A cada instante y en todas partes nos preguntan que, si con la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia, el 18 de diciembre del año pasado, mediante la cual se atribuyen jurisdicción y competencia, para conocer forma y forma, de este asunto litigioso, estaríamos corriendo el riego de perder de manera definitiva, la Zona en Reclamación.
Sobre el particular, comienzo por señalar que vienen aflorando bastantes inquietudes; y que estamos, en la medida de nuestras posibilidades, impelidos a dar respuestas para concienciar, como siempre, a la opinión pública nacional, sobre este álgido caso de Derecho Internacional.
Admitamos, de entrada y sin lugar a elucubraciones, que tenemos una seria amenaza en ciernes.
A raíz de tal pronunciamiento, con carácter sentencial, que emitió el Alto Tribunal de La Haya —en la fecha arriba mencionada— sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana; por cierto, veredicto escabroso y raro, que escuchamos (hace casi un año) con detenimiento; inmediatamente nos propusimos contactar a nuestros amigos esequibistas, para comparar opiniones y conjeturas.
Establecimos comunicación, además, con estudiosos de los vericuetos y de los otros caminos estrechos y difíciles de transitar en el Derecho Internacional Público.
Lo hicimos adrede para saber si tenemos puntos de coincidencias, en nuestros respectivos análisis, sobre lo que decidió la Corte, con base a la contención centenaria, por todas conocidas.
Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); yéndose, directamente al “arreglo judicial”, como una solución —no precisamente la inmediata— que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.
Voy a repetirlo una vez más, si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió; qué nos queda entonces, sino apertrecharnos con nuestros recursos históricos; con los Justos Títulos que poseemos; absolutamente irrebatibles, que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure) para exponerlos y defendernos con justeza el 08 de marzo del año 2023, cuando nos corresponderá asistir ante la entidad juzgadora.
En el marco de una Política de Estado, que concite la solidaridad de todo el país; una vez más, sugiero a nuestra Cancillería (recibidas las debidas instrucciones desde la Presidencia de la República) insistir en todo lo concerniente a un Referendo Consultivo, con dos o tres preguntas muy precisas; considerando que es una materia de especial trascendencia, conforme al artículo (73) de nuestra Constitución Nacional: “…Serán sometidos a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…” (Omissis).
A partir de un Referendo Consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente, y dirá si está de acuerdo que vayamos a la sede del Alto Tribunal donde se dirime nuestra contención y hagamos las alegaciones que en justicia nos asisten.
Guyana se siente envalentonada y soberbia. Se cree que ya su mandado está hecho.
Hemos venido escuchando con detenimiento todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza plenamente la creación del Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica de la República Bolivariana de Venezuela; y lo hizo en los términos más desconsiderados. Además, continúa entregando concesiones —a diestra y siniestra— en la zona disputada, a empresas transnacionales
En cada discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva, presuntamente favorable para ellos, por parte de la Corte Internacional de Justicia, con lo cual piensan que se avalará como válido y vinculante (y con carácter de Cosa Juzgada) la nula e írrita tratativa tramposa que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía venezolana.
Que quede claro que no estamos rehuyendo la confrontación jurídica; por cuanto, poseemos los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre los disputados 159.500 km2 y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.
Nacimos al mundo como Capitanía General de Venezuela, teniendo al río Esequibo como nuestro costado limítrofe por el este.
Nada de quedarnos callados o inertes. El Estado Venezolano debe invocar su absoluta soberanía para decidir (a través de un Referendo Consultivo) si admite la Jurisdicción de la Corte; esta vez con nuestros coagentes presentes en la Corte, para defender lo que nos arrebataron con vileza.
Aprovechemos que ya ha pasado el clima electoral, en nuestro país.
¿Saben por qué? Porque el juicio —ya emprendido— no se paralizará, por ausencia de la delegación de Venezuela.
Que quede claro, no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo. Fue a nuestra Nación a la que se le perpetró, con alevosía, un desgajamiento de una séptima parte de nuestra posesión geográfica.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).
En cualquier desenvolvimiento lógico, fundamentalmente en el caso que nos ocupa del conocido litigio centenario, debe prevalecer, más aún, la lógica jurídica; disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico; es decir, que los argumentos que vayamos aportando en un proceso inductivo, la verdad de las premisas sólo permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también sea verdad.
Hemos sostenido por nuestras indagaciones documentales —y dadas a conocer a todo el país— la verdad del vil despojo que se nos perpetró. Conclusión que aumenta con el descubrimiento de nuevas evidencias que la corrobora. Nos hemos encontrado con todas las premisas favorables, positivas y certeras; así entonces, no caben dudas que las conclusiones, que aspiramos —en sentencia— en la Corte Internacional de Justicia, así mismo serán.
Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte no sólo debe importar la narratología de los hechos sino también el contenido en estricto derecho para determinar su corrección.
Significa que, si el Alto Jurado sentenciador se compromete con este tipo de argumentaciones de cogencias, fortalece la verdad de las premisas (Justos Títulos y cartografías) y reivindica la conclusión jurídica, esperada en justo derecho.
El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación con el título sobre un territorio, donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.
Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?
La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Cédula Real de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.
Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.
Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.
Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen —apenas— elementos auxiliares en una controversia interestatal.
Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.
La Corte siempre ha dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.
La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.
La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.
A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba. Conforme a la Corte, los mapas no poseen —eo ipso— fuerza probatoria en un litigio.
No obstante, en el caso que nos ocupa, en la actualidad, en la Corte Internacional de Justicia nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestra enjundiosa cartografía.
Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismos, premisas de certificación histórica. Los mapas han hecho veracidad en su conclusión: la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana.
Si todos los mapas inductivamente dicen que sí, entonces la conclusión deductiva es sí.
Vamos por partes. Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775. Un mural realizado con ocho planchas de cobre, valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.
Otra inducción: hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.
Más argumentación al respecto. El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado un elemento de cogencia (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana). Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.
Nuestra delegación, si aceptamos hacernos parte del Juicio en La Corte, tendría la solidez como prueba auxiliar extrínseca —elemento de cogencia al momento de elaborar el Memorial de contestación de la demanda— de una fortaleza cartográfica auténtica.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).
En un artículo publicado por la periodista Molly Antigone Hall en Declassified UK revela que el Reino Unido ha intentado destituir al presidente de Venezuela Nicolás Maduro debido a los intereses petroleros de las empresas británicas en la Guayana Esequiba, territorio reclamado por la República Bolivariana de Venezuela que, actualmente, forma parte de la República Cooperativa de Guyana, una ex colonia británica que se independizó de Londres en 1966[1].
El litigio ha cobrado vigencia como consecuencia del descubrimiento de petróleo en alta mar, frente a la Guayana Esequiba. La región es rica en recursos naturales, pues además de petróleo cuenta con oro, bauxita y azúcar.
La República Cooperativa de Guyana recibe el apoyo de los gobiernos occidentales, habida cuenta que sus empresas transnacionales están interesadas en ese recurso y muchas de ellas ya están operando en la región. De ahí el interés en escindir definitivamente ese territorio de Venezuela, para lo cual operan tanto sobre la oposición venezolana como a través de los propios sectores económicos interesados.
La historia del conflicto
El proceso de despojo del territorio de la Guayana Esequiba es gradual y aún continúa. Forma parte de la política que el Imperio británico mantuvo en América en su avance para, primero despojar al Imperio español de sus territorios —con el cual también mantenía una especial animadversión por ser una gran defensora del catolicismo— y luego, tras colaborar en la independencia de las provincias españolas de América, emprender la tarea de avanzar sobre los territorios de los nuevos países. Si se omite algunos de los casos anteriores a la independencia, como el de Jamaica o el de Honduras Británica, tras el proceso independentista, el Reino Unido avanzó sobre los territorios de las nuevas repúblicas americanas.
A pesar de que Venezuela, como heredera de las posesiones españolas de la Capitanía General de Venezuela según el principio del Utis Possidetis Juris —adoptado por las repúblicas de América del Sur—, le informó en reiteradas oportunidades al gobierno británico que su frontera oriental llegaba al río Esequibo, al este del cual se encontraba la colonia británica. Para ello el gobierno de Venezuela hizo uso de los canales diplomáticos: en 1821 a través del Ministro Plenipotenciario en Londres, Francisco Antonio Zea; posteriormente, en 1824, la declaración fue reiterada por el también Ministro Plenipotenciario ante el gobierno británico, José Manuel Hurtado, y en 1825 por el propio Ministro de Relaciones Exteriores de la República, Don Pedro Gual. El Reino Unido nunca objetó esta reiterada y precisa definición de la frontera oriental de Venezuela[2].
Lo mismo ocurrió cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata, enviaron al marino y corsario estadounidense David Jewett a tomar posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína. El 6 de noviembre de 1820 procedió al izamiento de la Bandera Argentina, acto al que asistieron ciudadanos estadounidenses y súbditos británicos que formaban parte de las tripulaciones de buques que se encontraban en las islas. El 2 de febrero de 1825 se firmó un tratado de amistad, comercio y libre navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido, en el marco de cuyo tratado el gobierno de Londres reconoció a las Provincias Unidas como Nación independiente del Reino de España. Esto no fue impedimento para que los británicos usurparan las islas Malvinas el 3 de enero de 1833.
Con respecto a Venezuela, cabe mencionar que, en el marco del conflicto europeo ante el avance de Napoleón, y como resultado de la alianza de España con Francia (tratado de San Ildefonso de 1796), la isla de Trinidad fue arrebatada a España por los británicos, mientras que el intento de invasión de Puerto Rico, en abril de 1797, fue repelido por las fuerzas españolas. La isla de Trinidad fue cedida al Reino Unido mediante el Tratado de Amiens de 1802.
Una vez en posesión de la isla de Trinidad, los británicos se lanzaron a conquistar el norte de América del Sur, ocupando definitivamente las colonias holandesas de Berbice, Demerara y Esequibo (1796), las que fueron cedidas oficialmente por Países Bajos a través del Tratado de Londres (1814), conformando una sola colonia en 1831, la denominada Guayana Británica[3]. A partir de ese momento, los británicos iniciaron una campaña expansionista de colonización de la región al occidente del río Esequibo, con el objetivo de controlar las bocas del río Orinoco, “manteniendo y extendiendo sus pretensiones territoriales, que en el año 1835 eran solo de unos pocos kilómetros cuadrados, hasta transformarse en más de doscientos mil kilómetros cuadrados, en el año 1890, al oeste del río Esequibo, contra lo que Venezuela protestó de inmediato […]”[4]. De ese modo, el Reino Unido se apropió de la cuenca del Orinoco.
Hacia 1835, el Imperio británico usurpó 4.290 kilómetros de territorio de Venezuela mediante la Línea Schomburgk; llamada así por el prusiano, Robert Hermnan Shomburgk, a quien la Colonial Office y la Sociedad Geográfica de Londres le encargaron la exploración del interior de la colonia británica.
En 1840 el avance británico continuó y le usurpó a Venezuela 141.930 kilómetros de territorio, que en 1877 se ampliaría mediante la tercera línea Shomburgk.
En Washington, el 2 de febrero de 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron el tratado mediante el cual se establecería un tribunal de arbitraje en el que se debía determinar, en primer término, la extensión original de los territorios que fueron de los Países Bajos y de España y que, hasta ese momento, eran reclamados respectivamente por ambas partes.
A pesar de lo títulos irrefutables que posee Venezuela sobre el Esequibo, y de la falta de instrumentos legales por parte de la corona británica, el 3 de octubre de 1899, en un Laudo Arbitral que tuvo lugar en París sin representación de Venezuela, el país fue despojado de su territorio 159.500 kilómetros cuadrados de territorio que fueron traspasados al Reino Unido. Ese laudo determinó que la línea de demarcación entre Venezuela y el Reino Unido seguía una línea equivalente a los actuales límites del territorio en reclamación[5].
El 17 de febrero de 1966 se firmó entre Venezuela y el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, en el cual el gobierno de Londres reconocía la reclamación venezolana sobre el Territorio Esequibo, (159.500 kilómetros cuadrados) arrebatados por el mencionado Laudo Arbitral de París. Este acuerdo fue previo a la fecha de concesión de la independencia, la cual fue el 26 de mayo del mismo año. En esa misma fecha el gobierno de Venezuela reconoció a la nueva República, haciendo una reserva de su reclamo de la Guayana Esequiba. No obstante, luego fracasaron las negociaciones entre Venezuela y la República Cooperativa de Guayana.
Actualmente, el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a instancias de República Cooperativa de Guayana.
Los intereses británicos actuales
La periodista Molly Antigone Hall pone en evidencia que los descubrimientos de petróleo en alta mar de Esequibo son cada vez más atractivos para las empresas británicas y estadounidenses, el respaldo que los gobiernos occidentales respaldan a la República Cooperativa de Guyana y que le habrían instruido a la oposición venezolana con el objetivo de que abandone el reclamo sobre el territorio. Del mismo modo, el multimillonario británico Barnaby Swire, cuya compañía, Swire Energy Service, ganó un contrato para beneficiarse del petróleo en alta mar de Guyana, ha donado miles de libras al Partido Conservador.
Tullow Oil, una empresa petrolera fundada en 1985 y que se caracteriza a si misma como “Una empresa independiente de petróleo y gas centrada en África y América del Sur”[6], también tiene intereses en Guyana, así como en Kenia, Ghana y Uganda. Se trata de la mayor empresa independiente británica, cuya presidente ejecutiva Dorothy Thompson, también integra la junta directiva del Banco de Inglaterra, en la que preside el comité de auditoría y riesgos[7]. En su artículo, Molly Antigone Hall revela que este banco ha retenido reservas del gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, la cuestión pasa por quién controla US$ 1.000 millones de dólares (£ 773 millones) de oro almacenado en el Banco de Inglaterra[8]. El Reino Unido había reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y el Tribunal Superior falló a favor de Guaidó por el control de esos valores. Esto llevó a una apelación por parte de Nicolás Maduro ante los tribunales británicos, argumentando que quería el oro para financiar su lucha contra la pandemia de coronavirus.
Los abogados del gobierno de Maduro ganaron la apelación. El fallo del tribunal de apelación solicitó al Tribunal Superior que determine si “el gobierno del Reino Unido reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por lo tanto, no reconoce al señor Maduro como presidente para ningún propósito”, o si el gobierno británico “reconoce al Sr. Guaidó con derecho a ser el presidente de Venezuela y, por lo tanto, a ejercer todos los poderes del presidente, pero también reconoce al Sr. Maduro como la persona que de hecho ejerce algunos o todos los poderes del presidente de Venezuela”[9].
De tal manera que la periodista demuestra que el Reino Unido tiene intereses creados en cómo se desarrolla la disputa y estaría influyendo para garantizar que Guyana conserve la jurisdicción sobre el área que reclama, con toda justicia, Venezuela. Agrega que el principal activo de Guyana reside en sus aguas marinas, donde la empresa estadounidense Exxon Mobil realizó un importante descubrimiento de petróleo en su bloque Stabroek, en 2015, a 190 kilómetros (120 millas) de la costa de Guyana[10].
En 2017 el gobierno guyanés otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para perforar en el área —a pesar de las protestas del gobierno de Venezuela— y ahora ha descubierto más de 8.000 millones de barriles de petróleo[11]. En diciembre del mismo año Exxon Mobil informó que asistirá a Guyana en los gastos judiciales resultantes de una eventual controversia con Venezuela por el bloque Stabroek —localizado en la cuenca entre Guyana y Surinam y que ocupa una extensión de 26.800 kilómetros cuadrados—, considerado la segunda mayor reserva del mundo sin explotar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La empresa agregó que ha reservado alrededor de US$ 20 millones de dólares para asistir a Guyana, una vez que active el acuerdo judicial[12].
Esto ha llevado a incrementar el interés de las empresas estadounidenses y británicas por hacer acuerdos con el gobierno de Guyana para explotar el petróleo en esa cuenca marina. La periodista Molly Antigone Hall señala que en 2017 el Alto Comisionado británico en el país, Greg Quinn, manifestó que el interés de las empresas británicas por invertir en Guyana se había “disparado” después de estos descubrimientos petroleros en alta mar[13]. Añade que en 2018 Quinn viajó al Reino Unido, pasó una semana en la ciudad petrolera escocesa de Aberdeen, donde se reunió “con el embajador de Guyana en el Reino Unido, Frederick Hamley Case, quien dirigía una misión comercial destinada a ‘construir relaciones para apoyar al incipiente sector de petróleo y gas del país’”[14]. Además de realizar una gira por empresas de energía de Escocia, también visitaron universidades locales.
Quinn reconoció que gran parte de su trabajo consiste en apoyar a las empresas británicas que buscan operar en Guyana y afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitaría la inversión del Reino Unido en Guyana. Pero no sólo las empresas están interesadas, sino también las Fuerzas Armadas británicas. En julio de 2016 la Marina Real impartió un curso intensivo de una semana sobre cómo proteger su Zona Económica Exclusiva a cuatro miembros del personal de Guyana, es decir, proteger las 200 millas náuticas de la costa de Guyana en donde se encuentran los campos petrolíferos.
El político conservador Hugo George William Swire —casado con Alexandra (Sasha) Nott, la hija de John Nott, quien fuera secretario de Estado de Defensa conservador durante el Conflicto del Atlántico Sur—, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016, se reunió en 2015 con su homólogo de Guyana, Carl Greenidge, para discutir “una serie de cuestiones de interés común”, revela Molly Antigone Hall basándose en medios de comunicación guyaneses. Agrega que en un tuit, Swire manifestó que el Reino Unido y la Commonwealth “apoyan inequívocamente la soberanía de Guyana”. Los lazos familiares también están presentes, ya que un pariente lejano suyo, el multimillonario Barnaby Swire, es propietario Swire Energy Services, beneficiaria de los negocios petroleros con Guyana a través de su asociación con la multinacional estadounidense, Global Oilfield Services, para apoyar la “perforación en Guyana” mediante el suministro de contenedores y equipos para yacimientos petrolíferos[15].
En 2019 el empresario donó £ 4,999 al Partido Conservador, sumándose a su financiación anterior por valor de £ 5,000 en 2017, £ 2,000 en 2015 y una donación personal de £ 2,000 al diputado conservador Julian Brazier en 2015. La madre de Swire, Lady Moira Swire, donó £ 3,000 a la fiesta en 2017. Todas estas donaciones son demostradas por la periodista con las correspondientes citas al sitio de The Electoral Commission.
Del mismo modo, cita a otros donantes al Partido Conservador como el tío de Barnaby, Sir Adrian Swire, ex presidente de Swire Group, al primo de Sir Adrian, “Rhoddy” Swire, y a la esposa de éste, Georgina Swire. La suma de donaciones al Partido Conservador y a sus miembros, por parte de la familia, alcanza las £ 70.000.
Como se ha mencionado ut supra, el gobierno británico ha sido uno de los sesenta que ha reconocido a Juan Guaidó como líder constitucional de Venezuela, y el propio gobierno de Boris Johnson también ha manifestado su respaldo al recibirlo en enero de 2020 en un encuentro privado[16]. Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, después de su encuentro con Guaidó expresó:
El pueblo de Venezuela ya ha sufrido bastante. Merece un futuro mejor. (…) Apoyamos los esfuerzos de Juan Guaidó hacia una solución pacífica y democrática. En nuestro encuentro le he ofrecido nuestro apoyo sin fisuras para trabajar con nuestros socios internacionales y traer una solución a esta terrible crisis.[17]
De este modo, el gobierno británico actuó en consonancia con su par de Estados Unidos —como es habitual— y con el Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea. Según una grabación de una llamada telefónica, la entonces “embajadora” de Guaidó ante el gobierno de Londres, Vanessa Neumann, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2019 mientras procuraba crear una “coalición de apoyo”, oportunidad en la que se discutió el tema de Esequibo. En esa conversación entre Vanesa Neumann y Manuel Avendaño, asesor externo de Juan Guaidó, se escucha: “El tema número uno identificado por la Cancillería y el Commonwealth es que no nos apoyarán mientras continuemos con la línea oficial, que queremos recuperar el Esequibo de Guyana”[18].
El 26 de abril de 2019, el canciller Alan Duncan se reunió con Vanessa Neumann para aceptarla como representante oficial del opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Gran Bretaña reconoce como presidente del país (Foto: Vanessa Neumann / Twitter). Fuente: Declassified UK.
La ya mencionada Dorothy Thompson, quien es funcionaria del Banco de Inglaterra y presidente ejecutiva de la petrolera Tullow Oil, reemplazó en la empresa a su fundador, Aidan Heavey, quien se retiró como presidente de la compañía en 2018, y quién donó más de £ 80.000 al Partido Conservador entre 2007 y 2015.
Según revela la autora en su artículo, varias otras empresas que se benefician del petróleo en el exterior de Guyana tienen un historial de financiación de políticos británicos, entre ellas Royal Dutch Shell, que ha donado más de £ 25.000 a los políticos del Partido Laborista entre 2005 y 2012. La francesa Total Oil & Gas ha donado más de £ 11.000 a varios políticos británicos durante la última década. Ambas empresas se han beneficiado de licencias para explotar petróleo en alta mar.
El encuentro privado entre Juan Guaidó y Boris Johnson en Downing Street
El apoyo a Guyana
Ha quedado claro que más allá del acuerdo que el Reino Unido firmó con Guyana antes de concederle la independencia, respalda a su ex colonia en el litigio por el Esequibo, con lo cual se puede afirmar que cuenta también con el respaldo de la Commonwealth[19]. En 2018 los 15 países que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom), reafirmaron su apoyo a Guyana. Se debe destacar aquí que los Estados miembros de la Caricom son los mismos que en diferentes oportunidades han votado a favor del régimen de Nicolás Maduro en instancias internacionales, recibiendo a cambio acuerdos petroleros[20].
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también apoya a Guyana en el litigio del Esequibo y manifestó que enviaría naves a patrullar la zona. Cabe destacar que en diciembre de 2020 el gobierno de Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur “para contrarrestar la pesca ilegal” que contó con el apoyo de otros Estados como Guyana, Brasil y Uruguay[21]. El buque en cuestión, el USCGC Stone, el 14 de enero de 2021 participó de un operativo con patrullas de Guyana en la que se interceptó una embarcación que transportaba drogas[22]. Estos operativos son el resultado de la visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó el 18 de septiembre de 2020, a Guyana[23]. En esa oportunidad, Pompeo señaló que su gobierno buscaba apuntalar el apoyo a los esfuerzos de la administración Trump para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro y construir lazos con el pujante productor de petróleo. Pompeo y el presidente Irfaan Ali firmaron acuerdos para fortalecer la inversión y la cooperación de Estados Unidos en energía e infraestructura, al tiempo que prometieron profundizar la cooperación en materia de seguridad marítima y la interdicción del tráfico de drogas.
A modo de conclusión
Como es conocido en el ámbito de las relaciones internacionales, los países se mueven impulsados por intereses, lo cual puede llevar a dejar de lado el derecho internacional y los títulos que un Estado pueda tener sobre determinado territorio.
El caso del litigio sobre el Esequibo es una de las serias controversias que ha dejado el colonialismo británico, que lejos de haber quedado en el pasado se mantiene vigente en pleno siglo XXI, tanto en forma directa como lo hace con las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur —reclamadas por la Argentina con toda justicia— o en forma indirecta, a través de sus peones, ex colonias que conforman la Commonwealth. En este caso puntual, pueden verse claramente los intereses de las multinacionales petroleras pero también de los propios políticos británicos, quienes reciben donaciones de los empresarios que forman parte del ejecutivo de esas corporaciones.
El caso del Esequibo es también otra muestra de cómo los intereses británicos y estadounidenses confluyen en desmedro de otros Estados, más débiles en términos de fuerza, sin posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad, pero que aunque cuenten con apoyo mayoritario en las Naciones Unidas, se hallan incapaces de llevar adelante sus derechos.
La gravedad del litigio del Esequibo reside en que se mezclan esos intereses económicos con la necesidad abierta de derrocar al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Esto no implica necesariamente una defensa del gobernante venezolano, sino que intenta mostrar objetivamente cómo opera el poder mundial —países como Estados Unidos, Reino Unido, los de la Unión Europea, más los intereses económicos corporativos— a través de la “compra” de políticos nativos para llevar adelante sus objetivos mundiales. Es indudable que existe una conjunción de elementos en juego —el apoyo a Guaidó, el respaldo a la República Cooperativa de Guyana, la necesidad de derrocar a Maduro, los intereses petroleros, donaciones a los partidos británicos— que persiguen el objetivo de despojar definitivamente a Venezuela de sus derechos sobre el Esequibo para que las multinacionales puedan obtener sus beneficios, los cuales luego “derraman” en los partidos políticos del Reino Unido y de Estados Unidos, lo que pone en evidencia que la corrupción no es algo exclusivo de los países americanos o africanos.
Lo grave de esta situación, que está tomando una preocupante carrera en la que Guyana le ha dado intervención a la Corte Internacional de Justicia, es el riesgo de encontrarnos ante una nueva guerra por el petróleo, como la que en la década de 1930 enfrentaron a las hermanas repúblicas de Bolivia y Paraguay en la guerra del Chaco Boreal, o las más recientes, encubiertas en cuestiones humanitarias. Más allá de ello, lo que queda en claro es que siempre son los mismos actores internacionales los que encienden las mechas de los conflictos.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Referencias
[1] Molly Antigone Hall. “Conservative Party donors and the battle for offshore oil claimed by Venezuela”. Declassified UK, 08/12/2020, <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-08-guyana-conservative-party-donors-and-the-battle-for-offshore-oil-claimed-by-venezuela/>, [consulta: 12/12/2020].
[2] Briceño Monzón, Claudio Alberto. “La cuestión fronteriza en la conformación de la política internacional en Argentina y Venezuela: Siglos XIX-XX”. Tesis presentada para la obtención del grado de Doctor en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata, 2014, p. 248, <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1067/te.1067.pdf>, [consulta: 23/11/2020].
[5] Con respecto a los reclamos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, ver los artículos publicados por el Dr. Abraham Gómez R. en el sitio de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG) <https://saeeg.org/>.
[6] Sitio oficial de la empresa Tullow Oil, <https://www.tullowoil.com/about-us/>.
[7] “Bank of England under pressure over board member’s oil links”. The Guardian, 23/02/2020, <https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/bank-of-england-under-pressure-over-board-members-oil-links>, [consulta: 24/11/2020].
[8] “Venezuela gold: Maduro government wins in UK appeals court”. BBC News Services, 05/10/2020, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54418537>, [consulta: 15/10/2020].
[12] “Exxon Mobil ayudará a Guyana en una disputa con Venezuela por el bloque Stabroek”. EFE, 03/12/2017, <https://www.efe.com/efe/america/economia/exxon-mobil-ayudara-a-guyana-en-una-disputa-con-venezuela-por-el-bloque-stabroek/20000011-3457062>, [consulta: 15/10/2020].
[16] Rafa De Miguel. “El Gobierno británico muestra su respaldo a Guaidó y Johnson le recibe en privado”. El País (España), 21/01/2020, <https://elpais.com/internacional/2020/01/21/actualidad/1579634006_816791.html>, [consulta: 23/01/2020].
[18] Molly Antigone Hall cita la revelación de esta llamada por parte de la vicepresidenta de Venezuela: “Guayana Esequiba iba a ser entregada por Juan Guaidó para tener más apoyo, denuncia Delcy Rodríguez”. Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=BUs2mSSn_ME>.
[19] Sabrina Martín. “Guyana gana apoyo de Caricom en disputa con Venezuela por El Esequibo”. Panampost, 09/07/2018, <https://panampost.com/sabrina-martin/2018/07/09/guyana-gana-apoyo-de-caricom-en-disputa-con-venezuela-por-el-esequibo/>, [consulta: 15/02/2020].
[21] “Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur ‘para contrarrestar la pesca ilegal’”. Infobae, 29/12/2020, <https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/12/29/estados-unidos-envio-un-buque-de-la-guardia-costera-a-patrullar-el-atlantico-sur-para-contrarrestar-la-pesca-ilegal/>, [consulta: 29/12/2020].
[22] “Patrullas de Guyana y EE.UU. interceptan embarcación con drogas, tras acuerdo”. Swissinfo, 14/01/2021, <https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-eeuu_patrullas-de-guyana-y-ee-uu–interceptan-embarcación-con-drogas–tras-acuerdo/46287974>, [consulta: 16/01/2021].
[23] Bert Wilkinson. “Pompeo visits Guyana hoping to shore up support on Venezuela”. The Washington Post, 18/09/2020, <https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-guyana-pompeo-again-calls-for-venezuelas-maduro-to-go/2020/09/18/021af3da-f9de-11ea-85f7-5941188a98cd_story.html>, [consulta: 22/09/2021].
