Abraham Gómez R.*
Con la debida modestia, me permito esbozar un particular aspecto de nuestro país —que nos importa y por tanto atesoramos—, a propósito del asunto litigioso por el cual estamos atravesando; mismo que ha escalado ante la Corte Internacional de Justicia; y que al parecer hay disposición para hacernos Parte de ese juicio
Hoy, como siempre, constituye una obligación moral y patriótica reflexionar acerca de la estructuración de la Política Exterior de Venezuela. Cómo hemos asimilado nuestra heredad en ese específico ámbito.
Así entonces, partamos con la natural aceptación de que, permanentemente, nuestra condición de Nación-Estado está regida con base a los resultados del glorioso pasado histórico que nos cobija, antes y después de la conformación política-administrativa de Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777 (hace ya 245 años de esa gesta), determinación Real a partir de las Reformas Borbónicas, que nos confirió densidad socio-cultural y bastante homogeneidad como pueblo. Fue así como nacimos.
Otro elemento —no menos importante— que solidifica nuestra Política Exterior atiende además a las circunstancias del presente que vivimos, con las cuales nos manejamos y asentamos para seguir/salir adelante. Aparejadamente, se complementa la Política Exterior con los hechos contingenciales que pudieran acaecer, previsiblemente, en el futuro.
De tal manera, que la tríada —pasado, presente y futuro— perfila y sostiene nuestra filosofía perceptiva del mundo y el inevadible relacionamiento con los demás países en la comunidad internacional.
Un clarísimo ejemplo —entre muchos otros— de nuestra expresa manifestación libertaria y anticolonialista se dio —precisamente— cuando Venezuela, dejó sentado en la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966 que jamás se opondría a que la ex colonia británica alcanzara su Independencia; sin embargo, hizo la salvedad, en el mencionado documento, de que el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre 1899 fue producto de una vil maniobra; la cual devino en una sentencia tramposa, que jamás hemos legitimado y menos ejecutoriado, porque la consideramos nula e írrita.
Al cumplirse un nuevo aniversario de nuestro Justo Título, denominado Cédula Real de Carlos III, (iuris et de iure / no cabe prueba en contrario) reafirmamos la plena soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
Con la naciente Capitanía General quedaron entrelazadas jurídicamente y con la misma identidad nacionalista las provincias: Maracaibo, Caracas, Nueva Andalucía y Paria (Cumaná), Margarita, Trinidad y Guayana que abarcaba la extensión geográfica de los actuales estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, las regiones de Pacaraima y Pirara (ahora de Brasil), hasta la margen izquierda del río Esequibo.
Todas las cartografías examinadas; cuyos exhaustivos trabajos investigacionales corresponden al belga Jodocus Hondive (1599); igual mérito al respecto para el francés Guillaume Leslile (1774); también valoramos el esfuerzo del español Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1775); así además al estadounidense Henry Tanner (1831); al inglés Jeremy Greenleaf (1836); otro afamado inglés en estas labores Joseph Hadfield (1840); nuestro renombrado y reconocido ítalo-venezolano Agustín Codazzi (1840); destacada ponderación para el venezolano Miguel Tejera (1876) ;significamos, en tal sentido, a quien fue rector de nuestra UCV e hizo un interesante trabajo pertinente en la zona, el venezolano Jesús Muñoz Tébar (1897) y el Atlas de la historia cartográfica de Venezuela del sacerdote Hermann González Oropeza (1983).
Hay muchos otros trabajos con igual aporte y pertinencia.
Todos —sin excepción— registran en sus mapeados que las posesiones de España, en estos territorios por el costado este, llegaban hasta la mitad del río Esequibo (descubierto y navegado por Juan de Esquivel, en 1498, en sus mil kilómetros, desde donde nace en las serranías de Acaraí —límite con Brasil— hasta la desembocadura en el océano Atlántico).
He querido referir, con detalles de fecha e investigador, las citadas cartografías; porque comportan enjundiosos documentos comprobatorios auxiliares que nuestra delegación consignaría por ante la Corte Internacional de Justicia, en su debida oportunidad.
Veamos con detenimiento dos aspectos que considero de suprema relevancia en este pleito interestatal y que conectan —plenamente— las descripciones cartográficas arriba referidas y los justos Títulos que nos respaldan.
Primero, deseo exponer —muy brevemente— los requisitos intrínsecos exigidos para una prueba en cualquier juicio; que valen —obviamente— para nuestro caso ante el Alto Tribunal de La Haya.
Digamos, entonces que al momento de consignar el Memorial de Contestación de la demanda, nuestra delegación de Agente, Coagentes y Asesores deben estar conscientes del carácter de Conducencia de lo que vayamos a presentar para que sea de prístina examinación del honorable jurado.
La Conducencia a la que me refiero implica la idoneidad del medio de prueba (autorizado absolutamente) para demostrar —con toda nuestra alforja jurídica y cartográfica— lo que efectivamente probaremos: la Guayana Esequiba siempre le ha pertenecido a Venezuela.
Estamos munidos de dos extraordinarios Justos títulos traslaticios que llevan a la conducencia de todo lo que probaremos, tanto en los hechos como —con mucha más fuerza— en derecho, elementos que se harán admisibles por el jurado sentenciador.
Por otra parte, la pertinencia, relevancia y utilidad de nuestra probanza —como en todo acto procesal— guardan estrecha conexidad con lo que pedimos, la restitución de lo que nos arrebataron, por cuanto están suficientemente acreditadas.
Vistas las cosas hasta aquí, prestemos ahora caso a lo siguiente: el 30 de marzo de 1845 fue un día de inmensa expectativa en nuestra naciente República suramericana; por cuanto, se esperaba en el Puerto de la Guaira el arribo de un delegado expresamente enviado por el reinado hispánico para consignar un ejemplar del Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España.
Nos trajo el comisionado de la Reina una copia (en nuestro poder, aún) del Acuerdo de reconocimiento de nuestra independencia, que el Congreso de Venezuela debía darle ratificación y aprobación; como en efecto se cumplieron tales formalidades.
Nos permitimos realizar un extracto del texto aludido: “Su Majestad Católica, doña Isabel II, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela…”
Se hace imprescindible detenernos para profundizar en tres aspectos fundamentales, contenidos en ese Acuerdo: Soberanía, Derechos y Acciones de lo que alguna vez había sido la Capitanía General de Venezuela y que mediante este acto diplomático quedan determinantemente cedidos a la República de Venezuela. Manifestación incuestionable de Traslativa Titularidad que se encuentra suficientemente explícita en el citado escrito, que no requiere ninguna hermenéutica especial para su cabal comprensión, interpretación y aplicación.
Reforzamos al mismo tiempo esta aseveración: si hubo, en el 1845, un Título Traslativo de conferimiento de la soberanía a la República de Venezuela, fue porque sesenta y ocho años antes se consolidó la Capitanía General de Venezuela, a través de la Real Cédula de Carlos III, el 8 de septiembre de 1777, con la cual nos dimos a conocer ante el mundo como Nación.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.
