A FUEGO LENTO

Iris Speroni*

La seguridad que los gobiernos nos brindan.

Se comprueba que no es que no saben o no pueden o no les importa, sino que están en esos lugares para administrar el delito.

 

El caos y el orden es un tema tratado en Restaurar bajo diferentes autores con distintas visiones.

Lohengrin

Hegeliano

Santiago González 

Juan Martín Perkins

Curtis Yarvin

reaxionario el amigo de ustedes

 

Vemos el delito común no ya como el fruto de fuerzas al azar que un Estado impotente no sabe controlar o moderar sino como el resultado provocado y buscado por parte de los poderosos para tercerizar en los delincuentes la violencia contra los ciudadanos.

Ésa y no otra es mi postura respecto al desamparo que vivimos.

El objetivo es mantener a los vecinos que trabajan y estudian en vilo; en permanente zozobra, como forma de desestabilización emocional, abuso psicológico y físico y para facilitar las tareas de control de la sociedad mediante el debilitamiento deliberado del tejido social y familiar.

Más psicótico no se consigue. 

La ideología que presta un maquillaje a este accionar es el progresismo la cual vende el laissez-faire, laissez-passer.

No es impericia u holgazanería o dejadez o indiferencia. No.

Son políticas activas que buscan enardecer y condonar a los delincuentes comunes.

Asimismo el poder político delimita a estos actores libres (los delincuentes) en su accionar. Se puede matar en la parada del colectivo a un aprendiz de panadero (caso real), pero se mira con malos ojos asesinar a un diputado que trota por la mañana. Un caso se castiga (el del diputado), el otro, no.

Por lo tanto no es un caos donde ciertas partes de la población se ven desprotegidas, sino ―y ésa es mi hipótesis― los delincuentes comunes (caóticos, indisciplinados, desorganizados u organizados, bajo el efecto de substancias o no) son utilizados como armas contra las personas comunes por parte de los políticos.

Dicho más sencillo: los políticos atacan a los ciudadanos y utilizan para sus ataques a descastados, de tal forma de tener a la población en perpetuo estado de acobardamiento.

Cientos de delincuentes, esclavos de la droga, deben salir todos los días a buscar el dinero para su próxima dosis. En algún punto es como la ley de la sabana: depredador que no sale a cazar, se queda con el estómago vacío. Y no puede elegir no hacerlo, porque viven día a día.

Estos hombres (y algunas mujeres), con ese marco mental, son los que los políticos sueltan sobre nosotros todos los santos días. Y lo saben.

No sólo no toman una sola medida para atemperar la situación sino que son proactivos en: a) agravar el problema mediante aumentar la cantidad de personas en esta situación, que tengan armas a su disposición y flujo continuo de droga, b) toman todas las medidas necesarias para reprimir cualquier acto reflejo de defensa por parte de los depredados.

Las medidas gubernamentales contra los ciudadanos de a pie son diversas: persecución policial y judicial en caso de actos defensivos contra los delincuentes, intentos de control de armas y aumento de los costos de los permisos para los ciudadanos no-delincuentes, hostigamiento mediático, ausencia de paliativos para los costos colaterales del delito (gastos médicos y judiciales).

Los circuitos delictivos permitidos por el poder a los delincuentes desestabilizan la vida familiar de las personas comunes (víctimas). 

Con la política actual, el ciudadano siente miedo en sus lugares más preciados y donde el Estado debería garantizar la tranquilidad de las personas.

Después de todo, la obligación de los gobernantes es “consolidar la paz interior” (Constitución Nacional). Los lugares liberados son los hogares en sí, los trayectos rutinarios del hogar a la escuela o trabajo o club o locales comerciales cercanos. Claramente es hacer sentir al ciudadano en intranquilidad permanente, lo cual produce daño mental y emocional.

¿Por qué sostengo que es adrede? Porque lo que uno ve es una supuesta apatía o ineptitud para sofocar o reprimir al delito común. Sin embargo es muy distinta la actitud que asumen los mismos agentes del poder (los mismos individuos) frente a los ciudadanos que osan defenderse. Tanto jueces, fiscales como políticos profesionales sofocan cualquier vestigio de rebelión individual ante los abusos delictivos. Las personas comunes que se defienden o los miembros de las fuerzas policiales que se protegen o protegen ciudadanos son hostigados mediática cuando no judicialmente.

Con esa doble vara a la vista de todos se comprueba que no es que no saben o no pueden o no les importa, sino que están en esos lugares para administrar el delito y para reprimir toda señal de defensa o contraataque por parte del rebaño. Los políticos nos sueltan los lobos y se ocupan muy bien de que las ovejas no saquen colmillos.

Otra vuelta de tuerca

Nada de lo que ha sucedido aquí ha sido diseñado en la Argentina. Aplican un manual de procedimientos escrito en el exterior. Eso se verifica simplemente. Las mismas leyes son repetidas en uno y otro lugar, con los mismos resultados. Son promovidas por las mismas organizaciones más o menos con los mismos argumentos.

Quienes en el exterior lo diseñan y ordenan su implementación cuentan con la inestimable colaboración de los funcionarios locales, a los que considero interventores. 

En el caso particular de las leyes cuentan con la inestimable colaboración de las facultades de derecho y de organizaciones pseudonogubernamentales (de derechos humanos y similares, como el CELS, Amnistía, Human Rights Watch y sucedáneos locales).

También tienen operadores disfrazados de periodistas que sostienen su implementación.

Para resumir lo que ha pasado en Occidente (tanto en EEUU, Australia, Canadá, Guatemala, España, Inglaterra, Irlanda como en la humilde Argentina) es que quienes gobiernan decidieron subvertir el orden existente hasta la segunda guerra mundial y paso a paso han modificado los códigos penales, civiles y de procedimiento al igual que reglamentaciones internas de las fuerzas de seguridad. Lo hicieron despacio, consolidando un cambio para pasar a otro.

Hay que reconocerles que han sido efectivos.

La ley de salud mental

Es la otra cara de la moneda y persigue los mismos objetivos. Siempre es útil ver a los norteamericanos, porque cualquier cosa que nos inflijan a nosotros, siempre la han aplicado contra el pueblo de los EEUU en forma previa.

Actualmente las grandes ciudades de EEUU, en particular si su intendente es demócrata, tienen cientos de psicóticos deambulando por las calles. Naturalmente son ingobernables, pobre gente.

Con antelación se modificaron las leyes que permitían recluirlos. Por lo que ahora ―como siempre― son un peligro para ellos mismos y para terceros y ahora no se los puede guardar. Atacan a la gente al azar, porque son paranoicos y agresivos. La población previamente ha sido desarmada para encarar el problema. 

No solo los ciudadanos no llevan armas en su trayecto al trabajo (a diferencia del siglo XIX, por ejemplo) sino que se derogaron todas las leyes y normativas que exculpaban las acciones violentas defensivas. Nadie lleva armas encima porque no podría usarlas.

Quienes pensaron todo esto lo fueron armando de a poco.

En cuanto a los locos, el estado ha dejado sin herramientas a las familias.

Los transeúntes están atados de pies y manos. Si por casualidad decide encarar alguna maniobra defensiva, para sí, o su familia o un vecino, el estado cae con todo el peso de la ley (oportunamente modificada).

Hay numerosos ejemplos en California y uno reciente que ha tenido cobertura mediática en Nueva York.

En estas tolderías, un psicótico atacó con un cuchillo a un agente de policía en la vereda de la Av. Figueroa Alcorta, de esta capital. Ni allí, ni acá, se evaluó modificar la ley de salud mental. Justamente, porque es un elemento más para llevar caos y zozobra a la población.

Ahora no sólo tenemos que cuidarnos de los chorros, sino de los locos.

Estamos peor que los que se adentran al Bosque de Sherwood. A nosotros no nos permiten ingresar armados.

No es casual. Es planificado. Acá sólo implementan un libreto ajeno.

Consecuencias

Familias rotas, miedo generalizado y ubicuo, intranquilidad, desamparo e injusticia. Daños materiales (lo robado, lo destruido, gastos médicos) y emocionales (ansiedad, tristeza, etc.).

También hay costos económicos generalizados. Una economía para invertir necesita estabilidad macroeconómica (estabilidad monetaria e impositiva, por ejemplo), y tener ganancias a las cuales reinvertir o expectativas futuras de rédito.

Pero sobre todas las cosas, necesita paz interior.

Argentina no arrancó a crecer hasta que no acabó con los malones. Mientras uno se pusiera a trabajar y cayera un malón y se llevara todo, no se podía avanzar. Era remar en el dulce de leche. A partir del fin del malón se pudo crecer y reinvertir y que los únicos riesgos fueran la sequía y las inundaciones.

Si mover mercadería de un lado al otro es hoy una operación más complicada que trasladar armas en Iraq, si una PyMe se desarma porque el gerente de operaciones fue baleado en una entradera, si toda una guardia de un hospital está de luto porque mataron a un familiar de una enfermera o a un médico (ocurrencias diarias), no se crece.

Es muy simple: la Argentina creció en el período de Paz Interior. Y dejó de hacerlo cuando lo perdimos.

Las leyes modificadas por los interventores en estos 40 años son eso: una subversión del orden natural, donde nos quieren decir que un ladrón es una víctima, de la misma forma que nos dicen que un hombre es una mujer o matar un bebé está bien.

Solucionarlo es fácil: hay que revertir lo actuado.

Pero recordemos lo que siempre nos dice Don Líbranos del Mal: a ellos los juzgaremos con la jurisprudencia establecida por ellos para nuestro sometimiento.

¿Nosotros?

Nosotros nos guiaremos por nuestras leyes y nuestras costumbres. Las que fueron de siempre y no son de ahora.

 

Notas relacionadas

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Artículo publicado el 12/08/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/08/a-fuego-lento.html

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