Laura Brovedani*
El destino de la Tierra Nacional, es un motivo de desconcierto y angustia permanente para el ciudadano argentino. Esto ocurre porque existe una alquimia mediante la cual el Estado Nacional dispone de nuestra tierra y la transforma en las Joyas de la Corona para ciertos gestores inmobiliarios
La miríada de reparticiones públicas nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con variopintas metodologías modificadas continuamente por múltiples Decretos, Resoluciones y cuánta medida administrativa se conozca o se invente, con un Congreso Nacional complaciente y funcional a intereses que no son exactamente los de los ciudadanos que lo eligieron, han convertido en insondable la verdadera realidad de la tierra pública.
En lo que respecta a la tierra nacional, tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Ciudad, tienen un comportamiento camaleónico al que muchos le llaman “grieta” y que en realidad es una hermandad de obligada asociación entre Nación y Ciudad para la concreción de negocios inmobiliarios.
Este trabajo es sólo una breve síntesis sobre quien es el “el Alquimista” de la Tierra Nacional; y es nada más y nada menos que el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debemos remontarnos a varias décadas atrás cuando el Brigadier Osvaldo Cacciatore sancionó un nuevo Código de Planeamiento Urbano para la Ciudad de Buenos Aires, que fuera derogado, sancionándose uno nuevo en el año 2000 por ley 449/2000, el que luego fuera derogado, sancionándose un nuevo código por Ley 6099/2018, llamado Código Urbanístico de la CABA.
Todos estos Códigos facultan al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires a proponer los usos y destinos de todas las tierras que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las tierras del Estado Nacional, quien a los efectos legales, es un propietario más. Propuestas que deberían ser tratadas acorde con las normativas vigentes y que, sin embargo, el Jefe la Ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora el “Alquimista”, por su tremenda influencia en la Legislatura Porteña, a través de reparticiones como la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) y de espaldas a la Constitución de la Ciudad, puede convertir una choza en un emprendimiento inmobiliario fabuloso.
Todo comenzó en el año 2007 cuando el Presidente Néstor Kirchner, firmó un convenio en “Materia de Transporte Ferroviario” con el entonces Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri, para solucionar los problemas de tránsito que generaba el ferrocarril en la CABA.
Allí se acordó que las inversiones y gastos que cada parte afronte podrían ser compensados entre ellas, previo acuerdo y documentación de costos, gastos e inversiones.
En el año 2012, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el Decreto 1382/12 mediante el cual se disuelve la Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) ente administrador y se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado: (AABE), ente descentralizado dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación, el cual debía preservar el patrimonio inmueble nacional, redefinir usos y funciones y podía enajenar, previa autorización.
Durante la misma gestión, la AABE, apenas inaugurada firmó un convenio con el Jefe de Gobierno de la CABA Mauricio Macri para que los inmuebles supuestamente innecesarios en el ámbito de transporte sean rezonificados y obtener un mayor valor en su venta para el pago de los convenios antes mencionados.
Dichos convenios fueron aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conjuntamente con todos estos pactos y convenios comenzó la mayor reestructuración del manejo de la tierra nacional que para muchos pasó desapercibida; y la más importante, fue la que mediante el Decreto 2670/2015 que modificó al Decreto 1382/12, y que ordenado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, le otorga a la AABE el poder de disposición de los bienes del Estado. Léase correctamente BIENES DEL ESTADO DE LA NACION ARGENTINA.
Se puede concluir que con el Decreto 2670/2015, los argentinos perdimos la patria potestad de nuestra tierra Nacional por los poderes casi absolutos otorgados a esta oculta repartición Administrativa, con domicilio en Ramos Mejía 1302 CABA. Una repartición a la que se le dio el control total para la administración, cesión y disposición de los bienes inmuebles del Estado Nacional, facultándola además, plenipotenciariamente.
Por ejemplo y retomando el Expediente 1050/21, cuya la carátula del es:
EXPTE. N° CAF 1050/2021, AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO c/ GCBA s/MEDIDA CAUTELAR Radicado en el Tribunal Federal en lo Contencioso Administrativo N° 10 a cargo del Juez Walter LARA CORREA, Juez Federal
En este Recurso de Amparo, entre otras cosas y cito textual, Nación “// instruye a la AABE a revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10/12/15 y hasta el 10/12/19” Presidente Mauricio Macri – Jefe de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta.
Los inmuebles que la AABE reclama en este Recurso de Amparo son: Moldes 1480, Moldes 980, Moldes 1020, Roosevelt 5240, Virrey Olaguer y Feliú 2870, Brasil 16 /34 inmueble que hoy es un Club de Tenis, y que ninguno de ellos corresponde ni al Viaducto San Martin ni al Viaducto Mitre, ni al ferrocarril Belgrano Sur ni a la Estación de Belgrano R como apareció en las noticias.
Por lo que es muy importante corregir la errada interpretación ocurrida a través de distintos medios de publicación masiva en lo que se informó lo siguiente:
“Se impidió la venta de tierras públicas que corren bajo el Ferrocarril Mitre”.
“La justicia frenó un negocio inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires”
https://www.pagina12.com.ar/329591-la-justicia-freno-un-negocio-inmobiliario-de-la-ciudad-de-bu
“El Gobierno logró que la Justicia bloquee los traspasos de terrenos a la Ciudad”
“Le ordenó al gobierno porteño “no alterar la situación de hecho” sobre las parcelas que ocupan los viaductos Mitre y San Martín”
“La justicia frena la venta de 8 predios y obliga a Larreta a negociar con Nación”
“Se trata de terrenos en Colegiales, La Boca, Belgrano y Villa Urquiza que Macri traspasó para costear las obras de los viaductos Mitre y San Martín.”
“Un fallo judicial impide la venta o la modificación de los bajos del viaducto del tren Mitre”.
Las notas periodísticas con entrevistas realizadas a vecinos y representantes de Asociaciones Vecinales, a los que se les preguntó acerca de la “venta del viaducto Mitre” y “ la Justicia obliga a Larreta negociar con Nación”, colaboró a la total confusión y tergiversación sobre un hecho real que fue/es un Recurso de Amparo de Nación contra Ciudad, Expediente 1050/21.
Es importante recalcar que ni el Presidente de la Nación Alberto Fernández, ni la AABE, han cuestionado y/o han solicitado investigación sobre la cesión, concesión, dación en pago, venta de otros bienes nacionales como: Viaducto Mitre, Viaducto San Martín, Belgrano Sur, Playón Colegiales, Tiro Federal, Estación de Belgrano R. etc.
Las fechas del reclamo de Nación y AABE que van “desde el 10/12/2015 y hasta el 10/12/19” indican que ponen en duda la entrega de los terrenos mencionados en el expediente y que se hiciera por el entonces Presidente Mauricio Macri, al “alquimista” Jefe de Gobierno de la CABA Horacio Rodriguez Larreta, entrega que supuestamente obedece al convenio antecedente firmado en el 2007 entre Néstor Kirchner y Mauricio Macri.
Terrenos que de prima facie y per se no tienen mucho valor por la capacidad de construcción de metros cuadrados y que estarán en distintos expedientes en las oficinas de Parque Patricios a la espera de que “el alquimista”, de la mano de la Dirección General de Interpretación Urbanística y apoyado por una Legislatura que tal como se refiere en el convenio de 2007 Néstor Kirchner-Mauricio Macri, puede hacer excepciones y permitir la construcción de varios cientos miles de metros cuadrados, comúnmente llamados “emprendimientos inmobiliarios”.
Es de conocimiento público que el controvertido actual Código Urbanístico Ley 6099/2018 ha sido varias veces modificado desde su sanción. Y es destacar que este Código tiene varios capítulos aparte dedicados exclusivamente a los usos y destinos de la tierra nacional como por ejemplo a los Viaductos Mitre, San Martín; Gral. Belgrano Sur, etc. Usos y destinos casi en su totalidad comercial.
Uno de ellos es un MEGASHOPPING de 4 km en el Viaducto Mitre y que atravesaría la Ciudad de Buenos Aires a través de Palermo, Bosques de Palermo, Rosedal, Barrio de Belgrano etc. usos y destinos fuertemente rechazados por todos los vecinos y Asociaciones Vecinales de la CABA y que sin embargo, el “alquimista” y la legislatura porteña lo mismo aprobaron.
Para sorpresa de muchos y extrañeza de otros tantos, en esos últimos meses hizo su aparición un mail llamado tierrasferroviariasverdes@gmail.com que, encabezado por algunos ex legisladores que estuvieron en la gestión del nuevo Código Urbanístico Ley 6099/18, tiene una clara intención de dar un giro de 180° respecto a los capítulos de usos y destinos de los Viaductos Mitre, Viaducto San Martín y otras tierras nacionales, por lo que han decidido presentar al menos 5 (cinco) nuevos proyectos de Ley, sacándoles los usos y destinos comerciales a los Viaductos y tierras nacionales y reconvertirlos sólo en espacios verdes modificando nuevamente la Ley 6099/18, Código Urbanístico
Desentrañar quién o quiénes son los verdaderos dueños de nuestra tierra nacional, sería desatar un laberíntico nudo gordiano que ocuparía quizás 12 tomos de 1.000 páginas para arribar al punto de partida o quizás al fin, correr un velo que hoy nadie quiere correr por temor a las consecuencias.
Este desorden, el que además demuestra la debilidad de nuestras instituciones y leyes y que estas últimas se modifican como si fuera un menú a la carta del “comensal”, pone en duda la credibilidad o factibilidad de cualquier pacto o convenio inmobiliario.
Hay una nueva hipótesis que se está manejando, que dice que para “los emprendedores” no hay nada más seguro que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que deje en claro la situación de los inmuebles. Esta nueva metodología traería tranquilidad a la posible inversión de varios miles de millones de dólares para desarrollar emprendimientos en tierra Nacional, hipótesis que nos redirige al Recurso de Amparo, Expediente 1050/21.-
La pregunta que nadie contesta es ¿Cuál es la política urbana y territorial de nuestro país? Al parecer, es la que beneficia a unos pocos, con costos altísimos a pagar en el futuro, no sólo en términos sociales y económicos sino también culturales y ambientales.
* Licenciada en Geografía graduada en la Universidad Nacional de Cuyo. Presidente de la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano. Especialista en Medio Ambiente y Urbanismo.
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