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GUAYANA ESEQUIBA: CONTROVERSIA JURÍDICA Y DESACUERDO DE INTERESES

Abraham Gómez R.*

Nos encontramos a escasos tres meses de la probable comparecencia de la delegación venezolana por ante la Corte Internacional de Justicia, con la finalidad de consignar el respectivo memorial de contestación de la demanda que nos interpuso (ingratamente) la República Cooperativa de Guyana, el 29 de marzo de 2018.

Cabe la directa y sensata pregunta en los siguientes términos: ¿si asistimos nos estamos haciendo parte del juicio y en consecuencia le conferimos competencia a la Sala para conocer forma y fondo de este pleito? Por supuesto que sí.

El anteriormente señalado evento procesal se conoce como acto concluyente (facta concludentia); cuyo desempeño ―más sencillo y entendible― devela que, aunque no se formalice la voluntad de participar, ésta queda presumida y fundada en una específica decisión, suficientemente significativa.

Si la delegación nuestra hace acto de presencia (no con carácter de vista de cortesía, como en ocasiones anteriores) sino que se trataría, esta vez, de un hecho inequívoco ―sin asomo de dudas― de consentimiento tácito. A partir de allí, entonces, con tal comportamiento resultaría implícita nuestra aquiescencia.

También prestemos bastante atención a los registros numéricos post referendo consultivo, concretamente a lo que tenía de álgido y complejo el contenido de lo que fue la problemática pregunta tres.

“Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

Aunque el Consejo Nacional Electoral haya entregado formalmente unas cifras sobre la actividad referendaria, a decir verdad la determinación última de nuestra presencia o no en ese Alto Tribunal depende del jefe de Estado; por cuanto, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, la política exterior comporta su exclusiva reserva constitucional, según el artículo (236) de la Norma Suprema.

Nuestro escabroso dilema estaría enmarcado en ir o no ir al Proceso y hacernos parte. La última palabra al respecto la tiene el jefe de Estado.

Ya hay algunas opiniones, a lo interno de la Corte que señalan el desacierto procesal de Guyana, por insistir con el “laudo”; asimismo, infieren que con tales recursos argumentativos jamás ganarían este juicio, en justo derecho.

Todo lo pretendido por la delegación guyanesa requiere pruebas y no las poseen.

La excolonia británica no tiene la menor posibilidad jurídica para salir airosa; por eso la desesperación de los representantes de la cancillería guyanesa al ejercer presión a todos los niveles, de buscar pronunciamientos de sujetos y entes internacionales; de procurar alianzas y “socios”.

Hemos venido señalando, desde que accionaron contra nosotros, que todo ha sido una manifestación de muy mala fe y de temeridad procesal; porque Guyana se empecina en sostener su Pretensión, en este juicio, en el reposicionamiento de un Laudo que quedó desterrado ―ipso jure―, sin validez, sin eficacia jurídica y sin ser oponible a nada.

La delegación de la excolonia británica ha abusado de la honorabilidad de la Corte cuando incurre en la conocida falacia post hoc ergo propter hoc (algo así como: “después de haber recibido del Reino Unido esa extensión territorial, en consecuencia, nos pertenece”).

Ese correlato forzado nunca será un indicador fiable y menos admisible en un juicio con las características que conocemos.

Están obligados a demostrar y probar con justos títulos traslaticios: ¿Cómo adquirieron esos 159.500 km2?

Guyana no posee títulos de nada sobre la Guayana Esequiba ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

Contrariamente, Venezuela enarbola orgullosamente el acaudalamiento de dos Justos Títulos para probar con plena seguridad, por ante la Corte Internacional de Justicia que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, cuyo contenido ―sin validez, eficacia ni fuerza jurídica― pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores, de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

Precisa y justamente para esta controversia jurídica presentamos la Real Cédula de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela, documento que tiene la fuerza y vigor de ser nuestro primer Justo Título, de pleno derecho ―iuris et de iure―, prueba constituyente directa; por cuanto, significa el basamento y génesis de nuestra territorialidad, incluyendo por supuesto la provincia de Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo), que había sido fundada en 1532.

Agreguemos como otro denso acervo probatorio irrefutable (incontrovertible), que nos respalda, el total reconocimiento de nuestra independencia, contemplada en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845:

“Yo, Su Majestad Isabel II, Reina de España usando de la facultad que me compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncio por sí, mis herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que me corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela. A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela…” (Omissis)

En sentido complementario y contundente, ciertamente presentamos desacuerdos de intereses; dado que Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra de 1966 que limita a las partes en la contención litigiosa, por la denominada Zona en Reclamación, a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en esa área se encuentran, hasta que haya una decisión sentencial.

No satisfechos con todo lo que han esquilmado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce vergonzosa la actitud de la excolonia británica estar promocionando nuevas concesiones en la proyección marítima que aún no se ha delimitado.

Esos incalculables recursos nunca han sido ni británicos ni guyaneses. Esos recursos se ubican en la extensión atlántica de la Guayana Esequiba, inclusive en el frente marítimo del Delta del Orinoco, que no se encuentra incluido en el litigio. Guyana no es un país petrolero. Esos recursos no le pertenecen.

Ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de licencias fraudulentas e ilegales que han venido recibiendo de los gobiernos guyaneses; todas impregnadas de añagaza económica.

Dejamos sentado ante el mundo que La condición de Venezuela de país petrolero no es un artificio de ayer para hoy; una sospechosa invención para coquetear con las transnacionales o una caricatura económica para justificarnos por el asunto controvertido que se dirime.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.

GUAYANA ESEQUIBA: NUESTRA COMPARECENCIA ANTE LA CORTE NO SERÍA TAL; SIN EMBARGO, DEBE SER.

Abraham Gómez R.*

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados. Estamos obligados y dispuestos ―razonablemente— a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos) y en la alforja poseemos actos jurídicamente concretos, que no tenemos por qué eludirlos.

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión sino de una determinación histórica con fundamento, de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana ―por marcados intereses económicos, sin dudas― nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional, durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales, a través de video-conferencias y eventos presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la más acertada salida que se pueda tomar, fundamentalmente por parte del jefe de Estado, para beneficio de nuestro país; porque es materia de su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta Magna; no obstante, los resultados obtenidos en la pasada consulta popular.

Digamos, entonces, que se abre un abanico de opciones antes de la fecha señalada por el Ente Jurisdicente para que las Partes se presenten a La Haya, con la finalidad de completar la fase postulatoria (expositiva) del Proceso en curso.

Visto así, comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás figurarían en la toma de decisiones.

¿Hasta cuándo soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo convenido en Argyle?

¿Podemos interpretar que la presencia del buque militar HMS Trent de la armada británica en la proyección marítima aún sin delimitar, que al parecer se ha retirado, estaba midiendo nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela y, por lógica, ¿una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente y Las Granadinas, el 14 del mes pasado?

¿Estaremos aún con voluntad para continuar con la probable negociación directa ―según el lapso de tres meses, conferido a la comisión diplomática-técnica para presentar resultados parciales y preliminares― en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?

¿Nos obligaremos, con mayor premura, en el análisis, discusión, sanción y aprobación del contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba, con todo lo que conlleva consecuencialmente?

¿Finiquitaremos, lo más pronto posible, la elaboración del correspondiente memorial de contestación de la demanda; aparejado con un denso escrito de solicitud de medidas cautelares y una demanda de reconvención o contrademanda como decisión legítima y propia de nuestro país?

No son pocos los álgidos y complejos ejes temáticos con los que iniciamos el presente año.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Si nos decidimos por solicitar medidas cautelares para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador ―en pleno y justo derecho― debe admitir ambas solicitudes.

Cabe ―perfectamente― el caso de la acción reconvencional porque existiría absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia pasaría a conocer también ―por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Hemos valorado conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto; por cierto, que no apoyó el referendo consultivo celebrado el pasado diciembre; sin embargo estuvo de acuerdo con la entrevista, en San Vicente y Las Granadinas de los dos jefes de Estados de Venezuela y Guyana.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación ―no han manifestado el más mínimo interés en el tema―, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo y creen que en el supuesto de que Venezuela decida asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, el próximo 8 de abril de este año, nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.

Con todos los especialistas en esta contención ―con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes― coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte. Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano.

Podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios. Claro que lo podemos hacer.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

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GUAYANA ESEQUIBA: INCONTROVERTIBLE ESPACIO HUMANO DE NUESTRA PATRIA

Abraham Gómez R.*

Siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba ―sobre todo― desde hace algunos meses para acá; sin embargo, nunca los escuchamos argumentar razonada y propositivamente de la considerable población que ocupa esa extensión territorial que nos fue arrebatado, vilmente, hace ya más de cien años.

Por propia experiencia ―producto de mis visititas a la zona― puedo mencionar que aflora una inmensa motivación por parte de los esequibanos ―que viven en esa parte de Venezuela― para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos históricos con nosotros. Esos compatriotas tienen necesidad de saber, en esencia, cómo se conformaron desde el punto de vista político-administrativo.

Ellos desean concienciarse de qué fue lo que sucedió realmente. Así entonces, con tales fines, nos piden que les expliquemos en qué consiste un documento llamado “Laudo de París” y otro denominado Acuerdo de Ginebra.

También hago expresa mención que los esequibanos que viven aquí, entre nosotros: Tucupita, San Félix, Tumeremo, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barrancas del Orinoco, etc., aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales; sus propias instrumentaciones en cuanto al cultivo de la tierra y producción piscícola, sobre manufactureras en general; eficiencia en las actividades gastronómicas. Poseen sus intrínsecas metodologías educativas.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los esequibanos reciban las necesarias asistencias para que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad con la finalidad de que ellos se conviertan en agentes transmisores y repliquen tales componentes patrios hacia sus familiares que aún viven en la Guayana Esequiba.

Hagamos propio y oportuno el conocido Principio: “La identidad nacional no se impone ni se decreta, sino que se construye y se constituye progresivamente”. Este es el momento precisamente de imbuirnos en estas específicas tareas de recíproco comportamiento e imbricación humana.

Prestemos atención a lo que, estratégicamente, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

En sus respectivas gestiones han destinado presupuestos para acometer infraestructuras de escuelas, hospitales, hoteles, balnearios, medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes, puestos militares etc.; además, sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en procesos de ideologización e identidad hacia esa nación.

Cantan el himno e izan la bandera guyanesa en los planteles escolares y demás instituciones públicas.

Todas las fechas que ellos consideran patrias le confieren particular reforzamiento.

Si antes, en condición de nación pobrísima, se apoyaban en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth, desde hace cinco años para acá ―con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador― no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, energética y minera en el área en conflicto y en la proyección atlántica sin delimitar.

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que determinantemente señala, en su artículo V, numeral (2):

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones ―inconsultas y unilaterales― a las empresas transnacionales pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses. Lo estamos percibiendo, en los últimos meses, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones ―no exentas de polémicas— que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos. Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Debemos reconocer que no sólo EE.UU. tiene las manos metidas allí, a través de la EXXON y la CGX, sino que también está operando la CNOOC de China, la SHELL de Holanda, la ANADARKO de Canadá. Son muchísimas que saben, por exploraciones científicas, lo que allí está en juego.

Según su Carta Magna, Guyana delimitó toda la extensión correspondiente a nuestra Guayan Esequiba en las siguientes regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo. En cada una de estas regiones eligen un gobernador que indistintamente del partido que sea PPP o del CNP, lo más importante es que responda a la programación diseñada y ejecutada a partir de directrices emanadas del nivel central, asegurando uniformidad de criterio para la conservación identitaria en la zona.

Hasta donde la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) nos permitió, recorrimos buena parte de esa inmensidad de territorio y nos conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales, en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Waraos y Wapashi.

Agradezco, en lo personal que nuestro trabajo de indagación académica ha sido suficientemente ponderado y reconocido; lo cual constituye honda satisfacción por una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; por cuanto, requerimos juntar talentos y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en reclamar y defender en las instancias a que haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que nos desgajaron, en un ardid tramposo, en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa.