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LA POLÍTICA NACIONAL ENAJENA EL PATRIMONIO Y ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MARÍTIMA E INSULAR

10 junio, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Hace tiempo que la soberanía marítima e insular nacional solo está en la imaginación de los argentinos; aunque nunca es tan ostensible la pérdida de autonomía. No se trata de un hecho aislado: es una estrategia externa debidamente planificada y ejecutada mediante colaboracionistas enquistados en los distintos ámbitos nacionales. Una red que alcanza a los ámbitos territoriales, económicos y culturales. Nos han transformado en una colonia.

Sin el mar no habrá Nación.

Mientras que Scalabrini Ortíz consideraba que «la Soberanía pasa por el control y desarrollo de nuestros recursos y consideraba al mar como un espacio de integración económica, cultural y estratégica», el gobierno de Milei promueve la apertura del mar argentino a las potencias extranjeras para que se apropien y depreden nuestros recursos pesqueros y petroleros, promoviendo el quiebre de la industria y del empleo nacional. No es ineptitud sino intencionalidad para debilitar la capacidad de desarrollo de la Argentina y transformarla en lotes productivos de terceros países que industrializan nuestros recursos naturales y los transforman en alimentos, trabajo y riqueza, como cuando explotaban las colonias mediante el trabajo esclavo en el siglo XVIII y XIX.

Nos limitaremos aquí a referirnos a los territorios marítimos y a los territorios ribereños.

La ocupación de sus territorios

La Argentina no solo tiene ocupados por el Reino Unido los 11.410 km² de Malvinas sino 1.639.900 km² de su territorio marítimo e insular. Un territorio equivalente a la Patagonia y a las provincias de La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Formosa; por cierto, en muchos casos, un territorio marítimo más rico que alguna de las provincias citadas. Además de ello tiene en disputa con el RU 1.430.000 Km² de su plataforma continental argentina más allá de las 200 millas y el territorio del continente antártico. Pese a ello, el gobierno no tiene una hipótesis de conflicto y, por el contrario, Milei sostiene una posición claudicante y, enfatiza, que la Argentina no busca un conflicto con el Reino Unido; manifiesta su admiración por Margaret Thatcher y considera legítima la presencia de funcionarios y militares británicos en Malvinas dada su administración de las islas. Entiende que son los isleños quienes deberían interesarse por Argentina, dando por tierra la posición sostenida por la diplomacia argentina de defensa de la «integridad territorial» ratificada por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La explotación de los recursos

El Reino Unido extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros de Malvinas, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y las Leyes argentinas, sin que las autoridades nacionales inicien acción alguna a las empresas que pescan sin habilitación argentina, cuyos ingresos han permitido a los isleños británicos sostenerse y desarrollarse. En los últimos 40 años se extrajeron 40 mil millones de dólares FOB de productos pesqueros que, en el comercio final, representan 200 mil millones de dólares. Un volumen de materia prima que hubiese permitido alimentar con una proteína excepcional ―solo comparable a la leche materna― a 3 millones de niños y adolescentes todos los días del año. Al mismo tiempo, las empresas Navitas Petroleum (israelí-estadounidense) y Rockhopper Exploration (británica) iniciaron exploraciones petroleras en Malvinas, esperando extraer unos 728 millones de barriles por un valor inicial de unos 54.000 millones de dólares. Ambas explotaciones consolidarán definitivamente a los británicos en el Atlántico Sur, ante la pasividad del gobierno nacional.

No parece casual que el nuevo embajador británico en Argentina sea David Cains, que hasta ahora era vicepresidente de Equinor, una empresa petrolera vinculada a Malvinas y con licencias de exploración offshore otorgadas en 2019 (Macri) en las áreas austral y Norte (Mar del Plata), violando la Ley Solanas (26.659).

El Atlántico Suroccidental. La conectividad y la logística.

Mientras el gobierno nacional mantiene una pésima relación con los gobiernos vecinos de Brasil, Chile y Uruguay, la saliente embajadora invitaba a estudiantes del MERCOSUR y Chile a conocer «las vecinas» islas de Malvinas y los isleños británicos llevan adelante una política de acercamiento. Brasil le sirve de apoyo a vuelos militares británicos; el puerto de Montevideo recibe los buques que pescan ilegalmente en Malvinas y le presta servicios a la tripulación, el transbordo, armado y reparación de los barcos. Por su parte, Punta Arenas de Chile, le provee desde trabajadores hasta alimentos. El Reino Unido firma Acuerdos con Chile referidos a la Antártida y la fabricación de equipamiento militar y, mientras ello ocurre, la Argentina, sigue autorizando vuelos comerciales de Malvinas a Chile y con el Pacto Mondino-Lammy vuelve a autorizar los vuelos a San Pablo del Pacto Foradori-Duncan, que le permitiría a los productos pesqueros de Malvinas acceder al mercado más importante de Sudamérica y plataforma excepcional al comercio mundial. La mayor cooperación argentina prestada al Reino Unido en los últimos 50 años, fortaleciendo su presencia en el Atlántico Sur, donde el Reino Unido mantiene la base misilística y naval más importante del Cono Sur, contrariando la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» que firmaran todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Con la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas, aspira a transformarse en un centro (hub), desde donde se apoye y controle toda la flota pesquera, militar, de transporte, turismo y ciencia, la navegación con el océano Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida, debilitando la soberanía en la Patagonia, cuya densidad poblacional es la más baja del país y su infraestructura portuaria es de baja calidad física y tecnológica.

La Pesca ilegal y la Seguridad Nacional en el Mar

El Ministerio de Seguridad y su Prefectura Naval no controla los 820 buques que pescan en los 3.146.345 Km² de la Zona Económica Exclusiva Argentina y tampoco las capturas que se efectúan en la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. A ello se agrega que ni estos funcionarios ni los del Consejo Federal Pesquero realizan acciones destinadas a erradicar la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios del mar argentino (ZEE) por parte de 460 buques extranjeros chinos, taiwaneses, coreanos, británicos y españoles, que capturan anualmente unas 1.615.000 toneladas (incluidos 30% de descartes) de recursos argentinos por un valor FOB de U$S 6 mil millones y un valor comercial final del orden de los U$S 30 mil millones, provocando además un gravísimo daño al ecosistema, al desarrollo patagónico y a la seguridad nacional[1]. Estos agentes ignoran que la Convención del Mar no admite la pesca sin control del país de origen, sin determinar las capturas máximas permisibles y afectando los intereses de los Estados ribereños. El gobierno nacional no administra ni controla el mar y, no es casual el bajo presupuesto destinado a dotar de una fuerza naval de disuasión y, el deterioro de todos los puertos.

La Argentina bicontinental y Tierra del Fuego

El mapa bicontinental es cartón pintado de uso escolar ya que la Argentina no lleva ninguna política de ejercicio soberano en contraposición con el avance del Reino Unido en el Atlántico Sur. Los puertos de Río Grande y Ushuaia no reúnen las condiciones mínimas para favorecer el transporte de las mercaderías y dar apoyo a la flota que se incrementa con el tránsito de buques de gran porte por el estrecho de Magallanes. No dispone Tierra del Fuego de una base aérea, militar y naval acorde a la posición que ocupa en un área estratégica disputada, además del Reino Unido, por Estados Unidos y China. Esta última busca acuerdos con autoridades argentinas para emplazar un puerto en Ushuaia; mientras que Estados Unidos pretende instalar una base asiento de submarinos nucleares. Una delegación de soberanía inadmisible en una Nación autónoma y grave respecto a los derechos sobre Malvinas, la Antártida y las aguas correspondientes.

Al mismo tiempo, un radar de una empresa británica continúa radicado en Tierra del Fuego, pese a que el entonces Jefe del Estado Mayor de las FAA Juan Martín Paleo consideró que la presencia de este radar en la Provincia era contraria a la seguridad nacional.

Tierra del Fuego sigue aislada del continente y el transporte sigue dependiendo de Chile. La reciente medida del gobierno nacional debilitando la producción tecnológica, es una muestra más del escaso interés por lograr un desarrollo sustentable de esta provincia y la radicación poblacional en esta región austral argentina.

El tratado de alta mar

La Cancillería y su par de Chile bajo pretexto de combatir la Pesca Ilegal firmaron en Valparaíso una Declaración basada en el Acuerdo de «Uso Sostenible de la Biodiversidad en alta mar» y «el Estado Rector del Puerto». Ambos Acuerdos que la Argentina no ratificó porque debilitaría la soberanía nacional, se perdería la autonomía en la ZEE y se violaría la DTP de la Constitución Nacional, amén de instalarse Áreas Marinas Protegidas, mecanismos utilizados por el Reino Unido desde el año 2017 para ampliar los llamados «territorios británicos de ultramar» bajo la denominación de «Blue belt» (cinturón azul) y, en el caso específico de Malvinas, ya lo concretó al este, oeste y sur de Malvinas y lo haría al nordeste de aprobarse el proyecto de Área Marina «Agujero Azul», que vienen gestionando ante el Congreso de la Nación varias ONGs financiadas por el extranjero, entre ellas la fundación norteamericana CWS propietaria de dos islas en Malvinas. Proyecto que facilitaría la llegada de los recursos pesqueros migratorios argentinos a las islas, generando nuevas licencias ilegales pesqueras en favor de los isleños británicos.

La Concesión a empresas extranjeras de la red troncal Paraguay-Paraná y del Río de la Plata

En marzo de 2024 el gobierno acordó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que realice, entre otras tareas no detalladas, el mantenimiento de la red troncal Paraguay-Paraná.

A su vez, la Nación enajena la jurisdicción de los ríos de las provincias del litoral, por donde la Argentina transporta mercaderías por valor de 74 millones de toneladas por un valor superior a los 70 mil millones de dólares. Se suma a ello, la autorización de profundización del canal del puerto de Montevideo a la par de no avanzar con la construcción del Canal Magdalena que habría de permitirle a la Argentina integrar toda la navegación y transporte fluvial-marítimo, evitando la dependencia con el citado puerto.

La continuidad de la legislación colonialista

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN y, en paralelo, mantiene vigentes todos los Acuerdos, Tratados y leyes favorables al Reino Unido, entre otro/as los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que sede de hecho además de los territorios marítimos la explotación pesquera manteniendo «la fórmula del Paraguas» que congela la discusión soberana; La Ley de Líneas de Base (23.968 de 1991) que facilitó la delimitación de las líneas de base en Malvinas por parte de los británicos y a partir de ello la determinación de la ZEE, derogando la Ley 17.094 que establecía el mar territorial argentino de 200 millas; la Ley 24.184 de 1992 de Protección y Promoción de las inversiones británicas que facilitan los negocios ingleses en la Argentina, a pesar de impedir la explotación pesquera y petrolera en el área ocupada de Malvinas; el incumplimiento de las leyes 24.922 de 1997, 26.386 de 2008 y 26.659 de 2011 que prohíben la explotación pesquera y petrolera en las aguas continentales y de Malvinas sin habilitación argentina; la Ley 24.093 de 1992 que debilitó la seguridad nacional y la administración nacional de los puertos; falta de control de la pesca de arrastre en la plataforma continental argentina según la Ley 24.922 y 27.557 de 2020; el incumplimiento del artículo 1 de la Ley 26.776 de 2012 que define como política de estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Manuel Belgrano nos decía: «Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de la independencia, de la Unión y la Libertad».

10 de junio de 2025 (día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

Referencia

[1] Según el artículo 87º de la CONVEMAR la pesca en alta mar “está abierta” -no libre como generalmente refieren funcionarios y medios; y, además, en las condiciones que se viene realizando ES ILEGAL, porque: “La Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 Federal de Pesca. Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR), cuestión que ocurre con los buques que pesca a distancia en el Atlántico Suroccidental; segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117º a 119º de la CONVEMAR) que tampoco efectúan y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (artículos 27º; 61º a 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina (artículo 77º de la CONVEMAR) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional” (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones. Ley Nacional de Pesca, 2023).

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ACTIVIDAD PESQUERA, ARGENTINA

EL CFP (LA CASTA FEDERAL PESQUERA)

14 diciembre, 2024 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

El Consejo Federal Pesquero (CFP) y sus miembros ―según el presidente de la Nación Javier Milei― podrían ser tipificados de “CASTA”, ya que varios de sus integrantes no son idóneos, no trabajan, afectan al sostén de sus escasas actividades como consejeros de gran parte de los dineros de los empresarios aportados a través de los derechos de captura y otros aportes y, en algunos casos, permanecen enquistados en este organismo pese a los cambios partidarios en el gobierno. Ante esta situación y siguiendo su costumbre, el Primer Mandatario podría llegar a calificar al citado Consejo Federal Pesquero y a una cantidad importante de sus miembros, con todos o alguno de los siguientes epítetos ya emitidos por el Presidente: “casta putrefacta, manga de delincuentes, ladrones, chorros, consuetudinariamente estafadores, mentirosos, traidores, cobardes, imbéciles, tarados, burros, inútiles, nido de ratas miserables, culo sucio, degenerados fiscales, fascistas, nazis, comunistas, socialistas, zurderío inmundo” (sic) y otros tantos léxicos incalificables degradantes hacia estos funcionarios, cuyo Estado que referido gobernante “desprecia en forma infinita” y “viene a destruir desde adentro”.

Nosotros no compartimos el uso de estos adjetivos y afirmaciones del presidente; aunque, cuando vemos que un funcionario no parece competente para las responsabilidades que se le asignan preferimos definirlos de incapaces, ineptos o idiotas en la definición de los griegos. Por otra parte, somos partidarios de transformar las estructuras del Estado en eficientes, de eso se trata la conducción de un gobierno; aunque, claro está, ello es inviable cuando los que tienen que hacerlo no tienen aptitud ni actitud para hacerlo. No es cuestión de echarle la culpa al administrado cuando esta anida en quienes administran el Estado y nos referimos a quienes cumplen funciones jerárquicas en las estructuras de éste y no en los empleados cuya ineficiencia la mayoría de las veces es de responsabilidad del directivo.

El encarecimiento del costo del Estado. El gobierno ha venido diciendo públicamente que los empresarios pesqueros explotan los recursos pesqueros en forma gratuita y, si bien esta información es falsa y no pondera los impuestos, tasas, cargas sociales y patronales y retenciones, etc., con los que se grava al sector, lo cierto que el Consejo Federal Pesquero ha incrementado los derechos de captura en forma importantísima sin evaluar la estructura de costos de las empresas y los precios internacionales de los productos que se comercializan y sin modificar el reparto de las recaudaciones, acrecentando los fondos destinados a sostener estructuras burocráticas del Consejo y de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación y, sin devolver esos fondos a obras acordadas con el sector, a la investigación y control del mar.

La Nación ―Consejo y Subsecretaría― se queda con el 66,64%[1] de los recursos derivados de derechos, multas, etc., cobradas a los empresarios, de los cuales, solo destina a la investigación el 10,37% y para el patrullaje y control otros 10,37%. En contraste, en cualquier actividad productiva eficiente los gastos de administración nunca debieran superar el 7% del total de sus costos totales de personal. A su vez, el llamado pomposamente Consejo “Federal” Pesquero solo entrega a todas las Provincias el 33,36% de lo recaudado, fondos que tampoco sabemos a qué fines específicos de la pesca se dedican y que, en principio, no deberían destinarse a financiar las estructuras administrativas de las Provincias, para lo cual tienen sus propias recaudaciones derivadas de la pesca dentro de las 12 millas marinas.

En realidad, la explotación de la pesca es una concesión y debieran administrarse entre la autoridad concedente y los concesionarios los costos de administración, investigación y control del mar y la pesca para hacer factible la actividad y en base a ello determinar los valores de los derechos. No puede ser un número arbitrario impuesto por un pequeño número de personas cuyos intereses parecieran ser meramente recaudatorios y no de desarrollo de la actividad y las comunidades del litoral marítimo.

Lo que está haciendo el gobierno no es hacer más eficiente el Estado ni reducir los impuestos a quien invierte, produce y contrata personal, sino todo lo contrario. A la par, de profundizar el descrédito del Estado y bajo ese pretexto, abrir caminos a la extranjerización, etc.

La política pesquera y la administración de cuotas de captura. Pese a que es obligación del Consejo Federal Pesquero (CFP) elaborar la política pesquera (Ley 24.922 art. 9º inc. a) este Cuerpo no ha diseñado tal política y, consecuentemente, a partir del otorgamiento de las cuotas y autorizaciones de captura se limita a delegar en terceros la administración del recurso y actúa y mal, como un mero fiscalizador de la actividad. Ni siquiera diseña un Plan de investigación y tecnológico acorde a las necesidades de la producción y, mucho menos establece la estrategia de los controles navales de seguridad y su financiamiento. Sin embargo, sin plan ―lo que demuestra una imprevisión total― se reserva un 32,52% del porcentual de Captura Máxima Permisible de merluza común; motivo por el cual, al otorgar cuotas en el futuro lo hará con una discrecionalidad inadmisible en manos de unas pocas personas, favoreciendo prácticas de cohecho.

Respecto a la pesca ilegal sobre los recursos migratorios de la ZEE en alta mar y la pesca ilegal en Malvinas, el Subsecretario de Pesca y el CFP no han llevado adelante ninguna acción desde la promulgación de la Ley 24.922 en 1998, pudiendo todos estos funcionarios estar incursos en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La imagen de la actividad pesquera. La publicación del medio especializado RevistaPuerto.com.ar tituló «Incalificable: Sturzenegger calificó al sector pesquero argentino de ladrón e informó que el sector pesquero paga solo por derechos de extracción y aseguró que si pagaran más el Estado bajaría impuestos en otros lugares y generaría más industria y empleo que la pesca» y mencionó que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado en Radio Mitre sostuvo que «el sector pesquero solo paga el 0,15% para llevarse el pescado “de todos los argentinos” y se ufanó de que el secretario Juan Pazo esté llevando los Derechos de Extracción al 2,5%, todos muzzarella» y concluyó su presentación «calificando a la industria pesquera argentina de ladrona…cuando venzan los contratos actuales, no voy a tocar derechos, entre los pescadores argentinos van a tener que pujar para ver cuanto pagan».

Empezaremos de menor a mayor, Sturzenegger pondera la acción del representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Juan Alberto Pazo (Decreto N° 374 del 29/04/2024), pero este funcionario que por su designación era uno de los principales para definir la política pesquera prevista en la Ley no participó ni en una sola de las 19 reuniones que realizó en el año el Consejo Federal Pesquero. ¿Habrá tratado estas cuestiones en otros ámbitos? Más “Casta” imposible. Bueno, este postulante a titular del ARCA (ex AFIP), según “La PolíticaOnline” (08/12/24) “deberá dar explicaciones sobre bienes no declarados en Miami y sociedades en el exterior”, no pareciera que sea el funcionario más apropiado para “ordenar” la pesca.

Ya nos hemos referido ―y también lo han hecho otros autores― con el desprecio y ligereza que estos funcionarios han calificado al sector pesquero; pero también es cierto, que el sector no ha querido, no ha podido o no ha sabido liderar un proceso de cambio y de modernización de la actividad (no solo la construcción de un buque o una planta procesadora) y se ha limitado a introducir distintos operadores en el Consejo Federal Pesquero y/o incidir en la designación del subsecretario de pesca de turno ―como lo hacen todos los sectores productivos en sus propias áreas― solo que no se puede dejar de lado que, a diferencia de otras actividades, la explotación del recurso es una concesión de Estado y los dirigentes de la pesca han mostrado una debilidad y dependencia extrema y no una industria potente e imprescindible. La falta de un plan único derivado de un número atomizado de Cámaras conspira contra una posición fuerte y el “sálvese quien pueda” tiene el efecto de implosión. Además, en la Argentina el pescado no se conoce ni se consume y ello alcanza a los funcionarios. No es España, que son los propios españoles los que defienden este noble producto. Hay mucho para hablar, pero sobre este tema por razones de síntesis cerraremos aquí.

La dedicación al trabajo de los miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP) y las cuotas de captura. Pese a que la función principal del CFP ―como hemos dicho― es diseñar la política pesquera; los consejeros no parecieran muy afectos al trabajo, teniendo presente que cualquier empleado público cumple unas 40 horas semanales y estos miembros del Consejo durante todo el año 2024 realizaron 19 reuniones donde se labraron 27 Actas ―el número más bajo de tertulias desde 1999― y ocuparon para ello un total de unas 20 horas; es decir un promedio de una hora por reunión. Ello podría ser el motivo formal, para que recién el 5 de diciembre pasado, el CFP definiera el régimen de adjudicación de las cuotas de la merluza común ―la más importante especie generadora de empleo― manteniendo a toda la actividad en un estado de incertidumbre, ya que a la fecha no se ha definido la vigencia de las cuotas, pese al reclamos de empresas y gremios (Acta CFP 27/24 12/12/24). Sabemos que no es la razón y han circulado públicamente todo tipo de argumentos e incluso se ventilaron supuestas coimas. No somos ingenuos, es muy rara la reserva de cuotas que realiza el CFP y en la decisión, sobrevuela una licitación parcial a la chilena anunciada oportunamente y será total si el otorgamiento de las cuotas de captura se limita a un año. En un juego de pinzas juega el sideral aumento del Derecho Único de Extracción (DUE). Mientras tanto, ya hemos dicho, el sector pesquero se limita al envío de notas, cuyo tratamiento ―según las Actas― pareciera que se realiza fuera del Consejo.

Casta federal pesquera e idoneidad. Pero, si algo está mal y ―hay muchas cosas que están mal― a los primeros que debería observar Federico Sturzenegger o cualquier otro funcionario de turno es a quienes integran el Consejo Federal Pesquero (CFP). Cómo puede pretender el ministro transformar este sector cuando el Subsecretario de Pesca y Presidente del CFP es un fiel representante de “la casta”. López Cazorla, de él se trata, fue miembro de este cuerpo desde 2006 al 2019, pasando por todos los gobiernos sin solución de continuidad y ―según las Actas de las reuniones― nunca aportó nada relativo al cambio de la actividad; planteó la necesidad de modificar el sistema de otorgamiento de cuotas o cuestionó el valor de los derechos de captura. Obviamente no se comportó durante 14 años como el responsable de la definición de la política pesquera. Lo mismo podría decirse de Carlos Cantú que está en el CFP desde 2002 al 2015 y desde el 2020 a la fecha y fue muchos años el representante del Poder Ejecutivo Nacional. Se omiten otros tantos por razones de síntesis.

Las obligaciones del CFP tienen la complejidad de administrar una actividad muy compleja que alcanza a la captura, el procesamiento de los productos y su exportación; pero también implica, tener conocimientos relativos a cuestiones económicas, comerciales, biológicas, marítimas, climáticas, ambientales y sanitarias, a la par de conducir la investigación e intervenir en asuntos relativos a la seguridad de la tripulación y la nación y, administrar el conjunto de la actividad. No es una misión destinada a ser realizada por personas que no tengan un amplio conocimiento en la materia. Capacitada para diseñar y conducir la política pesquera nacional y con ello importantísimos intereses económicos, sociales y regionales.

Además de ello se necesita un cierto compromiso temático, vemos por ejemplo el caso de Juan Alberto Pazo que ha pasado de la superintendencia de seguros a la ARCA, previa la secretaría de Relaciones Exteriores; pero, como miembro del Consejo Pesquero no asistió a una sola reunión de trabajo en el año. Otro tanto Miguel Schmukler que del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), donde la pesca industrial es irrelevante en relación a sus pares de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, pasó a ser miembro del Consejo a instancias del ministro Caputo, donde participó solo de ocho reuniones de las 19 llevadas a cabo en el año. Y así varios consejeros que, como los nombrados, que de la materia al asumir solo conocían un pescado a lo sumo en un Restaurante o a través el tradicional poster de especies del INIDEP.

También, a modo de ejemplo, la Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Paola Andrea Gucioni que ―suponemos― que no se la incorporó al Consejo por haberse prestado ―según la AFIP― «servicios personales n.c.p., incluyendo actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos, etc. (960990)» como se indica (www.dateas.com/es/persona/paola-andrea-gucioni; https://w20argentina.com/empresa/gucioni-paola-andrea) o por el hecho haber trabajado en la Dirección de Malvinas de la Cancillería. Debería ser obligatoria que la repartición publique los CV documentados de los funcionarios.

Hay que reorganizar el Estado; pero en general la solución no es cerrar, concesionar, privatizar o aumentar los costos impositivos a la producción para justificar la ineficiencia de las organizaciones, echándole ―a la par― la culpa a los administrados, sino poner en los cargos a funcionarios probos e idóneos que transformen al administrador en una herramienta eficaz para atender las cuestiones indelegables del Estado, servir al estímulo de la producción e industria argentina y defender la soberanía nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

Referencia

[1] Nación: No coparticipables Autoridad de Aplicación $190.435.242,47 – 100% / $16.799.599,35 – 8,82% Embarque de Inspectores $190.435.242,47 – 100% / $38.236.043,80 – 20,08% INIDEP $190.435.242,47 – 100% / $19.750.000,00 – 10,37% Patrullaje y control $190.435.242,47 – 100% / $19.750.000,00 – 10,37% Consejo Federal Pesquero – 11,04% $190.435.242,47 – 100% $16.750.000,00 – 8,80% Capacitación $190.435.242,47 – 100% $3.050.000,00 – 1,60% Coparticipables Nación $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Buenos Aires $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Río Negro $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Chubut $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Santa Cruz $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Tierra del Fuego, A. e Islas del A.S. $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60%.

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ARGENTINA, Atlántico Sur, SOBERANÍA NACIONAL

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO ES INCOMPETENTE PARA AUTORIZAR LA INVESTIGACIÓN EN AGUAS ARGENTINAS DEL BUQUE BRITÁNICO JAMES COOK

1 diciembre, 2024 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Quienes seguimos de cerca las cuestiones que ocurren en el Atlántico Suroccidental nos sorprendimos con una supuesta autorización del Consejo Federal Pesquero (CFP) para operar en aguas argentinas por más de 30 días el buque de investigación RRS James Cook. Este barco que fue botado en 2006 y tiene una eslora de casi 90 metros es de propiedad del Reino Unido, quien ocupa en forma prepotente 1.639.900 Km² de territorio marítimo e insular argentino. Pero, NO. Ese Consejo no tiene competencia para autorizar a investigar ―en las materias que se solicita― y, si las investigaciones fuesen relativas a la pesca ese Cuerpo estaría incumpliendo el artículo 27º bis de la Ley 24.922 que entre otras cuestiones refiere a tener o no “relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido por la Autoridad de Aplicación Argentina”. Obviamente, el Reino Unido viola esa Ley cuando pesca u otorga permisos ilegales a buques extranjeros en las aguas argentinas de Malvinas y ambos ―los funcionarios argentinos y el Reino Unido― podrían violar la Ley 26.659 si se autorizase a “llevar a cabo investigaciones oceanográficas, químicas y físicas” en la plataforma continental argentina.

En esta situación de excepcionalidad que vive la Argentina con gran parte de su territorio marítimo ocupado por el Reino Unido, un permiso de esta naturaleza solo podría ser autorizado por el Congreso de la Nación, en el caso que se interpretase que no viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, cuestión que nosotros entendemos que sí, porque favorece la presencia británica en el Atlántico Suroccidental.

Empecemos por decir, que la Embajada del Reino Unido solicitó autorización para que el buque James Cook realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas y lleve adelante dos proyectos, uno sobre la toma de datos en determinados recorridos y otro, sobre la comprensión de los océanos por debajo de las capas superficiales en una región de intercambio entre cuencas oceánicas del Atlántico Suroccidental” no vinculados a la actividad pesquera y, por lo tanto, el Consejo Federal Pesquero ni la Subsecretaria de Pesca tienen atribución alguna para autorizar investigaciones que no sean de pesca conforme lo establecido en los artículos 5º; 7º (las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros), 9º (Establecer la política de investigación pesquera), 11º (investigaciones referidas a los recursos vivos marinos), 14º y 15º (La pesca experimental requerirá autorización) y 23º (autorización de pesca para fines de investigación científica o técnica) de la Ley 24.922.

El Consejo Federal Pesquero en el Acta 23/24 del 28/11/24 «analizó las actuaciones» y manifestó «mayoritariamente» que, «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular para que se autorice al buque RRS JAMES COOK a llevar a cabo actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales» y vale la pena destacar “falta de objeciones” la formularon solo seis miembros, con el voto del Subsecretario López Cazorla y los representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en ausencia de los dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Semejante decisión estratégica, en manos seis personas que tienen limitada su función de fijar la política pesquera.

Por si faltaba poco, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero informó que “no participaría un observador del instituto en la campaña, pero ha sugerido un contacto de referencia de la institución para la recepción de datos”, lo cual ratifica aún más sobre la incompetencia del CFP. Por su parte, y verdaderamente llamativa su intervención, “la Representante de la Cancillería informa que se ha acordado la participación de un Observador de la Armada Argentina en el crucero de investigación y la participación de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para observar la fauna en general y los mamíferos marinos y colaborar con los protocolos de mamíferos marinos, asociados al uso de acústica oceánica”. No tenemos certeza con qué objeto la Cancillería introduce a la Armada ―que debe encargarse de la Defensa― en esta investigación británica ni tampoco a la UBA. Todo pareciera destinarse a procurar la competencia del Consejo Federal Pesquero; pero, en cualquier caso, tratándose de interés del Ministerio de Relaciones Exteriores estas participaciones podrían enmarcarse en dar ejecución a los pactos Foradori-Duncan (2016) o Mondino-Lammy (2024), ambos de cooperación unilateral argentina en favor del Reino Unido.

Lo cierto, que el buque británico, que lleva el nombre del Capitán de la Marina Real Británica James Cook “uno de los colonizadores más destacados del Pacífico” y que calificó a las islas Sándwich del Sur “el lugar más horrible del mundo”, no ha sido hasta hoy formalmente autorizado a operar en aguas argentinas, porque el Consejo Federal Pesquero se ha limitado a indicar que «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular», competencia que como dijimos no tiene y, que, incluso, hasta la fecha el Presidente del Consejo no ha firmado Resolución al respecto, pese a que ―llamativamente― el buque James Cook ya partió con destino a Buenos Aires sin tener la debida autorización para investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Para agregar más absurdo a la falta de objeciones del Consejo Federal Pesquero éste ignoró la opinión del representante de la Provincia del Chubut, que expresó no estar de acuerdo con el crucero de investigación “toda vez que las actividades científicas a realizarse implican la utilización de cañones sísmicos que podrían tener un impacto negativo en la ballena franca austral, cuya ruta migratoria coincide con el área geográfica donde se pretende realizar el estudio científico”; cuestión, a la que adhirió la representación de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones que parecen calificadas, cuando se trata de las dos provincias que mayor captura, industria y comercio pesquero realizan. Y esta cuestión de conservar las especies, si era de su competencia, por lo que debió tenerse en cuenta más allá de las simples mayorías, además de estar previsto en el artículo 5º de la Ley 24.922.

Nos queda claro que, aún incompetentes, los consejeros en el Acta 23/24 no escribieron una sola línea referida a la apropiación británica de 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos en las aguas de Malvinas y los espacios marinos argentinos ocupados en forma prepotente por el Reino Unido y, no parece que la Argentina deba cooperar en tareas de ninguna naturaleza.

“Cuando en el reinado existen más facilidades para hacer la corte que para cumplir con el deber, todo está perdido” (Montesquieu); aunque hay quienes no creemos que debemos aceptar un destino impuesto.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

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