La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúne cada dos años.
Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.
Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.
Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.
Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.
El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente: “Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar”.
Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.
Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.
Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.
En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.
Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.
Tanto que, el presidente de Guyana Irfaan Ali ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.
Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.
De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.
Con seguridad, lo que sí nos interesa —y mucho— apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país en relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.
Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar —en su debida ocasión y lugar— porqué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.
Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.
Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe —por cuenta nuestra— el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.
No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.
La contraparte está consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.
Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.
Precisamente la contraparte lo que desea —en su artera maniobra— es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.
Ya la Corte nos ha dicho —sin remilgos— que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.
¿Acaso la Corte no nos asomó —con la decisión del año o pasado— que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?
Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.
Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba —séptima parte de nuestra geografía venezolana— que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/
Imagen: Embajada de la República Democrática Federal de Etiopía en Australia.
La Gran Represa Etíope del Renacimiento, situada en la región de Benishangul-Gumuz, se erige sobre el afluente del Nilo Azul. Junto al cauce del Nilo Blanco, constituyen un sistema fluvial complejo de carácter internacional que abastece de agua a 10 países.
Egipto y Sudán, que se ubican en la cuenca baja y dependen insustituiblemente de las cuotas hídricas anuales del Nilo, aseveran que la ausencia de un acuerdo formal con Etiopía no garantizará el abastecimiento a ambos países. La segunda etapa del llenado de 13,500 millones de metros cúbicos amplifica las tensiones entre los tres países que, durante una década, han llevado a cabo numerosas instancias de negociaciones fallidas.
Nodos estratégicos que emergen de la disputa por la Gran Represa del Renacimiento Etíope (GERD[1])
La disputa por GERD invita a analizar temas puramente estratégicos que incorporan variables fundamentales en los niveles medioambientales, políticos, económicos y militares en un contexto real. Entre las más sustantivas podemos enumerar las siguientes:
1- La agenda de desarrollo continental revela intereses contrapuestos en la utilización y dominio de los recursos hídricos que requieren marcos jurídicos más claros y modernos para su resolución; 2- En el caso de Egipto y Etiopía se observa la puja por el liderazgo político y económico en África Oriental para los próximos 30 años, en esta circunstancia, el agua se torna una variable de poder decisivo en lo económico, lo político y lo militar;3- Estados Unidos, China y Rusia se incorporan como actores obligados a mantener su influencia en un contexto de alianzas cruzadas con los gobiernos de la cuenca del Nilo y el cuerno de África, en el caso de GERD, China ha financiado gran parte de las obras; 4- La represa del Nilo Azul añade una sinuosa complejidad ya que Etiopía pretende convertirse en un proveedor protagónico del sector energético y, a su vez, Egipto y Sudan deben sostener el acceso al agua para la expansión de la frontera agrícola. Con el fin de mejorar los indicadores de seguridad y soberanía alimentaria para 150 millones de seres humanos; 5- En el plano diplomático, no hubo avances en los acuerdos y notoriamente Etiopia ha sido esquiva a consagrar compromisos tripartitos con Egipto y Sudán; 6- La Seguridad Hídrica se instala con más fuerza como asunto a abordar multidimensionalmente en los aspectos climáticos, energéticos, económicos, tecnológicos, demográficos y de seguridad humana; 7- En el último tramo temporal de 2021, todos los mandatarios han incluido o declarado públicamente que todas las opciones están sobre la mesa (lo que supone una manifestación tácita de un potencial conflicto armado en caso de que la diplomacia fracase).
Etiopía en sus interiores complejos
Etiopía se encuentra en un momento crítico debido a la inestabilidad interna que ha promovido una pérdida progresiva del consenso político y monopolio de la fuerza del gobierno federal del Premier Abiy Ahmed. La debilidad institucional ha motivado la reaparición de disputas limítrofes por tierras fértiles y otros recursos naturales en la mayoría de las 10 regiones del país, ampliado por diferencias étnicas, culturales y religiosas.
Las próximas elecciones de Junio de 2021 han provocado brotes de violencia que arrastran un trasfondo complejo para sostener el poder en el país y los controles territoriales en las regiones. En los últimos meses se destacan: la crisis en la región de Tigray (motivado por Abiy Ahmed para neutralizar al partido político TPLF); atentados y enfrentamientos entre la etnia oromia y amhara[2]; ataques entre las etnias afar y somalí (motivado por disputas de la administración territorial en las áreas de Hawuk y Gewane, originada por la notable agricultura de subsistencia nacional), y enfrentamientos con propósitos separatistas en el territorio de la etnia de Bani Shangul-Gumuz (donde se emplaza GERD).
Cabe destacar que la región más golpeada por la violencia es la de Tigray, donde se han enfrentado las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (gobierno) con el partido TPLF, generando centenares de muertos y el éxodo de aproximadamente 200,000 civiles. Con la particularidad que elementos de las fuerzas eritreas han participado dentro del territorio etíope para combatir al TPLF, ejecutando numerosas masacres de civiles en los focos de combate más álgidos (el secretario Antony Blinken de Estados Unidos presiona al gobierno etíope para que las fuerzas eritreas abandonen dicho territorio). En este contexto, la Etnia amhara ha operado activamente para recuperar territorios en disputa que habían sido agenciados antaño durante el paso del TPLF por el gobierno federal.
El consejo de Seguridad de la ONU ha declarado formalmente, y por primera vez, su preocupación por las denuncias de violación y abuso de los derechos humanos en la región[3]. La escalada de violencia en Tigray no es reciente. Kirby explica lo siguiente: «Las tensiones persistieron en 2020, que se suponía sería un año electoral, hasta que Abiy (con la aprobación del Parlamento) pospuso las elecciones, citando la pandemia de coronavirus como excusa. Los críticos de Abiy, incluidos los del TPLF, lo acusaron de una toma del poder antidemocrática. La región de Tigray celebró elecciones de todos modos en septiembre en un acto de desafío. Pero el gobierno de Abiy consideró ilegales esas elecciones»[4].
Para el caso de la etnia oromia la situación no es diferente; durante el año 2018 se inició una amnistía a grupos armados, considerados por el gobierno de Abiy Ahmed por «fuera de la categoría de terroristas», como el Frente de Liberación de Oromo (OLF), Patriotic GINBOT 7 (PG7), Frente Nacional de Liberación de Ogaden (ONLF), Movimiento de Fuerzas Democráticas de Amhara (ADFM) y el Movimiento Democrático Popular de Tigray (TPDM). Durante el proceso, el OLF no se integró al acuerdo de desarme, desmovilización y reintegración, por lo que sostienen su intransigencia contra Abiy Ahmed. Por el contrario, otros grupos mutaron a movimientos y partidos políticos para insertarse al proceso de reinstitucionalización.
El aumento de las protestas y enfrentamientos internos en Etiopia vienen causando mayores dificultades para la consolidación de una estabilidad económica a corto plazo. El analista Mbuyamba sostiene que «Los inversores se han vuelto más cautelosos como resultado de los disturbios sociales desde que el primer ministro Abiy Ahmed intentó introducir reformas económicas orientadas al mercado»[5].
La construcción de la represa GERD, que tiene un costo aproximado de 5.000 millones de dólares, se inserta como plan estratégico para Abiy Ahmed, que lo proyecta política y económicamente a nivel regional, aunque también las diferentes etnias opositoras se incorporaron a la crisis para buscar beneficios en la cambiante estructura de poder interno.
Alteración del flujo del río Nilo: aprensiones axiomáticas de Egipto y Sudán frente a la posición etíope
Egipto y Sudán han edificado una alianza diplomática de envergadura debido a la disputa sobre GERD. Ambas partes han dejado en claro que las negociaciones fueron dañadas porque Etiopía no tiene intención de ceder y ha tomado una actitud totalmente unilateral desde el inicio de la disputa. Ambos gobiernos evidencian que durante 10 años no hubo avances y Etiopía utilizó las oportunidades de negociación «para ganar tiempo en el avance de las obras de GERD» a pesar que El Cairo y Jartum nunca se opusieron a su construcción, sino a los tiempos de llenado del lago artificial para no perjudicar el flujo del cauce de Nilo Azul.
El gobierno egipcio ha sido determinante con su posición frente a la crisis; el presidente Abdel Fatah El Sisi ha declarado explícitamente en una conferencia que «Egipto no permitirá que disminuya una sola gota de agua de la que les corresponde». Como también, ha expresado que «todas las opciones están abiertas para resolver la crisis». Por otro lado, numerosos funcionarios y políticos de renombre han sentenciado que «jamás en 7000 años Egipto se enfrentó a una situación tan apremiante para la supervivencia del país».
El líder del Consejo Soberano de Sudán Abdel Fattah Burhan ha revelado enérgicamente que «no desea la guerra, pero que su país está preparado para responder a los desafíos en la protección de su soberanía». Como también, ha dicho que «quiere llegar a un acuerdo razonable y legal», cuestión que «ha negado el gobierno de Abiy Ahmed», según afirmó el militar sudanés en numerosas entrevistas televisivas.
La obturación diplomática se focaliza en que Etiopia rechaza los acuerdos de 1929 (entre Egipto y Reino Unido) y 1959 (Egipto y Sudán), el primero porque afirma que es de la era colonial y el segundo porque no estuvo incluido como estado soberano. Sumado a lo anterior, se explicita una tendencia negativa a las propuestas de ambos países hacia todos los cuestionamientos de orden técnico.
Desde los ministerios de Recursos Hídricos y Riego de Egipto y Sudán han explicado que «si bien, el objetivo principal de GERD es generar electricidad, durante la época de sequía el flujo del agua mermaría y el funcionamiento normal de la presa tendría como efecto colateral la disminución de las cuotas hídricas hacia ambos países». Es por ello, que el foco de un futuro acuerdo formal se centraría en establecer las reglas para administrar el agua en esos periodos de sequía. Vale recordar que, además de las temporadas de déficit de lluvias de corto plazo, cada 100 años el rio Nilo presenta sequias que duran 5 años ininterrumpidamente.
También han apuntado que «la agricultura en ambos países es vital para la generación y sostenimiento de millones de familias». Las cuales riegan sus cultivos a través de canales, muchos de ellos, milenarios. En el caso de Egipto, país donde culmina el curso del rio con desembocaduras en el mar Mediterráneo, posee una cuota de 55,500 millones de metros cúbicos anuales (establecido según el acuerdo del año 1959) y representan alrededor del 80% de sus recursos hídricos, que se originan mayoritariamente fuera del país[6]. Expertos egipcios han marcado que la construcción de GERD impone una disminución de la resiliencia de la Represa de Asuán, tanto en épocas de sequía como de precipitaciones.
En el plano de la seguridad, han deslizado que la disminución del flujo de agua desencadenaría conflictos internos e incrementaría la inmigración ilegal hacia otros países en un escenario futuro de corto plazo. Como contrapartida política, Egipto declaró que expandirá su zona agrícola en un proyecto llamado «Nuevo Delta», una obra que ha sido presentada formalmente a inicios del segundo trimestre de 2021 y se articula con todos los planes existentes de agricultura con diferentes metodologías de riego, incluido el sistema por pivote.
La encrucijada: dinámica de los últimos encuentros diplomáticos y declaraciones políticas traspuestas
Haciendo un conciso recorrido temporal, en estos últimos seis años hubo instancias de negociación que no consumaron progresos palpables. A modo de apuntación y glosa, pueden enumerarse: el acuerdo tripartito de 2015, la reunión de Washington en 2020 —donde no se lograron acordar los puntos críticos de la disputa— a pesar de las rondas técnicas establecidas. Como corolario, la reunión motorizada por la Unión Africana de Kinshasa en 2021 mostró la dificultad de demarcar un consenso tripartito.
Posteriormente, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad realizada el 24 de abril de 2021 Etiopía anunció formalmente el inicio de la segunda etapa del llenado de GERD en el mes de junio y que no dará marcha atrás en su decisión. Egipto y Sudán declararon en numerosas oportunidades que, de no existir un acuerdo formal, no habrá garantías para el futuro en la distribución equitativa del agua. Asimismo, han exteriorizado que Etiopía toma constantemente decisiones unilaterales sobre un rio internacional y que ponen a Sudán y Egipto en un alto riesgo, asegurando que es erróneo el precepto difundido en medios de comunicación de que «el agua del Nilo Azul es potestad de Etiopía» y puede administrarlo de manera autónoma.
Paralelamente, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudán Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi indicó el 20 de abril de 2021 que «Etiopía amenaza la seguridad nacional de Sudán con su intención iniciar el segundo llenado de GERD».
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto Sameh Shoukry ha realizado, luego de la reunión de Kinshasa, visitas a diferentes países de la cuenca del Nilo y Estados claves en el continente africano. El alto funcionario ha dicho «No puede haber negociaciones interminables o negociaciones por venir, con una parte que continúe tomando medidas unilaterales. De lo contrario, el asunto se convierte en un problema y no conduce a nada más que imponer la voluntad a dos partes y exponer a su gente a riesgos existenciales». En otro orden, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. egipcias Teniente General Mohamed Farid también ha concluido una agenda de visitas de cooperación militar en la región en países como Burundi y Sudán.
La estrategia multinivel egipcia recae en intentar incidir en todas las instancias diplomáticas, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, al Secretario General y al Consejo de Seguridad tratando de explicar que «la posición unilateral de Etiopía impacta en la estabilidad y seguridad de la región».
Un factor llamativo es la incorporación de Emiratos Árabes como mediador para encontrar soluciones diplomáticas sobre la represa. El Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan se encuentra realizando viajes y diálogos para buscar una solución ya que posee buenas relaciones con los tres países.
Estados Unidos, Rusia y China no han declarado una posición específica sobre la cuestión, a pesar del llamamiento al dialogo, aunque los intereses de las tres potencias se encuentran inmersos en el continente. Debe recordarse que gran parte de la infraestructura de Etiopía está siendo financiada por China. En el caso de Rusia, y luego de haber construido la base naval en Sudán, se proyecta una nueva estrategia en África, por lo que a Estados Unidos le compete reestructurar sus objetivos en la región frente al avance de ambos adversarios.
* Especialista en Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia. Licenciado en Ciencia Política, con especialización en Administración Pública, por la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvo el título de posgrado de Magister en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional Argentina (UNDEF). Ha cursado la Maestría en Gestión de la Ciencia, La tecnología y la Innovación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conforma el Comité Nacional de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad integrada (CAPSI), siendo el coordinador de cooperación Internacional.
[6] Frenken, K.Y Faurès, J.M. “Irrigation potential in Africa: A basin approach”. FAO Land and Water Bulletin, 1997, 4. Roma: FAO Land and Water Development Division, ISBN 92-5-103966-6.
Nos encontramos con bastantes expectativas para saber a qué atenernos y qué estrategias desarrollar, a partir de la determinación sentencial que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, el próximo (26) de este mes, desde el Palacio de la Paz, en La Haya, con la participación de sus jueces, casi todos por vía telemática.
No es para menos que afloren cualquier cantidad de preguntas; algunas han venido consiguiendo respuestas oportunas y eficaces; otras deben esperar por el desenvolvimiento de los hechos, en la fecha indicada. Sin embargo, ha crecido a ritmo vertiginoso la incertidumbre por lo que pueda suceder.
En todo el país, a los Esequibistas nos preguntan: qué nos corresponde hacer y cuál debe ser nuestra conducta ante un hito histórico-jurídico de tanta significación y trascendencia como Nación.
En honor a la verdad, indistintamente del desenlace que se presente en el Alto Tribunal celebramos toda la extraordinaria labor de divulgación generada desde las Universidades (a pesar de las conocidas limitaciones). Refiero también (permítanme decirlo) que he hecho un modesto peregrinaje por varias ciudades, conforme nuestras posibilidades —físicas y logísticas— para sensibilizar a todos los sectores.
Nos propusimos crear conciencia ciudadana de nuestra justa pertenencia sobre ese inmenso espacio territorial; desgajado hace más de un siglo, con vileza y mala fe, de la totalidad de la geografía venezolana.
Así también, elogiamos el trabajo sostenido de las Organizaciones no Gubernamentales, de las Academias que se han pronunciamiento debidamente con asidero doctrinal; los esfuerzos de orientación de la Asamblea Nacional, del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) , del Instituto Venezolano de los Estudios Fronterizos (IDEFV) y especialmente las iniciativas de la Fundación Venezuela Esequiba para diseñar, planificar y ejecutar las hermosas jornadas virtuales de reforzamiento de conocimientos y concienciación sobre este tema álgido, que ahora entrará a conocer en su fondo el jurado de la CIJ
En toda Venezuela, hoy como nunca, hemos podido diseñar un discurso coincidente, que se expresa siempre en todas partes, en los mismos siguientes términos: el caso de la Guayana Esequiba nos obliga (por encima de particularismos) a conferirle un tratamiento de Política de Estado. Unidad de propósitos y unidad de estrategias.
Asumimos y lo estamos cumpliendo que —ante la densidad de lo que se propone discernir la Corte— la contención por la Guayana Esequiba rebasa las parcelas ideológicas, partidistas, sociales, confesionales, raciales o de cualquier otra índole.
Afortunadamente, para el bien del país, este caso ha logrado concitarnos; juntarnos con criterios unánimes. Digamos, entonces, que aquí no caben ni distractores, diversificadores ni oportunistas; porque, este asunto litigioso estamos obligados a estudiarlo, manejarlo y encararlo —jurídicamente— invocando la solidaridad de toda la población venezolana; incorporando las mejores voluntades e inteligencias. El clarín de la patria está llamando.
Ya se sabe que el pasado (18) de diciembre la Corte Internacional de Justicia se autoconfirió jurisdicción y competencia, en una sentencia preliminar que, aunque nos haya parecido “rara y sospechosa”, la hemos analizado en todas sus consideraciones y las implicaciones que de la misma se derivarán en el futuro próximo, para las Partes en la controversia.
El señalado Alto Jurado de La Haya desestimó tres solicitudes que hizo la delegación de Guyana, a través del recurso interpuesto contra nosotros, por considerarlas de “poca monta”; pero sin embargo, admitió —eo ipso— el elemento más denso e importante en el petitorio: “el carácter válido y vinculante del Laudo; el cual resuelve plena, perfecta y definitivo todos los asuntos relativos a la frontera con Venezuela” (según los términos que utiliza la contraparte en su escrito), para referirse a la sentencia tramposa y perversa, conocida en el mundo como Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Una vergüenza para la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho Internacional Público.
Recayó, por esa vía procedimental para los efectos sucesivos, el objeto de la demanda en el mencionado adefesio jurídico, el cual había quedado descartado, desde el mismo momento en que se firma el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; en cuyo texto los suscribientes, por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Michael Stewart), por la Guayana Británica (el primer ministro Forbes Burnham) y por Venezuela (el canciller Ignacio Iribarren Borges) admiten la ineficacia jurídica de la citada sentencia arbitral, al dejar sentado que: “se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. (subrayado nuestro).
Podemos interpretar, en inequívoca hermenéutica jurídica, que en ese preciso instante se produce la admisión de los hechos que nuestra delegación denunció en su narrativa.
Cabe preguntarnos, por qué la insistencia de la Corte de reinstaurar y darle vigencia a tal documento, para la continuidad del Proceso, si ya dábamos por execrado el mismo para cualquier estimación y consideración jurídica.
Encontrándonos en las proximidades de otra posible sentencia nos vemos obligados a diseñar, como equipo representativo del Estado venezolano, las más eficientes estrategias para hacer todas las alegaciones que sean necesarias, oportunas y pertinentes —damos por sentado que Venezuela se hará parte del juicio y manifestará el consentimiento de obligarse— para demostrar, con suficiente contundencia, que la decisión arbitral —de ingrata recordación— de 1899, constituyó una aberración, perpetradora del vil despojo de 159.500 km2, de nuestra geografía nacional, una séptima parte de la extensión territorial que heredamos históricamente desde 1777.
Hemos dicho de varias maneras y en muchas partes que no debemos rehuir el “combate jurídico” en ciernes.
Entro a explicar el porqué de mi sugerencia. Primero, tengamos presente que el juicio no se paralizará así nosotros continuemos invocando la No Comparecencia. Acaso, ya la Corte no asomó en su decisión previa (admisibilidad de jurisdicción) que está dispuesta inclusive a sentenciar a nuestro país en ausencia, de acuerdo con el artículo (53) de su propio Estatuto.
De tal manera que nuestra diligencia debe regirse, en lo inmediato, a conformar el mejor de los equipos con carácter multidisciplinario para atender el litigio, en esta delicada fase, tanto en el sitio de los acontecimientos (La Haya), como dentro del país; provocando y convocando asambleas de compatriotas, actividades en conjunto con visitas a los medios de comunicación para informar y deliberar sobre el evento que disciernen los jueces, en Los Países Bajos.
Otra diligencia que debe practicarse, con prontitud, es la designación del juez ad-hoc que se incorporará al corpus del jurado sentenciador, con atribuciones plenas en nuestra representación.
El viernes 26, a las tres de la tarde, hora de La Haya; tal vez, la nueva presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la estadounidense Joan Donoghue abra la celebración de la audiencia con los (17) magistrados (algunos presentes y otra vía telemática), e inmediatamente cede el derecho de palabra a la representación de Venezuela para que proceda —en esta primera vista procesal— a exponer su memorial de contestación de la demanda incoada por Guyana.
Imaginamos que, en su tiempo correspondiente, los coagentes guyaneses aprovecharán para ratificar la Pretensión procesal, esta vez circunscrita a sermonear (¿increpar?) a nuestra delegación para que demuestre porqué aseguramos la invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.
Estamos munidos de bastantes elementos probatorios para desmontar el despropósito sobre el cual ellos han sostenido las tratativas tramposas, que ahora pretenden judicializar.
En una hipótesis —nada desdeñable— colegimos a partir de los indicios que, una vez escuchadas las Altas Partes conflictuadas, el jurado quizás invite a ambas delegaciones para otras audiencias a añadir más aportaciones; lo que quiere decir que en la primera vista no habrá una sentencia, considerable definitivamente firme, con perspectiva de ejecución.
El escenario de imaginación, anteriormente descrito, nos posibilita reforzar, cada vez, nuestros argumentos para probar, demostrar y convencer al jurado de nuestras justas afirmaciones.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
