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DOS MIL BUQUES PESQUEROS SIN CONTROL EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

César Augusto Lerena*

Hace décadas que escribimos sobre la incapacidad o desinterés argentino por controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. De igual modo, meses atrás, nos referimos al apoyo del Puerto de Montevideo a la pesca ilegal que realizan buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses.

Hoy la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay ratifica en detalle nuestros dichos. Montevideo sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado. Sería bueno tener una auditoría de igual rigurosidad de los manejos de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y de los puertos argentinos.   

Denunciamos entonces que más de 700 buques extranjeros pesqueros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y, los migratorios originarios de la ZEE de ambos países en alta mar; violando ―Uruguay― las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Res. del UNASUR de Asunción del 17/03/2012, etc., y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4. En este Puerto se recambia el combustible, se reemplazan tripulantes, se transbordan capturas, se arma y repone alimentos e insumos, etc., de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/11), aunque violando todas las normativas.  

También recordamos que los tres Estados ribereños de América del Sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” y que ésta es el ámbito adecuado para tratar, también, cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal.

Por su parte, el 29 marzo de 2023 (Radio Sarandí) Jaime Coronel, el director del Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que «el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales»; pero, la citada auditoría oficial demuestra lo contrario y, ello es grave, porque el flagelo de la pesca ilegal le extrae a Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y competitividad a las empresas.

La Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la DINARA es terminante y de sus conclusiones surge con claridad que en el Puerto de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal, además, de estar fuera de control otras irregularidades.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay alertó sobre el “conjunto de conclusiones y hallazgos con criticidad extrema” de esta Auditoría y, entienden, que el informe “demuestra el grave problema de funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e inocuidad de los productos de la pesca” (Montevideo Portal, 28/07/2023). Un durísimo comunicado de los propios funcionarios del área.

La conclusión de la Auditoría de la Nación refiere a que «el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos»; por «ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de los recursos hidrobiológicos»; es decir, que la pesca en el Puerto de Montevideo carece de todo control y, ello supone desconocer el origen y trazabilidad de las capturas y desembarcos, la eventual apropiación ilegal de recursos originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Uruguay y Argentina o, migratorias desde éstas en alta mar, al igual que en la Zona Común de Pesca de ambos países; la extracción de mayores volúmenes a los autorizados; la captura de tallas inferiores a las permitidas o de especies plenamente explotadas; el descarte y la sustitución de especies al desembarque o transbordo; entre otras irregularidades que podrían incluir operaciones de narcotráfico y trabajo esclavo. Situación que se ratifica cuando la auditoría indica: «El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones»; contrariando, las recomendaciones de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017; Decreto 323/17).

Estas irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y, descarga de productos pesqueros. Situación que debería llevar a la Cancillería Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata ―por aplicación de los Art. 74º, 80º y 82º de éste, las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59º, 87º, 116º a 118º de la CONVEMAR― a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas; cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.

Al respecto, la Auditoría ha calificado esas debilidades relativas a la información como “altas” y, de “extremas” la responsabilidad de la autoridad del DINARA, el trámite de permisos, los registros, controles y seguimiento. Todas cuestiones que, sin entrar en mayor detalle, son suficientes para calificar a Montevideo como un puerto sin control pesquero y, por tanto, absolutamente permeable a la pesca ilegal.

Sin agotar el cúmulo de irregularidades que detecta la Auditoría, ésta verifica respecto a la Dirección, delegaciones inapropiadas, acefalías continuadas. debilidades contables, no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles, inadecuado seguimiento de las gestiones, comunicaciones informales por fuera de los canales administrativos, incumplimiento de las normativas vigentes y, entre otras, la mayoría de la información calificada de “reservada o confidencial” de acceso exclusivo de los Encargados de Áreas, “los dueños de datos” dice la Auditoría, pudiendo dar lugar a actos de corrupción, en lugar de procesos y documentos transparentes, de libre acceso a todos los ciudadanos. Todo esto, sin lugar a duda, podría constituirse en un soporte necesario, para encubrir la pesca ilegal, que necesita de controles laxos, información confusa y trámites sin plazos. “Falsificación de permisos de pesca emitidos por el sistema VUCE” dice la Auditoría y, diversas observaciones graves administrativas y relativas a la aplicación de sanciones que, están todas indicadas en el pormenorizado informe de los auditores oficiales.

Se detecta falta de personal en áreas claves. Esto podría deberse a las habituales restricciones del Estado pero es inviable controlar el origen, la trazabilidad y legalidad de la pesca si las descargas se validan con meras declaraciones juradas empresarias o el puerto carece del personal oficial adecuado para realizar las tareas de policía sanitaria; obligación habitualmente indelegable, que no puede dejarse librada al usuario o a eventuales controles privados concesionados. En 1998, cuando Estados Unidos y luego la Unión Europea comenzaron a exigir la aplicación de planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), la ejecución de estos sistemas de autocontrol, nunca dejaron en manos privadas el control del tránsito, el embarque o desembarque y los pertinentes controles y la certificación oficial. Dejar a los puertos sin control oficial presencial y no llevar una organización del Estado segura, transparente, técnica, eficiente y eficaz es promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.

Pero ¿qué pasa con Jaime Coronel? Que, no obstante, la ejemplar Auditoría que lo incrimina, el pasado 16/08/2023 firmó en nombre de Uruguay junto a Ecuador, lo que llamaron “Memorando de Entendimiento histórico a fin de fortalecer sus lazos y desarrollar maneras cooperativas de combatir la pesca ilegal, en ambas costas de Sudamérica”. Se ve que los ecuatorianos no conocen ese documento, cuyas conclusiones se agravan precisamente cuando Don Jaime refiere a que Uruguay “alberga algunos de los puertos más transitados del mundo que, colectivamente reciben más de 2.000 buques pesqueros al año” (Tahiana Fajardo Vargas, PEW, 17/08/2023) que no son de bandera uruguaya sino de diversas nacionalidades que pescan ilegalmente los recursos pesqueros originarios de los Estados ribereños y los de Argentina en Malvinas.

Respetuosamente entendemos que las Autoridades de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo prescripto en la Ley 19.175 que, en su art. 16º, refiere a la aplicación de criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos…» y, muy especialmente, los art. 76º a 79º que califican como grave la pesca ilegal, que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las especies.

Se dice también en los ambientes portuarios, que el 80% de la flota merlucera de altura se habría vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones en contravención a lo establecido en el art. 31 del Decreto 115/018, lo cual de confirmarse sería otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente pesca ilegal.

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G. Artigas)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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TOLERANCIA CERO: ARGENTINA DEBE COPIAR A SINGAPUR Y A EL SALVADOR

Singapur

¿Cómo podemos enfrentar una delincuencia que se le ha escapado de la mano al Estado? Bueno, es sencillo, tan solo deberíamos buscar como otros países enfrentaron este problema y tomar sus modelos para implantarlos.

Lleno de rascacielos, jet privados y Rolls-Royce, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes.

Conocida como «La perla de Asia», esta diminuta ciudad estado con apenas 5,6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo; el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio de la Economist Intelligence Unit.

Pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro.

Lee Kuan Yew estuvo al mando del país por tres décadas y es considerado el artífice del «milagro» económico. Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur de lo que él describió como el «pozo negro de la miseria y la degradación» y convertirlo en un país industrializado y moderno, bajo un modelo capitalista con férreo control estatal.

Desde finales de la década de 1960, el gobierno impulsó grandes programas de empleo y la construcción de viviendas sociales, una política social que fue de la mano de un estricto control de la vida privada y la supresión de libertades individuales.

Con el paso del tiempo, el país impresionó al mundo con sus altos niveles de educación, sanidad y competitividad económica, al tiempo que atacó la corrupción, considerado como un mal endémico en la antigua colonia.

Además de la ubicación geográfica, Singapur tiene una serie de ventajas comparativas, dicen los expertos. Entre ellas, «una población capaz de hablar chino e inglés, instituciones sólidas que funcionan y ausencia de corrupción».

A eso suma una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica.

En paralelo, «Singapur entregó generosos incentivos a los inversionistas extranjeros» para instalarse en el país, permitió el libre flujo de capital y firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea.

Singapur tiene uno de los sistemas educativos más admirados del mundo. Encabeza la lista de resultados de la influyente prueba PISA, aplicada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 75 países para evaluar el desempeño de los estudiantes en ciencias, matemática y lectura.

El buen desempeño del país se debe a varios factores, como el tener una burocracia gubernamental formada en las mejores universidades del mundo, con una misión bien definida: transformar Singapur, excolonia británica, en uno de los países más ricos, desarrollados y educados del mundo.

Los salarios en el sector educativo de Singapur equivalentes a los de los rubros industrial y bancario atraen a los mejores alumnos recién graduados en las universidades.

El sueldo promedio inicial varía entre US$ 1.600 dólares de Singapur y 3.000 (US$ 1.800 – US$ 3.300). Además, los maestros reciben bonos por desempeño en el aula y pagos por trabajar horas extra. Cada profesor debe participar en al menos 100 horas de actividades adicionales de formación.

Alrededor del 20% del presupuesto total del estado se destina a la educación.

Pero antes de ser una potencia económica y educativa, Singapur estaba entre los países más pobres de Asia. Ahora tiene un gobierno autoritario que limita las libertades individuales y de prensa, y un sistema en el que la obediencia es una garantía de seguridad social y bienestar, y un elemento central en el engranaje de la educación del país.

El objetivo no era solo hacer la ciudad más agradable. Una ciudad más limpia, pensaba Kuan, crearía una economía más fuerte.

«Estos estándares mantendrán la moral alta, la tasa de enfermedad baja y, por lo tanto, crearán las condiciones sociales necesarias para un mayor crecimiento económico en la industria y en el turismo. Esto contribuirá al bien público y al beneficio personal de todos «, dijo.

Y efectivamente, en todos estos aspectos Singapur ha tenido éxito. La esperanza de vida ha aumentado de 66 a 83 (que es la tercera mejor a nivel mundial).

En 1967, las llegadas de turistas fueron un poco más de 200.000 en comparación con unos 10 millones en los tres primeros trimestres de 2018.

Singapur tiene la costumbre de prohibir el comportamiento indeseable de sus ciudadanos y hacer cumplir cada prohibición con sanciones económicas.

La campaña de 1968 «Mantengamos a Singapur Limpia» fue la primera en intentar moderar el comportamiento de los ciudadanos mediante multas. Desde entonces, el país ha adoptado multas con gusto.

Normalmente, las autoridades emiten decenas de miles al año por tirar basura. La multa mínima es de US$ 217. Hay multas por escupir en la calle o usar el wifi de otra persona sin permiso.

Singapur erradicó la inseguridad y la delincuencia con la pena de muerte. La pena capital se instauró como norma en el año 2013.

Para quienes no viven en Singapur y algunos organismos de Derechos Humanos, el modelo que se implementa en el país oriental es muy restrictivo, e incluso no son pocos los que afirman que tiene características autoritarias desde lo jurídico. Sin embargo, de este modo lograron un radical cambio de conducta de la gente, y crearon valores para darle seguridad a sus habitantes. De hecho, tiene uno de los índices más bajos en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.

Sobre los delitos de abuso sexual y abuso a menores, en Singapur se publica actualmente el nombre de los violadores y se televisan los juicios. Incluso implementan otra curiosa medida como lo es la de habilitar a personas que en parques o espacios públicos, van vestidos de basureros, pero que tienen como finalidad la de detener delincuentes para ponerlos a trabajar.

Los diarios locales publican diariamente las fotografías de los delincuentes y además hablan sobre los delitos que han cometido, condenándolos socialmente para luego llevarlos ante la Justicia, de modo tal que sepan que no pueden hacer lo que quieren y que su accionar tiene consecuencias.

Así las cosas, de ser una de las zonas más conflictiva del mundo, donde las drogas circulaban como si nada, pero hoy Singapur es una nación segura.

Claro que organismos como Amnistía Internacional cuestionaron en reiteradas oportunidades los métodos para lograr tanta seguridad y reducción del delito. En Singapur encontraron la solución a la delincuencia ejecutando a los delincuentes en la horca. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción.

Pero para dar cuenta de lo efectivo del sistema antidelincuancia de Singapur y los éxitos del presente, bien vale recordar que antes de 1960 Singapur era una de los países más violentos del mundo. Estaba entre los lugares con el más alto índices de criminalidad, por su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial.

En la década de 2000 el terrorismo surgió rápidamente y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad; sin embargo al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se dieron grandes cambios que se pueden catalogar como represivos y radicales, debido a que atacó las drogas, la corrupción y las violaciones de mujeres, lo que produjo una reducción increíble de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros del Asia.

Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran condenados a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucren).

La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.

Con esa dramática historia a cuestas, con rigor, orden y efectividad en las calles, Singapur se ha convertido en el emblema de los países que lograron erradicar la delincuencia con su pena de muerte.

Por otra parte, la lucha contra la corrupción fue uno de los principales puntos de la campaña que llevó a Bukele a la Presidencia de El Salvador en 2019. Durante su gestión, principalmente con la llegada de la pandemia, diversas investigaciones periodísticas han señalado el supuesto manejo irregular de recursos estatales.

«Si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país”, advirtió Bukele. También dejó por sentado que el que nada debe, nada teme y que los honrados no tienen nada de qué preocuparse y que los corruptos pagarán por sus delitos y devolverán lo robado.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones, la violencia y las estructuras de pandillas deben ser combatidas, evidentemente, a través de una política integral de seguridad pero ningún gobierno ha querido adoptar una práctica como ésa hasta el día de hoy.

El Salvador logró disminuir el índice de muertes diarias de entre 16 y 29 a 3.5 en un período de seis meses, mediante la implementación de una estrategia que implica disciplina, pero también acciones económico-sociales.

Cuando Nayib Bukele asumió, estableció que tenían que poner a la fuerza armada y a la PNC [Policía Nacional Civil] en el territorio de manera contundente, que tenía que complementarlo también con un trabajo de reconstrucción de tejido social, porque esas son las causas principales de la violencia, pero también que tenía que controlar la principal fuente de relación entre la extorsión y el asesinato, que eran los centros penales. Se encontró un enorme desorden en las cárceles, entre los que destaca la libre comunicación telefónica, lo que permitía a los delincuentes seguir operando a pesar de que estaban presos. Tomó medidas mucho más fuertes y puso a estos reclusos en regímenes de aislamiento, además de que ordenó a las empresas telefónicas que suprimieran absolutamente la señal telefónica dentro de las cárceles.

A la par de los operativos y el endurecimiento con los criminales, la administración también trabaja en el restablecimiento del tejido social, con programas como “Sembrando vida”, que pretende beneficiar a 10.000 agricultores salvadoreños con US$ 250 mensuales durante 10 o 12 meses, para que puedan trabajar su parcela.

En tres años de administración del Presidente Bukele se acumulan 128 días con cero homicidios, de los cuales 30 han sido registrados en el período de régimen de excepción.

El pasado 25 de mayo, el Gabinete de Seguridad llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar la segunda prórroga del régimen de excepción. La medida busca dar continuidad a las acciones operativas contra las estructuras de pandillas.

La estrategia de seguridad del Gobierno cuenta con el respaldo de más del 91 % de los salvadoreños, tal y como fue confirmado por una encuesta de la firma CID-Gallup.

Además, al mandatario salvadoreño no le ha temblado la mano para someter a los pandilleros en prisión, ya que les quitó colchones y sábanas en sus calabozos. Además, de darle solo dos tiempos de comida con solo frijoles, tortilla y queso.

Bukele compartió un video que muestra a unos pandilleros quejarse porque ya no les dan pollo en el almuerzo, diciendo que es una injusticia. “Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, aseguró el mandatario.

Incluso ha aseverado que en caso de aumentar los delitos y las detenciones, eliminaría “totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros”.

Asimismo, anunció que la comida será racionada para los 16 mil pandilleros, que se quedan confinados en sus celdas durante todo el día. “Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte”.

Nayib Bukele también ha criticado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que han manifestado su preocupación por las radicales medidas que ha adoptado su gobierno durante los últimos días.

“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre”.

“Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”, escribió Bukele ante la condena que han hecho diversas ONGs nacionales e internacionales a las acciones tomadas durante los últimos días.

Estas medidas se implementaron luego de un aumento en los homicidios entre el 25 y 27 de marzo. De acuerdo con los datos que ofreció Bukele, desde que se implementó el estado de excepción, se ha producido la detención de 9.000 pandilleros en 15 días.

Además, el Congreso de El Salvador aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

Singapur arrancó en los setenta el cambio que la llevó a estar entre los primeros países del mundo; Argentina arrancó en los setenta el cambio que la destruyó llevando al poder a los terroristas que dinamitaron el país, secuestraron, torturaron, asesinaron y extorsionaron y hoy nos dejan por debajo de un país africano casi pisando el cuarto mundo.

Tuvimos una oportunidad única de enmendar las cosas allá por los años setenta, de limpiar el país de la lacra subversiva, pero como siempre, nos quedamos a mitad de camino. Los terroristas asesinos apátridas de los setenta, hoy detentan el poder político, están en las más altas esferas, han llegado incluso a la presidencia. Todo por no poner toda la carne al asador.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que actuaron patrióticamente contra la subversión, fueron condenados y encarcelados por defendernos de quienes quisieron acabar con nuestro modo de vida occidental y cristiano. En contraposición, aquellos que se levantaron contra el orden constitucional, que asesinaron civiles y militares, que colocaron bombas sin importar el que murieran civiles, ellos, fueron “premiados” con cifras cercanas al cuarto de millón de dólares, y muchos de ellos con cargos en los gobiernos del ’83 a la fecha.

Debemos, de una vez por todas, terminar con esta seguidilla de gobiernos apátridas y levantar a esta Nación para colocarla en el lugar que se merece entre las otras del mundo.

Ya que vivimos entre hombres hay que ser uno de ellos; si se vive en un pueblo que lucha por su existencia, no hay que esconderse negándose a reconocer el valor del esfuerzo puesto en la obra de reconstrucción general. Es necesario apreciar la significación de la lucha por la igualdad de derechos que le corresponden entre las otras grandes naciones y su buena voluntad para vivir en paz con los demás y colaborar al bienestar general.

Cesare Santoro

No puedo evitar comparar nuestra situación actual con la de Alemania de la década de 1930:

Millones de obreros sin trabajo vagaban por las calles de las ciudades esperando la ayuda del Estado, que escasamente alcanzaba para satisfacer la más perentorias necesidades de la vida diaria de quien la recibía y de su familia. Apenas podía contarse un hogar que no tuviera al padre o al hijo y con frecuencia a ambos sin trabajo. Las estadísticas dan un cuadro bien claro de esta situación trágica: el número de los sin-trabajo se calcula en más de 6 millones o sea más de un cuarto de la cifra total de los 21 millones de trabajadores y empleados de que dispone la economía alemana. A esta cifra hay que sumar 3 millones de obreros que trabajaban con jornada reducida.

Incluyendo a los familiares, el conjunto de los afectados directamente por la falta de trabajo y por la miseria consiguiente ascendía a 20 millones de personas, es decir, un tercio de la población total de Alemania. En vano se trataba de mantener un apoyo insuficiente y al mismo tiempo humillante para los parados con el presupuesto del Estado y de los Municipios y mediante la enorme suma de más de 3.000 millones de marcos al año. También la situación del artesanado era desesperada. El tesoro de mayor valor y más precioso de Alemania, su mano de obra, estaba improductivo.

En el campo, el labrador había perdido el amor a su terruño y sufría bajo la constante pesadilla amenazadora de la subasta forzosa. La mayor parte de la propiedad de los campesinos se encontraba hipotecada, con frecuencia no solo la finca sino también la casa, de modo que, estando a merced de los acreedores o del fisco, no podían disponer con libertad de su propia tierra. Miles de labradores fueron echados de sus heredades pasando así la propiedad a manos de quienes no sabían cultivarlas con igual esmero. La situación de los que se quedaban, como éstos lo sabían de antemano, no ofrecía ninguna perspectiva para la existencia.

Algunas veces se hicieron reproches a los campesinos por el elevado precio de venta de sus productos, sin embargo estos precios fueron cotizados en la bolsa en beneficio de la especulación y en perjuicio de productores y consumidores. La alimentación del pueblo alemán en su mayor parte fue abastecida con productos extranjeros. Por consiguiente un gran sector de los obreros alemanes no tenían trabajo porque, habiendo disminuido la capacidad adquisitiva del labrador, éste no se encontraba en condiciones de consumir lo que aquellos producían.

Las deudas exteriores contraídas por particulares ascendían a más de 25.000 millones y devengaban un interés diario de 2 millones sin contar la cuota de amortización. No existía un superávit de exportaciones que hubiere permitido la adquisición de las divisas extranjeras necesarias para hacer frente a los enormes pagos.

Muchos municipios se encontraban al borde de la ruina, el aparato administrativo consumía exorbitantes sumas. El número de funcionarios del Estado se componía de más de 95.000 empleados y de 72.000 dependientes y obreros y de más de 250.000 empleados y 44.600 dependientes y obreros en el servicio de correos.

Argentina está en una situación excesivamente parecida con el agravante de que el nuestro es un pueblo de corderos que se dejan llevar al matadero mansamente. Han arruinado al menos tres generaciones, desde los abuelos que no laboran por culpa de los planes, y cada vez es peor. Ahora piden “aguinaldo” y “vacaciones” sin tener en cuenta de que no es un trabajo, no hay una contraprestación por el dinero recibido y tal estafa es aceptada por el Estado corrupto de turno. Nada cambió con el tuerto, ni la porota ni el gato ni el alverso y hasta que no haya un verdadero sentimiento de cambio, nada cambiará, pero la moneda a pagar, al igual que en la Rumania de Nicolae Ceaușescu o en Singapur, va a ser sangre, o no será cambio real.

Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena capital, en la horca, fusilamiento, por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

En Singapur, la pena capital se aplica a los delitos de narcotráfico como la posesión de más de 15 gramos de diamorfina (heroína pura), 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina.

Indonesia castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento, con cantidades a partir de los 5 gramos de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras sustancias.

Vietnam, que aplica la pena de muerte a condenados por tráfico de estupefacientes, asesinato y delitos contra la seguridad nacional, ejecutaba a los reos ante el pelotón de fusilamiento hasta 2011, cuando adoptó la inyección letal.

La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten a Singapur una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.

Es hora de que hagamos un corte serio a nuestra situación político-social actual, necesitamos una fuerza política que sea un parteaguas para que volvamos a ser una Nación Grande. Confiemos en Dios, nuestro Señor para que ilumine a los hombres que puedan producir dicho cambio.

¡Argentina Despierta!

DyPoM

Por der Landsmann
Con información de ARgentino PATriota

Notas:

  • Cesare Santoro – El Nacional Socialismo

 

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