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TRUMP Y LA VERSIÓN 2025 DE LA CRISIS DE LOS MISILES

Daniel Alberto Symcha*

En toda acción militar la primera víctima es la verdad, sobre todo, cuando la misma es un entramado complejo y pone en juego la delgada línea de las Relaciones Internacionales entre potencias con capacidad nuclear.

 

A las dos de la mañana del día 3 de enero fuerzas especiales aerotransportadas de los Estados Unidos de Norteamérica con apoyo de aeronaves de guerra electrónica, realizaron una operación para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La operación tuvo éxito y el mencionado presidente y su esposa fueron trasladados al buque de asalto del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima. Posteriormente fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y de allí a la base aérea Stewart de la Guardia Nacional, al norte de Nueva York donde posteriormente el día lunes 5 de enero compareció ante un tribunal norteamericano.

Se lo acusa de dirigir una banda de narcotraficantes denominada «Cartel de los Soles», organización criminal que actuó en los años 90 bajo la coordinación de militares de alto rango venezolanos, antes de la revolución bolivariana, durante los gobiernos de Carlos Ándres Pérez, Octavio Lepage, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.

De más está decir que la acción encarada por EE.UU. no solamente viola el concepto de soberanía de los países que se sostiene en el mundo occidental a partir de la Paz de Westfalia, sino que viola absolutamente el derecho internacional en sintonía con lo sucedido en Yugoeslavia, Libia, Gaza, Siria y otros tantos escenarios donde los intereses del mundo anglo norteamericano se vieron afectados. A diferencia de acciones anteriores no se recurrió a la creación de entidades terroristas o a una coalición de países para dividir responsabilidades, sino que fue el propio gobierno norteamericano el actor único.

Como en todo conflicto armado la primera víctima es la verdad y la operación militar estadounidense tuvo una construcción de sentido inmediata desde las redes sociales a los efectos e que se grabara en el inconsciente colectivo un relato específico. Horas después del episodio la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumía la conducción política del país caribeño dictando las lógicas ordenes de suspensión de garantías a los efectos de evitar el caos en las calles y recibiendo un condicional apoyo de Donald Trump, quién restó relevancia en el momento político a la figura de Corina Machado, ferviente opositora a Maduro y flamante ganadora del Premio Nóbel de la Paz y respaldó a Rodríguez como interlocutora.

Desde el mes de Julio del año 2025, Trump había comenzado una ofensiva mediática contra Nicolás Maduro acusándolo de liderar el Cartel de los Soles en el marco del crimen organizado en torno al tráfico de drogas. A modo de presión política en agosto de 2025 movilizó una nutrida flota de combate al Mar Caribe al tiempo que diversificó los ataques incluyendo a Luís Petro, presidente de Colombia y a Claudia Schenbaum, presidenta de México.

Ni las drogas ni el petróleo: Rusia, Irán y China

La abogada colombiana Carolina Restrepo Cañavera, experta en derecho internacional, capital de riesgo y estrategia, egresada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y titular de la cátedra de Derecho Tributario en la Universidad CESA, universidad privada colombiana dedicada a la investigación en el área de la administración de empresas y negocios, realizando un análisis inteligencia de código abierto (OSINT) plantea que el motivo de la operación militar no está vinculado al narcotráfico ni el petróleo sino a la convergencia operativa potencialmente militar de los tres principales adversarios de EE.UU.: China, Irán y Rusia, en territorio venezolano.

La investigadora hizo un análisis de la información de acceso público de los principales medios de comunicación de habla inglesa y trabajó para elaborar su hipótesis sobre notas del Wall Street Journal, The Diplomat, Reuters, Financial Times, BBC, Al Jazeera y DIA Reports.

Estos medios durante el año 2025 reportaron la participación directa de China en la explotación de minerales estratégicos como el tantalio, cobalto y las denominadas tierras raras, en el Arco Minero del Orinoco al mismo tiempo que restringió las exportaciones de esos mismos minerales de origen chino a EE.UU. como represalia por la suba de aranceles. Además, los medios denunciaron la presencia de asesores militares rusos, sistemas antiaéreos y radares de guerra electrónica de origen ruso y entrenamiento en inteligencia lo que completaba un ecosistema hostil para la seguridad norteamericana.

Pero el punto culminante para comprender la amenaza identificada por el Pentágono, lo dio una información de la CNN donde se informaba que EE.UU. sancionaba a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), creada en 2020 por fabricar drones militares de reconocimiento, ataque y guerra electrónica de la serie Mohajer para la firma iraní Qods Aviation Industries, sancionada previamente por EE.UU. La versión Mohajer-10 tiene un alcance de 2.000 km, una autonomía de vuelo de 24 horas y una capacidad de carga de 300 kg.

La convergencia operativa de los tres principales adversarios de EE. UU. no era casual y el Pentágono la identificó como una amenaza concreta. La doctrina del Pentágono sobre amenazas integradas (Integrated Deterrence) que implica el uso de capacidades militares, económicas, diplomáticas e informativas sobre un objetivo usando todos los dominios combinados y simultáneamente, identificó como una amenaza crítica la concentración de capacidades adversarias en puntos de vulnerabilidad regional que podrían materializarse en ataques directos, se propuso el plan de acción y Donald Trump firmó la orden operativa.

Un poco de historia de las tensiones y conflictos

EE.UU. es el heredero de la tradición diplomática británica basada en el engaño, la extorsión, el secreto y la manipulación. Lo hemos evidenciado concretamente en la explosión del USS Maine del 15 de febrero de 1898 que derivó en la guerra con España donde EE.UU. se quedó con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam; en el Incidente del Golfo de Tonkín de agosto de 1964 que derivó en el ingreso de EE.UU. a la guerra en Vietnam o las armas de destrucción masiva de Irak en 2002, entre tantos otros sucesos fraudulentos. Pero, más allá de la herencia, hubo sucesos concretos de amenazas reales.

El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy informó a la población que a 90 millas de sus costas, soviéticos y cubanos estaban construyendo bases de misiles en la isla, lo que implicó un bloqueo naval estadounidense y una tensa negociación, en total hermetismo, que culminó con la retirada de los misiles soviéticos de Cuba a cambio de que EE. UU. desmantelara los misiles propios en Turquía que amenazaban a la URSS.

Vladimir Putin inició el 24 de febrero de 2022, la Operación Militar Especial sobre Ucrania argumentando la «amenaza» de la creciente influencia de la OTAN en Europa del este y las acciones militares y paramilitares contra los habitantes rusófonos en el Donbass. Es verdad, tal como en 2022 lo evidenció el semanario alemán Der Spiegel dando a conocer documentación oficial confidencial, que la OTAN en 1991 se había comprometido ante la Unión Soviética a no expandirse hacia el este pero ya disuelta la URSS y entre 1999 y 2024 diecisiete países se sumaron a la organización creando una amenaza real para la actual Rusia.

En el caso actual, la conjunción de competidores y su despliegue operativo en territorio cercano a los EE.UU. se convirtieron en una amenaza que cruzo el umbral de riesgo encendiendo las alarmas del Pentágono ya que la producción de armas ofensivas en territorio venezolano contaba con diseño iraní ya probado exitosamente en combate, minerales bajo control chino y tecnología e inteligencia rusa. El mapa de riesgos de los militares norteamericanos estaba completo, en rojo y justificaba proponer al decisor una acción determinante.

Como nos venden esta nueva vieja moto

Mientras tanto las acciones militares se dieron en un contexto de baja popularidad del presidente Trump, persecución violenta y deportación a inmigrantes, una grave epidemia de muertes por el fentanilo, el escándalo por la pedofilia en la isla de Epstein y el apoyo explícito del gobierno norteamericano al genocidio en Palestina cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, viajó a EE.UU. a fines de 2025, sobrevolando espacio aéreo griego, italiano, francés, español y marroquí a pesar de que el Tribunal Penal Internacional dictó en noviembre de 2024 una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad (Notificación Roja) por lo cual las Fuerzas Aéreas de los países mencionados deberían haber interceptado el vuelo y obligado a descender.

En este contexto el discurso del propio presidente Trump respecto de Venezuela se centró primero en que Maduro dirigía el Cartel de los Soles que contrabandeaba droga a EE.UU. y pudimos observar videos de supuestas ejecuciones sumarias contra personas y lanchas las cuales era imposible que realicen el trayecto Venezuela EE.UU.

Posteriormente la comunicación se centró en vuelos de diversión de aeronaves de la USS Navy para ver la capacidad de respuesta venezolana. Luego fuerzas especiales de asalto incautaron buques petroleros llevándolos a puertos norteamericanos e incautando el cargamento de petróleo y finalmente el presidente Trump, luego del secuestro de Maduro hizo hincapié en el tema petrolero, en la entrega por parte del nuevo gobierno venezolano de cincuenta millones de barriles de petróleo, el incremento del comercio con PDVSA y el bienestar que estas operaciones comerciales traerán a la región.

Y en Argentina mientras tanto…

El control de las operaciones petroleras en Venezuela por parte del gobierno norteamericano mediante la amenaza del uso de la fuerza y las capacidades de reserva modificaran sustancialmente el precio del petróleo y en caso de abaratarse, que es lo más probable desde el punto de vista político, haría que no tenga la misma rentabilidad las operaciones en el yacimiento de Vaca Muerta ya que el proceso de fracking es caro frente a la extracción de pozo común.

El gobierno de ocupación que dirige la República Argentina, mientras tanto en su servil alineamiento con EE.UU., se apresuró a incluir al «Cártel de los Soles» en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Exactamente al mismo tiempo el New York Times informaba que el Departamento de Justicia de EEUU modificó la acusación contra Nicolás Maduro y desestimó al «Cartel de los Soles» como estructura criminal. La imputación actual afirma que las ganancias del narcotráfico de la región «fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan dentro de un sistema de patronazgo dirigido por quienes están en la cima».

¿Quién dijo que todo está perdido?

«Todo pasa» tenía grabado en su anillo don Julio Grondona y más allá de la actual situación política, la sumisión a EE.UU. e Israel, el servilismo a Gran Bretaña y la guerra cognitiva y de sentido que buscará en breve sembrar en el país, por ejemplo, discordias religiosas para sostener un modelo individualista y predestinatario, la realidad social llevará a un cambio de rumbo y en ese momento será necesario comprender, desarrollar y operativizar una doctrina nacional que contemple la cultura, la diplomacia y las fuerzas armadas como un núcleo convergente de Defensa Nacional que debe instalarse en la sociedad desde la más temprana edad lo cual es el actual objetivo de la ofensiva de la industria cultural enemiga.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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VENEZUELA MÁS ALLÁ DE UNA PREMIO NOBEL

Roberto Mansilla Blanco*

El Premio Nobel 2025 que este 10 de diciembre se otorga a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de tensiones militares y geopolíticas entre EEUU y Venezuela, supone un momento propicio para ofrecer algunas pinceladas a modo de interpretación retrospectiva sobre lo que ha sido Venezuela en su breve historia republicana iniciada en 1830 hasta nuestros días.

  1. Caudillismo y militarismo antes que democracia

Entre 1830 y 1958 predominó en el poder en Venezuela el caudillismo a través de líderes militares que habían tenido un papel importante en la guerra de independencia. Al mismo tiempo se crearon oligarquías básicamente terratenientes con influencia en el poder político.  

Las tensiones políticas entre liberales y conservadores no estuvieron exentas (Guerra Federal entre 1861 y1865) combinado con períodos que cabe catalogar de «despotismo ilustrado» durante la etapa de gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-1880) Este predominio de caudillos militares, la mayor parte de ellos provenientes de las regiones andinas venezolanas, durante el período 1899-1958 fortaleció el peso del militarismo en la política venezolana, determinado por la creación en 1911 de la Fuerza Armada Venezolana como ente profesional.

Tras la prolongada dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) el país experimentó una incipiente apertura entre 1936 y 1948, que dio paso a la creación de diversos partidos políticos (Acción Democrática, COPEI, URD, Partido Comunista de Venezuela, entre otros) que definieron la vida política nacional hacia la segunda mitad del siglo XX. Gobiernos militares aperturistas (Isaías Medina Angarita) dieron paso a la primera experiencia democrática con el denominado trienio «adeco» (1945-1948) con Acción Democrática en el poder y la breve presidencia del célebre escritor Rómulo Gallegos, autor de la novela «Doña Bárbara», quien posteriormente fue depuesto por la Junta Militar (1948-1958), principalmente dirigida a partir de 1952 por Marcos Pérez Jiménez.

La caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 permitió el retorno de las experiencias aperturistas y democráticas en una transición dirigida por el Almirante Wolfgang Larrazábal hasta la asunción de la denominada democracia pactada por las elites políticas a través del Pacto de Punto Fijo entre 1958 y 1961. No obstante, durante la década de 1960, Venezuela también experimentó episodios de violencia golpista y de insurgencia guerrillera de carácter guevarista, inspirada en la Revolución Cubana.

El Pacto de Punto Fijo amparó un sistema de Democracia «consensuada» básicamente de carácter bipartidista entre AD y COPEI y cuya vigencia perduró hasta 1998. El denominado «puntofijismo» sirvió de referencia para los Pactos de La Moncloa en España que llevaron a la transición a partir 1977. Este bipartidismo «puntofjiista» determinó durante casi tres décadas (1961-1999) un sistema de notable estabilidad política amparada en riqueza petrolera

1.1. El «chavismo» como simbiosis de un modelo «populista-militarista»

La inercia del sistema bipartidista excesivamente atado a la evolución de los precios del petróleo y las crisis financieras («Viernes Negro» de 1983) implicó un quiebre de confianza entre el Estado y la Sociedad que se verificó con el levantamiento popular («Caracazo») a partir de 1989. El país entra en una espiral de inestabilidad política determinados por dos intentos insurrección militar (1992), el primero de ellos dirigido por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías; y la remoción del cargo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1993 por corrupción administrativa.

De este modo, las bases que en su momento fortalecieron la solidez del bipartidismo «puntofijista» comenzaron a resquebrajarse. El momento clave fueron las elecciones presidenciales de 1998, en las que triunfó (56% de los votos) la vía alternativa y rupturista con el modelo del «puntofijismo» y del bipartidismo contenida en la opción electoral de Hugo Chávez bajo el Movimiento V República. Su propuesta implicaba una pretensión constituyente original que dio paso a la refundación de los poderes públicos vía nueva Constitución (1999) elegida democráticamente y que, entre otras modalidades, cambió el nombre oficial del país por el de República Bolivariana de Venezuela, haciendo honor así al líder de la independencia venezolana, Simón Bolívar.

Bajo un inédito modelo de «democracia popular» con referencias ideológicas «bolivarianas» y de izquierdas («Socialismo del Siglo XXI» a partir de 2005) con la pretensión de crear un Estado Comunal, Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han procreado un giro autoritario a la política venezolana. El «chavismo» ha tenido un fuerte arraigo en las clases populares, aspecto que le ha permitido mantenerse en el poder por diversas convocatorias electorales, si bien algunas de ellas denunciadas por la oposición como presuntamente ilegítimas.

No obstante, el «chavismo» ha retrotraído a la política venezolana dos factores permanentes durante el siglo XXI: el caudillismo y el militarismo, ahora amparado por la apertura de canales de participación política y popular. Los militares han regresado a la política venezolana permitiendo no sólo su participación electoral sino también política. Ello determinó igualmente una evidente verticalidad del poder con escaso aprecio por los contrapesos institucionales, lo cual ha generado una constante polarización sociopolítica y, en ocasiones, de crisis permanente de representatividad política.

Con el chavismo, Venezuela asumió una experiencia de carácter populista-militarista que ya habían experimentado otros países latinoamericanos (Perón en Argentina; Perú con Velasco Alvarado; Panamá con Omar Torrijos) En el marco del análisis político, el «chavismo» ha sido académicamente definido dentro de la categoría de «regímenes iliberales» (Fareed Zakaria, Marina Ottaway).

Por otro lado, Chávez ha mostrado una vocación internacionalista y de influencia geopolítica con la pretensión de impulsar cambios en los tradicionales equilibrios geopolíticos venezolanos. Se pasó así de una relación estratégica con EEUU a la concreción de bloques rupturistas a través de alianzas con Cuba, China, Rusia, Irán, movimientos islamistas, indigenistas, izquierdistas, antiglobalización, altermundialistas, progresistas, entre otros.

  1. Petróleo y poder en Venezuela

Gracias al petróleo, Venezuela pasó a ser un país periférico durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX a lograr insertarse en los mercados internacionales con un determinado peso geoestratégico. Esta condición se vio especialmente definida a partir de 1942, cuando Venezuela comenzó a emerger como un actor energético de importancia y un surtidor petrolero vital para el esfuerzo bélico de EEUU y los aliados en la II Guerra Mundial.

Definida así una orientación geopolítica «atlantista» cabe destacar la neutralidad diplomática venezolana que le ha permitido convertirse en un actor versátil en diversos foros internacionales independientemente de su condición ideológica y política. Así lo ha sido en sus actuaciones desde mediados del siglo XX a través del Movimiento de los No Alineados, la visión del «tercermundismo» y su vocación de integración hemisférica.

2.1. La «Venezuela saudita»: un «Estado mágico» lastrado por las crisis

Como se mencionó al principio, Venezuela experimentó entre 1830 y 1940 la transición de una economía agropecuaria, principalmente basada en la producción de café y cacao, a una economía rentista petrolera. En 1926, por primera vez las exportaciones de petróleo superaron a las de café y cacao.

Hasta la asunción del petróleo como motor del desarrollo, Venezuela mantuvo la condición de economía periférica dentro de la puja de poder por parte de las grandes potencias industriales (EEUU, Europa) por controlar mercados de materias primas. De este modo, Venezuela no tenía un modelo de desarrollo propio similar al de países como México, Brasil o Argentina, con industrias más desarrolladas conectadas a los grandes mercados internacionales.

En un período muy breve de tiempo (1940-1970), Venezuela se transformó de un país agrario y rural a uno urbano y petrolero, lo cual generó desajustes y disparidad de desarrollo socioeconómico urbano-rural ante el éxodo hacia las ciudades. Esto provocó un sobredimensionamiento urbano, dificultades en la planificación de viviendas y marginalización social que progresivamente fue procreando niveles de inseguridad ciudadana.

Venezuela fue, junto con Arabia Saudita, miembro fundador en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta condición verificó el enorme peso que tiene el sector petrolero en la economía venezolana: a pesar de las recientes crisis económicas y de la caída en la producción en los últimos años, para abril de 2025, el sector petrolero representaba aproximadamente el 15% del PIB venezolano.

Aunque esta cifra ha fluctuado históricamente el petróleo sigue siendo el principal generador de divisas para el país, contribuyendo con alrededor del 95% de los ingresos, entre los que destacan igualmente otros sectores derivados como petroquímica y el gas natural, además de la minería. Las exportaciones petroleras constituyen alrededor del 80% de las exportaciones totales de Venezuela. El petróleo financia aproximadamente el 49% del presupuesto nacional.

El imaginario social y cultural venezolano le ha otorgado al petróleo, coloquialmente identificado como el «oro negro», un carácter mítico y mágico como herramienta de progreso y desarrollo, una especie de «El Dorado» de desarrollo que anuncia un futuro esperanzador. Esa idealización de la «Venezuela saudita» ha estado presente en diversos momentos de la realidad política y socioeconómica venezolana, aunque las crisis económicas y la polarización sociopolítica de las últimas décadas ha condicionado esta visión idealista.

Si bien no se debe descartar que otros factores como las sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea desde 2014 y la salida de algunas empresas petroleras han afectado la producción, la recuperación económica del país sigue ligada a este sector.  Pero esta realidad no ha escapado a las alteraciones no sólo del mercado sino de la evolución productiva venezolana: En 1999, Venezuela producía 3,5 millones barriles diarios (b/d). Para 2025, esta cifra está en 900.000 b/d. Esto supone un colapso del 74% de su producción, un factor que se puede explicar a priori por errores de planificación estratégica, escasez de inversiones en infraestructuras, corrupción administrativa y sanciones exteriores.

La Plataforma Deltana, unos 233 km esparcidos en el Delta del río Orinoco, otorga a Venezuela la condición de ser el país con mayores reservas de petróleo probadas a nivel mundial (304.000 millones de barriles) Una tabla comparativa de reservas realizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) indica que Venezuela lidera esta clasificación con 925 años de reserva de crudo, muy por encima de otros grandes productores como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia y Nigeria, entre otros.

La excesiva dependencia del petróleo ha generado una escasa diversificación de la productividad económica en Venezuela.  A esto debe sumarse la crónica preponderancia de las importaciones, principalmente bienes de lujo, lo cual suele crear desajustes en la balanza de pagos y frecuentes devaluaciones monetarias. En las últimas décadas, la economía venezolana ha experimentado índices de hiperinflación que denotan la atrofia de un Estado sobredimensionado por el gasto público, lo cual ha motivado a que una antaño sólida clase media con notable poder adquisitivo experimentara un progresivo declive ante las constantes crisis económicas.

El desaparecido académico venezolano Fernando Coronil formuló la noción del «Estado mágico», como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». La aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado «petrolero» como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso

Con la Revolución Bolivariana, Venezuela ha reforzado esta condición de Estado rentista petrolero. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre «Petro-Estado» y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo XX, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo XXI», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El «Petro-Estado» se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo».

El «chavismo» ha recreado la aspiración de redistribución de la riqueza petrolera entre las clases populares, reforzando la naturaleza del «Petro-Estado» rentista y asistencialista que genera riqueza y ascenso social gracias al petróleo. Esto ha profundizado aún más prácticas de poder cada vez más estructurales como el clientelismo.

  1. De recibir inmigrantes a procrear emigrantes

Desde 1950, el acelerado crecimiento económico y la modernización urbana de Venezuela atrajo a una prolífica inmigración, principalmente europea pero también latinoamericana, asiática y africana, un factor que ha redibujado el mosaico étnico, racial y cultural venezolano.

No obstante, las crisis políticas y económicas a partir de 2000 han configurado una nueva realidad: de ser un país receptor de inmigrantes, Venezuela fue progresivamente convirtiéndose en un país emisor de emigrantes.

Venezuela alberga 28,1 millones de habitantes (2024). Cifras de ACNUR y del Observatorio de la Diáspora Venezolana estiman que entre 7.9 y 9.1 millones de venezolanos han emigrado de Venezuela en los últimos años, buscando protección y mejores condiciones de vida. La mayoría de estos emigrantes venezolanos se han instalado en Colombia, Brasil, España, Portugal, Italia y EEUU.

La emigración venezolana alcanza aproximadamente el 28% de la población total venezolana, una franja etaria entre los 18 y 55 años. De este modo, la emigración venezolana se ha convertido en uno de los problemas humanitarios más acuciantes a nivel mundial, incluso comparado en magnitud con otras crisis provocadas por conflictos bélicos como son los casos de los refugiados sirios (2015) y ucranianos (desde 2022)

Al mismo tiempo, la emigración ha definido la configuración de una diáspora venezolana en todos los continentes, con redes de asociaciones en el exterior. Toda vez su naturaleza define una determinada posición política, principalmente contraria al «chavismo», la diáspora venezolana se asume igualmente como un activo importante con capacidad de interlocución para el desarrollo socioeconómico y el futuro del país.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Bibliografía recomendada

Arturo Uslar Pietri. «Sembrar el petróleo», editorial en el diario Ahora, 14 de julio de 1936.

Fernando Coronil. El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (1989)

John V. Lombardi. Venezuela: la búsqueda del orden; el sueño del progreso, Editorial Crítica, 1982.

Rómulo Betancourt. Venezuela. Política y Petróleo (1948).

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ESTADOS UNIDOS REAVIVA LA POLÍTICA DEL «GRAN GARROTE»: ATAQUES EN EL CARIBE Y LA SOMBRA DEL INTERVENCIONISMO

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Especial para SAEEG, Análisis Internacional – Octubre 2025

 

En las últimas semanas, el mar Caribe ha vuelto a ser escenario de tensión geopolítica y controversia internacional. Estados Unidos ha lanzado al menos una decena de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo la justificación de operaciones antinarcóticos y en defensa de la «seguridad hemisférica». Sin embargo, los hechos recientes —que dejaron cuatro muertos en un ataque en aguas del Caribe (1) y catorce más en el Pacífico oriental (2)— reavivan una pregunta crucial: ¿está Washington actuando dentro de la legalidad internacional o estamos ante una reedición del intervencionismo imperial de la doctrina del «Gran Garrote»?

La doctrina del «Gran Garrote»: diplomacia y fuerza

A comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt consolidó la estrategia conocida como Big Stick Policy («política del gran garrote»), una doctrina que combinaba diplomacia con la amenaza del uso de la fuerza militar. Su principio rector, sintetizado en la frase «habla suavemente y lleva un gran garrote», justificaba la intervención estadounidense en América Latina y el Caribe para «restablecer el orden» o proteger los intereses nacionales, en especial los recursos naturales estratégicos.

Más de un siglo después, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth parece resucitar aquel principio. En una serie de declaraciones y videos oficiales publicados entre septiembre y octubre de 2025, confirmó los bombardeos contra supuestas «narcolanchas» venezolanas, amparándose en «información de inteligencia clasificada» (3). Sin embargo, los ataques ocurrieron en aguas jurisdiccionales venezolanas o internacionales, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y fuera de un contexto de conflicto armado declarado.

El marco jurídico internacional: límites y violaciones

La Carta de las Naciones Unidas (4) establece, en su artículo 2 inciso 4, la prohibición expresa del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa (artículo 51) o por mandato del Consejo de Seguridad. De igual manera, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (5), determina que las aguas internacionales no pueden ser escenario de operaciones militares ofensivas, salvo bajo acuerdos multilaterales o con fines de seguridad colectiva.

En ninguno de los comunicados del Pentágono se ha acreditado una situación de legítima defensa o una autorización internacional que justifique las acciones. Si bien Washington argumenta que las embarcaciones estaban involucradas en narcotráfico, esta motivación no habilita legalmente el uso letal de la fuerza militar contra objetivos no beligerantes, máxime cuando los ataques dejan un saldo de más de cincuenta muertos desde 2024 (2).

De confirmarse que las lanchas atacadas pertenecían a civiles o pescadores venezolanos, o que los operativos se realizaron sin mediación judicial internacional, podrían configurarse crímenes de guerra o violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, tipificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (6) y los Convenios de Ginebra (7).

Intereses estratégicos: petróleo, oro y control marítimo

El Caribe y el litoral venezolano son zonas de alto valor geoestratégico. La región concentra importantes rutas de tráfico marítimo y, bajo su plataforma continental, yacen yacimientos de petróleo y oro que han atraído históricamente la atención de potencias extranjeras.

Analistas señalan que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en Medio Oriente y África —tras la consolidación de alianzas energéticas entre China, Rusia e Irán— habría impulsado a Washington a reorientar su estrategia hacia América Latina, reeditando un modelo de control preventivo sobre recursos estratégicos. En este marco, Venezuela, con sus reservas petroleras y su alineación con Moscú y Pekín, se ha convertido en un punto de fricción clave.

Un nuevo escenario de militarización regional

Los ataques navales de 2025 podrían marcar un punto de inflexión en la seguridad hemisférica. América Latina, históricamente declarada «zona de paz» por la CELAC (2014), enfrenta hoy una creciente militarización marítima, donde las fronteras del narcotráfico sirven de excusa para la proyección del poder estadounidense.

La falta de pronunciamientos contundentes por parte de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) refuerza la percepción de impunidad, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que otras potencias extranjeras intervengan en apoyo a Caracas, profundizando la inestabilidad regional.

Reflexión final: del Caribe al tablero global

Lo que comenzó con la narrativa de una «guerra contra el narcotráfico» podría derivar en una crisis de legitimidad internacional para Estados Unidos. En nombre de la seguridad y la lucha contra el crimen, Washington parece haber reactivado una vieja lógica de dominación: la del garrote que habla más fuerte que la diplomacia.

El mar Caribe, antaño testigo de invasiones y bloqueos, vuelve a ser hoy un espejo de las tensiones globales, donde el poder, la soberanía y los recursos naturales se disputan a golpe de misil.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

(1)- DW. (2025, 3 de octubre). Cuatro muertos en nuevo ataque de EE.UU. contra lancha. Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/cuatro-muertos-en-nuevo-ataque-de-eeuu-contra-lancha/a-74232728

(2)- RTVE. (2025, 28 de octubre). Estados Unidos mata a 14 supuestos narcotraficantes en ataques contra tres narcolanchas en el Pacífico Oriental. RTVE Noticias. https://www.rtve.es/noticias/20251028/estados-unidos-mata-14-narcotraficantes-ataque-narcolanchas-pacifico-oriental/16790353.shtml

(3)- Ventas, L. (2025, 17 de septiembre). ¿Son legales los ataques de EE.UU. contra embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales? BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c147k3d80pno

(4)- Carta de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/un-charter

(5)- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf

(6)- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma. Naciones Unidas. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

(7)- Convenios de Ginebra. (1949). Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra-y-sus-comentarios

 

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