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ESPAÑA ¿LA MADRE PATRIA? 200 AÑOS LLEVÁNDOSE LOS RECURSOS

César Augusto Lerena*

Hacia fines de 1700 España traía negros al Caribe y al Virreinato y se llevaba las mercaderías baratas, producto de la mano de obra esclava que ella proveía. Es decir, nos canjeaba negros destinados a producir materias primas de escaso valor agregado que luego cambiaba por los esclavos. Los esclavos eran el 40% del comercio. Se entendía, éramos una colonia. Hoy, en el 2020, aunque tengamos astilleros, España nos fabrica y vende barcos pesqueros y, sus empresas pesqueras nos extraen ilegalmente nuestros recursos originarios del Mar Argentino, mientras que a nuestras exportaciones les cobra derechos. Apiolémonos, ya no somos Colonia ¿o sí?

Cuando Carlos IV de España se anoticia de una posible invasión inglesa a Buenos Aires, informado de que no tiene con qué defender el Virreinato, los orientales (no chinos, sino los de la Banda Oriental), españoles, criollos y un importante número de esclavos y libertos echan a los británicos en 1806 y 1807. ¿Echan? Bueno, es un decir.

Ahora ¿a quién llamamos hoy, para echar a los británicos y españoles? ¿A los mismos orientales que les prestan los puertos para que hagan la logística de sus buques? Dejaremos para otro día a “nuestros amigos los chinos” para sobrevivir pero, tranquilos, ya nos ocuparemos.

Yo creo que los “Acuerdos de Madrid”, acuerdos firmados en la Madre Patria con la Madre Putativa, nos han enajenado en el sentido más amplio. Sintetizaré un poco la historia, para que entendamos que nada es casual.

En 1713 también en Madrid, España e Inglaterra firman el Tratado de Asiento de Negros, la importación de negros y el Navío de Permiso. Las producciones de Europa se compensan con materias primas y cueros del Virreinato y, junto con el tráfico permitido, surge el ilegal de contrabando de géneros, alcoholes y esclavos. En los años de escasez y hambre en España, la creciente proletarización, el aumento de conflictos con Francia, la aprobación del “Reglamento y los Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias” y, con el fin de impulsar la agricultura, España autoriza el comercio con las colonias que favorece —especialmente— a los españoles productores, mayoristas y exportadores. Ya en 1787, en el comercio de cueros a Europa se utilizan los mismos barcos que traen esclavos de África a Montevideo y de ahí a Buenos Aires, Potosí, Paraguay y Valparaíso, y luego son llevados al Alto Perú y, por el Real Permiso de España, se autoriza a la Compañía de Filipinas la introducción en barcos ingleses con bandera española y dos años después y renovada en 1791, con el objeto de aumentar la mano de obra esclava, se autoriza a los españoles y extranjeros a comercializar negros libres de impuestos.

Nos dice la investigadora española Alicia Laspra Rodríguez en su trabajo “La intervención británica en España durante la guerra de la independencia: ayuda material y diplomática” que, desde 1808 y hasta 1815, España recibió de Inglaterra casi 10 millones de libras esterlinas y cientos de millones de esa misma moneda en armamento, pertrechos y suministros bélicos de todo tipo; una ayuda británica a fondo perdido para que la acompañase en su pelea con Francia ¿Tendrá alguna asociación con la Revolución de Mayo de 1810 y la declaración de independencia en 1816? ¿Qué motivo llevó a la pérfida falange de Albión a incidir sobre la Asamblea del XIII para eliminar del himno nacional argentino a aquellas estrofas antiespañolas? pues moderar la autonomía de toda colonia española, aliada en su guerra con Napoleón, aunque bien sabemos hubo apoyo subrepticio.

El contrabando en el Río de la Plata es muy importante en 1808, pero se incrementa en forma notoria por los buques británicos al año siguiente, entre otras cosas, por el Tratado de tarifas preferenciales con España, luego de “libre comercio” y al Tratado que firma el Príncipe Regente de Brasil con Gran Bretaña, todo bajo pretexto de dar salida a los frutos de América y proveerla de víveres y demás efectos europeos (¡!). Nada que no ocurra hoy, como hemos visto.

Y cerraremos esta síntesis. Es conocida la ruptura del embargo mundial a España por parte del Gral. Perón que ayudó a los españoles a alimentarse. Un amigo de Vigo me recordó agradecido que mientras Argentina recibía a su padre como si fuera un nativo, en Francia que no aceptaba la emigración masiva recluía a los refugiados españoles en virtuales campos de concentración. La Argentina recibió más de dos millones de españoles emigrantes (por razones económicas), exiliados (por razones políticas) y refugiados (por guerras) entre 1860 y 1950, intelectuales y analfabetos; instruidos y sin oficio, de todas las políticas (carlistas, progresistas, republicanos, anarquistas, comunistas, liberales y franquistas). Y en la pesca fueron pioneros junto a una mayoría italiana en la actividad de Argentina. En 1990, mientras España tenía gran parte de su flota parada, por obra del Acuerdo Pesquero con la Unión Europea, los empresarios españoles apoyados por la Unión Europea. colocaron en forma muy favorable sus buques en la Argentina, asociados a empresarios nacionales. Hoy varias son empresas de capital español y ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas. Empresas que sufren el riesgo país, la inflación, el costo interno y generan empleo. Algunas de ellas, adquiridas por capitales americanos y otras que manifiestan estar en serias dificultades económicas.

Dicho esto, ¿por qué desde hace años los buques españoles no radicados en la Argentina pescan en forma ilegal e impune en el Atlántico Sur? Todos, por las razones, ya indicadas en mis artículos anteriores realizan pesca INDNR (no declarada no registrada) ¿Por qué las empresas españolas pescan en la ZEE Argentina ocupada ilegalmente por el Reino Unido? ¿Por qué pescan recursos migratorios argentinos en contravención con toda la legislación argentina y, sus declaraciones en el artículo 2º y otros de la CONVEMAR? ¿Por qué las empresas españolas son las primeras licenciatarias británicas en Malvinas y han formado joint ventures con empresas de las islas, por lo que pescan con bandera española y de Malvinas? ¿Por qué propician la construcción de un importante puerto pesquero en Malvinas consolidando a quienes les ocupan Gibraltar? ¿Por qué destinan sólo el 3% de sus buques arrastreros a aguas comunitarias y el 97% lo destinan a caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques de gran porte (80 de ellos palangreros) y, efectúan el 58% de sus capturas? Pesca que se realiza en forma no selectiva y sin control alguno. ¿Por qué se resisten los empresarios españoles a colocar cámaras a bordo? ¿Por qué los empresarios españoles están preocupados por la dificultad de hacer relevos de los tripulantes en Uruguay? ¿Por qué los empresarios pesqueros españoles, a pesar de aumentar el consumo interno de pescado están solicitando nuevos subsidios? ¿Por qué el sector pesquero español tiene gran preocupación frente al Brexit si solo pesca unas 9.000 toneladas en aguas británicas del total de las 922.564 toneladas que dicen que captura? Y ¿por qué esas empresas españolas no se acogen al mismo régimen que las empresas españolas radicadas en la Argentina?

Las noticias de estos últimos días nos indican —ya nos hemos referido— a unos cien buques aparentemente chinos (dos de ellos y uno portugués capturado) dentro de la ZEE Argentina (chocolate por la noticia hace 50 años que lo hacen). Todos bien lejos del área de exclusión impuesta por el Reino Unido. Otro día ampliaremos sobre los chinos, pero, hoy tengo cierta impresión que se estaría aplicando la política del tero “poniendo los huevos en un lado y cantando en otro”.

No perdamos de vista: es clara la sociedad de ayer y de hoy de España y el Reino Unido. Y no nos engañemos es una sociedad política, estratégica y económica. Nosotros sostenemos que hay que americanizar el Atlántico y el Reino Unido lo internacionaliza.

En el día de ayer el Diario La Nación publicó en tapa y a dos páginas “Pesca ilegal. Los Piratas del Siglo XXI. Se llevan U$S 1.000 millones del mar argentino”. Empiezo por decir que, con los propios números de la periodista Ana Belén Ehuletche los dólares son más, aunque, teniendo en cuenta las estimaciones de captura de la FAO y nuestras propias exportaciones los millones de dólares alcanzarían a los U$S 2.600 millones anuales, al menos. Aunque se podría estar desestimando la captura de las especies migratorias fuera de la ZEE o dentro del área de exclusión de Malvinas o el GAP, en tal caso los mil millones dentro del resto de la ZEE ya sería gravísimo y demostrativo de la más absoluta falta de control de las fuerzas militares y de seguridad argentinas.

Llama la atención, también, que el artículo se centra en la pesca clandestina china y solo el titular del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata Walter Castro —tal vez con más olfato político— refiere a aquellas empresas españolas, que asociadas con argentinas, “depredaron la merluza y, por ello, 30.000 trabajadores perdieron su empleo”. Aquí se inició el antecedente inédito de que el Estado se debiera hacer cargo de dar planes, a los que hasta ese entonces eran trabajadores, aunque, como es obvio, no existiera la pandemia del COVID-19 ni gripe que se le pareciese.

Ya nos hemos referido varias veces a las muchas de las herramientas disponibles para recuperar soberanía. Supone aplicar una Administración sostenible de un “Estado Marítimo” (Ribereño para CONVEMAR), aplicando la Constitución Nacional, la legislación internacional y nacional en defensa de nuestros derechos sobre los recursos originarios y, de ninguna manera acordar mediante un Tratado Internacional o Pacto Mundial de las Naciones Unidas para un Océano Sostenible o Acuerdo de Nueva York en el que intervendrán los principales depredadores del mar argentino: el Reino Unido, España y China. Todos Estados Ribereños en sus países, pero en el Atlántico Sur Estados de Bandera.

Tal vez, como el 22 de mayo de 1810 que obligó a Cisneros a realizar un Cabildo Abierto. Habría que comenzar a pensar que la Administración soberana del Mar Argentino no se delega, se ejerce, con diplomacia, aplicando la ley y un plan estratégico.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA RATIFICACIÓN DEL PROYECTO PESQUERO Y SU CONFIRMACIÓN POLÍTICA

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Días pasados tuve la posibilidad de conversar telefónicamente en un programa radial con tres conocidos periodistas especializados en temas pesqueros. Como me ha ocurrido en estos últimos tiempos, desde que se difundiera una lista de posibles candidatos a ocupar la Subsecretaria de Pesca de la Nación que me incluía, debí negar nuevamente que se me hubiese ofrecido tal cargo. Aunque, debí aclarar que, si tal ofrecimiento ocurriese, lo aceptaría, con determinadas condiciones, porque desde hace 50 años en que me vinculé al sector pesquero, me involucre fuertemente con la actividad.

Pero, claro está, el ofrecimiento sería un hecho ciertamente revelador, porque en los cientos de artículos que escribí en los últimos años, he expresado claramente un proyecto de fuerte desarrollo social, industrial y nacional y de defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas, que no se compadece con la política dominante de estos últimos años.

Es hasta lógico, que el periodismo, en su avidez por conocer quién se hará cargo de esta cartera en la afligente situación por la que atraviesa la industria pesquera, se dude de mi afirmación categórica: no se me ha ofrecido cargo alguno.

Sobre este aspecto, les recordaría a los amigos periodistas tener muy en cuenta que en estos menesteres aplica habitualmente la política del tero, que, “canta en un lado y pone los huevos en otro” y, sobre todo, que “el sur también existe”.

Ahora bien, se podrá mantener viva la llama de la duda respecto a ocupar o no un cargo, pero no un trabajo inclaudicable en defensa irrestricta de los intereses de la empresa nacional, el trabajo y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado que, comenzó profesionalmente hace algo menos de cincuenta años y que, en materia política, se inició en 1976 criticando la presencia de buques extranjeros en el mar argentino, en una época donde la mayoría guardaba silencio. Hacia 1983, nos referíamos a “la desmalvinización” y en 1986 nos opusimos a los Acuerdos Marco con la Unión Soviética y Bulgaria (una relación residual heredada del Proceso), a los que calificamos como “la derrota final de Malvinas” y, junto al recordado Cuqui de la Garma, para profundizar el accionar político, fundamos la Revista “Pesca Argentina y mundial”, financiada por Paco Ventura, donde describimos la ocupación del Atlántico Sur y la destrucción del sector pesquero nacional, desde Martinez de Hoz a Juan Vital Sourrouille y, hacia 1987/8 cuando el gobierno radical negociaba los “Acuerdos de Madrid” (que se concretarían en el gobierno menemista), titulábamos con dureza “Caputo, el peón de la Reina”, a quién, siendo Canciller y, Presidente de la ONU, desde el Centro de Estudios para la Pesca (CESPE) invité a debatir sobre la política en el Atlántico Sur (Clarín,  21 de abril de 1989). Nunca imaginamos que lo peor estaba por llegar.

En 1991 renuncié a la Secretaría de Estado del gobierno de Menem con motivo de una serie de “desatinos” (¿?) del Canciller Cavallo que se iniciaron con la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989; la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas en 1990, que posibilitaron a los británicos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., y la consolidación económica de los isleños que concluyeron con la determinación de las Líneas de Base de Argentina en 1991, la derogación de la Ley 17.094 que redujo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas que allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas. Ya fuera del gobierno, en 1994 critiqué el Acuerdo con la Unión Europea, lo que calificamos “como el festival de los permisos” y la sobre-explotación de los recursos.

Observamos en 1995 que la CONVEMAR desconocía para los Estados ribereños los recursos migratorios, que dan sustento a los ingleses en Malvinas y depredan cientos de buques extranjeros (Estados de Bandera) llevándose más de un millón de toneladas anuales de nuestros recursos pesqueros e impidiéndonos duplicar nuestras exportaciones y triplicar el empleo nacional.

En 1993 elaboré la ley de pesca de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy vigente, de la que se tomó gran parte del artículo 1º de la Ley 24.922 que promueve el valor agregado, el empleo y el trabajo industrial, aunque en las discusiones que se generaron al momento de la sanción de esta última, con el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, Castillo y otros promotores, observé la desnacionalización de la actividad que provocaría su redacción y el tiempo me daría la razón, ya que mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y, no porque ello, en sí mismo, sea malo, sino porque se deshumanizó el trabajo, desculturizó la actividad y se va en camino a que capitales inversores extranjeros se queden con la renta hasta que el caladero se agote.

En el 2005 hice notar que millones de argentinos con doble nacionalidad desconocieron que con el apoyo de países amigos se firmó el Tratado de Lisboa y los ciudadanos de la Unión Europea votaron la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que incluyó dentro de ésta a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar.

En 2008 aplaudimos la sanción de la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur, del mismo modo que la Ley 26.659 respecto a las petroleras y en el 2010 al Decreto 256/10 que obligó a la solicitud de permiso de tránsito hacia Malvinas, del mismo modo que repudiamos el inicio de las actividades petroleras en Malvinas.

Nos opusimos en 2011 a la llamada reserva ecológica británica que enajenó 1 millón de km2 de nuestro territorio marítimo y estamos en contra de toda área marítima protegida en el mar austral que no resulte de las recomendaciones e investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero argentino, porque atrás de valiosos fundamentos ecológicos, se esconde el blindaje de los recursos que explotan los británicos y se limita la presencia de los buques nacionales en el mar argentino.

Resaltamos, desde siempre, que la Argentina tiene ocupados 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y no solo los 14.410 kilómetros cuadrados del archipiélago de Malvinas, circunstancia que pasa desapercibida para gran parte de los argentinos.

Calificamos en el 2016 de Política de Estado a la ratificación por unanimidad de la ONU del informe de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que la Cancillería inicio su presentación en abril de 2009. Rechazamos enérgicamente ese mismo año en el Senado de la Nación el denominado Pacto Foradori-Duncan, que no es otra cosa que la ratificación del Acuerdo de Madrid destinado a “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” y mantiene viva la “fórmula del paraguas” que congeló los avances soberanos de Argentina sobre la recuperación de Malvinas y su territorio marítimo austral. Las investigaciones conjuntas que derivan del mismo y los vuelos a San Pablo, que como ya lo dijimos en su oportunidad y reiteramos, facilitarán el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit y, con ello, la profundización de la pérdida soberana y de los recursos pesqueros nacionales.

Rechazamos en 2018 los acuerdos pesqueros con China y Rusia firmados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires; acuerdos, que junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones en la ZEE y la utilización logística de puertos de Montevideo dejan de manifiesto una política de extranjerización total del Atlántico Sur. Ya en estos días nos oponemos al otorgamiento a empresas británicas de la explotación offshore de petróleo en el área entre Malvinas y el continente argentino, debilitando la posición argentina en la zona austral del mar argentino.

Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas y Pesca, a mi juicio desacertadas, también hemos convivido con un manejo discrecional e insustentable de la pesca. Y a propósito de ello, los tres periodistas que me entrevistaran, me preguntaron cuáles son las medidas que yo tomaría en una hipotética gestión gubernamental, a lo que respondí que en las cuestiones internacionales debería ocuparme con la Cancillería de las que afectan al sector pesquero (caso los buques gallegos asociados a empresas británicas en Malvinas, etc.) y de las internas que deben estar destinadas a generar más recursos económicos para el país, agregar valor a las materias primas y aumentar el empleo registrado y total.

Pero para ello, hay que empezar ordenar y sanear la actividad para dar previsibilidad a los empresarios, los trabajadores e inversionistas y, la pregunta surgió de los periodistas casi espontánea: ¿qué haría con los permisos, cuotas y transferencias que varios denunciamos como ilegales? A lo que respondí y reitero definitivamente en este escrito (pero lo he hecho en varios anteriores): todos los permisos, cuotas, autorizaciones y transferencias de captura serían revisados en mi hipotética gestión, desde la sanción de la Ley 24.922 hasta la fecha e, incluso, claro está, para ser más preciso, también —y muy especialmente— revisado el cálculo que motivó el otorgamiento de porcentuales relacionados a la Captura Máxima Permisible; el llamado informe de la UBA y los porcentuales máximos de concentración por grupo empresario y, muy especialmente, aquellas operaciones que dieron lugar a transferencias de permisos a buques españoles y del que debieron derivar en desguace y baja los permisos de los buques obsoletos argentinos y, claro está, incluirá también los que derivan de esta última gestión.

Aunque, todo ello, podría transformarse en un mero ejercicio intelectual, porque como he dicho, no he tenido ofrecimiento alguno y, si lo tuviese y aceptase, será porque todo esto se puede ejecutar.

No tengo otras aspiraciones que no sean llevar adelante mis fuertes convicciones. Son casi inexistentes mis probabilidades de convertirme en el próximo Subsecretario. Sugiero en este aspecto mirar al sur. Finalmente, ya he cumplido, con mis sucesivos artículos en materia de “Atlántico Sur, Malvinas y Pesca” con la obligación inexcusable de elevar la vara y visibilizar este tema entre los argentinos y, quién asuma la función, a partir del 10 de diciembre, tendrá que explicar el “qué” y el “cómo” va a llevar adelante una política nacional que devuelva a la Nación y, a esta noble actividad, al lugar del que nunca debió apartarse, para caminar el sendero de bienestar de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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