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INCONGRUENCIAS ENTRE EL RELATO Y LA ACCIÓN ANTIDROGAS EN ARGENTINA

Jorge Javier Cabral*

El problema de las drogas en Argentina ya no admite demoras en las acciones que debe adoptar el Estado para controlar la situación, tampoco tolerancia a ningún tipo de relato ni anuncios propagandísticos políticos que oculte la triste y riesgosa realidad. Desde una mirada retrospectiva es visible que dicha situación se encuentra desbordada a los alcances de los organismos de control y la justicia puesto que lo hecho hasta ahora no ha sido eficaz y la problemática ha ido empeorando.

 

La pospandemia nos sorprendió con un nuevo escenario en el problema de las drogas ya que, al modelo del tráfico y comercialización de drogas tradicionales vigente en el país de los últimos veinte años, se agregó la presencia de nuevos precursores y sustancias químicas que hasta ahora no eran comunes en nuestro país, evidenciando que la producción y comercialización de las temidas drogas sintéticas en Argentina ya es un hecho.

Concordante con este panorama, en febrero de este año se produjo en el conurbano bonaerense la muerte de veinticuatro personas por el consumo de cocaína adulterada presumiblemente con fentanilo y recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incautaron dosis de feniletilamina psicodélica, también conocida como cocaína rosa o tusi, sustancia muy difundida en algunos países de Europa.

Mientras tanto, la violencia, muertes y la creciente inseguridad como consecuencia de la producción y comercialización de estupefacientes en el país, muy especialmente en Rosario y también en la región AMBA, continúan profundizándose ante la indiferencia y el desinterés de las autoridades.

El escenario rosarino actual y también el bonaerense, aunque éste no sea tan difundido, muestran cuales son las consecuencias cuando el Estado pierde el control del territorio, recuperarlo demanda mucho más esfuerzo que prevenir la ocupación narco y ninguna lucha encarada con las metodologías y medios usados hasta ahora pueden dar esperanzas de mejoras. El accionar narco le lleva mucha ventaja al control estatal y cuentan con los recursos financieros para corromper a quienes le signifiquen un obstáculo o en última instancia para pagar los servicios de sicarios para amedrentar o eliminar al funcionario que los moleste.

Además, el dominio del territorio por parte de los narcos incluye la simpatía de los pobladores de los lugares conquistados, en base a trabajos bien rentados que realizan los vecinos para las organizaciones delictivas y al usufructo de aparatos clientelares que administran los narcos para el suministro de comidas y distribución gratuita de mercaderías comestibles. El conocido puntero político barrial fue desplazado por personajes narcos, que lógicamente también manejan los votos en tiempos electorales.

El ingreso de las drogas tradicionales, como la cocaína, pasta base y marihuana continúan a un ritmo similar al que existía antes del inicio de la pandemia del Covid-19, mediante la utilización de las mismas modalidades y pasos que siempre existieron. La novedad es el incremento del tráfico interno desde los grandes centros urbanos hacia las ciudades vecinas y la circulación de las drogas sintéticas, lo que indica que nuestro país es productor, de tránsito y consumidor de drogas.

En sintonía con este cuadro, observamos cómo la oferta de drogas creció significativamente en el país, basta con ingresar a las redes sociales para encontrar ofertas de drogas ante la pasividad estatal. Esto ya no sorprende luego de conocer las difusiones realizadas desde la Municipalidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, para “orientar hacia el inicio del consumo de drogas” enmarcadas en una supuesta campaña de “reducción de daños”.

Hasta ahora las voces sociales y dirigenciales abogaban por trabajar para establecer el control del negocio del narcotráfico a los fines de brindar seguridad pública y la tranquilidad que se merece toda sociedad organizada. Sin embargo, el panorama actual presenta un silencio gubernamental respecto al diseño de políticas orientadas a la lucha contra el narcotráfico cuya lectura manifiesta que el interés político ya no tiene como eje la acción antidrogas, sino que está virando hacia el nuevo paradigma denominado consumo controlado.

La complejidad del panorama refleja entonces una contradicción entre el reclamo de la sociedad y las decisiones del poder político, pareciera como interlocutores de distintos idiomas. El relato plantea la solución en términos de control de la problemática, pero las acciones van en otra dirección.

Además, el escenario cambió complejizándose con la aparición de las drogas sintéticas que requiere conocer un proceder distinto al aplicado contra las drogas tradicionales. La rentabilidad que deja la comercialización de las drogas sintéticas es superior, se minimizan los problemas logísticos y se facilita los procedimientos de distribución.

Córdoba sigue sigilosamente el sostenido crecimiento del problema de las drogas en el país, aunque en apariencia la situación se presenta a simple vista como “controlada”. No obstante, comienza a ser evidente que la producción y comercialización, tanto de las drogas tradicionales como de las sintéticas, se está incrementando.

Es alarmante la cantidad de barrios de la ciudad donde ya se puede conseguir drogas sin ningún tipo de prevención estatal, lo que claramente significa que se está perdiendo el control del territorio y eso como ya fue dicho resulta muy perjudicial para la vida y tranquilidad de la comunidad.

 

* Comandante General (R), Gendarmería Nacional Argentina, ex Director Antidrogas y ex Comandante del Operativo “Escudo Norte”. 

Artículo publicado en la Revista Tiempo GNA 71, julio de 2022.

 

OTRO FRACASO ENCUBIERTO EN AFGANISTÁN

Isabel Stanganelli*

“Afganistán es el modelo de lo que

se puede alcanzar en Iraq”.

George W. Bush

 

Drogas y terrorismo comparten geografía, dinero y violencia. Si fuera un negocio lícito, las drogas serían el tercer producto mundial de comercio, detrás del petróleo y de las armas. Sin embargo, el narcotráfico no solo es ilegal sino que suele ser sostener otras actividades ilegales —por ejemplo el tráfico de armas— y mantiene vinculaciones con muchas otras que forman parte del gran espectro del crimen organizado.

El opio, producto de la adormidera, es la base para producir morfina, goma de opio y heroína. Así como el Triángulo de Oro —Myanmar, Laos, Tailandia— fue fruto de la Guerra Fría, la Media Luna de Oro con origen en Afganistán lo es de la post Guerra Fría. Hoy es un gran abanico de rutas que se irradian en todas las direcciones posibles con centro en ese país.

En 2003, una hectárea de trigo rendía US$ 350. La misma superficie sembrada con adormidera requería US$ 320 en semillas y rendía US$ 6.150, casi 18 veces más. Tiene menos requerimientos, amplio mercado y puede ser conservado indefinidamente. Muy afectados por décadas de guerras, pobreza endémica y sequías frecuentes y prolongadas, esta actividad permite a los afganos comprar armas, alimentos, protección…

Por otra parte el rendimiento del cultivo hizo elevar el salario de la mano de obra por lo cual se detuvieron las tareas de reconstrucción de puentes y rutas, basadas en menores salarios. Los techos y las escuelas quedaron esperando ante la falta de mano de obra disponible. Mientras el comercio de drogas se expande, los esfuerzos legales para combatirlo quedan rezagados. 

Evolución de los cultivos

Si bien los cultivos en Afganistán son ancestrales, el uso comercial de la adormidera se inició durante la ocupación soviética del país, entre 1979-89, con los muyahidines —sostenidos por la CIA (y Rambo)—. Enviaban la morfina base a Pakistán con conocimiento de la CIA —que sostenía la resistencia— o a Turquía, donde mediante refinación se transformaba en heroína.

La resistencia a la URSS y la posterior guerra civil destruyeron las infraestructuras agrícolas, los principales canales de irrigación y rutas al mercado. Tras el retiro soviético, el país perdió los subsidios de Moscú y no recibió más ayuda de Washington ni —salvo de Pakistán— del resto del mundo. Fue la etapa de la guerra civil entre los grupos que habían repelido la invasión soviética pero que no lograron ponerse de acuerdo para el gobierno de la liberada república. Los señores regionales, líderes de tribus y clanes lucharon entre sí, provistos de importantes fuerzas a las que pagaban, alimentaban, vestían y armaban —y cuya fidelidad compraban— con el dinero que aportaban los crecientes cultivos de adormidera.

En la década de los ‘90 Afganistán ya producía más de 2.000 toneladas/año de opio, superando a Myanmar —1.000 toneladas— y Laos y Colombia con 100 toneladas/año cada una.

Hacia 1996 el triunfante gobierno talibán redujo su producción y solicitó ayuda internacional para subsidiar a los campesinos. Se enviaron en total 3,2 millones de dólares en cinco años —unos 630.000 cada año—[1]. Como consecuencia, los cultivos en Afganistán se incrementaron. El mercado ya abarcaba Europa Occidental, Rusia, Asia Central, Pakistán e Irán. Hacia 1999 Afganistán producía 4.565 toneladas (70% del total mundial), más que todo el resto del mundo incluyendo el Triángulo de Oro.

En 2000, en plena época de cosecha —julio— el Mullah Omar prohibió los cultivos e hizo incendiar los laboratorios de heroína y encarcelar a los campesinos que no destruyeran sus cultivos, si bien no prohibió el comercio de los stocks existentes[2]. Esto se debió a que EEUU afirmaba que el gobierno se sostenía con los ingresos provenientes del comercio de la droga y la medida estaba destinada a probar que no era verdad.

En 2001 se produjeron 185 toneladas. Es decir 96% de reducción en escasos meses. Las provincias bajo gobierno talibán casi no tenían cultivos. Las toneladas de ese año correspondieron a áreas bajo el control de la Alianza del Norte e incluso se incrementaron en áreas no tradicionales, beneficiadas por los mayores precios generados por la menor oferta.

La llamativa reducción en 2001 (es muy difícil en un instante bajar el 96% de cualquier tendencia) fue objeto de numerosas especulaciones: ¿se buscaba reducir la oferta para aumentar su precio? (personalmente no creo pues esto beneficiaria a la Alianza septentrional); ¿reconocimiento del gobierno por la ONU?; ¿levantamiento de sanciones y ayuda internacional? Al menos la solicitaron. En ese momento diplomáticos occidentales advirtieron que si se perdía este gesto los cultivos volverían. Pero el presidente Bush Jr. impidió toda rehabilitación diplomática de los talibán al reclamar la entrega de Osama bin Laden.

En 2002, ya sin los talibán, las Naciones Unidas admitieron —con las tropas occidentales— el colapso total de la ley y el orden en Afganistán. El poco dinero destinado a compensar el cambio de cultivos y la falta de industrias para procesar otros no resultó y la adormidera comenzó a recuperar áreas y por consiguiente la producción (3.200 toneladas). Mazar-i-Sharif y Khanabad incorporaron además cultivos de cannabis —marihuana—. Entre ambas y con el país ocupado, generaron ingresos de US$ 1.300 millones, más que lo recibido en concepto de ayuda exterior por el país ese año.

La alianza ocupante entregó en 2003 semillas de trigo para sustituir cultivos, pero curiosamente en esos lugares fue donde más se cultivó amapola: 6% más que en 2002, 75% del opio del mundo. Los funcionarios a cargo de la reducción de cultivos temían ataques de los campesinos pues los alternativos de trigo resultaron desastrosos.

Este comercio aportó ese año US$ 2.300 millones. Los locales por pocos dólares negaban haber visto siquiera laboratorios y destruían cultivos solo a orillas del camino. Solamente en la provincia de Wardak, próxima a Kabul, la normativa del gobierno fue exitosa. Sus 400 familias, que en 2003 cultivaron 5.400 Ha, destruyeron los cultivos de opio en junio de 2004. La sensación imperante es: ¡ahora no tenemos nada! Cerca se han instalado minas antipersonales para evitar el re-cultivo.

En el resto de Afganistán la tendencia continuó. La Oficina de Drogas y Crimen de la ONU —UNODC— indicó que muchos campesinos incrementaban sus hectáreas cultivadas, otros comenzaban sus cultivos y que ya habían incorporado maquinaria, algo nunca antes destinado a cultivos.

Hace más de una década que los observadores de la ONU señalaban que el país podía colapsar ante las permanentes amenazas de las milicias armadas, la pobreza, la corrupción y la narco-economía.

Mientras la ISAF se ocupaba de Kabul[3], EEUU y el Reino Unido actuaban militarmente en el sur. Pero sus intereses no coincidían. EEUU exportaba valores: libertad, democracia, derechos de las mujeres y en suma, lucha contra el terrorismo. Acusaban a la OTAN y a la ISAF de dejarles la carga más pesada.

El Reino Unido debía responder a acusaciones domésticas: los británicos consumían entre el 50 y el 65% de la heroína introducida en toda la UE y el 90% provenía de Afganistán.

En 2001 Tony Blair indicó que el Reino Unido iba a Afganistán a parar el flujo de drogas y que la remoción de los talibán lo lograría. Pero resultó que las armas que éstos compraban eran pagadas con la vida de los adictos en las calles británicas.

En julio 2000 el opio en Afganistán valía 44 U$S/Kg, después de S-11: 95 U$S. Actualmente supera los 150 U$S el Kg. Debemos tener presente cómo se va encareciendo el producto hasta su destino final.

Actualmente Afganistán cuenta con una superficie destinada para el cultivo de adormidera en constante crecimiento: según cifras de la ONU pasó de 70.000 hectáreas en 1994 a alrededor 250.000 hectáreas en los últimos cuatro años.

En 2021, luego de 20 años, los EEUU se han retirado del país sin alcanzar ninguno de sus objetivos.

Gracias al opio este país ahora cuenta con recursos económicos más que suficientes para reconstruirse económicamente. Pero el trauma de siglos de atropellos sufridos —debido a la avidez de unos pocos o a lo estratégico de su posición— determina un futuro extremadamente incierto.

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.

 

Referencias

[1] Solamente en 1997 Laos recibió 4,2 millones de ayuda internacional y en 1998 Colombia 399 millones.

[2] La amapola se siembra entre septiembre y enero -dependiendo de las regiones-. En julio lo no cosechado debía ser destruido.

[3] De hecho jamás se dieron condiciones de seguridad como para que se alejaran demasiado de Kabul.

©2021-saeeg®

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL PRECIO QUE TENEMOS QUE PAGAR POR EL DINERO A VECES ES LA LIBERTAD

Giovanni Ramunno*

El alcance de los yihadistas se ha expandido dramáticamente en África Occidental en los últimos años desarrollando y extendiendo sus tentáculos financieros.

Además, algunos grupos son ahora poderosas fuerzas insurgentes, que controlan el territorio, suplantan al Estado y gobiernan con una mezcla calibrada de coerción y cooptación. Más recientemente, el Estado Islámico ha aumentado la complejidad de la crisis política y social alimentada por la presencia de Al-Qaeda en la región del Sahel.

El Sáhara es ahora casi exclusivamente un punto de tránsito para el comercio ilícito que ha generado una economía de protección que parece haber aumentado los costos de todo movimiento de mercancías. En toda la región, el comercio ilícito —tanto el comercio informal como el tráfico más pernicioso— ha obstaculizado la consolidación del Estado central y se ha convertido en un importante impulsor de la inestabilidad y el conflicto.

Además, algunos grupos son ahora poderosas fuerzas insurgentes, controlan el territorio, suplantan al estado y gobiernan con una mezcla calibrada de coerción y cooptación. Más recientemente, el Estado Islámico ha aumentado la complejidad de la crisis política y social alimentada por la presencia de Al-Qaeda en la región del Sahel.

El primer producto genuinamente ilícito que comenzó a transitar por el Sahara fue la resina de cannabis procedente de Marruecos, siguiendo respectivamente la costa norteafricana, que incluye el uso de barcos, y una ruta hacia el sur desde Marruecos, luego atravesando hacia el este a través del Sahel, a lo largo de la frontera entre Libia y Chad hasta Egipto y luego entrando en Europa a través de los Balcanes.

Más recientemente, la cocaína comenzó a transitar por el África subsahariana a principios de la década de 2000, con destino al mercado europeo. Los traficantes latinoamericanos atacaron varios Estados costeros de África occidental, de los cuales el más conocido y vulnerable era Guinea-Bissau. La llegada de cocaína a las costas de África occidental coincidió con el comienzo de varias transiciones políticas frágiles. Además, la ruta hacia el norte desde la costa de África occidental ha tenido un impacto decisivo en la estabilidad en el norte de Malí y Libia, ya que la rentabilidad de la cocaína superó con creces cualquier producto que hubiera pasado previamente por esa región.

Más recientemente, la Interpol informó el pasado mes de mayo acerca de un marcado aumento del número de traficantes de drogas que utilizan Libia como punto de transbordo, incluso para las drogas. El norte de África había surgido como centro de tránsito de cocaína después del Cocainegate en Argelia.

En 2011, Europol ya estaba informando que “… algunos grupos delictivos de África occidental se encuentran entre los más capaces de gestionar todas las fases sucesivas de la inmigración ilegal desde los países de origen hasta los países de destino. Los migrantes en tránsito son frecuentemente explotados en mano de obra ilícita, lo que marca un punto de contacto entre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos (THB)”. Por lo tanto, la migración hacia el norte a través del Sáhara, que estaba impulsada y exacerbada por la fragilidad del Estado, se había convertido en un pilar de la economía criminal regional.

El control de las corrientes ilícitas y la protección de la circulación de mercancías ilícitas es ahora una fuente importante de recursos para los grupos de milicias armadas y una forma de consolidar el poder local.

En este sentido, tanto el Toubou a lo largo de la frontera sur de Libia con Chad y Níger, como el más pequeño pero poderoso Zintani en la frontera suroeste, se han fortalecido en gran medida en el proceso.

En todo el Sáhara, la naturaleza de los Estados y la naturaleza del desarrollo de la trata han aumentado el nivel de violencia, socavando la autoridad estatal central, lo que finalmente ha empoderado a los agentes de poder locales.

Grupos terroristas que prosperan para obtener recursos financieros se reubicaron, desde Argelia primero y Siria después, para beneficiarse del comercio ilícito gravando el movimiento de mercancías a través del territorio que controlan. Además, entre los principales métodos y técnicas para recaudar fondos se encuentran las extorsiones, los robos, el abastecimiento ilegal de petróleo, el uso indebido de ONG/organizaciones benéficas y la trata de personas. Por lo tanto, hay cada vez más evidencia de un nexo entre el financiamiento terrorista y la actividad criminal. Es decir, en Malí los líderes terroristas disfrutan de una libertad de movimiento que casi no tiene rival en otras partes del mundo debido al fracaso del gobierno maliense para reconstruir instituciones sólidas y la actual incapacidad de que el ejército maliense pueda reconquistar el territorio perdido. En Nigeria, Boko Haram también ha seguido atacando a civiles y explotando a mujeres y niños, incluidas niñas. Como resultado de sus actividades, la cuenca del lago Chad se ha convertido en una zona afectada por el conflicto armado y la trata de personas.

En la misma línea, informes recientes han indicado la persistencia de los mercados de esclavos en línea operados por ISIS y sus partidarios para continuar recaudando fondos. Los gobiernos aprobaron finalmente una resolución del Consejo de Seguridad que permite la designación de terroristas sancionados por violencia sexual y trata de personas para apoyar el terrorismo.

Aún más preocupantes que la convergencia del terrorismo y la criminalidad en África son los casos en los que el Estado es cómplice. Guinea-Bissau es un ejemplo frecuentemente citado de “Estado criminal” en el que los peldaños más altos de la dirección del gobierno se han visto arrastrados a la delincuencia. Es evidente que esta criminalización completa representa un desafío para la seguridad europea, ya que reduce el número de socios elegibles en la región.

El terrorismo fundamentalista religioso es una “corporación empresarial virtual” que opera en un escenario global, con una base de apoyo global, sin fecha de finalización hacia un amplio estado final (dominación global islamista).

Los terroristas han encontrado condiciones favorables para desarrollar sus actividades en el Sáhara precisamente porque pueden ser fácilmente móviles y explotar la debilidad de los Estados territoriales y la debilidad de los sistemas financieros Sub-Saharianos.

Se está financiando la sangre vital de una red terrorista eficaz. Las redes terroristas, como mafias, necesitan mover dinero criminal al extranjero y luego recorrer el sistema de pagos internacionales para ocultar la pista de auditoría. En abril de 2013, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó el lavado de dinero basado en el comercio de África Occidental facilitado por casas de cambio libanesas.

El terrorismo transnacional y la delincuencia organizada se han convertido en un problema mundial y, por lo tanto, el esfuerzo por perturbar su financiación debería extenderse más allá de las fronteras para bloquear el dinero dondequiera que esté escondido y rastrearlo dondequiera que se mueva. Para que la comunidad internacional desarrolle un estado de derecho que esté a la altura de la globalización del comercio y el movimiento mundial de personas, habrá que abordar las cuestiones planteadas por el agujero en el sistema jurídico y fiscal internacional.

Los Panama Papers han hecho sonar una clara señal de alarma que no podemos permitirnos subestimar más.

 

* Periodista y responsable de prensa, ocupó el cargo específico en los principales teatros operativos, incluidos la ex Yugoslavia, Kosovo, Irak y El Líbano. Fue jefe de la oficina de prensa de la operación europea “Althea” en Bosnia y asesor de comunicaciones del presidente del comité militar de la Unión Europea. Como piloto de helicóptero, trabajó con las Naciones Unidas en El Líbano como jefe de las actividades aéreas de la misión de la FPNUL y dirigió el grupo de vuelo en Kosovo; fue observador en la Misión de Observadores de la Comunidad Europea en Serbia, Montenegro, Croacia y Bosnia y en la Misión de Observadores Diplomáticos de Kosovo en Kosovo y Macedonia. Ha publicado “Magreb o un espacio de cooperación y desarrollo”, “Irán desde la primera posguerra hasta el acuerdo de Argel” y “La dama de los cristales: el desafío de la vida”. Colabora con revistas y sitios sobre los principales problemas de seguridad.

 

Artículo traducido por la SAEEG con expresa autorización de su autor. Publicado originalmente el 08/08/2021 en OFCS.Report – Osservatorio – Focus per la Cultura della Sicurezza, Roma, Italia, https://www.ofcs.it/internazionale/financing-for-terrorism-the-price-we-have-to-pay-for-money-is-sometimes-liberty/#gsc.tab=0