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LA ENAJENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y PORTUARIA

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César Augusto Lerena*

Ya nos referimos tiempo atrás al emplazamiento de un puerto en Río Grande que podría servir —según la ministra de Producción de Tierra del Fuego— de apoyo a la flota china que pesca ilegalmente los recursos pesqueros argentinos César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal…”, 26/11/2022). Ahora nos enteramos de un Memorando de Entendimiento para la construcción de un puerto multipropósito en Rio Grande por parte de la estatal china Shaanxi Chemical Group que retoma un viejo proyecto que transitó por los gobiernos de Fabiana Ríos (PSP, ex ARI, 2007-2015) y Rosana Bertone (PJ, 2015-2019) y también que China estaría presionando al gobierno nacional para abrir nuevamente la licitación para “controlar” la vía fluvial Paraná-Paraguay, el canal de navegación y comercio más importante de la Argentina, conocido erróneamente como “Hidrovía”.

Ya hemos dicho que la Argentina podría buscar financiamiento extranjero (de cualquier Estado, organización de crédito o empresa) para construir puertos, remodelarlos o llevar adelante instalaciones logísticas, depósitos o cámaras de conservación; instalar astilleros o mercados concentradores y de distribución, etc., pero el Estado argentino no puede delegar en terceros la administración ni el poder de policía y defensa y, en ningún caso, habilitar el uso de los espacios marinos y/o fluviales y sus puertos, a quienes no se ajusten a la legislación nacional, realicen pesca ilegal (incluso lleven adelante trabajo esclavo, tráfico de drogas o contrabando) y/o pongan en riesgo la soberanía nacional. Ello alcanza por igual a la Administración del Atlántico Suroccidental, como a la regulación de la navegación y el comercio a través del Río Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.

Es muy entendible que el Estado pueda conceder espacios u otros beneficios a quienes se deciden invertir y realizar actividades en áreas vinculadas a los puertos para facilitar sus operaciones, sus procesos comerciales e incluso industriales y de servicios. Son comunes, por ejemplo, las concesiones destinadas a la utilización de tierras para el emplazamiento de astilleros, oficinas de control de SENASA, Aduana o despachantes, incluso las de Prefectura; silos o depósitos de todo tipo y la mayoría de la actividad industrial pesquera (incluso extranjera) se instaló originalmente en el ámbito portuario. Y, por cierto, otorgar permisos, autorizaciones y/o cuotas a empresas nacionales para la explotación de los recursos naturales.

Reitero. Todo lo que sea necesario para facilitar la producción, industria, almacenamiento, tránsito, comercio y servicios de la actividad privada es posible y hasta necesario; pero, la administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir el aprovechamiento de sus mares y ríos y por supuesto sus puertos y otras instalaciones para debilitar la soberanía nacional.

Según el portal Argentina.gob.ar (13/06/23) «a excepción de Buenos Aires, todos los puertos estatales fueron transferidos, a partir del año 1992, a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que, por vía fluvial o marítima, las une con el resto del mundo. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y municipios donde esté ubicado». Pero aún, en el espíritu privatizador del gobierno de Menem que llevó al dictado de la Ley 24.093, ésta dejó en claro (Art. 4º) que “requieren habilitación del Estado nacional todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial”; (Art. 5º) “La habilitación de todos los puertos debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo” y, tener en cuenta (Art. 6º) entre otras, la ubicación del puerto; los aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; la incidencia en el medio ambiente y afectación del puerto al comercio interprovincial y/o internacional; el control aduanero y de migraciones y, la policía de la navegación y seguridad portuaria. Es decir, en la situación de disputa e invasión territorial argentino de un total de 5.497.178 km2 por parte del Reino Unido de Gran Bretaña del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE e insular, sería un despropósito otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo —no solo de Tierra del Fuego— al Estado chino o de cualquier otra nacional, o a sociedades del Estado (como es el caso chino) o con capitales extranjeros e incluso nacionales. Esto alcanzaría, por supuesto a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas.

Dicho esto, hay que concluir que el Puerto de Río Grande como el de Ushuaia son estratégicos, por lo tanto, el gobierno nacional que se ha desentendido de los puertos al sancionar la referida Ley 24.093, debería, dentro de su Plan de Desarrollo y Soberanía Nacional (¿?) destinar los fondos adecuados para su construcción y modernización y, en todo caso, el gobierno provincial, en lugar de autorizar la explotación de los puertos a extranjeros (cualquiera sea su origen, figura jurídica o participación) podría mejorarlos con el aporte privado, en tanto y en cuanto ello no signifique delegar su administración, el control y la seguridad.

Entonces, tres cuestiones básicas deben definirse. La primera, cuáles son los fundamentos de China o cualquier otro país, para pretender administrar directa o a través de empresas vinculadas, los puertos o espacios marinos o fluviales, ya que el Estado argentino puede y tiene capacidad técnica y humana suficiente para garantizar que todas las empresas radicadas en su territorio, tengan el soporte y el debido control para que las importaciones o exportaciones se realicen en forma eficiente y eficaz y, dentro del marco de la legislación vigente. La Administración no puede ser negociable, cuando están en juego intereses superiores de la nación. La segunda, es que el Estado debe facilitar el esfuerzo económico de quien se trate y acordar claramente las condiciones de inversión o financiación y, no con la generalidad que se indican en el citado Memorando. Es decir, precisar en forma concreta la inversión y los plazos para hacerla efectiva y los beneficios directos o indirectos que recibirá la Provincia, teniendo muy en cuenta, que las condiciones que puedan establecerse entre los inversores y el gobierno, no afecten la soberanía nacional o los intereses del conjunto de los actores de la comunidad. La tercera, es que se entiende como inadmisible y es -tal cual se ventila- que terceros países u organismos puedan fijar la política del Estado Nacional en materia de inversiones, adjudicación de licitaciones o concesiones y/o administración de los negocios en Argentina. Los argumentos que se utilizan en el Memorando que la cesión podría aumentar las exportaciones nacionales, es extorsivo y, si bien, cualquier negocio suele ir acompañado de presiones, es gobierno argentino, quien debe establecer el límite, teniendo la balanza comercial, pero, sobre todo, la soberanía política nacional.

Por ejemplo, en el caso de la administración del Río Paraná, es un argumento poco serio que se requiera contar con el control de esa vía para asegurar que “el dragado sea lo suficientemente amplio para los buques”. Eso lo debe garantizar el Estado argentino y, por cierto, si no lo hiciese, estaría dificultando el comercio; pero, más allá de asegurar la navegación y el tránsito de mercaderías, la vía debe administrarse para favorecer el desarrollo regional. Una cosa es adjudicar a terceros el dragado, donde en lugar de resolver una supuesta falencia del Estado se regalan recursos económicos a empresas extranjeras y, otra cosa, es ceder la administración general de la vía; el poder de policía y la política de desarrollo de las provincias del litoral.    

Sobre el Memorando de Entendimiento firmado el 16/8/22, ratificado el 7/12/2022 por el gobierno de Tierra del Fuego con la Provincia Shaanxi de China recientemente ingresado (5/6/23) a la legislatura provincial, el secretario de Asuntos Internacionales de la Provincia Andrés Dachary manifestó (Youtube, 2/6/23, 2.07m): «China propuso la construcción de un puerto, pero esto no se aceptó. Nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con los puertos y la infraestructura estratégica, primero deben asignarse al sector público y en el caso del sector privado a empresas nacionales»; sin embargo, de la lectura del Memorando surgiría «la construcción de un puerto multipropósito, junto a una planta química y una central eléctrica», una inversión estimada en 1.250 millones de dólares por parte de empresa de la citada china. Un proyecto de “cooperación” para la producción de un millón de toneladas de químicos en la Provincia y, la construcción en el área de Río Grande de una central eléctrica de 100 MW; una planta de producción de 900 toneladas de urea; 100 mil toneladas de glifosato y 600 mil toneladas de amoníaco sintético y una “terminal portuaria multipropósito con recinto interno con una capacidad para atender buques de unas 20 mil toneladas”, lo que estaría demostrando, la importancia de la obra.

Este puerto, al igual que cualquier iniciativa de este tipo en Ushuaia, debería ser rechazada sin más, ya que dejaría al acceso de China la Antártida y el control de los pasos al Pacífico y el Indico. Las propias declaraciones del propio gobernador Gustavo Melella, al rubricar un convenio estratégico junto al representante legal de Powerchina, Tu Shuipin, para el desarrollo de proyectos energéticos en Tierra del Fuego, lo ratifican: «Tenemos varios desafíos, y se debe a nuestro posicionamiento estratégico, porque somos la puerta de entrada a la Antártida» (Ushuaia24.com, 19/9/2022). El espejo de lo que piensa China que; además, tiene interés en esta región marítima, no solo porque el control de Canal de Panamá se encuentra en manos de Estados Unidos, sino también por la importante presencia de buques chinos que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental y requieren de apoyo logístico.

En el Memorando, se observan una serie de promesas imprecisas: «impulsar activamente a las empresas chinas a invertir en Tierra del Fuego, sumar a la fortaleza en materia científica y tecnológica, esforzase por aumentar el valor agregado a los recursos energéticos locales, contribuir al desarrollo económico de Tierra del Fuego (…) generar tantos puestos de trabajo como sean posibles (…) intercambios tangibles entre ambas provincias (…) implementar la nueva filosofía corporativa de protección ambiental». Chan-chan. Expresiones de voluntad que no precisan absolutamente nada. Habría que comenzar por decirles a los chinos que sus empresas pesqueras radicadas en la Argentina agreguen valor y mano de obra argentina a los productos pesqueros que exportan y dejen de pescar los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur, con ello solo la Argentina dispondría de varios miles de millones de dólares por año para producir el más importante desarrollo de Tierra del Fuego.

En el Capítulo 3 del Memorando, las partes se comprometen a “resolver adecuadamente los problemas remanentes de la Inversión original, con el fin de desarrollar nuevos proyectos” y en este tema, que no se detalla, deberían dar precisiones, además del Gobernador Melella, las ex gobernadoras Ríos y Bertone y, la propia legislatura provincial, porque -según se ventila- estarían en danza 30 millones de dólares que ya habrían sido adelantados por la empresa estatal china al gobierno fueguino en concepto de pago de regalías de gas (Ley 774, 23/12/2008. “Acuerdo de gas entre la provincia de Tierra del Fuego y la Empresa Tierra del Fuego Energía y Química”). El gobierno además se comprometería a actuar de “gestor del proyecto”, el que estaría alcanzado por los beneficios fiscales de la Provincia y, ambas partes se comprometen a “seguir” colaborando en la “cooperación pragmática” (¿?).

La revista británica “The Economist” publicó que «China invirtió en los últimos 20 años más de 20 mil millones de dólares en comprar o ampliar más de 100 puertos en 50 países». Que lo digan los ingleses, es una confesión de parte, ya que los británicos a través de la “Comunidad de las Naciones” tienen puertos estratégicos en todo el mundo, entre ellos en Malvinas y Georgias del Sur y, van por más, ya que bajo el pretexto de cuidar los mares y sus recursos, extendieron “el cinturón azul” a 50 Áreas de Conservación Marinas bajo su control (FIS, SeafoodMediaGroup, 9/1/2016) con lo que alcanzaron un control de millones de km2 y recursos muy superiores a los de la pequeña isla del Reino Unido de escasos 243.610 Km2.

No se conoce, si una eventual construcción de un puerto en Río Grande por parte de empresa estatal china dejaría sin efecto el otro que en la misma región promovía la ministra de Producción Castiglioni, quién refirió (RevistaPuerto, 24/11/2022) que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…» quien a pesar de manifestar que no había capitales reconoció que «una de las empresas inversoras es de Hong Kong, además del ANSES y que, la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales (…) el puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar» y, remató, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos, porque Tierra del Fuego carece de capacidad cierta de control en el mar.  

Muchas veces la falta de una política nacional clara y la desesperación por hacer una Provincia sustentable, menos dependiente de los beneficios fiscales, no es la mejor consejera. Entregar la administración del puerto de Río Grande a extranjeros atentará contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego. El Río Paraná, por su parte, debe transformarse en un instrumento de desarrollo del litoral, cuya estrategia debe estar en manos de los argentinos.   

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

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ARGENTINA

BCRA VERSUS PROVINCIAS

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Iris Speroni*

«Nos roban a todos el pan y la sal».

El BCRA les quitó a los changuitos misioneros la friolera de 214 millones de dólares sólo en el 2022. Y 225 MM de U$D a los rionegrinos, y 98 MM U$D a los catamarqueños. Hay que meter mucha gente presa.

 

Hoy vamos a ver cuánto dinero le extrajo el BCRA a las provincias en el 2022. Esa exacción – un verdadero impuesto ejecutado por una agencia paralela de recaudación – no tiene una ley del Congreso que la avale, por lo tanto es ilegal.

Lo que el BCRA le roba a los provincianos

En Argentina hay personas, familias y empresas que producen bienes exportables.

A cambio de sus bienes obtienen dinero. Venden su producido. Ya sean productos (cerezas de Santa Cruz) o servicios (programación de software). Puede ser una empresa grande (Toyota) o un señor, padre de familia, que vende sus conocimientos vía internet y vive en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

Algunos venden su producto directamente y otros usan empresas comercializadoras. En el caso de frutas, empacadoras; en el caso de granos, hay una larga cadena comercial en el medio, compuesta por acopios, agentes de las bolsas de cereales, molinos, aceiteras y cerealeras. Estas últimas reciben ese nombre porque son las comercializadoras internacionales de cereales y oleaginosas. Son muy pocas empresas en el mundo, tienen puertos en todos los continentes y controlan el comercio internacional en su rubro. 

Ex-cursus. No es imprescindible leerlo para seguir el razonamiento del saqueo a provincias.

Décadas atrás, cuando Argentina era una de las potencias mundiales, teníamos empresas gigantes con sede aquí. Tuvimos una magnífica oportunidad cuando los Kirchner eran gobierno. Estaba en venta NIDERA, una empresa que entonces era holandesa (la “A” de Nidera era por Argentina). Con sólo ⅓ de la recaudación anual por Derechos de Exportación, el estado argentino hubiera podido comprar la empresa. Aunque hubiera salido tres veces más del precio final, hubiera valido la pena. Era propietaria de puertos o concesiones portuarias con sus respectivas instalaciones en todo el mundo, silos, barcos, personal ultracapacitado, propiedad intelectual de semillas, cadena comercial tanto para la compra de granos como para la venta de semillas. Un caramelito. Sin embargo, como nadie en la Argentina tiene pensamiento estratégico, ni se enteraron. Ni se pusieron a pensar. Nadie en la oposición planteó la posibilidad de comprar la empresa. Nadie en el sector privado decidió hacer una vaquita para comprarla. Hubiera salido U$D 3 mil millones, U$D 6 mil millones ó U$D 9 mil millones, es sólo una fracción del ahorro privado argentino. Es una fracción de lo que el estado le quita a los productores agropecuarios por año en DEX. Nada. Silencio. El estado chino, que sí tiene pensamiento estratégico, a pesar de no exportar granos, la compró. Por varias razones: 1. porque alimentar a su pueblo es un objetivo estratégico irrenunciable – en particular luego de las hambrunas de la Era de la Humillación -, 2. porque China es una compradora neta de granos, para uso humano y forraje, por lo que necesita ser una jugadora en la determinación de los precios y no sólo una “tomadora de precios”, 3. A principios del SXXI, cuando Duhalde era presidente, las cerealeras norteamericanas se pasaron de vivas y trataron de cobrar precios estratosféricos por soja ya embarcada a China. El gobierno chino mandó los barcos de vuelta y arreglaron la entrega a precios “razonables”. Esta acción decidió a Pekín que no podían tener algo vital, como es la compra de forraje, en manos de norteamericanos y compraron NIDERA, hoy COFCO. Bien por ellos. Ahora piense, querido lector, cuánto dinero hubiera podido robar el amigo Kirchner si hubiera comprado NIDERA, tal vez pagando el doble que lo que el propio gobierno chino abonó (imaginen a Kicillof negociando el precio con la destreza que lo hizo en el caso YPF). Él, millonario, aunque la mortaja no tiene bolsillos; nosotros con una empresa de las primeras en el mundo, aquí en Argentina. Pero no se le ocurrió. Son eso. Toda la dirigencia política argentina es eso. Por tal razón China dejó atrás los Cien Años de Humillación y nosotros seguimos bajo el yugo del tratado de Versalles que nuestra dirigencia firmó.

Perdón por el ex-cursus pero considero necesario introducir el pensamiento estratégico como práctica habitual de nuestras decisiones políticas. Y el pensamiento estratégico sólo se obtiene mirando al mundo. 

Volvamos.

Hay familias y empresas que producen bienes y servicios exportables. En forma directa o por intermediarios, colocan lo producido en el exterior. A cambio, el comprador externo le da al último eslabón de la cadena, divisas. Pueden ser reales, yuanes, yenes, dólares o euros. 

Acá comienzan los problemas.

En un país normal, el comercializador podría darle a sus proveedores pesos o la divisa obtenida. Tres ejemplos: 1) Moño Azul vende manzanas y peras a todo el mundo. A los productores podría pagarle indistintamente con pesos o las divisas obtenidas ¿qué le importa? Su negocio es satisfacer a su cliente y a sus proveedores por igual y cobrar su servicio; 2) una cooperativa correntina hace acopio de yerba mate la cual parcialmente exporta a Siria y a expatriados en Italia; le sucede lo mismo, le da igual pagarle a los socios en pesos o divisa, si se pudiera, los socios preferirían divisas; 3) Aluar exporta el 90% de su producción de lingotes de aluminio, si pudiera retener las divisas obtenidas, cambiaría una parte para pagar sueldos, impuestos e insumos locales y mantendría el resto en divisas como ahorro, para comprar insumos importados, invertir en maquinaria, stocks o ampliaciones, o distribuir dividendos.

Nada de esto es posible, porque en el medio – a pedido de los políticos – se mete el BCRA.

El rol del BCRA como recaudador ilegal de impuestos

Sostengo que es ilegal porque la exacción impositiva no está avalada por ley alguna y el estado no puede recaudar impuestos si no es por ley del Congreso de la Nación.

¿Por qué digo que recauda impuestos? Porque compra todas las divisas que las familias y empresas obtienen con su trabajo e inversión y lo hace a mitad de precio. El BCRA se apodera de un bien (la divisa) en forma compulsiva y determina unilateral y arbitrariamente el precio (50% del valor de mercado). El estado no puede quitarle un bien a un particular sin ley previa (no la tiene) y luego de sancionada ésta, debe pagar el precio de mercado (no lo hace). Les cobra un impuesto —una imposición— equivalente al 50% (*) de lo obtenido a quienes producen bienes exportables. Repito: el BCRA se queda con el 50% del valor de las exportaciones del país, todos los años. Ese dinero se lo saca a quienes trabajan, a quienes venden bienes y servicios a todo el mundo. Se lo quita a los que hacen peras en el Alto Valle de Río Negro, a los que hacen té en Misiones o tabaco en Salta, lana en Chubut o cajas de cambio o tolvas en Córdoba. El año pasado Argentina exportó U$D 88.446.000.000, la mayor exportación en la historia del país, desde 1816 a hoy. El BCRA le quitó a millones de familias y empresas la mitad. Ilegalmente.

Y nadie dice nada. Nada.

El 99,6% de esas exportaciones provienen del interior del país y el 0,4% de la capital federal.

Sin embargo ningún senador (representante de las provincias ante el gobierno nacional) ni ningún gobernador, responsable jurídico de la provincia, se queja. Ningún diputado, representante de los intereses del pueblo de cada provincia, dijo nada.

Los representantes provinciales argentinos son todos mudos.

Están talando limoneros en Tucumán. Porque vender limones al 100% es negocio, pero al 50% del precio da pérdida (¿quién lo hubiera dicho?). Nuestro lugar duramente obtenido en el mercado mundial se perdió. Esto sucedió mientras el ex gobernador de Tucumán era Jefe de Gabinete, quien nunca dijo nada, al menos en público. El BCRA se quedó con la mitad de la venta de limones, los productores se cansaron de perder dinero año tras año y los talaron. ¿A quién le conviene toda esta destrucción de riqueza?

El dinero que el BCRA le roba a un productor de lo que sea (tapizado de autos, caja de cambios, lana, trigo, vino fino, aluminio o ajo) influye en toda la cadena: son menos impuestos provinciales, son menos sueldos en cantidad y en precio, menos tarifas de transporte a puerto, menos porcentaje de intermediación y estiba, menos compra de insumos. A la vez, proveedores y empleados gastan menos en zapatillas, remeras o gaseosas. Es la rueda de la pobreza… excepto en el BCRA, que birló a las provincias algún número entre U$D 43.256.000.000 y U$D 44.223.000.000.-; sólo en el 2022.

Botín del BCRA, por provincia, en millones de dólares

 

Total País                                                                             43.256
Buenos Aires                                                             16.151
Ciudad Autónoma                                                           152
Córdoba                                                                     6.285
Entre Ríos                                                                     935
La Pampa                                                                     590
Santa Fe                                                                    9.372
Chubut                                                                      1.259
Neuquén                                                                    1.424
Río Negro                                                                      225
Santa Cruz                                                                  1.096
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur                 187
Catamarca                                                                      98
Jujuy                                                                            427
La Rioja                                                                          91
Salta                                                                             649
Santiago del Estero                                                           756
Tucumán                                                                        467
Mendoza                                                                        783
San Juan                                                                        569
San Luis                                                                         430
Chaco                                                                            252
Corrientes                                                                       134
Formosa                                                                          20
Misiones                                                                         214
Extranjero y plataforma continental                                      557
Indeterminado                                                                 131

  

Esto está calculado con las cotizaciones del 30 de diciembre de 2022 de los valores de dólares compradores tanto oficial Banco Nación como paralelo. Da que el BCRA se quedó con el 49% de lo exportado. La forma estricta de calcularlo sería tomar la cotización diaria de ambos valores y aplicarlo a las liquidaciones de exportaciones de dicha fecha. Verán que los resultados no serán muy diferentes.

Conclusiones
  1. A millones de argentinos les quitan casi cuarenta y cuatro mil millones de dólares por año y sus representantes no dicen ni mu. A Santa Fe y a los santafesinos el BCRA les robó U$D 9.300 millones, ¿escucharon al gobernador o a alguno de los senadores por Santa Fe quejarse?
  2. Las provincias no son ni pobres ni inviables (¡cómo odio esa definición!): son saqueadas por el poder central.
  3. El BCRA es un recaudador paralegal. Es una AFIP sin atribuciones para cubrir ese rol.
  4. Tampoco inician acciones legales contra ese robo desembozado los interesados, los cientos de miles de productores, las millones de familias afectadas directa o indirectamente por este saqueo, ni las agrupaciones que los nuclean.
  5. La provincia más afectada es la de Buenos Aires, por ser responsable del 37% de las exportaciones argentinas. Sin este impuesto ilegal, probablemente exportaría el doble o triple. Por tal razón el Poder Central necesita en La Plata gente que le responda sin cuestionar el proceso de saqueo que condena a la miseria a millones de argentinos. Por eso Scioli pasó de ser diputado por la Capital Federal a Gobernador, por eso Vidal pasó de ser número dos de la Capital Federal a Gobernadora, por eso Kicillof pasó de ser diputado nacional por la Capital Federal a Gobernador: por ser personas fieles al poder central [1]. Sí, el mismo poder central que controla el BCRA. Si algún día queremos romper esta Rueda de la Miseria, tenemos que hacerlo mediante la conquista de su eslabón más fuerte: la provincia de Buenos Aires [2].
  1. Si el BCRA le quitó al que trabaja 44 mil millones de dólares, ¿eso quiere decir que tenemos 44 mil millones de dólares de reservas? No. Porque el BCRA no cobra esos impuestos para el tesoro nacional. Es solamente un intermediario de intereses particulares. Así como lo recibe, le da esa recaudación ilegal y abusiva a los amigos del poder, ya sea la banca o industriales “amigos”.
  2. Con esa operatoria abusiva e ilegal del BCRA se abren infinidad de oportunidades de peculado para los funcionarios: I. sobrefacturación de importaciones, II. venta de permisos de importación, donde el favorecido accede a dólares a mitad de precio, robado a otros argentinos que exportan, III. giros de dinero al exterior por supuestas deudas financieras o supuestos pagos de supuestos servicios importados, IV. invención de inexistentes inversiones que necesitan compras de maquinaria, todas mentiras para acceder a créditos estatales y a dólares a mitad de precio.
  1. La eliminación de las DEX y del diferencial de tipo de cambio que es una super-DEX significaría aumentar la recaudación por impuesto a las ganancias por parte de las provincias en decenas de miles de millones de dólares, ¿han escuchado a alguna autoridad solicitarlo?
  2. Debemos exigirles a las autoridades y a los candidatos que nos expliquen:
    1. ¿Cómo es posible que Paraguay, Uruguay y Brasil, quienes no cobran derechos de exportación tienen más reservas que nosotros?
    2. ¿Cómo es posible que Paraguay, Uruguay y Brasil, quienes no controlan el mercado de cambios, crecen – no como nosotros que cada año se reduce el PBI per cápita -, no tienen inflación, y no viven llorando créditos?
    3. Varias corrientes del pseudoperonismo gustan de decir que los DEX son necesarios para “controlar el precio de los alimentos”; ídem con la compra compulsiva de dólares a mitad de precio por el BCRA (una DEX del 50%). Sin embargo Paraguay, Uruguay y Brasil viven un proceso largo de aumento del salario medio, crecimiento de la población y mejoras de las dietas de sus pueblos, mientras nosotros vivimos el proceso contrario. Opción 1: no conectan las líneas de puntos; Opción 2: quieren que el curro de vender dólares a mitad de precio a los amigos, vender permisos de importación – para comprar dólares a mitad de precio -, vender permisos de exportación – para manipular el precio interno de bienes – es un negocio que no quieren que pare nunca. Si la gente come o no todos los días, no les importa; es sólo una excusa.
    4. Hoy tenemos dos urgencias:
    5. acabar con la inflación, que es un impuesto no sancionado por el Congreso,
    6. acabar con la manipulación arbitraria del mercado de cambios, que es un impuesto no sancionado por el Congreso.
    7. Hay que meter presa a mucha gente.

 

Fuente

INDEC, https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_23E165E1E942.pdf

 

Notas

(*) En realidad, con los números del 30/12/2022 da el 49%. Valga la diferencia.

[1] Las mismas consideraciones que caben para los gobernadores sirven para los senadores, todos representantes del poder central y no de los intereses provinciales.

[2] Por eso de ninguna manera hay que permitir que quiebren la provincia en partes. Recuerden siempre que Bullrich, el que reflotó esta vieja idea, era ministro de la ciudad de Buenos Aires antes de ser puesto —como interventor— de senador de la provincia de Bs. As.

 

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http://restaurarg.blogspot.com/2022/04/el-botin-del-bcra-provincia-por.html

Federalismo

http://restaurarg.blogspot.com/2020/11/federalismo.html

Zanahoria

http://restaurarg.blogspot.com/2021/06/zanahoria.html

Equilibrio inestable

http://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

Federales y unitarios

http://restaurarg.blogspot.com/2022/09/federales-y-unitarios.html

 

Artículo publicado el 03/06/2023 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/06/bcra-versus-provincias.html

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ARGENTINA, EDUCACIÓN, OPINION

SIN ESCUELAS NI MAESTROS

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Santiago González*

Izamiento de  bandera, 1940. Archivo Histórico de la Escuela Normal de Quilmes «Silvia Manuela Gorleri», https://archivo104.blogspot.com/2012/04/

La degradación de la educación pública y del docente ha sido obra de una camarilla ideológica instalada desde la recuperación democrática.

 

Cualquier docente mayor de 50 años lo puede atestiguar: el estado de la educación en la Argentina es catastrófico, en todos sus niveles. Un poco menos en la educación privada que en la pública, pero no por mérito propio sino del ambiente familiar de sus alumnos, y también en decadencia. Esa percepción personal e intuitiva se ve corroborada por todas las pruebas sobre rendimiento escolar: más de la mitad de nuestros alumnos terminan la escuela primaria sin poder entender cabalmente lo que leen y sin poder resolver problemas aritméticos simples. Ese retraso inicial no se compensa en los niveles superiores y se arrastra hasta la universidad. La profesora de una materia de Economía que se cursa en mitad de la carrera me cuenta que apenas el 60% de los inscriptos se presenta a rendir los exámenes, y que de esa proporción apenas el 60% los aprueba. Poco más de tres de cada diez. La profesora se pregunta cómo llegaron hasta allí.

La mayoría de los argentinos cree que el principal problema del país es económico, y es lógico que lo crea porque la inflación destruye las vidas de todos, incluso las de quienes más o menos se las arreglan para llegar a fin de mes. Pero las bases de la economía nacional son sanas, y una vez que la casta política canallesca y ladrona haya sido apartada del poder, bastan tres o cuatro decisiones inteligentes para poner la casa en orden. Los problemas económicos son importantes pero pueden resolverse con relativa rapidez. Los problemas más serios que tiene la Argentina son la defensa nacional, que ya apunté en una nota anterior, y la educación, que es el más grave de todos. Sin una población razonablemente educada el país no tiene futuro, con o sin inflación, con o sin misiles. Esto lo entendieron bien los organizadores de la República, que pusieron la educación en el centro de su programa.

Los políticos en campaña hablan de la economía porque las encuestas les dicen que es la mayor preocupación de la gente, y se jactan de tener equipos que estudian en profundidad sus problemas y soluciones. Ninguno habla de la defensa, y a la educación le dedican rosarios de buenas intenciones edulcoradas con los lugares comunes de la corrección política. Pero como no les importa el país sino llegar al poder para beneficiarse de él, nadie se ha planteado el problema en serio y cuando se los apura dan respuestas de ocasión: más aulas, más computadoras, más horas de clase, más capacitación docente, el modelo finlandés o el modelo japonés, y ahora la más novedosa incorporación al cotillón, los vouchers educativos, cuyo mayor atractivo es que nadie sabe o entiende bien en qué consisten.

Pero el problema de la educación argentina no pasa por ninguno de esos lugares ni se soluciona con ninguno de esos remedios. El problema de la educación argentina es a la vez más simple y más complejo: la educación argentina no tiene escuelas ni tiene maestros. La educación argentina tiene edificios escolares y trabajadores de la educación, pero carece de escuelas y de maestros en virtud de un proceso de degradación iniciado en 1983, y continuado desde entonces como una verdadera política de Estado. Le debemos a la querida democracia la destrucción de un sistema educativo que hizo de la Argentina el primer país en eliminar el analfabetismo, le dio cinco premios Nobel, le permitió ubicarse en la vanguardia tecnológica, aportó descubrimientos médicos que salvaron millones de vidas y produjo talentos que revolucionaron las artes y la lengua.

 

Esa degradación hizo que nos olvidáramos de algo elemental: la escuela es el lugar donde los maestros van a enseñar y los alumnos van a aprender. La escuela no es una continuación del hogar, ni la maestra es la “segunda mamá”; la escuela no es un comedor ni un merendero; la escuela no es un lugar de recreo ni un salón de entretenimientos animado por docentes; la escuela no es un agente de asistencia social ni un instrumento de adoctrinamiento ideológico. La escuela fue convertida en todas esas cosas pero no es ninguna de esas cosas. La escuela es únicamente, exclusivamente, el lugar donde los maestros van a enseñar y los alumnos van a aprender. Esto deberían tenerlo perfectamente en claro los maestros, los alumnos y los padres de los alumnos.

La vida de la escuela se rige por normas precisas y de cumplimiento estricto: horarios, códigos de vestimenta, normas de comportamiento. El trabajo de la escuela no puede ser interrumpido arbitrariamente, ni por los alumnos, desde ya, ni por los docentes ni por los padres de los alumnos. Una vez iniciada la jornada escolar cesan todas las comunicaciones entre los alumnos, los docentes y el exterior. Cualquier llamado de emergencia en una u otra dirección debe ser tramitado por vía de la secretaría de la escuela. La observación de estas normas, llamada disciplina, no es algo caprichoso, sino que forma parte del proceso educativo, y esto deben entenderlo los maestros, los alumnos y los padres de los alumnos. La palabra docencia comparte la raíz indoeuropea dek con otras como dignidad, disciplina ydecencia.

El progresismo ha diluido la noción de las instituciones públicas hasta convertirlas en extensiones o prolongaciones del espacio público, donde reina la anomia y cada uno hace lo que le viene en gana, porque los límites nunca son claros o no existen, y de todos modos no hay autoridad capaz de imponerlos. No sorprende que la gente se crea con derecho a tomárselas a puñetazos con una maestra. Es necesario devolverle a la escuela su condición de lugar específico, con funciones específicas, normas específicas y autoridades específicas. Para cumplir su tarea educativa la escuela necesita recortarse respecto de lo que la rodea. Pero también necesita replicar en su funcionamiento el de la sociedad en su conjunto, que en un ambiente de libertad como el que reclama la Constitución se basa en la competencia y el mérito.

 

El ejercicio educativo es inseparable de la evaluación y los resultados. Los padres de los alumnos, y los alumnos mismos, tienen derecho a conocer el rendimiento de sus esfuerzos, cosa que sólo pueden lograr si someten su desempeño a alguna prueba objetiva. Esas evaluaciones sirven además para detectar talentos, y promover a los más aventajados hacia instituciones más exigentes, y para reubicar en institutos de nivelación a los que evidencien problemas de aprendizaje. Del mismo modo ha de evaluarse el desempeño de los docentes, quienes mal podrían conducir un sistema basado en el mérito si no estuvieran ellos mismos dispuestos a someterse a examen. El mérito así medido, y no la antigüedad ni los cursitos aleatorios e inconducentes, justifica las promociones.

Los cuerpos docentes de todo el país son hoy una especie de caja negra de la que nada sabemos. La mayoría de sus integrantes ha pasado por algún instituto de formación, pero eso no garantiza nada porque la educación terciaria en el campo de las ciencias sociales se ha convertido en adoctrinamiento ideológico y sus títulos habilitantes no aseguran competencia o pericia, como lo sabe cualquiera que haya tenido que contratar personal proveniente de ese ámbito. Los docentes ingresan amparados en esos títulos, y como los sindicatos se resisten a las evaluaciones, no hay manera de distinguir a quienes tienen capacidad y vocación de quienes entran al aula con agendas secretas y de los simples incapaces.

La calificación profesional del docente no sólo no es puesta a prueba sino que tampoco parece necesaria para las funciones que efectivamente cumplen en la escuela de hoy: asistentes sociales, cuidadores, animadores, sanitaristas, adoctrinadores, trabajadores de la educación pero no maestros. Según observó la investigadora Victoria Zorraquín en una nota reciente, los Núcleos de Aprendizaje Prioritario que desde 2004 expresan las metas del sistema educativo nacional, en ningún momento dicen que el objetivo de la educación primaria, por ejemplo, sea enseñar a leer y escribir y a resolver las cuatro operaciones en determinados plazos, y por supuesto tampoco dicen cómo debería alcanzarse ese objetivo, cuál es la metodología para lograrlo.

En los niveles secundario y terciario las cosas no son mejores, y los profesores con mayor antigüedad advierten que la docencia se ha convertido en un refugio de incompetentes, en gran medida provenientes de las populosas carreras de “sociales”: menos provistos de saberes y pericias que de artillería ideológica, encuentran allí una oportunidad laboral que jamás les brindaría el sector privado, con todos los beneficios que hoy supone un empleo formal y virtual inamovibilidad en el cargo. Un veterano profesor de la UBA llegó a decir que los bajos sueldos universitarios tenían un efecto virtuoso: desalentaban a quienes esperaban hacer carrera en la docencia y atraían a los graduados exitosos que buscan sumar la cátedra a su cursus honorum, aportándole al mismo tiempo la riqueza de su experiencia en el ejercicio profesional.

La degradación de la educación pública como institución y del docente como su agente principal ha sido obra de una camarilla ideológica de matriz marxista que llegó al poder con el restablecimiento del sistema democrático y desde entonces no ha hecho más que consolidarse. Para agravar las cosas, esa camarilla dio ingreso a nuestra planificación educativa a una variada gama de entidades extranjeras, que van desde bancos e instituciones multilaterales a una infinidad de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, todas impulsoras de una agenda ajena y casi siempre contraria al interés nacional. Frisos, carteles y leyendas sobre multiculturalismo, diversidad, educación sexual y globalismo han sustituido en los muros de las escuelas de la CABA, como lo puede comprobar cualquiera, a las escenas memorables de la historia patria.

 

La educación es la transmisión de un conjunto de saberes, creencias y valores de una generación a otra. Educamos en primer lugar porque somos conscientes de nuestra propia finitud, porque sabemos que el día en que nuestras fuerzas flaqueen otros deberán ocupar nuestro lugar y queremos prepararlos para ello. Pero también educamos porque deseamos que nuestros descendientes puedan desarrollar sus capacidades tal como lo hicimos nosotros, mejor que lo que lo hicimos nosotros, en beneficio propio y, por lógica consecuencia, del conjunto. Obsérvese que en todo lo que acabo de decir hay un “nosotros” implícito: la educación es expresión de la conciencia nacional, y sin conciencia nacional no habría sistema educativo posible. La educación es el instrumento con el cual una nación asegura su propia supervivencia.

Los saberes que transmite la educación, las pericias, las competencias, pueden ser de validez universal, pero las creencias y los valores nos pertenecen por completo, son intransferibles y los hemos amasado a lo largo de nuestra historia: definen nuestra identidad. La Argentina puede tener la misma lengua, la misma religión, el mismo ordenamiento jurídico y ocupar el mismo continente que otras naciones pero no es ninguna de esas naciones, ni se les parece. Los ingredientes pueden ser similares, e incluso iguales, pero el moldeado y la cocción son diferentes y nos caracterizan. La educación tiene por objeto preservar ese amasado, enriquecerlo, “levarlo”, no diluirlo en el mazacote indiferenciado que proponen los activistas de la “patria grande” o de la “gobernanza global”.

La solución de una problemática compleja como la que traté de describir sólo puede darse en el largo plazo y es subsidiaria de la definición de un proyecto nacional para la Argentina del siglo XXI: sin ponernos de acuerdo sobre quiénes somos, qué nos une, qué queremos ser y hacia dónde queremos ir difícilmente podamos imprimir a nuestro sistema educativo un rumbo y una energía como la que le dieron los organizadores de la república en el siglo XIX. Pero hay cuestiones urgentes que demandan una reacción rápida, y no encontré mejor alternativa que la propuesta de Iris Speroni, que básicamente consiste en derogar toda ley, resolución y norma educativa posterior a 1976, y reponer los contenidos educativos previos, incluyendo los manuales para estudiantes y docentes, probadamente exitosos. Propone además someter a exámenes a los maestros y expulsar del sistema a quienes hayan recibido becas del BID, el Banco Mundial o similares. Nada que un gobierno realmente preocupado por el país no pueda hacer de inmediato.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Artículo publicado el 03/06/2023 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/sin-escuelas-ni-maestros/

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