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DE CATATUMBO AL TREN DE ARAGUA

Roberto Mansilla Blanco*

Mientras el mundo fija su atención en los decretos de Donald Trump, las incertidumbres de la transición siria, la posibilidad de una tregua en Ucrania y el golpe tectónico a los mercados causado por la aparición de la IA china DeepSeek, una imprevista crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, determinada por la incursión de efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana de Catatumbo, ha dejado hasta el momento aproximadamente 100 muertos y unos 40.000 desplazados hacia Venezuela.

Esta crisis explota en un contexto delicado para la seguridad y estabilidad regional, principalmente condicionada por la tensión en Venezuela en cuanto a la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro así como por la visión política hemisférica que está llevando a cabo Trump, principalmente en torno a sus presiones sobre el Canal de Panamá y las deportaciones de inmigrantes ilegales latinoamericanos.

¿Golpe de timón del ELN…y de Maduro?

Toda vez que se habla del retorno del conflicto armado en Colombia, con el riesgo de saltar por los aires los Acuerdos de Paz de 2016, la atención se dirige igualmente a Venezuela, que desde hace años alberga en su territorio prácticamente a la totalidad de la cúpula dirigente y efectivos del ELN, la mayor parte de ellos desafectos con esos acuerdos de paz a diferencia de la guerrilla de las FARC. Petro apostaba por profundizar estos acuerdos bajo una iniciativa de “Paz Total” que hoy se observa golpeada y probablemente desacreditada por los fallos en materia de seguridad y de inteligencia militar.

En este nuevo equilibrio de fuerzas insurgentes en Colombia resalta el hecho de que esta incursión en Catatumbo pueda significar un reforzamiento de posiciones de poder armado y eventualmente político para un ELN eclipsado por el protagonismo que ha tenido su principal rival, las FARC, no sólo en cuanto a los largos períodos de lucha armada sino también en las negociaciones con los diversos gobiernos colombianos para finalmente alcanzar un acuerdo de paz.

Esto nos lleva a Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó para las guerrillas colombianas un punto de inflexión favorable que llevó, en 2008, a que Venezuela declarara a las FARC y al ELN como actores no beligerantes, reconociéndoles así un estatus político. Desde entonces, la implicación venezolana en el conflicto colombiano traspasaba claramente los canales propios de la seguridad fronteriza común.

Con la presumible benevolencia cubana (La Habana siempre amparó los intereses de las insurgencias colombianas) existía entonces una obvia implicación política por parte de Caracas, en este caso favorable al estatus de la insurgencia armada dentro del proyecto “bolivariano” continental, que le llevó a frecuentes roces con los distintos gobiernos colombianos desde Pastrana hasta Duque. Pero esta implicación también fue derivando progresivamente en la necesidad de convertirse Venezuela y Cuba en benefactores e interlocutores válidos para el Acuerdo de Paz en Colombia.

No obstante, abundan las informaciones sobre la presunta mirada cómplice (por no decir cohabitación y cooperación) de las autoridades venezolanas tanto con las FARC como con el ELN en el teatro de operaciones de Venezuela. Pero concentremos la atención ahora en los coloquialmente denominados como “elenos”, miembros del ELN. Esta guerrilla posee capacidad de influencia política y militar en algunos estados venezolanos, lucrándose de la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) así como del control de rutas de narcotráfico y contrabando. Visto en perspectiva, Venezuela ha sido un importante refugio para el ELN.

La crisis de Catatumbo y la reactivación de la lucha armada del ELN colocan en una difícil posición al presidente colombiano Gustavo Petro, quien simultáneamente ha observado una fuerte crisis diplomática con Trump por el asunto de las deportaciones de inmigrantes colombianos ilegales desde EEUU.

Mientras Bogotá está intentando desactivar esta crisis bilateral con Washington, Maduro salta a la escena en lo que se aprecia como un manejo oportunista de la crisis con el posible propósito de ganar influencia en los asuntos colombianos al mismo tiempo que pretende acercar posiciones con Trump en busca de la normalización de relaciones vía legitimidad de facto de su mandato presidencial.

Por sorprendente y contradictorio que parezca, el tema migratorio puede abrir nuevos canales en esta pretensión de Maduro por acercarse a Trump, tomando en cuenta la reciente decisión de Trump de no renovar el TPS a inmigrantes venezolanos en EEUU; aunque está por verse aún el verdadero alcance de esta medida.

Si bien Maduro ha negado implicación alguna de Venezuela en las operaciones del ELN en Catatumbo, el propio Petro en su cuenta de X incrementó las sospechas al develar la presencia de una “fuerza extranjera” en esta crisis. Otros actores, especialmente desde la oposición venezolana, observan que la crisis del ELN puede suponer una especie de “pase de factura” de Maduro a Petro por el no reconocimiento colombiano a su legitimidad presidencial; Bogotá no envió ningún representante a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero.

El trasfondo de esta crisis puede revelar una guerra abierta entre el ELN, carteles de narcotráfico colombianos, venezolanos y de otros países luchando por acceder y controlar las rutas de distribución de la droga.

Sin desestimar su carácter especulativo no debería pasar por alto la posibilidad de que Trump, en su afán por neutralizar a la izquierda continental (y sus alianzas internacionales) utilice esta crisis como leitmotiv presuntamente enfocado en generar un escenario de tensión contra Petro y de acoso contra Maduro, sin descartar con ello sondear las opciones (ciertas o no) de una eventual intervención en Venezuela vía Colombia aduciendo razones de seguridad hemisférica. Las presiones sobre el Canal de Panamá pueden de algún modo significar objetivos geopolíticos más concretos para Trump, más allá de la implicación económica china a nivel hemisférico.

Para Washington puede resultar relevante este escenario ante las alianzas exteriores de los mandatarios colombiano y venezolano. Tanto como Maduro, Petro ha dejado entrever su interés en ingresar en los BRICS, el principal foro “contrahegemónico” para EEUU y sus aliados, especialmente “atlantistas”.

Tren de Aragua: la transnacional del crimen

Saliendo del Catatumbo llegamos a otro escenario: el Tren de Aragua. En EEUU y Chile se abrieron cargos judiciales contra esta banda delictiva venezolana cuya capacidad de actuación es cada vez más transnacional.

En el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Ecuador, a quien también le afecta la crisis colombiana así como la proliferación de redes delictivas internas y externas, irá a elecciones presidenciales y legislativas el próximo 9 de enero.

Cabe preguntarse: ¿tiene alguna relación la crisis en Catatumbo con las denuncias contra el Tren de Aragua? A priori no pero podría intuirse que sí la tiene indirectamente. Ambas situaciones revelan un aspecto contradictorio y no menos controvertido: la extraña capacidad que tiene Venezuela como actor simultáneo tanto de desestabilización, vía grupos armados insurgentes, carteles y organizaciones criminales venezolanas o aquellas extranjeras establecidas en el territorio venezolano contando con el aparente beneplácito del régimen de Maduro; así como de posible actor de solución, al menos temporal, que sirva para desactivar problemas regionales concretos (Catatumbo) surgidos por estas actividades delictivas e incursiones guerrilleras.

No olvidemos que desde Washington se aumenta la presión hacia el régimen venezolano con el aumento de recompensas por las capturas de Maduro y Diosdado Cabello, en este último caso cuyo protagonismo en la crisis de Catatumbo ha sido notoria. Un dato que acrecienta toda serie de especulaciones y suspicacias en torno a lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela es el hecho de que, mientras el ELN iniciaba operaciones en Catatumbo, los organismos policiales y de seguridad venezolanos abatieron a un capo del crimen en Venezuela, alias “Wilexis”, quien en su momento llegó a desafiar el poder de Maduro.

Como otros tantos “pranes”, la relación de “Wilexis” con el Tren de Aragua es tan notoria como el presunto ascendente que tendría Diosdado Cabello entre esa y otras organizaciones del crimen en Venezuela. La muerte de “Wilexis” fue anunciada a “bombo y platillo” por un Diosdado Cabello que recobra espacios de poder en esta nueva etapa de Maduro en la presidencia.

Volvamos a Petro. Las crisis de Catatumbo y con Trump podrían erosionar su autoridad y capacidad de equilibrios políticos. Si bien el establishment colombiano (militar, empresarial, político, legislativo) se ha plegado a Petro bajo su tradicional óptica de “razón de Estado”, el mandatario colombiano debe manejar constantemente todo tipo de equilibrios dentro del Congreso. Si bien no se aprecia como factible, al menos a corto plazo, está por verse si la crisis de Catatumbo implique para Petro una posible moción en su contra que dificulte la gobernabilidad.

De Catatumbo al Tren de Aragua, estas crisis señalan a un actor clave, un régimen de Maduro que aprovecha la situación para militarizar el territorio nacional (incluso entregando armas a civiles) bajo el pretexto de una presunta conspiración internacional para desalojarlo del poder, colocando a la FANB aún más en el centro de poder en Venezuela. Pero el trasfondo de estas crisis paralelas confirma igualmente las consecuencias del carácter transnacional de las organizaciones criminales venezolanas y sus conexiones con el Alto Poder, organizaciones insurgentes y redes delictivas exteriores.

Puede que los canales diplomáticos entre Caracas y Bogotá terminen neutralizando la crisis provocada por el ELN. Es posible que la “cruzada” anti-delictiva de Maduro y Diosdado Cabello esconda una “limpieza” y una purga interna que refuerce el poder del establishment “madurista”, incluidos sus vínculos con organizaciones criminales, a la vez que lave su imagen ante el exterior y sus expectativas de normalizar las relaciones con Washington.

Pero lo que parece cierto es que el “autoritarismo caótico” (José Natanson dixit) que explica la naturaleza del poder “madurista” en Venezuela tiene capacidad suficiente para generar situaciones de “desestabilización-estabilización” como modus operandi que le permita precisamente mantenerse en el poder.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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MADURO Y EL ABRAZO DE ORTEGA

Roberto Mansilla Blanco*

Algún eco mediático tuvo un hecho bastante significativo acaecido durante la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero en Caracas. Recién llegado a la Asamblea Nacional, el presidente nicaragüense Daniel Ortega (junto con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel el único presidente de gobierno y de Estado que asistió a un evento deslegitimado por la mayor parte de la comunidad internacional) se apresuró a realizar un sensible abrazo a Maduro una vez éste juró el cargo.

Con matices, como había ocurrido con Fidel Castro durante la toma de posesión de Hugo Chávez en 1999, el protagonismo de Ortega durante los actos de investidura de Maduro fue un hecho igualmente notorio. De este modo, el abrazo de Ortega es significativo porque puede definir algunas de las directrices por las que transitará el régimen de Maduro en este nuevo período presidencial hasta 2031.

Muchos han advertido de la compatibilidad en Caracas del sistema político instaurado en Managua tras el retorno de Ortega al poder en 2007. Un sistema claramente autoritario, que busca neutralizar y ahogar los espacios opositores y las disidencias propiciando el ascenso de una oposición domesticada y dócil, fortalecido por una nueva oligarquía económica subsidiaria del poder, de la complacencia y lealtad del estamento militar y de la capacidad movilizadora de un partido histórico (el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) que, no obstante, también ha observado divisiones internas ante la hegemonía autoritaria «orteguista». Características todas ellas muy similares a las existentes dentro del régimen «madurista» predominante en Venezuela desde 2013.

Haciendo de las irregularidades y de un presunto fraude electoral una herramienta efectiva para mantenerse en el poder (a pesar de las exigencias de la comunidad internacional, el órgano electoral venezolano hasta ahora no presentó los actas definitivas de los comicios presidenciales de julio pasado), Maduro cierra un círculo iniciado en 2015 cuando la oposición retomó el control de la Asamblea Nacional ganando las elecciones legislativas. Desde entonces Maduro y el establishment «chavista-madurista» han aplicado un permanente hostigamiento hacia la oposición vía represión, tácticas detenciones arbitrarias, presos políticos (muchos de ellos militares, lo que define una purga muy probablemente diseñada por la asesoría cubana) e ilegalización de candidaturas.

Como en Nicaragua, en la Venezuela de Maduro comienza a ser predominante la criminalización e ilegalización de ONGs y movimientos cívicos disidentes adoptando una vía libre hacia la configuración de un sistema a la carta. Este 2025 anuncia hasta seis procesos electorales diferentes en Venezuela, destacando los comicios legislativos y municipales y hasta un posible referéndum para cambiar a la Constitución.

Por otra parte, la toma de posesión de Maduro evidencia el enésimo fracaso de la oposición venezolana, incapaz de articular una estrategia efectiva más allá de los apoyos que pueda obtener de la comunidad internacional. El exilio de varios líderes opositores, destacando el caso de Edmundo González Urrutia (quien probablemente intentará juramentarse como presidente desde República Dominicana en un émulo del «guaidonazo» de enero de 2019), neutraliza la capacidad de movilización opositora dentro de Venezuela, ahora cada vez más dependiente del accionar de María Corina Machado, cuyo futuro político puede verse igualmente condicionado por el exilio.

El fracaso opositor fue evidente ante la imposibilidad de cumplir el tan anunciado retorno de Urrutia a Caracas para asumir el cargo presidencial y el rocambolesco episodio de «detención-liberación» de Machado un día antes de la toma de posesión de Maduro. Si bien se registraron algunas protestas en las calles venezolanas tampoco éstas tuvieron el impacto masivo de antaño, otro factor que certifica síntomas de cansancio e incluso de cierta «despolitización» de una sociedad venezolana demasiado ocupada en sobrevivir a la crisis económica y adaptarse a la dolarización de facto de su economía.

La nueva oligarquía «madurista» en el poder en Caracas evidencia una especie de perestroika económica con respecto al legado «chavista» de expropiaciones masivas pero no así en el plano político.

Mientras la oposición vuelve a transitar por el desierto toda vez que repite hasta la saciedad nuevas líneas de acción de dudosa efectividad (incluyendo un estrafalario intento de invasión exterior a Venezuela en manos de un contratista pro-Trump de nombre Erick Prince), Maduro abre un período en el que la sombra de ilegitimidad de su cargo se acrecienta a nivel internacional pero que el fait accompli de observar cómo su poder sigue aparentemente intacto será la dinámica y la tónica a seguir en Venezuela. Con matices pero no menos importante resulta el hecho de que la economía venezolana está dando síntomas de cierta recuperación al igual que su industria petrolera comienza a normalizarse. En clave política, más poder para Maduro.

Definido por el politólogo argentino José Natanson como un «autoritarismo caótico», Maduro emplaza cualquier tentativa de transición que no se acomode sus exigencias. La suya será una presidencia pret-à-porter, a su medida, dependiente de factores como la realpolitik y del asesoramiento de poderosos aliados exteriores (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros (Cuba, Nicaragua) con notable influencia en Caracas que le permitan neutralizar las sanciones y presiones exteriores. El manto de ilegitimidad internacional de su presidencia incluso puede observarse en el distanciamiento y las críticas recibidas por Maduro por parte de teóricos aliados de izquierdas como Chile, Brasil, Colombia o México.

Como Ortega, Maduro apuesta por la perpetuidad en el poder sin desestimar que la irresolución por consensos internos y externos de la interminable crisis política venezolana puede anunciar durante este nuevo período los canales de una posible «sucesión-transición» pactada entre las grandes familias del poder, los Maduro-Flores, los Rodríguez y los Cabello. Un eventual escenario en el que muy posiblemente el asesoramiento del líder nicaragüense puede también ser decisivo.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Este artículo fue originalmente publicado en idioma galego en Editorial Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/maduro-e-o-abrazo-de-ortega-roberto-mansilla-blanco/

MADURO EN EL ESPEJO DE BASHAR

Roberto Mansilla Blanco*

Tras la súbita e inesperada caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y su inmediato asilo en Rusia, una sugerente interrogante recorre las redes sociales, especialmente dentro de la diáspora venezolana: ¿sucederá lo mismo con Nicolás Maduro?

La interrogante aumenta ante la evidencia de que aliados comunes de Maduro y de Bashar al Asad como Rusia e Irán, con bases y presencia de efectivos militares en Siria y una mayor capacidad logística, finalmente dejaron caer, prácticamente sin rechistar, al dictador sirio. Tampoco olvidemos a China, con importantes inversiones de cooperación económica tanto en Siria como en Venezuela.

Destaca en este aspecto la posición rusa, que cuenta desde 1971 (prácticamente desde el inicio del poder del clan al Asad) con una estratégica base militar en la localidad mediterránea siria de Tartus. Desde 2015, Moscú ha venido asistiendo militarmente, en especial con fuerza aérea, al mantenimiento del régimen de al Asad dentro de la guerra interna en el país árabe. En un contexto de tensiones con Occidente, para Moscú resulta esencial mantener esa presencia en la Siria post-Asad.

A diferencia de lo sucedido en otros escenarios geopolíticos de interés (Ucrania, Moldavia, Rumanía, Georgia), el Kremlin ha optado por la discreción sin apenas mostrar, al menos oficialmente, una reacción virulenta ante la caída de su ahora ex aliado sirio. China también ha mostrado una actitud similar evitando pronunciarse expresamente e instando a una transición política en Siria que “evite el caos regional”.

Este discreto y prudente silencio de Moscú, Teherán y Beijing ante lo sucedido en Siria dejarían aparentemente a Maduro ante serios dilemas y una posición, al menos a priori, más delicada. Estos dilemas parecen concentrarse en una interrogante: ¿hasta qué punto Rusia, China e Irán están dispuestos a arriesgar capital político e incluso militar para mantener a Maduro en el poder?

En la laberíntica crisis política que vive Venezuela, dos fechas se imponen en el calendario como decisivas: el próximo 10 de enero de 2025 debe asumir un nuevo gobierno en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde grosso modo la mayor parte de la comunidad internacional no se ha pronunciado definitivamente a la hora de reconocer un ganador argumentando falta de transparencia electoral.

Como ocurriera en 2019 con el caso de Juan Guaidó, el pulso político venezolano se ha trasladado al reconocimiento o no del ganador en las elecciones y a una disputa de legitimidades presidenciales. Siete países, entre ellos EEUU así como el Parlamento Europeo y el de España (no así su gobierno) reconocen oficialmente la victoria electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia (actualmente exiliado en Madrid) y por lo tanto su legitimidad presidencial. Por el contrario, unos 40 países, entre ellos Rusia, China, Irán, la Siria de al Asad, Cuba y Corea del Norte, han reconocido oficialmente a Maduro como presidente electo.

La segunda fecha en importancia viene diez días después. El 20 de enero asumirá Donald Trump un nuevo mandato presidencial hasta 2029. Su radical oposición a Maduro y sus aliados se verá complementada en la figura de su presumible Secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. En este sentido se prevé un clima de tensión in crescendo por parte de la nueva administración en la Casa Blanca hacia países díscolos e incómodos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como ante la penetración e influencia en esos países por parte de sus aliados ruso, chino e iraní.

En este maremágnum de suposiciones y escenarios hipotéticos sobre qué influencia puede tener en Venezuela lo sucedido en Siria está el modus operandi de la caída de al Asad, cuya retirada a tiempo (muy probablemente tutelada desde Moscú y Teherán) le evitó tener un final similar al del líder libio Muammar al Gadafi en 2011, traicionado por supuestos aliados vendidos al mejor postor que lo terminaron linchando en directo ante al mundo entero. Dos finales, el de Gadafi y ahora el de Bashar, que Maduro muy seguramente está tomando en cuenta.

No obstante, más allá de la realpolitik se impone la necesidad de observar hasta qué punto el ejemplo sirio puede reproducirse en Venezuela. Como Bashar al Asad antes de la inesperada reaparición de unos rebeldes sirios que nadie conocía, Maduro no parece confrontar una rebelión interna de gran calibre más allá de la presión, principalmente desde el exterior, que manifiesta una oposición política cuyos principales figuras (a excepción de la incansable María Corina Machado) están en el exilio. Si bien el país sigue a vivir una aguda crisis económica y de incertidumbre política, salvo casos esporádicos, la tensa calma parece ser la tónica en las calles venezolanas, sin grandes movilizaciones opositoras como sucediera años atrás.

Por otro lado, no parecen existir fisuras significativas dentro del estamento militar y la estructura burocrática y empresarial del «chavismo-madurismo». A diferencia de Siria, en Venezuela no existen grupos armados internos con capacidad para desafiar el poder de Maduro o que controlen porciones del territorio nacional donde puedan imponer su ley. Más bien, todo lo contrario: fuentes opositoras informan constantemente de la existencia de actores paramilitares (Hizbulá; guerrillas colombianas) y de entidades de otros países (Turquía, China, Rusia, Irán, India), todos ellos aliados de Maduro, controlando territorios en estados venezolanos ricos en minerales (Arco Minero), petróleo y gas (Plataforma Deltana).

Pero en algo sí coinciden ambos casos: la guerra en Siria desde 2011 y la crisis económica venezolana desde 2014 han provocado el mayor drama humanitario de refugiados desde la II Guerra Mundial, sólo recientemente superado por la guerra de Ucrania desde 2022.

Con este panorama vuelve la pregunta clave: ¿caerá Maduro como lo hizo Bashar al Asad? Es una incógnita tan apremiante como sorprendente fue la caída del régimen sirio tras cinco décadas en el poder. La presión internacional parece ser la clave mientras aumentan las sanciones de EEUU y de la Unión Europea contra altos cargos del «madurismo» mientras la Corte Penal Internacional avanza en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte de las fuerzas policiales y de seguridad durante las protestas de 2017.

Mientras en la Siria post-Asad comienzan a salir a la luz pública los centros de detención clandestinos, sectores opositores y ONGs de derechos humanos en Venezuela que han venido denunciando la represión, tortura y desaparición de presos políticos esperan observar una situación similar en caso de eventual caída del régimen «madurista».

En la pasada cumbre de los BRICS celebrada en octubre en Kazán (Rusia), un tradicional aliado del «chavismo-madurismo» como Brasil vetó el ingreso venezolano en ese organismo que busca reducir la hegemonía occidental «atlantista». La razón del veto brasileño fue la posición del gobierno de Lula da Silva de no reconocer los resultados oficiales mostrados por el Consejo Nacional Electoral venezolano sobre la presunta victoria de Maduro, argumentando falta de transparencia atendiendo así las evidencias crecientes de un fraude electoral.

En Kazán fue reveladora la imagen del anfitrión Vladimir Putin quien, mientras se dirigía apresurado a la cumbre oficial de los BRICS, mostró con sutileza a Maduro el camino de salida para los invitados tras un breve apretón de manos. Las redes sociales, especialmente de opositores venezolanos, ardieron en todo tipo de interpretaciones sobre el mensaje aparentemente subliminal de esta imagen. Otros aclararon lo sucedido restando cualquier tipo de sentido político al asunto. En todo caso, Maduro no logró su objetivo en Kazán: Venezuela no entró en los BRICS.

La imagen de Kazán entre Putin y Maduro fue complementada este 8 de diciembre con el mensaje de Trump asegurando que la caída de Bashar al Asad fue posible porque «a Rusia dejó de interesarle» seguir manteniendo al hoy defenestrado presidente sirio. Por cierto, Trump ya anunció aranceles del 100% hacia los países miembros del BRICS, lo cual augura una guerra económica a gran escala.

Con todo, y tras lo sucedido con un Bashar al Asad hoy exiliado en Rusia, ¿podrá experimentar Maduro un destino similar con un sutil distanciamiento por parte de Putin que le termine costando el poder?

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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