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EL CAOS COMO NEGOCIO

Iris Speroni*

Barrio Constitución, ciudad de Buenos Aires. Foto: Clarín.

En EEUU está muy estudiado el proceso de “arruinar” un barrio. Dejan que se instalen delincuentes de poca monta; casas tomadas; policía sorda, ciega y muda, pero sobre todas las cosas inoperante; suciedad que se recolecta mal y tarde; iluminación defectuosa cuando no inexistente. El poder judicial inactivo contra usurpadores, ladrones o traficantes de drogas. Las escuelas descuidadas, docentes descorazonados. Servicio de salud sin insumos y profesionales sobrecargados. Asaltos asiduos a comerciantes. Ancianas robadas camino a la verdulería.

Lentamente, comienza el éxodo. Se venden propiedades y los nuevos propietarios dejan las unidades vacantes, las cuales son intrusadas por más malvivientes quienes jamás son desalojados. Los okupas hostigan a los residentes mañana, tarde y noche.

El barrio, poco a poco, se viene abajo. A veces, las autoridades, además, aumentan los impuestos. La gente más joven, con mejores ingresos, se va a los suburbios o a mejores barrios. Se quedan los pensionados propietarios, sin recursos suficientes para abandonar el lugar y que, por lo general, su único patrimonio es su departamento o casa. El precio de las propiedades se viene abajo. Los lotes y edificaciones, poco a poco, cambian de mano.

Tiempo después, mucho tiempo después; diez años, quince años, veinte años, cuando los viejitos se mueren, las autoridades cambian la rezonaficación y en ese momento comienzan a construirse edificios en alto. Aparecen locales de productos caros y restaurantes de moda.

Este proceso ha sido descripto por numerosos trabajos académicos norteamericanos y replicado en la ficción a través de novelas, series de TV y películas. Por ejemplo: “Motherless Brooklyn” o “Huérfanos de Brooklyn”.

Mapa del delito Ciudad de Buenos Aires según el gobierno.

Veamos ahora cómo son las cosas por casa.

Los porteños hemos visto este proceso en varias oportunidades. Pasan los intendentes con sus tendencias políticas y los planes de los desarrolladores los sobreviven.

Los más viejos recordamos cuando llenaron Pacífico de travestis. Autos a todas horas, peleas, alcohol, etc. De a poco se fueron vendiendo las casas de una planta. Se hicieron torres de un lado y el otro de Av. Santa Fe. Una vez que se compraron todo lo comprable, los travestis fueron enviados a los bosques de Palermo.

Otro caso que tiene más de 20 años. Desarrolladores urbanos deseaban (y desean) construir un complejo de torres en la Costanera Sur. Esto empezó en los tiempos de Ibarra intendente. La Legislatura se opuso. Entonces instalaron una villa miseria. Era imposible hacerlo sin el visto bueno de todas las autoridades, en una zona controlada por la Prefectura. ¿Cómo llegaron ahí los camiones con ladrillos, aberturas, tanques de agua, las provisiones para los almacenes y maxikioscos internos de la viila, etc.? Todo se hizo con el visto bueno del gobierno municipal (Ibarra-Telerman-Macri-Larreta) y el nacional (Prefectura). Innumerables veces se presentó el proyecto de rezonificación a la Legislatura, infructuosamente. El gancho para que la izquierda finalmente les diera el voto fue que iban a darle algunos de los edificios a los ex habitantes de la villa miseria (la que ellos mismos propiciaron). Les llevó más de 20 años, pero finalmente lo consiguieron.

Existe un plan de desarrollo de oficinas y viviendas caras en la hoy Villa 31 de Retiro. Larreta no llegó a terminar el proyecto. Incluía darles títulos de propiedad a los actuales ocupantes para que luego la empresa desarrolladora pudiera comprarlos. Como verán, al igual que el proyecto de Costanera Sur, políticos y desarrolladores tienen un horizonte de más de 20 años. Llama la atención la connivencia de organismos internacionales como el Banco Mundial en este plan.

Al inicio del gobierno de Macri en la ciudad, comenzó a hacer obras en el Microcentro. Rehacer las calzadas (pusieron adoquines de cemento; impresionante la fascinación del PRO por el cemento). Rehicieron las veredas ―excusa para instalar fibra óptica en todo el microcentro―. Lentamente, financieras y otras empresas comenzaron a retirarse de la zona. El caos permanente en Plaza de Mayo, Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, desde 2002 hasta el día de hoy, convenció a más empresas de fugarse. De a poco el barrio se desertificó. La cuarentena eterna la dio el golpe de gracia. Ahora el gobierno de la ciudad tiene un plan para reconvertir la zona en residencial. Las mejoras se harían con dineros públicos.

Barrio Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Barrio de Constitución. Venta de drogas, prostitución en la vía pública (prostituta y cliente copulan en la vereda), basura por doquier, ranchadas, pungas, asaltos en grupo faca en mano. Tierra de nadie ante la connivencia de las autoridades. Constitución es un barrio curioso. Cuenta con numerosos edificios de calidad, tanto de estilo francés, como art nouveau y art decó. Edificios de varias plantas, de buena factura, de la primera mitad del siglo XX. Casas de una planta con detalles en la fachada e interiores admirables. Todo se ha venido abajo. ¿Cuáles serán los planes para Constitución de esta máquina de demoler Buenos Aires que es el PRO? Ya nos enteraremos.

Distintos edificios del Barrio Constitución.

El proceso de Constitución que ya lleva varios años, lo han comenzado a replicar lentamente en Retiro en el último lustro. La primera decisión del gobierno fue darle órdenes de inmovilización a la comisaría. Incluso quisieron cerrarla.

Ola de robos en Retiro, Capital Federal, República Argentina.

La destrucción ―en la mayoría de los casos adrede― de un barrio significa la pulverización del patrimonio de cientos de familias. Ven cómo el valor de su propiedad de degrada ante sus ojos y no tienen herramientas para combatirlo. En particular cuando las autoridades juegan en contra.

Los vecinos de Constitución se resisten a la destrucción de su patrimonio.

Las necesidades edilicias de la ciudad y del país no son solamente nuevas viviendas sino restaurar edificios de época de calidad. Toda Buenos Aires, en particular los edificios de calidad de Constitución, Congreso, Retiro, Recoleta no han tenido buen mantenimiento por años. Manchas de humedad que no se arreglan, ascensores con funcionamiento defectuoso, edificios de lujo sin gas. Edificios en Rodríguez Peña y Posadas o en Guido y Montevideo con el gas cortado porque el consorcio no cuenta con dinero para cumplir con las regulaciones.

Pirámide poblacional de la Ciudad de Buenos Aires, según estimación del gobierno de la ciudad. Anuario estadístico 2021, página 31.

En la ciudad de Buenos Aires viven muchos ancianos, que han visto recortados sus ingresos por falta de actualización de sus jubilaciones y pensiones frente a la inflación. Esto último es una constante desde el segundo gobierno de Cristina Fernández, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández.

Población de la Ciudad de Buenos Aires en condiciones de recibir jubilación o pensión. Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Ciudad. Los eventuales jubilados y pensionados son al menos el 20% de la población y más del 25% del padrón electoral. Ver en particular la cantidad de mujeres mayores de 60 años, el 25% de la población femenina y el 30% del padrón electoral.

El entendimiento del PRO con el sindicato de porteros, a las órdenes de Santamaría, hace que el 80% de las expensas se destine a pagar sueldos de encargados, superiores a los ingresos de los habitantes del edificio. Eso le da un aire de tristeza y pobreza a toda la ciudad. Así era París en los ‘80, antes de la bonanza. Una década después se veían las fachadas pintadas y flores en las ventanas. Así eran las ciudades del otro lado del muro mientras existieron los soviéticos. Es la tristeza que trae la pobreza.

La relación del PRO con los desarrolladores inmobiliarios es inescindible, como se comprobó en la última reunión en Llao Llao, donde expuso Larreta, entre otros. La familia Macri controla el Catastro de Buenos Aires desde que Grosso era intendente. La familia Macri tiene en su poder toda la información sobre cada lote, cada casa o negocio o departamento de Buenos Aires. Cuántos baños, cuántas ventanas y escaleras tenemos cada uno de nosotros. Desde que el PRO ganó la intendencia, además sabe si pagamos los impuestos a tiempo o estamos morosos. También sabe si debemos expensas, porque los administradores deben informarle al gobierno. Saben todo. ¿Eso es lo que usted quiere?

El PRO demostró, y por eso resultó peor que Ibarra, no querer a Buenos Aires. Ni su arquitectura, ni su gente. Destruyó prácticamente toda la obra de Thays. Reemplazo sus diseños curvos, que combinaban ladrillo a la vista (rojo) con la vegetación (verde), por líneas rectangulares y grises. Poco de Thays queda en pie. Quiso hacer un negocio inmobiliario en el Zoológico. No lo logró (todavía); pero asesinó miles de animales en el intento. Mató ejemplares de árboles centenarios para tirar fibra óptica o poner cemento. La destrucción del patrimonio arquitectónico es alevosa.

Los problemas que enfrentamos los porteños son múltiples. La basura, la criminalidad, la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico colectivo y la caída de nuestros ingresos (como comunidad). No es razonable que una sociedad empobrecida tenga masivamente porteros. En las ciudades de Occidente, sólo los ricos los tienen. Y menos aun cuando la paga no es techo y un sueldo mínimo sino ingresos superiores ―notoriamente― a los de quienes le pagan el sueldo. Algo anda mal. O el sueldo de los porteros o los ingresos de los porteños, o ambos.

Ahora tenemos por delante una elección con cuatro candidatos. El PRO (más de lo mismo); Santoro (un mix de radicales y kirchneristas a las órdenes de Santamaría ―socio del PRO―), la izquierda y la novedad de Marra (LLA).

Voten a quien quieran. Propongo que no le renovemos la confianza al PRO. Bastante daño nos han hecho. Alternancia le llaman. Opciones tenemos.

 

Artículo publicado el 30/09/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/09/el-caos-como-negocio.html

A FUEGO LENTO

Iris Speroni*

La seguridad que los gobiernos nos brindan.

Se comprueba que no es que no saben o no pueden o no les importa, sino que están en esos lugares para administrar el delito.

 

El caos y el orden es un tema tratado en Restaurar bajo diferentes autores con distintas visiones.

Lohengrin

Hegeliano

Santiago González 

Juan Martín Perkins

Curtis Yarvin

reaxionario el amigo de ustedes

 

Vemos el delito común no ya como el fruto de fuerzas al azar que un Estado impotente no sabe controlar o moderar sino como el resultado provocado y buscado por parte de los poderosos para tercerizar en los delincuentes la violencia contra los ciudadanos.

Ésa y no otra es mi postura respecto al desamparo que vivimos.

El objetivo es mantener a los vecinos que trabajan y estudian en vilo; en permanente zozobra, como forma de desestabilización emocional, abuso psicológico y físico y para facilitar las tareas de control de la sociedad mediante el debilitamiento deliberado del tejido social y familiar.

Más psicótico no se consigue. 

La ideología que presta un maquillaje a este accionar es el progresismo la cual vende el laissez-faire, laissez-passer.

No es impericia u holgazanería o dejadez o indiferencia. No.

Son políticas activas que buscan enardecer y condonar a los delincuentes comunes.

Asimismo el poder político delimita a estos actores libres (los delincuentes) en su accionar. Se puede matar en la parada del colectivo a un aprendiz de panadero (caso real), pero se mira con malos ojos asesinar a un diputado que trota por la mañana. Un caso se castiga (el del diputado), el otro, no.

Por lo tanto no es un caos donde ciertas partes de la población se ven desprotegidas, sino ―y ésa es mi hipótesis― los delincuentes comunes (caóticos, indisciplinados, desorganizados u organizados, bajo el efecto de substancias o no) son utilizados como armas contra las personas comunes por parte de los políticos.

Dicho más sencillo: los políticos atacan a los ciudadanos y utilizan para sus ataques a descastados, de tal forma de tener a la población en perpetuo estado de acobardamiento.

Cientos de delincuentes, esclavos de la droga, deben salir todos los días a buscar el dinero para su próxima dosis. En algún punto es como la ley de la sabana: depredador que no sale a cazar, se queda con el estómago vacío. Y no puede elegir no hacerlo, porque viven día a día.

Estos hombres (y algunas mujeres), con ese marco mental, son los que los políticos sueltan sobre nosotros todos los santos días. Y lo saben.

No sólo no toman una sola medida para atemperar la situación sino que son proactivos en: a) agravar el problema mediante aumentar la cantidad de personas en esta situación, que tengan armas a su disposición y flujo continuo de droga, b) toman todas las medidas necesarias para reprimir cualquier acto reflejo de defensa por parte de los depredados.

Las medidas gubernamentales contra los ciudadanos de a pie son diversas: persecución policial y judicial en caso de actos defensivos contra los delincuentes, intentos de control de armas y aumento de los costos de los permisos para los ciudadanos no-delincuentes, hostigamiento mediático, ausencia de paliativos para los costos colaterales del delito (gastos médicos y judiciales).

Los circuitos delictivos permitidos por el poder a los delincuentes desestabilizan la vida familiar de las personas comunes (víctimas). 

Con la política actual, el ciudadano siente miedo en sus lugares más preciados y donde el Estado debería garantizar la tranquilidad de las personas.

Después de todo, la obligación de los gobernantes es “consolidar la paz interior” (Constitución Nacional). Los lugares liberados son los hogares en sí, los trayectos rutinarios del hogar a la escuela o trabajo o club o locales comerciales cercanos. Claramente es hacer sentir al ciudadano en intranquilidad permanente, lo cual produce daño mental y emocional.

¿Por qué sostengo que es adrede? Porque lo que uno ve es una supuesta apatía o ineptitud para sofocar o reprimir al delito común. Sin embargo es muy distinta la actitud que asumen los mismos agentes del poder (los mismos individuos) frente a los ciudadanos que osan defenderse. Tanto jueces, fiscales como políticos profesionales sofocan cualquier vestigio de rebelión individual ante los abusos delictivos. Las personas comunes que se defienden o los miembros de las fuerzas policiales que se protegen o protegen ciudadanos son hostigados mediática cuando no judicialmente.

Con esa doble vara a la vista de todos se comprueba que no es que no saben o no pueden o no les importa, sino que están en esos lugares para administrar el delito y para reprimir toda señal de defensa o contraataque por parte del rebaño. Los políticos nos sueltan los lobos y se ocupan muy bien de que las ovejas no saquen colmillos.

Otra vuelta de tuerca

Nada de lo que ha sucedido aquí ha sido diseñado en la Argentina. Aplican un manual de procedimientos escrito en el exterior. Eso se verifica simplemente. Las mismas leyes son repetidas en uno y otro lugar, con los mismos resultados. Son promovidas por las mismas organizaciones más o menos con los mismos argumentos.

Quienes en el exterior lo diseñan y ordenan su implementación cuentan con la inestimable colaboración de los funcionarios locales, a los que considero interventores. 

En el caso particular de las leyes cuentan con la inestimable colaboración de las facultades de derecho y de organizaciones pseudonogubernamentales (de derechos humanos y similares, como el CELS, Amnistía, Human Rights Watch y sucedáneos locales).

También tienen operadores disfrazados de periodistas que sostienen su implementación.

Para resumir lo que ha pasado en Occidente (tanto en EEUU, Australia, Canadá, Guatemala, España, Inglaterra, Irlanda como en la humilde Argentina) es que quienes gobiernan decidieron subvertir el orden existente hasta la segunda guerra mundial y paso a paso han modificado los códigos penales, civiles y de procedimiento al igual que reglamentaciones internas de las fuerzas de seguridad. Lo hicieron despacio, consolidando un cambio para pasar a otro.

Hay que reconocerles que han sido efectivos.

La ley de salud mental

Es la otra cara de la moneda y persigue los mismos objetivos. Siempre es útil ver a los norteamericanos, porque cualquier cosa que nos inflijan a nosotros, siempre la han aplicado contra el pueblo de los EEUU en forma previa.

Actualmente las grandes ciudades de EEUU, en particular si su intendente es demócrata, tienen cientos de psicóticos deambulando por las calles. Naturalmente son ingobernables, pobre gente.

Con antelación se modificaron las leyes que permitían recluirlos. Por lo que ahora ―como siempre― son un peligro para ellos mismos y para terceros y ahora no se los puede guardar. Atacan a la gente al azar, porque son paranoicos y agresivos. La población previamente ha sido desarmada para encarar el problema. 

No solo los ciudadanos no llevan armas en su trayecto al trabajo (a diferencia del siglo XIX, por ejemplo) sino que se derogaron todas las leyes y normativas que exculpaban las acciones violentas defensivas. Nadie lleva armas encima porque no podría usarlas.

Quienes pensaron todo esto lo fueron armando de a poco.

En cuanto a los locos, el estado ha dejado sin herramientas a las familias.

Los transeúntes están atados de pies y manos. Si por casualidad decide encarar alguna maniobra defensiva, para sí, o su familia o un vecino, el estado cae con todo el peso de la ley (oportunamente modificada).

Hay numerosos ejemplos en California y uno reciente que ha tenido cobertura mediática en Nueva York.

En estas tolderías, un psicótico atacó con un cuchillo a un agente de policía en la vereda de la Av. Figueroa Alcorta, de esta capital. Ni allí, ni acá, se evaluó modificar la ley de salud mental. Justamente, porque es un elemento más para llevar caos y zozobra a la población.

Ahora no sólo tenemos que cuidarnos de los chorros, sino de los locos.

Estamos peor que los que se adentran al Bosque de Sherwood. A nosotros no nos permiten ingresar armados.

No es casual. Es planificado. Acá sólo implementan un libreto ajeno.

Consecuencias

Familias rotas, miedo generalizado y ubicuo, intranquilidad, desamparo e injusticia. Daños materiales (lo robado, lo destruido, gastos médicos) y emocionales (ansiedad, tristeza, etc.).

También hay costos económicos generalizados. Una economía para invertir necesita estabilidad macroeconómica (estabilidad monetaria e impositiva, por ejemplo), y tener ganancias a las cuales reinvertir o expectativas futuras de rédito.

Pero sobre todas las cosas, necesita paz interior.

Argentina no arrancó a crecer hasta que no acabó con los malones. Mientras uno se pusiera a trabajar y cayera un malón y se llevara todo, no se podía avanzar. Era remar en el dulce de leche. A partir del fin del malón se pudo crecer y reinvertir y que los únicos riesgos fueran la sequía y las inundaciones.

Si mover mercadería de un lado al otro es hoy una operación más complicada que trasladar armas en Iraq, si una PyMe se desarma porque el gerente de operaciones fue baleado en una entradera, si toda una guardia de un hospital está de luto porque mataron a un familiar de una enfermera o a un médico (ocurrencias diarias), no se crece.

Es muy simple: la Argentina creció en el período de Paz Interior. Y dejó de hacerlo cuando lo perdimos.

Las leyes modificadas por los interventores en estos 40 años son eso: una subversión del orden natural, donde nos quieren decir que un ladrón es una víctima, de la misma forma que nos dicen que un hombre es una mujer o matar un bebé está bien.

Solucionarlo es fácil: hay que revertir lo actuado.

Pero recordemos lo que siempre nos dice Don Líbranos del Mal: a ellos los juzgaremos con la jurisprudencia establecida por ellos para nuestro sometimiento.

¿Nosotros?

Nosotros nos guiaremos por nuestras leyes y nuestras costumbres. Las que fueron de siempre y no son de ahora.

 

Notas relacionadas

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Unidad y patriotismo, http://restaurarg.blogspot.com/2021/10/unidad-y-patriotismo.html

 

Artículo publicado el 12/08/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/08/a-fuego-lento.html

LIBRE PORTACIÓN DE ARMAS Y FALACIAS SOBRE EL MONOPOLIO DE LA FUERZA

Ariel Corbat

La discusión sobre la «libre portación de armas» permite apreciar un grave desconocimiento de la dirigencia política sobre lo que significa el «monopolio de la violencia», mismo que debe conservar el Estado como requisito necesario de su existencia y en función de sus fines.

Como en todo debate, y esta cuestión ya está en la agenda de lo que habrá que discutir, es preciso definir claramente el objeto de la controversia para confrontar ideas con honestidad.

Por eso lo primero es precisar el alcance de la expresión «libre portación de armas». Una interpretación brutalmente literal podría sostener que se trata de un acceso indiscriminado a las armas de fuego, para que puedan ser adquiridas y portadas por cualquiera sin ningún tipo de restricciones.

Y esa es la interpretación que ofrecen los políticos que se oponen a que la sociedad civil se arme.

Sin dudas, si el sentido de la expresión «libre portación de armas» fuera esa grosería, se plantearía eliminar del Código Penal los delitos de tenencia y portación ilegal de armas tipificados en el Art. 189 bis. Es decir, se reconocería a la delincuencia armada el libre acceso y uso de instrumentos para delinquir.

Sin embargo, quienes proponen la «libre portación de armas» lo hacen partiendo de una cuestión de principios (a la que me referiré al final del artículo) y en procura de darle a los honrados habitantes del país la posibilidad de defenderse por sí mismos, en subsidio a la acción estatal, ante los ataques de esa delincuencia. Y está claro que pretendiendo reducir la delincuencia no se propone una simple equiparación de hecho entre delincuentes y honrados, para que cada quien se arregle como pueda, sino que esa equiparación de hecho vaya acompañada de una diferenciación legal.

El primer punto a clarificar entonces es que quienes proponen «libre portación de armas», no incluyen en esa libertad a los delincuentes. Lo que convalida dar continuidad a la vigencia de los delitos arriba mencionados.

Luego hay otras del más elemental sentido común que implican restricciones en función a la capacidad legal de las personas, dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Razón por la que a menores y otros incapaces tampoco se plantea franquearle acceso a la «libre portación de armas».

También hace al sentido común que nadie está pensando que se pueda portar una MAG o una bazooka…

Podemos colegir entonces que por «libre» no debe entenderse indiscriminada o irresponsable.

En rigor de verdad, quienes proponen la «libre portación de armas» deberían decir que bregan por la «tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego». Y como todo derecho: conforme a las normas que reglamentan su ejercicio.

Esto queda todavía más claro cuando leemos la argumentación de aquel a quien bien podríamos denominar padre intelectual de la libre portación de armas, el notable jurista italiano Césare Beccaría, que en su obra maestra «De los delitos y las penas» puso como ejemplo de leyes inútiles aquellas que desarman a los ciudadanos; en estos términos:

«Un manantial de errores y de injusticias son las falsas ideas de utilidad que se forman los legisladores. Falsa idea de utilidad es aquella que antepone los inconvenientes particulares al inconveniente general; aquella que manda a los dictámenes en vez de excitarlos; que hace servir los sofismas de la lógica en lugar de la razón. Falsa idea de utilidad es aquella que sacrifica mil ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca consecuencia que quitaría a los hombres el fuego porque quema, y el agua porque anega, que sólo destruyendo repara los males. De esta naturaleza son las leyes que prohíben llevar armas; no contienen más que a los no inclinados ni determinados a no cometer delitos, pero los que tienen el atrevimiento para violar las leyes más sagradas de la humanidad y las más importantes del código, ¿cómo respetarán las menores y las puramente arbitrarias, cuyas contravenciones deben ser tanto más fáciles e impunes en cuanto su ejecución quita la libertad personal, tan amada del hombre y tan amada del legislador, sometiendo los inocentes a todas las vejaciones que debieran sufrir los reos? Empeoran éstas la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no minoran los homicidios sino los aumentan, porque es mayor la confianza en asaltar los desarmados que los prevenidos. Llámanse no leyes preventivas, sino medrosas de los delitos; nacen de la tumultuaria impresión de algunos hechos particulares, no de la meditación considerada de inconvenientes y provechos de un decreto universal».

Como puede leerse, en tanto argumenta Beccaria a favor de los asaltados no puede interpretarse su texto en favor de los delincuentes. Simplemente clarifica a quienes deben desarmar las leyes y a quienes no.

Determinado el contexto y alcance de la expresión «libre portación de armas», cabe retomar el hilo del primer párrafo y atender a una repetida falacia que esgrimen principalmente quienes se oponen a esa Libertad, cuando afirman que la «libre portación» atenta contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado. Falacia que también aparece entre partidarios de la «libre portación» que argumentan imaginándose que así disputarán ese monopolio de la violencia al propio Estado.

En la repetición de esas dos versiones de una misma falacia, subyace la evidente incomprensión de lo que significan el Derecho y el Estado, lo que da lugar a la confusión sobre el significado del «monopolio de la violencia».

El mayor filósofo del Derecho, el maestro Hans Kelsen, en su «TEORÍA PURA DEL DERECHO», enseña que el Derecho en todo tiempo y lugar es un conjunto de normas jurídicas, y estas son aquellas que tienen la particular característica de poder imponerse coercitivamente.

La norma jurídica es a tal punto un modo de organizar la fuerza, que la validez de un orden jurídico como sistema depende de su eficacia, esto es que haya una cierta correspondencia entre sus mandatos y la conducta de los individuos bajo ese orden.

El Derecho se atribuye el monopolio de la violencia al determinar en qué condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza con respecto a otro.

Por lo tanto, los individuos autorizados por un orden jurídico para ejecutar actos coactivos actúan en calidad de órganos de la comunidad constituida por ese orden.

También expone Kelsen la identidad entre Derecho y Estado, desde que el Estado es un orden jurídico que establece ciertos órganos para la creación y aplicación de las normas que lo constituyen.

De tal modo, el Derecho y el Estado son una misma existencia dependiente de conservar el monopolio de la violencia.

Con esos conceptos en claro, se puede discernir y colegir que nunca, en ningún caso, las conductas que encuadran dentro un orden jurídico atentan contra el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado.

Es falso entonces que disponer la «libre portación» de armas implique debilitar el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado. Por el contrario, si una norma válida autoriza la «libre portación», cada individuo que en tales condiciones porta un arma está con su conducta ratificando la eficacia de ese orden jurídico y por lo tanto fortalece el monopolio de la violencia que debe sostener el Estado como —por así decirlo— brazo ejecutor del Derecho.

Se equivocan tanto los que temen que las armas legales disputen el monopolio de la violencia al Estado, como los que se imaginan que con armas legales van a debilitar el poder del Estado. Se equivocan pues los estatistas extremos que quieren desarmar a la población, como los anarquistas que quisieran desarmar al Estado.

Para que quede del todo claro, las únicas armas que atentan contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado / Derecho, son las armas en manos delincuentes y terroristas. Es a ellos a quienes las fuerzas institucionales del Estado deben desarmar y combatir.

Para cerrar este alegato a favor de debatir desde la honestidad intelectual, aclarando (por si hiciera falta) que soy un abierto partidario de la tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego, es conveniente a más de rebatir falacias afirmar el principio fundamental por el cual la población debe tener acceso a las armas.

Nuestra historia más reciente nos escupe que el Estado / Derecho puede ser subvertido y atacado desde distintos ámbitos, buscando que abandone su función como instrumento para sostener la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina manifestada por el Himno y la Constitución Nacional.

Por eso, es una cuestión principista que para sostener el Derecho y la integridad del propio Estado cuando resulta sobrepasado cada arma en poder de un ciudadano, representa el último resguardo de la Patria y la Libertad.

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,

un liberal que no habla de economía.

 

Articulo publicado el 07/06/2023 en La Pluma de Derecha, https://plumaderecha.blogspot.com/2023/06/libre-portacion-de-armas-y-falacias.html.