Si bien existen antecedentes durante la 1ª Guerra Mundial sobre la implementación de estructuras dedicadas a la Inteligencia Económica (IE), es a partir de la década de 1990, en el marco de un entorno sumamente competitivo signado por diversas crisis económicas y financieras, donde los Servicios de Inteligencia (incluso los militares) de Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, etc., han incorporado esta actividad a sus misiones.
Es evidente que el objetivo tiende a la detección de amenazas y de oportunidades para poder lograr la ventaja estratégica frente a los oponentes, sin necesidad del empleo militar “convencional” en los conflictos.
Así como la inteligencia competitiva entre corporaciones, grupos económicos y empresas se ha venido realizando desde hace tiempo por fuentes abiertas dentro de las reglas normales de la competencia y el marketing, también han sido denunciados varios casos de espionaje industrial, donde la intención principal es la obtención de la información no abierta o no pública por medio de la penetración en la estructura del competidor o la “compra” de la información por medio de la extorsión o de empleados infieles.
La historia ha proporcionado muchos casos, algunos resonantes, podríamos citar:
IBM contra Hitachi por obtención y uso de documentación exclusiva de uso interno de la empresa.
General Motors acusó a Volkswagen por el uso de información obtenida de su ex personal contratado por la última.
Kodak contra Harold Worden, jubilado de la empresa que entregó documentación secreta y reclutó a otros para hacer lo mismo.
Gillette contra Steven Louis Davis por divulgar información confidencial a los competidores.
Microsoft contra Oracle por intentar obtener documentación reservada sobre su financiación.
El Consejo Directivo de Hewlett-Packard se vio atrapado en un escándalo cuando se descubrió que la empresa espiaba a sus consejeros.
DuPont contra Michael Mitchell, ex integrante de la firma, por llevarse información para los competidores y trabajando con ellos intentar conseguir más datos por medio de sus ex compañeros de trabajo.
En la Fórmula 1 un ingeniero de Ferrari filtró documentos a la escudería británica McLaren.
Starwood contra Hilton por uso de información robada.
Google contra China por robo de propiedad intelectual.
Razer comunica que les han sustraído varios productos expuestos en la Feria de Electrónica de Consumo CES en Las Vegas, entre ellos dos prototipos presentados en la feria tecnológica.
Huawei denunció que seis de sus diseñadores vendieron información confidencial a la competidora LeEco (dos patentes secretas, el diseño de una antena y un reloj inteligente para niños).
El National Counterintelligence and Security Center (NCSC) de los Estados Unidos puso en marcha en 2019 una campaña para ayudar al sector privado a protegerse contra las amenazas crecientes de entidades de inteligencia extranjeras y otros adversarios. La finalidad era concientizar y ayudar a las empresas a salvaguardarse de la acciones producidas por actores que puedan estar intentando robar información sensible.
En esta última década, la agresividad de los conflictos entre países se viene incrementando principalmente a través de ciberataques a organizaciones de los Estados, empresas, centrales nucleares, entidades financieras, laboratorios, entre otros blancos.
El analista Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, en su artículo del 8 de mayo de 2021 titulado “Cómo será la defensa global en 2040”, realiza un análisis del documento Global Trends elaborado cada cuatro años por el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos. Del mismo se extraen los siguientes párrafos:
En cuanto a las características del futuro conflicto militar, su descripción coincide con la de la llamada “guerra híbrida”.
Las Fuerzas Armadas convencionales seguirán siendo el eje de la capacidad militar de los Estados. Pero deberán articularse cada vez más con las operaciones en el ciberespacio, el accionar de milicias, contratistas privados y de fuerzas especiales encubiertas, que es el escenario de la “guerra híbrida”.
Un conflicto sólo tecnológico y cibernético es una posibilidad, pero será difícil mantenerlo circunscripto a estos ámbitos-
No se puede descartar que la Inteligencia Económica pase también a ser parte de este escenario de guerras silenciosas entre países ya que la información sobre el potencial económico de un país puede también transformarse en el objetivo de operaciones especiales tendientes a debilitar su posicionamiento en el mercado internacional, no solamente para el robo de información, sino también mediante acciones subrepticias tendientes a afectar desarrollos, mercaderías, producciones, por ejemplo, inoculaciones virales en animales de faena, la implantación de sustancias no aptas para la salud en cultivos, el sabotaje en la producción de fármacos o productos comestibles, entre otros.
De este modelo de conflicto que no incluye el uso convencional de la fuerza pero sí el irregular y encubierto, surgirían otros cuestionamientos: ¿Hay países con decisión de ampliar sus enfrentamientos a este espacio o capaces de realizar operaciones de este tipo para lograr mejorar su posicionamiento en los mercados? Y si es así, ¿cuál es el nivel de concientización y preparación para evitarlo?
Cualquiera sea la postura personal ante esta cuestión, lo que sí es seguro es que la única manera de minimizar riesgos y consecuencias debe surgir de la acción conjunta del Estado y de los privados, de su combinación de conocimientos y medios y de la adecuada capacitación y concientización de la época que nos toca vivir.
* Licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Formación de Analista y Diseño de Escenarios Estratégicos en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros efectuados en la entonces Escuela de Guerra de Ejército y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) sobre Terrorismo Internacional para Analistas de Inteligencia.
La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúne cada dos años.
Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.
Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.
Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.
Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.
El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente: “Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar”.
Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.
Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.
Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.
En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.
Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.
Tanto que, el presidente de Guyana Irfaan Ali ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.
Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.
De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.
Con seguridad, lo que sí nos interesa —y mucho— apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país en relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.
Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar —en su debida ocasión y lugar— porqué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.
Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.
Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe —por cuenta nuestra— el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.
No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.
La contraparte está consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.
Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.
Precisamente la contraparte lo que desea —en su artera maniobra— es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.
Ya la Corte nos ha dicho —sin remilgos— que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.
¿Acaso la Corte no nos asomó —con la decisión del año o pasado— que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?
Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.
Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba —séptima parte de nuestra geografía venezolana— que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/
Imagen: Embajada de la República Democrática Federal de Etiopía en Australia.
La Gran Represa Etíope del Renacimiento, situada en la región de Benishangul-Gumuz, se erige sobre el afluente del Nilo Azul. Junto al cauce del Nilo Blanco, constituyen un sistema fluvial complejo de carácter internacional que abastece de agua a 10 países.
Egipto y Sudán, que se ubican en la cuenca baja y dependen insustituiblemente de las cuotas hídricas anuales del Nilo, aseveran que la ausencia de un acuerdo formal con Etiopía no garantizará el abastecimiento a ambos países. La segunda etapa del llenado de 13,500 millones de metros cúbicos amplifica las tensiones entre los tres países que, durante una década, han llevado a cabo numerosas instancias de negociaciones fallidas.
Nodos estratégicos que emergen de la disputa por la Gran Represa del Renacimiento Etíope (GERD[1])
La disputa por GERD invita a analizar temas puramente estratégicos que incorporan variables fundamentales en los niveles medioambientales, políticos, económicos y militares en un contexto real. Entre las más sustantivas podemos enumerar las siguientes:
1- La agenda de desarrollo continental revela intereses contrapuestos en la utilización y dominio de los recursos hídricos que requieren marcos jurídicos más claros y modernos para su resolución; 2- En el caso de Egipto y Etiopía se observa la puja por el liderazgo político y económico en África Oriental para los próximos 30 años, en esta circunstancia, el agua se torna una variable de poder decisivo en lo económico, lo político y lo militar;3- Estados Unidos, China y Rusia se incorporan como actores obligados a mantener su influencia en un contexto de alianzas cruzadas con los gobiernos de la cuenca del Nilo y el cuerno de África, en el caso de GERD, China ha financiado gran parte de las obras; 4- La represa del Nilo Azul añade una sinuosa complejidad ya que Etiopía pretende convertirse en un proveedor protagónico del sector energético y, a su vez, Egipto y Sudan deben sostener el acceso al agua para la expansión de la frontera agrícola. Con el fin de mejorar los indicadores de seguridad y soberanía alimentaria para 150 millones de seres humanos; 5- En el plano diplomático, no hubo avances en los acuerdos y notoriamente Etiopia ha sido esquiva a consagrar compromisos tripartitos con Egipto y Sudán; 6- La Seguridad Hídrica se instala con más fuerza como asunto a abordar multidimensionalmente en los aspectos climáticos, energéticos, económicos, tecnológicos, demográficos y de seguridad humana; 7- En el último tramo temporal de 2021, todos los mandatarios han incluido o declarado públicamente que todas las opciones están sobre la mesa (lo que supone una manifestación tácita de un potencial conflicto armado en caso de que la diplomacia fracase).
Etiopía en sus interiores complejos
Etiopía se encuentra en un momento crítico debido a la inestabilidad interna que ha promovido una pérdida progresiva del consenso político y monopolio de la fuerza del gobierno federal del Premier Abiy Ahmed. La debilidad institucional ha motivado la reaparición de disputas limítrofes por tierras fértiles y otros recursos naturales en la mayoría de las 10 regiones del país, ampliado por diferencias étnicas, culturales y religiosas.
Las próximas elecciones de Junio de 2021 han provocado brotes de violencia que arrastran un trasfondo complejo para sostener el poder en el país y los controles territoriales en las regiones. En los últimos meses se destacan: la crisis en la región de Tigray (motivado por Abiy Ahmed para neutralizar al partido político TPLF); atentados y enfrentamientos entre la etnia oromia y amhara[2]; ataques entre las etnias afar y somalí (motivado por disputas de la administración territorial en las áreas de Hawuk y Gewane, originada por la notable agricultura de subsistencia nacional), y enfrentamientos con propósitos separatistas en el territorio de la etnia de Bani Shangul-Gumuz (donde se emplaza GERD).
Cabe destacar que la región más golpeada por la violencia es la de Tigray, donde se han enfrentado las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (gobierno) con el partido TPLF, generando centenares de muertos y el éxodo de aproximadamente 200,000 civiles. Con la particularidad que elementos de las fuerzas eritreas han participado dentro del territorio etíope para combatir al TPLF, ejecutando numerosas masacres de civiles en los focos de combate más álgidos (el secretario Antony Blinken de Estados Unidos presiona al gobierno etíope para que las fuerzas eritreas abandonen dicho territorio). En este contexto, la Etnia amhara ha operado activamente para recuperar territorios en disputa que habían sido agenciados antaño durante el paso del TPLF por el gobierno federal.
El consejo de Seguridad de la ONU ha declarado formalmente, y por primera vez, su preocupación por las denuncias de violación y abuso de los derechos humanos en la región[3]. La escalada de violencia en Tigray no es reciente. Kirby explica lo siguiente: «Las tensiones persistieron en 2020, que se suponía sería un año electoral, hasta que Abiy (con la aprobación del Parlamento) pospuso las elecciones, citando la pandemia de coronavirus como excusa. Los críticos de Abiy, incluidos los del TPLF, lo acusaron de una toma del poder antidemocrática. La región de Tigray celebró elecciones de todos modos en septiembre en un acto de desafío. Pero el gobierno de Abiy consideró ilegales esas elecciones»[4].
Para el caso de la etnia oromia la situación no es diferente; durante el año 2018 se inició una amnistía a grupos armados, considerados por el gobierno de Abiy Ahmed por «fuera de la categoría de terroristas», como el Frente de Liberación de Oromo (OLF), Patriotic GINBOT 7 (PG7), Frente Nacional de Liberación de Ogaden (ONLF), Movimiento de Fuerzas Democráticas de Amhara (ADFM) y el Movimiento Democrático Popular de Tigray (TPDM). Durante el proceso, el OLF no se integró al acuerdo de desarme, desmovilización y reintegración, por lo que sostienen su intransigencia contra Abiy Ahmed. Por el contrario, otros grupos mutaron a movimientos y partidos políticos para insertarse al proceso de reinstitucionalización.
El aumento de las protestas y enfrentamientos internos en Etiopia vienen causando mayores dificultades para la consolidación de una estabilidad económica a corto plazo. El analista Mbuyamba sostiene que «Los inversores se han vuelto más cautelosos como resultado de los disturbios sociales desde que el primer ministro Abiy Ahmed intentó introducir reformas económicas orientadas al mercado»[5].
La construcción de la represa GERD, que tiene un costo aproximado de 5.000 millones de dólares, se inserta como plan estratégico para Abiy Ahmed, que lo proyecta política y económicamente a nivel regional, aunque también las diferentes etnias opositoras se incorporaron a la crisis para buscar beneficios en la cambiante estructura de poder interno.
Alteración del flujo del río Nilo: aprensiones axiomáticas de Egipto y Sudán frente a la posición etíope
Egipto y Sudán han edificado una alianza diplomática de envergadura debido a la disputa sobre GERD. Ambas partes han dejado en claro que las negociaciones fueron dañadas porque Etiopía no tiene intención de ceder y ha tomado una actitud totalmente unilateral desde el inicio de la disputa. Ambos gobiernos evidencian que durante 10 años no hubo avances y Etiopía utilizó las oportunidades de negociación «para ganar tiempo en el avance de las obras de GERD» a pesar que El Cairo y Jartum nunca se opusieron a su construcción, sino a los tiempos de llenado del lago artificial para no perjudicar el flujo del cauce de Nilo Azul.
El gobierno egipcio ha sido determinante con su posición frente a la crisis; el presidente Abdel Fatah El Sisi ha declarado explícitamente en una conferencia que «Egipto no permitirá que disminuya una sola gota de agua de la que les corresponde». Como también, ha expresado que «todas las opciones están abiertas para resolver la crisis». Por otro lado, numerosos funcionarios y políticos de renombre han sentenciado que «jamás en 7000 años Egipto se enfrentó a una situación tan apremiante para la supervivencia del país».
El líder del Consejo Soberano de Sudán Abdel Fattah Burhan ha revelado enérgicamente que «no desea la guerra, pero que su país está preparado para responder a los desafíos en la protección de su soberanía». Como también, ha dicho que «quiere llegar a un acuerdo razonable y legal», cuestión que «ha negado el gobierno de Abiy Ahmed», según afirmó el militar sudanés en numerosas entrevistas televisivas.
La obturación diplomática se focaliza en que Etiopia rechaza los acuerdos de 1929 (entre Egipto y Reino Unido) y 1959 (Egipto y Sudán), el primero porque afirma que es de la era colonial y el segundo porque no estuvo incluido como estado soberano. Sumado a lo anterior, se explicita una tendencia negativa a las propuestas de ambos países hacia todos los cuestionamientos de orden técnico.
Desde los ministerios de Recursos Hídricos y Riego de Egipto y Sudán han explicado que «si bien, el objetivo principal de GERD es generar electricidad, durante la época de sequía el flujo del agua mermaría y el funcionamiento normal de la presa tendría como efecto colateral la disminución de las cuotas hídricas hacia ambos países». Es por ello, que el foco de un futuro acuerdo formal se centraría en establecer las reglas para administrar el agua en esos periodos de sequía. Vale recordar que, además de las temporadas de déficit de lluvias de corto plazo, cada 100 años el rio Nilo presenta sequias que duran 5 años ininterrumpidamente.
También han apuntado que «la agricultura en ambos países es vital para la generación y sostenimiento de millones de familias». Las cuales riegan sus cultivos a través de canales, muchos de ellos, milenarios. En el caso de Egipto, país donde culmina el curso del rio con desembocaduras en el mar Mediterráneo, posee una cuota de 55,500 millones de metros cúbicos anuales (establecido según el acuerdo del año 1959) y representan alrededor del 80% de sus recursos hídricos, que se originan mayoritariamente fuera del país[6]. Expertos egipcios han marcado que la construcción de GERD impone una disminución de la resiliencia de la Represa de Asuán, tanto en épocas de sequía como de precipitaciones.
En el plano de la seguridad, han deslizado que la disminución del flujo de agua desencadenaría conflictos internos e incrementaría la inmigración ilegal hacia otros países en un escenario futuro de corto plazo. Como contrapartida política, Egipto declaró que expandirá su zona agrícola en un proyecto llamado «Nuevo Delta», una obra que ha sido presentada formalmente a inicios del segundo trimestre de 2021 y se articula con todos los planes existentes de agricultura con diferentes metodologías de riego, incluido el sistema por pivote.
La encrucijada: dinámica de los últimos encuentros diplomáticos y declaraciones políticas traspuestas
Haciendo un conciso recorrido temporal, en estos últimos seis años hubo instancias de negociación que no consumaron progresos palpables. A modo de apuntación y glosa, pueden enumerarse: el acuerdo tripartito de 2015, la reunión de Washington en 2020 —donde no se lograron acordar los puntos críticos de la disputa— a pesar de las rondas técnicas establecidas. Como corolario, la reunión motorizada por la Unión Africana de Kinshasa en 2021 mostró la dificultad de demarcar un consenso tripartito.
Posteriormente, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad realizada el 24 de abril de 2021 Etiopía anunció formalmente el inicio de la segunda etapa del llenado de GERD en el mes de junio y que no dará marcha atrás en su decisión. Egipto y Sudán declararon en numerosas oportunidades que, de no existir un acuerdo formal, no habrá garantías para el futuro en la distribución equitativa del agua. Asimismo, han exteriorizado que Etiopía toma constantemente decisiones unilaterales sobre un rio internacional y que ponen a Sudán y Egipto en un alto riesgo, asegurando que es erróneo el precepto difundido en medios de comunicación de que «el agua del Nilo Azul es potestad de Etiopía» y puede administrarlo de manera autónoma.
Paralelamente, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudán Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi indicó el 20 de abril de 2021 que «Etiopía amenaza la seguridad nacional de Sudán con su intención iniciar el segundo llenado de GERD».
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto Sameh Shoukry ha realizado, luego de la reunión de Kinshasa, visitas a diferentes países de la cuenca del Nilo y Estados claves en el continente africano. El alto funcionario ha dicho «No puede haber negociaciones interminables o negociaciones por venir, con una parte que continúe tomando medidas unilaterales. De lo contrario, el asunto se convierte en un problema y no conduce a nada más que imponer la voluntad a dos partes y exponer a su gente a riesgos existenciales». En otro orden, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. egipcias Teniente General Mohamed Farid también ha concluido una agenda de visitas de cooperación militar en la región en países como Burundi y Sudán.
La estrategia multinivel egipcia recae en intentar incidir en todas las instancias diplomáticas, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, al Secretario General y al Consejo de Seguridad tratando de explicar que «la posición unilateral de Etiopía impacta en la estabilidad y seguridad de la región».
Un factor llamativo es la incorporación de Emiratos Árabes como mediador para encontrar soluciones diplomáticas sobre la represa. El Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan se encuentra realizando viajes y diálogos para buscar una solución ya que posee buenas relaciones con los tres países.
Estados Unidos, Rusia y China no han declarado una posición específica sobre la cuestión, a pesar del llamamiento al dialogo, aunque los intereses de las tres potencias se encuentran inmersos en el continente. Debe recordarse que gran parte de la infraestructura de Etiopía está siendo financiada por China. En el caso de Rusia, y luego de haber construido la base naval en Sudán, se proyecta una nueva estrategia en África, por lo que a Estados Unidos le compete reestructurar sus objetivos en la región frente al avance de ambos adversarios.
* Especialista en Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia. Licenciado en Ciencia Política, con especialización en Administración Pública, por la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvo el título de posgrado de Magister en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional Argentina (UNDEF). Ha cursado la Maestría en Gestión de la Ciencia, La tecnología y la Innovación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conforma el Comité Nacional de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad integrada (CAPSI), siendo el coordinador de cooperación Internacional.
[6] Frenken, K.Y Faurès, J.M. “Irrigation potential in Africa: A basin approach”. FAO Land and Water Bulletin, 1997, 4. Roma: FAO Land and Water Development Division, ISBN 92-5-103966-6.
