Archivo de la etiqueta: Fuerzas Armadas Argentinas

EL SER, EL DEBER SER Y LA PROGRAMACIÓN COGNITIVA DE LOS MILITARES

Gabriel Francisco Urquidi Roldan*

 
«¿Juráis a la Patria defender a la Constitución Nacional, hasta perder la vida?»
El ser y el deber ser de los militares

En cada ceremonia de juramento, cuando un soldado argentino pronuncia esas palabras, no solo asume una obligación legal, sino un compromiso moral que trasciende gobiernos, partidos y coyunturas. Ese juramento —establecido por la Ley N° 23.463 (1)— no es hacia una persona ni hacia un poder político, sino hacia la Constitución Nacional y, por extensión, hacia el pueblo soberano de la Nación Argentina.

El ser militar no se define por la obediencia ciega, sino por la disciplina con conciencia. Su esencia reside en servir a la Nación, no al gobernante de turno. Así lo consagra la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 (2), que en su artículo 2° establece que la Defensa tiene por finalidad «garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes».

En consecuencia, las Fuerzas Armadas no son —ni deben ser jamás— un instrumento del poder político, sino una institución del Estado, sostenida por el principio de legalidad y subordinada al orden constitucional. Su lealtad no pertenece al presidente, sino a la República.

El deber ser: obediencia legítima y ética del servicio

El deber ser militar implica actuar dentro del marco de la Constitución, obedeciendo solo aquellas órdenes que sean legítimas y legales.

El militar argentino jura «defender a la Constitución hasta perder la vida», no «obedecer sin pensar». La obediencia, en su sentido más alto, es racional y moral, no automática ni política.

Autores como Samuel Huntington (3) ya advertían en «El soldado y el Estado» que la profesionalidad militar exige una subordinación objetiva al Estado de Derecho, y no una subordinación subjetiva al poder político. Lo contrario —decía— convierte al ejército en una herramienta partidaria, destruyendo su función republicana y su dignidad profesional.

Un marco legal que reafirma la lealtad institucional

La Ley N° 19.101 (4) del Personal Militar y la Ley N° 26.394 (5), que reformó el Código de Justicia Militar, consolidaron el principio de responsabilidad ética y respeto a los derechos humanos en el accionar castrense.

Más recientemente, el Decreto N° 1112/2024 (6), reglamentario de la Ley 23.554 (2), reafirmó la necesidad de una Defensa Nacional integrada y moderna, ajustando las estructuras operativas de las Fuerzas Armadas a los desafíos contemporáneos, pero sin alterar su esencia: la defensa del pueblo argentino y la soberanía nacional frente a toda amenaza externa.

En su articulado, el decreto sostiene que «las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento esencial del Estado Nacional para la defensa de su soberanía, integridad territorial e independencia política, y actuarán conforme a los principios y valores establecidos por la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten».

Este texto reafirma con claridad que el poder político no es dueño de las Fuerzas Armadas, sino su administrador temporal dentro de los límites del derecho. 

El relato post-democrático y la programación cognitiva

Desde el retorno de la democracia, el discurso oficial ha insistido en la idea de que «las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil». Esa afirmación, en su formulación simplificada, se transformó en una suerte de programación cognitiva que asoció «subordinación» con «sumisión política».

Se olvidó que la subordinación constitucional no significa obediencia partidaria, sino obediencia institucional: al pueblo, a la Nación y a la ley.

Esa narrativa, nacida del temor a los excesos del pasado, terminó diluyendo la identidad profesional del soldado y deformando su misión esencial.

El resultado es una contradicción: se exige al militar defender la soberanía nacional, pero se le niega su autonomía ética y su rol como garante de los valores constitucionales. 

El equilibrio entre el ser y el deber ser

El militar argentino es, ante todo, un servidor del Estado y custodio de la Nación. Su ser se forja en el honor, la disciplina y la vocación de servicio; su deber ser lo orienta a proteger la vida, la libertad y la independencia del pueblo argentino, incluso frente a la posibilidad de que el poder político las vulnere.

Si algún día un gobernante —cualquiera sea su signo o ideología— atentara contra la Constitución o contra los más vulnerables (jubilados, enfermos, indigentes, discapacitados), la obligación moral del militar no sería la de callar, sino la de proteger, como lo ordena la ley y lo dicta su juramento.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no son del presidente: son de la Nación.

Y mientras exista un soldado dispuesto a defender la Constitución hasta perder la vida, la Argentina seguirá siendo libre.

 

Referencias

  1. (s.f.). Ley N° 23.463: Juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional.

  2. (s.f.). Ley N° 23.554: Ley de Defensa Nacional.

  3. (s.f.). Huntington, S. (1957). El soldado y el Estado: La teoría y la política de las relaciones cívico-militares. Harvard University Press.

  4. (s.f.). Ley N° 19.101: Régimen del personal militar.

  5. (s.f.). Ley N° 26.394: Código de Disciplina Militar.

  6. (s.f.). Decreto N° 1112/2024: Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

©2025-saeeg®

UN DECRETO POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN: MILEI AUTORIZA TROPAS EXTRANJERAS SIN AVAL DEL CONGRESO

Gabriel Urquidi Roldán*

Foto link: https://x.com/Ju4nchii_/status/1776245120356016518

 

El Decreto 697/2025: un avance inconstitucional y un grave retroceso institucional

 

Contexto

El pasado 29 de septiembre de 2025, durante la visita presidencial a Ushuaia, se produjeron manifestaciones que reflejaron la creciente fractura social y el malestar ciudadano ante las políticas del Ejecutivo.

Según reportaron medios nacionales, militantes libertarios y opositores se enfrentaron en las inmediaciones del acto, en un clima de tensión que obligó a reforzar el operativo de seguridad y llevó al propio presidente a improvisar un discurso con un megáfono.

El reciente Decreto 697/2025, (Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2025), firmado por el presidente Javier Milei con el acuerdo general de ministros, autorizando el ingreso de tropas de los Estados Unidos de América al territorio argentino para participar en el ejercicio militar «TRIDENTE», abre un escenario de alta tensión política, jurídica y social. No solo habilita la instalación de fuerzas extranjeras en bases navales estratégicas como Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia, sino que lo hace sin respetar el procedimiento constitucional y legal vigente, lo que torna la medida nula de nulidad absoluta.

La Constitución y la Ley son claras

El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional Argentina establece que corresponde al Congreso:

«Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él» (Constitución Nacional Argentina, 1994/2020, art. 75 inc. 28).

En la misma línea, la Ley 25.880 fijó el procedimiento específico: el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso mediante un proyecto de ley, salvo excepciones muy limitadas (ceremonial, catástrofes naturales, búsqueda y rescate, instrucción en institutos de formación) (Ley 25.880, 2004, arts. 4-6).

Ninguno de esos supuestos excepcionales habilita el ingreso de tropas extranjeras para un ejercicio combinado de fuerzas especiales en bases navales estratégicas.

El Decreto 697/2025 pretende suplantar la facultad del Congreso con un acto administrativo del Poder Ejecutivo, violentando así el principio de división de poderes.

Ilegalidad en el financiamiento y contexto militar

El decreto asigna más de $60 millones de fondos presupuestarios de la Armada Argentina para cubrir los costos de las tropas extranjeras, en un contexto donde:

    • no existe ley de presupuesto 2025 (se rige por la prórroga de la Ley 27.701/2023, vía decretos 88/2023 y 1131/2024).
    • los haberes del personal subalterno se encuentran por debajo de la línea de pobreza y sin actualización frente a la inflación.
    • la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) está suspendida y los aportes siguen siendo descontados (CONVE-2025-92613534-APN-P#IOSFA).
    • se registra un éxodo masivo de más de 18 mil efectivos desde diciembre de 2023 (La Voz, 2025; La Nación, 2025).

Autorizar un gasto millonario en dólares para el ingreso de tropas extranjeras, mientras las fuerzas nacionales carecen de recursos básicos y los soldados viven en condiciones de pobreza, constituye un acto de mal desempeño en la administración pública.

Impacto en la soberanía y seguridad nacional

La cesión de espacios estratégicos como Puerto Belgrano, Ushuaia y Mar del Plata a tropas extranjeras vulnera directamente la soberanía nacional, más aún en un escenario de creciente presión internacional sobre los recursos marítimos, la Antártida y el Atlántico Sur.

Además, el decreto se inscribe en un contexto donde el Ejecutivo ya ha ampliado por decreto (1112/2024) el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, sin un marco legal claro ni reglas de empeñamiento definidas, lo que aumenta el riesgo de militarización indebida.

Encaje constitucional: abuso de poder y causal de juicio político

El artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier norma de inferior jerarquía. Desde la perspectiva kelseniana, una norma inferior que contradice a una superior es nula.

En este caso, el Decreto 697/2025 es manifiestamente inconstitucional, pues invade competencias exclusivas del Congreso y viola la Ley 25.880.

La doctrina parlamentaria del juicio político sostiene que el «mal desempeño» es una causal abierta que comprende actos contrarios a la Constitución (Hidalgo, 2004). La autorización unilateral de tropas extranjeras por decreto es un claro ejemplo de tal conducta.

En este marco, el Congreso no solo está facultado, sino obligado a iniciar un proceso de juicio político contra el presidente y los ministros firmantes, por violación al art. 75 inc. 28 y mal desempeño de sus funciones (Constitución Nacional Argentina, arts. 53, 59 y 60).

 Conclusión

El Decreto 697/2025 no es un simple acto administrativo: es un avance inconstitucional que pone en jaque la soberanía argentina y el equilibrio republicano.

La habilitación del ingreso de tropas extranjeras por decreto, sin autorización del Congreso, no solo viola la Constitución y la Ley 25.880, sino que refleja un modelo de gobierno basado en decretos de necesidad y urgencia, precarizando el rol del Parlamento y debilitando las instituciones.

Si el Congreso no ejerce el control político que la Constitución le confiere, la República corre el riesgo de una grave regresión democrática, donde el Ejecutivo sustituya la voluntad popular expresada en el Parlamento por decisiones unilaterales.

 

Referencias

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

©2025-saeeg®

 

ARGENTINA. CONSIDERACIONES POLÍTICAS DE CARA A LAS ELECCIONES

Marcelo Javier de los Reyes*

Diario del 28 de julio de 1923. En el titular dice que al cambio, un dólar estadounidense equivale a un millón de marcos. Imagen: Berliner Tageszeitung zur Geldentwertung. Bundesarchiv, Bild 102-00134 / CC-BY-SA 3.0.

 

El domingo 13 de agosto se llevaron a cabo las elecciones denominadas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), una instancia previa a los comicios generales. Originalmente los partidos políticos celebraban internas para definir a sus candidatos. Al imponerse este sistema de «espacios» ―por el cual la Nación les paga a los políticos su interna― se pone en manos de la población la responsabilidad de elegir el «candidato» dentro del espacio (si hubiera más de uno por espacio), el o los cuales fueron designados a dedo previamente por quien tiene el poder dentro del mencionado espacio, ya sea un político o un grupo económico. Es decir, el o los candidatos no surgen de ninguna «voluntad popular» sino de un acuerdo de cúpulas o del que funge de líder.

De esas PASO quedaron cinco candidatos: Sergio Massa por el oficialismo, «Unión por la Patria», actual ministro de Economía y responsable de la actual debacle; Patricia Bullrich por «Juntos por el Cambio» (ex «Cambiemos»), quien goza en algunos sectores de la población de un prestigio que es más producto de la propaganda que de la realidad; Javier Milei por «La Libertad Avanza», un economista que todo lo pasa por el tamiz de las teorías económicas, incapaz de poder abordar otras temáticas y a quien, a pesar de pregonar acerca de la «libertad», no le gusta que lo contradigan y en ocasiones se pone violento; Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, peronista, candidato por «Hacemos por Nuestro País»; y Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad), la que no canta el Himno Nacional pero no le molesta que el Estado Nacional le pague la dieta como diputada. En este último caso, lo peor es que el resto de los diputados demuestran ser tan poco patriotas al no sacarla del Congreso Nacional.

Aunque los medios sigan agitando que en las PASO se dio un escenario de tres tercios ―coincidiendo con la premonición de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner―, la realidad es que casi un 40% no votó, impugnó el voto o votó en blanco, mostrando un rechazo a este sistema partidocrático que no resuelve los problemas de los argentinos sino que los agudiza. De tal manera que el escenario real sería de unos tres quintos para los principales candidatos.

Con respecto a esta supuesta democracia, durante estos años los argentinos hemos intentado, sin éxito, superar dos postguerras. La corporación política no lo ha permitido y ha levantado las banderas de la «desmalvinización» y de los derechos humanos desde 1983, siguiendo las pautas que se impusieron desde el exterior a través de fundaciones, centros de estudios e instituciones internacionales. Es así como nuestro país enfrenta una «guerra híbrida» en la que los políticos ocupan el escenario en el teatro de títeres.

En este contexto podría afirmar que la historia, maestra de la vida, no se repite pero muestra similitudes. Es así como la actual situación de la Argentina, salvando las distancias, guarda similitudes con la República de Weimar, hace un siglo. Nuestro país ha ganado militarmente la guerra contra la subversión, aunque la ha perdido a partir de 1983 de la mano de nuestros políticos. Perdió la guerra del Atlántico Sur en 1982, aunque los británicos obtuvieron una victoria pírrica. Desde 1983 se ha dado una situación como la que entonces expresó el mariscal Paul von Hindenburg (1847-1934), presidente de la mencionada república entre 1925 y 1934, quien habría afirmado que, según un general británico, el ejército alemán había sido apuñalado por la espalda por el pueblo alemán y por sus partidos políticos. Una situación similar se ha dado en la Argentina con respecto a sus Fuerzas Armadas, lo que no significa respaldar los errores que pudieron haber cometido sus integrantes. Las instituciones no deben ser desmanteladas por los errores de sus miembros.

Nuestro Versalles fue el Tratado de Madrid, promovido por el entonces Canciller y luego ministro de Economía, Domingo Cavallo, con el respaldo de los políticos que desde entonces no han revertido esta situación de ignominia.

Al igual que en la República de Weimar, los argentinos han visto y vuelven a ver que su moneda es llevada a la insignificancia pero de ninguna manera debe considerarse que su principal problema es económico. El gobierno militar también tuvo allí su talón de Aquiles al poner la economía bajo el control de los economistas liberales que iniciaron el proceso de desindustrialización y de desinversión de la Argentina, agudizado luego durante el gobierno de Carlos Menem ―a quien pondera el candidato Milei, al igual que al entonces ministro de Economía Cavallo―, y continuado por sus sucesores en la presidencia de la Nación.

Como los ciudadanos de la República de Weimar, los argentinos viven en una amarga desilusión y algunos sectores de la población comienzan a dar un giro hacia una falsa derecha, en búsqueda de un liderazgo mesiánico.

En días pasados hemos presenciado dos debates entre los cinco candidatos a la presidencia, quienes pusieron en evidencia su mediocridad y su falta de comprensión de las dificultades por las que atraviesan la población y la Nación argentinas. En líneas generales, más allá de agredirse mutuamente, no ofrecieron ideas creativas ni propuestas creíbles para cambiar el rumbo de colisión al que nos enfrentamos, lo que no solo pone en evidencia sus propias carencias sino también las de sus equipos de asesores.

Efectivamente, el 22 de octubre la población argentina deberá elegir a uno de entre esos cinco candidatos que se equivocan en el diagnóstico y, por consiguiente, no pueden hallar una respuesta adecuada. O no quieren. Por supuesto que la Argentina tiene problemas económicos pero el principal problema es de índole filosófico, ya que se trata de cuestiones vinculadas a la ética y a la moral. En ese marco, se destacan la corrupción y la hipocresía.

Si se arriba a un mal diagnóstico, la solución será forzosamente incorrecta. La estrategia es la herramienta a la que se debe recurrir para superar una crisis o un conflicto. Sin pensamiento estratégico, sin una respuesta de carácter holístico, no se podrá salir del actual atolladero.

La Argentina enfrenta una grave situación que la puede llevar a su disolución tal como la conocemos hoy y nuestros candidatos solo se miran el ombligo. La carencia de pensamiento estratégico, tanto de ellos como de sus equipos, es nuestro mayor problema. El 22 de octubre se elegirá al presidente o nos encaminaremos hacia una definición entre dos candidatos en una eventual elección a celebrase el 19 de noviembre.

Sería mi deseo equivocarme pero estimo que nos dirigimos hacia un colapso del sistema político después del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente. Nuestro país debe salir de la discordia actual, que divide más a la sociedad que a la corporación política, y aunar esfuerzos en pro de recuperar los valores que oportunamente hicieron grande a la Argentina y volver a la senda que llevó a nuestro país a encontrarse entre las primeras naciones del planeta. Hemos perdido décadas y hemos puesto al país en las manos equivocadas. Una vez más recuerdo a José Ortega y Gasset, cuando vino a nuestro país y nos dijo: «¡Argentinos a las cosas, a las cosas!».

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. 

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

©2023-saeeg®