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EL COLONIAJE DEL ATLÁNTICO SUR Y LA PESCA

César Augusto Lerena*

Síntesis del coloniaje. El Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con el Reino Unido de Gran Bretaña fue firmado en nombre de ese país por Woodbine Parish, cónsul general británico en Buenos Aires, y por parte de las Provincias Unidas por Manuel J. García. En 2019 el gobierno de Mauricio Macri le otorgó al Reino Unido varios bloques de explotación petrolera offshore en el Atlántico Sudoccidental. Los acuerdos sobre ciberseguridad con Londres fueron inaugurados durante el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Milei nombró a Mariana Plaza como embajadora en Londres, una diplomática que «propone abandonar el reclamo de Malvinas». El gobierno de Javier Milei revalida con el Reino Unido los acuerdos sobre ciberseguridad ―firmados por Alberto Fernández― con la firma de la ministra Patricia Bullrich y su homónimo ingles Dan Jarvis.

 

Frente a la ausencia de políticas nacionales, la estrategia relativa al Atlántico Suroccidental, a Malvinas, la pesca y los puertos sensibles de la Argentina parece diseñada desde España, el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) y Estados Unidos; aunque China también ocupa un papel central. Los profesores de historia de la escuela primaria y secundaria nos hicieron creer que nos habíamos independizado en forma definitiva de la monarquía wspañola el 9 de julio de 1816; un hecho que ya se preanunciaba cuando la Asamblea General Constituyente del 11 de mayo de 1813 aprobaba el Himno Nacional Argentino (la Marcha Patriótica) creada por Vicente López y Planes y Blas Parera que, respecto a la referida Monarquía, le dedicaba las estrofas «al fiero opresor de la Patria, el ibérico altivo león, rendido a las plantas de una nueva y gloriosa nación» dejando de manifiesto la poca simpatía que se le tenía a la madre España; sentimiento que también alcanzaba a Inglaterra que habría de plasmarse ―a propuesta del Diputado de Buenos Aires Pedro Medrano― en la modificación del Juramento del Acta de Independencia, de modo tal que, donde decía «independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli» se añadiría «…y de toda dominación extranjera» para evitar cualquier otra dependencia que, implícitamente estaría destinada a la corona británica, que había pretendido invadirnos en 1806 y 1807. Tanto Blas Parera como Vicente López y Planes eran antimonárquicos y el autor de la letra además de doctor en derecho y diputado, peleó contra los británicos en 1807 como Capitán de Patricios, al igual que lo hiciese Parera como voluntario. En 1813 los patriotas tenían claro, lo que el gobierno argentino en 2025 no tiene: «¿No los veis sobre México y Quito Arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas Luto y llantos, y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia y las mismas murallas del tirano en la Banda Oriental son letreros eternos que dicen: Aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la Patria su cerviz orgullosa dobló», rezaba entonces el Himno Nacional. No es posible subordinar la soberanía política y la economía nacional al diseño de intereses extraños. En general, observamos, que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de «Perpetua» Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después ―en 1833― nos invadía el territorio nacional de Malvinas y desde esa fecha no ha hecho otra cosa que avanzar en la invasión de nuestros territorios y apropiación de nuestros recursos pesqueros. Por su parte, España reconoció la independencia argentina el 21 de septiembre de 1863 y con ello la soberanía de Malvinas, no obstante, desde ―al menos― 1976 se apropia ilegalmente de nuestros recursos pesqueros en las aguas de Malvinas y los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar. El gobierno nacional, como veremos: ausente, obediente o inepto. Ya entrando en detalle, observamos la falta de políticas del gobierno nacional o la ejecución de políticas que benefician a intereses extranjeros y desalientan la inversión y producción pesquera de capital nacional y, muy particularmente, debilitan el control del Atlántico Sur, en especial el área meridional de éste, relacionado a la defensa y seguridad de la Patagonia, el control de la navegación hacia los océanos Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida. Ya nos hemos referido al proyecto del gobierno establecido en la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…», 08/02/2024), no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros; una reforma que naufragó por la presión sectorial y política que, de haberse ejecutado, no solo habría llevado a la quiebra a la industria nacional sino que hubiese atentado contra el único control efectivo que se ejerce en el mar por la presencia permanente de 882 buques habilitados que pescan en la Zona Económica Exclusiva; incluyendo el control de los buques extranjeros que pescan ilegalmente en las aguas de Malvinas con permisos «ilegales» británicos. Pese a haberse desactivado ese «proyecto bananero» idéntico efecto está logrando el gobierno mediante una política económica e impositiva que dificulta, le quita competitividad y rentabilidad a la producción pesquera argentina (César Lerena «La política nacional destruye…», 18/04/25) haciendo inviable la actividad nacional, profundizando la concentración y extranjerización de la pesca, cuyas consecuencias no serán el aumento de dólares exportados ni su valor agregado e incremento de la mano de obra nacional, sino llevar adelante prácticas que favorecerán la evasión, la pesca ilegal, el incremento de la dependencia de la producción nacional a políticas diseñadas fuera del país y el descontrol territorial y marítimo del país. La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación a la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos, todos importadores de pescados, langostino y calamar que sufren aranceles a los productos terminados, siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos. Este último, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, porcentual similar que se aplicaría a países que han rechazado las políticas de ese país, contrario a la posición del gobierno argentino que ha declarado un alineamiento total a Israel y a Estados Unidos y que, además de aceptar ―de hecho― la explotación petrolera de las empresas Rockhopper Exploration (RUGB) y Navitas Petroleum (Israel) en Malvinas; violando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, fortaleciendo la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur. Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acuerda con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que éste realice «entre otras actividades no detalladas» tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo pretende concesionar a 30 años a empresas extranjeras, cuando su administración debiera estar en manos de las provincias a cuya jurisdicción les corresponden los ríos , por donde la Argentina transporta entre otras mercaderías «74 millones de toneladas de carga (lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina además de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje) lo que representa un valor FOB total que supera los US$ 70 mil millones» (Fabian Lugarini, 15/09/2020). Finalmente, mientras los isleños británicos en Malvinas confirman la construcción de un nuevo puerto en el archipiélago que servirá de apoyo a toda la flota pesquera, comercial, de investigación y de transporte en el Atlántico Sur, el gobierno nacional se encamina en forma conjunta con Estados Unidos ―el principal aliado del Reino Unido― a desarrollar una Base Naval en Ushuaia que se destinaría a asiento de submarinos nucleares, en contravención con la Res. 41/11 de las Naciones Unidas que el 27/10/1986 declaró al océano Atlántico Sur, entre África y América del Sur, como «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) que, entre otras misiones, tenía «la reducción y eventual eliminación de la presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos». Complementariamente, esta base tendría por objeto llevar adelante operaciones logísticas en la Antártida, que la Argentina disputa con el Reino Unido y Chile. Situación que no solo debilitará la presencia argentina en el continente antártico, sino también nuestro control de la parte meridional del Atlántico Sur y Malvinas y, como hemos dicho, de los pasos al Pacífico. Nada es casualidad en la política del Reino Unido sobre Argentina y el Atlántico Sur y con el objeto de avanzar en sus políticas energéticas acaba de nombrar a David Cairns, hasta el momento vicepresidente de la anglonoruega Equinor, como nuevo embajador británico en Argentina. Equinor es una empresa petrolera que tiene negocios en Vaca Muerta y el gobierno de Macri le otorgó en 2019 varios bloques de explotación petrolera offshore en las Cuencas Austral (105 y, 106), Malvinas (121 y, 123) y Norte Argentina (100, 102, 108 y 114). Esta última a trescientos kilómetros de Mar del Plata. Todo ello, a pesar de las incompatibilidades que le impone la Ley 26.659 (Solanas) ya que uno de sus directivos prestó servicios a los isleños británicos en Malvinas y sobre las que estamos estudiando respecto a que la referida empresa podría estar aplicando un doble estándar en Argentina relativo a las exigencias y compensaciones de Noruega sobre la sostenibilidad de las especies frente a la contaminación acústica de los estudios sísmicos. Como contracara, la estrategia del gobierno argentino, es claudicante: nombró a Mariana Plaza como embajadora en Londres, una diplomática que «propone abandonar el reclamo de Malvinas» (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025). Pero, si faltaba poco, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó con su par del RUGB Dan Jarvis el «Memorando de Entendimiento» ―firmado por el ex Presidente Fernández― de cooperación entre ambas naciones para «combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad»; algo así como acordar con el zorro el cuidado el gallinero. El RUGB tiene ocupados 1.639.900 Km2 de territorio marítimo argentino; se apropia de 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos de las aguas de Malvinas; nos disputa más de 1.400.000 Km2 de plataforma continental más allá de las 200 millas, además de la Antártida Argentina. El RUGB es un invasor que mantiene militarizada Malvinas y nos veta la compra de armas de defensa: no es un país confiable con el que podemos compartir las estrategias de seguridad nacional. Por su parte en la Argentina hay autorizados unos 84 buques que pertenecen a unas 23 empresas nacionales con capitales chinos, muchas de las cuales pertenecen al Estado chino, lo cual resulta un verdadero absurdo, por cuanto todos los años unos 300 buques chinos pescan en forma ilegal los recursos migratorios originados en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además de ello, quién podría asegurar que mediante transbordos en alta mar no se blanquea esta pesca ilegal a través de las empresas nacionales de capital extranjero o, por el contrario, se sub-declaran las capturas. Mientras eso ocurre, gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscan hacer acuerdos con empresas chinas ―del Estado chino― que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Acuerdos que en cualquier caso debieran pasar por el Congreso de la Nación y ciertamente rechazados porque la pesca ilegal no solo afecta el ecosistema sino la economía de las regiones y la Nación. Otro tanto podría darse, con las empresas españolas que pescan en Malvinas o en alta mar. Mientras subsistan empresas nacionales de capital extranjero y buques extranjeros de los mismos capitales pescando en forma ilegal los recursos migratorios en alta mar, los interrogantes mantendrán vigencia. En cualquier caso, el sistema de control imperante es insuficiente, tanto en los controles de procesamiento y stock en tierra como las capturas y desembarcos y, ello, facilita todo tipo de prácticas compatibles con la pesca ilegal. Finalmente, como indica la RevistaPuerto (Karina Fernández, 08/05/2025) «se reunieron en Barcelona (España) más de treinta dueños y CEOs de las empresas con buques tangoneros congeladores y resolvieron que los barcos quedarán amarrados hasta que se alcance un acuerdo de una baja del 30% de los costos de producción (NdA: valores de referencia en relación a los Convenios de Trabajo) con las autoridades laborales y los gremios» dejando en claro: las motivaciones de un ajuste para reducir una rentabilidad negativa del orden del 15%, en qué lugar se toma la decisión y quienes la tomaban. Llama la atención (¿o no?) que una decisión de esta naturaleza se tome fuera del país y también la ausencia del Consejo Federal Pesquero en esta decisión disruptiva, ya que si bien, diría el gobierno «se trata de una cuestión entre privados» no debiera perderse de vista que la explotación pesquera se otorga mediante «concesión» de los recursos pesqueros del Estado Nacional y Provinciales y el país no puede dejar en el mar miles de toneladas de proteínas. Por un lado, esta resolución empresaria podría ser considerada un lockout patronal, aunque el principal responsable sea el gobierno porque la falta de rentabilidad está dada por los altos costos impositivos, el agregado de retenciones y derechos a la extracción que aplica a la actividad y la hace inviable. A días de la revolución de mayo, es hora que las decisiones las tomen los argentinos en la Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado Presidente de la Fundación Agustina Lerena Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

 

EL 9 DE MAYO Y EL RELATO DE LA «VICTORIA SOBRE EL FASCISMO»

Roberto Mansilla Blanco*

Este 9 de mayo de 2025 se conmemora el 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en Europa, con la rendición de la Alemania nazi. En Rusia esta celebración tiene un significado emotivo y prácticamente sagrado: es el «Día de la Gran Guerra Patriótica», la victoria del pueblo soviético sobre el fascismo. Un hecho histórico que evidencia porqué la URSS y el sacrificio del pueblo soviético en una guerra de liberación nacional contra el agresor extranjero fueron los verdaderos artífices que permitieron la victoria aliada y la derrota nazi-fascista.

Por otro lado, ese mismo día, la Unión Europea (UE) conmemora el «Día de Europa» por ser la fecha de la igualmente célebre «Declaración Schuman» realizada en 1950 por el entonces ministro francés de Exteriores Robert Schuman y que abogaba por la integración europea a través de la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), organismo germinal de la actual UE.

No obstante, las celebraciones previstas, tanto en Rusia como en Europa, para este 9 de mayo de 2025 se observan condicionadas por las tensas relaciones ruso-europeas derivadas por la guerra de Ucrania. Más allá de las operaciones militares en el frente ucraniano y de las negociaciones que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump para alcanzar una tregua duradera en este conflicto, el trasfondo de las tensiones entre Bruselas y Moscú se enfoca en contextualizar el control del relato histórico sobre quién fue el verdadero ganador en la victoria contra el nazi-fascismo.

Como elemento disuasivo por parte de Trump para garantizar el incierto éxito de esta negociación de un alto al fuego, Washington y Kiev firmaron 1° de mayo un acuerdo de cooperación económica para la explotación de las denominadas «tierras raras». Simultáneamente, Moscú aseguró completar la recuperación absoluta del control en la localidad de Kursk tras la efímera y surrealista invasión militar ucraniana de agosto pasado.

Bajo un ambiente de conmemoración histórica, ambos acontecimientos, el acuerdo entre EEUU y Ucrania y la liberación de Kursk, reflejan elementos que implican observar con atención el pulso ruso-europeo por difundir sus respectivos relatos históricos en torno a la celebración de este 9 de mayo.

Celebrar cada quien por su lado

El protocolo de invitaciones para la celebración de este 9 de mayo tanto en Rusia como en Europa refleja el respectivo nivel de equilibrios y alianzas geopolíticas.

El Kremlin ha confirmado la asistencia de los líderes de China, India (cuyo presidente Narendra Modi se encuentra en medio de una crisis con Pakistán tras un atentado terrorista que amenaza con explotar el conflicto entre ambas potencias nucleares), Brasil, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Venezuela, otros países asiáticos, africanos, de América Latina y del espacio post-soviético como Kazajstán y Kirguizistán, que aportaron miles de combatientes hace ocho décadas. China, Vietnam y Corea del Norte han enviado delegaciones militares para desfilar ese día en la Plaza Roja.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymir Zelenski anunció una celebración en Kiev en la que ha invitado a los ministros de Exteriores de la UE. La comisaria europea de Asuntos Exteriores, la estonia Kaja Kallas, llamó a boicotear la celebración del 9 de mayo en Moscú instando a presidentes de países miembros de la UE (Hungría y Eslovaquia) y aspirantes de admisión (Serbia) a no aceptar la invitación rusa.

En tono amenazante, Zelensky fue incluso más allá: llegó a declarar que «Ucrania no puede garantizar la seguridad» de los líderes mundiales que estarán presentes en la Plaza Roja el próximo 9 de mayo.

Rusia: la simbiosis de la «Gran Guerra Patriótica» con la «Operación Militar Especial» en Ucrania

Moscú siempre ha criticado la escasa voluntad occidental, rayando incluso hasta en la negación histórica, a la hora de reconocer el enorme esfuerzo realizado por la URSS y su papel decisivo en la derrota del eje nazi-fascista.

De los 80 millones de muertos que se calcula dejó la II Guerra Mundial, 27 millones fueron de ciudadanos soviéticos provenientes de diversas nacionalidades en ese momento bajo la soberanía de la URSS. Son estos ciudadanos rusos, ucranianos, bielorrusos, moldavos, kazajos, georgianos, armenios, tártaros, bálticos, kirguizos, tayikos y uzbecos, entre otros. De allí la presencia en las celebraciones del 9 de mayo en Moscú de varios de los mandatarios de esos países independientes tras la disolución de la URSS en 1991, lo cual supone un reconocimiento oficial por parte de esas nacionalidades al esfuerzo bélico de sus ancestros en la victoria sobre el fascismo.

El contexto de la guerra en Ucrania le ha otorgado al 9 de mayo en Rusia una dinámica especial, tendiente a fortalecer el audaz viraje patriótico y nacionalista impulsado por Putin. Compatibilizar la guerra ucraniana desde 2022 con la «Gran Guerra Patriótica» de 1941-45, argumentando que Rusia lucha actualmente contra el «régimen nazi de Kiev» que, apoyado por Occidente, ha provocado decenas de miles de muertos en el conflicto en el Donbás desde 2014 contra compatriotas rusoparlantes que hoy han regresado al seno de la «Madre Rusia», le ha permitido al Kremlin recrear un relato histórico asertivo y eficaz con la finalidad de legitimar sus objetivos ante la opinión pública y la sociedad rusa.

Así mismo, y en términos de soft power, la excelente tradición filmográfica rusa (por cierto escasamente apreciada en Occidente), ha constituido igualmente un factor determinante a la hora de fortalecer esta perspectiva «patriótica y nacionalista», dentro y fuera de Rusia, en lo concerniente a la victoria sobre el fascismo. En Rusia, obviamente, tienen muy claro quién fue el ganador en la II Guerra Mundial.

Paralelamente, el Kremlin ha logrado reforzar la perspectiva del «Russky Mir», el «mundo ruso» como un espacio civilizatorio que lucha contra la «contaminación de los perniciosos valores» de un Occidente cada vez más agresivo, donde se ha instalado un sentimiento de «rusofobia» y ante un clima político europeo donde vuelve a asomar el rostro del fascismo a través del avance electoral de algunos de esos partidos políticos. De este modo, y ante la indiferencia occidental, Rusia reclama su papel protagonista ante la historia como el principal actor en la victoria contra el fascismo.

Este argumento, muy cuestionado e incluso rechazado por Occidente principalmente entre sus altas esferas de poder, le ha permitido al Kremlin cohesionar a la sociedad rusa en este esfuerzo bélico interpretando que la guerra que actualmente se lleva a cabo en Ucrania es prácticamente de facto contra la OTAN y una UE que ahora da un vuelco de 360 grados en su naturaleza pacifista encaminándose hacia un incierto rearme y militarización precisamente contra lo que considera como la presunta «amenaza rusa».

Sea por convicción o por mero instrumento propagandístico, la indolencia occidental a la hora de reconocer el enorme esfuerzo soviético en la victoria contra el fascismo le ha servido al Kremlin de argumento válido para atacar a sus rivales occidentales acusándoles de «hacerle el juego» a los fascistas, atizando así fantasmas del pasado.

No obstante, si debemos atender al espectro político de la ultraderecha europea, éste dista de ser homogéneo en sus posiciones con respecto a las relaciones con Rusia. Algunos partidos como Alternativa por Alemania (AfD) y el francés Reagrupamiento Nacional (RN), curiosamente muestran una posición más prorrusa y negativa a apoyar militarmente a Ucrania.

En el caso de AfD incluso rompen «líneas rojas» del «atlantismo» y el «europeísmo»: abogan por que Europa debe alejarse del eje «atlantista» con EEUU (incluso saliendo de la OTAN) mientras defiende la concreción de estrategias comunes hacia el eje «euroasiático» conformado por China y Rusia.

En todo caso, este 9 de mayo en Moscú servirá como un escaparate en clave geopolítica por parte de Putin para mostrar la arquitectura de alianzas que Rusia, a pesar de la guerra y el aislamiento occidental, ha logrado confeccionar en este momento, capacitada para desafiar la unipolaridad hegemónica «atlantista» y demostrando su resiliencia ante las sanciones occidentales. Con el trasfondo de esta celebración histórica de victoria sobre el fascismo, el Kremlin ha demostrado la conjunción de intereses y la sintonía geopolítica de un eje euroasiático cada vez más fortalecido.

La óptica occidental: minimizar el esfuerzo soviético para atacar a la Rusia de Putin

Si bien no es una posición unánime a nivel oficial, sí se percibe en la opinión pública occidental una tendencia a minimizar e incluso degradar ese esfuerzo soviético en la lucha contra el fascismo, un aspecto que obviamente irrita a Rusia.

En los últimos años, y de forma más acentuada tras el comienzo de la guerra en Ucrania, cada 9 de mayo, varios medios europeos insisten en publicar reportajes históricos que enfatizan en los supuestos desmanes, violaciones y crímenes cometidos por el Ejército Rojo en su camino hacia Berlín en vez de respaldar la tesis histórica de la liberación de Europa del Este del yugo nazi-fascista. El frecuente argumento en los medios es procrear la idea de que, en vez de una liberación, lo que ocurrió fue la sustitución del totalitarismo nazi por el estalinista.

En Europa, y en especial tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, suele estigmatizarse al 9 de mayo en Moscú como una especie de desafío de Putin contra Occidente a través del fastuoso desfile militar en la Plaza Roja y de plasmación de una ideología nacionalista y patriótica que, desde algunas fuentes occidentales, llegan incluso a comparar con expresiones fascistas con la obvia intención de desprestigiar y fomentar la «rusofobia», estigmatizando a Putin como una especie de “nuevo Hitler”.

Por tanto, este 80º aniversario de la victoria contra el nazi-fascismo, que debería servir como un colofón diplomático importante para iniciar, al menos tácticamente, un acercamiento entre la UE y Rusia que fortaleciera esas posibilidades de negociación en Ucrania con el «plan Trump», más bien está exacerbando las tensiones y el distanciamiento de Bruselas con Moscú.

El nuevo gobierno de coalición en Berlín llegó incluso a amenazar al embajador ruso con detenerlo si asistía a las celebraciones del 9 de mayo en la capital alemana. Toda vez clama contra el avance de partidos y movimientos fascistas que, irónicamente, son socios de gobierno en algunos países europeos, la UE liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el mandatario francés Emmanuel Macron, se ha enmarcado en una aguda campaña propagandística que ensalza el frenesí por el rearme como herramienta de «autonomía defensiva estratégica» ante la que considera sin ambigüedades como una supuesta «amenaza rusa», lanzando constantemente en los medios mensajes de tinte apocalíptico ante una presunta guerra inminente.

El control del relato ante la opinión pública resulta esencial para las elites «europeístas»: es cada vez más frecuente observar en medios de comunicación, principalmente redes sociales, la proliferación de cursos avanzados de formación en geopolítica y defensa toda vez se inicia una campaña orientada a legitimar el alistamiento militar entre los jóvenes, una herramienta útil de captación de recursos ante la precariedad laboral en diversos sectores, visiblemente definida por el cambio tecnológico que estamos asistiendo. Con este discurso, la UE dista mucho de conservar el legado de Schuman apostando cada vez más por el «poder duro» como estrategia de disuasión.

El célebre semiólogo italiano Umberto Eco acuñó el término del «fascismo eterno», que hoy vuelve a la actualidad ante este revival de los «neo» y «post-fascismos» que pululan dentro de una heterogénea ultraderecha en Europa que mira con ambigüedad a Trump y Putin pero con homogénea firmeza contra las «elites europeístas». Pero este 9 de mayo, en Moscú, Bruselas y Kiev, lo que debería ser una celebración conjunta sobre el sentido histórico que supuso la victoria sobre el nazi-fascismo parece más bien sumergirse en la acritud y las turbulentas aguas de las tensiones geopolíticas.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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HACIA EL ORDEN POST-LIBERAL

Roberto Mansilla Blanco*

Cada vez se hace más perceptible que un nuevo orden mundial está cobrando forma. No sabemos con exactitud cuál será su carácter sistémico pero muy probablemente se podrá interpretar que sus equilibrios de poder y sus conflictos condicionarán la realidad internacional a corto y mediano plazo.

Lo que sí se observa con mayor nitidez es que, sin menoscabar la incertidumbre en torno a qué nuevo sistema está alumbrando, la estructura de balanzas y equilibrios de poder vía consensos heredera del legado liberal plasmada después de 1945 está llegando a su fin.

Este sistema procreó organizaciones globales, normativas y reglas que, a pesar de las tensiones de la «guerra fría» y las incógnitas de la «posguerra fría», logró mantener un equilibrio de poderes vía consensos institucionales. Desplazada por la realpolitik y la visión personalista que imprimen los principales líderes mundiales, la naturaleza de la actual realidad del poder a menudo gira hacia la verticalidad, la deriva autoritaria, el desprecio por los consensos institucionales, su cooptación y neutralización, la noción de «libertad sin democracia» y el predominio de los intereses de elites «oligocráticas» cada vez más globalizadas.

La pretensión de la administración de Donald Trump por desmantelar el sistema económico internacional imperante desde hace ocho décadas implica repensar en qué quedó ese legado del liberalismo clásico que, compatibilizado con la socialdemocracia, ha estado vigente desde entonces. Sin ánimo de realizar analogías históricas que suelen interpretarse como recurso de atracción mediática, el momento que vive actualmente la democracia «social-liberal» es ligeramente similar al que experimentó el comunismo y buena parte de la izquierda mundial en su particular “travesía por el desierto” tras la desaparición de la URSS y del bloque socialista en Europa del Este entre 1989 y 1991.

En ese momento se exhortaba la tesis del «fin de la historia» proclamada por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama y que exclamaba el triunfo definitivo del liberalismo sobre los totalitarismos. Hoy la realidad es, a grandes rasgos, distinta. Los liberales de hoy se ven aturdidos ante el afán proteccionista y «patriotero» de un empresario ícono del capitalismo global como Trump, quien en dos ocasiones ha logrado convertirse en presidente de EEUU, precisamente el centro de ese «imperio liberal».

El vuelco es significativo. El personalismo y la tendencia «trumpista» parece dar curso a una democracia de carácter delegativo que gana terreno por encima del sistema de reglas y de instituciones internacionales hasta ahora vigente. No es un modelo nuevo: ya lo instauró Hugo Chávez en Venezuela en 1999, aunque obviamente con otras perspectivas ideológicas muy diferentes a las que pregona Trump. No obstante, lo que estamos observando en este sistema internacional de 2025 aprecia otras expectativas: opciones de carácter más efectistas y cortoplacistas, que no requieran de las complicadas negociaciones propias del sistema de contrapesos de poder.

Esto no significa necesariamente que los liberales observen hoy una especie de «caída de Roma», el final de su predominio ideológico y de su imaginario colectivo. El fenómeno sigue encarnado (Javier Milei en Argentina) pero reconstruido en torno a una plataforma neoconservadora, reaccionaria y fuertemente nacionalista y proteccionista que gana terreno en EEUU, Europa y América Latina. Sea vía preservación de la seguridad (Nayib Bukele en El Salvador) o para contrarrestar la «agenda progresista e izquierdista», se está conformando lo que podríamos denominar mediáticamente como una «Internacional trumpiana», una plataforma que cobra cuerpo bajo un «cadáver» liberal cuyo «ethos» es invocado a conveniencia, aunque muchas veces con escasa convicción, sea para preservar una realpolitik que beneficia a unas determinadas elites.

Conviene igualmente reflexionar sobre la naturaleza de ese liberalismo que pregonan algunos de sus propulsores: ¿es realmente tan liberal un Milei que ha llegado a impulsar el gasto en seguridad del Estado, probablemente persuadido por mantener el apoyo de un estamento militar fuertemente asentado en diversos círculos de poder? Las opciones electorales derechistas de Kast y Káiser en Chile y la reciente victoria electoral de Noboa en Ecuador ¿implica catalogarlos de liberales clásicos o serán más bien la continuidad de este fenómeno trumpista?

La crisis del liberalismo en los tiempos «post-normales»

En el mundo de la prospectiva estratégica es común utilizar la teoría de los «tiempos post-normales» como mecanismo para explicar la realidad que actualmente domina la geopolítica. Acuñado por el investigador Ziauddin Sardar, director del Centro para Política Post-Normal y Estudios del Futuro, esta teoría ofrece un marco de reflexión a través de una serie de características que definen los nuevos tiempos que corren: imprevisibilidad, necesidad de entender mejor la complejidad y la teoría del caos, escenarios no lineales alejados del equilibrio, dificultad para la anticipación y prevalencia de contradicciones.

Se exponen así cuatro claves para entender en qué se basan los «tiempos post-normales»:

    1. Hechos inciertos;
    2. Valores en disputa y en crisis. Lo nuevo no acaba de surgir («ya no más»; «lo viejo se agota pero no termina de irse»; «no sabemos qué viene»; «lo nuevo no termina por venir»);
    3. Apuestas altas;
    4. Decisiones urgentes. El tiempo apremia, lo que establece un clima de presión sobre los analistas. Cambios muy rápidos y de alcance global; efectos multimodales y no lineales; réplicas simultáneas.

Mirando con lupa estas claves, la realidad actual aborda varias interrogantes sobre la crisis del «socio-liberalismo»: ¿estamos asistiendo al final del liberalismo clásico como ideología y modelo imperante?; ¿tiene cabida la socialdemocracia?; ¿por qué avanza en el mundo este modelo populista trumpiano?; ¿tiene pretensiones sistémicas o más bien corresponde a una simple política reaccionaria ante los inevitables (e imprevisibles) cambios que la hegemonía occidental está observando ante el ascenso de competidores como China?; la democracia liberal, los contrapesos de poder, ¿están cediendo definitivamente ante una nueva ola autoritaria y «oligocrática» que busca imponer su agenda? En tiempos «post-normales», ¿estamos observando la asunción de una era «post-liberal»?

Más allá del creciente éxito de liderazgos de talante autoritario que crecen precisamente en el seno de sistemas democráticos liberales cobra especial significado el papel de la nueva «oligocracia» tecnócrata global, cuyos máximos exponentes en la actualidad son Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Todos ellos también se han visto beneficiados por la expansión del capitalismo liberal a nivel global a tal punto de conforman un oligopolio donde el conocimiento científico vía nuevas tecnologías (informática, redes sociales, Inteligencia Artificial, robótica) adquiere un valor primordial. Más allá de los cortocircuitos que puedan existir entre ellos mismos así como con la administración Trump, queda claro que su protagonismo anuncia una nueva era de poder «oligocrática» que desafía claramente los cimientos de la democracia «social-liberal».

La reveladora investigación del sociólogo Peter Phillips (2019) sobre las elites que dominan el mundo adopta un concepto clave: la «Clase Capitalista Transnacional» (CCT) que, como si se tratase de un émulo de la «clase trabajadora», actúa «con conciencia de clase» en la que están integrados «ejecutivos corporativos, burócratas, líderes políticos, profesionales y élites consumistas globalizadoras» bajo la creencia compartida de que «el crecimiento continuado a través del consumismo impulsado por los beneficios acabará solucionando por sí mismo la pobreza mundial, las desigualdades y el derrumbe medioambiental».

De acuerdo con Phillips y otros investigadores como David Rothkopff, esta CCT «representa los intereses del 1% del top de la elite más rica a nivel mundial». Sus características son igualmente notorias: «un 94% son hombres, de raza blanca, predominantemente estadounidenses y europeos» cuya capacidad de influencia les permite manejar las agendas de organismos de poder como el G7, el G20, la OTAN, la OMC, el FMI y el Club Bildenberg, entre otros.

Vista esta concentración de poder claramente occidental y «atlantista», y ante la nueva realidad de cambio de poder que se anuncia, ¿aceptarían estas elites el ascenso inevitable de nuevos ricos y hombres de poder no occidentales, principalmente asiáticos como China, India e incluso Rusia?; ¿cómo lograrán equilibrar los contrapesos de poder en este reparto geopolítico y geoeconómico cada vez más «post-liberal»?; sus ideas ¿pueden convertirse en referencias en otras latitudes? Aquí partimos de un dato a tomar en cuenta. El modelo del ministerio de la Eficiencia Gubernamental de Musk ya gana adeptos en el exterior: en Portugal, que irá próximamente a elecciones generales, este modelo es defendido por la candidatura de Chega!, tildado de ser el «VOX luso» y, por tanto, un entusiasta simpatizante de esa «internacional trumpista». 

China, la «nueva URSS» del «trumpismo»

Todas estas interrogantes abordan un debate estructural sobre el futuro de una democracia liberal aprisionada por los embates de la geopolítica y de la realpolitik. Huyendo de los simplismos y de la necesidad existente en diversos círculos de poder por aprovisionarse de un «enemigo conveniente», resulta perceptible que, para las elites occidentales que están concentrando el poder, ese papel de «enemigo conveniente» lo ocupa China.

Así, China se erige como el rival emergente que contrarresta esa hegemonía de la «oligocracia» occidental que, sin necesariamente diluirse en las expectativas de un declive histórico, sí que observa una fuerte contestación de otro polo de poder, en este caso asiático, con importantes alianzas estratégicas a nivel mundial.

La obsesión china persigue a Trump y a la elite «oligocrática». En las primarias republicanas de 2016, Trump ganó en 89 de 100 condados precisamente afectados por la competitividad económica china. Este cambio de ciclo hegemónico y de la hasta ahora supremacía tecnológica occidental se ha visto superada por la desindustrialización en EEUU y en Europa como consecuencia de la vertiginosa industrialización de China y de su capacidad competitiva en materia tecnológica y laboral.

Como indica un estudio de los economistas David Autor y Gordon Hanson, la competitividad de las exportaciones chinas fueron responsables entre 1999 y 2014 de la pérdida de 2,4 millones de puestos de trabajo industriales en EEUU. Por tanto, la actual «guerra comercial de aranceles» lanzada por Trump supone un imperativo de carácter disuasivo con la finalidad de asestar un agresivo viraje geoeconómico estratégico, aunque sus consecuencias son bastante imprevisibles y puede que terminen siendo contraproducentes para los intereses de Trump y sus elites.

En este envite, tal y como hemos visto recientemente, China ya ha dado muestras de tener capacidad suficiente de respuesta para contrarrestar los aranceles de Trump precisamente aplicando mayores medidas proteccionistas mientras avanza en negociaciones con otros actores (Europa, África, América Latina) con la finalidad de mantener la cooperación económica y la interconexión del comercio global. China esperaba crecer un 5% este 2025 pero con la guerra arancelaria de Trump, estas expectativas se reducen a un 3,5%, un índice aún óptimo pero que no esconde las dificultades que estas medidas proteccionistas desde Washington afectan no sólo a la economía china sino también a la economía global.

Afianzado en su naturaleza de economía netamente exportadora, con importantes recursos laborales, alianzas geoeconómicas (BRICS, OCS, África, América Latina, sureste asiático, Europa) y la certificación de su capacidad tecnológica para afrontar los nuevos retos (Inteligencia artificial DeepSeek), Beijing, donde no olvidemos el poder está en manos del Partido Comunista en calidad de Partido-Estado, parece apostar más por la globalización que precisamente Washington. El efecto contraproducente de las tarifas arancelarias de Trump muy probablemente acelerará la cooperación económica entre China y el sureste asiático, reforzando así las expectativas de Beijing de conservar sus esferas de influencia regionales.

El impacto tecnológico de China ya comienza a generar irritación en las elites occidentales. En las últimas semanas, las empresas chinas han lanzado más de una decena de nuevos modelos o actualizaciones de Inteligencia Artificial. Baidu presentó Ernie X1, un sistema de conversación ideado para competir con ChatGPT. Este nuevo modelo desarrolla las respuestas más personalizadas e incorpora tratamiento de imágenes, una innovación clave para incorporarla a su buscador, el más importante de China y competidor global de Google.

El gigante tecnológico Tencent también ha anunciado que está desarrollando varios modelos de Inteligencia Artificial para incorporar a diferentes negocios como videojuegos. Alibaba tiene su modelo Tongyi Qianwen, una IA generativa que también procesa imágenes o vídeos. La empresa ha incorporado este sistema para mejorar el proceso de compra en sus plataformas, ofreciendo recomendaciones personalizadas para cada usuario. Por ejemplo, el sistema permite mantener una conversación con la IA para afinar la búsqueda que permiten al comprador conocer productos nuevos. 

«Tambores de guerra» y el declive liberal

Las «expectativas de conflicto» y la recuperación de la noción del «enemigo conveniente» propia de los tiempos de la «guerra fría» contra la URSS y el bloque socialista son otros factores que anuncian el advenimiento de estos tiempos «post-liberales», donde los derechos sociales que tanto esfuerzo han costado en las últimas décadas corren un riesgo importante de verse degradados y suplantados en aras de la «seguridad nacional» o «colectiva».

Si observamos los titulares, declaraciones e imágenes diarias en diversos medios de comunicación en Europa parecieran persuadir de que es inevitable una especie de apocalipsis bélico, en este caso colocando de nuevo a Rusia como enemigo. A tal magnitud ha llegado este nivel de inquietud que Bruselas ha anunciado un «kit de supervivencia» de 72 horas que le permita a la ciudadanía sobrevivir ante un «desastre natural, una guerra nuclear o una pandemia».

En el Kremlin observan expectantes las secuelas del «terremoto» geoestratégico impulsado por Trump tanto a la hora de degradar su apoyo a Ucrania como en la guerra comercial de aranceles contra casi todo el mundo. EEUU y la UE están en el peor momento de su relación transatlántica toda vez Europa va preparando el camino para una «expectativa de guerra» contra Rusia, cuyo desenlace es tan imprevisible como las medidas (y contramedidas) que viene aplicando Trump con sus sanciones.

Mientras intenta recuperar el consenso comunitario ante la agresiva política arancelaria de Trump, la reacción europea ante este divorcio trumpiano parece más bien apostar por el rearme ante la presunta «amenaza rusa» como motor de desarrollo para el complejo militar-industrial que encarne una «nueva Unión Europea» absolutamente diferente a la instaurada a partir de 1951 con la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), germen institucional que ha propiciado la creación de la actual UE. En Europa ya se habla abiertamente de retomar el servicio militar obligatorio.

Observando a Rusia como su «eterno rival-enemigo conveniente», en la UE comienzan a tantear a China como un socio económico alternativo ante la guerra comercial arancelaria de Trump. Si bien este viraje europeo hacia China es igualmente impredecible, su expresión trastoca la naturaleza de la tradicional relación transatlántica con EEUU vigente desde 1941 en plena II Guerra Mundial.

Más allá de las circunstancias propiciadas por la arbitraria guerra arancelaria de Trump, Europa se ve atrapada en el pulso hegemónico de poder entre EEUU, China y Rusia, buscando recuperar margen de maniobra ante los vertiginosos cambios que se anuncian en el equilibrio geopolítico global. No obstante, acercarse a China a consecuencia de la guerra arancelaria de Trump mientras acelera el rearma contra Rusia, socio estratégico de Beijing, puede anunciar contextos aún más complejos y dilemáticos para Europa. Y aquí, el lobby “atlantista” siempre activo en la UE y la OTAN intenta cobrar protagonismo con la intención de abortar cualquier acercamiento europeo hacia un eje euroasiático sino-ruso que derrumbe los imperativos «atlantistas» vigentes desde la II Guerra Mundial.

El clima de «neo-guerra fría» entre la UE y Rusia es cada vez más latente: la vicepresidenta y Alta Representante europea para Asuntos Exteriores, la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, advirtió a varios países de no asistir a la invitación de Putin a participar en Moscú el próximo 9 de mayo en la celebración del 80º aniversario del Día de la Victoria contra el fascismo en lo que en Rusia se conmemora como la Gran Guerra Patriótica.

Pero las fisuras en el seno de la UE también son notorias en este aspecto. El presidente eslovaco Robert Fico ya anunció que asistirá a esta invitación. Un candidato a la admisión en la UE como Serbia, el presidente Aleksandr Vučic, también confirmó su asistencia. Al desfile en Moscú también asistirán los mandatarios de China, Cuba, Brasil y Venezuela.

Por mucho que Trump intente alterarlos, los nudos transatlánticos son difíciles de desenredar. EEUU es un mercado clave para la UE, con una relación comercial que alcanza intercambios diarios de bienes y servicios por más de 4.200 millones de euros. Europa también se enfrenta a una situación delicada en términos políticos y estratégicos: tras romper su dependencia del gas ruso por la invasión de Ucrania, la UE depende ahora en gran medida del gas natural licuado estadounidense, lo que limita su capacidad para aplicar represalias en ese sector.

Los aranceles de Trump para Europa tienen más variables, como la posibilidad de que los mismos redirijan las exportaciones de China hacia el mercado europeo, inundándolo con productos baratos y generando nuevas presiones económicas. Esto podría obligar a Bruselas a tomar medidas proteccionistas adicionales, elevando aún más las tensiones comerciales internacionales. En perspectiva, proteccionismo sobre el libre comercio.

Como elemento irónico, las sanciones occidentales impuestas a Rusia desde 2022 con la invasión de Ucrania le permiten a Moscú, por el momento, ser uno de los pocos países inmune a la ofensiva arancelaria de Trump. Mientras la inquietud y la incertidumbre domina la relación transatlántica, el equipo negociador de EEUU y Rusia sigue reuniéndose en Arabia Saudita y Turquía con la finalidad de normalizar la relación diplomática y avanzar en la resolución ad hoc de conflictos como el de Ucrania.

Por cierto, en lo que en Moscú califican como la «nueva realidad» determinada por el regreso de Trump, poco se habla del eventual alto al fuego en Ucrania. Putin anunció que no negociará si no se toman en cuenta las demandas rusas, cuyos intereses en Ucrania permanecen intactos mientras la población asume como improbable el final del conflicto a corto plazo.

Por otro lado, desde 2023 crecen las denuncias sobre el autoritarismo del presidente ucraniano Volodymir Zelensky quien, con la excusa de la guerra, ya suspendió en mayo de 2024 las elecciones presidenciales en su país. En este contexto, poco atendido por los mass media internacionales entre los que destacan la matriz de opinión de la «oligocracia», y más allá de los compromisos militares y geopolíticos con Kiev, el irrestricto apoyo europeo y de la OTAN a Zelensky también pone en entredicho la calidad democrática de los líderes de la UE.

Pero no es sólo Ucrania, si cabe, el único centro de atención geopolítico y militar. El conflicto en Yemen llama también la atención por su ubicación geoestratégica en el Mar Rojo, lo cual confirma la deriva belicista que se está observando en Occidente. Por allí transita el 12% del comercio marítimo mundial y el 30% del petróleo crudo.

Yemen vuelve a escenificar un conflicto regional con repercusiones globales. Los hutíes, un grupo insurgente, son respaldados por Irán y luchan contra un gobierno central apoyado por Arabia Saudita. En solidaridad con los palestinos de Gaza, los hutíes han lanzado ataques de misiles contra Israel. En represalia, Trump ha prometido «exterminar a los hutíes» como un émulo de la limpieza étnica que Netanyahu, su aliado irrestricto, realiza contra los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Así mismo, Trump ha amenazado a Irán con represalias militares si la milicia hutí Ansar Allah no deja de atacar territorio israelí y a los buques que surcan el Mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, próximo a los estratégicos Cuerno de África y el Golfo de Adén. Como respuesta inmediata, el jefe de los pasdarán, Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hosein Salami, ha advertido que si EEUU se atreve a dar ese paso la respuesta será «dura, decisiva y devastadora». Si bien Washington ha asestado golpes tácticos contra Ansar Allah, ha evitado realizarlos directamente contra Irán, a pesar de la insistencia de su aliado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En este contexto dominado por la realpolitik, el pragmatismo táctico parece imponer también su ritmo: bajo el argumento de la amenazada del programa nuclear iraní y la tensión regional, emisarios estadounidenses e iraníes negocian directamente en Omán muy probablemente sin dejar de mirar a Yemen como un foco de convulsión geoeconómica. Los negociadores iraníes también se han dirigido a Moscú para coordinar acciones conjuntas (Rusia e Irán firmaron en diciembre pasado un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años) antes de afrontar la nueva ronda de negociaciones con EEUU a celebrarse en Roma este 19 de abril. Dejando Oriente Medio, y para mantener en pie sus intereses en esferas de influencia como Asia Central, Rusia acelera los preparativos para reconocer la legitimidad del régimen Talibán en Afganistán.

Más allá de estas tensiones geopolíticas y el nuevo reacomodo mundial, el desprecio por la legalidad internacional incentiva la impunidad, otra variable que degrada esa herencia «social-liberal» hoy cuestionada por líderes políticos cada vez más autoritarios.

Tras recibir en Budapest a Netanyahu, el presidente húngaro Viktor Orbán ha anunciado el retiro de Hungría de la Corte Penal Internacional (CPI). Netanyahu tiene una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Gaza. La Hungría de Orbán, como otros países europeos, ha sido prolífica en denuncias de violaciones de derechos humanos contra refugiados sirios y de otros países durante la crisis migratoria de 2015.

Fuera de estas fronteras, el gobierno nacionalista hindú de Narendra Modi en India también ha iniciado políticas coactivas hacia las minorías religiosas, especialmente musulmanas, otro aspecto que socava los principios liberales de respeto a la diversidad religiosa y comunitaria.

Trump, Orbán, Xi, Netanyahu, Putin, Musk, Modi. Nombres propios que parecen anunciar la pretensión por enterrar el orden «social-liberal» que hasta ahora ha definido la realidad internacional. El mundo entra en una nueva era donde los populismos «iliberales» buscan reorganizar el mundo y los equilibrios de poder en este nuevo siglo.

Volviendo a las analogías históricas tan controvertidas, el historiador inglés Timothy Snyder comparó los tiempos actuales «con la Europa de la década de 1930», una época condicionada por la depresión económica de 1929 y el auge de los totalitarismos que presagió la II Guerra Mundial. Mucho ha cambiado el mundo desde entonces pero el orden «post-liberal» aún en ciernes anuncia una colisión y repartición de poder entre la troika de grandes potencias (EEUU, China, Rusia) y elites «oligocráticas» por mantener y ampliar sus esferas de influencia geopolíticas y geoeconómicas, donde el pulso por el control de los avances tecnológicos (IA, robótica) adquirirán un peso cada vez más preponderante incluso por encima de las tensiones políticas.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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