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LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE ISRAEL EN AMÉRICA LATINA

Roberto Mansilla Blanco*

El descrédito de la imagen internacional de Israel tras el genocidio en Gaza y el conflicto que se libra desde hace seis meses entre EEUU e Irán son algunos factores que han persuadido a Tel Aviv a ampliar sus alianzas y esferas de influencia, en este caso hacia América Latina, un escenario donde Israel posee directas conexiones políticas, culturales y de diáspora.

El precedente más inmediato de este reposicionamiento geopolítico de Israel en la región tiene un epicentro clave: la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina en 2023. Desde entonces, Milei ha manejado una agenda directamente ligada a los intereses israelíes, ampliados por su conexión con el presidente estadounidense Donald Trump, y que cobra cada vez más amplitud hemisférica ante el actual calendario electoral regional.

Grosso modo, cuatro variables definen las herramientas de actuación de la geopolítica israelí en el hemisferio occidental.

    • La necesidad de ampliar alianzas exteriores ante la inestabilidad en Oriente Medio con las guerras de Gaza e Irán y el declive de la imagen internacional israelí ante el predominio del proyecto supremacista del «Gran Israel» impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
    • La captura por parte de EEUU del ex presidente Nicolás Maduro en Venezuela, país considerado como el principal aliado de Irán y los movimientos islamistas Hamás y Hizbulá en América Latina. Este suceso, además de la guerra que actualmente libra con EEUU e Israel alteró abruptamente la implicación en América Latina de Teherán, el enemigo estratégico israelí.
    • El viraje político presentado desde 2023 en América Latina hacia gobiernos de derechas alineados con el ideario político e ideológico del presidente estadounidense Donald Trump y con los intereses israelíes. Esto ha provocado un inesperado giro geopolítico hemisférico: el retorno de Israel a la región a través de diversas alianzas políticas, principalmente en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador e incluso la Venezuela post-Maduro.
    • La asistencia humanitaria israelí ante los terremotos en Venezuela y Colombia, que le ha permitido a Israel activar un nuevo campo de actuación que, al mismo tiempo, ha generado fuertes controversias en las redes sociales por su posible implicación política.

A estas variables debe añadirse una importante herramienta de soft power como es la diáspora judía en América Latina, su tejido asociacionista y su influencia política, económica y cultural principalmente en países como Argentina, Brasil y México. Se estima en aproximadamente 300.000 las personas de origen judío en América Latina.

Israel celebrará elecciones parlamentarias el próximo 27 de octubre. Si bien la legislación israelí establece que su diáspora no puede votar directamente salvo en el caso de aquellos ciudadanos con pasaporte israelí que puedan desplazarse físicamente hasta Israel para ejercer el sufragio, estas elecciones implican otro factor colateral para el proyecto israelí en la región, enfocado en la atracción de apoyos políticos a través de la diáspora judía en países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil. 

América Latina en 2026: ¿la nueva «Tierra Prometida» para Israel?

A continuación, se observarán los principales escenarios y puntos de conexión de Israel con diversos países latinoamericanos, en gran medida traducidos en una coyuntura política de cambios a nivel electoral en la región.

Argentina, Uruguay y Paraguay

Como se explicó con anterioridad, la llegada de Milei al poder implicó un giro copernicano en cuanto a las relaciones exteriores de Argentina con Israel, diametralmente opuesto al de gobiernos anteriores, especialmente durante la etapa del «kirchnerismo» (2003-2015), más proclive a la multipolaridad y las relaciones con el mundo árabe-islámico.

La afinidad política, cultural y religiosa de Milei hacia el Estado de Israel ha sido públicamente notoria, alcanzando incluso el nivel de alianza incondicional. Entre diversas medidas el mandatario anunció el cambio de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos con Israel. Esta afinidad ha llegado incluso al mundo del fútbol. Argumentando su amistad personal con Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó a manifestar públicamente su preferencia por Argentina en la final del Mundial 2026 recientemente realizada en EEUU.

En Argentina existe una población estimada de 250.000 judíos, considerada la mayor en América Latina. Desde 2023, Milei ha visitado Israel en tres ocasiones, la última en abril pasado, donde llegó a proclamar la «unión moral, espiritual y política» entre Argentina e Israel tras una reunión con Netanyahu en Jerusalén. En esa visita ambos gobiernos firmaron los denominados «Acuerdos de Isaac» en defensa de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

No obstante, la relación entre Milei e Israel ha procreado toda serie de informaciones y reacciones mediáticas y en las redes sociales, en particular ante la cada vez más activa presencia de israelíes en las regiones de la Patagonia argentina y del sur de Chile, tal y como se explicará más adelante.

Otras informaciones retratan la supuesta sintonía de Milei con la comunidad Jabab Lubavitch, una de las organizaciones y movimientos del judaísmo ortodoxo y jasídico más dinámicos e importantes del mundo creado en Rusia a finales del siglo XVIII. En algunas de sus visitas a Nueva York, Milei habría participado en actos realizados con esta comunidad.

Con menor incidencia desde el punto de vista político que el caso argentino, la presencia judía en Uruguay es igualmente importante, estimada en aproximadamente 20.000 personas.

El gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) ha mostrado su apoyo a Palestina, con importantes críticas hacia la actuación israelí en Gaza. Al mismo tiempo, Orsi ha dejado en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea, a pesar de las presiones de legisladores opositores, principalmente de partidos conservadores y de derechas, que piden retomar el vínculo.

Un reciente caso ha provocado fricciones entre los gobiernos de Uruguay e Israel a raíz de las declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, sobre la eventual detención de Netanyahu en caso de que éste pisara territorio uruguayo en cumplimiento de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Uruguay es parte.

Han sido igualmente prolíficas en las redes sociales las informaciones sobre la actuación durante las labores de rescate del terremoto en Colombia de Ronnie Kaplan, ciudadano uruguayo de origen judío, quien ha sido señalado como un supuesto propagandista del FDI, así como de presunto justificador del genocidio en Gaza.

En el caso paraguayo, el gobierno de centro derecha de Santiago Peña mantiene un nivel de firme respaldo, alianza estratégica y cooperación bilateral prioritaria con Israel, impulsando el retorno de la embajada paraguaya a la ciudad de Jerusalén. Paraguay ha promovido cumbres virtuales de alto nivel entre ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el canciller israelí Gideon Sa’ar para analizar la situación de seguridad en el Medio Oriente.

No se debe olvidar que, especialmente tras los atentados del 11-S de 2001 en EEUU, la denominada Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil fue señalada por la inteligencia estadounidense e israelí como un epicentro de actuación del grupo islamista libanés Hizbulá, aliado estratégico de Irán. Con no menos controversias, esta perspectiva ha reforzado el interés de Tel Aviv en la región.

Colombia y Venezuela

Los cambios políticos presentados en Venezuela y Colombia durante este 2026 así como la tragedia humanitaria determinada por sendos terremotos en estos países presentados entre junio y julio ha provocado una inesperada presencia israelí, en este caso a través de labores de ayuda humanitaria que igualmente ha generado críticas y controversias por una presunta implicación política por parte de Tel Aviv.

En Colombia viven aproximadamente 4.000 judíos, toda vez que Venezuela acoge una población de origen judío calculada entre 20.000 y 45.000 personas. No obstante, la llegada del «chavismo» al poder en 1999 implicó un giro geopolítico absoluto para la política exterior venezolana hacia el mundo árabe-islámico, con particular incidencia con respecto a la República Islámica de Irán y de apoyo al pueblo palestino que derivó en la práctica suspensión de relaciones diplomáticas con Israel desde 2009.

Las tensiones entre Caracas y Tel Aviv derivaron en un notable éxodo de judíos venezolanos hacia EEUU, Europa e Israel. Por su apoyo al pueblo palestino, sus críticas a Israel y su acercamiento a Irán y movimientos islamistas como el Hizbulá libanés, el Comité Judío Americano y otros centros sionistas llegaron incluso a acusar de antisemitismo al entonces presidente Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro, de conocido origen judío sefardita proveniente de emigrantes establecidos en Curazao.

En el caso colombiano, el nuevo presidente Abelardo De la Espriella reconoció inmediatamente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, disputada con Siria. Un día después de ganar las elecciones presidenciales el pasado 7 de agosto, el presidente colombiano se reunió con el embajador israelí en Bogotá toda vez que le ha otorgado a Israel un papel preferente en la ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. Así como hizo Milei, De la Espriella también anunció el cambio de la embajada colombiana a Jerusalén.

No obstante, existen fantasmas del pasado que retrotraen la implicación israelí en Colombia, particularmente desde la década de 1980 en medio del conflicto armado que vivió el país sudamericano durante varias décadas. Destaca aquí el caso del exmilitar y mercenario israelí Yair Klein, principal asesor extranjero que entrenó a los primeros grupos paramilitares en Colombia durante la década de 1980, en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) así como narcotraficantes y ganaderos. Investigaciones y sentencias del programa de Justicia y Paz han confirmado que estos entrenamientos contaron con la tolerancia y el apoyo de ciertos sectores de miembros del Ejército y oficiales colombianos de la época.

Por su parte, la caída de Maduro en Venezuela y la guerra entre EEUU e Irán han desplazado la presencia iraní en el hemisferio occidental, principalmente vía Venezuela. En este contexto, Israel ha aprovechado la situación para fijar sus piezas y ejes de transmisión en América Latina. Mientras Washington condiciona el futuro político de Venezuela prácticamente hacia un protectorado en la medida en que se trabaja en una agenda de transición política y electoral, Israel intenta recuperar terreno en este contexto de «post-chavismo» y «post-madurismo».

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina en Venezuela alertó en un comunicado sobre la «presencia de factores sionistas» en el país sudamericano. A comienzos de julio medios venezolanos e israelíes informaron sobre la decisión de Netanyahu de enviar a Venezuela a una delegación de 30 personas formadas por militares y otros especialistas para labores humanitarias tras el terremoto.

Se informó que la delegación estaba encabezada por un jefe del Estado mayor del Comando del Frente Interior, general Elad Edri, secundado por el embajador israelí para México Yoed Magen y el rabino jefe de la organización ZAKA, Yosef Garmón. De acuerdo con fuentes israelíes, la presidente encargada Delcy Rodríguez habría aprobado el plan de reconstrucción presentado por dicha delegación, con la que se reunió en Caracas tras supuestamente haber solicitado esta ayuda al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar.

Diversos colectivos sociales del «chavismo» han denunciado la inherencia israelí en Venezuela vía terremoto y la complacencia del gobierno provisional de Delcy Rodríguez. Bajo este contexto se especula con que el gobierno interino esté preparando la reapertura de las relaciones diplomáticas con Israel. En una reciente puesta en escena que refleja la distensión en las relaciones entre Caracas y Tel Aviv, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, visitó la principal sinagoga en la capital venezolana, la de la Asociación Israelita de Venezuela.

En agosto de 2026, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», visitó la sinagoga Tiféret Israel en Caracas y usó una kipá.

 

Chile

Con una comunidad judía de aproximadamente 20.000 personas, Chile también ha entrado en la órbita de influencia de Israel. En contraposición con la posición más crítica hacia Israel por parte de su predecesor de izquierdas Gabriel Boric, y tras asumir el mandato presidencial el pasado mes de marzo, el actual presidente José Antonio Kast ha iniciado un giro diplomático para acercarse a la comunidad judía y a Israel. En su gobierno, Kast cuenta con Eitan Bloch, un asesor argentino e hijo de un rabino que maneja temas internacionales

Los ecos de la presencia israelí en la Patagonia argentina también han implicado reacciones mediáticas y en redes sociales en Chile, país que comparte frontera con la Argentina. Uno de los principales ejes informativos, sin ningún tipo de confirmación oficial hasta el momento, se enfoca en que Kast presuntamente ha prometido entregar subsidios a «colonos israelíes» en la Patagonia chilena. El principal emisor de estas informaciones ha sido el medio Fast Check el cual, al no existir evidencias fehacientes sobre este tema, finalmente desmintió este contenido a través de sus redes sociales.

Perú, Ecuador y Bolivia

La región andina cuenta igualmente con notorias comunidades judías. Destaca Perú, donde viven aproximadamente 3.000 hebreos. En Ecuador no llega al millar de personas al igual que en Bolivia, principalmente asentados en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, donde habitan importantes comunidades de emigrantes provenientes de Europa del Este.

El contexto, 2026 también ha implicado un retorno de los imperativos geopolíticos israelíes en la región andina. En el caso ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa recibió al ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, poco antes del viaje de éste a Bogotá para la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. En Quito se acordaron convenios de cooperación terrorista y lazos económicos.

En Perú, tras asumir la presidencia en julio pasado, la nueva mandataria Keiko Fujimori recibió al embajador israelí en Lima, una muestra de la reorientación de las relaciones exteriores peruanas hacia el eje hemisférico «trumpista».

Como en el caso colombiano, en Perú también afloran «fantasmas del pasado» que retrotraen a la década de poder del padre de Keiko, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Sin pruebas oficiales fehacientes, pero sí prolíficas informaciones en prensa, su polémico asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, era considerado como el «hombre del Mossad» en Perú.

La lista de nombres de origen hebreo en la política peruana con supuestas conexiones con organismos de seguridad y de inteligencia israelí han sido igualmente notorias como han sido los casos de empresarios de origen israelí como el traficante de armas Moshe Rothschild Chassin y el exfuncionario de seguridad israelí Efraín «Avi» Dan On, quien estuvo a cargo de la seguridad personal del ex presidente peruano Alejandro Toledo (2000-2004) y fue vinculado a triangulaciones políticas y de seguridad con nexos en Israel.

En Bolivia, el nuevo gobierno conservador de Rodrigo Paz restableció las relaciones con Israel en noviembre de 2025 tras la ruptura acaecida en 2023 durante el gobierno de Luis Arce (Movimiento al Socialismo, MAS) por sus críticas a la tragedia de Gaza. Al igual que Chávez en 2009, el expresidente Evo Morales (MAS) rompió las relaciones con Israel por su entonces ofensiva militar en Gaza. Con Paz en la presidencia, la agencia israelí MASHAV ha entrado en el mercado boliviano a través de tecnología de purificación de agua, cooperación en áreas técnicas, agrícolas y de innovación y turismo.

No obstante, la reciente detención en Bolivia de Fernando Cerimedo por un oscuro caso de presunto intento de asesinato, ha encendido las alarmas sobre una posible conexión con Israel. Cerimedo ha sido señalado como asesor de Milei y con conexiones con el nuevo presidente colombiano De la Espriella. Cerimedo ha sido acusado de ser el presunto autor intelectual del intento de asesinato en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra de la abogada y activista política Nadia Beller, excandidata a diputada y quien fuera también su expareja.

Considerado un gurú de la nueva ultraderecha latinoamericana, Cerimedo ha impulsado corrientes sionistas y «trumpistas» a través del ecosistema mediático impulsado por su exsocio empresarial, Javier Negre, fundador de «La Derecha Diario». En Bolivia se encontró una granja de bots que emitían estos contenidos favorables a las posiciones geopolíticas israelíes y de EEUU.

América Central

La región centroamericana también posee una importante presencia israelí. Destacan Panamá, con una de las comunidades judías ashkenazíes y sefarditas más grandes y activas de la región; Costa Rica, principalmente de origen polaco; Guatemala, con aproximadamente 2.000 miembros destacando la comunidad ultraortodoxa Lev Tahor; y Honduras y El Salvador, con comunidades sefardíes y ashkenazíes.

En el caso salvadoreño destaca igualmente la presencia de comunidades palestinas, sirias y libanesas, calculadas en aproximadamente 90.000 personas. El actual presidente Nayib Bukele, de ancestros palestinos, ha mantenido una relación de normalidad con Israel incluso criticando públicamente al movimiento islamista palestino Hamás. Medios israelíes han catalogado a Bukele de «palestino proisraelí». A nivel hemisférico, Bukele también ha mostrado sintonía con Trump y Milei.

Desde el punto de vista político destaca el caso «Hondurasgate», la filtración realizada por el medio español Canal Red sobre una serie de audios que implican a figuras políticas de la derecha como el expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mandatario Nasry Asfura.

Estas filtraciones, publicadas en abril pasado, exponen un supuesto plan internacional para consolidar el poder mediante la violencia política, influir en la política hondureña y financiar ataques mediáticos contra gobiernos de izquierda en América Latina a través de la coordinación y el financiamiento del Partido Republicano de EEUU y los gobiernos de Netanyahu y Milei.

México

México es uno de los países latinoamericanos con mayor población de origen judío, calculada en aproximadamente 67.000 personas. La actual presidente Claudia Sheinbaum ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina así como fuertes críticas contra Israel por el drama humanitario en Gaza.

No obstante, es patente la normalidad en las relaciones entre México e Israel incluso en el plano militar. De acuerdo con medios mexicanos señalando fuentes de la ONU, Israel se consolida como proveedor clave de armamento en México destinado a policías y fuerzas armadas, con un aumento de 1.572 a más de siete mil unidades desde 2025.

Con todo afloran informaciones en redes sociales, no completamente confirmadas, sobre la presunta infiltración de Israel en México a través de proyectos culturales que no escapan a intereses políticos. Algunos de ellos afirman sobre la existencia de centros educativos israelíes en el Estado de Chiapas.

Pero el más relevante ha sido el caso de Ciudad Torá, un proyecto inmobiliario privado en Ixtapan de la Sal y Tonatico, en el Estado de México, aparentemente concebido desde 2021 para familias judías ortodoxas. La iniciativa, que algunas redes catalogan como la «pequeña Israel», pretende crear un espacio exclusivo de viviendas, sinagogas, escuelas religiosas (yeshivot) y comercios con alimentos kosher.

Brasil

Otro de los grandes receptores de comunidad judía, calculada en aproximadamente 130.000 personas, Brasil va a elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre con dos candidaturas clave: la del actual presidente Lula da Silva, muy crítico con Israel y conocido defensor de la causa palestina, y la de Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, otra de las figuras claves de la ultraderecha latinoamericana, simpatizante de Trump, Milei y del Estado de Israel.

La reciente presentación oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro fue personalmente saludada vía telemática por el propio Netanyahu, catalogándolo como un «amigo de Israel» y augurando su victoria electoral. Como potencia geopolítica y geoeconómica hemisférica y actor emergente en foros internacionales, Brasil es una pieza clave para los intereses de las diversas fuerzas y corrientes políticas que pujan por esferas de influencia.

Es por ello que Trump, Milei y Netanyahu se han implicado directamente en la campaña electoral brasileña en apoyo a Bolsonaro, quien no ha dudado en prometer «ampliar las relaciones con Israel» y calificar a este país como «un modelo a seguir», tal y como hizo durante su visita a Israel en 2017. Fuentes informativas brasileñas afirman igualmente que Cerimedo ha estado implicado en el financiamiento de la campaña de Bolsonaro. 

Del sueño «sionista» de Theodor Herzl al «Plan Andinia»: entre las teorías de la conspiración y la geopolítica del «nuevo Israel»

El reciente activismo israelí en América Latina ha reactivado algunas teorías e interpretaciones, algunas con sesgo conspirativo, sobre las presuntas intenciones del judaísmo internacional en torno a la región.

Destacan en este sentido las teorías del polaco León Pinsker, una de las principales voces impulsoras de lo que posteriormente fue el sionismo, y principalmente del abogado judío vienés Theodor Herzl, creador e impulsor del movimiento sionista a finales del siglo XIX, particularmente en su obra capital «El Estado Judío» (1896), donde enfoca en Palestina pero también en la Argentina la posibilidad de creación del futuro Estado de Israel; y el denominado «Plan Andinia», que data de la década de 1960 y que supone un presunto proyecto secreto para crear un segundo Estado judío en la Patagonia entre Argentina y Chile.

En su libro, Herzl plantea esta disyuntiva:

«¿Cuál elegir: Palestina o Argentina? La Society (of Jews) tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La Society reglamentará ambas cosas. La Argentina es, por naturaleza, uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado, naturalmente; habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía».

Theodor Herzl, El Estado Judío. Edición de la Organización Sionista Argentina, 2004, p. 45. (las negritas son autoría propia)

 

Un texto intitulado «El verdadero Plan Andinia y la realidad nacional» establece el germen de este proyecto en una «reunión realizada el 23 de marzo de 1969 entre judíos ashkenazíes y el rabino Gordon» en la sede del Templo Israelita en Buenos Aires donde se habló «del Plan Andinia y la República Argentina». En unos de sus párrafos se indica que «Argentina es la tierra más rica y estratégica del mundo» toda vez que establece los pasos necesarios para llevar a cabo este plan con especial énfasis en «romper todo vínculo con el Gobierno Federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal».

Ambas teorías, las de Herzl y la del Plan Andinia, vuelven a proliferar con fuerzas en las redes sociales y otros espacios del ecosistema mediático, intentando rastrear los presuntos orígenes de la reciente implicación israelí en América Latina.

Si bien es cierto que Herzl mencionó a Argentina como un sitio posible para refugiar a judíos perseguidos no existen evidencias contundentes de que se llevara a cabo un plan concebido para hacer de este país un Estado judío. El Congreso Sionista Mundial celebrado en Basilea (Suiza) en 1897 estableció a Palestina, entonces bajo dominio otomano, como el hogar nacional e histórico judío.

Por su parte, el Plan Andinia tuvo especial eco en grupos nacionalistas radicales de Argentina y de Chile. Algunas fuentes señalan a nazis que escaparon a estos países tras la II Guerra Mundial, especialmente familiares de Adolf Eichmann, el creador de la «Solución Final» refugiado en Argentina y extraditado a Israel en 1961, como sus principales propagandistas.

Se especula con que esta teoría fue esbozada por primera vez por el pequeño partido nacionalista Frente Nacional Socialista Argentino, creado por los hijos de Adolf Eichmann tras su captura en 1960 y posterior juicio. En 1971, el argentino Walter Beveraggi Allende, entusiasta difusor de ideas antisemitas y nacionalistas, volvió a introducir la conspiración en el discurso público, adaptándola a los intereses del nacionalismo antiperonista en el que militaba.

En el caso de Chile, fue el ideólogo Miguel Serrano ―con fuertes convicciones antisemitas y negacionistas del Holocausto― quien sostuvo que el supuesto «Plan Andinia» consistía en que un gobierno judío pretendía arrebatar la Patagonia a Argentina y el territorio del sur de Chile para construir allí un segundo Estado judío.

Tal y como se mencionó anteriormente, los recientes incendios en la Patagonia reactivaron estas teorías del Plan Andinia en las redes sociales, en algunos casos a través de cuentas falsas en las que se culpaban a supuestos «mochileros» israelíes como sus perpetradores.

Este contexto ha retrotraído la persistencia de diversas teorías y especulaciones, algunas incluso de carácter conspirativo, sobre las supuestas intenciones israelíes en Argentina, tal y como se analizará más adelante. Entre ellos destacan el origen de los incendios en la Patagonia observados en enero pasado, la presencia cada vez mayor de israelíes en la región, supuestamente como expedicionarios y misioneros, algunos aparentemente pertenecientes a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) e incluso las presuntas medidas de expropiación de tierras y desplazamiento de comunidades aborígenes que eventualmente favorecerían intereses comerciales israelíes.

Debe recordarse que la Patagonia es una de las regiones más remotas del mundo, con escasa densidad demográfica (2,2 habitantes por km2) y abundantes recursos naturales, en especial agua dulce en la región de los Hielos Continentales (Campo de Hielos Patagónico) entre Chile y Argentina en torno al estrecho de Magallanes. Debe precisamente destacarse que, en las últimas semanas, se ha generado un conflicto bilateral entre los gobiernos de Kast y Milei en torno a la soberanía del estrecho de Magallanes, particularmente ante la nota de protesta por parte de la Cancillería chilena por los cuestionamientos del jefe de la Fuerza Aérea argentina a la soberanía chilena del paso austral.

En redes sociales se publican documentales e informaciones sobre iniciativas ecológicas y culturales que desde 1991 se llevan a cabo en el sur de Chile a través del Proyecto Pumalín impulsado por las expediciones del empresario y ecologista estadounidense Douglas Tompkins.

Estos proyectos, que incluyeron compra y protección de grandes extensiones de tierra en un área de enorme biodiversidad, dieron lugar a la creación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, una de las áreas protegidas más extensas y biodiversas del sur de Chile, ubicada en la Provincia de PalenaRegión de Los Lagos, que abarca más de 402.000 hectáreas de bosques templados lluviosos, fiordos, montañas y volcanes.

Otras informaciones revelan la persistente actividad de jóvenes israelíes recién salidos del servicio militar que viajan anualmente a la Patagonia entre Argentina y Chile en calidad de expedicionarios y misioneros. Algunas fuentes señalan supuestas labores de reconocimiento de territorio e intereses turísticos e inmobiliarios en la región que, según reflejan estas fuentes, esconderían un proyecto oculto de ocupación territorial.

Otras fuentes argumentan la existencia de proyectos de integración cultural y turística para atraer a comunidades israelíes, realizadas por nativos locales de origen judío, señalando en este sentido el ejemplo de la Municipalidad de El Calafate, en la provincia argentina de Santa Cruz.

Todo ello ha desempolvado las teorías del Plan Andinia de creación en la Patagonia de un «nuevo Israel» y una nueva «Tierra Prometida», ahora determinado por la situación de conflicto permanente en Oriente Medio y sus implicaciones para la supervivencia del actual Estado de Israel. Algunos aducen que ciertos sectores dentro de la sociedad israelí comienzan a observar a Israel como un Estado artificial e incluso inviable, azotado por guerras permanentes en Oriente Medio y dependiente de la ayuda internacional, principalmente estadounidense.

Los nuevos equilibrios geopolíticos y militares en Oriente Medio, particularmente el reforzado papel de Turquía dentro de la OTAN, los acercamientos de Washington hacia Arabia Saudita y Turquía para equilibrar la histórica alianza con Israel y la confrontación con Irán, el pacto militar entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, los acercamientos entre Turquía y Egipto y la desarticulación de las milicias kurdas en Siria dentro del nuevo Ejército Nacional centralizado, favoreciendo así los intereses turcos y sauditas, dejan a Israel ante una situación cada vez más aislada y de dependencia del apoyo estadounidense.

Algunas fuentes señalan igualmente como factores que persuaden a Israel a buscar nuevas alianzas en América Latina el balance migratorio negativo actualmente existente en Israel, su condición de país cada vez más aislado y en minoría en Oriente Medio, y de cómo las guerras en Gaza e Irán han explotado la impopularidad hacia Israel dentro de la sociedad estadounidense y cómo ello podría influir en futuros procesos electorales y agendas políticas para Washington. El giro electoral y político hacia opciones derechistas y «trumpistas» en América Latina ha reforzado esta perspectiva israelí de volver a pisar con fuerza en la región.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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EL GRAN REPLIEGUE. EEUU APLICA EN CENTROAMÉRICA TODA SU DOCTRINA DE GUERRA HÍBRIDA.

Daniel Symcha*

Basil Henry Liddell Hart, periodista y militar británico que alcanzó el grado de Capitán y que en 1920 participara en forma central en la redacción del «Manual de mando para oficiales de Infantería» del Ejército Británico, elaboró su teoría de la «Estrategia de la aproximación indirecta», la que busca debilitar al enemigo de forma no directa, evitando ataques frontales y buscando la vulnerabilidad del adversario a través de la movilidad y el engaño. Su teoría surgió a partir del estudio de la guerra acorazada con la aparición en el campo de batalla de los tanques de guerra. El objetivo de esta estrategia para enfrentar un fuerte poder de fuego no consiste en la aniquilación frontal del enemigo, sino la desestabilización y desorganización de sus fuerzas y la consecución de la victoria con el menor costo posible.

En 1999 los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su libro «Guerra irrestricta» identifican la sistematización del uso de la teoría de Liddell Hart por parte de Occidente en los diferentes escenarios de conflicto alrededor del mundo y realizan un análisis del uso y alcance de la denominada guerra híbrida la cual implica una reorganización de las herramientas utilizadas en todas las guerras de la humanidad, intensificando el uso de acciones por debajo del umbral de la violencia entre Estados mediante lo que el Dr. Marcelo Gullo Omodeo denomina Unidades Políticas sin Asiento Territorial como lo son las fundaciones, asociaciones, empresas privadas o redes sociales que, utilizando los derechos establecidos y garantizados por los Estados Nación, crean las condiciones necesarias para la desestabilización social generando focos de conflicto y por lo tanto una debilidad manifiesta que permite el desarrollo de acciones violentas de grupos clandestinos.

Esta operatoria, que se basa en tomar una insatisfacción de la sociedad, intensificarla, generar un conflicto y escalarlo, se llevó a cabo con éxito en las conocidas Revoluciones de Colores: Revolución de los Bulldozers (2000) que terminó con la desintegración de Yugoeslavia, la Revolución de las Rosas en Georgia (2003), la Revolución Naranja en Ucrania (2004) y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán (2005) y en las denominadas Primaveras Árabes: Túnez (2011), Argelia (2011), Barein (2011), Omán (2011), Siria (2011), Libia (2011), Yemen (2012) y Kuwait (2012).

En la actualidad hemos sido testigos de: La Revolución Primavera de Birmania (2022), protestas en Irán (2022); las protestas en Sri Lanka (2022), La Revolución de Julio en Bangladesh (2024), Corea del Sur (2024); las protestas de la Generación Z en Nepal (2025); protestas en Turquía (2025) y protestas estudiantiles y sociales en Indonesia (2025). Todas estas situaciones reproducen esquemas operativos similares y forman un arco en relación a China, India y Rusia.

El pasado como bitácora de la diplomacia anglosajona

Desestabilizar sociedades y regiones, generar inquina, enfrentamientos, vulneración de las condiciones sociales que debilitan a los gobiernos soberanos y de esa manera poder alcanzar objetivos estratégicos para sostener la hegemonía contra cualquier intento de independencia. John Brabazon Ponsonby aplicó esta operatoria allá por 1860 en el Río de la Plata y Thomas Edward Lawrence hizo lo mismo en 1915 en Medio Oriente.

EEUU, en su repliegue a una zona de influencia directa frente al avance de la nueva configuración del comercio mundial y ante la necesidad de dar respuesta a sus propias necesidades internas, posicionó en el mar Caribe una flota integrada por los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Stockdale; los buques de transporte anfibio USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale; un buque de combate litoral de clase Freedom el USS Minneapolis–Saint Paul; el USS Lake Erie, crucero misilístico; el submarino atómico de ataque USS Newport News y el Grupo de Ataque de Portaaviones del USS Gerald R. Ford integrado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y los destructores USS Mahan, USS Bainbridge y USS Winston S. Churchill.

A principios del mes de agosto de 2025 el presidente de EEUU, Donald Trump, había ordenado al entonces Departamento de Defensa utilizar la fuerza militar para desarticular las operaciones de los carteles de droga identificados semanas antes como organizaciones terroristas lo que ubica a las FFAA estadounidenses en un rol directo que nunca habían ejercido. En este contexto el almirante Alvin Holsey a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, anuncia su retiro a menos de un año de haber asumido el cargo que otrora ocupara la generala de cuatro estrellas del USS Army, Laura Jane Richardson.

Sembrar discordia para cosechar el dominio

En el escenario del juego mediático durante el movimiento de buques y tropas, el presidente estadounidense no solamente realiza declaraciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino también contra el presidente colombiano Gustavo Petro y declara que México está liderado por los narcotraficantes. A su vez interviene abiertamente en la campaña política de Argentina concediendo un inusual auxilio económico de US$20.000 millones al gobierno de Javier Milei. En Bolivia gana las elecciones el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el senador Rodrigo Paz, quien inmediatamente anuncia un alineamiento directo con EEUU.

En mayo de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó un ofrecimiento de Donald Trump para enviar tropas y armamento para la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano. El 8 de agosto el diario The New York Times reportó una supuesta orden ejecutiva del gobierno de Trump que autoriza a las Fuerzas Armadas de EEUU a realizar operaciones directas en territorio extranjero contra los carteles mexicanos. En este contexto, dos meses más tarde, se sucede el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez en la celebración anual des Día de Muertos, fecha simbólica central en la cultura mexicana. La población realizó una pueblada que culmina con el incendio de instituciones oficiales. Días más tarde se sucede una protesta de la generación Z en el contexto de un reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se suceden actos violentos y se agita sistemáticamente en redes sociales la caída del gobierno mexicano generando confusión.

En Colombia, entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 1.834 eventos de conflictividad social en todo el país. El 11 de agosto de 2025 es asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente por el Partido de Centro Democrático.

En Brasil, el día 27 de octubre el ex Canciller del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, expresó preocupación por los ataques estadounidenses sin «ninguna prueba» contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y afirmó que Brasil estaba preocupado por la escalada de violencia. Mientras al otro día, Cláudio Castro el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, ordenó la operación policial más mortífera de la historia de Brasil contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos y una tensión política inesperada en Brasil.

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer.

En el concepto de Antonio Gramsci estamos frente a una crisis orgánica, un momento histórico en el que se quiebra el vínculo entre gobernantes y gobernados, una pérdida de consenso y de legitimidad del hegemón, cuya capacidad de dirigir moral e intelectualmente a su área de influencia se deteriora. El italiano a esto lo llama «interregno» y es donde, según él, emergen formas «monstruosas» a partir de la descomposición del orden anterior y la falta de un nuevo equilibrio.

Lo cierto es que el Departamento de Estado realiza un movimiento táctico de buques y tropas a una región sobre la que se suceden una serie de operaciones de desgaste que condicionan la capacidad de movimiento de los gobiernos que manejan las principales superficies de la región que es paso obligado de productos desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

La situación presenta muchos puntos de comparación con las operatorias antes descriptas en el Río de la Plata, Medio Oriente, el Cáucaso, África y Asia. Operaciones de desgaste y guerra psicológica sobre la población para generar el clima propicio para escaladas violentas internas que serán potencialmente apoyadas desde la flota estadounidense y, ocasionalmente, pasado el fragor del enfrentamiento entre hermanos «pacificar» los teatros de operaciones.

Por otra parte, para beneficio del universo anglosajón sin haber jugado aún las fichas de los enfrentamientos religiosos, con la actual dirigencia política de Argentina y Uruguay, el Reino Unido tiene aseguradas sus operaciones en Malvinas y Antártida mientras que EEUU pasará a tener un punto de control en Tierra del Fuego tanto para el Canal de Magallanes como para el temible Estrecho de Drake con la Base Naval Integrada prometida por el presidente Milei a la generala Richardson. Parte de la dirigencia chilena, mientras tanto, continúa con el apoyo a los anglosajones desde Punta Arenas y los acuerdos con el poder blando estadounidense como en el caso de la administración de los Parques Nacionales australes que generó una denuncia penal contra Kristine Tompkins, presidente de la fundación homónima, por el cambio de destino de 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia de Chile para la instalación de un proyecto minero de extracción de oro por parte de la minera australiana Equus que pone en riesgo el desarrollo sustentable de los habitantes que viven en la comunas de Ibañez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel al quedar expuestos a contaminación de cianuro y mercurio los lagos Carrera, Bertrand y los ríos Baker y Jeinimeni proveedores del agua potable de la región. El lago Carreras es, del lado argentino, el lago Buenos Aires.

EEUU se replegó a su retaguardia ante la imposibilidad de competir con China y los BRICS y en ese repliegue está generando desestabilizaciones con el objetivo de mantener la hegemonía total sobre países débiles antes que comience a hacer eclosión, en su propio territorio, la guerra civil que comenzó el 11 de septiembre de 2001.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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DE CATATUMBO AL TREN DE ARAGUA

Roberto Mansilla Blanco*

Mientras el mundo fija su atención en los decretos de Donald Trump, las incertidumbres de la transición siria, la posibilidad de una tregua en Ucrania y el golpe tectónico a los mercados causado por la aparición de la IA china DeepSeek, una imprevista crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, determinada por la incursión de efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana de Catatumbo, ha dejado hasta el momento aproximadamente 100 muertos y unos 40.000 desplazados hacia Venezuela.

Esta crisis explota en un contexto delicado para la seguridad y estabilidad regional, principalmente condicionada por la tensión en Venezuela en cuanto a la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro así como por la visión política hemisférica que está llevando a cabo Trump, principalmente en torno a sus presiones sobre el Canal de Panamá y las deportaciones de inmigrantes ilegales latinoamericanos.

¿Golpe de timón del ELN…y de Maduro?

Toda vez que se habla del retorno del conflicto armado en Colombia, con el riesgo de saltar por los aires los Acuerdos de Paz de 2016, la atención se dirige igualmente a Venezuela, que desde hace años alberga en su territorio prácticamente a la totalidad de la cúpula dirigente y efectivos del ELN, la mayor parte de ellos desafectos con esos acuerdos de paz a diferencia de la guerrilla de las FARC. Petro apostaba por profundizar estos acuerdos bajo una iniciativa de “Paz Total” que hoy se observa golpeada y probablemente desacreditada por los fallos en materia de seguridad y de inteligencia militar.

En este nuevo equilibrio de fuerzas insurgentes en Colombia resalta el hecho de que esta incursión en Catatumbo pueda significar un reforzamiento de posiciones de poder armado y eventualmente político para un ELN eclipsado por el protagonismo que ha tenido su principal rival, las FARC, no sólo en cuanto a los largos períodos de lucha armada sino también en las negociaciones con los diversos gobiernos colombianos para finalmente alcanzar un acuerdo de paz.

Esto nos lleva a Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó para las guerrillas colombianas un punto de inflexión favorable que llevó, en 2008, a que Venezuela declarara a las FARC y al ELN como actores no beligerantes, reconociéndoles así un estatus político. Desde entonces, la implicación venezolana en el conflicto colombiano traspasaba claramente los canales propios de la seguridad fronteriza común.

Con la presumible benevolencia cubana (La Habana siempre amparó los intereses de las insurgencias colombianas) existía entonces una obvia implicación política por parte de Caracas, en este caso favorable al estatus de la insurgencia armada dentro del proyecto “bolivariano” continental, que le llevó a frecuentes roces con los distintos gobiernos colombianos desde Pastrana hasta Duque. Pero esta implicación también fue derivando progresivamente en la necesidad de convertirse Venezuela y Cuba en benefactores e interlocutores válidos para el Acuerdo de Paz en Colombia.

No obstante, abundan las informaciones sobre la presunta mirada cómplice (por no decir cohabitación y cooperación) de las autoridades venezolanas tanto con las FARC como con el ELN en el teatro de operaciones de Venezuela. Pero concentremos la atención ahora en los coloquialmente denominados como “elenos”, miembros del ELN. Esta guerrilla posee capacidad de influencia política y militar en algunos estados venezolanos, lucrándose de la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) así como del control de rutas de narcotráfico y contrabando. Visto en perspectiva, Venezuela ha sido un importante refugio para el ELN.

La crisis de Catatumbo y la reactivación de la lucha armada del ELN colocan en una difícil posición al presidente colombiano Gustavo Petro, quien simultáneamente ha observado una fuerte crisis diplomática con Trump por el asunto de las deportaciones de inmigrantes colombianos ilegales desde EEUU.

Mientras Bogotá está intentando desactivar esta crisis bilateral con Washington, Maduro salta a la escena en lo que se aprecia como un manejo oportunista de la crisis con el posible propósito de ganar influencia en los asuntos colombianos al mismo tiempo que pretende acercar posiciones con Trump en busca de la normalización de relaciones vía legitimidad de facto de su mandato presidencial.

Por sorprendente y contradictorio que parezca, el tema migratorio puede abrir nuevos canales en esta pretensión de Maduro por acercarse a Trump, tomando en cuenta la reciente decisión de Trump de no renovar el TPS a inmigrantes venezolanos en EEUU; aunque está por verse aún el verdadero alcance de esta medida.

Si bien Maduro ha negado implicación alguna de Venezuela en las operaciones del ELN en Catatumbo, el propio Petro en su cuenta de X incrementó las sospechas al develar la presencia de una “fuerza extranjera” en esta crisis. Otros actores, especialmente desde la oposición venezolana, observan que la crisis del ELN puede suponer una especie de “pase de factura” de Maduro a Petro por el no reconocimiento colombiano a su legitimidad presidencial; Bogotá no envió ningún representante a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero.

El trasfondo de esta crisis puede revelar una guerra abierta entre el ELN, carteles de narcotráfico colombianos, venezolanos y de otros países luchando por acceder y controlar las rutas de distribución de la droga.

Sin desestimar su carácter especulativo no debería pasar por alto la posibilidad de que Trump, en su afán por neutralizar a la izquierda continental (y sus alianzas internacionales) utilice esta crisis como leitmotiv presuntamente enfocado en generar un escenario de tensión contra Petro y de acoso contra Maduro, sin descartar con ello sondear las opciones (ciertas o no) de una eventual intervención en Venezuela vía Colombia aduciendo razones de seguridad hemisférica. Las presiones sobre el Canal de Panamá pueden de algún modo significar objetivos geopolíticos más concretos para Trump, más allá de la implicación económica china a nivel hemisférico.

Para Washington puede resultar relevante este escenario ante las alianzas exteriores de los mandatarios colombiano y venezolano. Tanto como Maduro, Petro ha dejado entrever su interés en ingresar en los BRICS, el principal foro “contrahegemónico” para EEUU y sus aliados, especialmente “atlantistas”.

Tren de Aragua: la transnacional del crimen

Saliendo del Catatumbo llegamos a otro escenario: el Tren de Aragua. En EEUU y Chile se abrieron cargos judiciales contra esta banda delictiva venezolana cuya capacidad de actuación es cada vez más transnacional.

En el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Ecuador, a quien también le afecta la crisis colombiana así como la proliferación de redes delictivas internas y externas, irá a elecciones presidenciales y legislativas el próximo 9 de enero.

Cabe preguntarse: ¿tiene alguna relación la crisis en Catatumbo con las denuncias contra el Tren de Aragua? A priori no pero podría intuirse que sí la tiene indirectamente. Ambas situaciones revelan un aspecto contradictorio y no menos controvertido: la extraña capacidad que tiene Venezuela como actor simultáneo tanto de desestabilización, vía grupos armados insurgentes, carteles y organizaciones criminales venezolanas o aquellas extranjeras establecidas en el territorio venezolano contando con el aparente beneplácito del régimen de Maduro; así como de posible actor de solución, al menos temporal, que sirva para desactivar problemas regionales concretos (Catatumbo) surgidos por estas actividades delictivas e incursiones guerrilleras.

No olvidemos que desde Washington se aumenta la presión hacia el régimen venezolano con el aumento de recompensas por las capturas de Maduro y Diosdado Cabello, en este último caso cuyo protagonismo en la crisis de Catatumbo ha sido notoria. Un dato que acrecienta toda serie de especulaciones y suspicacias en torno a lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela es el hecho de que, mientras el ELN iniciaba operaciones en Catatumbo, los organismos policiales y de seguridad venezolanos abatieron a un capo del crimen en Venezuela, alias “Wilexis”, quien en su momento llegó a desafiar el poder de Maduro.

Como otros tantos “pranes”, la relación de “Wilexis” con el Tren de Aragua es tan notoria como el presunto ascendente que tendría Diosdado Cabello entre esa y otras organizaciones del crimen en Venezuela. La muerte de “Wilexis” fue anunciada a “bombo y platillo” por un Diosdado Cabello que recobra espacios de poder en esta nueva etapa de Maduro en la presidencia.

Volvamos a Petro. Las crisis de Catatumbo y con Trump podrían erosionar su autoridad y capacidad de equilibrios políticos. Si bien el establishment colombiano (militar, empresarial, político, legislativo) se ha plegado a Petro bajo su tradicional óptica de “razón de Estado”, el mandatario colombiano debe manejar constantemente todo tipo de equilibrios dentro del Congreso. Si bien no se aprecia como factible, al menos a corto plazo, está por verse si la crisis de Catatumbo implique para Petro una posible moción en su contra que dificulte la gobernabilidad.

De Catatumbo al Tren de Aragua, estas crisis señalan a un actor clave, un régimen de Maduro que aprovecha la situación para militarizar el territorio nacional (incluso entregando armas a civiles) bajo el pretexto de una presunta conspiración internacional para desalojarlo del poder, colocando a la FANB aún más en el centro de poder en Venezuela. Pero el trasfondo de estas crisis paralelas confirma igualmente las consecuencias del carácter transnacional de las organizaciones criminales venezolanas y sus conexiones con el Alto Poder, organizaciones insurgentes y redes delictivas exteriores.

Puede que los canales diplomáticos entre Caracas y Bogotá terminen neutralizando la crisis provocada por el ELN. Es posible que la “cruzada” anti-delictiva de Maduro y Diosdado Cabello esconda una “limpieza” y una purga interna que refuerce el poder del establishment “madurista”, incluidos sus vínculos con organizaciones criminales, a la vez que lave su imagen ante el exterior y sus expectativas de normalizar las relaciones con Washington.

Pero lo que parece cierto es que el “autoritarismo caótico” (José Natanson dixit) que explica la naturaleza del poder “madurista” en Venezuela tiene capacidad suficiente para generar situaciones de “desestabilización-estabilización” como modus operandi que le permita precisamente mantenerse en el poder.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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