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ANÁLISIS ESTRATÉGICO

TRUMP Y LA VERSIÓN 2025 DE LA CRISIS DE LOS MISILES

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Daniel Alberto Symcha*

En toda acción militar la primera víctima es la verdad, sobre todo, cuando la misma es un entramado complejo y pone en juego la delgada línea de las Relaciones Internacionales entre potencias con capacidad nuclear.

 

A las dos de la mañana del día 3 de enero fuerzas especiales aerotransportadas de los Estados Unidos de Norteamérica con apoyo de aeronaves de guerra electrónica, realizaron una operación para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La operación tuvo éxito y el mencionado presidente y su esposa fueron trasladados al buque de asalto del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima. Posteriormente fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y de allí a la base aérea Stewart de la Guardia Nacional, al norte de Nueva York donde posteriormente el día lunes 5 de enero compareció ante un tribunal norteamericano.

Se lo acusa de dirigir una banda de narcotraficantes denominada «Cartel de los Soles», organización criminal que actuó en los años 90 bajo la coordinación de militares de alto rango venezolanos, antes de la revolución bolivariana, durante los gobiernos de Carlos Ándres Pérez, Octavio Lepage, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.

De más está decir que la acción encarada por EE.UU. no solamente viola el concepto de soberanía de los países que se sostiene en el mundo occidental a partir de la Paz de Westfalia, sino que viola absolutamente el derecho internacional en sintonía con lo sucedido en Yugoeslavia, Libia, Gaza, Siria y otros tantos escenarios donde los intereses del mundo anglo norteamericano se vieron afectados. A diferencia de acciones anteriores no se recurrió a la creación de entidades terroristas o a una coalición de países para dividir responsabilidades, sino que fue el propio gobierno norteamericano el actor único.

Como en todo conflicto armado la primera víctima es la verdad y la operación militar estadounidense tuvo una construcción de sentido inmediata desde las redes sociales a los efectos e que se grabara en el inconsciente colectivo un relato específico. Horas después del episodio la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumía la conducción política del país caribeño dictando las lógicas ordenes de suspensión de garantías a los efectos de evitar el caos en las calles y recibiendo un condicional apoyo de Donald Trump, quién restó relevancia en el momento político a la figura de Corina Machado, ferviente opositora a Maduro y flamante ganadora del Premio Nóbel de la Paz y respaldó a Rodríguez como interlocutora.

Desde el mes de Julio del año 2025, Trump había comenzado una ofensiva mediática contra Nicolás Maduro acusándolo de liderar el Cartel de los Soles en el marco del crimen organizado en torno al tráfico de drogas. A modo de presión política en agosto de 2025 movilizó una nutrida flota de combate al Mar Caribe al tiempo que diversificó los ataques incluyendo a Luís Petro, presidente de Colombia y a Claudia Schenbaum, presidenta de México.

Ni las drogas ni el petróleo: Rusia, Irán y China

La abogada colombiana Carolina Restrepo Cañavera, experta en derecho internacional, capital de riesgo y estrategia, egresada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y titular de la cátedra de Derecho Tributario en la Universidad CESA, universidad privada colombiana dedicada a la investigación en el área de la administración de empresas y negocios, realizando un análisis inteligencia de código abierto (OSINT) plantea que el motivo de la operación militar no está vinculado al narcotráfico ni el petróleo sino a la convergencia operativa potencialmente militar de los tres principales adversarios de EE.UU.: China, Irán y Rusia, en territorio venezolano.

La investigadora hizo un análisis de la información de acceso público de los principales medios de comunicación de habla inglesa y trabajó para elaborar su hipótesis sobre notas del Wall Street Journal, The Diplomat, Reuters, Financial Times, BBC, Al Jazeera y DIA Reports.

Estos medios durante el año 2025 reportaron la participación directa de China en la explotación de minerales estratégicos como el tantalio, cobalto y las denominadas tierras raras, en el Arco Minero del Orinoco al mismo tiempo que restringió las exportaciones de esos mismos minerales de origen chino a EE.UU. como represalia por la suba de aranceles. Además, los medios denunciaron la presencia de asesores militares rusos, sistemas antiaéreos y radares de guerra electrónica de origen ruso y entrenamiento en inteligencia lo que completaba un ecosistema hostil para la seguridad norteamericana.

Pero el punto culminante para comprender la amenaza identificada por el Pentágono, lo dio una información de la CNN donde se informaba que EE.UU. sancionaba a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), creada en 2020 por fabricar drones militares de reconocimiento, ataque y guerra electrónica de la serie Mohajer para la firma iraní Qods Aviation Industries, sancionada previamente por EE.UU. La versión Mohajer-10 tiene un alcance de 2.000 km, una autonomía de vuelo de 24 horas y una capacidad de carga de 300 kg.

La convergencia operativa de los tres principales adversarios de EE. UU. no era casual y el Pentágono la identificó como una amenaza concreta. La doctrina del Pentágono sobre amenazas integradas (Integrated Deterrence) que implica el uso de capacidades militares, económicas, diplomáticas e informativas sobre un objetivo usando todos los dominios combinados y simultáneamente, identificó como una amenaza crítica la concentración de capacidades adversarias en puntos de vulnerabilidad regional que podrían materializarse en ataques directos, se propuso el plan de acción y Donald Trump firmó la orden operativa.

Un poco de historia de las tensiones y conflictos

EE.UU. es el heredero de la tradición diplomática británica basada en el engaño, la extorsión, el secreto y la manipulación. Lo hemos evidenciado concretamente en la explosión del USS Maine del 15 de febrero de 1898 que derivó en la guerra con España donde EE.UU. se quedó con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam; en el Incidente del Golfo de Tonkín de agosto de 1964 que derivó en el ingreso de EE.UU. a la guerra en Vietnam o las armas de destrucción masiva de Irak en 2002, entre tantos otros sucesos fraudulentos. Pero, más allá de la herencia, hubo sucesos concretos de amenazas reales.

El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy informó a la población que a 90 millas de sus costas, soviéticos y cubanos estaban construyendo bases de misiles en la isla, lo que implicó un bloqueo naval estadounidense y una tensa negociación, en total hermetismo, que culminó con la retirada de los misiles soviéticos de Cuba a cambio de que EE. UU. desmantelara los misiles propios en Turquía que amenazaban a la URSS.

Vladimir Putin inició el 24 de febrero de 2022, la Operación Militar Especial sobre Ucrania argumentando la «amenaza» de la creciente influencia de la OTAN en Europa del este y las acciones militares y paramilitares contra los habitantes rusófonos en el Donbass. Es verdad, tal como en 2022 lo evidenció el semanario alemán Der Spiegel dando a conocer documentación oficial confidencial, que la OTAN en 1991 se había comprometido ante la Unión Soviética a no expandirse hacia el este pero ya disuelta la URSS y entre 1999 y 2024 diecisiete países se sumaron a la organización creando una amenaza real para la actual Rusia.

En el caso actual, la conjunción de competidores y su despliegue operativo en territorio cercano a los EE.UU. se convirtieron en una amenaza que cruzo el umbral de riesgo encendiendo las alarmas del Pentágono ya que la producción de armas ofensivas en territorio venezolano contaba con diseño iraní ya probado exitosamente en combate, minerales bajo control chino y tecnología e inteligencia rusa. El mapa de riesgos de los militares norteamericanos estaba completo, en rojo y justificaba proponer al decisor una acción determinante.

Como nos venden esta nueva vieja moto

Mientras tanto las acciones militares se dieron en un contexto de baja popularidad del presidente Trump, persecución violenta y deportación a inmigrantes, una grave epidemia de muertes por el fentanilo, el escándalo por la pedofilia en la isla de Epstein y el apoyo explícito del gobierno norteamericano al genocidio en Palestina cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, viajó a EE.UU. a fines de 2025, sobrevolando espacio aéreo griego, italiano, francés, español y marroquí a pesar de que el Tribunal Penal Internacional dictó en noviembre de 2024 una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad (Notificación Roja) por lo cual las Fuerzas Aéreas de los países mencionados deberían haber interceptado el vuelo y obligado a descender.

En este contexto el discurso del propio presidente Trump respecto de Venezuela se centró primero en que Maduro dirigía el Cartel de los Soles que contrabandeaba droga a EE.UU. y pudimos observar videos de supuestas ejecuciones sumarias contra personas y lanchas las cuales era imposible que realicen el trayecto Venezuela EE.UU.

Posteriormente la comunicación se centró en vuelos de diversión de aeronaves de la USS Navy para ver la capacidad de respuesta venezolana. Luego fuerzas especiales de asalto incautaron buques petroleros llevándolos a puertos norteamericanos e incautando el cargamento de petróleo y finalmente el presidente Trump, luego del secuestro de Maduro hizo hincapié en el tema petrolero, en la entrega por parte del nuevo gobierno venezolano de cincuenta millones de barriles de petróleo, el incremento del comercio con PDVSA y el bienestar que estas operaciones comerciales traerán a la región.

Y en Argentina mientras tanto…

El control de las operaciones petroleras en Venezuela por parte del gobierno norteamericano mediante la amenaza del uso de la fuerza y las capacidades de reserva modificaran sustancialmente el precio del petróleo y en caso de abaratarse, que es lo más probable desde el punto de vista político, haría que no tenga la misma rentabilidad las operaciones en el yacimiento de Vaca Muerta ya que el proceso de fracking es caro frente a la extracción de pozo común.

El gobierno de ocupación que dirige la República Argentina, mientras tanto en su servil alineamiento con EE.UU., se apresuró a incluir al «Cártel de los Soles» en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Exactamente al mismo tiempo el New York Times informaba que el Departamento de Justicia de EEUU modificó la acusación contra Nicolás Maduro y desestimó al «Cartel de los Soles» como estructura criminal. La imputación actual afirma que las ganancias del narcotráfico de la región «fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan dentro de un sistema de patronazgo dirigido por quienes están en la cima».

¿Quién dijo que todo está perdido?

«Todo pasa» tenía grabado en su anillo don Julio Grondona y más allá de la actual situación política, la sumisión a EE.UU. e Israel, el servilismo a Gran Bretaña y la guerra cognitiva y de sentido que buscará en breve sembrar en el país, por ejemplo, discordias religiosas para sostener un modelo individualista y predestinatario, la realidad social llevará a un cambio de rumbo y en ese momento será necesario comprender, desarrollar y operativizar una doctrina nacional que contemple la cultura, la diplomacia y las fuerzas armadas como un núcleo convergente de Defensa Nacional que debe instalarse en la sociedad desde la más temprana edad lo cual es el actual objetivo de la ofensiva de la industria cultural enemiga.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

©2026-saeeg®

 

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ARGENTINA, DEFENSA

RESERVAS, CIUDADANÍA Y DEFENSA NACIONAL: LA URGENCIA DE MODERNIZAR EL SISTEMA ESTRATÉGICO ARGENTINO

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«… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defens común…»

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina

 

La discusión sobre la modernización del sistema de defensa argentino vuelve al centro del debate en un contexto geopolítico global donde las naciones más sólidas han integrado a la ciudadanía en estructuras de movilización, apoyo y reserva. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino presenta vacíos significativos respecto del estatus, derechos y funciones de la Reserva Voluntaria, un componente que resulta indispensable para garantizar la resiliencia estratégica del Estado.

Tres modelos de ciudadanía y defensa: Estados Unidos, Suiza e Israel ante el desafío de la seguridad contemporánea

En un mundo donde las amenazas se diversifican más rápido que las respuestas estatales, la relación entre ciudadanía, armas y defensa nacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Estados Unidos, Suiza e Israel representan tres modelos radicalmente distintos ―aunque con raíces comunes― sobre cómo un Estado concibe el rol del ciudadano en su propia seguridad. Desde el derecho individual a portar armas hasta la obligación constitucional de participar en la milicia, cada caso ilumina, con sus luces y sombras, cómo se construye la defensa en democracias modernas bajo presiones históricas específicas.

Estados Unidos: el pueblo armado como barrera contra la tiranía

La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, redactada en 1791, sostiene que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas»[1]. Este enunciado, tan citado como debatido, adquiere una dimensión más clara cuando se lo ubica en su contexto original: un país recién independizado, temeroso de los ejércitos permanentes y profundamente desconfiado del poder central.

Alexander Hamilton y James Madison[2], autores de El Federalista, planteaban que la ciudadanía armada era la mejor garantía contra un gobierno que pudiera tornarse opresivo. La idea de que «un pueblo armado no puede ser subyugado» se convirtió en uno de los pilares culturales y políticos de la identidad estadounidense.

Hoy, ese concepto convive con regulaciones modernas como el Armed Forces Reserve Act, que organiza las reservas militares, y la ley USERRA[3], que protege los derechos laborales de quienes sirven como reservistas. El resultado es un modelo híbrido: mezcla el derecho individual con estructuras estatales formales, manteniendo viva la noción del «ciudadano-soldado».

Suiza: la defensa como deber constitucional

A diferencia de Estados Unidos, donde la posesión de armas se presenta como un derecho, Suiza convierte la defensa en un deber. Su Constitución es explícita: todo ciudadano masculino debe realizar el servicio militar[4], y quien no lo hace paga un impuesto compensatorio. Las mujeres pueden participar voluntariamente.

Este sistema, conocido como milicia, no es una simple tradición. Es una institución profundamente arraigada en la identidad suiza, que sostiene la idea de una «neutralidad armada». La lógica es simple: un país pequeño rodeado de grandes potencias solo puede garantizar su independencia si su población está entrenada y organizada.

Los cantones, además, mantienen competencias en materia de oficiales y equipamiento, reforzando un federalismo que distribuye el poder y evita la centralización excesiva de la fuerza militar. En Suiza, el arma no es un símbolo de libertad individual, sino una responsabilidad ciudadana.

Israel: la reserva activa como forma de supervivencia

En Israel, la relación entre sociedad y defensa adquiere otra dimensión, marcada por un contexto de conflicto permanente desde la creación del Estado en 1948. Aquí, el servicio militar obligatorio se prolonga luego de la baja mediante un sistema de reservas activas[5]: ciudadanos que, aun reintegrados a la vida civil, continúan realizando jornadas mensuales y períodos anuales de entrenamiento, y pueden ser convocados de inmediato ante un estado de emergencia.

La ley permite al ministro de Defensa emitir órdenes de movilización masiva con un simple aviso al Knesset. En la práctica, esto da lugar a un modelo único en el mundo: una sociedad donde casi cada familia tiene vínculos directos con las Fuerzas de Defensa de Israel y donde la frontera entre civil y militar se vuelve difusa en momentos de crisis.

Más que un modelo cívico, la reserva israelí es un mecanismo de supervivencia nacional. La rápida movilización de cientos de miles de ciudadanos entrenados es la piedra angular de su estrategia militar.

Tres caminos para un mismo desafío

Aunque Estados Unidos, Suiza e Israel llegan a soluciones distintas, todos comparten una premisa común: la seguridad nacional no depende únicamente de un ejército profesional, sino también de ciudadanos capacitados y comprometidos con la defensa del Estado.

    • EE.UU. apuesta al derecho individual para evitar la concentración excesiva del poder.
    • Suiza sostiene la obligación colectiva, integrando la defensa en la identidad cívica.
    • Israel impone una disponibilidad permanente, adaptada a un entorno geopolítico hostil.

Los tres modelos plantean preguntas fundamentales para cualquier democracia contemporánea:

    • ¿qué papel debe ocupar el ciudadano en su propia defensa?,
    • ¿dónde termina el derecho y comienza el deber? y
    • ¿y cómo se equilibra la libertad con la seguridad?
Antecedentes normativos: un marco que demanda actualización

La Ley 13.234[6] estableció la organización de la Nación para el tiempo de guerra, creando un sistema de movilización que respondía a las necesidades estratégicas del siglo XX. Posteriormente, la Ley 16.970[7] definió los principios de la Defensa Nacional bajo un paradigma estatal centralizado y doctrinario (República Argentina, 1966).

La Ley 23.554[8], que aún constituye la base del Sistema de Defensa, introdujo el principio de conducción política y delimitó las funciones entre defensa y seguridad interior. No obstante, esta normativa carece de un apartado integral sobre la misión, funciones y derechos del personal de reserva, lo cual genera un vacío jurídico relevante.

Asimismo, la Ley 19.101[9] regula el régimen del personal militar pero no reconoce expresamente el estatus del reservista voluntario ni su derecho a un régimen previsional, sanitario o de carrera claramente definido.

La doctrina de Colmar von der Goltz y la actualidad estratégica global

La conceptualización moderna de la «nación en armas», propuesta por Colmar von der Goltz en Das Volk in Waffen[10] («El Pueblo en Armas»), sostiene que la defensa no es solo responsabilidad del ejército regular, sino también del conjunto de la ciudadanía instruida y organizada.

Este principio se refleja hoy en doctrinas contemporáneas, como la política exterior y de defensa de China, cuyo enfoque estratégico integra reservas activas, movilización civil y participación directa del ciudadano en la estructura de seguridad nacional[11].

El mensaje es claro: una nación sin reservistas capacitados y reconocidos carece de una capacidad real y sostenible de defensa.

La necesidad de reconocer derechos: el espejo de los Bomberos Voluntarios

Argentina ya cuenta con antecedentes normativos que reconocen el servicio público de carácter esencial. La Ley 25.054[12], que regula a los Bomberos Voluntarios, reconoce derechos previsionales, cobertura médica y protección jurídica para quienes prestan un servicio público vital. La Ley 27.629[13] refuerza esta visión al otorgar un Régimen Tarifario Especial Gratuito para garantizar condiciones básicas a quienes sirven a la comunidad.

Si este reconocimiento es válido ―como lo es― para cuerpos voluntarios civiles, resulta lógico que los reservistas militares, que cumplen funciones asociadas a la defensa nacional, accedan a categorías equivalentes de protección legal y social.

Propuestas para una modernización normativa con enfoque estratégico

Para adecuar el sistema de defensa argentino a las demandas contemporáneas, especialistas proponen:

  1. Actualizar la Ley 23.554

Incorporando:

  • misión específica de la reserva,
  • funciones,
  • obligaciones y derechos,
  • régimen de movilización y
  • capacitación anual obligatoria.
  1. Modificar la Ley 19.101 de Personal Militar

Reconociendo:

  • estatus jurídico del reservista voluntario activo,
  • derecho a carrera y ascenso,
  • plan anual de capacitación y
  • acceso a cursos regulares del cuerpo permanente.
  1. Crear un decreto reglamentario exclusivo para la Reserva Voluntaria

Que establezca:

  • credencial oficial habilitante,
  • incorporación al sistema de salud militar,
  • aportes previsionales equivalentes a los Bomberos Voluntarios y
  • beneficios sociales similares al personal permanente.
  1. Incorporar contratos temporales remunerados

Para casos de:

  • emergencias nacionales,
  • ejercicios prolongados y
  • necesidades operativas.

Además, si un reservista sufre lesión en acto de servicio debería integrar transitoriamente el cuadro permanente con cobertura plena hasta su alta médica. Finalmente, con la edad jubilatoria cumplida, debería acceder a una pensión proporcional por el servicio prestado.

Conclusión: hacia un modelo de ciudadanía estratégica

La comparación doctrinaria e internacional muestra que la defensa moderna no se sostiene únicamente en fuerzas regulares, sino en sistemas dinámicos de movilización ciudadana.

Reconocer jurídicamente al reservista argentino no solo es un acto de justicia, sino una condición necesaria para fortalecer la defensa nacional, adaptarla al siglo XXI y cumplir con estándares internacionales de preparación estratégica.

Una Argentina más segura requiere, inevitablemente, reservistas respetados, capacitados y protegidos.

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

Referencias

[1] Constitución de los Estados Unidos. (1791). Segunda Enmienda, https://www.heritage.org/constitution/amendments/2/essays/142/to-keep-and-bear-arms.

[2] Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. The Federalist Papers (Edición Jacob E. Cooke). Wesleyan University Press, 1787-1788.

[3] United States Congress. (1994). USERRA – Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/armed-forces-reserve-act-1952#:~:text=La%20ley%20estableci%C3%B3%20tres%20categor%C3%ADas,el%20proceso%20de%20planificaci%C3%B3n%20militar.&text=Eileen%20Galloway%2C%20Historia%20de%20la,%2C%201943%2D1969%20%2C%201985.&text=Elija%20un%20estilo%20a%20continuaci%C3%B3n%20y%20copie%20el%20texto%20para%20su%20bibliograf%C3%ADa.&text=APA-,Ley%20de%20Reserva%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas%20(1952).,13%20de%20agosto%20de%202025%20.

[4] Constitución Federal de la Confederación Suiza (1999), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/498812

[5] Gobierno del Estado de Israel. (2023). Defense Service Law, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-defense-service-law-1986#google_vignette.

[6] Ley 13.234 (1948). Organización de la Nación para el Tiempo de Guerra. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[7] Ley 16.970 (1966). Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[8] Ley 23.554 (1988)– Principios básicos. Finalidad y estructura del sistema. Organización de las Fuerzas Armadas. Servicio de Defensa Nacional. Organización Territorial y Movilización. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm.

[9] Ley Nº 19.101 (1971). Ley para el Personal Militar. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19875/norma.htm.

[10] Goltz, C. von der. The nation in arms. Publisher London: Hodder and Stoughton. Contributor University of California Libraries, 1913, https://archive.org/details/nationinarmstrea00golt/page/20/mode/2up.

[11] State Council of the People’s Republic of China. (2019). China’s National Defense in the New Era. Beijing: Information Office of the State Council.

[12] Ley 25.054 (1998). Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54903/texact.htm.

[13] Ley 27.629 (2021). Régimen Tarifario Especial Gratuito. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350984/norma.htm.

 

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