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DEMORAR LA ADJUDICACIÓN DE CUOTAS DE PESCA ES GRAVE

César Augusto Lerena*

Las Cuotas y Autorizaciones de Pesca son la principal herramienta que tiene el Estado para administrar, explotar, generar divisas, agregar valor, promover empleo; aumentar el consumo interno; conservar las especies a perpetuidad y distribuir adecuadamente el recurso pesquero.

Se administra mal cuando se sobreexplota, pero también cuando el recurso no se distribuye adecuadamente y no se aprovecha sosteniblemente; del mismo modo cuando no se promueve valor agregado y cuando se ignora la interrelación de las especies, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero también en alta mar en las especies migratorias o asociadas.

Del total de las especies que se encuentran en la ZEE continental marítima argentina solo la merluza común, la merluza negra, la merluza de cola, polaca y vieira se encuentran cuotificadas y las demás, entre ellas el calamar y el langostino, son solo autorizadas sus capturas a falta de una determinación técnica para cuotificarlas. Para entender debidamente la diferencia entre un método y otro debemos decir que hasta el año 2009 las especies se capturaban bajo el sistema de “pesca olímpica” donde a todos los buques se les otorgaba permisos de pesca y estos lo hacían en una suerte de carrera entre empresas hasta que la Autoridad de Aplicación ―a efectos de conservar los recursos― daba por terminada la captura del año. Como es fácil entender, este sistema no permitía llevar adelante una administración y distribución adecuada del recurso y las empresas tenían poca previsibilidad tanto en la captura, su procesamiento y la consecuente estabilidad laboral, como su comercialización internacional y local.

La cuotificación se dispone partir de la sanción en 1998 de la ley 24.922 ―aunque se implementó en 2009― a través del otorgamiento de las llamadas Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) a los distintos buques pesqueros. Estas cuotas se corresponden a un determinado por ciento (%) del total de las Capturas Máximas Permisibles en la ZEE Argentina; es decir, lo máximo que es posible capturar sin depredar, establecido anualmente mediante las investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), permitiendo a las empresas capturar un volumen de toneladas anuales de pescados y, consecuentemente, hacer sus previsiones anuales respecto a su infraestructura en buques y plantas procesadoras, la ocupación de tripulantes y operarios, etc., y dar cumplimiento a los contratos comerciales de exportación y del mercado interno.

Siendo un sistema imperfecto ―como veremos― la cuotificación es central para promover inversiones, generar empleo y planificar las ventas. No parece entender esta cuestión elemental y central en la administración pesquera el Consejo Federal Pesquero (CFP) presidido por Juan Antonio López Cazorla que, a pocos días de vencerse las cuotas de Merluza Común (Merluccius hubbsi), no se han adjudicado, corriéndose el riesgo de dejar parada a toda la flota que pesca esta especie a partir del 1° de enero de 2025, que en el caso de Mar del Plata sería gravísimo, porque en el puerto de esta ciudad se desembarcan 210 mil toneladas anuales; es decir, un 70% de la captura total nacional de esta especie que es una de las que proporcionalmente más mano de obra ocupa. Esta falta de previsión ya debe estar causando daño a diversos proveedores y a la industria naval, porque la demanda de construcción de nuevos barcos pesqueros está en standby. Si el CFP fuese una empresa privada los miembros de este cuerpo ya serían ex funcionarios por cuanto sabían al momento de asumir que las cuotas vencerían a fin de año y desde el mes de agosto las provincias, empresas y gremios vienen solicitando su implementación (Actas 14;18;19/24 del CFP). ¿Hay alguna razón extraña para que lleven adelante esta demora? Podría haberla, quienes otorgan las cuotas saben el importantísimo valor que esta habilitación tiene para las empresas.

Ahora, cuando nos referimos a que el sistema es imperfecto tenemos en cuenta las nuevas inversiones que debieran derivar de esta cuotificación, entre otros campos en la acuicultura y maricultura; el establecimiento de una distribución más equitativa que contemple una “Unidad Económica Pesquera”; las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas; la pesca en alta mar; la Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas y, el otorgamiento de reservas de pesca.

Las inversiones. Por los Regímenes específicos que se concedieron las cuotas por el término de quince (15) años que culminan el 31 de diciembre de 2024, se tuvieron en cuenta ―entre otras cuestiones― las inversiones que las empresas habían realizado hasta 2009. Es decir que, ante la nueva adjudicación, no deberían tenerse en cuenta aquellas sino las inversiones realizadas entre 2010-2024 y muy especialmente las dispuestas a realizar entre 2025-2039, entre otras, en el campo de la acuicultura y maricultura, cuya producción total mundial alcanza al 50% y en la Argentina no supera el 2%. Chile, por ejemplo, exportó este tipo de producciones ―pese a la pandemia en 2020― unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 unos 5.127 millones); es decir, más del doble del total de las exportaciones pesqueras marítimas argentinas. La realidad es que la Argentina está desperdiciando las potencialidades de su amplio territorio y todo hace suponer que si el desarrollo de la acuicultura se promueve las provincias del interior argentino producirán más volumen para el consumo interno o la exportación que las exportaciones actuales desde el mar argentino.

La distribución equitativa. A través de una “Unidad Económica Pesquera” las cuotas de captura debieran permitir al pescador y/o procesador industrial ―por pequeño que sea― una actividad económicamente sustentable y que, mediante una administración adecuada, las provincias menos desarrolladas puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos.

Lo dicho tiene como antecedente la Ley de Pesca de México donde se indica que la «pesca comercial es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos» y, en cualquier caso, las concesiones, aún las menos importantes, deben garantizar una “Unidad Económica Pesquera” que asegure la continuidad de la explotación, la generación de empleo y una explotación económicamente sustentable a todas las empresas y no se vean obligadas a ceder en forma directa o indirecta ―bajo contratos de alquiler― sus cuotas. Deben asegurarse también, que no exista una concentración en pocas empresas de los recursos del Estado.

Las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas. En la Argentina se da la paradoja que existen empresas del Estado chino radicadas en el país, mientras flotas de ese mismo Estado pescan los recursos migratorios originarios de la jurisdicción marítima argentina en alta mar y también empresas nacionales de capital español se encuentran igualmente radicadas en el país, mientras otras empresas españolas, habiendo su país reconocido la soberanía argentina de Malvinas, pescan en las aguas argentinas de este archipiélago sin autorización de la Autoridad de Aplicación Argentina, asociadas con capitales británicos extrayendo los recursos pesqueros en esa región e introduciendo los productos obtenidos en la Unión Europea sin pago de arancel alguno, en abierta competencia con los productos que se capturan y elaboran en la Argentina continental. Esto requiere una decisión política inmediata.

La pesca en alta mar de las embarcaciones nacionales. Por falta de incentivos adecuados no se ha promovido la pesca argentina en alta mar y se deja a merced que flotas extranjeras subsidiadas y con trabajo esclavo, que se trasladan a grandes distancias de sus puertos de origen, para apropiarse de nuestros recursos migratorios compitiendo con los productos argentinos en idénticos mercados; pero también, dificultando el desarrollo patagónico y depredando el ecosistema. Los buques nacionales habilitados por la Autoridad de Aplicación que pesquen más allá de las 200 millas deberían estar exentos del pago de todo impuesto, derecho a la captura o aduanero al combustible y debieran establecerse otros incentivos destinados a este fin, en tanto no impliquen una reducción del esfuerzo pesquero en la jurisdicción marítima argentina.

La Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas. El Estado debe controlar que los proyectos, inversiones y obligaciones derivados del otorgamiento de autorizaciones y cuotas se cumplan, de modo de reasignar rápidamente a otras empresas estas habilitaciones en caso de incumplimientos y/o sanciones. 

Las reservas de cuotas. Deberían destinarse exclusivamente al desarrollo de la pesca artesanal, la investigación o el uso en territorios estratégicos y revisarse el sistema de otorgamiento de reservas para evitar que esta decisión quede en manos de unos pocos funcionarios de “plazo fijo” y puedan prestarse a situaciones de cohecho.

La cuotificación debería completarse con la toma de las medidas necesarias por parte de la Autoridad de Aplicación para eliminar la pesca ilegal extranjera, asegurar el control en el mar, la mejora y modernización de los puertos, la promoción de la construcción naval pesquera nacional y la eficiencia administrativa y económica de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.

La crisis amerita que los gestores de pesca no dificulten el verdadero cambio que se requiere y junto a las empresas y las fuerzas del trabajo, participativamente, hagan que la pesca industrial se constituya en uno de los prototipos del desarrollo nacional.

Recordemos a Louis Pasteur (1862): “Nada se produce por generación espontánea”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

LA PESCA ILEGAL CHINA. LA IDIOTEZ NO TIENE FRONTERAS.

César Augusto Lerena*

Idiota (del griego ἰδιώτης idiṓtēs) es un ciudadano que se mantiene al margen de la vida pública, una persona que no es un erudito ni participa en asuntos e intereses de la comunidad. Hay muchos funcionarios argentinos que podríamos incluirlos en esta definición. Entre ellos, los que quieren abrir los puertos del litoral marítimo nacional a buques chinos que pescan ilegalmente nuestros recursos pesqueros.

Por cierto, una iniciativa de esta naturaleza atentaría contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de los art. 4º; 5; 21º a 23º, 27º bis y 37º de la Ley 24.922 y, el art. 6º de la ley 24.093 de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley 25.675 al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema marino y la sostenibilidad de los recursos pesqueros que, en el caso de la pesca en Malvinas, se agregaría la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

En nuestro artículo “China no viene a solucionar el problema argentino, viene por nuestros recursos” (22/01/2023) ya nos referimos a que la Cancillería Argentina y su devaluada Secretaría de Malvinas se dedica a enumerar los derechos históricos argentinos sobre las islas sin diseñar otra política que la de cooperar sin contrapartida alguna del Reino Unido de Gran Bretaña y, a la par, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero integrado por representantes provinciales, tolera alegremente que una caterva de idiotas, irresponsables y desinformados, promuevan la apertura de los puertos del litoral marítimo a las flotas del Estado chino que pescan ilegalmente nuestros recursos pesqueros migratorios a cambio de espejitos de colores.

La pesca ilegal no solo provoca perjuicios económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que genera violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico; además, de menoscabar la soberanía de los Estados ribereños. Por lo tanto, no se puede poner en la balanza todo ello y contrastarlo con la intención infundada de generar algunos recursos económicos para las provincias provistos por pesqueros depredadores que, además, no tendrán envergadura alguna en relación al millón de toneladas de especies migratorias originarias de la ZEE Argentina que anualmente extraen chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc. por un valor FOB de 4.320 millones de US$ y de 24.000 millones de US$ en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de US$ 1,5 mil millones FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil millones/año. Una irresponsabilidad política y económica.

La idiotez e incapacidad política no se diferencia entre los funcionarios nacionales y provinciales, cualquiera fuese su pertenencia partidaria.  

Primero fue Montevideo quien colabora con la pesca ilegal y los británicos en Malvinas; pero claro, es un puerto de Uruguay y los gobiernos argentinos no han hecho nada para acordar con ese país; luego el Puerto de Comodoro Rivadavia de Chubut y distintos funcionarios públicos y sindicatos interesados en otorgar el uso a buques chinos de los puertos; también el Puerto de Río Grande de Tierra del Fuego y finalmente la intención de abrir a los chinos todos los puertos de Santa Cruz, prestándoles asistencia logística a la flota que pesca ilegalmente a distancia de la República Popular China; pero, los idiotas se reproducen y vuelven con la cantinela de la mirada corta. Pan para hoy y hambre para mañana.

Por su parte, la ahora ex Canciller con el pacto Mondino-Lammy reedita el Pacto Foradori-Duncan facilitándoles a los británicos a través del conocimiento preciso de los stocks pesqueros la pesca ilegal en las aguas argentinas de Malvinas, consolidando su presencia en los archipiélagos y al área meridional del Atlántico Sur y para ayudar aún más a los ingleses se les autoriza vuelos a San Pablo contribuyendo a la comercialización de sus productos en el mercado más importante de Suramérica y el acceso al mundo. Nadie podría dudar que este nuevo Pacto viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

A las empresas del Estado chino ya se les otorgó cuotas y autorizaciones de pesca en la Argentina y operan legalmente en nuestros mares. La mayoría de los poteros que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) con una flota de 65 buques pesqueros, “capturan más del 90% del total argentino” (En 2022 capturaron 167.110 toneladas del calamar Illex) y son barcos de origen en el Estado chino ya que, pese al nombre de la Cámara, ésta está integrada por un 68% de buques de empresas asiáticas (mayoritariamente chinas); 18% españolas y solo el 14% argentinas. Son varias las empresas adquiridas total o parcialmente por China en la Argentina y recordemos que la mayoría de las empresas chinas no son privadas, sino que pertenecen al Estado chino. Entre las principales exportadoras argentinas de este origen encontramos el Grupo Fenix; Arbumasa S.A. del grupo Dalian Huafeng Acuatic Prod Co. Ltd; Ardapez; Conarpesa, a partir de la adquisición de un porcentual importante de su paquete accionario por parte de la española Wofco integrada con capitales chinos; Altamare de Shanghai Jinyou Deep Sea Fisheries Co., etc. con exportaciones del orden de los 280 millones de dólares anuales. China, por otra parte, está entre los cinco principales países importadoras de productos pesqueros argentinos, aunque, con U$S 3.700/tonelada (2021), es la más baja respecto del resto de los cuatro países importadores.

Habría que verificar si los buques chinos al dar de alta la bandera argentina también han dado también la baja de su bandera del registro correspondiente de China, ya que de otro modo -como se ventila en los ambientes portuarios- no estarían pagando derechos de importación en China de los productos extraídos de Argentina.

Además de ello, con más de 300 buques chinos (unos 270 son poteros y otros 30 arrastreros) que pescan en alta mar ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, es la flota más importante que pesca en forma subsidiada y denunciada de narcotráfico y trabajo esclavo. Se agregan otros buques chinos que pescan en aguas argentinas de las Georgias del Sur en el marco de la CCRVMA.

Los funcionarios no parecieran comprender que el calamar es una especie estratégica en el Atlántico Suroccidental y su administración adecuada permitiría terminar con la pesca ilegal en alta mar y con el sustento de los británicos en Malvinas. Ya la Cancillería les facilita con acuerdos de cooperación a los británicos en Malvinas, falta que facilitemos las operaciones a los chinos abriéndoles los puertos argentinos. A idiotice não tem fim.

Los británicos desde 1976 a la fecha extraen a través de licencias otorgadas a buques extranjeros de sociedades españolas-británicas, coreanas, taiwanesas y hasta 2007 a chinas, un promedio de 250 mil toneladas (sin computar los descartes) de productos pesqueros argentinos; además de ocupar en forma prepotente 1.639.900 Km2 de territorio marítimos e insulares y disputar a Argentina 1.430.367 Km2 de plataforma continental y 2.426.911 Km2 de la Antártida Argentina y sus aguas correspondientes y ha iniciado exploraciones petroleras al norte de Malvinas que se estiman del orden de los 791 millones de barriles de crudo de petróleo. ¿Con el usurpador y apropiador británico la Argentina debe cooperar unilateralmente? El Reino Unido no tiene ninguna vocación de devolver a la Argentina un espacio estratégico de acceso a la Antártida y de control del Atlántico Sur, el Pacífico, el Índico y directamente vinculado a la Patagonia.

A idiotice do ex-ministro das Relações Exteriores Mondino não tem fim.

Cederle los puertos a China agrega un desconocimiento supino de la operatividad que realizan los buques de esta nacionalidad que pescan a distancia. Un reconocido empresario del sector pesquero ―tal vez el más lúcido y conocedor del negocio pesquero― dice al respecto: «Es aterrador el desconocimiento que tienen las autoridades argentinas, no sólo las provinciales, sobre la problemática pesquera y en particular sobre la problemática en la zona adyacente a las 200 millas, incluyendo Malvinas. Imaginan que la flota extranjera les puede generar ingresos a sus provincias vía la venta de servicios a esos buques. En el caso de Santa Cruz está alentado, en primer lugar, porque el sindicato de la estiba en esa Provincia sueña que habrían de incrementarse sus actividades, aunque la baja de actividades en el Puerto Deseado se debe en gran parte a que mientras en ese puerto descargar un barco vale aproximadamente $150 la tonelada en el puerto de Vigo sale $ 20; en segundo lugar, los supermercados piensan venderle provisiones a esos buques y, en tercer lugar, alguna estación de servicio se imagina vendiéndoles gasoil. Aunque, ninguna de las tres cosas va a suceder. La flota china que opera en altamar trasborda sus cargas con la propia tripulación. El valor de esa tarea se incluye en el salario mensual de los tripulantes; pero aún si le asignásemos un valor no pasaría de los $10 la tonelada. Ya desde la época de los acuerdos Marcos con la URSS y Bulgaria, así como durante las operaciones de charteo de calamar, siempre hubo una negativa rotunda a utilizar estiba local, por los costos expuestos. Respecto a la compra de provisiones de productos frescos, tales como alguna verdura o fruta, probablemente compren puerro y cebolla de verdeo, el resto es arroz y especias que ellos traen de sus países. El gasoil lo toman en alta mar a un valor subsidiado por el gobierno chino. Los trabajadores chinos no tienen pasaportes y no podrán bajar a tierra por temor a deserciones. En resumen, esta “gran idea” se limitará a darles apoyo para que mejoren la eficiencia de los buques chinos trasbordando en un puerto seguro o realizando algunas reparaciones que los hacen perder mucho tiempo por las condiciones durísimas de alta mar y, además, en los viajes hacia y desde los puertos habrán de capturar en la ZEE Argentina y hacerse de una valiosa información sobre la situación del recurso al usar sonares durante su traslado, cuestión que vale una fortuna, en términos de evaluar la longitud de la campaña y de estimar las cantidades del reclutamiento. Todo ello a cambio de NADA». Y es verdaderamente así. Resulta inaudito abrirles los puertos a los chinos bajo pretexto de generar negocios. Ellos no navegan miles de millas para ello, sino para llevarse nuestros recursos al menor costo posible, como es lógico en cualquier empresa y, más aún, cuando éstas deben rendir cuentas al Estado Chino. Con la pesca ilegal que se llevan los chinos podríamos multiplicar en un 100% el empleo argentino y desarrollar el litoral patagónico. No hay porqué pedirles una mano a los chinos ―que no será gratis― para resolver los problemas argentinos y menos pretender eliminar la pesca ilegal cediéndoles los puertos o dándole facilidades logísticas; por el contrario, será cerrar definitivamente todas las puertas de futuros acuerdos en alta mar, contrario al más básico proceso negociador.

Ya nos hemos referido (“España. Partícipe necesario de la ocupación de Malvinas”, 11/02/23) que el calamar illex que consume la Unión Europea proviene en un 46,7% de América y el 47,8% de Asia, donde chinos, taiwaneses y coreanos pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios. Sería bueno saber, quién certifica el origen y la trazabilidad de estos productos para su entrada a Europa. Según cifras oficiales de la FAO y del gobierno chino, la captura del calamar illex en 2021 en el Atlántico Suroccidental alcanzó las 580.000 toneladas, de ellas, 170.000 toneladas corresponden a capturas en aguas argentinas de Malvinas y, 132.000 toneladas de buques poteros y arrastreros argentinos. Por su parte, el desembarco en el puerto de aguas distantes de Zhoushan se realizó mediante 214 buques chinos que operan en el Atlántico Suroccidental y Pacífico Oriental durante el primer semestre de 2021; un 61% de aumento en relación a 2020.

¿En este escenario quién sería el irresponsable de autorizar el uso de los puertos a buques chinos que realizan pesca ilegal en el Atlántico Sur? No es posible imaginar que los buques chinos ingresen a los puertos nacionales si la Argentina no tiene capacidad de control del mar argentino y en sus puertos sin previamente acordar con China la administración (investigación, conservación y distribución equitativa) en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE, los asociados y los que migran desde alta mar a la ZEE y, ello implica, inicialmente y, todos los años, determinar la “Captura Máxima Sostenible”.

Un informe elocuente sobre la estrategia china, nos suministra el Reportero Li Dong (People’s Daily Online, 14/02/2022) del Ministerio de Agricultura publicado por FIS SeafoodMedia Group (20/02/23). En el informe se indica que «la producción de túnidos y calamares en 2022 se estabilizará en 2,25 millones de toneladas, un 30 % aproximadamente de la producción nacional de china de peces marinos» y donde solo, la captura de estas dos especies representa un 281% del total de capturas argentinas (800.000 toneladas) en igual período, lo que demuestra la magnitud de la pesca china y la gravedad de que estén realizando pesca ilegal de calamar migratorio en alta mar. El responsable ese Ministerio declaró que «…Las estadísticas muestran que China tiene más de 2.500 barcos de pesca en alta mar» y, el Atlántico Suroccidental, uno de los caladeros más importantes del mundo, tiene más de 350 buques pescando en forma ilegal y, dentro de las opiniones relativas  al 14° Plan Quinquenal para el Desarrollo Pesquero Nacional de China, está la de «participar profundamente en la gobernanza mundial de los océanos…construir bases de pesca en aguas distantes como núcleo, expandir los campos de procesamiento de productos acuáticos, almacenamiento y reparación de barcos…construir un nuevo patrón de desarrollo para toda la cadena industrial de la pesca en aguas distantes…mejorar aún más el nivel de mecanización, informatización e inteligencia de los equipos y optimizar aún más, la capacidad de estudio de los recursos pesqueros mundiales…» y en lo específico al Calamar y al  Atlántico Sur FAO 41 refiere a «regular los caladeros; fomentar el desarrollo del procesamiento intensivo, expandir el mercado de productos; fortalecer la construcción de toda la cadena de la industria del calamar…hacer que el centro de comercio de calamar oceánico de China sea más grande y más fuerte…fortalecer el desarrollo de los recursos biológicos marinos antárticos de manera constante y ordenada … alentar a las empresas pesqueras de aguas distantes a acelerar su desarrollo…alentar y apoyar a las empresas para construir bases pesqueras pelágicas en el extranjero…promover la mecanización, automatización e inteligencia de los barcos pesqueros, reemplazar humanos por máquinas y reducir costos…» (Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, 14/02/2022), coincidente con lo que intenta en la Argentina y en numerosos puertos de américa del sur.

Es evidente la intención de China de tener una hegemonía en la administración de los recursos en los océanos, amén de fortalecer tecnológicamente su flota y la eficiencia de éstas para aumentar su producción; manteniendo los transbordos en alta mar, a la par de promover la construcción de bases pesqueras en el extranjero. Con este plan de acción, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las operaciones chinas en el Atlántico Sur, suministrándoles apoyo logístico en los puertos, sin resolver previamente la administración en alta mar.

Por su parte, Daniel F. Runde y William A. Schreyer dijeron el 02/02/2023 «…la aparición de armadas pesqueras masivas en toda América del Sur proporciona una indicación preocupante del potencial de esta presencia para expandirse (y) dadas las dificultades de acceso a la Antártida, los países más cercanos representan puertas de entrada estratégicas vitales».

Sobre lo dicho nos referimos en su oportunidad (César Lerena “La erradicación de la pesca ilegal en alta mar para controlar el Atlántico Sur y Malvinas…” 05/04/2021) a la intención del Administrador del Consorcio Portuario de Comodoro Rivadavia de Chubut y vicepresidente del Consejo Portuario Argentino Favio Cambareri que trató fallidamente de adjudicar a la Cía. china Hongdong Fischery Co. (la misma que firmaría un memorando de entendimiento años después en Santa Cruz) la construcción de un Astillero en Comodoro Rivadavia para que preste servicios de reparación a buques chinos que pescan ilegalmente nuestros recursos; que, además, habría inexorablemente de prestar otras tareas logísticas a favor de éstas y, seguramente no habrá de detenerse a buques de estas nacionalidades, ya que ante semejante facilidad para operar ilegalmente en el Atlántico Suroccidental se acercará a pescar cuanto buque depredador esté pescando en los caladeros del mundo.

¿Puede un simple Administrador de un Puerto establecer la política de administración de los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur?, absolutamente NO. Las cuestiones marítimas, fluviales, navales y pesqueras no pueden estar en manos de un mero administrador de un puerto. Éstas se enmarcan en una compleja trama que debería tratarse en forma integrada, escalonada y con un mecanismo de relojería, ya que la Argentina tiene el equivalente al 52% de su ZEE y los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur ocupados: además, como es dicho de violar toda la normativa argentina vigente.

Un año más tarde, la Ministra de Producción de Tierra del Fuego Sonia Elizabeth Castigilone promovería la apertura a chinos que pescan ilegalmente los recursos argentinos del Puerto a construir en Río Grande por Mirgor SA (Revista Puerto 24/11/22) con capitales chinos y/o la estatal china Shaanxi Chemical Group (Memorando de entendimiento firmado el 16/08/22). Todo ello con el evidente apoyo del Gobernador Gustavo Melella, quien tendría muy buena relación con el gobierno chino. Estos funcionarios ignoraban la vigencia de las Leyes 24.922, 26.386 y 27.564 y los artículos 2º; 25º; 31º inc. 4; 49º; 53 inc. 5; 54º; 58º inc. 7 y 11; 63º; 68º, 79º, 81º, 87º, 139º y 188º de la Constitución de Tierra del Fuego; la Ley 244 Provincial de Pesca (17/8/1995) artículos 6º, 12º a 18º y 41º a 50º y los derivados por contrabando por falta de pago de derechos aduaneros (Ley 22.415) (César Lerena “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal…” 24/11/2022).

Finalmente el Gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal habría firmado “luego de varias visitas a distintas provincias de China” (Informe Marítimo, 1/11/24) un memorando de entendimiento con la empresa del Estado chino Fuzhou Hongdong Pelagic Fischery Co., en cuyos puertos de Santa Cruz se daría logística a los barcos chinos que pescan ilegalmente los recursos pesqueros migratorios argentinos (lo que parece ignorar su Ministro Gustavo Martínez cuando dice que «esta gente forma parte de la regla del juego del mercado mundial»), “instalando un Astillero; mejorando los cinco puertos y el desarrollo de plantas pesqueras para agregar valor” (decir que los chinos agregarían valor en la Argentina no es serio). A partir del libre ingreso chino, una base de operaciones de este país en el Atlántico Suroccidental tendría serias implicancias geopolíticas en relación a la Patagonia, la Antártida y los pasos bioceánicos y la instalación de nuevas tensiones extrañas en el Atlántico Sur. En esta locura podría encontrar sustento que la Provincia de Santa Cruz le esté pidiendo al Consejo Federal Pesquero la asignación de 30 mil toneladas más de cuota social de merluza.

En estos tres proyectos de tres provincias patagónicas se convoca a quienes se llevaron ilegalmente desde 1982 a la fecha la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país. Son un modelo colonizador que nos retrotrae al siglo XVIII/XIX y, deja en evidencia, la falta de planificación estratégica nacional y, la incapacidad de los funcionarios para administrar el Estado y potenciar la fuerza empresaria y laboral nacional.

Sería indispensable, además, que el Estado Nacional esté atento a que no existan retornos en este tipo de acuerdos que violan toda la legislación vigente.

La idiotez es una incapacidad para administrar los recursos de la Nación y la incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022).

 

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

César Augusto Lerena*

Disculpen si somos algo escatológicos en este escrito. Se dice que la corrupción mata; pero en la pesca también da olor putrefacto; afecta la imagen de la actividad, a las ciudades y pueblos productores; daña a toda la gente que trabaja en el rubro y a todos los empresarios por igual, aun a aquellos que se esfuerzan por comercializar productos de calidad y se ajustan a los procedimientos legales. La corrupción desalienta los hábitos de los consumidores ya que, con una baja cultura alimentaria, asocian este producto altamente perecedero con los cuestionables métodos que algunos utilizarían para hacerse de él. Finalmente, el silencio de los funcionarios ante denuncias de coimas, termina confirmando que si el río suena agua trae y ésta es un gran lodazal.        

Suele considerarse a la pesca como un sector mafioso y los últimos hechos referidos a supuestas coimas para renovar las cuotas de captura no hacen más que acrecentar esta idea, tirándole un balde de materia fecal a toda la actividad sin excepción.   

El retrato original es de vieja data. Tiene su inicio en el pésimo concepto que tenían todas las actividades portuarias y las que usaban cuchillo para sus labores: los cuchilleros, la faena clandestina, la matanza y cuereado en catres en mataderos, las tareas a bordo donde hay casos donde realizan tareas de trabajo esclavo, los oficios portuarios y el fileteado en ambientes clandestinos y deplorables. Además, la gente recuerda el origen siciliano de la mafia italiana; la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa y en la pesca los inmigrantes provinieron de estas regiones: aunque muchos respetables, pagan por pecadores.     

También los gallegos, que agregaron lo suyo, al robarse los recursos argentinos en Malvinas y duele.

Ahora, desde hace 50 años la responsabilidad de mantener una execrable imagen es exclusiva de las empresas y empresarios argentinos o extranjeros radicados en la Argentina. Los alcanza a todos por igual. ¿Es cierto entonces que la pesca es mafiosa? Es de las preguntas referidas al sector que más hemos recibido en casi cincuenta años de vínculo con la actividad.

Cuando escuchamos hablar de coimas, no podemos ser hipócritas; era vox pópuli que los permisos de pesca se vendían en escribanías cuando la pesca era «olímpica» y luego esta situación se blanqueó con la sanción de la Ley 24.922 al establecerse el otorgamiento de las «Cuotas Individuales Transferibles de Captura» (CITC) y, aunque «Los negocios» con plata negra no son una cuestión nueva, lo difícil es probarlos.

Nosotros colaboramos con la redacción del artículo 1º de la ley 24.922, pero los demás artículos fueron elaborados por varios empresarios pesqueros y un dirigente gremial, desnaturalizando el referido artículo 1º. Un recurso del Estado no debería ser transferido y mucho menos alquilarse los buques a terceros para que estos hagan uso de cuotas y/o autorizaciones. Se ha transformado una actividad productiva en inmobiliaria.

Parece una concesión pero en los hechos es una privatización transitoria ―de bajo costo― de los recursos del Estado y ahora, frente al vencimiento de las cuotas otorgadas, mantener las mismas condiciones para el período 2025-2040 con las que se les adjudicó la concesión por quince (15) años de 2009 a 2024 resulta insólito. ¿Cuál sería el nuevo aporte, aparte del pago de los derechos de captura, para hacerse acreedor de este nuevo período? Gran parte del crecimiento de las empresas deriva de la concesión a vencer en 2024.

Lo hemos dicho, las cuotas y autorizaciones de pesca tienen más valor que el mejor buque. Frente a la duda que se instala a partir del plan original de Sturzenegger de extranjerizar la pesca y la posterior denuncia concreta de los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias. ¿Porque no habría que creer que frente a la renovación por 15 años de las cuotas de pesca no haya existido un intento de coima de algún intermediario oficioso? Más aún cuando los funcionarios y el gobierno guardan silencio.

Suponiendo que las cuotas estaban siendo manejadas por «carmelitas descalzas» y toda la cuestión de la cometa de 15 millones de dólares la habrían inventado un ex subsecretario de pesca empleado de una tradicional pesquera y un gerente de una empresa de capital extranjero, ambos marplatenses ―como se dice en los ambientes portuarios― para lograr que todo siga como está, cuestión que todas las cámaras y gremios corrieron presurosos a solicitar (ver Actas del CFP 10, 12 y 14/24) y luego respaldar públicamente los buenos oficios del Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de Pesca.

Ambos hechos resultan cuestionables: la existencia de un eventual pedido de coima que no ha quedado debidamente aclarado y el cierre en pocos meses del proceso de adjudicación de las cuotas.

Un proceso racional y cristalino de adjudicación de nuevas cuotas ―no de renovación como se pretende instalar― debería haber hecho un llamado público a eventuales interesados y la conformación de una comisión ad-hoc de profesionales y técnicos de distintas disciplinas (pesqueras, navieras, económicas, industriales, jurídicas, etc.) que tengan en cuenta lo siguiente:

1) Dictamen previo si las cuotas y/o autorizaciones que la empresa tienen validez suficiente, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Pesca confrontados con la auditoría de la Universidad de Buenos Aires (2002, Expte. S01 N° 0178755/2002 e informe del 21/8/2003).

2) Dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en los art. 7º, 9º, 26º y 27º de la Ley 24.922.

3) Garantizar que el otorgamiento de cuotas no se considere una «concentración indeseable» en relación con las especies que se cuotifican y el resto de las empresas pesqueras interesadas.

4) Se establezca una «Unidad Económica Pesquera» de modo que la cuota a otorgar garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas, de modo de evitar la posterior transferencia de cuotas por imposibilidad de sostener la actividad o solicitar cuota al solo efecto de transferir luego las cuotas a terceros.

5) Se incorporen buques con alta tecnología relativa a la eficiencia pesquera; reducción de la huella de carbono; que cuenten con sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco y que apliquen sistemas de pesca selectiva.

6) Que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; que se realice un mayor aprovechamiento de los residuos y no produzcan descartes en el mar.

7) Nuevas inversiones en acuicultura y/o maricultura; la industrialización del producto en tierra, emprendimientos portuarios, mejora tecnológica, desarrollo logístico destinado al mercado interno, etc.

8) Presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresas.

9) Guarden relación con las descargas en los puertos y su industrialización en los territorios provinciales.

10) El tiempo de vencimiento de la concesión determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica.

Complementariamente, se establezca un porcentual de capturas a los nuevos emprendimientos e inversiones de empresas nacionales que deseen incorporarse a la actividad que no tengan relación de ninguna naturaleza con empresas actualmente concesionarias.

Al mismo, cabe aclarar que las cuotas de captura están referidas exclusivamente a las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra, polaca y vieira. Pero las concesiones deberían alcanzar también al langostino, calamar y otras especies que son de igual o mayor importancia que las citadas.

Volviendo a las denuncias de corrupción a la hora de adjudicarse las cuotas de captura de varias especies por parte del Consejo Federal Pesquero. El gobierno y los mencionados deben dar las suficientes explicaciones y le recordamos a la Justicia algunas de las empresas y personas mencionados por los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias (08/09/2024) se cite a declarar a todos los funcionarios del Consejo Federal Pesquero; al Subsecretario de Pesca López Cazorla; a las empresas «Iberconsa» (Platinum Equity/Juan P Basavilbaso), «Moscuzza», «Solimeno» (Antonio Solimeno), «Argenova», «Arbumasa», «San Isidro», «Newsan» y «Estrella Patagónica»; a Santiago Caputo (Asesor del Presidente); Lule Menem; Karina Milei; Juan Pazo (delegado de Ministro Caputo); Sergio Iraeta (Secretario de AGyp); Federico Sturzenegger; Marcelo González (ex Gerente de Estremar), Miguel Bustamante; Eduardo Boiero (CAPECA); Fernando Rivera (CAIPA); Lisandro Belarmini (Moscuzza); Agustín Ocampo (Glaciar Pesquera); Jorge Frías (Capitanes de Pesca); Cristina Ledesma (SOIP) y la Embajada de Estados Unidos.

Hubiese o no solicitud o pago de coimas, participar en reuniones fuera del ámbito oficial de parte de empresarios pesqueros o la discusión del monto, así fuese U$S 1, 100 o U$S 1.000, todo parece muy irregular. Los cálculos los efectúa la Revista Puerto y la sensación del sector empresario la indica Punto Noticias: «Otra vez estamos en el ojo de la tormenta», lamentó un empresario. «No sé para que se prestan a estas maniobras si siempre terminal mal». De estos comentarios podría inferirse que no ha sido la primera vez y tal vez no sea la última. Tal vez fue desproporcionado el monto, los valores exigidos podrían haber estado por encima de los valores habituales del mercado (en negro). Es una hipótesis probable.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar