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ELIMINAR LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL

Iris Speroni*

Las provincias producen riquezas, el gobierno federal se las quita y luego deben mendigar. 

Es hora que las provincias no le den nada a nadie.

 

El peso del Estado debe volver al 25% del PBI por todo concepto [1].

Todos los parásitos (FdT, JxC y satélites) dirán que es imposible y se rasgarán las vestiduras.

Sin embargo, es totalmente posible.

Cuando el Estado costaba el 25% del PBI teníamos FFAA pertrechadas (no es barato), un sistema educativo que funcionaba, construimos El Chocón, Zárate Brazo Largo, Salto Grande, Yacyretá, Atucha, manteníamos el Balseiro, orquesta filarmónica, la Fábrica Militar de Aviones, desarrollamos el misil Cóndor, etc.. Se hicieron rutas, se mantuvo una flota mercante, se construyeron escuelas y hospitales, teníamos administración de justicia y perseguíamos a los delincuentes. En resumen, el país andaba, crecía e invertíamos. Todo con el 25% del PBI.

Hoy el Estado nos cuesta el doble y no tenemos nada (o casi nada) de todo eso.

Hay personas que se quejan del déficit fiscal y lo ven con la madre de todos los males. Difiero.

El déficit es un problema, ya que se cubre con emisión (de moneda o de deuda). Pero no es el origen de todos los males sino un medio.

El problema, a mi entender, es el tamaño del gasto público en relación con el PBI per se. El Estado no nos debería costar tan caro.

Porque, seamos realistas, dejemos de lado el déficit. Supongamos que lo puedo solventar con impuestos, entonces ¿está bien que el Estado nos cueste 45% ó 50%?

La respuesta es: no. Porque entonces tenemos una carga impositiva del 50% del PBI. Es todo dinero que los privados le damos al Estado.

El Estado debe volver a costar 25% y debe cubrir todas las obligaciones que enumera el preámbulo de la constitución: Defensa, Administración de Justicia, Paz Interior, Garantizar los Beneficios de la Libertad.

El negocio de estos interventores que tenemos por gobernantes es crear déficit. No importa cuánto recauden de impuestos, siempre inventan nuevas formas de gastar más que lo que recaudan. ¿Por qué? Porque, repito, el negocio es vivir con déficit. Obliga a endeudar a los fiscos, renegociar deuda, etc. Cada toma de deuda significa pingües comisiones (sobornos) para los funcionarios involucrados.

Sólo así se explican los gastos delirantes [2].

Nunca van a bajar los gastos. Nunca van a reducir el presupuesto. Por eso creo que la aproximación debe ser muy distinta: Bajar los impuestos. Con ese dinero decidir cuáles serán los gastos a solventar.

Recaudar el 25% del PBI (sumados los tres niveles de gobierno). El segundo paso, es decidir cómo se gasta ese dinero, con las siguientes prioridades:

    1. defensa,
    2. relaciones exteriores,
    3. softpower/cultura de exportación,
    4. rescatar deuda pública,
    5. administrar justicia,
    6. seguridad,
    7. salud,
    8. educación,
    9. infraestructura.

Tal vez me olvidé de alguna, pero así estamos.

¿Por qué es importante que el costo del estado sea 25%? Porque significa que el 75% restante quedará en manos de las familias y empresas.

Eso es lo que permitirá:

    • invertir (crear más riqueza),
    • mejorar el nivel de vida, 
    • hogares con un único miembro que trabaje si así lo desean,
    • comprarse una casa,
    • irse una semana de vacaciones,
    • poner un local comercial o taller, etc.

Así como estamos, todo lo que ganamos lo lleva el Estado y los privados subsistimos. Por lo que reitero: lo importante es que la recaudación impositiva no supere el 25% del PBI y que los gastos (incluido el rescate de la deuda pública) no supere el 25% del PBI. Es un objetivo contrario a los socialdemócratas al servicio de la banca.

Impuestos

Así que, hablemos de los impuestos a recaudar, quién los debería pagar, cuándo, cómo y a quién.

Como ya propuse en 168 HORAS [3], la salud y la educación deberían volver a la órbita nacional y así liberar a las provincias de su costo. A cambio se exigirá a las provincias que eliminen los impuestos de sellos e ingresos brutos [4].

Las provincias deberán, entonces, vivir de:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes a vehículos automotores,
    • impuesto a las ganancias (ya volveré sobre esto).

Los municipios deberán vivir de:

    • ABL.
    • Las tasas que cobren deben ser proporcionales al servicio brindado. De ninguna manera podrán cobrar un porcentaje de las ventas.

Los municipios y provincias deberán facturar y cobrar sus impuestos. Se prohibirá todo recargo sobre los servicios públicos.

De igual forma todos los impuestos (nacionales y provinciales) y las tasas municipales se cobrarán luego de realizado el hecho económico. Quedarán eliminados adelantos, percepciones y retenciones.

Impuestos nacionales

Existen decenas de impuestos con recaudaciones ínfimas. Ejemplo [5]: el impuesto a las transferencias inmobiliarias (1,5% del valor de la propiedad) recauda 0,1% del total. Le complican a una familia el acceso a la vivienda, no contribuye al fisco, equivale a dinero que los políticos derrochan en banalidades en un día.

Según Juan Bautista Alberdi, el Estado federal debía vivir de las rentas de la Aduana con el fin de solventar dos obligaciones delegadas por las provincias:

    • Relaciones Exteriores.
    • Defensa.

Llama la atención que en las últimas décadas los impuestos sobre las exportaciones tripliquen y/o cuadrupliquen los correspondientes a las importaciones. Eso debe revertirse.

¿Cómo establecer los nuevos impuestos federales?

Hay dos formas de eliminar la coparticipación provincial: la primera es cambiar la ley de coparticipación. La segunda, que es la que propongo, es reducir a cero el porcentaje coparticipable de los impuestos hoy coparticipados.

Propuesta impuestos federales

Eliminar casi todos los impuestos federales que existen hoy, a saber:

    • impuesto al cheque, 8,5% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los combustibles, 4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los bienes personales, 3,2% de la recaudación 2022, coparticipado, permitirá recalibrar el impuesto inmobiliario provincial,
    • PAIS, impuesto solidario, 1,3% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuestos internos (al alcohol, transferencias, gaseosas, tabaco, mil y un impuestos que cada uno suma el 0,1%), 1,4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a las ganancias, 26,6% de la recaudación, coparticipado.

Por lo tanto, para el gobierno federal quedaría solamente el IVA (más las rentas de Aduana).

El IVA tendría una alícuota máxima de 10%, con las siguientes excepciones:

    • alimentos 0%,
    • forraje 0%,
    • combustible 0%,
    • servicios de luz, gas y aguas 0%.

Lo recaudado por IVA no se participa. Coeficiente de coparticipación: 0%.

Al gobierno federal le quedarían, a valores de 2022 y con el nivel actual de actividad unos 3 billones de pesos (millones de millones). Si le sumamos los aranceles por importación, por 0,5 billones de pesos, la recaudación federal (a valores 2022) alcanza 3,5 billones de pesos, la cual no se coparticiparía.

La apuesta fundamental es que la caída de los impuestos aumentará el poder de compra de los trabajadores y de tal forma estimulará la economía. Todo coadyuva a que el trabajador pueda mantener mejor a su familia. Invertir en ladrillos. Comprarse un autito. Ahorrar. La gigantesca apuesta es que, después de un año, se recaude más de IVA con un 10% de alícuota sobre algunos artículos, que hoy con 21% sobre todo.

En cuanto a la Aduana:

    • DEX, sólo una tasa única (tasa estadística) de un valor que en un principio puede ser 3%, para reducirlo a 2% y a 1% [6].
    • Aranceles sobre las importaciones. Una tasa plana (tasa estadística, 3%) más aranceles con el siguiente criterio: 0% minerales y alimentos a granel, 15% insumos químicos, metalmecánicos, plásticos, 30% productos terminados (tractores, maquinaria pesada, indumentaria, calzado, alimentos elaborados, aviones privados, automóviles de lujo, etc.). Simple. Sin trescientas mil calificaciones.

La verdadera barrera a las importaciones no deben ser los aranceles sino el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto fomenta las exportaciones, industriales o no, y pone en un pie de igualdad a las importaciones con la producción local. Un tipo de cambio atrasado es un subsidio a las importaciones; una competencia desleal a la industria nacional; a la vez que un desestímulo a las exportaciones. El tipo de cambio funciona como barrera no sólo de las importaciones legales sino también del contrabando.

Los ingresos aduaneros deben tener dos únicos destinos:

    • Rescatar la deuda nominada en divisa (dólares, euros, etc.)
    • Pertrechar las FFAA (ya que gran parte del armamento deberá ser importado).

La recaudación por IVA deberá destinarse a las restantes funciones del gobierno federal. Mucha motosierra.

Provincias

Dejarán de solventar la salud y la educación.

Al sacarles este peso de encima, las necesidades de fondos serán mucho menores.

Le quedan dos responsabilidades que hoy son primordiales para el bienestar de la población: la seguridad interna, en particular la lucha contra el crimen común y la administración de justicia [6]. Hoy no satisfacen a la población. De hecho está todo el mundo muy enojado. Ambas, a partir del nuevo régimen, deberían ser la principal preocupación de los gobernadores y las legislaturas.

En segundo plano todas las autoridades deberán generar las condiciones para el crecimiento económico de las provincias (“garantizar los beneficios de la libertad»). No mediante subsidios o créditos blandos, los cuales deberían ser erradicados del vocabulario nacional. Sino contar con los medios necesarios: FFCC, flete fluvial, escuelas de capacitación, que nada esté trabado en la Aduana, energía eléctrica de calidad en potencia y tensión. Que todo fluya y se pueda invertir y dar trabajo.

Recordar que los objetivos nacionales del nuevo régimen serán: 1. pleno empleo, 2. 100% formal, 3. salario de 1.400 dólares mensuales, 4. exportaciones 500 mil millones de dólares anuales. Todo esto requiere inversión, trabajo y capacitación.

Las provincias serán financiadas por:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes,
    • impuesto a las ganancias, que pasará a ser 100% provincial.

Propongo que la alícuota del nuevo impuesto sea 10% para las personas físicas [7] y 15% para las empresas, 5% para los ingresos en el exterior de las personas físicas (consultoría, programación de sistemas, premios deportivos, publicidad, cachet de artistas). Notoria rebaja respecto al actual 35%.

Deberá haber una única ley para todo el territorio, para evitar competencias jurisdiccionales. Cada persona (física o jurídica) tributará según el lugar donde se genera la riqueza, excepto los servicios al exterior que lo tributa la persona en su lugar de residencia. Ejemplo: si un artista vive en Corrientes, está empadronado en Corrientes, y es contratado para actuar en Costa Rica, debe pagar 5% a Corrientes; ídem desarrolladores de sistemas, etc. Las empresas con establecimientos en distintas provincias deberán presentar balances fiscales en cada una de ellas.

Al no cobrar derechos de exportación (excepto la tasa aduanera), el Estado federal dejará en manos de personas y empresas gran cantidad de riquezas. Ese impuesto que se dejará de pagar significará más ingreso para empresas y personas. Ingreso que pagará impuestos a las ganancias.

En el año 2022 los productores de bienes de exportación pagaron U$D 11.762 millones de DEX. Eso pasará a ser ganancias. Si tributan 10%, las provincias recaudarán en conjunto U$D 1.176 millones adicionales.

Lo mismo con la reducción de otros impuestos [ ]: aumentará los márgenes de ganancias y el nivel de actividad, lo que a su vez redundará en mayor recaudación de impuesto a las ganancias por las provincias.

En cuanto a las personas físicas, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los que trabajan por su cuenta, comenzarán a pagar ganancias sólo después de superar los ingresos del juez mejor pago de todo el país (igualdad ante la ley). Esto corre para un camionero, un maquinista agrícola, un profesional (odontólogo, contador, kinesiólogo) o para quien tenga una explotación familiar (comercial, industrial, agropecuaria). Si una persona alquila cinco departamentos, comenzará a pagar luego de que la suma de ingresos (pensión/jubilación más alquileres cobrados) supere el ingreso del juez mejor pago. Ese mínimo no imponible no correrá para personas físicas. Todo se pagará luego de cerrado el año fiscal. Nunca por adelantado.

Cláusulas transitorias

Todo presidente que asuma el 10 de diciembre deberá decretar que los trabajadores no deban pagar si ganan menos que un juez y se les deberá devolver todo lo abonado durante el año 2023.

Se eliminarán todos los adelantos de impuestos, al igual que toda percepción o retención.

Durante el 2024 las provincias no cobrarán impuesto a las ganancias (que empezarán a percibir en el 2025 sobre las ganancias realizadas en el 2024). Esto requerirá un auxilio transitorio durante el año 2024. Por otro lado, las provincias no pagarán sueldos ni en educación ni en salud a partir de diciembre 2023. 2024 será un año de acomodamientos.

Las provincias serán fiscalmente autosuficientes. Empezaremos a ser un país federal.

Todo sea en busca de la salud fiscal, la grandeza de la patria y la felicidad del Pueblo.

 

Nota de la autora:

La idea de que cada provincia argentina cobre su propio impuesto a las ganancias (como ordena la Constitución Nacional, la cual precepta que los impuestos directos deben ser recaudados por las provincias y no por el estado federal) no es mía. No soy tan inteligente.

La escuché por primera vez al Dr. Jorge Ávila en una conferencia donde presentó su libro «Propuesta de Federalismo Fiscal» (Consejo Empresario Argentino, 2000), el cual recomiendo enfáticamente. Les paso el pdf del primer borrador:

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/cea/fede.pdf

Todo error es de mi autoría y en nada responsabilidad del Profesor Dr. Ávila. Dicho esto, debemos pelear por un país federal.

Lean el libro si lo consiguen. En su momento, la Sociedad Rural Argentina lo entregaba libremente.

El federalismo es un viaje de ida. Fantástico. No le tengan miedo.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

[1] Exposición en el INFIP (http://iris-speroni.blogspot.com/2021/10/enfermedades-y-cura-de-la-economia.html), año 2019.

[2] Ej: betún para rectos por parte del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.

[3] 168 horas, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html.

[4] Ambos son sumamente nocivos para el crecimiento económico porque se acumulan en cada paso del proceso productivo. Cuantos más pasos hay – imprescindible en un proceso industrial – más carga impositiva se acumula. Si alguien vende latas de arvejas: paga ingresos brutos sobre la lata, las etiquetas, las cajas, el flete que trae los insumos, sobre la electricidad, etc. Sus proveedores a su vez, también pagaron ingresos brutos. El proveedor de etiquetas lo pagó sobre el papel, la tinta, las impresoras, la electricidad, el flete, el alquiler. Es un impuesto que se acumula en cada paso del proceso de industrialización. Cuanto más se industrializa, más ingresos brutos paga. Más competitividad se pierde. Recuerden: los países no exportan impuestos. Los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos son anti-industrialización. Los mismos que generan este esquema impositivo son los que se preguntan por qué la Argentina no exporta bienes industriales.

[5] Decime cuánto me querés, http://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html.

[6] El objetivo será exportar por 500 mil MM U$D. Cada 1% es 5 mil MM U$D.

La recaudación DEX de 2022 (máximo histórico de exportaciones) fue 11,8 mil MM U$D.

Se recupera terreno rápidamente.

[7] Se necesitan policías con integrantes bien pagos, bien seleccionados, bien entrenados, bien provistos (uniformes, municiones, chalecos, etc.) y bien dirigidos. Pero lo más importante es que se sientan apoyados y no, como ahora, donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo juegan para los delincuentes, los cuales son apañados, de una y mil maneras, por el poder político.

De igual manera las legislaturas provinciales deben cubrir su principal responsabilidad: monitorear a la justicia. Si el juez trabaja o deja morir los expedientes, si el fiscal sigue los casos o cobra bajo la mesa para “perder” evidencia, si liberan gente que no deben liberar, si no meten presos a quien sí deberían hacerlo, si piden que busquen a los prófugos o no, etc. Para dar un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires hay más de 100.000 prófugos que nadie busca. Es tarea de las legislaturas auditar la eficiente persecución de delitos y dar énfasis a algunos por sobre otros, como el abigeato o los piratas del asfalto, o la tranquilidad en los barrios donde vive la gente que trabaja. Muchachos, tienen bastante de qué ocuparse.

[8] La alícuota elegida busca ser competitiva respecto a Paraguay.

[9] Unas aclaraciones sobre la base imponible. Se descontará de las ventas como costo fiscal únicamente los insumos tangibles, salarios y cargas sociales e impuestos. Ejemplo: se descontarán las cajas para embalar productos, no así consultorías, auditorías, honorarios de profesionales, honorarios de directores, publicidad, servicios de seguridad, otros servicios, incluidos alquileres y fletes.

 

Artículo publicado el 06/05/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/05/eliminar-la-coparticipacion-federal.html.

DESARROLLAR TIERRA DEL FUEGO PARA ASEGURAR LA SOBERANÍA NACIONAL

César Augusto Lerena*

En distintos períodos, algunos teóricos economistas, se encargan de distorsionar los objetivos que llevaron a provincializar y fomentar la radicación poblacional, industrial y estratégica de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur, la Antártida y las aguas correspondientes (en adelante Tierra del Fuego) y, es probable, que no alcancen a entender la importancia geopolítica, económica y para la soberanía nacional que tiene esta Provincia, frente a la ocupación prepotente o en disputa, por parte del Reino Unido de un territorio continental, insular, marítimo y de la plataforma continental extendida del orden de los 5.497.178 Km2; además de la extracción de recursos pesqueros y petroleros, centrales para el desarrollo patagónico. Les bastaría mirar el plano de ocupación o disputa británica para darse cuenta de la importancia de Tierra del Fuego, no para sus intereses, sino para los de la Nación toda.

La Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución Nacional prescribe: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». A nuestro entender esto no se habrá de conseguir si no se ratifica el alcance territorial de la Provincia y, sino se transforma a Tierra del Fuego en el epicentro del desarrollo nacional, en lugar de ser el fin del mundo.

Con una visión federal e integradora del territorio nacional y la necesidad imperiosa de poblar esa desatendida región austral, Tierra del Fuego se provincializó el 15 de junio de 1955 por Ley 14.408 (art. 1º inc. c); pero, los decretos-leyes 21.178 del 22/8/1956 y 2.191 del 28/02/1957 transformaron nuevamente a la Patagonia y Tierra del Fuego en un territorio nacional. Treinta y cinco años después, por Ley 23.775 (26/04/1990) se provincializó nuevamente Tierra del Fuego, aunque al hacerlo, en su artículo 2º se estableció que “En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial”. Es decir que el gobierno central le cercenó —a nuestro juicio— inconstitucionalmente la soberanía a la Provincia, diciéndole a sus autoridades y pobladores fueguinos “la provincia de ustedes llega hasta allí o más o menos, según quiera el poder central”, dejando de manifiesto, además, una lamentable claudicación ante el Reino Unido, respecto a los archipiélagos, la Antártida y sus aguas correspondientes, al dar a entender que el Estado argentino estaría dispuesto a ceder parte del territorio provincial o llevar adelante, quién sabe con qué fórmula, eventuales acuerdos, que más allá de la cesión, dejan en un limbo al Estado provincial que desalienta toda política de desarrollo, en contradicción con los artículos 124º y 125º de la CN y, con la gravedad que significa tener en su propio territorio provincial insular y marino instalados a los invasores británicos; al oeste a los chilenos y a ambos disputando la Antártida, al margen de la presencia permanente por el estrecho de Magallanes y la parte meridional del Atlántico Suroccidental a chinos, rusos, coreanos, taiwaneses, etc. pescando los recursos pesqueros de los Estados ribereños.

Y tan incorporada esta idea que Marcelo Kohen, actual miembro del Consejo Nacional de Malvinas y por lo tanto Asesor del actual presidente de la Nación y del Canciller, en 2018 (en coincidencia con la vigencia del Pacto de Foradori-Duncan) efectuó propuso —en base al citado artículo 2º de la Ley 23.775— a los isleños —algunas absolutamente contrarias a la DTP de la Constitución Nacional— sin la intervención necesaria de los fueguinos, su legislatura y el P.E. de Tierra del Fuego.

No se puede hablar de integridad territorial nacional, sino se comienza por asegurar la integridad de Tierra del Fuego. Al sancionarse la Constitución provincial, se alineó a lo que ya regía en la Constitución Nacional, ya que mientras el Artículo 13º de ésta se indica: «Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso», en el Artículo 2º de la Constitución Provincial se prescribe: «La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular».

A ello se agregan los Art. 81º y 87º de la Constitución Provincial que refieren «al dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia (de) los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción (y) los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán sujetos a un régimen de protección especial» en concordancia con lo previsto en el Artículo 124º de la Constitución Nacional y, ello, es muy importante, cuando se aplica a los recursos que se explotan en las aguas correspondientes de Malvinas, donde el Reino Unido a través de licencias pesqueras a buques extranjeros extrae más de 250 mil toneladas anuales por un valor estimado del orden de los mil millones dólares y un valor comercial final de seis mil millones de dólares anuales.

Sucesivas leyes han debilitado la soberanía nacional y la sustentabilidad de las provincias patagónicas, entre otras Tierra del Fuego. La llamada Ley de la “Soberanía del Mar” (Nº 17.094) ya refería a la “importancia de limitar con precisión la extensión del territorio nacional” y que las naves extranjeras extractivas en aguas argentinas constituían un hecho grave (1966); situación que después de 60 años es muchísimo más grave, afectando a todas las poblaciones del litoral patagónico y muy especialmente a Tierra del Fuego, donde están siendo explotadas las aguas correspondientes a sus archipiélagos y se usan sus puertos para las operaciones pesqueras. Esta Ley en dos de sus artículos establecía que «La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas (…) y, asimismo, al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas». Y, en sus fundamentos, finalizaba diciendo “la soberanía debe ser una e indivisible” y esto aplica centralmente a la necesidad de fortalecer a Tierra del Fuego para fortalecer la soberanía nacional si queremos efectivamente ser un país bicontinental y evaluamos con seriedad la ocupación extranjera de gran parte de nuestro territorio insular y marítimo, y la disputa de la plataforma continental extendida y la Antártida.

En un camino de ablandamiento de los intereses de los Estados ribereños (y los Estados del litoral marítimo) el 5/12/1991 se aprobó la Ley de “Líneas de Base de los Estados Marítimos” (Nº 23.968); es decir, cinco años antes (¿?) que la Argentina ratificara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 24.543 del 17/10/1995) que redujo el Mar Territorial y limitó la soberanía plena a las 12 millas, creó una zona contigua hasta las 24 millas donde “la Argentina podía en esta zona prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos que se cometan en su territorio o en su mar territorial” y estableció la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) hasta las 200 millas, donde “la Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales…(y) la conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 200 millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la ZEE argentina”; aunque esta última cuestión el gobierno nacional nunca ejerció, con grave perjuicio para las economías del litoral marítimo patagónico.

Por su parte, el artículo 1º de la ley 23.775 referido a los límites de la Provincia fue vetado por el Decreto 905/90 del 10/05/1990 y posteriormente modificados por la Ley 26.552 del 18/11/2009, indicando que: «la Provincia de Tierra del Fuego comprende la parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas Georgias del Sur, las islas Sándwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur, las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur». Reducir al mar territorial el límite de la Provincia —a nuestro juicio— le quita sustentabilidad a los archipiélagos de Tierra del Fuego; porque a los efectos de asegurar la disponibilidad de todos los recursos de Malvinas, etc. el dominio y la jurisdicción debería alcanzar la ZEE y no limitarse al mar territorial, condición que es esencial para garantizar la sustentabilidad económica de las islas y equipar el área de explotación ilegal de los recursos de los británicos en Malvinas. La Argentina debe asegurarle a Tierra del Fuego que, en el caso de recuperarse Malvinas, no se modificarán las condiciones económicas y sociales de quienes pueblen esos archipiélagos y para ello, el dominio y la jurisdicción de la Provincia debe llegar a las 200 millas, de otro modo será inviable.

Finalmente, pensar en derogar la Ley 19.640 es desconocer la trascendencia que tiene Tierra del Fuego en la reserva de la soberanía nacional en el área más austral, más expuesta y sensible de la Nación.

La Ley 19.640 exime del pago de todo impuesto nacional a los hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (es decir, incluye incluso a los territorios ocupados y a las operaciones pesqueras que las empresas nacionales realicen en las aguas correspondientes a los territorios insulares); un régimen especial y fiscal que estuvo fundado en una serie de razones explicitadas en la ley que aún permanecen vigentes; pero también, en otras implícitas que visibilizadas tienen una importancia superlativa: la ocupación británica de 1.639.000 Km2 de territorio insular y marino argentino que con las áreas en disputada alcanzan a las 5.497.178 Km2 ya citadas; la baja densidad poblacional; la gran distancia de los grandes centros mundiales y nacionales de consumo que encarecen el comercio de bienes y servicios; la limitada conectividad directa con el continente; la necesidad de promover el desarrollo y/o los avances tecnológicos en materia portuaria, logística, del transporte y la producción, que faciliten y hagan competitiva a ésta, a la industria, el almacenamiento y el comercio, entre otras, las actividades petroleras, pesqueras, tecnológicas, etc.; la dificultad de los pobladores ante la rigurosidad del clima; la necesidad de una actividad económica diversificada para asegurar el abastecimiento local de mercados concentradores; el autoabastecimiento alimentario de los fueguinos y la atención gastronómica, turística regional e internacional; la actividad científica, marítima y naval, para atender todas las necesidades de los buques pesqueros nacionales, los grandes transportes navieros de carga y las estaciones argentinas y extranjeras en la Antártida.
Producción provincial de calidad y precios competitivos, para reducir en forma progresiva la utilización de insumos y materias primas importadas o el uso de servicios de operadores extraños. Y ello alcanza, no solo a la Isla Grande de Tierra del Fuego, sino el resto de los archipiélagos que la integran, cuyo apoyo forma parte de una estrategia de ocupación insular y del mar que resulta central, para contribuir a la explotación de los recursos y una presencia soberana argentina en el área meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida.

Por cierto, ello debe permitir el libre acceso de la producción nacional a la Provincia y ésta debe llevar adelante un plan destinado a eliminar las asimetrías que aún imperan, para asegurar que Tierra del Fuego sea sustentable, siendo muy rigurosa, en la regulación del tráfico comercial para evitar distorsiones.

La soberanía no se declama. Se ejerce.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

CAMPAÑAS ELECTORALES Y EMBUSTES

F. Javier Blasco*

Desde siempre se ha dicho, y además se conoce bien por ser tremendamente cierto, que las campañas electorales no valen para nada, salvo para llenar el aire de los mítines y las compradas mentes de los que concurren a éstos, las portadas de los periódicos, las tertulias y para abrir los telediarios de millones de promesas que jamás se cumplen por imposibles o disparatadas e irreales o por su desorbitado costo, lo que las hace inviables para la, generalmente, maltrecha economía del país al que ciertos malvados energúmenos quieren «salvar».

Cuanto peor está la situación política, la económica, la internacional y la social y apenas se mal vive gracias a la supervivencia familiar y a los donativos o limosnas de un variopinto elenco de organismos, mayores son las promesas electorales, las ofertas de empleo, las constantes ofertas de subidas de sueldo, una gran gama de vivienda social casi regalada, ciertos beneficios y prebendas varias y de todo lo que, una mente muy perversa, puede imaginar.

A pesar de que se conoce la realidad de que análogas promesas, en situaciones similares, han sido sistemáticamente incumplidas en un alto porcentaje o en su totalidad, la gente sigue creyendo en los falsos reyes magos, los conejos salidos de la chistera, en el político que miente más que habla o en aquel que nos tiene comprados con regalías o patrañas, porque no vaya a ser que no salgamos en la foto con los demás o que alguna vez, suene la flauta, aunque fuera por pura casualidad.

Este año con dos campañas electorales a la vista y con un presidente, maestro en el engaño, el corto plazo y en la búsqueda de motivos para embaucar a tiros y troyanos, lo tenemos muy claro. Aún no ha empezado de verdad, la campaña para las elecciones regionales y locales, y el cesto de las increíbles y multifacéticas ofertas está ya a rebosar.

Aunque los líderes políticos se esfuercen en decirnos y una y otra vez que las próximas elecciones no se deben tomar como ejemplo y guía de lo que ocurrirá a nivel nacional, las ofertas generales aparecen y se solapan en cuestión de horas y por ello, ya estemos inmersos de lleno, en el maléfico juego del quién da más.

Las ofertas  e ideas geniales aparecen a mansalva y no importa que nunca hayan sido ni siquiera citadas o que la inmensa mayoría de las muchas promesas realizadas a lo largo y ancho de la legislatura no hayan sido cumplidas, ni lo serán a corto y medio plazo o jamás; que haya más pobreza que nunca; que la deuda y el déficit suban diariamente con una velocidad de vértigo; que la enseñanza esté totalmente depravada y abandonada; que a pesar del alto índice de paro haya falta de personal laboral en general y sanitarios, jueces y demás miembros necesarios en la administración de justicia o de funcionarios para que funcione la más que imprescindible Seguridad Social en particular; que el campo se desangre por falta de agua debido a una pertinaz sequía y a la falta, durante años, de un plan general para arreglarlo o al menos, tratar de paliarlo; que los bosques por el excesivo calor, la falta de cuidados previos y por la maldad de la mano del hombre se quemen con la misma facilidad que arde una cajetilla de cerillas al acercarle una ligera llama; que el paro juvenil alcance cotas inauditas; que sobrevivamos a costa de un permanente incremento de la ya mencionada deuda o de las limosnas que nos dan los demás o, que estemos sumidos en una crisis económica, política o de identidad nacional e internacional. Aquí no pasa nada, el gobierno no es responsable de nada y nadie ponga en duda que absolutamente todo, tiene cabida en cualquier campaña electoral.

El mismo gobierno que, ilegalmente y sin remordimiento alguno, emplea todos los medios oficiales de propaganda estatal para hacer campañas en su beneficio, engañar a los contribuyentes y embaucar a los pobres de espíritu o a aquellos con muy poca memoria y corto nivel intelectual.

Mientras tanto, la oposición a duras penas resiste y hará bien en no caer en la provocación de dar más de lo que ofrece el gobierno —esos cartuchos suelen salir mal— debe centrarse en descubrir el pastel y la parafernalia montada en torno a tamañas mentiras, en airear, demostrar y denunciar la irresponsabilidad de quienes las mencionan o que las exponen sin recato ni dignidad.

Pero, por desgracia, en España este camino no siempre es bueno ni produce el efecto deseado. Aún recuerdo uno de los más importantes debates electorales pretéritos en los que el Partido Popular desbrozó, una por una, las falsarias teorías económicas del Partido Socialista en tiempos de Zapatero de la mano y en boca de un señor llamado Solbes, que tanto mal hizo a España por ser un vendido lacayo al mentir sir ruborizarse, a sabiendas que lo que decía no era verdad.

Por lo tanto, creo entender que es la propia ciudadanía la que, antes de depositar sus votos, debe resolver, analizar y pensar lo que le llega por diversos canales para dilucidar lo que es o no la verdad, lo que es puro engaño, que mensaje real encierra tal información y lo que puede llegar a suponer dejarnos engañar.

Aunque, da la casualidad que España no es un país donde se conozca, use y predique las ventajas y modos del Pensamiento Crítico, esa forma de pensar, desmenuzar y analizar la información que nos llega por la vista, el oído o el tacto, para descubrir que lo que oculta detrás y poder desenmascarar el verdadero mensaje que se nos quiere trasladar.

El gobierno se ha pasado toda la legislatura mirándose a ombligo, dándose besos y procurando tomar por la fuerza o a base de regalías los medios de comunicación, las voluntades individuales y colectivas y los diversos organismos y estamentos que controlan la independencia y el buen funcionamiento de la sociedad civil en un régimen democrático.

No hemos sido capaces de descubrir sus patrañas y tacticismos; y si lo hubiéramos hecho, no supimos denunciarlos con la suficiente fuerza y claridad para ganar una posición de ventaja que les hiciera descarrilar.

Ahora ya es tarde, todo o casi todo medio, organismo o entidad está copado, controlado o gobernado por peleles que ponen y pondrán toda la carne en el asador, porque de su supervivencia, además del prestigio, les va la continuidad en un cargo donde presumir y medrar que, además, está bien remunerado y donde no se suele trabajar mucho salvo en época electoral.

Tan solo les faltaba que las siempre vendidas a las izquierdas y bien amamantadas organizaciones sindicales, aprovechen el día de hoy —en un momento muy difícil para el trabajador o el emprendedor que quiere prosperar— pongan todo su empeño en ensalzar a un nefasto gobierno -que no ha hecho nada de lo que ahora promete y nos ha acribillado a impuestos- quien ya se ha encargado de nutrirles a manos llenas para cuando llegara el momento y, cómo ha ocurrido, les pudieran necesitar.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.