servirnos para mantener viva la llama de la nacionalidad y para abroquelarnos atrás de una causa justa; PERO, NO ALCANZA. A la espera del diálogo que propicia la Resolución de las Naciones Unidas 2065/65 y con el peso de los Acuerdos de Madrid y otros actos fallidos o contrarios al interés nacional, hemos perdido el control de importantes espacios marítimos, recursos pesqueros y económicos, etc. y, muy especialmente, se ha favorecido la consolidación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y la Antártida.

Yo pregunto, qué hacen el secretario de Malvinas Daniel Filmus que coordina el Consejo Nacional de Malvinas y el subsecretario de Pesca Carlos Liberman que preside el Consejo Federal Pesquero (y que hicieron todos los funcionarios de los anteriores gobiernos), para desactivar todos los obstáculos que impiden el desarrollo argentino (no de Malvinas, como refiere el denominado acuerdo Foradori-Duncan que se mantiene vigente); qué hacen cuando el Atlántico Sudoccidental está internacionalizado; cuando todos los años los buques pesqueros extranjeros se llevan ilegalmente un millón de toneladas de pescados por valor de cuatro mil millones de dólares; cuando desde Malvinas se exportan 250 mil toneladas anuales que no pagan derechos aduaneros (contrabando); cuando los puertos de Uruguay sirven de apoyo necesario para sostener la pesca ilegal en el Atlántico sudoccidental; cuando toda la flota mercante es extranjera; cuando no se realizan las acciones necesarias para proteger los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE); cuando se mantiene desarticulada la red fluvial-marítima; cuando España (habiendo reconocido la soberanía en Malvinas), es el principal socio de los británicos en las islas y el destinatario del 95% de las extracciones que allí se realizan.

El Consejo Federal Pesquero durante el 2020 y en lo que va de 2021 (32 reuniones virtuales) NUNCA trató ninguno de los temas precedentemente citados, al igual que el Consejo Nacional de Malvinas (3 reuniones virtuales) que se limitó a efectuar algunas enunciaciones diagnósticas de algunos de sus miembros. Me respondo, no han hecho NADA. Y sería NADA aun haciendo algo y es NADA, como ocurre administrando el statu quo. No basta la enunciación de derechos, se requieren acciones.

Ahora bien, esta “hibernación de los funcionarios” que, por lo que vimos, es fácil entender que no es inocua, en algún caso, han alcanzado niveles de grotesco, tal es el caso de la publicación en el portal de fis.com (fuente: el medio probritánico MercoPress) del día 28 de enero pasado: «Tras su evaluación quinquenal (NdA: ¿cada cinco años?) del Marine Stwardship Council (MSC), la pesquería de palangre de merluza negra (Dissostichus eleginoides) de Georgias del Sur ha sido certificada por tercera vez como una pesquería sostenible y bien gestionada, según el boletín del gobierno de Georgias del Sur y el Islas Sándwich del Sur. La pesquería está gestionada por GSGSSI con el asesoramiento científico y el apoyo del British Antarctic Survey (BAS) y el Centro de Ciencias de la Pesca y la Acuicultura del Medio Ambiente (CEFASs). El Dr. Mark Belchier de BAS dijo: “…La recertificación del MSC es un fuerte respaldo al valor de la investigación científica a largo plazo para sustentar políticas y decisiones que conducen a una gestión responsable de la pesca (…) Esta es una señal muy bienvenida del compromiso continuo con la conservación de la vida marina en uno de los ecosistemas naturales más valorados del mundo”». (la negrita es mía).

Es evidente que la política expansionista del Reino Unido a través del gobierno ilegal en Malvinas no tiene límites, llevando desde acciones militares y de ocupación marítima, hasta el armado de diversas infraestructuras (puertos, etc.) destinadas a consolidarse en el territorio. Ahora bien, que Marine Stwardship Council (en delante MSC) certifique las pesquerías en Georgias del Sur (no sabemos si lo hizo también en Malvinas), está demostrando el interés netamente comercial de esta empresa certificadora, porque resulta absolutamente llamativo que MSC certifique pesquerías donde se realiza pesca INDNR. Y es ilegal esta pesquería desde la usurpación británica en 1833 de este territorio argentino, a tal punto que la ONU debió dictar las Res. 2065/65 y 31/49 donde quedó clara la situación de disputa y la prohibición de innovar respecto al territorio ocupado. Y ello solo le da el carácter ilegal —internacionalmente observable— a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga a barcos propios o de terceros para pescar en el área de Malvinas. El Reino Unido no lo desconoce y el MSC no lo puede desconocer. No es posible que MSC ignore lo prescripto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) respecto al análisis en conjunto e integral del recurso, ya que no se puede analizar una pesquería sin evaluar el ecosistema y cómo influye en el resto de las pesquerías argentinas —biológica, económica y socialmente— como bien refiere la CONVEMAR. Tampoco el artículo 2º de la Ley 24.543 con la que Argentina ratificó la CONVEMAR y dejó claras las “observaciones” sobre Malvinas y los recursos migratorios originarios de su ZEE. Del mismo modo, las Partes de esta Convención relativas a la pesca por parte de Estados de Bandera en la ZEE de los Estados ribereños (tal es el caso de Argentina).

La violación por parte del Reino Unido y la ocupación de facto del territorio, hace que la Autoridad Argentina no pueda controlar los procesos, las artes de pesca, los eventuales descartes, la registración de las capturas y desembarcos, no disponga de observadores, etc., haciendo netamente ilegal la pesca en Georgias del Sur certificada por MSC. El Reino Unido no es el titular de ese dominio y de los semovientes (los peces) y ello debería ser suficiente argumento para que no pueda acceder a la certificación de MSC que convalidaría en el mundo productos de origen ilegal, con un sello que supone lo contrario.

Esto nos lleva a la reflexión final de que no solo los funcionarios argentinos están “hibernando” frente a la apropiación de los territorios marítimos y sus recursos, sino que estas certificadoras deben ser reguladas nacional e internacionalmente ya que de otro modo se van a constituir en la intermediación y selección del comercio de los recursos pesqueros. Un ejemplo de ello lo da Peter Pahl, presidente de la Asociación de Pescadores de Merluza de Namibia, a propósito de la certificación de MSC en el pasado noviembre (EuropaAzul, 17/11/2020: Obtener la certificación MSC servirá para que la industria de la merluza de Namibia siga siendo competitiva y para que, además de satisfacer la demanda de nuestros mercados actuales, pueda expandirse hacia nuevos mercados en donde los distribuidores y las marcas se surten principalmente de pescado con certificación MSC para poder satisfacer las expectativas de sus consumidores. Ahora que ya tenemos la certificación esperamos ver crecer nuestras cifras en beneficio de nuestras gentes y comunidades, de la economía y, por supuesto, de los océanos”. Lo que deja en claro que se están privatizando los organismos de Calidad de los Estados, quienes definirán a dónde, cómo y cuándo los países podrán exportar. Estamos frente a una nueva barrera parancelaria y de control del comercio.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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CON ESTA POLITICA LA ARGENTINA NO RECUPERARÁ LA SOBERANÍA EN MALVINAS Y EL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

 

Algunos argentinos se vieron sorprendidos estos días con la comunicación de que pescadores gallegos, se aprestaban a partir con destino a Malvinas para capturar unas 45 mil toneladas de calamar. Seguramente, la Cancillería Argentina “indignada”, habrá hecho lo que hace (copia y pega) todos los años: “reclamar airadamente por esta pesca en nuestro territorio”. Y el gobierno ilegal británico en Malvinas “muy preocupado” reacciona anunciando el otorgamiento de licencias pesqueras por 25 años. Lo cierto que mientras nosotros seguimos contando cuentos de gallegos, ellos desde 1982 a la fecha, se llevan, asociados a los británicos y junto a coreanos y taiwaneses unas 250 mil toneladas anuales de pescados y calamares de Malvinas por un valor anual estimado en los mil millones de dólares, es decir unos 38 mil millones de dólares en los últimos 38 años.

Y, me pregunto: ¿Algún argentino duda que las Malvinas son argentinas y por tanto parte de su territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que mientras en 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 Km2 hoy ocupe 1,6 millones de km2 de un territorio marítimo argentino inmensamente más rico que los archipiélagos?

¿Quiénes son los responsables que desde 1982 a la fecha ninguna empresa de las que pescan en Malvinas haya pagado multa alguna, pese hacerlo sin cumplir con la legislación vigente argentina, cuando debería penalizarse a quién captura sin la habilitación en todo el territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que todos los productos extraídos desde 1982 del área de Malvinas con destino a la Unión Europea y otros países no hayan pagado derechos aduaneros de exportación con la consiguiente tipificación de contrabando de esas operaciones?

¿Quiénes son los responsables de la falta de Acuerdos con Uruguay para terminar con el refugio de la pesca ilegal del Atlántico Sur en sus puertos?

¿Quiénes son los responsables de que el Estado Argentino no haya reclamado a los empresarios pesqueros el resarcimiento económico por la extracción ilegal en Malvinas de recursos pesqueros desde 1982 a la fecha en el orden de los 38 mil millones de dólares, sin computar intereses, perdida de chance y pago de derechos?

Deberían rendir cuenta de ello, desde 1982 a la fecha los sucesivos Ministros de Relaciones Exteriores, los Ministros de Agricultura y Ganadería, los secretarios de Malvinas, los subsecretarios de Pesca, los Administradores de AFIP y de Aduana, entre otros, por la apropiación territorial y de los recursos pesqueros por parte de los británicos en Malvinas y sus socios los empresarios pesqueros españoles, sus joint venture con británicos, etc. Los funcionarios citados por su inacción o su acción manifiestamente contraria a los intereses nacionales han impedido el crecimiento nacional, generando pobreza, indigencia, pérdida de salud, educación, vivienda y desigualdad entre los argentinos y, por cierto, aún en 2021 estamos tan desmalvinizados como en 1983 y, a casi 39 años de la guerra de Malvinas, con una gravísima pérdida de soberanía nacional en el Atlántico Sur y los territorios del litoral marítimo patagónico, con sus implicancias en el Río de la Plata y la hidrovía Paraná-Paraguay.

A pocos días de cumplir 39 años de la recuperación de Malvinas, están los argentinos que dieron la vida, los heridos y los que lucharon por recuperar esta importante parte de nuestro territorio nacional; los funcionarios que se esconden detrás de los visillos y los que creemos que es otro el camino a seguir.

Entonces, fue por el aislamiento del mundo, la dependencia económica, las Convenciones, Acuerdos y Tratados que ataron al gobierno de pies y manos y, ahora, junto a todo ello, con el pretexto del coronavirus (vaya casualidad la denominación) los funcionarios no pueden pensar en otra cosa que no sea en esta pandemia y están impedidos de juntarse y elaborar una estrategia, a la que llaman pomposamente “Políticas de Estado”, pero que para elaborarlas (¿?) utilizan un Zoom. Me imagino a los servicios de espionaje británicos viendo a nuestros aburridos personajes, subidos al caballo de San Martín, luchando por su conectividad doméstica y con una austera cámara que, por suerte, los filma de la cintura para arriba. Tres reuniones desde la creación del “Consejo Nacional de Malvinas” parecen pocas para semejantes acciones de Estado, que deberían estar en cesión permanente. Señores tenemos ocupado el 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus archipiélagos australes, un territorio dos veces más extenso que la República de Francia, que mantuvo en vilo a Charles de Gaulle y los aliados. Si el procedimiento y la dinámica puesta por los gobiernos argentinos en esta materia se hubiesen aplicado durante la segunda guerra mundial, por temor a las bombas entonces y hoy al COVID, en otras manos estaría el poder hegemónico mundial. No se les paga a los funcionarios para dirigir simposios ni para resaltar las efemérides nacionales, sino para que con inteligencia, imaginación, coraje y contracción al trabajo cambien el destino de una Nación de rodillas.

Quién podría imaginarse recuperar Malvinas cuando no se tiene otra idea que promover el diálogo y desempolvar la gastada Res. 2065/65 de la Naciones Unidas en procura de que los británicos se sienten a negociar, con o sin el apoyo de la mayoría de los países del mundo. El diálogo en estos 55 años de espera, como Penélope, con o sin relaciones carnales, fue absolutamente contrario a los intereses territoriales, económicos y sociales argentinos, como hemos enumerado sintéticamente al inicio de estas líneas. Los tiempos están todos agotados, a no ser que el mensaje de cambiar sea para que nada cambie.

Desde 1982 a la fecha podemos considerar acciones positivas la creación de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (1986); la incorporación de la Disposición Transitoria Primera en la Constitución de la Nación Argentina (1994) que estableció: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; la suspensión de las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido (2005); la ratificación de los derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina (2007); la sanción de la Ley 26.386 que restringe las acciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas (2008); la identificación o localización de los argentinos caídos en Malvinas (2008/2013/2016); el requerimiento por Decreto 256/10 del permiso de Tránsito a Malvinas (2010); las restricciones por la Ley Solanas (26.659) a las empresas petroleras que operan en Malvinas (2011); la recomendación de 351.633 km2 sobre 1.782.000 km2 reclamados ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (2016); la jerarquización de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina (2020); la suspensión de las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña (2020); la creación del Consejo Nacional de Malvinas (2020) y la decisión de la Unión Europea de dejar afuera del Acuerdo del Brexit a todos los archipiélagos de ultramar (no solo Malvinas).

Con todo lo enunciado precedentemente no alcanzó ni alcanza. Denunciar todos los Acuerdos es el inicio de una lista de acciones proactivas económicas, operativas, de sur-americanización del Atlántico Sur y de ocupación de los espacios marítimos en la ZEE y alta mar, al margen de las acciones diplomáticas en todos los fueros para ratificar nuestros derechos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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