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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (2da. Parte) “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”

César Augusto Lerena*

La ONU declaró que el día 5 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, nada mejor entonces para hablar de este tema.

Días pasados, me referí a un acuerdo entre una ONG “sin fines de lucro” denominada OPRAS y, referí, se sería un brazo de CAPECA y, omití decir, que el Acuerdo firmado con Armadores Españoles para cuidarnos de los asiáticos el Atlántico Sur ¡noble tarea!, también lo acompaña la Cámara de Armadores Poteros (CAPA). Bien, “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”, pero, no prejuzguemos, ya les aportaré suficientes documentos para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Me han llegado un sinnúmero de opiniones y publicaciones que dicen, que se trataría solo de un acuerdo entre españoles, a juzgar por los miembros de OPRAS y las empresas que integran las Cámaras españolas y argentinas. Sabremos más una vez que el subsecretario de Pesca y el secretario de Malvinas opinen, respecto a delegar obligaciones inherentes a un Estado soberano.

Les recuerdo que los buques españoles que pescan a distancia en el Atlántico Sur son tan ilegales como los chinos, por las propias declaraciones de OPRAS y las que yo podría aportar. Probablemente agrupados en la Asociación Española de Buques de Merluceros (ANAMER) y en la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), depredan los recursos migratorios argentinos y lo hacen —como ellos mismos confiesan— desde hace 37 años (precisamente, cuando los británicos invadieron Malvinas) con buques congeladores de gran porte y manifestando que en los caladeros externos (entre ellos el Atlántico Sur) tienen 193 buques, el 97% de los arrastreros de su flota, con los cuales, efectúan el 58% de las capturas españolas (IME, 20/5/2020) y, como bien transcribe y opina Walter Castro, del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata: “The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), según el cual, la de Galicia es —pese a su dimensión y capacidad— la menos rentable de las grandes flotas europeas que, continúan abandonando Galicia, aun dejando su matrícula original de Vigo o Bueu, con destino a caladeros de África y Argentina”. Se repite la historia de 1990, aunque algunos tenemos memoria.

Entremos ahora, en algunos detalles del entramado de este “Acuerdo entre empresas”, bajo el marco cuidemos la salud del caladero argentino de OPRAS: El 25 de abril de 2020, el Periodista Gustavo Rachid, tanto en la página “Pesca con Ciencia”, como en CAPA, comienza a hacer su aparición en escena y también lo hace para OPRAS: “La comunicación profesional en el sector profesional en el sector de la industria pesquera” y “La Responsabilidad en el Mar”, donde entre otras cosas hace una apología —sin una debida formación temática— de eventuales acuerdos pesqueros y pondera los efectos de la comunicación por encima de los antecedentes sectoriales, y el 27 de abril dice: “…nuestra declamada soberanía en el Atlántico Sur es objeto de burla por los extranjeros que la violan para adueñarse de nuestros recursos… el Atlántico Sur no empieza ni termina en Malvinas. Comienza en el Paralelo de 5 grados (Brasil) y se extiende hasta el de 60 grados donde se convierte en antártico… es necesario señalar que no sólo la Argentina se ve afectada por esta irracional actividad de explotación irregular y no reglamentada, sino que lo son los tres países ribereños y sus recursos…” y, sugestivamente no refiere quienes son los extranjeros, ni a la parte meridional del Atlántico Sur y, tampoco deja claro, ¿a qué tres países ribereños, refiere?

Por su parte, el 17 de mayo el presidente de OPRAS Eduardo Pucci escribe en “Pesca con Ciencia” el artículo “El Atlántico Sudoccidental – Zona Libre para la Pesca Ilegal” donde entre otras cosas dice: “…la conducta habitual de ciertas flotas pesqueras extranjeras de alta mar que alejados de sus propias aguas peregrinan por el mundo buscando los espacios más productivos y menos controlados para pescar libres de toda obligación que condicione su conducta… conocedores de la debilidad de las normas internacionales y de la indefensión de los estados costeros, abusan de supuestos derechos o libertades… No es biológicamente viable que la pesca ilegal en la región continúe… con la complicidad del silencio gubernamental y del ambiguo secretismo oficial… con evidente desprecio a las normas internacionales y a la legislación del estado ribereño… la tradicional y ecléctica acción política utiliza la ignorancia pública (NdA: Ignorancia Colectiva usa CAPECA en el artículo de byGustavo Rachid del 3 de marzo) para convertir lo irracional en racional, lo ilógico en lógico, la posición ideológica en dogma y el dogma en Política de Estado inopinable, evitando ratificar normas internacionales vinculantes, pese a haber firmado alguna de ellas…” y hace una propuesta de establecer un Área de Pesca Regulada en una franja adyacente a las ZEEs de 150 millas (donde) los terceros países deberán comprender la prioridad del estado costero en el acceso y regulación de los recursos transzonales… en zonas cuyo ordenamiento no alterara la continuidad del reclamo de soberanía sobre las islas en litigio…”. Bueno yo comparto parte de sus manifestaciones, pero habría que hacer algunas aclaraciones: primero, sus comentarios sobre cuestiones ideologías y preocupación como director de OPRAS por el cuidado del recurso, no condice con su calidad de ex funcionario durante el Proceso Militar, el gobierno Radical y el Justicialista, en el que fue el Subsecretario de Pesca de uno de los períodos de mayor sobreexplotación de merluza y pérdida de empleo en el sector. La evolución de Darwin es posible, pero, es razonable comprender la duda: “el que se quema con leche cuando ve una vaca llora”. Segundo, que antes de la firma de cualquier acuerdo con los pesqueros españoles, éstos deberían adherir a la administración argentina 150 millas más allá de la ZEE, tal cual propone y dejar de tomar licencias (etc.) del Reino Unido en Malvinas (podría fundarlo largamente) y, tercero, con el argumento que no alteraría nuestro reclamo de soberanía, congelada por el “paraguas”, el Reino Unido en 1982 ocupaba 11.410 Km2 y tres millas marinas, y hoy ocupa 1.639.900 Km2 de territorio marítimo.

El 27 de mayo de 2020 en la página “Pesca con Ciencia” se publica el artículo “Los calamares de nuestros mares: el caso del Illex argentinus”. Lo de “nuestros” supongo que será un genérico y no una pretensión de apropiarse del Atlántico Sur luego de pescar por 37 años. Si bien no se indica al autor, pero lo imaginamos, es poco serio que escriba alguien con ninguna experiencia; pero, lo más peligroso, es que los errores gruesos y e información distorsionada que contiene, luego se publiquen, sin corrección alguna, en el Portal de CEPA, firmado nuevamente “byGustavoRachid”.

A esta altura uno debería preguntarse si este page creator, en su página “Hemisferios” (ex radio), vinculado a “Ambiente Comunicaciones” y “Pesca con Ciencia”, es el mismo Rachid Rucker renunciado de Prensa por la ministra Garmendía en España, por su pésima relación con la agencia Efe y Europa Press y otras, por el fracaso del “plan Bolonia” y su suspensión del CPI.

Cuando el caballo se pone atrás del carro: histórico marketing a full para lanzar “el acuerdo”.

Este referido artículo —entre otras cosas— dice: El calamar “…este importante recurso es compartido y explotado por varios Estados y encuentra su mayor abundancia en el Océano Atlántico Sur que corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…”. Habría que decirle al autor que las islas se llaman “Malvinas” y los recursos migratorios son explotados ilegalmente por buques extranjeros y su mayor abundancia no “se corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…” ya que no hay límite entre la Argentina Continental y Malvinas, es todo un territorio perteneciente a la República Argentina.

El calamar, dice que es: “…una gran oportunidad para tender puentes entre dos naciones que históricamente tuvieron una relación ambivalente…”. Sí, son ciertos los desencuentros con el Reino Unido desde antes de 1810 (se supone que también con los españoles), pero, al contrario de lo que opina el autor, la explotación ilegal a través de licencias a buques extranjeros (mayoritariamente a los españoles) en el área de Malvinas, es la peor barrera para buscar fórmulas de acercamiento.

Respecto a la ZEE, dice el artículo “…En el caso de las Islas Falkland/Malvinas por una cuestión técnico-política a esta área se la denomina Zona de Conservación y Administración y, al ser un recurso compartido entre varios Estados, ninguno posee el dominio absoluto del mismo…”. La FICZ (así la llaman) fue autoimpuesta por el Reino Unido y el dominio del recurso es de Argentina (y en su caso Uruguay), pero de ninguna manera de los británicos que lo explotan en forma prepotente.

El calamar, dice el autor, es “…la segunda en importancia luego de la merluza argentina…”. Lo cual es erróneo. Para el gobierno de las islas Falkland, continúa, representa “…el 50% de su PBI, siendo su mayor fuente de ingresos la venta de licencias a buques del Lejano Oriente y España. A su vez, el Illex argentinus es la mitad de las capturas en el área de las Islas Falkland/Malvinas…” Es decir, el propio artículo deja claro el daño que los buques españoles le ocasionan al país, más aún cuando el propio autor aclara que: “…Diversos estudios encontraron que el Illex argentinus juega un papel clave en los ecosistemas del Atlántico Sur. Forma un complejo sistema trófico junto a la merluza argentina y la anchoíta…un vínculo importante en la cadena trófica de los ecosistemas… La pesquería principal del argentinus se compone en un 95% de un solo Stock Patagónico Sur…y, en la práctica el recurso debería ser manejado como un stock único en toda su área de distribución…”. España tiene una muy importante deuda con Argentina por ello, no está para llevarse más, sino para devolver con intereses las explotaciones pesqueras sin habilitación de Argentina.

El artículo refiere al interés de varios países en el recurso y, refiere, a que los españoles solo capturan un 2.54%. Ello no coincide con que España es el destino principal de la captura en las islas.

Continúa el autor: “…Entre el año 1986 y 2005, la Comisión de Pesca del Atlántico Sur demostró que la cooperación bilateral es posible…”. Claro, la Argentina puso toda la estructura humana y física de investigación para garantizar al Reino Unido el otorgamiento de licencias. Y cuando indica que, la “Argentina entendió… su naturaleza compartida…”. El autor no conoce que la Resolución de la ONU 31/49 le indicó al Reino Unido que no podía innovar sobre el territorio ocupado en 1982, por lo tanto, no hay ninguna cesión voluntaria de un recurso de “naturaleza compartida”.

Cuando en el artículo se efectúa un esquema y describe todos los acrónimos británicos, no hace más que señalar los avances del Reino Unido y los graves errores de los gobiernos argentinos (Menem-Cavallo-Di Tella y Macri-Malcorra-Faurie) pero, es muy desagradable, que españoles refieran a Islas Falkland y publiquen este artículo en portales de instituciones argentinas o, entender al recurso, como de “naturaleza compartida” y como “un Estado costero a las Islas Falkland/Malvinas)”. Para España además de aceptar la posición de Gibraltar, es como para las cámaras argentinas, desconocer la cláusula transitoria de la Constitución Nacional, la CONVEMAR y lo prescripto en la Ley 24.922.

El autor profetiza que cualquier esfuerzo de gestión futuro deberá estar orientado al multilateralismo, involucrando en su gestión a todos los Estados con interés en la pesquería…”. Ignora, por lo visto, el tremendo fracaso de los organismos multilaterales en los últimos tiempos; solo una tesis teórica puede sugerir esto. La CONVEMAR y la Ley 24.922, y los gobernantes, salvando unos cuantos, saben, que los recursos se deben capturar, industrializar, generar valor y empleo y, en todo caso, si hubiese excedentes, podrían acordarse a quienes tengan interés.

En el artículo se hace una encendida defensa Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) (idea que apoya Pucci) y por suerte en la Argentina un importante número de expertos impiden la ratificación del Acuerdo de Nueva York. Ya me he referido —sobradamente— porqué las OROP son muy desfavorables a los Estados Ribereños. Como lo indica la CONVEMAR, las consideraciones argentinas efectuadas en esta y lo prescripto en la Ley 24.922, la Argentina debe administrar los recursos en la ZEE y, más allá de ella los recursos migratorios y asociados que, como bien dice el autor, forman parte de único ecosistema trófico. El articulista es un ingenuo inconfesable o responde a una política contraria al interés nacional (para no caer yo en la ingenuidad) cuando dice: “…Considerando los países que ya explotan el recurso, una OROP en el Atlántico Sudoccidental debería estar formada por todos los países costeros la región… las Islas Falkland/Malvinas…”. Y, el autor vuelve a considerar país costero a las Falklands/Malvinas y llama Naciones Pesqueras de Aguas Distantes lo que la CONVEMAR denomina Estados de Bandera, que arbitrariamente separa en relevantes (China, Taiwán, Corea del Sur y España) o no…”. Demostrando quienes nos roban los recursos. En fin, podría escribir horas para referirme al irreverente panfleto que publica CAPA y que promueve byGustavo Rachid en nombre de ésta y OPRAS. Tal vez deba haber una 3ª parte porque me han quedado muchos temas.

Los últimos hechos de flotas chinas (algunos dicen 16 mil barcos) fuera de control de organizaciones regionales, demuestran que las OROP tampoco son efectivas. El ojo el amo…

Este Acuerdo execrable no va a regular el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic). Nunca lo hicieron los rusos ni los españoles al servicio de la Reina … británica.

Y ante la ausencia de manifestación contraria a este Acuerdo del Subsecretario y el Consejo Federal Pesquero, reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? y ¿quien ejerce el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR?

César Augusto Lerena*

Una ONG desconocida, denominada OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur) que, por su integración sería un brazo de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPECA), después de acordar con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI), nos sorprende, haciendo lo mismo, con Armadores Españoles, para cuidar nuestros recursos pesqueros (¿?). Esto, nos ha servido como disparador para preguntarnos ¿quien ejerce el poder en el Atlántico Sur?

Días pasados, reflexionando sobre la situación de ocupación del Atlántico Sur, la pesca ilegal extranjera, la matriz extractiva nacional y la crisis internacional, repasé la situación, pensando quiénes son los actores y, cuál es su participación en estas cuestiones.

La Argentina con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, millones de km2 en el sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, del cual 1.639.900 km2 está ocupado por el Reino Unido y, con o sin licencias británicas, buques españoles, chinos y otros extraen ilegalmente todos los años un millón de toneladas de recursos pesqueros del mar argentino o migratorios de este.

En este escenario, Uruguay presta apoyo logístico portuario a esos buques depredadores. El vuelo a San Pablo desde Malvinas promoverá el intercambio de las islas con ese país y le servirá de pie de playa al mundo, amén que los isleños sigan llevando sus productos a España si la UE aprueba el libre comercio con el Reino Unido luego del Brexit o, si este no ocurriese, a través de los joint venture españoles-británicos en Malvinas. Por su parte, ahora Chile, presenta un reclamo sobre la presentación de Argentina ante la ONU de los límites exteriores de la Plataforma Continental.

Es un complejo menú por resolver en el Atlántico Sur. Estamos en problemas con tres de los cuatro países del MERCOSUR y, a ello, se nos agrega el reclamo de Chile y la pretensión de una ONG y empresas españolas de cuidarnos el recurso que los chinos y otros países asiáticos nos quitan y les quitan a los españoles (¿?). En principio, me resultan muy raras tres cosas: la primera, que para este objeto la citada CAPECA forme una ONG para cuidar sus intereses en el mar argentino, cuando a través de la Cámara podría actuar ante los poderes competentes; la segunda, que los buques españoles que pescan a distancia —tan depredadores e ilegales como los chinos— pretendan cuidar recursos de la Argentina y, la tercera, que las Autoridades competentes no ejerzan el debido poder administrador del Atlántico Sur. No es un tema menor lo que está pasando desde hace 40 años en el Atlántico Sur, que se agrava en forma sostenida y creciente. Es decir, la situación en el Atlántico Sur es un “escenario de fricción” como denominaría Marcelo Elizondo. Al que debemos agregarle nuestra situación general (pandemia, deuda externa, caída industrial, pobreza, desocupación, etc.) y de un sector pesquero que, en forma endémica, recicla un mismo modelo extractivo y se agrava a los habituales problemas internos por la caída de la demanda y del precio internacional.

Dejaré para una próxima oportunidad las cuestiones relativas a la administración pesquera de Argentina, para avanzar con las extrañas, pero, no puedo dejar de mencionar el absurdo de haber promovido las “Áreas Marítimas Protegidas (AMP)” que limitan, la explotación pesquera, en algunos casos en favor del Reino Unido en Malvinas (ya profundizaré en otro trabajo), para cuya restricción hubiese bastado la intervención del INIDEP y del Consejo Federal Pesquero y, las primeras informaciones que indican detonaciones en las áreas —sin estudio de impacto ambiental previo— asignadas a la explotación petrolera que podrían afectar la actividad pesquera.

El caso Chile. La Argentina realizó la presentación el 21 de abril de 2009 en la ONU de los límites exteriores de su Plataforma Continental, sobre trabajos iniciados en 1997 y ello dio lugar a la “aprobación de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU el 28 de marzo de 2016. Con tal motivo elaboré para el Senador Pino Solanas un proyecto de ley de aprobación de las recomendaciones bajo el expediente S-2182/16 del 10/8/16, que durmió el sueño de los justos. Chile recién apoyó la CONVEMAR en 1997 y habría hecho la presentación a la ONU en 2019. Su gobierno hoy efectúa el reclamo —que parece dirigido a su política interna— porque, bien es sabido, que la Comisión de la ONU solo efectuó “recomendaciones” y no aprobaciones, las que quedan firmes si no hay reivindicaciones similares. Si, llama la atención, que al referirse a los límites de nuestros archipiélagos algunos autores chilenos refieran a “los amplios espacios del Atlántico Sur actualmente bajo administración del gobierno británico…”. No parecen haber cambiado mucho los apoyos probritánicos en Chile.

El caso Uruguay. No puede postergarse un Acuerdo con la República de Uruguay. Un Acuerdo ampliatorio del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, que puede resolverse muy satisfactoriamente para ambas partes y que lleve a la práctica una verdadera integración rioplatense postergada por 200 años. El daño que nos ocasiona la logística que realizan chinos y españoles en los puertos se Uruguay es tan grave en lo económico como en nuestra relación soberana en el Atlántico Sur. Está en el gobierno argentino ponderarlo y actuar en consecuencia.

El caso Brasil. La autorización de los vuelos a Brasil desde Malvinas habría que cancelarla, porque, a lo ya dicho precedentemente, consolida un quiebre a todos los acuerdos suramericanos de no facilitar las operaciones del Reino Unido desde Malvinas. La generación de negocios entre los ocupantes de Malvinas y Brasil tendrá un carácter irreversible y una ruptura de las políticas de unidad latinoamericanas.

El Reino Unido en Malvinas. No repetiremos lo mucho ya tratado sobre los avances del Reino Unido en el Atlántico Sur desde la firma de los llamados “Acuerdo de Madrid” y la fórmula del paraguas. Si, destacaremos el gravísimo hecho de que, en esta política de consolidarse en la región y violar la Resolución de la ONU 31/49 sistemáticamente, el Reino Unido, el pasado 25 de mayo, inauguró un Puerto con un costo de ₤ 11 millones, en las islas Georgias del Sur para darle apoyo a buques de investigación, de patrulla de pesca y de la Royal Navy armados.

El Consejo Federal Pesquero. A todo esto y, haciendo la advertencia que los miembros de este Consejo están habilitados para participar de manera remota, en ninguna de las 10 Actas de reuniones de 2020 de las cuales tomamos vista, se trataron los asuntos gravísimos citados (con alcance al sector pesquero) —incluso el ingreso de 100 buques extranjeros a la ZEE— pese que conforme el artículo 7º, 9º y s.s. de la Ley 24.922 el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero —que preside— son los responsables de establecer y ejecutar la política pesquera nacional.

Frente a esta suerte de default de gestión, no resultaría raro, que las Cámaras Empresarias del país y hasta ONGs se ofrezcan a ayudar a cuidar nuestros recursos, ya que es necesario que en las actividades públicas haya una participación privada; lo que sí, llama la atención, que lo hagan mediante un Acuerdo con pescadores españoles agrupados en la Asociación Española de Armadores de Buques de Pesca de Merluza (ANAMER) y de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), muchos de ellos, propietarios de los buques que pescan y depredan nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur con o sin licencia británica de Malvinas. Aceptar la participación de empresas no radicadas en la Argentina para que cuiden nuestros recursos pesqueros sería como “dar al zorro a cuidar el gallinero”. Luego, que algunos portales titulen a este acuerdo como firmado por “Representantes de Argentina y España” seguramente será para magnificar el absurdo.

Esta propuesta me hace acordar al Acuerdo firmado con el Reino Unido por Cavallo, para evitar que los buques asiáticos pescaran en una medialuna al este de Malvinas, que posibilitó luego al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras, precisamente, entre otros, a los españoles.

Seamos claros, los buques españoles realizan igual pesca ilegal (INDNR) que los chinos, etc. Empezando, porque si lo que se quiere es preservar “la salud de los ecosistemas del área” (sic), debieran saber que tanto el calamar, como la merluza, etc. forman parte del Ecosistema Pesquero Argentino y, no solo, los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios o asociados, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR) y, teniendo presente el preámbulo de ésta que destaca tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral” y, por tanto, las empresas españolas deben acordar su captura con la Argentina en su carácter de país Ribereño y, no con el Reino Unido de Gran Bretaña —como lo vienen haciendo— que en forma prepotente ocupa el territorio marítimo argentino y el Archipiélago de Malvinas, al igual que lo hace con Gibraltar.

Los buques españoles, que refieren venir pescando “desde hace 37 años” (recordemos Malvinas, 1982) no debieran regirse —como dicen— en el Atlántico Sur por “normativas específicas de la Unión Europa” (sic), y, dejar de hacerlo, como el propio acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño lo indican: en absoluta colisión con las regulaciones que rigen en aguas jurisdiccionales para las especies transzonales y asociadaspara enfrentar con razonabilidad el daño que los extranjeros que pescan a distancia (NdA: entre otros los españoles) están provocando en el ecosistema del Área y sus recursos. No caben dudas de que los derechos e intereses de los estados ribereños, explícitamente mencionados en el artículo 116 de la CONVEMAR se ven sistemáticamente atacados e ignorados” (sic), más aún cuando en el Atlántico Sudoccidental aplican las normas precedentemente citadas, resultando tan cristalino como insólito este Acuerdo, donde refieren que no van a regular en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic) que, seguramente, se reservan para seguir pescando con las licencias ilegales otorgadas por los británicos en Malvinas o asociados a ellos. Un disparate contrario a los intereses nacionales de la llamada OPRAS y una irreverencia inaceptable de los firmantes españoles. Me vienen a la memoria los Acuerdos Marco URSS-Bulgaria y el firmado con la Unión Europea (empresas españolas) cuyos buques nunca pescaron en la zona de exclusión británica en Malvinas.

Y debo adherir a lo dicho respecto a la pesca ilegal en el acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño, ya que utilizando sus argumentos —que por razones de espacio no transcribo— ratifico que tanto los españoles como chinos realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y, por lo tanto —reitero— el carácter de absurdo del acuerdo firmado con los armadores españoles. Acuerdo que, en todo caso, debiera promover el Estado Nacional —con la participación de todo el sector empresario y gremial— y absolutamente ajustado a la legislación nacional, teniendo en cuenta nuestra preferencia de Estado ribereño.

Refiere OPRAS en su acuerdo con el Sindicato Brasileño que “si bien la FAO y las Naciones Unidas, están en conocimiento de la situación, la falta de acciones gubernamentales concretas parecen empañar la gravedad, excusando inapropiadamente a los organismos multilaterales, hasta el momento, de actuar…”, es decir, responsabiliza a las organizaciones locales y a la inacción de los organismos multilaterales, sobre las que parecen quererse colocar esta ONG, para resolver un problema que, en el caso del acuerdo español, es parte. Como si los depredadores solo fueran asiáticos y estos buques españoles que confiesan vienen pescando hace 37 años en el Atlántico —precisamente, cuando los británicos recuperaron Malvinas— con buques congeladores de gran porte pescando a distancia en caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques y efectúan el 58% de sus capturas. No son unos pobres pescadores artesanales.

Finalmente surge de la lectura de los objetivos de OPRAS, que esta entiende que los problemas de explotación ilegal más allá de las 200 millas de la ZEE excede la actual capacidad de los organismos públicos para adoptar medidas consistentes con sus facultades y limitaciones geopolíticas” (sic) y, pese a su condición de ONG sin fines de lucro manifiesta su deseo de: “crear una Comisión Técnica de Administración del Área Regulada, con una integración mixta, donde el sector público y las organizaciones promotoras” (sic) “la participación de OPRAS y su oportuna integración en la Comisión Administradora o Comité Ejecutivo correspondiente” (sic), “integrar a OPRAS en comisiones de regulación…” (sic); Establecer una relación institucional formal y activa con las organizaciones internacionales o multilaterales, en relación con la ordenación de los recursos…” (sic) “Promover e impulsar un sistema de gobernanza y ordenamiento pesquero…” (sic), en síntesis, parece la OPRAS reservarse un lugar en la administración de los recursos de todos los argentinos.

Y reitero la pregunta: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejerce el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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ARGENTINA UN ESTADO MARÍTIMO CON UN ATLÁNTICO SUR ABANDONADO

César Augusto Lerena*

El día 21 de mayo —en dos páginas— La Nación explica la tapa que titula: “Pesca Ilegal. Los piratas del siglo XXI se llevan U$S 1.000 millones del Mar Argentino” y en el Editorial del día 23 “Pesca ilegal: falta decisión política”. Al respecto diré: los buques extranjeros no se llevan mil, sino al menos 2.600 millones de dólares anuales y, estos números, en la comercialización final minorista significan entre 14 y 15 mil millones de dólares por año. Este es un problema que no surge por generación espontánea ni la culpa la tiene el Coronavirus COVID-19, tiene más de 50 años (el siglo XX). Desde 1976 los gobiernos han tolerado la pesca ilegal de entre 300 y 400 buques extranjeros que se llevaron unos 44 millones de toneladas por un valor comercial final minorista del orden de los 770 mil millones de dólares. Ello no solo es una enajenación económica ilegal por parte de buques extranjeros, sino que impidió la generación de cientos de miles de empleos y el desarrollo de los pueblos pesqueros de toda la costa atlántica argentina. Es decir, el desarrollo de un área estratégica, que se considera desfavorable.

Si bien el diario La Nación califica el problema, dejando en claro a qué áreas les asigna responsabilidad; lo más importante, es que visibiliza una cuestión que estuvo ausente en los gobiernos de las últimas décadas y, aunque no comparto parte de la información y algunas herramientas, mucho menos de que “se analiza la conveniencia de continuar el intercambio de información en la Comisión de Pesca Argentino-Británica porque el Reino Unido sigue otorgando unilateralmente licencias” (¿hay otra forma de hacerlo, sino es Argentina? Lo único que nos falta es que nos asociemos para otorgarlas). La Argentina no necesita reunirse al efecto. Quienes sí necesitan esta información son los británicos, ya que, siendo recursos migratorios argentinos la información está al acceso de nuestros investigadores, pudiéndose, además, confrontar con datos del mercado.
A propósito de los recursos migratorios, hay que precisar que, no solo hay que cuidar los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR), el Subsecretario de Pesca, el Consejo Federal Pesquero, que SON LOS ADMINISTRADORES, deben organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca más allá de las 200 millas, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población de especies o asociadas a las de la ZEE Argentina, diseñando las herramientas legales, políticas, biológicas y económicas (algunos proyectos concluidos en mi poder) para administrar el ecosistema del Atlántico Sur, en la que están en mora todos los funcionarios desde hace 25 años a la fecha. El Consejo Federal Pesquero nunca tuvo una reunión al efecto, incluso ahora que la Argentina fue invadida por 100 buques. No fue Bolivia corriendo el mojón de Abra y las fuerzas argentinas actuaron porque dos capitanes de pesca levantaron la perdiz. Fueron 50 buques menos que el total de buques que estuvieron presentes en el Atlántico Sur durante la guerra de Malvinas y no solo son asiáticos. Ocupan nuestro territorio ilegalmente y se llevan nuestros recursos originarios el Reino Unido (o con licencias ilegales otorgadas por este), buques españoles, chinos y algunos otros.

Además, no es en la “Pampa Marítima” o la “Pampa Azul” —términos que no comparto— donde se extraen los recursos pesqueros, sino en el territorio más amplio del país, estratégico, y uno de los potencialmente más ricos. La Argentina, con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, los kmdel sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, de los diez más amplios del mundo, aunque, por falta de instrucción o conocimiento, los argentinos en general carecen de una cultura marítima.

El mar argentino, su lecho y subsuelo no es la “pampa” agraria o ganadera, es subestimar con esta denominación al único territorio nacional que —de hecho— tiene una “hipótesis de conflicto” y cuyo Potencial Económico es de 670 mil millones de dólares con la posibilidad de generar 570 mil puestos de trabajo directo prospectado (2016-2035), según el Escenario Medio del Informe Técnico Nº 10 elaborado por los investigadores Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Este territorio marítimo del ESTADO MARÍTIMO NACIONAL a falta de valorarlo lo ocupan y expolian los extranjeros. Dejemos de dar la espalda al mar y mirar el territorio nacional desde el mar, como lo ven más de 500 buques pesqueros nacionales custodios de la soberanía, cientos de industrias pesqueras y navales, proveedores de servicios e insumos, decenas de miles de trabajadores marítimos, pesqueros y navales, las fuerzas armadas y de seguridad vinculadas al mar.

No podemos aceptar pasivamente que el “Acuerdo de Madrid” siga vigente, ya que —aun rechazando su legalidad, alcance militar y económico— el propio Reino Unido lo viola al ignorar la Res. 31/49 de la ONU (Las partes deben abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras las islas atraviesen el proceso de negociación recomendado por la ONU); ocupa Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; invade 1.639.900 km2 del mar argentino y explota los recursos pesqueros y petroleros; es el principal responsable de internacionalizar y militarizar el Atlántico Sur y, de violar —despreciando la paz mundial— la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur(ZPCAS) aprobada por la Resolucón de la Asamblea General ONU 41/11 del 27 de octubre de 1986 al instalar en Malvinas la más importante base militar y misilística del Atlántico Sudoccidental. El ZPCAS es un Acuerdo de todos los Estados con ZEE en el Atlántico Sur, incluso, de Sierra Leona y Sudáfrica, que son miembros de la British Commonwealth y, esta unidad afro-americana no fue suscripta por las islas ocupadas por el Reino Unido como Ascensión, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Tristán da Cunha, en oposición al espíritu con el que nació esta Zona de Paz, influenciada por la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial y su poder bipolar, la guerra de Malvinas, la intromisión de potencias externas en el Atlántico Sur y Angola y preocupados por las cuestiones socio-económicas, la sostenibilidad de los recursos, el medio ambiente, la paz y seguridad y también en la emancipación de Sudáfrica y sus colonias; ampliado con la Declaración de Desnuclearización de Brasilia en 1994.

El Reino Unido internacionalizó el Atlántico Sur y los buques chinos fueron los primeros, junto a los españoles y otros países, quienes adhirieron a su sistema de licencias ilegales pesqueras.

Es el Reino Unido, quién instaló en el mundo que el mar argentino era un caladero abierto negociable y la Argentina —muy especialmente— los Cancilleres Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie, tuvieron una estrategia complaciente, acotados a la Resolución ONU 2065/65 que insta sin éxito a negociar desde hace 55 años. Los sucesivos gobiernos nacionales se pasaron los años invitando a sentarse al Reino Unido, cediendo territorios y derechos, congelados por la fórmula del Paraguas, mientras la pérfida falange de Albión avanza sin pudor.

Si el Reino Unido no estuviese en el Atlántico Sur, no habría buques chinos, españoles u otros pescando sin autorización argentina, incluso, aun estando, si la Argentina hubiese llevado una política nacional posible, soberana e inteligente, tampoco pescarían ilegalmente. No es la misma estrategia la que hay que llevar con China, con España o con el Reino Unido. Y ello, no solo se resuelve con aplicar una multa a algún buque extranjero capturado (que hay que hacerlo). Hay que establecer una política diplomática, pesquera y económica atractiva para quienes pescan ilegalmente, porque, lo que está en juego, no es un pescador deportivo furtivo, son importantes intereses económicos y necesidades alimenticias como las de China, España y otros mercados.

La propia URSS —en pleno esplendor— cuando por Ley 17.094 la Argentina estableció las 200 millas como Mar Territorial (no la ZEE que luego reguló la CONVEMAR) y no había Nación importante que reconociera derechos en esos espacios marítimos, se avino al pago de un canon y ello no fue obra de la casualidad, sino de una importante estrategia que un inteligente funcionario del Estado diseñó y llevó a la práctica, pese a la resistencia inicial del gabinete de la Nación.

Trataré de que alguna cuestión coyuntural no me impida presentar en los próximos artículos el “Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del Sur (MERCOPES) del MERCOSUR en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste” (© RL-2019-112532147-APN-DNDA#MJ-23/12/2019) y la estrategia general que podríamos aplicar (aquellas publicables), pero, no puedo dejar de señalar dos hechos que nos demuestran en la gravedad e incapacidad en la que estamos inmersos. El primero: el Reino Unido, acaba de inaugurar —mientras nosotros festejábamos virtualmente los 210 años de la Revolución de Mayo— con un costo de ₤ 11 millones, un puerto en las islas Georgias del Sur para albergar al buque de investigación RRS David Attenborough; el buque patrulla de pesca MV Pharos SG y los buques de la Royal Navy “HMS Forth” (1 cañón de 30mm, 2 ametralladoras multicañón y 4 ametralladoras), y “HMS Protector” de 5.000 toneladas. El segundo, mientras los chinos pescan en el Atlántico Sur y, para ser más eficientes cuentan con abastecimiento en altamar, la Argentina habría recibido en Puerto Belgrano al barco petrolero chino Hai Gong You 309 (IMO 9153214) para cargar combustibles libres de impuestos. El tercero…

En la tauromaquia, los avisos son tres; al cuarto, se llevan el toro al corral (Ithacar Jalí).

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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