César Augusto Lerena*

El pasado 21 de marzo el presidente de Brasil, Lula da Silva en la cumbre de la CELAC declaró: «Nos quitaron el oro, la plata, los diamantes y minerales; ahora nos quieren colonizar de nuevo». Una frase que aplica perfectamente a la realidad argentina de estos días. No nos preocupa que los capitales extranjeros contribuyan a explotar e industrializar nuestros recursos, sino que la clase política, empresaria, gremial e intelectual de la Argentina no tenga un plan para que ello se realice asegurando nuestra soberanía política y económica y el bienestar del pueblo.   

El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaraban la independencia de España y diez días después “de toda otra dominación extranjera”. El 21 de septiembre de 1863 en el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre España y la Confederación Argentina. El alineamiento incondicional del Poder Ejecutivo con Estados Unidos e Israel borra en forma inconsulta esta vocación soberana popular.

La Argentina carecía entonces de los recursos necesarios para transformar las producciones primarias en industrializadas y, debido a ello, se incrementó la influencia británica y se tardó cien años en conseguir una trabajosa soberanía política e independencia económica y, podemos dividir groseramente ello, en tres etapas:

La primera etapa, entre 1860 y 1939, donde se expandió la red ferroviaria a 34.000 km conectando las capitales de provincia con el puerto de Buenos Aires respondiendo al eje agro-exportador británico. Se consolidaron los Puertos de Rosario (1860); Madero (1889); Bahía Blanca (1890); La Plata (1890) y Mar del Plata (1913). Se creó Obras Sanitarias (1912) y se suministró agua potable y cloacas a Buenos Aires y otras principales ciudades. Se construyeron grandes edificios públicos y obras urbanas. Entre otras, la ciudad de La Plata (1882) y la ciudad balnearia de Mar del Plata (1874). Se creó la Junta Nacional de Carnes y de Granos (1933); el Registro Civil 1884) y una moneda única nacional (1881). Se construyeron escuelas primarias laicas y gratuitas bajo la Ley 1420 (1884). El Estado actuó como gran planificador, inversor y administrador.

La segunda etapa entre 1940 y 1955 donde se nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios (1946); de igual modo, los ferrocarriles británicos y franceses, estimulándose a los proveedores industriales locales; se nacionalizó la ITT creando Teléfonos del Estado (1946), luego ENTel; se creó y/o fortaleció la Siderúrgica SOMISA (1947); Gas del Estado (1945/6); YPF (1940/50); Aerolíneas Argentinas (1950); se expandió la Flota Mercante del Estado (1946/50); la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE, 1947); las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME, 1952) de fabricación de aviones, autos y motos. Se creó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio (IAPI, 1946); la Industria y Sustitución de las importaciones (ISI, 1947). Se modificó la Carta Orgánica del Banco de Crédito Industrial (1946/52) para promover créditos industriales y expandió el mercado interno, consolidándose la industria liviana metalúrgica y textil (1947/51); la industria pesada de siderurgia, petroquímica y energética (1952/56); se creó el Instituto Tecnológico (1940) luego INIT y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1948) luego INTA; además de innumerables obras con fines sociales y de reafirmación nacional como la construcción de Hospitales; Viviendas; Escuelas Técnicas; Hogares Materno-Infantiles; Establecimientos para Turismo Social (Chapadmalal, etc.), la UTN, etc. que fortalecieron la pertenencia nacional.

La tercera etapa se inaugura con las declaraciones del Presidente Milei que “venía a destruir al Estado desde adentro” (6/6/2024). 

Todo ese proceso de industrialización-nacionalización se frenó llevándonos a una pérdida de soberanía que, se profundiza en estos días y nos retrotrae al siglo XVIII principios del XIX. 

Respecto a los Tratados, la legislación argentina y los hechos de facto de la colonización argentina, la Argentina firmó Tratados con capacidades asimétricas entre los Estados y cuyos gobiernos dieron muestras sobradas de no respetar los acuerdos. Vimos el comportamiento del Reino Unido que, a pesar del Tratado de “Amistad, Comercio y Navegación” del 2/2/1825, invadió Malvinas el 3/1/1833 o a España, donde a pesar del Tratado de “Reconocimiento, Paz y Amistad” del 21/9/1863, reconociendo la independencia argentina, sus buques gallegos pescan ilegalmente en Malvinas desde hace más de 50 años.

Por otra parte, es muy importante el número y contenido de las leyes argentinas que debilitan la soberanía y producción nacional. Sin detallar exhaustivamente sus efectos negativos, podemos mencionar las Leyes 21.364 (1976); 21.495; 21.526; 21.547; 21.572 (1977) y 21.771 (1978) redujeron el control del Banco Central; encarecieron el crédito y, dieron inicio a un sistema financiero concentrado extranjerizado y especulativo. La llamada «tablita cambiaria» (1978) de José Martínez de Hoz produjo un atraso cambiario y la quiebra de empresas exportadoras; fenómeno que se profundizó la congelación del Ministro Sourrouille.

La “Reforma del Estado” promovida por Roberto Dromi y Rodolfo Barra y, luego por Domingo Cavallo, se conocieron popularmente como “la venta de las joyas de la abuela”. Especialmente, las Leyes 23.696 y 23.697 (1989) destinadas a privatizar/concesionar Aerolíneas Argentinas (1990/2), ENTel (1990); Obras Sanitarias (1993); Gas del Estado (1992/3); SEGBA (1992/3); Ferrocarriles (1995/5); YPF (1990/3); Seguros del Estado (1992); Correo Argentino (1997); SOMISA (1992); Tandanor (1991), etc. todas empresas estratégicas que tendrían que haberse transformado en eficientes y no transferirlas.

Se dio comienzo al desmembramiento del Estado; a la descentralización y el debilitamiento de las políticas públicas de sanidad y educación y la desinversión en rutas y redes ferroviarias, cuya destrucción final se está dando con la sanción de la Ley 27.742 (2024) de Bases y Puntos de Partida para la colonización total y la desestructuración del Estado Nacional y leyes complementarias de desinversión de las Universidades Públicas; los Hospitales y el desfinanciamiento de las obras públicas esenciales. 

Con los llamados Acuerdos de Madrid (1989/90) que pese a generar obligaciones no fueron ratificadas por el Congreso de la Nación se crearon obligaciones en perjuicio de Argentina que superaron el ámbito en disputa. Refiere a las inversiones británicas (Art. 12°) que se privilegiaron por la Ley 24.184; se condicionó la política exterior argentina en la América Latina y en la CEE (Art. 16°); se estableció un control británico de las Fuerzas Armadas Argentinas (Art. 5°, 52º); se dispuso la “Bilateralidad Económica” respecto a la actividad pesquera (Art. 7°) y, se acordó la figura inglesa de la “Fórmula del Paraguas”, que congeló la soberanía de las Islas, sin fecha de vencimiento. Acuerdos ratificados por los pactos de Foradori-Duncan (2016) y Mondino-Lammy (2024) violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La Ley 23.968 (1991) que estableció una limitación marítima que Argentina no había ratificado y derogó la Ley 17.094 (1966) que establecía el Mar Territorial Argentino de 200 millas, reduciéndolo a 12 millas.

La Ley 24.093 (1992) que facilitó la privatización de los puertos sin reservar al Estado la administración, la defensa y la seguridad en los puertos estratégicos; debilitando la soberanía marítima y antártica.

La Ley 24.184 (1992) de Protección y Promoción de las inversiones británicas en Argentina que les otorgó un régimen de excepción al Reino Unido a pesar de tener invadido millones de km2 del territorio nacional.

La Ley 24.543 (1995) de ratificación de la Convención del Derecho del Mar donde Argentina pese a la falta de reconocimiento de la titularidad de los recursos migratorios de los Estados ribereños.

La Ley 24.922 (1997) que mediante las transferencias de cuotas y autorizaciones le quitó la administración plena al Estado y concentró y extranjerizó la actividad; facilitado al Estado chino la pesca ilegal en alta mar y al español igualmente en Malvinas y su comercio en la Unión Europea.

La Ley 25.290 (2000) aprobó el “Acuerdo de Nueva York”; violando -de ratificarse- la Constitución Nacional al darle -entre otras cosas- estatus de Estado ribereño al Reino Unido en Malvinas.

Las Leyes 26.386 (2008) y 26.659 (2011) destinadas a limitar las actividades pesqueras ye petroleras en las Malvinas, sin que los gobiernos hayan iniciado las acciones adecuadas a quienes pescan en Malvinas.   

La Ley 26.639 (2011) de glaciares que protegía las reservas estratégicas de agua y que el actual gobierno ya obtuvo la aprobación en el Congreso para modificarla poniendo en riesgo a este elemento esencial.

La Ley 26.737 (2011) de protección del dominio nacional sobre las tierras que prohibía la extranjerización de tierras (%) y la posesión de hasta 150 km de las fronteras. Se encuentra suspendida cautelarmente.

Las Leyes 26.875 (2013) y 27.490 (2018) que bajo pretexto de establecer áreas marinas protegidas facilitan la pesca en Malvinas y el otorgamiento de permisos ilegales.

El veto de los artículos centrales de las leyes 27.418 (2017) y 27.419 (2017) que impidió la financiación de la construcción naval argentina y el crecimiento de la flota mercante, fluvial y pesquera y reducción de fletes.

La Ley 27.123 (2015) que aprobó el Acuerdo de Cooperación entre Argentina y China sobre emplazar una estación de espacio lejano autónomo de China en Neuquén, además de sus potenciales capacidades.

La Ley 27.558 (2020) que creó el Consejo Nacional de Malvinas sin facultarlo ni integrarlo adecuadamente para establecer una Política de Estado de recuperación de los archipiélagos y el mar invadido.

La Ley 27.742 (2024) de Bases y Puntos de Partida para la colonización total y la desestructuración del Estado Nacional, que habilitó al gobierno a ejecutar las acciones para facilitar la colonización.

La política de pérdida de autonomía en el manejo de las políticas estratégicas nacionales.

El gobierno argentino no se integró a los BRICS, lo cual significa la pérdida extraordinaria del destino de sus exportaciones y el fortalecimiento de su soberanía económica y territorial. El PBI nominal total de los países del BRICS es de alrededor de 30 billones de U$S, demostrando el absurdo de no integrarlo. Por el contrario, el gobierno ha preferido alinearse -casi incondicionalmente- a las políticas de Estados Unidos e Israel. Incluso en la guerra con Irán. Cuestión, que al margen de la connotación económica y política que ello significa, debilita la posición argentina en los apoyos respecto a su posición de Malvinas.

La destrucción de la industria nacional. A lo ya ocurrido entre los años 1976-1982 y en la década del 90 se agregan las políticas del presente gobierno de apertura indiscriminada de las importaciones (no solo de insumos para la producción), lo que junto a los bajos salarios y un dólar subvaluado a pesar del incremento de los costos internos que le quita rentabilidad a las exportaciones. Produjo una baja muy importante en el comercio minorista y la consecuente quiebra del sector industrial argentino y pérdida de empleos. Sin crédito y ni obra pública, la Argentina es un país sin las obras esenciales para la vivienda, el transporte y la integración.

La mayoría de los recursos naturales argentinos son explotados por empresas extranjeras, con el agravante y gran parte de los contratos se aprueban con prórroga de jurisdicción internacional o acuerdo/elección de foro extranjero y, eventualmente, con arbitrajes internacionales.

La explotación del petróleo y del gas la realizan en gran parte empresas de capitales estadounidenses; árabes; chinos; británicos; holandeses, italianos; suizos; colombianos; canadienses; noruegos, etc. y argentinas. En el área de Malvinas invadida por el Reino Unido, las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (R. Unido). Por su parte el servicio de distribución de gas natural por redes está concesionado a ocho empresas, varias de las cuales tienen capital español, italiano, suizo y otras nacional.

La minería de oro, plata, cobre, litio y otros minerales estratégicos está dominada por empresas australianas; británicas; chinas, estadounidenses; canadienses; coreanas; francesas; suizas, etc. y la Argentina ha abandonado la explotación de uranio e importa el concentrado de uranio para sus centrales nucleares.

La exportación de granos y aceites está concentrada en unas pocas multinacionales extranjeras, que manejan la mayoría del volumen a través de terminales portuarias propias en el Gran Rosario y otros nodos. Para 2025 el top 10 concentró el ~90,5% del total, con las extranjeras dominando ~70-80% del negocio. Todas las multinacionales con sede fuera de Argentina con capital estadounidense; suizo; chino; francés, holandeses y algunas argentinas. El mercado es oligopólico y concentrado en el Up River (Rosario-San Lorenzo), donde estas empresas controlan terminales clave.

Por su parte, las exportaciones de carne están concentradas en multinacionales brasileñas que dominan buena parte del negocio, aunque hay fuerte presencia argentina local.

La explotación de la pesca en la década del 70 estaba en manos de empresas nacionales. En la actualidad siete de las diez empresas exportadoras son de capital extranjero. Además de ello el Reino Unido otorga unas 120 licencias ilegales a buques españoles-británicos; españoles; coreanos y taiwaneses que capturan en las aguas de Malvinas. En alta mar, unos 450 buques chinos; españoles; taiwaneses y coreanos pescan los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

Respecto a la captura del calamar el 68% de empresas que integran la Cámara de Poteros son empresas de capital asiático, especialmente chino. El 18% son empresas de capital español y solo el 14% empresas argentinas. Unos 70 buques de empresas de capital chino se dedican a la pesca del calamar e insólitamente la mayoría de las empresas chinas son del Estado chino, del mismo modo que las empresas chinas que pescan ilegalmente en alta mar este recurso migratorio. Por otra parte, autorizadas por Argentina operarían unos 80 buques de empresas de capital español que capturan merluza y langostino. Alguna de ellas asociadas a empresas de Malvinas. Es igualmente insostenible, que mientras Argentina otorga permisos y/o admite transferencias a empresas de capital español, buques de esta nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas. El 50% de las exportaciones son de empresas chinas y españolas. Las investigaciones conjuntas de los recursos con el Reino Unido transfieren conocimiento a los británicos que usan para sostener la pesca en Malvinas.  

El sector de generación de electricidad está dominado por un mix de empresas privadas nacionales y extranjeras. Las mayores generadoras privadas son argentinas y las empresas de capital estadounidenses, europeas y chinas representan una porción significativa, especialmente en térmica y renovables.

El manejo del agua de la Argentina podría privatizarse y en forma paralela el gobierno modifica la Ley de Glaciares transfiriendo a las Provincias la decisión de explotar los periglaciares. El agua y las cloacas las manejan las Provincias a través de empresas o entes públicos, mixtos o concesionarios. En el área Metropolitana de Buenos Aires el responsable es AYSA; aunque, la Ley de Bases dejó el porcentual del Estado sujeto a privatización y se menciona a la empresa estatal israelí Mekorot como una de las interesadas.

Por su parte el Congreso aprobó un proyecto de modificación de la Ley (26.639) que beneficiaría a las empresas mineras; pese a que ya hay muchas empresas extranjeras que generan estrés hídrico. Las hay que explotan el litio, oro, etc. australiano-británicas; estadounidenses; canadienses, chinas, coreanas y, francesas y, dentro de las que no explotan en forma directa; pero planifican el uso de los recursos hídricos; está Mekorot (Israel) que tiene convenios con 12 provincias. También empresas de capitales suizos; estadounidenses y vía franquicias mexicanas, etc. usan agua para la elaboración de bebidas embotelladas.

Las tierras de la Argentina y en especial las fronterizas se extranjerizan. La propiedad extranjera de tierras representa un 5% del total (aprox. 13 millones de hectáreas). La Ley de Tierras 26.737 (2011) establece límites del 15% por provincia/municipio y prohíbe adquisiciones en zonas fronterizas dentro de los 50/150 km de límites internacionales; cuerpos de agua estratégicos o recursos claves; pero, hay incumplimientos históricos, triangulaciones y presiones. En las áreas fronterizas hay tierras de capitales de estadounidenses, italianos; británicos, españoles; chilenos; sudafricanos, chinos, brasileños, uruguayos, árabes y, otros. El DNU 70/2023 que se encuentra judicializado.

La debilidad de la defensa marítima de la Argentina dentro de las 200 millas. Es muy lábil el control o no hay ninguno del transporte de productos ilegales en la ZEE e, incapacidad de control real y disuasión en el Atlántico Suroccidental meridional -especialmente más allá de la ZEE y sector Malvinas- debido a la falta de planes estratégicos; escasez de medios navales; limitaciones presupuestarias operativas; restricciones legales y falta de decisión política. Bases Navales y Puertos. La Prefectura Naval Argentina utiliza el Sistema Guardacostas con aporte de satélites y, radares; sin embargo, hay dificultades crónicas por la cantidad de naves, mantenimiento y operatividad y, los buques no alcanzan a cubrir la amplia ZEE Argentina y la parte meridional del Atlántico Suroccidental es casi inexistente. Pueden detectarse los buques mediante los satélites; pero no realizarse control de las mercaderías transportadas; los descartes a bordo, etc. y, el control y la eliminación de la pesca ilegal de los recursos migratorios originarios de la ZEE no existe.

En Monte Agradable de Malvinas está la Base Aeronaval y misilística británica, etc. mientras que el gobierno mantiene a Tierra del Fuego inerme en relación a la capacidad militar del Reino Unido y, pese a no existir una base naval de Estados Unidos en Ushuaia, en abril de 2024, el presidente Milei anunció la colaboración con ese país y versiones refieren al uso logístico del puerto para buques o aviones de norteamericanos, lo que en la práctica resultaría lo mismo.

Con la sanción de la Ley 24.093 los Puertos son privados o administrados por Consorcios Público-Privados y el capital extranjero es muy significativo en las operaciones. La reciente intervención nacional del Puerto de Ushuaia, más allá de las deficiencias, podría estar motivado por las tensiones entre Estados Unidos y China.

La incapacidad de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo del Tratado del Río de la Plata y el Estado Rector del Puerto. Esta Comisión binacional no ha hecho para combatir la pesca ilegal que afecta los recursos migratorios originarios de las ZEE de ambos países y ha admitido que el Puerto de Montevideo cobije y de logística a cientos de buques mercantes y pesqueros ilegales. Una muestra acabada del absurdo de aprobar el “Estado Rector del Puerto” -política de internacionalización de la FAO- que Uruguay aprobó en 2012 y no le ha servido para modificar el pésimo concepto que tienen sus puertos. No obstante, el Senado argentino, lo aprobó en marzo pasado, enajenando la soberanía en las aguas territoriales y provocará que los buques que pescan ilegalmente blanqueen sus capturas en estos puertos, donde los controles son lábiles. 

La tercerización de la administración del Río Paraná y Paraguay resigna la soberanía nacional, donde la mayoría de las empresas mercantes y fluviales son extranjeras. El tráfico fluvial de granos, minerales, contenedores, etc. en el Río Paraná-Paraguay; Río de la Plata y el Atlántico Sur se realiza mediante empresas de bandera extranjera. Por estos ríos se transporta el 80% de exportaciones argentinas y las principales empresas extranjeras de flete fluvial/mercantil se presentaron para realizar el dragado y mantenimiento, lo cual, pareciera incompatible. Estarían operando con bandera paraguaya muchas de las 147 empresas extranjeras que incluyen capitales chinos, europeos y estadounidenses. En la salida oceánica desde Río de la Plata, el flete marítimo lo dominan armadores globales, con buques mercantes extranjeros. ¿Qué diría Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla al respecto? Ya habían entendido los portugueses en el siglo XV, luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicas por su proyección al Atlántico Sur y acceso al Paraná ¿Dónde está la geopolítica del siglo XVIII? Veamos: desde la década del 80 a hoy el transporte en el Paraguay-Paraná pasó de 70 a 10% con buques de bandera argentina.

El gobierno nacional ha anunciado el llamado a la licitación 1/24 para otorgar por treinta años, con una prórroga de otros treinta, la explotación de la más importante red fluvial Paraguay-Paraná y el Río de la Plata. ¿Y las provincias del litoral, cuyos ríos son de su jurisdicción? ¿Y la integración territorial? 

Por su parte, la congelación de la construcción del Canal Magdalena, atenta con reducción de tiempos, costos de fletes, el desarrollo regional, además de impedir la conectividad directa entre los puertos fluviales y marítimos sin el paso obligado por el Puerto de Montevideo, recuperando con ello la integralidad y la soberanía de nuestras aguas, archipiélagos y la estratégica área bioceánica y antártica. La Soberanía Hídrica.

La desmalvinización de la Cuestión Malvinas se planificó mediante una serie de decisiones políticas y estratégicas que se ejecutaron con Tratados, Acuerdos y Leyes; la invisibilización y desatención del tema. Ya hemos escrito sobre la desmalvinización (cesarlerena.com.ar “La desmalvinización de argentina” Perfil, 31/3/2026) pero, ésta llevada adelante a partir de 1982 para resolver cuestiones militares internas ha terminado debilitando la posición de fortaleza y unidad que debiera exhibir la Argentina frente al concierto internacional.

La falta de una estrategia para llevar adelante acciones que den cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional implica una claudicación inaceptable y los gobiernos no cumplen con la Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera”.

La falta de políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental resulta claramente una acción que atenta contra los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

La eliminación del Misión Condor II; la cancelación del programa espacial argentino y, desactivación de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). Presencia de radares y satélites extranjeros. La eliminación del misil Cóndor II significó el desmantelamiento de este programa (1990-1993) se debió a fuertes presiones de Estados Unidos y, la Argentina adhirió al Régimen de Control de Tecnología Misilística en 1993, comprometiéndose a no desarrollar misiles de cierto alcance y carga útil. Ello dispersó a científicos e ingenieros; subutilizó la infraestructura; eliminó la capacidad argentina de desarrollar vectores balísticos propios y se perdió la soberanía tecnológica y para la defensa nacional.

Ahora el gobierno congeló la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM); un reactor modular desarrollado íntegramente por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en colaboración con empresas locales; bajo el inconsistente argumento de inviabilidad comercial y económica, provocando la parálisis de las obras y nuevamente, despidos de trabajadores, ingenieros y científicos formados. Junto a ello se aplicó un fuerte ajuste presupuestario en ciencia, tecnología y organismos estatales, incluyendo la CNEA y se proyecta asociarse a programas internacionales con empresas de Estados Unidos, lo que llevaría a una pérdida de soberanía tecnológica y, la exportación de tecnología nuclear argentina.

Hay varios satélites, radares y estaciones de seguimiento espacial o sensores de vigilancia que involucran operaciones por parte de empresas o entidades de capital extranjero. Estos proyectos se presentan como colaborativos, pero implican concesiones territoriales o acceso limitado. El control extranjero se concentra en estaciones terrestres para seguimiento satelital, radares de vigilancia espacial y equipos de teledetección. Se ha admitido en Neuquén la Estación Espacial China; en Mendoza la Estación Agencia Espacial Europea y en Tierra del Fuego el Radar Espacial de LeoLabs (de Estados Unidos). Este último podría ser funcional al control del Reino Unido en área Austral, según los dichos del entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Tte. Gral. (RE) Juan Martín Paleo.

En la Argentina hay pistas de aterrizaje privadas en manos de capital extranjero, especialmente en Patagonia. Entre ellas la de Bahía Dorada (Río Negro), de un jeque de Emiratos Árabes Unidos, apta para los Boeing 737 y, ubicada cerca del mar y Malvinas; La pista de Joe Lewis (Reino Unido) en Lago Escondido (Río Negro) y pistas privadas en Patagonia de mineras extranjeras (canadienses/británicas).

Según los datos oficiales más recientes la deuda pública de la administración central se sitúa en los USD 460.934 millones. Una cifra en aumento desde fin de 2025 que deja a la Argentina expuesta a las presiones externas y dificulta la cohesión social y el desarrollo nacional. La deuda bruta en dólares ha aumentado desde fines de 2023 (~USD 35-40 mil millones acumulados). No hay país que pueda ser autónomo con la deuda pública argentina.

Frente a la extranjerización de los recursos, capacidades e insumos estratégicos se requiere un Plan de Independencia Nacional; de otro modo, resulta imposible que la Argentina esté “libre de toda otra dominación extranjera”.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).