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ANÁLISIS INTERNACIONAL

LA UNILATERALIDAD DESBOCADA

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Roberto Mansilla Blanco*

Mucho se ha hablado de que el pacto entre Trump y Putin por Ucrania sepultaba el orden mundial instaurado en la Conferencia de Yalta de 1945 entre los vencedores de la II Guerra Mundial. Germen de la bipolaridad entre EEUU y la URSS, esa conferencia sirvió también para configurar un sistema internacional basado en reglas, en el poder de los consensos y de la institucionalidad y de los organismos internacionales como actores de resolución de conflictos. La ONU fue el resultado de ese sistema diseñado como el reflejo de esas aspiraciones sostenidas en lo que en la teoría de las relaciones internacionales se denomina como el «idealismo».

No obstante, Trump y Putin no inauguran nada nuevo. En tiempos de eso que fue denominado como la globalización neoliberal y el sistema de «posguerra fría», fue la guerra de Kosovo (1999) con la unilateral intervención de la OTAN bombardeando Yugoslavia en tiempos de la presidencia de Bill Clinton en la Casa Blanca el punto de partida de esa unilateralidad que anunciaba el retorno de la realpolitik de los poderosos. Esos pretendidos consensos institucionales comenzaban a erosionarse.

La ilegal e ilegítima guerra de Irak (2003) lanzada por Bush II no hizo sino confirmar esta tendencia. Tanto en Kosovo como en Irak (no así en Afganistán en 2001) se desestimó el recurso de discusión de estos conflictos donde el sistema de reglas así lo establecía: en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La intervención de la OTAN en Libia en 2011, si bien inicialmente aprobada por la ONU, aumentó esta tendencia a la unilateralidad de Washington entonces gobernada por Barack Obama. Contó con el apoyo del Consejo de Seguridad para crear una zona de exclusión aérea frente a las costas libias; no obstante la Alianza Atlántica decidió también penetrar en territorio libio. Así, los intereses estadounidenses no tiene color político: dos presidentes demócratas (Clinton y Obama) y otro republicano (Bush) confirmaron esa perspectiva unilateral.

No obstante, la invasión rusa de Ucrania en 2022 abre otro compás: ya no es únicamente EEUU quien aplica esta dinámica unilateral. La mayor potencia nuclear del planeta, Rusia, tiene capacidad para hacerlo, desafiando así esos imperativos hegemónicos de Washington. Por tanto, Trump interpreta que la mejor opción para poner fin al conflicto ucraniano es negociar con el agresor, Putin, cuya capacidad efectiva para alcanzar ese «consenso» es mucho mayor que el de la ONU, una UE fragmentada e inerte y obviamente una Ucrania desangrada y sin capacidad militar para revertir la situación.

Ahora bien, ¿cómo interpretar el surrealista show mediático que generó la bronca entre Trump y Zelenski este 28 de febrero en el Despacho Oval de la Casa Blanca? En un breve instante, Trump mostró su capacidad para desarticular esa orden global de Yalta aún vigente en algunos aspectos. Trump y Putin razonan en términos de negociación entre contrapartes de poder. Ni Zelenski, ni la UE ni mucho menos una ONU ausente e irrelevante aparecen como actores que puedan reconducir la situación.

Por otra parte, es pertinente destacar el excesivo protagonismo del vicepresidente J. D. Vance en la disputa verbal entre Trump y Zelenski. Vance, quien lideró la delegación estadounidense que se reunió en Riad con su homóloga rusa para abordar el fin de la guerra en Ucrania, refuerza su peso político en esta era Trump II, aumentando las expectativas que lo señalan como el futuro baluarte del «trumpismo».

Humillado en vivo y directo en la Casa Blanca, Zelenski llegó a Londres para una cumbre europea donde recibió un apoyo unánime. Esto coloca a Gran Bretaña, tras EEUU el principal poder político y militar dentro de la OTAN, como el posible benefactor de Zelenski ante el desprecio de Trump. Vía apoyo político, asistencia militar e incluso labor de los servicios de inteligencia, Londres ha venido tejiendo una importante presencia en Ucrania en estos tres años de guerra contra Rusia; un aspecto pocas veces abordado en los medios.

Por otra parte, en Kiev se abre la veda electoral. Señalado por Trump como «dictador» por no convocar elecciones presidenciales en 2024 (haciéndose eco de la narrativa putiniana), Zelenski lo tiene aún más complicado en casa. Incapacitado para recuperar el territorio conquistado por Rusia, con escasez de efectivos de combate, el atribulado presidente ucraniano ve cómo sube en la intención de voto el ex general Valéry Zaluzhny, curiosamente embajador ucraniano en Londres. Por cierto, Zaluzhny, muy popular por su capacidad para resistir la invasión rusa, viene de declarar que «la paz no es necesaria». Pero el Kremlin también juega sus cartas (esas mismas que Trump le espetó la Zelenski que no las tiene consigo) en este contexto electoral. Rusia comienza a tentar al ex presidente Petro Poroshenko como «su candidato».

Mientras, la UE se sumerge en las reyertas internas sobre qué hacer con Zelenski y Ucrania. No hay consensos mientras la onda de la ultraderecha también está dividida entre sus apoyos a Kiev y Moscú.

Pero volvamos al inicio. Este panorama de unilateralidad con tintes de agresividad disuasiva abre varias interrogantes: ¿qué sistema internacional se está configurando a partir de ahora, en esta etapa que se podría mencionar como «post-Ucrania»? ¿Un sistema unilateral en manos de superpotencias? ¿Una balanza de poder similar a la europea entre 1880 y 1914, previo a la I Guerra Mundial? ¿Una tríada de poder entre EEUU, China y Rusia? ¿Un atlantismo remodelado por Trump frente a un eurasianismo sino-ruso? El pacto Trump-Putin, ¿alejará a Rusia de China? ¿Se normalizarán las relaciones ruso-occidentales?

Son varias interrogantes que, como otras tantas, ni la UE ni Zelenski parecen cuando menos tener capacidad de interpretar o entender. Y así se lo hizo saber Trump en el esperpéntico rifirrafe del Despacho Oval. Mientras tanto, en el Kremlin, Putin seguramente debe estar regocijándose de este surrealista espectáculo occidental, sabedor de que esas «cartas» que tanto le espetó en la cara Trump a Zelenski porque no las tiene, quien sí las tiene es un Putin con cara de póker vencedor.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

¿CUÁNDO SE DESARREGLÓ LA POLÍTICA INTERNACIONAL ACTUAL?

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Alberto Hutschenreuter*

Imagen: HUNGQUACH679PNG en Pixabay.

Casi promediando la tercera década del siglo XXI, el panorama de la política internacional dista de mostrar un equilibrio entre el modelo de poder y el modelo multilateral.

Desde hace ya tiempo predomina el primero, es decir, el de los «intereses nacionales ante todo», el de la acumulación de capacidades, el del fortalecimiento de la autoayuda, el de la incertidumbre de las intenciones entre Estados… Es decir, el modelo relacional o de poder.

El otro modelo, el de las instituciones intergubernamentales, el de regímenes internacionales, el de los grandes principios del derecho entre países, no sólo se halla bastante devaluado y lateralizado, sino que, en algunos casos relativos directamente con la seguridad de la misma vida en el planeta, nos referimos al segmento nuclear, la situación se encuentra en estado casi de pánico estratégico, pues solo queda en pie un tratado, el New Start, y una de las partes (Rusia) ha suspendido su participación. Por tanto, no se descarta que podría haberse «desajustado» el equilibrio del terror, es decir, se habría alterado la cultura estratégica bipolar que por décadas proporcionó relativa estabilidad al mundo.

Ahora bien, ¿por qué predomina un clima internacional tan cargado de discordia, suspicacia y armamentos?

Una primera respuesta sería que, con el fin de obtener ganancias o ventajas de poder, siempre los Estados compiten entre sí. Aun cuando pueda existir un aceptable estado de ánimo internacional, «los Estados se miran como gladiadores», para utilizar términos de Thomas Hobbes.

Pero la política internacional en clave de regularidad no es suficiente para explicar la descomposición actual de la misma. Es necesario plantearnos otras hipótesis.

Se considera que la anexión rusa de Crimea en 2014 fue el acontecimiento que empujó las relaciones internacionales a un descenso casi vertical. Desde entonces, algunos autorizados expertos advirtieron que la geopolítica estaba de regreso, lo cual era un desacierto porque la geopolítica nunca se había marchado, ni siquiera en tiempos de la esperanzadora globalización.

También se señala que la pandemia y luego la guerra ensombrecieron la política internacional. La primera porque no estimuló el surgimiento de un nuevo sistema de valores por encima de las rivalidades y los intereses nacionales; la segunda porque mostraba que tampoco la guerra se había marchado y que los Estados, como sostenía Raymond Aron hace más de medio siglo, «se reservan el derecho de hacer la guerra o no».

La crisis financiera de 2008 suele ser considerada como fuente de problemas, pero se fue saliendo de ella por medio de la cooperación internacional.

Finalmente, los casi diez años de hegemonía estadounidense tras el 11-S es otro planteamiento. En su lucha contra el terrorismo transnacional, Washington relativizó soberanías e intervino militarmente en zonas de refugio de ese actor no estatal. Pero en su lucha, Estados Unidos recibió la cooperación de Rusia y China, no por buena voluntad, claro, sino porque ambos también sufrían al mismo enemigo.

De modo que nos queda la década del noventa en nuestro intento por hallar el momento que marcó el inicio del desarreglo internacional que alcanza hoy un nivel inquietante.

Posiblemente, la concentración de poder por parte de Occidente entonces, que no sólo había logrado la victoria en la Guerra Fría, sino también la victoria en la guerra en el golfo y la primacía del modelo económico en el que se fundó la globalización, alejó toda posibilidad de una cogestión internacional basada en el consumo estratégico entre los poderes mayores.

Es cierto que la victoria proporciona «derechos» al ganador. Pero no olvidemos uno de los conceptos sobre los que pivotea la concepción de Carl von Clausewitz: la prudencia ante la tentación de sobrepasar los términos de la victoria.

En los noventa el poder estadounidense era «inigualado e inigualable». China se encontraba en etapa de ascenso (por ello John Mearsheimer dice hoy que entonces Estados Unidos pudo ralentizar su crecimiento siendo menos complaciente con ella) y Rusia se hallaba en un estado de desorden y debilidad sin precedentes, al punto que el presidente Clinton llegó a decir que las posibilidades que tenía ese país para influir en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la Ley de Gravedad.

Por tanto, en lugar de favorecer un sistema de relativo equilibrio en el que el poderoso país fuera el «corrector», como lo fue Inglaterra en otros órdenes pasados, o bien como sugirió el ministro de Exteriores de Alemania Hans Genscher alcanzar algún patrón de seguridad posalianzas, Occidente buscó los mayores «dividendos de la victoria», particularmente en cuanto a impedir que Rusia se restaurara en clave geopolítica habitual, es decir, en términos revisionista-expansionista, y volviera a ser un actor que, una vez más, desafiara la supremacía de Occidente.

La extensión de la OTAN a los países de Europa central inquietó a Moscú, pero el hecho que acabó por convencer a Rusia sobre las intenciones estratégicas ofensivas para con ella fue la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, al punto que, al enterarse de ello, el primer ministro Yevgeny Primakov (considerado entonces un posible sucesor del presidente Yeltsin), casi por aterrizar en Estados Unidos, dio la orden de regresar a Rusia.

A partir de entonces, salvo en el segmento de lucha contra el terrorismo, las relaciones entre Rusia y Occidente se volvieron cada vez más ásperas.

En 2008 ocurrieron dos hechos que afianzaron las suspicacias rusas: en la reunión de la OTAN en Rumania se aprobó una iniciativa relativa con el futuro ingreso de Georgia y Ucrania a la Alianza. Poco tiempo después, cuando ocurrieron movimientos en el Cáucaso y existía rumor de una nueva ampliación de la OTAN, Rusia invadió Georgia.

En los últimos años, la historiadora estadounidense de posguerra fría Mary Sarotte ha analizado la situación entre Estados Unidos y Rusia en los años noventa, concluyendo que Estados Unidos incrementó las cargas sobre la frágil Rusia de entonces cuando amplió la OTAN: «Lo que no fue prudente fue expandir la OTAN de una manera que tuviera poco en cuenta la realidad geopolítica».

¿Tenía Rusia posibilidades de presionar? Posiblemente, pues Moscú conservaba la carta nuclear, es decir, un arsenal colosal, y este tema preocupaba sobremanera a Occidente. Hasta entonces, se mantenía la «cultura estratégica» entre Estados Unidos y Rusia, lo que explica la cooperación en ese segmento.

Sin embargo, Occidente no quiso ningún tipo de negociación ni limitaciones. La victoria en la Guerra Fría había sido contundente; por tanto, no solo consideraba Occidente que podía, sino que debía fijar y ejecutar sus propósitos.

Por tanto, volviendo a la experta, se realizaron dos preguntas: «¿Debería la ampliación de la membresía plena evitar ir más allá de lo que Moscú consideraba una línea sensible, a saber, la antigua frontera de la Unión Soviética? ¿Y deberían los nuevos miembros tener restricciones vinculantes sobre lo que podría suceder en sus territorios, haciéndose eco de las adaptaciones escandinavas y la prohibición nuclear en Alemania Oriental? A las dos preguntas, la respuesta del equipo del presidente Clinton fue un no rotundo».

En breve, es posible que el inquietante desorden internacional actual tenga su origen en una situación de «inmoderación» geopolítica y estratégica ocurrida hace más de un cuarto de siglo.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023.

©2024-saeeg®

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ARGENTINA, Atlántico Sur, PESCA ILEGAL

LA CONFERENCIA DE LA ONU NO RESUELVE LA PESCA ILEGAL Y ABRE EL MAR AL REINO UNIDO

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César Augusto Lerena*

La Argentina firmó en la ONU un Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar y, como si no hubiera leído la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) ni el título de la Conferencia, la Canciller Diana Mondino posteo en “X”: “dimos un paso gigantesco en la protección de nuestras aguas con la pesca ilegal e indiscriminada…este gobierno es y será inflexible en la defensa de nuestro territorio”. Avanzaremos en el análisis de esta Conferencia; pero, no podemos dejar de referirnos a las expresiones de la Canciller respecto a “proteger nuestras aguas” y “ser inflexible en la defensa de nuestro territorio”. Sería bueno que nos diga esta funcionaria, cómo se compadecen sus dichos con la falta de sanción a los buques extranjeros que capturan 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos con licencias ilegales británicas en Malvinas; qué hace la Canciller en los fueros internacionales para terminar con la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y asociados por parte de buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses, por un volumen similar al total de los desembarques argentinos o cómo se va proteger los recursos en la ZEE Argentina y el mar territorial cuando su gobierno pretende licitar la explotación de esos recursos por parte de buques extranjeros que ni siquiera debían desembarcar en los puertos argentinos. Estas son nuestras aguas y no como califica a las aguas de alta mar que son internacionales por la CONVEMAR.

La Conferencia, realizada en Nueva York del 20 de febrero al 3 de marzo de 2023 en el marco de la CONVEMAR relativo a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica fuera de la jurisdicción nacional, contrario a lo que era de esperar, no promueve la regulación de los recursos pesqueros en alta mar y mucho menos respecto a los migratorios de la ZEE en alta mar o de ésta a la ZEE y, por lo tanto, esta Conferencia no aporta nada o muy poco contra la pesca ilegal.

La Conferencia regula sobre los “recursos genéticos marinos”; pero, como producto de profundas diferencias entre los Estados participantes no aplica (Art. 8º) a la utilización de peces y otros recursos biológicos como productos básicos y a las actividades pesqueras reguladas por el derecho internacional.

La pesca ilegal en alta mar en el Atlántico Suroccidental no se resuelve con este tipo de Conferencias declamatorias, al menos mientras el Reino Unido de Gran Bretaña (Reino Unido) ocupe 1.639.900 Km2 del mar argentino y Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideren que la pesca ilegal atenta a la seguridad y cuestionen, seguramente por ello, la presencia de China en la región.

Los funcionarios argentinos parecen no entender que la pesca en las condiciones que se está realizando en alta mar es ilegal y confunden el reconocimiento de esta ilegalidad con las dificultades para accionar y terminar con ella y ello los lleva a no hacer nada al respecto, en detrimento de los recursos de las Provincias y de la Argentina, ya que se pierde en alta mar un volumen superior a todos los desembarcos argentinos. Y es ilegal porque la Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva y las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica; en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el Art. 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el Art. 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los Art. 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 de Pesca. Además, la Argentina requiere a su flota nacional “permiso de pesca de gran altura” para pescar en alta mar (Art. 23º b) lo cual es incongruente e inequitativo aceptar como legal la pesca por parte de buques extranjeros en alta mar.

Además de ello, si bien hay más de cuarenta razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (Art. 87º; 92º; 94º y 117º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º de la CONVEMAR) y, tercero, cuando se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (Art. 27º inc. 1 a y b; 63º inc. 2; 64º inc. 1; 116º inc. a y b; 117º; 118º; 119º inc. 1 a y b, inc. 3  de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega cuando se pesca con redes de arrastre de fondo sin habilitación argentina sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas sin habilitación nacional y lo previsto en “el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación de los buques pesqueros que pescan en alta mar” (Ley 24.608 sancionada el 7/12/1995) que en el Art. III 1 (a) dice: «cada una de las Partes tomará las medidas necesarias para asegurar que los buques pesqueros autorizados a enarbolar un pabellón no se dediquen a actividad alguna que debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación» (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones, efectos y Ley de Pesca, 2023).

Volviendo puntualmente a la Conferencia, ésta ―como el llamado Acuerdo de Nueva York que no ha ratificado la Argentina― promueve la constitución de organizaciones regionales de integración económica, constituidas por Estados soberanos de una región determinada a la que “sus Estados miembros hayan cedido su competencia” y, no obstante el Artículo 4 bis y el 19 bis de la Conferencia, a nuestro entender, la Argentina no debe aceptar estas “organizaciones” mientras el Reino Unido ocupe los archipiélagos y territorios marinos argentinos en el Atlántico Suroccidental, porque implicaría una mayor penetración británica en la región y reconocer la condición de Estado ribereño a este país invasor; la violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y la Ley 24.922.

La Conferencia refiere (Art. 9º) a que «el acceso a los recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional se llevará a cabo teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños en las zonas bajo su jurisdicción nacional y teniendo también debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, de conformidad con la Convención», lo cual, abre su participación a todos los Estados (incluso el Reino Unido) y por analogía, tendría que tenerse muy presente respecto a la explotación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa e, indica (Art. 10º) que «las Partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de política, necesarias para velar porque la recolección in situ de recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional…» y ello, en la actualidad, en materia de explotación pesquera en alta mar es altamente ineficiente porque tres cuestiones básicas (previstas en la CONVEMAR) para considerar a la pesca ilegal se cumplen: no se establece la “captura máxima sostenible” en alta mar; no hay control presencial del Estado de pabellón y no hay acuerdo con el Estado ribereño y de ella derivan más de 40 causales para tipificar la pesca ilegal (INDNR); que no se resuelven mediante terceras organizaciones, sino a través de una mayor exigencia internacional para la pesca de los Estados de pabellón en alta mar y acuerdos bilaterales con los Estados ribereños en el Atlántico Suroccidental.

Al referirse (Art. 11º) a “la participación justa y equitativa de los beneficios” refiere al reparto pero también a “la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, cuestión que en materia pesquera está ausente en la Conferencia y establece tres opciones cuando la actividad proyectada en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional tenga impactos en zonas fuera de ésta; pero no refiere en ningún caso al impacto que en alta mar afecta la ZEE, como es el caso de la pesca donde las especies migratorias originarias de la ZEE y asociadas que intervienen en la cadena alimentaria y son capturadas sin control en alta mar, provocan un alto impacto ambiental en la ZEE, por lo que, como hemos dicho, no es de esperar que adherir a esta Conferencia resuelva la pesca ilegal, como manifiesta la Canciller, más bien compromete seriamente nuestra posición respecto a la ocupación ilegal británica en Malvinas.

Por otra parte, la Conferencia establece la obligación (aunque la exime en algunos casos) de evaluar el impacto ambiental (Art. 21º bis) antes de realizar las actividades y, aquí vemos, que se avanza más allá de las exigencias incumplidas para la pesca en alta mar; por ejemplo, respecto a la determinación de la “Captura Máxima Sostenible” de los recursos pesqueros, por lo que además de evaluarse el impacto ambiental se debería controlar la depredación, la pesca incidental y los descartes, cuestión que en la actualidad no ocurre y no es de esperar que los principales países que capturan subsidiados a distancia, responsables de la captura ilegal en alta mar, vayan a hacerse cargo de los costos (Art. 39º) de los controles independientes presenciales, cuestión que no se ha resuelto hasta a hoy, a pesar de la plena vigencia de la CONVEMAR y es poco probable que un autocontrol resuelva la pesca ilegal, como no lo ha resuelto hasta la fecha.

El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan 5 países: China, España, Taiwán, Japón y Corea, los que del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones, motivo por el cual puede apreciarse que el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental, salvo Japón en los últimos años y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración y cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco países que son responsables de las capturas en alta mar e, igualmente, responsables del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unos 26 millones de toneladas del total 84 millones/año (2019), es decir, el 31% de las capturas sobre «221 Estados y territorios que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p: 18, 2020).  

Unos 10 mil barcos chinos superan su jurisdicción y se dedican a la pesca a distancia subsidiada en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, Japón, Corea, Taiwán, el Reino Unido asociado a España en Malvinas. Este último, se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias y a acrecentar la pesca fuera de su jurisdicción, por exigencia europea. Lo que hace suponer que la situación podría empeorar.

«Mantener la integridad de los ecosistemas oceánicos preservando el valor inherente de la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados», no se compadece con la presencia del Reino Unido en los archipiélagos argentinos y sus espacios marinos correspondientes.

Como “mecanismos de gestión por áreas”, además de definir áreas (su Anexo I), incluye las áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar y, en este sentido es conocida nuestra posición respecto a que en la ZEE se instituyan vedas y no AMP y sería altamente grave para la Argentina instalar AMP en alta mar vinculada a la ocupación territorial marina del Reino Unido en Malvinas, como es el caso del proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación norteamericana WCS (Wildlife Conservation Society) que, como hemos reiteradamente explicado, no resuelve la pesca ilegal que realizan en esa área diversos buques extranjeros, sino que cierra el “Blue belt” (cinturón azul) al noreste de Malvinas facilitando la llegada de los recursos migratorios argentinos a las islas. Ya ha hecho lo mismo el Reino Unido al sur de Malvinas con la declaración unilateral de “santuario ecológico” de 1 millón de km2 alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; al este con “el Acuerdo del Gallinero” firmado por Cavallo, de protección de Malvinas en 1990 y al noroeste con el GAP de 1.400 Km2 para proteger la llegada de Malvinas del Calamar Illex.

La consulta que prevé la Conferencia al Estado ribereño debería descartar este proyecto de uso político o sin sustento científico en esta área, como es el caso del Agujero Azul; pero, es llamativa la media sanción de la Cámara de Diputados.

Aún con algunas cuestiones positivas, teniendo en cuenta que «las decisiones y recomendaciones de la Conferencia de las Partes se adoptarán por consenso y no se podrán formular reservas ni excepciones al presente Acuerdo, entendemos altamente inconveniente su aprobación por parte de la Argentina por las razones ya indicadas respecto a la presencia del Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. No parece que esta Conferencia pueda, ni siquiera atraer la atención del mundo respecto al tratamiento y prohibición absoluta de la Pesca Ilegal y muy especialmente de aquella que afecta los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar y las declaraciones de la Canciller parecen responder a la desatención que en el tema lleva Argentina.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

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