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LA ÉTICA Y LA ECONOMÍA PARA SALVAR A LA SOCIEDAD

Giancarlo Elia Valori*

Profundas grietas están desgarrando el cuerpo de nuestra sociedad, causan nueva ansiedad e ira entre las personas y crean nuevas corrientes en la política. La base social de esta ansiedad incluye factores geográficos, educativos y éticos.

La gente no nace para ganar mucho dinero. Todo lo contrario. Sólo quiere vivir bien o tan bien como acostumbra y ganar lo que necesita sin querer explotar a los demás.

Muchos pensamientos y teorías que tuvieron un gran impacto en el mundo a menudo quedaron huérfanos y fueron adoptados por otras escuelas de pensamiento.

Por ejemplo, Jeremy Bentham, el filósofo que sentó los cimientos éticos del capitalismo moderno, así como otros pensadores, no son gigantes morales en el sentido moderno de la palabra, sino que son conocidos por su incompatibilidad con la ética. El utilitarismo persigue la máxima utilidad y felicidad y no es casualidad que sea adoptado por la economía occidental emergente y, bajo las limitaciones de crear un “hombre económico”, pueda desarrollarse fácilmente con nuevos métodos obtenidos a partir del cálculo estadístico matemático (sistemas derivados).

El valor máximo satisface así la urgente necesidad de la economía de herramientas sistémicas cuantitativas sofisticadas y precisas. Este conjunto de pensamientos éticos amorales que salieron de la búsqueda de “valores naturales” que todo el mundo, no sólo unos pocos, debe obtener, ha sido olvidado gradualmente por la historia crítica del pensamiento económico.

El utilitarismo y el liberalismo son los dos pilares complementarios y contradictorios en la base de la economía de mercado. El primero separa el estándar del juicio moral sobre el comportamiento personal de la pasión por la acumulación de dinero, y lo cambia para que esté completamente determinado por el motivo del beneficio. Por lo tanto, sólo ese comportamiento puede mejorar “la mayor felicidad para el mayor número de personas”, autoreferenciándose como ético y eliminando el juicio de valor instintivo de todo ser humano que es incapaz de alcanzar tal felicidad debido al dinero. De acuerdo con este estándar “sagrado”, el grupo de élite de tecnócratas debe desempeñar objetivamente el papel de “guardián social”.

El liberalismo reconoce el objetivo del utilitarismo, pero se opone firmemente a la inferencia de que conduce a un gobierno central fuerte. Adam Smith creía que la división del trabajo y el intercambio eran espontáneas y gratuitas y podían promover la felicidad general de la sociedad y la mejora del bienestar personal al mismo tiempo. Los teoremas de la economía del bienestar deducen que todos los resultados del equilibrio espontáneo del mercado deben dar lugar a la maximización del bienestar. Por el contrario, la maximización del bienestar general en la práctica se logra mediante el libre albedrío del individuo (el empresario), es decir, mediante un comportamiento egoísta del individuo. Según los liberales, el papel del gobierno en esto es hacer solo unos pocos cambios en la “distribución del capital inicial”. De ahí que ya no sea el Estado Ético de Hegel, sino el Estado como simple administrador, empleado por la mencionada élite. En este punto, el proyecto ético del capitalismo liberal está completo.

La libre elección y la maximización del bienestar pueden lograrse teóricamente al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que la gente tiene que hacer es favorecer las restricciones estatales y al mismo tiempo promover la plena competencia, así como reducir la información y las asimetrías externas mediante la homologación y la normalización. Por lo tanto, el objetivo del capitalismo es eliminar el papel ético del Estado.

Irónicamente, sin embargo, la estructura ética del capitalismo liberal nunca ha sido perfecta fuera de los diseños teóricos, es decir, se ha manifestado en una parte particular del mundo al pasar por crisis devastadoras. La Gran Depresión atropelló la “mano invisible sagrada” de la economía como un elefante pisotea un terrón de tierra. La Segunda Guerra Mundial empujó la voluntad colectiva y la movilización del capitalismo de Estado hasta sus límites, a través de los conocidos ejemplos políticos y económicos.

Los pueblos tienen diferentes formas de expresión, las electorales y las revolucionarias. El socialismo después de la Segunda Guerra Mundial e, incluso antes, el comunitarismo se convirtió en una buena medicina y correctivos para los horrores del capitalismo. En los principales países europeos, los partidos socialdemócratas han provocado cambios importantes en el capitalismo liberal, la culminación de los cuales son los modelos escandinavos.

Paul Collier, profesor de las Universidades de Oxford y autor de The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties (2018) tomó su propia ciudad natal, Sheffield, como ejemplo en su libro. Sheffield fue la primera ciudad en el norte de Inglaterra en experimentar la revolución industrial y también fue la primera en enfrentar la nueva ansiedad causada por esa revolución: la polarización entre ricos y pobres, el desempleo y el medio ambiente.

Tras el deterioro de la situación y los cambios demográficos, la respuesta de los ciudadanos fue mejorar los lazos entre ellos y crear una comunidad lo suficientemente fuerte, así como utilizar esta estrecha relación para crear una organización que estableciera cooperativas caritativas. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda permiten a las personas ahorrar dinero para comprar casas; cooperativas de seguros reducen el riesgo, y las cooperativas agrícolas y minoristas otorgan a los agricultores y consumidores un poder de negociación independiente sobre las grandes corporaciones.

El movimiento cooperativo que comenzó y se desarrolló en el norte de Inglaterra rápidamente se extendió a la mayor parte de Europa y se convirtió en la base económica de los partidos socialdemócratas de centro-izquierda. Fue, sin embargo, la centro-izquierda de la época, no la farsa política de hoy con actores y actrices conocidos.

A través de la alianza, la comunidad se extendió por todo el país y la reciprocidad dentro de la comunidad se extendió al compromiso mutuo entre el Estado y los ciudadanos. Las políticas pragmáticas de seguro médico, pensión, educación, desempleo y bienestar aliviaron la ansiedad de las familias. A lo largo de los años, la socialdemocracia ha tomado alternativamente el poder en los países capitalistas, y estas medidas socialistas se han mantenido a largo plazo y de forma universal —al menos hasta ahora.

Con el declive de la industria siderúrgica, las ciudades se convirtieron en típicos centros obsoletos y deteriorados. En varios países europeos, el declive de los partidos socialdemócratas —que se inició en la década de 1970— comenzó a dar un paso adelante a principios de siglo y ha alcanzado su punto álgido en los últimos diez años. La decadencia se ha producido en Francia, Alemania, España e Italia, donde ha desaparecido el glorioso Partido Socialista (PSI). Las tasas de ayuda en Noruega y en los Países Bajos han disminuido significativamente.

Cabe señalar, sin embargo, que los partidos tradicionales de centro-derecha no se han beneficiado de ella e incluso se han convertido en una plataforma de lanzamiento para los movimientos dirigidos por el capital financiero apátrida y por agendas vagas e inconclusas. Italia es un caso doloroso.

El capitalismo globalizado es claramente responsable de todo esto —a través de la tecnología y la adicción masiva— y plantea una vez más el problema de la incompatibilidad de derechos y deberes en la sociedad liberal, en el momento en que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando. Italia es el peor de los países europeos más poblados en términos de diferencia de ingresos entre ricos y pobres: en nuestro país, el 20% de la población con mayores ingresos posee más de seis veces los ingresos del 20% de los ingresos bajos.

El declive del Estado ético y el colapso de la socialdemocracia son la contradicción entre el colapso real de las obligaciones mutuas (deberes de derechos) en el capitalismo globalizado y la creciente demanda de las obligaciones antes mencionadas debido a la estructura económica más compleja y asimétrica (sólo considere la violencia en América del Sur debido a los continuos fracasos del capitalismo).

Las crisis fiscales con un alto bienestar también se han extendido a Europa: hay que recordar que el doble sentido PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) se utilizó en 2008-2010, así como “Rust Belt” (la región de Estados Unidos entre las montañas de los Apalaches del Norte y los Grandes Lagos) para referirse a fenómenos como el declive económico, la despoblación y la decadencia urbana debido a la contracción del sector, después de la crisis financiera de 2008.

Por lo tanto, en los países donde ha habido una expansión sin precedentes de la educación superior y de la riqueza que ha llevado a la creación de la clase media, las crisis del capitalismo conducen al dilema de la identidad y la frustración.

Si no nos limitamos a la hipótesis de un “hombre económico racional”, sino que nos centramos en el “hombre social racional” más realista, tendremos más beneficios económicos, ya que el respeto a la identidad se incluye en la satisfacción de las necesidades individuales.

Un modelo de pensamiento simple puede sugerir una idea. Si todo el mundo tiene dos bienes o activos, a saber, el trabajo y la ciudadanía, ambos pueden conducir a un cierto respeto. El respeto por el trabajo se refleja en los ingresos y el respeto a la ciudadanía en el prestigio del país. Aunque cada uno no puede elegir su identidad, puede elegir “prominencia”: elegir una identidad prominente indica un grupo común al que pertenecemos proactivamente. Cuanto más se respete al grupo común, a más individuos se les anima a no prevaricarse unos contra otros en pos de su propia felicidad haciendo daño a los demás.

Por el contrario, la ética del capitalismo liberal tiene como objetivo tradicional destruir el Estado y convertir a los ciudadanos en consumidores sin identidad.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS – PARTE 3

César Augusto Lerena*

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas.

El general que permaneció en su cargo mientras se enajenaba el Atlántico Sur.

Continuaré refiriéndome a algunos de los miembros seleccionados para integrar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones) para imaginarnos cuáles podrían ser las políticas destinadas a recuperar Malvinas. Apenas fallecido el ex presidente Carlos Menem, distintos personajes salieron a hacer una semblanza del extinto. Uno de ellos, el General (RE) Martín Balza quien, precisamente, fue designado para integrar el Consejo que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, efectuó unas llamativas declaraciones en su condición de general en jefe en la década del 90.

Refirió en la entrevista (difundida por Urgente 24) el citado: “Carlos Menem, jamás interfirió en mis decisiones”, perdiendo de vista Balza su condición de subordinado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación. Es éste el que toma las decisiones y el general quien las cumple.

La fórmula “Subordinación y valor para defender a la Patria” que utiliza el ejército en las formaciones, debiera concluir por imperio del artículo 6º de la Ley 23.463, en “y defender la Constitución Nacional” razón por la cual, no debiéramos asignarle ningún valor o atribuirle especial mérito a un general por defender, como cualquier ciudadano, la Constitución. La Subordinación en el caso del Mando Militar, se entiende como “la sujeción a la orden, mando o dominio del subalterno con respecto al superior. El subordinado acata el mando por la existencia de una relación jerárquica que él comprende y acepta”; y Valor es un concepto que describe el comportamiento generador del bien de su desempeño del que depende en gran medida, el éxito en el cumplimiento de las órdenes que se le han impartido para la realización de las misiones y actos de servicio”.

En base a lo precedentemente expuesto precisaría los dichos del general Balza: jamás dejó de cumplir con las órdenes impuestas por la conducción del Comandante en Jefe Carlos Menem (El presidente dispone de las Fuerzas Armadas”, Martín Balza, El Intransigente, 14/11/2019) y la Constitución y, ello incluye, a todas las decisiones, de otro modo se hubiera tenido que ir a su casa. Los oficiales superiores al asumir una función de mando deben prestar el juramento de observar y hacer observar, si fuere necesario, hasta perder la vida, la Constitución Nacional, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 1º y 5º Ley 23.463). Ergo, Balza avaló con su continuidad todas las acciones relativas a la enajenación de la soberanía nacional —al menos— que se llevaron a cabo durante la década del noventa. 

Me permito recordar que, como comandante de la VI Brigada (1987), subjefe del Estado Mayor General del Ejército (1990) y jefe del Ejército Argentino (1991), Balza se mantuvo activo en los altos mandos militares entre 1989 y 1999, uno de los períodos más oscuros de dominación y de mayor entrega nacional del Atlántico Sur y Malvinas y, “sus decisiones” (sic) al respecto, fueron inexistentes o infructuosas —si existieron— respectos a los Tratados, Acuerdos, etc. que enajenaron la soberanía nacional.

Como Secretario de Estado designado en julio de 1989 renuncié los primeros días de enero de 1991 (La Capital de Mar del Plata, pág. 7 del 20/02/91) por la gravísima entrega nacional que en el área de Malvinas y del Atlántico Sur, Menem, Cavallo y quienes los acompañaban en sus políticas (algunas de las cuales describo a continuación o que pueden ampliarse en el libro de mi autoría “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009). La renuncia, aunque, como en mi caso, sea por propia determinación, supone un alejamiento y una pérdida, pero también la posibilidad de ejercer un derecho irrenunciable de participar activa, ética y libremente en favor de los intereses supremos de la Nación. Me quedaba adherir a “El Estado soy yo” de Luis XIV o al “Estado somos nosotros” de Lenin, gozando en ambos casos de las mieles del poder; pero suscribí a “el Estado son todos” de Honoré de Balzac, acompañando a millones de argentinos bien nacidos que, por encima de los intereses personales, ponen el de la nacionalidad, el respeto y admiración a nuestros ascendientes y a los héroes que regaron con su sangre la Nación. Mientras, el general Balza continuó prestando sus incondicionales servicios al ex Presidente Menem hasta 1999. Es evidente que tenemos una diferente valoración de los hechos que ocurrían en esos años y, mientras él refiere, a “una modernización de la fuerza” inconducente, precisamente por efecto de los Acuerdos de Madrid como veremos, muchos percibimos una Nación de rodillas.

Hubo respeto mutuo y en ocasiones hasta afecto del señor presidente hacia su persona y (…) nunca interfirió en mis decisiones (…) jamás interfirió en la relación mando-obediencia-subordinación (…) en todo momento respetó a las fuerzas armadas”, refirió Balza en la entrevista. Opiniones todas muy llamativas, de quien estuvo al frente del Ejército y cumplió las órdenes de un gobierno que enajenó la Soberanía Nacional. No me imagino a los Generales Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Juan Manuel de Rosas, José Gervasio Artigas, Juan Lavalle, Manuel Oribe, Simón Bolívar, Juan Gregorio de Las Heras, Juan Álvarez de Arenales, Bernardo O’Higgins, Miguel Estanislao Soler, Mariano Necochea y otros tantos, algunos de los cuales sus bustos se encuentran en el Colegio Militar de la Nación, que, estando entre los generales más destacados americanos, jamás hubiesen admitido en silencio tanta entrega, semejante cesión del territorio nacional, con graves implicancias sobre la Antártida. Y por supuesto, bastaría repetir algunas de las frases del General San Martín para saber que hubiera hecho nuestro Libertador: “Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados (…) Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

Cuando se analizan las condiciones de subordinación en que las Fuerzas Armadas argentinas —en particular del ejército— quedaron ante la pérfida Albión con motivo de la firma de los Acuerdos de Madrid y otras decisiones tomadas durante la década del 90 en la que ejerció la jefatura militar Balza, no hay más que repudiar la profundización de la entrega nacional de esos años.

Martín Balza es un general controvertido. Egresó (17/12/55) en orden de mérito 143 sobre 173 cadetes y, entre tantas otras declaraciones públicas, refirió que “nunca estuve de acuerdo con los indultos de Menem de octubre de 1989” (Mirá lo que te digo, 15/2/2021), pero, Hernán Fair pone en duda sus dichos: “una vez asumido, el Presidente (Menem) (…) el 7 de octubre de 1989 indultó por decreto a 216 oficiales y suboficiales y 64 civiles procesados por las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli y, el 29 de diciembre de 1990 el Gobierno firmó varios decretos (NdA: Decretos 2741/90 al 2746/90) que beneficiaron a todos los miembros de las Juntas del Proceso Militares, represores, terroristas, etc. (entre ellos a Firmenich y a Martínez de Hoz), satisfaciendo lo que en los hechos constituía la principal demanda política del Generalato castrense” (CONICET, “Relaciones políticas entre el menemismo y las Fuerzas Armadas. Un análisis histórico-político del período 1989-1995”, Revista KAIROS, UNSL, mayo 2011), en una fecha, en que el General Martín Balza ya era subjefe del Estado Mayor del Ejército.

Por otra parte, el servicio militar obligatorio, un régimen vetusto y prepotente, que imperaba durante la jefatura del general Balza, se terminó en 1994, no por la voluntad de éste de reconvertir la fuerza sino por la brutal muerte del soldado Omar Carrasco. Continuaba como jefe del Ejército cuando el 3 de noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero y también cuando la Argentina, pese a ser uno de los cuatro países garantes del Protocolo de Río (1942), le vendió armas a Ecuador, pese a enfrentarse a la hermana República del Perú, el más importante aliado militar que tuvo la Argentina en 1982. No ampliaré sobre estos últimos hechos, pese a que por su condición de jefe del arma y su vínculo con el Ministerio de Defensa no debería —oficial o extraoficialmente— desconocer lo que ocurría al respecto. El manifestó “haberse enterado por los diarios de los decretos secretos” (Mirá, reportaje citado). Digamos: ¿estaba pintado?

No obstante ello y antes de continuar, no podría dejar de lado sus múltiples distinciones y medallas; sus tareas y declaraciones derivadas de sus responsabilidades militares (sus camaradas son quienes las valorarán) ni el valor de Balza de combatir en Malvinas, como no lo haría jamás con ninguno —cualquiera sea su jerarquía militar— de los que combatieron por defender nuestros archipiélagos; pero, hay cientos de soldados que aun combatiendo en Malvinas, no se consideran veteranos de guerra, porque siguen dando pelea sin solución de continuidad desde 1982 hasta nuestros días, sin sostener ni participar en un gobierno que, con sus acciones, favoreció la consolidación británica en Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida.

Me limitaré entonces a describir lo ocurrido entre 1989 y 1999 respecto a la creciente ocupación británica del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, cuando el General Balza era el principal responsable del Ejército argentino.

No pudo ignorar este general del más alto rango, el contenido de los Acuerdos de Madrid. Las Declaraciones Conjuntas del 19/10/1989 y de 18,19/12/1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14,15/02/1990, comúnmente llamado de Madrid, y el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones británicas” en Londres el 11/12/1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley 24.184.

Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos; que la devolvieron a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. Los ferrocarriles y las flotas navales liquidadas y los astilleros nacionales desfinanciados, etc. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio de la Ley 17.094, a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos.

La supresión de hipótesis de conflicto que dominaron las relaciones con Brasil y Chile en el siglo XX era razonable; pero el país pasó, de tener ocupados por los británicos en 1982 unos 11.410 km2 y tres millas marinas alrededor de Malvinas, a ser invadido por Gran Bretaña en 1.639.000 km2.. Un 52% de toda nuestra ZEE, equivalente a un 28% del territorio continental. Que nuestro país no tenga hipótesis de conflicto y, desarmadas sus fuerzas, es verdaderamente asombroso.

Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley 23.968 (10/09/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base, que le permitió al Reino Unido establecer los espacios marítimos alrededor de Malvinas; la sanción de la Ley 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción —modestamente— nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitió al Reino Unido considerarse —en forma ilegal— como un país ribereño en Malvinas y promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías, para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual, nos opusimos y, seguimos haciéndolo, a la sanción luego de varios años de discusión de la Ley 25.290 del 13/07/2000 que promueve las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) dejando la administración preeminente del Atlántico Sur en manos de los Estados de bandera en perjuicio de los Estados ribereños y frente a la presencia británica en Malvinas, violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Balza permaneció en su cargo en silencio, como muchos que permanecieron y permanecen en silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. ¿Alguna vez el General Balza ante los Acuerdos de Madrid, en esos años, habló sobre la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur? que firmaron los países africanos occidentales y suramericanos con ZEE en el Atlántico Sur en la Asamblea General de la ONU (Res. 41/11 del 27/10/1986).

La Argentina y el Reino Unido acordaron, en primer lugar, aplicar la fórmula inglesa del “paraguas”, por la cual ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significase reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Pese a esta decisión ya lacerante e indigna, los británicos quebraron todas las resoluciones de la ONU, mientras nuestro país permanece congelado, declamando ante los foros nacionales. ¿Qué opinarán los argentinos y los fueguinos en particular sobre el incumplimiento de Res. ONU 31/49 y la 1514/60 que “Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales…” (4) y que declara “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (6).

Ningún funcionario de alto rango ocupado en la Defensa Nacional pudo haber permanecido en silencio ante semejante invasión británica. Y aquí, la pregunta surge espontánea: ¿modernizar el Ejército para qué Balza? Si no es para defender la Soberanía Nacional que es el rol excluyente que justifica la existencia de esa fuerza. San Martín refiero al respecto: “Compañeros juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje”, que, actualizado a los tiempos modernos y nuestra debilidad podría significar ¿Qué propuestas documentadas le presentó al Presidente de la Nación o al Ministro de Defensa para revertir la pérdida de territorios, recursos y soberanía?

En 1990 se estableció, entre ambos gobiernos la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas (dándole al zorro a cuidar el gallinero) para facilitarles a los británicos el otorgamiento de permisos ilegales a flota extranjera. En 1991 con la delimitación de las líneas de base del continente se allanó al Reino Unido su propia delimitación en Malvinas que ocupo 438.000 km2 alrededor de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplió su ocupación marítima a las 200 millas. En 1994 se acordó la pesca en el Atlántico Sur con la entonces CEE y los buques españoles nunca pescaron en Malvinas. En 1995 se acordó intercambiar información sobre todo la actividad pesquera entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas por los británicos alrededor de Malvinas y, la Argentina, a través del INIDEP aportó sus científicos y buques aportándole información pesquera sensible.

En 1996 la Argentina acordó políticas de cooperación con el Reino Unido “en Beneficio de las partes involucradas”. En 1998 se firmó el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, el Reino Unido trasladó el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación, quienes son informados de los movimientos militares argentinos. ¿Alguien podría pensar que la base misilística instalada en Malvinas, es para evitar un nuevo intento armado de recuperar las islas por parte de los argentinos? Bueno, ello sería suponer que los británicos no conocen que nuestro presupuesto de Defensa es similar al de Chile o Perú, con un territorio continental y marítimo infinitamente mayor al de esos países. En 1999 la Cancillería Argentina colaboró con el Reino Unido para combatir los buques sin licencias británicas en el Atlántico Sur y, el mismo año por declaración conjunta británico-argentina del 14/15 de julio autorizó (transponiendo el espacio aéreo argentino) un vuelo semanal de “LanChile” entre Punta Arenas (Chile) y Malvinas, con una escala mensual en Río Gallegos, donde los argentinos —en un nuevo gesto de reconocimiento en favor del Reino Unido— debemos hasta hoy presentar pasaporte para ingresar a Malvinas y, mientras los cancilleres referían al fortalecimiento de “las relaciones entre la Argentina y Chile (…) el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, definió ayer al acuerdo firmado entre la Argentina y Gran Bretaña, el miércoles último, en Londres (…) Un pequeño gran paso el que se ha dado. No es poca cosa” (Andrea Centeno y Federico Quilodrán, La Nación 20/7/1999), lo que significó facilitar la logística general y transporte a los isleños.

Los Acuerdos de Madrid dejaron sin efecto la “Zona de Protección Militar” alrededor de Malvinas, pero, establecieron un “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”, y otros, que de transitorio no tuvieron nada y que obligan a la Armada Nacional y a la Fuerza Área Argentina —al Ejército ni siquiera se lo incluyó— a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en Malvinas de todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur entre el paralelo 46º S (Comodoro Rivadavia) y 60º S (islas Orcadas). Es decir, cedimos a los británicos nuestra soberanía territorial y de defensa nacional en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino, frente a la Patagonia y a la Antártida Argentina. ¿No es llamativo que teniendo ocupada Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, como dije, no tengamos hipótesis de conflicto y ningún experto en defensa integre el Consejo Nacional de Malvinas?

Para ampliar en las cuestiones específicamente militares transcribiré las opiniones del Dr. Julio Carlos González, ex Director de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación del gobierno constitucional del 25/5/1973 al 24/3/1976, momento en que fue detenido por golpe militar y último preso político en recobrar la libertad el 18 de abril de 1983, del que nadie podría dudar de su espíritu democrático y nacional. Respecto a los Acuerdos de Madrid (“Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas”, 1998; “Tratados por Malvinas del 15 de febrero de 1990: La entrega del país a Gran Bretaña, 14/2/2019), que ya en 1990 (La Prensa, 15/3/1990) había desenmascarado con valentía y dignidad ciudadana, calificó a estos Tratados de ruines e ignominiosos “redactados por el Foreign Office” (Ob. Cit. pág. 129). ¿Tal vez el general Balza —el jefe del Ejército— se haya enterado por los diarios?

Refiere Julio González sobre la “subordinación de las fuerzas armadas argentinas a las fuerzas británicas (III): El art. 4° donde la delegación británica anuncia la decisión de su gobierno de “dejar sin efecto la Zona de Protección establecida alrededor de las islas Malvinas (Falkland)” fue publicitado como un logro del gobierno argentino, pero en cambio exhibe una supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país (…). En efecto, desde el momento en que Inglaterra adquiere el derecho de controlar todos los actos de las Fuerzas Armadas de Argentina (art. 52º A, B y C del Tratado) es innecesario que se mantengan efectivos de Gran Bretaña para defender a las islas Malvinas de un eventual ataque argentino. Con esta estipulación el Tratado ha reconocido lisa y llanamente el derecho posesorio inglés sobre el Archipiélago de Malvinas. Por su parte, en el art. 5° se consignan los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas de la República Argentina:

A: El Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental. Las precisiones sobre este “Sistema Transitorio” (cuyo tiempo de duración no se determina), se hallan especificadas en el Anexo 1 del Tratado.

I: respecto al Aumento del conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sur este excede ampliamente al área de las Islas Malvinas y su zona de exclusión marítima y comprende cualquier quehacer militar en el Atlántico Sur”.

«B: Las Autoridades Militares. En este aspecto se dispone que Autoridades Militares han de ser las siguientes: Para la República Argentina: La Autoridad Naval Argentina el comandante del Área Naval Austral (Ushuaia). La Autoridad Aérea Argentina el jefe de la Novena Brigada Aérea (Comodoro Rivadavia). Para Gran Bretaña: el comandante de la Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas (Falkland). Es importante señalar, que el Tratado en este aspecto no otorga participación a la Autoridad del Ejército Argentino que tiene competencia y jurisdicción militar sobre todo el territorio continental de nuestro país, no obstante que el Territorio Continental Argentino es objeto específico del Tratado, comenzando por el ingreso y desplazamiento de súbditos ingleses cuya actividad en nuestro territorio por imperio del art. 13º del Tratado queda exenta de toda visa consular o permiso previo de las autoridades argentinas. Esta omisión es extremadamente grave si consideramos el antecedente de segmentación territorial de Harry S. Ferns» (Universidad de Birmingham en “Britain And Argentine in The Nineteenth Century” pág. 485 Ed. Hachette 1974. Idem Lord Franks “Report of Committee Of Privy Counsellors” publicado en “La Nación”, pág. 9, 2/4/1983). Esta parte “B” complementa y reafirma el objetivo final que se persiguen los británicos en materia militar. No sólo se busca una información y consulta entre las Fuerzas Armadas sino establecer una “comunicación directa” entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental que incremente el “conocimiento recíproco” de las actividades militares en el Atlántico Sudoccidental».

«C, D y E: Las vinculaciones entre las Autoridades. En el texto se estipula que el Ejército Argentino no podrá participar directamente de esas transmisiones porque según el Tratado el Ejército no reviste el carácter de Autoridad Militar de la República Argentina» (¿?). Ya no por la defensa de la soberanía nacional, sino por la historia de sus patriotas y por la memoria de los héroes nacionales de su arma que nos dieron la independencia, debió renunciar.

«II: Respecto a la definición de unidades el Tratado determina la individualización de naves y de todo el personal de las fuerzas argentinas».

«III: Respecto a la información reciproca sobre movimientos militares ambos países se deben proporcionar con 25 días de anticipación el movimiento de sus Fuerzas armadas y de los ejercicios que verifiquen unas y otras y, otra serie de exigencias operativas. Del análisis de las coordenadas y paralelos es fácil advertir, que mientras los buques y aeronaves que se desplacen por la plataforma continental argentina han de estar subordinados a un fácil y seguro control británico, los buques ingleses que naveguen desde nuestras costas hasta el meridiano 20 W no estarán sometidos a igual control argentino. Con esto, Gran Bretaña se convierte en un estado ribereño con la Argentina y se consolidan los títulos ingleses de posesión de Malvinas y, el litoral marítimo de Argentina y, su espacio aéreo respectivo queda sin límite de tiempo bajo el control permanente de la Royal Navy y de la Royal Air Force. Este Anexo al que remite el art. 5° adjudica al Comando de las Fuerzas Británicas de Malvinas (Falkland) la coordinación de los salvatajes marítimos con Ushuaia y la coordinación de los aéreos con C. Rivadavia». Es fácil apreciar el lugar central que le dio el Reino Unido a las Malvinas y que la Argentina aceptó.

El Dr. Julio C. González precisa: «El Atlántico Sudoccidental en la actual reformulación geopolítica del mundo, es un área decisiva en la confrontación Norte-Sur. Por lo tanto, su control por una potencia rectora del hemisferio norte como Inglaterra, con el consentimiento de Argentina, titular del espacio territorial y marítimo que conduce a la Antártida, crea la posibilidad de que nuestro país pueda ser el epicentro de un serio y grave enfrentamiento internacional». No nos debiera asombrarnos hoy la presencia de naves y submarinos nucleares de estados Unidos. Y prosigue González: «Más importante que tener la titularidad de una parte del Continente Antártico a distribuir, es el dominio del corredor terrestre y marítimo que conduce a la Antártida y, ese corredor, está integrado por la Patagonia Argentina y por el Mar Argentino que se extiende desde el sur de Tierra del Fuego e Islas de los Estados hasta las Islas Orcadas del Sur que se hallan situadas a la altura del paralelo 60 Sur (…) Todo lo transcripto y analizado hasta aquí, nos permite constatar que a partir del 31/3/1990 la Patagonia Argentina y el sur de mar argentino serán objeto de una soberanía compartida con Gran Bretaña». Nada que no se esté cumpliendo con el Reino Unido ocupando 1,6 millones de km2 del sur-sur argentino.

«La “Bilateralidad” de las relaciones militares entre Inglaterra y la Argentina excluyó toda participación del Ejército Argentino, hizo lo mismo con la participación de otros Estados y de organismos internacionales. Es así como la Argentina marítima y aérea quedó en su parte austral bloqueada, vigilada y aislada por la hegemonía de una Potencia Extracontinental que usurpa un archipiélago de su territorio y que además es árbitro permanente de sus fronteras con la República de Chile».

Hacia 1998 González decía: «No tenemos noticia de que ningún jefe de las Fuerzas Armadas, ni en actividad ni en retiro, haya formulado alguna crítica a este Tratado» y, ello lo incluye en un rol protagónico al general retirado Martín Balza, que no parece haber dicho nada sobre estos Acuerdos ni sobre los enemigos externos durante esa década ya que, como jefe del Ejército se mantuvo en silencio, al menos, hasta 1999. Fue un jefe obediente y por sus declaraciones posmorten relativas a Menem, lo sigue siendo: “recibí la comprensión y apoyo de Menem” (Mirá, 17/2/2021). Nada comparable, a lo que el general Antonio José de Sucre diría a sus soldados al iniciarse la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 que terminaría con los realistas en América: “De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud”.

Casi nadie está exento de responsabilidades. Pero los que debieron ser custodios de la soberanía nacional seguro que no. En el escenario de hoy, respecto a Malvinas, que es el resultado de los Acuerdos de Madrid 1989/90 y de otras medidas contrarias al interés nacional de la década del noventa, no me imagino al general (RE) Martín Balsa diseñando el plan estratégico en el Consejo Nacional, para recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la plataforma continental y la Antártida.

Sobre estos temas “escribo siempre que puedo, con náuseas al comenzar” (Horacio Quiroga).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

19 de febrero de 2021 (a 84 años de la muerte de Horacio Quiroga)

 

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GUAYANA ESEQUIBA: ESCENARIOS PROBABLES EN LA CORTE

Abraham Gómez R.*

Nos encontramos con bastantes expectativas para saber a qué atenernos y qué estrategias desarrollar, a partir de la determinación sentencial que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, el próximo (26) de este mes, desde el Palacio de la Paz, en La Haya, con la participación de sus jueces, casi todos por vía telemática.

No es para menos que afloren cualquier cantidad de preguntas; algunas han venido consiguiendo respuestas oportunas y eficaces; otras deben esperar por el desenvolvimiento de los hechos, en la fecha indicada. Sin embargo, ha crecido a ritmo vertiginoso la incertidumbre por lo que pueda suceder.

En todo el país, a los Esequibistas nos preguntan: qué nos corresponde hacer y cuál debe ser nuestra conducta ante un hito histórico-jurídico de tanta significación y trascendencia como Nación.

En honor a la verdad, indistintamente del desenlace que se presente en el Alto Tribunal celebramos toda la extraordinaria labor de divulgación generada desde las Universidades (a pesar de las conocidas limitaciones). Refiero también (permítanme decirlo) que he hecho un modesto peregrinaje por varias ciudades, conforme nuestras posibilidades —físicas y logísticas— para sensibilizar a todos los sectores.

Nos propusimos crear conciencia ciudadana de nuestra justa pertenencia sobre ese inmenso espacio territorial; desgajado hace más de un siglo, con vileza y mala fe, de la totalidad de la geografía venezolana.

Así también, elogiamos el trabajo sostenido de las Organizaciones no Gubernamentales, de las Academias que se han pronunciamiento debidamente con asidero doctrinal; los esfuerzos de orientación de la Asamblea Nacional, del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) , del Instituto Venezolano de los Estudios Fronterizos (IDEFV) y especialmente las iniciativas de la Fundación Venezuela Esequiba para diseñar, planificar y ejecutar las hermosas jornadas virtuales de reforzamiento de conocimientos y concienciación sobre este tema álgido, que ahora entrará a conocer en su fondo el jurado de la CIJ

En toda Venezuela, hoy como nunca, hemos podido diseñar un discurso coincidente, que se expresa siempre en todas partes, en los mismos siguientes términos: el caso de la Guayana Esequiba nos obliga (por encima de particularismos) a conferirle un tratamiento de Política de Estado. Unidad de propósitos y unidad de estrategias.

Asumimos y lo estamos cumpliendo que —ante la densidad de lo que se propone discernir la Corte— la contención por la Guayana Esequiba rebasa las parcelas ideológicas, partidistas, sociales, confesionales, raciales o de cualquier otra índole.

Afortunadamente, para el bien del país, este caso ha logrado concitarnos; juntarnos con criterios unánimes. Digamos, entonces, que aquí no caben ni distractores, diversificadores ni oportunistas; porque, este asunto litigioso estamos obligados a estudiarlo, manejarlo y encararlo —jurídicamente— invocando la solidaridad de toda la población venezolana; incorporando las mejores voluntades e inteligencias. El clarín de la patria está llamando.

Ya se sabe que el pasado (18) de diciembre la Corte Internacional de Justicia se autoconfirió jurisdicción y competencia, en una sentencia preliminar que, aunque nos haya parecido “rara y sospechosa”, la hemos analizado en todas sus consideraciones y las implicaciones que de la misma se derivarán en el futuro próximo, para las Partes en la controversia.

El señalado Alto Jurado de La Haya desestimó tres solicitudes que hizo la delegación de Guyana, a través del recurso interpuesto contra nosotros, por considerarlas de “poca monta”; pero sin embargo, admitió —eo ipso— el elemento más denso e importante en el petitorio: “el carácter válido y vinculante del Laudo; el cual resuelve plena, perfecta y definitivo todos los asuntos relativos a la frontera con Venezuela” (según los términos que utiliza la contraparte en su escrito), para referirse a la sentencia tramposa y perversa, conocida en el mundo como Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Una vergüenza para la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho Internacional Público.

Recayó, por esa vía procedimental para los efectos sucesivos, el objeto de la demanda en el mencionado adefesio jurídico, el cual había quedado descartado, desde el mismo momento en que se firma el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; en cuyo texto los suscribientes, por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Michael Stewart), por la Guayana Británica (el primer ministro Forbes Burnham) y por Venezuela (el canciller Ignacio Iribarren Borges) admiten la ineficacia jurídica de la citada sentencia arbitral, al dejar sentado que: “se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. (subrayado nuestro).

Podemos interpretar, en inequívoca hermenéutica jurídica, que en ese preciso instante se produce la admisión de los hechos que nuestra delegación denunció en su narrativa.

Cabe preguntarnos, por qué la insistencia de la Corte de reinstaurar y darle vigencia a tal documento, para la continuidad del Proceso, si ya dábamos por execrado el mismo para cualquier estimación y consideración jurídica.

Encontrándonos en las proximidades de otra posible sentencia nos vemos obligados a diseñar, como equipo representativo del Estado venezolano, las más eficientes estrategias para hacer todas las alegaciones que sean necesarias, oportunas y pertinentes —damos por sentado que Venezuela se hará parte del juicio y manifestará el consentimiento de obligarse— para demostrar, con suficiente contundencia, que la decisión arbitral —de ingrata recordación— de 1899, constituyó una aberración, perpetradora del vil despojo de 159.500 km2, de nuestra geografía nacional, una séptima parte de la extensión territorial que heredamos históricamente desde 1777.

Hemos dicho de varias maneras y en muchas partes que no debemos rehuir el “combate jurídico” en ciernes.

Entro a explicar el porqué de mi sugerencia. Primero, tengamos presente que el juicio no se paralizará así nosotros continuemos invocando la No Comparecencia. Acaso, ya la Corte no asomó en su decisión previa (admisibilidad de jurisdicción) que está dispuesta inclusive a sentenciar a nuestro país en ausencia, de acuerdo con el artículo (53) de su propio Estatuto.

De tal manera que nuestra diligencia debe regirse, en lo inmediato, a conformar el mejor de los equipos con carácter multidisciplinario para atender el litigio, en esta delicada fase, tanto en el sitio de los acontecimientos (La Haya), como dentro del país; provocando y convocando asambleas de compatriotas, actividades en conjunto con visitas a los medios de comunicación para informar y deliberar sobre el evento que disciernen los jueces, en Los Países Bajos.

Otra diligencia que debe practicarse, con prontitud, es la designación del juez ad-hoc que se incorporará al corpus del jurado sentenciador, con atribuciones plenas en nuestra representación.

El viernes 26, a las tres de la tarde, hora de La Haya; tal vez, la nueva presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la estadounidense Joan Donoghue abra la celebración de la audiencia con los (17) magistrados (algunos presentes y otra vía telemática), e inmediatamente cede el derecho de palabra a la representación de Venezuela para que proceda —en esta primera vista procesal— a exponer su memorial de contestación de la demanda incoada por Guyana.

Imaginamos que, en su tiempo correspondiente, los coagentes guyaneses aprovecharán para ratificar la Pretensión procesal, esta vez circunscrita a sermonear (¿increpar?) a nuestra delegación para que demuestre porqué aseguramos la invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

Estamos munidos de bastantes elementos probatorios para desmontar el despropósito sobre el cual ellos han sostenido las tratativas tramposas, que ahora pretenden judicializar.

En una hipótesis —nada desdeñable— colegimos a partir de los indicios que, una vez escuchadas las Altas Partes conflictuadas, el jurado quizás invite a ambas delegaciones para otras audiencias a añadir más aportaciones; lo que quiere decir que en la primera vista no habrá una sentencia, considerable definitivamente firme, con perspectiva de ejecución.

El escenario de imaginación, anteriormente descrito, nos posibilita reforzar, cada vez, nuestros argumentos para probar, demostrar y convencer al jurado de nuestras justas afirmaciones.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV). 

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/