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MADURO, EDMUNDO Y EL «MÉTODO OBIANG»

Roberto Mansilla Blanco*

El exilio de la oposición política bajo un clima de intimidación, represión y mediación internacional es un método tradicional en los regímenes dictatoriales como mecanismo táctico para sobrevivir en aguas turbulentas. Visto con cierto paralelismo histórico, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela muestra algunas semejanzas con lo sucedido en las últimas cuatro décadas en Guinea Ecuatorial, un escenario que conviene recordar porque en ambos casos existe un actor implicado, en este caso España, como maestro de ceremonia.

La decisión del gobierno español de Pedro Sánchez de aceptar este 8 de septiembre el asilo político para el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien muchos países reconocen como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio (28J), supone un factor inesperado dentro del delicado equilibrio de poder en Venezuela.

Los medios de comunicación han reflejado la mano del ex presidente español José Luís Rodríguez Zapatero como supuesto artífice del asilo político de González Urrutia, en connivencia con la recién nombrada ministra de Petróleo y vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez, cuyo peso es cada vez más ascendente dentro de la estructura de poder del «madurismo». Un dato a tener en cuenta: las exportaciones de petróleo venezolano comienzan a recuperar su ritmo, siendo España uno de los beneficiados.

El «modelo guineano»

¿Qué tiene que ver Guinea Ecuatorial en todo esto? Directamente nada pero como referencia puede servir para intentar arrojar algunas claves que permitan definir hacia dónde se dirige la política venezolana, particularmente una oposición que comienza a experimentar las dificultades del exilio. Madrid, como Miami, se ha convertido en el centro del exilio político venezolano, destacando la presencia de líderes como Antonio Ledezma y Leopoldo López, además de decenas de activistas políticos. Una lista a la que se suma ahora González Urrutia.

Colonia española hasta 1969, Guinea Ecuatorial transitó hacia un régimen cada vez más autocrático cuando en 1979 el militar Theodore Obiang tomó el poder vía golpe de Estado contra el entonces presidente Francisco Macías. Desde entonces, Obiang instauró un régimen personalista y autoritario que lleva 45 años de duración y en la que el fraude electoral parece ser una herramienta eficaz para preservar su poder. País petrolero con importantes recursos minerales en su subsuelo, factor que le da cierto peso estratégico a nivel geopolítico, el régimen de Obiang se ha mantenido en el poder a fuerza de represión, intimidación, violaciones de derechos humanos así como un hábil pragmatismo que le permitió mantener una política de neutralidad dentro de la confrontación global de la «guerra fría» entre EEUU y la URSS.

El histórico líder de la oposición a Obiang, Severo Moto fue acogido por España en 1983 fundando en Madrid el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Desde allí organizó una especie de gobierno paralelo intentando influir infructuosamente en la situación política de su país de origen. Mientras Obiang fue reforzando su autoritario poder y ampliando sus alianzas exteriores, destacando además de Rusia y China el ex presidente venezolano Hugo Chávez, siendo el principal aliado geopolítico de Obiang en América Latina fortaleciendo acuerdos económicos y energéticos conjuntos, continuados y ampliados desde 2013 con Maduro en la presidencia, Moto fue cayendo cada vez más en la intrascendencia política para la clase política española. Con todo, sectores opositores intentaron infructuosamente un golpe contra Obiang en 2017.

La sintonía entre Obiang y Maduro es tal que el presidente guineoecuatoriano fue uno de los pocos líderes mundiales que felicitó al mandatario venezolano por su controvertida reelección el pasado 28J cuando el prisma del fraude electoral denunciado por la oposición venezolana recorría el mundo. En 2013 el mandatario guineano anunció la salida de su país de la Corte Penal Internacional (CPI), entidad que está investigando a Maduro desde 2021 por crímenes de lesa humanidad. No obstante, en los últimos meses, Obiang también está observando crisis internas por violaciones de derechos humanos. Previo a la salida de Edmundo de Venezuela, desde Buenos Aires se instó a la CPI a ordenar la detención de Maduro por violaciones de derechos humanos.

En 2006 Obiang visitó España entonces bajo el gobierno de Zapatero. Anteriormente también fue recibido por el ex presidente español José María Aznar. Otros altos representantes de la política española de colores políticos diferentes como José Bono, Mariano Rajoy, Miguel Ángel Moratinos o Josep Borrel, alto comisario de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, también han hecho lo mismo. Más allá de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial y de la activa presencia de la oposición guineana en España, Madrid hizo valer sus intereses vía realpolitik ante un actor incómodo pero necesario como Obiang al mismo tiempo que fue desestimando las expectativas opositoras de llevar a cabo una transición en el país africano, muy probablemente también por la debilidad y las fisuras internas dentro de la oposición ecuatoguineana.

¿Punto de quiebre o enfriamiento de la crisis venezolana?

La oposición venezolana debería así mirar con mayor atención el espejo guineano como una referencia a evitar. Los ojos están puestos en cómo asumirá María Corina Machado este nuevo contexto, si sale reforzada o, por el contrario, se verá más debilitada y a merced de cualquier arbitraria detención por parte del régimen de Maduro. Diversas fuentes observan que las protestas en Venezuela han perdido fuerza toda vez que Maduro juega al desaliento y la desmoralización entre las filas opositoras.

Pero el exilio de Edmundo abre un nuevo capítulo que, como cualquier parteaguas, implica nuevas expectativas. Desde el exilio se estima que González Urrutia iniciará una activa campaña internacional en la que mostrará pruebas sobre el fraude electoral del 28J. Opacado por la incansable figura de María Corina Machado, está por ver cuál será la capacidad real de persuasión de González Urrutia para convencer a la comunidad internacional hacia la transición política en Venezuela.

Maduro se atrinchera obstinadamente y corre el riesgo de un mayor  aislamiento regional abriendo una crisis diplomática con Brasil por el asedio a la embajada argentina en Caracas donde están refugiados otros líderes opositores. No obstante, la aceptación de Maduro del asilo político español para Edmundo supone una táctica dilatoria para ganar tiempo e intentar lavar su imagen internacional; un método muy similar al utilizado durante años por el régimen cubano con algunos de sus prisioneros políticos.

Por otro lado, con Edmundo fuera de Venezuela, debe observarse igualmente con atención cómo transitará a partir de ahora la mediación de Brasil, Colombia y México para buscar una salida a la interminable crisis venezolana, o si la misma tiene ya algún tipo de incidencia. Todo ello sin desestimar las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo, particularmente en el caso del voto venezolano en EEUU, más proclive a apoyar al republicano Donald Trump.

Mientras Edmundo buscará revitalizar desde el exilio la causa democrática venezolana a nivel internacional, Maduro apuesta por alejar a la principal dirigencia opositora del centro neurálgico del poder en Caracas. Con ello busca, como en el caso de Obiang con Severo Moto, presionar políticamente para asegurar la intrascendencia del exilio venezolano.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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GUAYANA ESEQUIBA: ¿SENTENCIA EN AUSENCIA?

Abraham Gómez R.*

La disputa por la extensión territorial que nos arrebataron hace más de un siglo ha tenido a lo largo de todo ese tiempo algunas características que le confieren la posibilidad de hacerse un tema-tópico interesante para esfuerzos de entendimiento a nivel universitario y sus correspondientes análisis socio-políticos.

En honor a la verdad, en momentos históricos concretos hemos tenido impulsos denodados y muy contundentes para hacerle saber a la contraparte que han estado usurpando la señalada séptima parte de nuestra geografía nacional por el costado este; sin embargo, también reconocemos que ―luego de tanta eclosión y efervescencia sobre tal controversia― caemos en una especie de quietud y displicencia. Como que «la cosa» ya poco o nada nos importara.

Ha habido gobiernos desde 1814 hasta el presente que han emprendido sostenidas gestiones reclamativas con firmeza, por una parte; pero también, deplorablemente, en otros tramos epocales tuvimos gestiones oficiales con tratamientos indiferentes para encarar el pleito.

Quedó para la posteridad la primera expresión de protesta y principal llamamiento del Padre de la Patria, Simón Bolívar, en 1822, para que se corrigiera tamaña tropelía:

Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según aquellos, nos pertenece del lado oeste del Río Esequibo. Es absolutamente indispensable que dichos colonos, o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones.

En bastantes ocasiones, el conflicto ha venido a formar parte ―a lo interno― de una estrategia para crear un «falso nacionalismo» y «un ardor electoral»; mientras que Guyana ha otorgado como mejor le ha parecido concesiones y licencias ilegales a muchísimas empresa transnacionales, con cuyos recursos dinerarios contrataron juristas, especializados en derecho internacional, para emboscarnos con la demanda accionada el 29 de marzo de 2018; cuya causa de pedir ―el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899― comporta un documento rechazado por su condición de nulo de nulidad absoluta.

De igual modo, lamentamos que algunos gobiernos ―en sus respectivas oportunidades― hayan subsumido el caso en «silencios injustificados» que bordean la aparente complicidad. Dicho más directamente, resulta que luego de la concitación favorable alcanzada en la opinión nacional e internacional se desinflan las expectativas e iniciativas.

Lo digo con conocimiento de causa; porque he ocupado los últimos (45) años de mi vida al estudio académico de la presente controversia, en sus distintas vertientes: histórica, jurídica, cartográfica, demográfica, socio antropológica; contando permanentemente con la orientación,  asesoría y la efectiva enseñanza de expertos en campos específicos y, en paralelo, he desarrollado intercambio de criterios y conjeturas para ensanchar saberes.

La excolonia británica introdujo ―como quedó dicho— una demanda contra nuestro país. Pide, en su escrito, que Venezuela reconozca “como válido y vinculante” el adefesio jurídico, a través del cual urdieron su trampa. Solicitan en el mismo acto procesal que la Sala Jurisdicente le confiera al mencionaron ardid la condición de «cosa juzgada».

Atendamos a lo siguiente. Habiendo llegado el caso a tales instancias y en el absoluto entendido que una vez comenzado el proceso jurisdiccional no se paralizará, en ningún momento, motivado a ausencia de alguna de las partes concernidas; como efectivamente lo contempla el artículo (53) del Estatuto del Ente Juzgador:

«1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho».

La Corte ya decidió la situación de su competencia en este litigio el 20 de diciembre de 2020.

Nuestra delegación se hizo presente para solicitar una excepción u objeción preliminar la cual no fue admitida; igualmente, el día 8 de abril de 2024, Venezuela consignó el memorial de contestación de la demanda, en la primera etapa del juicio denominada Fase Postulatoria (sin pedir medidas provisionales para paralizar a las señaladas empresas ni abrir un juicio de reconvención por los daños que nos causan, que los pudo haber intentado).

Vistos así los hechos, prácticamente por invocación de actos conclusivos, quedamos comprometidos a asistir a los trayectos subsiguientes: pruebas, alegaciones y aportes preconclusivas, antes de esperar el fallo de la Sala.

 Nos resulta incomprensible la opinión de algunos connacionales (afortunadamente muy pocos) quienes, sin tener la más mínima formación ni estudios de este caso, que hemos asimilado como Asunto de Estado (por encima de parcelas políticas-ideológicas), se atreven a proponer que no comparezcamos por ante la Sala, el próximo 11 de agosto de 2025, fecha para la cual hemos sido citados a desglosar, defender y consignar nuestra irrebatible alforja de pruebas. Incontrovertibles.

Fue la delegación venezolana, en la persona de nuestro excelso canciller Ignacio Iribarren Borges quien propuso, por primera vez, en 1966, llevar el caso a discernimiento, judicializarlo, en la Corte; trámite al cual la representación del Reino Unido se opuso y prefirió que suscribiéramos el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero del mismo año. Único documento con pleno vigor jurídico donde debe basamentarse la solución del conflicto interestatal.

Nos preguntan, por distintas vías, ¿qué riesgos corremos si no nos hacemos presentes por ante la Corte, en la indicada fecha?

Perderíamos la valiosa oportunidad de develar y desmontar la vil maniobra tejida por los imperios de entonces contra nuestro país. La contraparte no tiene nada que soporte lo que hicieron con añagaza.

Le dejaríamos el campo solo a la delegación guyanesa para que alegue lo que le plazca.

 ¿Vamos a esperar la sentencia sentados, cómodamente, en nuestras casas, sin defender esta causa patriótica?

Dejaríamos pasar el mejor momento para detallar y exponer los Justos Títulos Traslaticios que siempre nos han asistido y que constituyen nuestras cartas inconcusas en la controversia.

Sería una irresponsabilidad tratar de ocultarnos en unos resultados del referendo consultivo del Esequibo (en su pregunta tres); por cuanto, dichas cifras se desconocen porque no han sido oficializadas en ninguna parte.

Cada Estado posee su capacidad y sus especificidades para encarar alguna controversia similar; por ello nos parece un despropósito escudarnos en que (191) países desconocen a la Corte.

No hay que confundir jurisdicción con competencia.

Sobre este último particular, la Corte tiene su propio mecanismo de solución en el artículo (36) de su Estatuto, de llegar a presentarse alguna perplejidad en esta consideración.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

EL VIACRUCIS VENEZOLANO

Roberto Mansilla Blanco*

Venezuela vuelve a generar atención internacional. Los comicios presidenciales del pasado 28 de julio (28J) implicaron un nuevo episodio de la interminable crisis política venezolana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Inmediatamente, la oposición, liderada en la tarjeta electoral por Edmundo González Urrutia pero políticamente por María Corina Machado, denunció un masivo fraude, instando a la autoridad electoral a mostrar los actas definitivas del escrutinio, hasta ahora infructuosamente.

A consecuencia, el país caribeño y sudamericano ha registrado diversas protestas en las calles que dejaron decenas de muertes ante la represión por parte de las autoridades policiales. Este 17 de agosto, la oposición convocó masivas protestas contra Maduro en más de 300 ciudades a escala mundial. La comunidad internacional viene movilizándose para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes que implique una solución postelectoral.

Brasil, Colombia y México impulsan una mediación toda vez piden a Maduro la entrega de los actas para garantizar la transparencia electoral. Varios países a nivel hemisférico pero también en Europa (España entre ellos) exigen igualmente la presentación de las actas; algunos de ellos reconociendo la victoria opositora, otros evitando pronunciarse expresamente. El reconocimiento presidencial de Maduro viene de sus tradicionales aliados, especialmente Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua e Irán.

Existen algunos indicios que pueden apreciar la posibilidad de que, esta vez, los factores de poder que influyen en la crisis venezolana estén dispuestos a aceptar una transición pactada. El más importante de estos indicios puede identificarse en el hecho de que gobiernos de izquierdas que tradicionalmente han establecido una mayor predisposición a mantener relaciones con Maduro (Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia) sean precisamente ahora los que estén impulsando una mediación toda vez desconocen los resultados hasta no se presenten los actas.

Estos gobiernos presionan a Maduro para entregar las actas como condición prácticamente inalterable para encontrar una salida y verificar la transparencia electoral. En el caso de Lula, incluso llegó a reprender al mandatario venezolano («debe aprender también a perder») tras las controvertidas declaraciones previas de Maduro de que en Venezuela se daría «un baño de sangre y una guerra civil» en caso de derrota electoral el 28J. Críticas similares las realizó también el presidente chileno Gabriel Boric.

No obstante, Lula, probablemente el interlocutor más eficaz a la hora de garantizar la posibilidad de éxito de la mediación, también recela de las pretensiones de la oposición venezolana y de las pruebas de actas electorales que aparentemente tienen en sus manos. El mandatario brasileño debe manejar difíciles equilibrios para la obtención de consensos.

Cabe destacar que estos países (Brasil, Colombia, México y Chile) son los que han recibido la mayor afluencia de emigrantes y refugiados venezolanos en los últimos años. La posibilidad de registrarse una nueva oleada de refugiados en caso de que Maduro y sus aliados si atrincheren obstinadamente en el poder supondría ampliar una crisis hemisférica que viene causando preocupación precisamente desde que Maduro llegó al poder en 2013. Por tanto, la mediación implica también una medida preventiva orientada a evitar esta eventual salida de venezolanos que huyen de la crisis económica y de la represión.

Dependiendo de la óptica política e ideológica hay quien quiere ver en Caracas una reproducción del levantamiento popular estilo Maidán similar a los acontecidos en Ucrania en los inviernos de 2003/04 y 2013/14. Esos contextos determinaron la caída de líderes políticos que, como en el caso de Maduro, estaban dentro de las esferas de influencia rusa. Otros fijan la mirada en una reproducción de la surrealista presidencia interina de Juan Guaidó (2019-2021), que en su momento contó con importantes apoyos internacionales (EEUU, Europa) pero que evidenció su esterilidad de poder interna. En ambos casos el foco está establecido en torno a los intereses de Washington en Venezuela y cuál será su capacidad efectiva para propiciar una transición, en caso de ser posible.

Precisamente los recientes acontecimientos dentro del contexto de la guerra ucraniana pueden complicar esos intereses rusos en Venezuela. La reciente ofensiva militar ucraniana en territorio ruso, en este caso en torno a la localidad de Kursk, y los combates en el frente militar en Donbás determinan para Moscú imperativos estratégicos de mayor urgencia (un posible enfrentamiento directo con la OTAN) que pueden eventualmente limitar la tradicional asistencia del Kremlin a Maduro, sin que esto signifique degradar su apoyo en los foros internacionales. Misma perspectiva puede observarse con respecto a China, que vuelve a tener una implicación económica dentro de Venezuela tras algunos de cierto distanciamiento. De este modo, mantener obstinadamente a Maduro en el poder ante una masiva protesta y presión internacional sin atender otras iniciativas que impliquen abordar consensos puede terminar resultando demasiado costoso y contraproducente para los intereses de Moscú y Beijing.

Mirando en perspectiva geopolítica global, la implicación estadounidense en torno a la crisis venezolana (con miras también a los comicios presidenciales de noviembre próximo en EEUU, particularmente en torno al voto hispano) y los avatares del conflicto ucraniano, en el que antes de la reciente ofensiva de las tropas ucranianas en territorio ruso se estaban estableciendo algunas iniciativas de negociación impulsadas por Hungría y China, son aspectos que pueden ejercer algún tipo de influencia, más indirecta, en lo relativo a la mediación hemisférica en Venezuela y las intenciones de Washington (con apoyo de aliados como Ucrania e Israel) en sus expectativas de neutralizar a aliados de Maduro como Rusia e Irán (en este último caso tras el reciente asesinato en Teherán del líder de Hamás Ismail Haniye), obligándolos a mantener la atención estrictamente en sus esferas de influencia geográficamente más inmediatas.

La administración de Joseph Biden intenta así retomar la iniciativa apoyando tácitamente la ofensiva ucraniana en Rusia, tal y como reconoció expresamente el general ucraniano Oleksander Syrskyi, quien llegó a declarar que «consulta directamente» con Washington en torno a la ofensiva militar en territorio ruso.

En todo caso, en una atmósfera tan incierta como la venezolana, cualquier nivel de análisis no deja de entrar en el terreno de la especulación. Otros actores de poder también entran en juego. Destacan aquí el establishment militar y las nuevas oligarquías económicas establecidas en Venezuela durante estos años de «chavismo-madurismo» y que ejercen un importante nivel de influencia en las decisiones tanto de Maduro cómo de la oposición.

No obstante, la justicia internacional (Corte Penal Internacional) así como las sanciones de EEUU y de la UE también ocupan su protagonismo por sus investigaciones contra altos cargos del gobierno de Maduro y de las Fuerzas Armadas por presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017.

Desenredar este difícil rompecabezas supone una clave de poder a tener en cuenta en este terreno sinuoso e impredecible de la mediación y negociación y ante las posibilidades, aún embrionarias, de una transición pactada o de una «huida hacia adelante» por parte de Maduro en su intención de atrincherarse a toda costa en el poder.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Este artículo fue originalmente publicado en idioma gallego en Novas do Eixo Atlántico (https://www.novasdoeixoatlantico.com/o-viacrucis-venezolano-roberto-mansilla-blanco/)